Por Redacción Marcha / Foto: Archivo

La familia de Alfredo Cuellar enfrenta una nueva amenaza de desalojo forzoso en la Ciudad de Buenos Aires. Con una orden judicial ya dictada y habiendo recibido dos notificaciones, se encuentran bajo el riesgo inminente de ser expulsados de su vivienda en Raulet 62 en el barrio de Parque Patricios, donde la familia reside hