El conflicto que se inició en Cargill, en la provincia de Santa Fe, el primer mes de 2018, aparece como un intento por disciplinar a las y los trabajadores. Un modelo de avance sobre los derechos laborales que amenaza con multiplicarse. Mientras tanto, en el día de las y los trabajadores se desarrolló una importante movilización como gesto simbólico frente al apriete de las empresas.

Este 1º de Mayo, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, diferentes sindicatos y organizaciones sociales y políticas se movilizaron para realizar un abrazo simbólico a la planta de Cargill. Unas 2500 personas luego se dirigieron al emblemático club Talleres para concentrarse y visibilizar la difícil situación en la que se encuentran las y los trabajadores frente al apriete de la patronal en acuerdo con el Ministerio de Trabajo.

Tal como consignó Redacción Rosario*, un dirigente aceitero local expresó luego de salir de la audiencia en el Ministerio de Trabajo, a principios de febrero pasado, que las cesantías en la principal cerealera del país –una agroindustria global con enormes ganancias en la Argentina– no responden al cambio de perfil laboral declarado por la compañía, sino que obedecen a un objetivo indecible: “disciplinar” al movimiento obrero, que opera como obstáculo de las medidas neoliberales impulsadas por la Casa Rosada.

Viñetas de la situación laboral

El martes 30 de enero, 44 trabajadores  de la planta Punta Alvear de Cargill no pudieron ingresar a cumplir su deber laboral. En un modus operandi que se repite, sin aviso previo, y que toma a las y los trabajadores por sorpresa. “Los despidos se notificaron en puerta de fábrica, luego de haber sido trasladados los compañeros en los propios colectivos de la empresa hasta el lugar, sumándole ensañamiento a una situación que ya es violenta para el trabajador, a quien se le quita la fuente de sustento de su familia”, señaló Daniel Yofra, Secretario General de la Federación Nacional Aceitera en un claro ejemplo de cómo opera la deshumanización de un sistema que cada vez se muestra más feroz. Hoy quedan 33 trabajadores en situación de conflicto.

Ya desde principios de enero Cargill había iniciado un proceso de retiros voluntarios, con el argumento de reconversión de objetivos empresariales. Las y los trabajadores que rechazaron la oferta fueron amenazados y luego de una negociación entre el sindicato y la empresa se convino no despedir a quienes no aceptaran. Sin embargo, a la semana se produjeron los 44 despidos mencionados, que violaban el acuerdo previo. Frente a ello, las y los trabajadores acordaron un plan de lucha, en defensa de los puestos de trabajo para todas y todos.

Luego de desoír la conciliación obligatoria con la que el Ministerio obligaba a restituir la fuente de trabajo, y frente al plan de lucha de las y los trabajadores agremiados, el 5 de abril la empresa avanzó con un lock out patronal y paralizó su planta de Villa Gobernador Gálvez, con suspensión del personal sin goce de haberes durante 5 días; una medida totalmente ilegal. El argumento empresario es que estaban en riesgo sus instalaciones.

“Cargill ha decidido responder al legítimo reclamo de reincorporación de (las y) los trabajadores despedidos y al legítimo ejercicio del derecho de huelga con un ilegal y arbitrario lock out, cerrando directamente las plantas aceiteras”, expresó Yofra. Y agregó: “A ello se le suma un agravante: ha anunciado que dejará de abonar los salarios de los trabajadores que sin motivo han sido suspendidos, lo que resulta en una nueva violación de la normativa laboral vigente”.

Por otro lado, respecto de la decisión de la empresa de parar la producción, el dirigente gremial aclaró que “no obedece a una razón productiva, sino a una maniobra empresaria en represalia del accionar sindical”, lo cual derivó en una “nueva militarización de la planta en Villa Gobernador Gálvez con la presencia de fuerzas federales de seguridad, que actúan como un verdadero ejército privado de la empresa”.

A mediados de abril, Cargill también decidió paralizar la planta de Bahía Blanca y suspender a sus  trabajadores sin goce de sueldo. Tanto en Villa Gobernador Gálvez como en Bahía Blanca, un anuncio manuscrito, firmado por la empresa y pegado en la puerta de la fábrica, decía en su inicio: “La reanudación de paros intermitentes y de duración variable durante distintos momentos del día pone en riesgo…”, lo que intenta justificar la motivación explícita del lock out.

Recordamos que la Federación encabezada por Daniel Yofra, ( F.T.C.I.O.D y A.R.A), más conocido como el sindicato de Aceiteros, viene siendo uno de los actores más dinámicos en el mundo sindical, no solamente por lograr romper el techo a las paritarias del 15% que impone el gobierno y plantear la discusión del costo de la canasta básica para discutir paritarias, sino también por su coherencia en dar pasos unitarios frente a la ofensiva macrista.

Efecto Cargill

Parece que el efecto disciplinador de Cargill sobre los derechos laborales comienza a reproducirse. Hace pocos días la multinacional General Motors suspendió la producción de su planta de Alvear, y a sus casi 600 trabajadores y trabajadoras con el argumento de la caída en las ventas, mientras amenazaba con reducir los turnos de producción. La audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo finalmente arribó al acuerdo de que se pagaran los salarios caídos y se mantuvieran los turnos de producción, pero encendió las alarmas del gremio, ante la caída de las ventas a Brasil.

Al mismo tiempo, las provincias sufren igual destino que el de la vidriera de Buenos Aires.  Así en Santa Fe, diez trabajadores y trabajadoras diariamente pierden su fuente laboral. A pesar de su invisibilización en los registros y medios de comunicación públicos y privados oficiales, los despidos desde que comenzó el año no paran y tienen su correlato local. Con más de 350 en 2018, la pérdida de empleos en la provincia representa el 5 por ciento del total país.

Rosario siempre estuvo cerca, cantaba Fito Páez. Hoy la situación de las y los trabajadores, que se está produciendo en uno de los cordones productivos más importantes del país, parece mostrar las políticas corporativas que con el aval del gobierno nacional avanzan sobre las históricas conquistas de sus derechos, y con escasas o nulas posibilidades de reinserción en el ámbito del trabajo formal.

En el día internacional de las y los trabajadores, la solidaridad se puso de manifiesto con una movilización que concentró unas 2500 personas, un símbolo de la unidad de estos tiempos contra las políticas deshumanizadas que privilegian el negocio por encima de todo.

Contra el abuso de las empresas

Es imprescindible recordar las leyes que avalan el trabajo. Si no, pareciera que las luchas deben comenzar una y otra vez. Por eso, recordamos un fragmento del artículo 14 bis (incorporado a la Constitución en 1957):

Artículo Nº 14 bis de la Constitución Nacional 

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Las notas completas pueden encontrarse en:  Redacción Rosario 

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Asumiendo la defensa de las empresas proveedoras de servicios el Presidente-Gerente Mauricio Macri manifestó: “Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace años y en los próximos 5 van a mejorar la distribución”.

Mientras tanto, el miércoles concretaron el envío de un proyecto al Senado, eliminando impuestos a los servicios que puedan estar cobrando provincias o municipios. Se llama “Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales”. Más de 13 provincias le respondieron que no cobraban ningún impuesto específico a los servicios, pero el oficialismo avanzó igual.

El proyecto presentado plantea para la luz, el agua y el gas que “las facturas de los servicios esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado”. De esta forma anularía, de aprobarse, cualquier otro impuesto. Solo establece dos excepciones: IVA e Ingresos Brutos. Curiosamente, en las fundamentaciones de la ley, el macrismo sostiene que busca “garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa” y tiene como objetivo “evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producido por conceptos ajenos a la prestación”.

La gobernadora Vidal se adelantó al Proyecto y anunció “rebajas” como un gran gesto del Gobierno para “aliviar” los padecimientos de los bonaerenses. Más allá de ser insignificante por el escaso porcentaje que implican los descuentos en relación a las tarifas exorbitantes, además trascendió que se trata de impuestos que no se cobraron durante dos años por una medida judicial y que la administración de Vidal apeló para poder cobrárselo a los bonaerenses a partir de enero.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional autorizó a las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas a aplicar un incremento del 16,7% para el tubo de 10 kilos, que ahora llegará a las familias a un precio final de 216 pesos, tras acumular en el año un alza del 61,3%.

Este incremento golpeará a las zonas del Gran Buenos Aires o Gran Córdoba donde todavía no hay red de gas natural y a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones en las que tampoco hay ese servicio.

Convocadas por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y el Movimiento 21F, que encabeza el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el tarifazo, y que acompañaron otros gremios, organizaciones políticas y sociales, miles de personas marcharon el jueves 12 del Congreso al Obelisco y le reclamaron al gobierno nacional que suspenda por un año los aumentos en los servicios públicos y que se retrotraigan las tarifas a los valores de diciembre pasado.

“Lo de la Casa Rosada de hoy fue una farsa y tan grande que hay que pagarla en cuotas. Los voceros del Gobierno aclararon que no se mueve nada de los tarifazos, lo único que cambiaron es la forma de pagarlo, lo que significa una transferencia enorme de recursos de los trabajadores a estos grupos económicos que en dos años han aplicado un tarifazo del 1.000 % mientras los salarios aumentaron el 67 %”, sumó el legislador porteño Gabriel Solano (PO-FIT).

El documento de la Multisectorial contra el tarifazo leído en el Obelisco, además de los reclamos, detalla que los tarifazos no solo engordan las ganancias de los grandes grupos empresarios sino también las de los funcionarios “Aranguren, Caputo y Dujovne en guaridas fiscales”. El hit del verano (Andate Macri lpqtp) volvió a estallar en la multitud.

Conflicto docente

Con una gran adhesión de toda la comunidad educativa se desarrolló en la ciudad de Neuquén la “Marcha de los Guardapolvos” organizada por ATEN. Compuesta de dos columnas, una que salió desde el aeropuerto y la otra desde el Parque Industrial, y confluyeron en Casa de Gobierno.

Durante el extenso recorrido de las marchas, muchas escuelas se fueron sumando a las columnas, junto a padres y madres que quieren ver a sus hijos en las aulas, pero con docentes bien pagos, con edificios en condiciones y con partidas presupuestarias que garanticen una educación de calidad. El conflicto suma 25 días de huelga.

La “nueva” propuesta salarial que realizó el Gobierno de Vidal el viernes 13 consta de un aumento escalonado en tres cuotas, la primera del 5 % en enero, la segunda del 3 % en abril y un 2 % en junio, con una suma de $ 3.000 por presentismo. A diferencia de propuestas anteriores, esta vez el aumento del 10 % ofrecido es semestral, para volver a discutir nuevamente en julio.

Los gremios docentes anunciaron su rechazo y realizaron un paro y movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires el miércoles. La medida contó con la adhesión del 90 % de la docencia bonaerense.

Por otra parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, les pidió a los docentes a través de un programa de TV que digan de dónde recortar gastos para poder darles el aumento de salario a maestras, profesores, bibliotecarixs y preceptores. Estas son las 5 medidas sugeridas desde Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor:

1. Elimine los más de 20.000 millones que usted destina a subsidiar a la Iglesia y a las empresas de la enseñanza privada. Junto a eso: Usted y todos sus funcionarios políticos y legisladores deben dejar de enviar sus hijos a costosas escuelas privadas y los manden a la escuela pública.
2. Deje de pagar la deuda y a los bonistas extranjeros (solo en intereses su gobierno paga este año más de 28.000 millones).
3. Ponga un impuesto especial a las corporaciones, pooles de siembra, la banca, megamineras y especuladores de la Bolsa, no al salario que no es “ganancia”.
4. Que como gobernadora, todos sus ministros, funcionarios políticos y diputados ganen como una docente o que ganemos todxs como diputado.
5. Destine el aumento del 33% al 37% en la recaudación de impuestos para salarios, educación y salud. Lo mismo con los 40.000 millones de pesos extra que recibe este año por el Pacto Fiscal.

Movimientos populares piden que se destine el 25 % de la obra pública y compre social a cooperativas

En el marco de una jornada de reclamo para que no se cierren planes sociales y para que no se estigmatice a las y los trabajadores de la economía popular, se organizó una feria en la Plaza de los Congresos en la que se visibilizó la labor de todo un sector del pueblo que produce sus propias formas de sobrevivir en el marco del tarifazo y la inflación generalizada.

“Vinimos para expresarle al Congreso, a la opinión pública y al Gobierno que la economía popular trabaja, produce, organiza su forma de vida y que no somos vagos ni planeros. Generamos una forma de abordar la difícil situación que sucede en el territorio con los tarifazos, la inflación y aumentos de insumos”, expresó Gildo Onorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Fueron más de 500 stands y puestos para mostrar la producción, charlas, promotores de salud, trabajo comunitario y social, cooperativas de viviendas que montaron réplicas de sus construcciones.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), afirmó en un comunicado: “Con el nuevo programa ´Hacemos Futuro´ el gobierno pretende eliminar los puestos de trabajo que se regían bajo el programa ´Ellas Hacen´ y ´Argentina Trabaja´, para transformarlos en capacitaciones. Pero desde hace un tiempo venimos denunciando que el achicamiento en presupuesto de educación, el cierre de cursos, la eliminación de sedes de FINES, las paritarias a la baja y el cesanteo a profesores, hacen imposible que el sistema educativo actual absorba a las miles de personas que cobran estos programas”.

El Frente Popular Darío Santillán, el FPDS Corriente Nacional, la Corriente Juana Azurduy, Surcos, el Movimiento Mulcs e Izquierda Latinoamericana Socialista agregaron que el Ministerio de Trabajo pretende eliminar los programas laborales que dependen de su cartera y de los cuales dependen miles de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular.

“No es momento de esperar. Es momento de organizar la bronca y salir a las calles para parar el ajuste del gobierno”, concluyó Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.

Este 1° de mayo los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular marcharán desde Constitución hasta el Monumento al Trabajo. En dicha jornada se planteará la idea de construir una herramienta gremial unificada para nuclear a todo el sector. Previamente, la dirigencia de los movimientos participará el 27 de abril de un acto en el microestadio de Ferro junto a las principales organizaciones sindicales para continuar enfrentando el ajuste y exigir trabajo digno para todos en unidad.

Continúa el conflicto en Carrefour

El rechazo de los trabajadores de Carrefour al acuerdo final que habían rubricado Armando Cavalieri, en la cartera a cargo de Jorge Triaca, con el responsable legal de Carrefour, abre un signo de interrogación sobre el futuro del entendimiento. Ahora, el Ministerio de Trabajo decidió habilitar la instancia de Conciliación Obligatoria por 15 días.
Desde Trabajo dijeron que el acuerdo, a pesar del descontento en los locales, sigue su curso hacia la homologación, y no se ve ni afectado ni interrumpido por la Conciliación Obligatoria. Sin embargo, el sábado mismo quedó demostrado que Cavalieri no logra garantizar el manejo de la paz social, algo que había firmado el viernes 13, por lo que se abre un interrogante sobre el futuro de la pactado.

“En caso de que se homologue, vamos a recurrir a la justicia penal”, destacó el equipo jurídico de Ramón Muerza, secretario de Organización. Sostienen que lesiona derechos adquiridos, que la ley indica que algún representante de los trabajadores de la empresa debería haber estado presente en las negociaciones y que es inconstitucional.

También están redactando la carta documento a la AFIP, por su obligación para garantizar los aportes, una dirigida a la ANSES, para que evite el desfinanciamiento del organismo que implica lo pactado, y otra a la Procuración del Tesoro, en virtud de su rol de contralor de los actos administrativos de Gobierno.

Además, los supermercados regionales agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo al que arribó Carrefour que le permite reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.

Cargill recibe la solidaridad de ATE

Los trabajadores de Cargill de las plantas Villa Gobernador Gálvez de Santa Fe y Bahía Blanca iban a trabajar como todos los días y se encontraron con las puertas de las fábricas cerradas. La empresa decretó un nuevo Lock out alegando que no están dadas las condiciones para operar de forma segura, suspendiendo a todo el personal sin goce de haberes hasta el 30 de abril.

En las puertas de Cargill se hizo presente la solidaridad de los trabajadores de ATE. Allí el secretario general, Hugo Godoy, advirtió que en los últimos meses se registraron más de 4.000 despidos en distintas reparticiones del Estado.
“Hoy (23.4) se materializan 330 despidos en Agroindustria y hay nuevas amenazas en el Senasa y en el Inta”, advirtió Godoy, y recordó que la semana pasada hubo más de 200 despidos en la Dirección Nacional de Discapacidad. “Echan trabajadores y mientras tanto hay 100.000 pensiones por discapacidad paradas en los cajones de los funcionarios”.

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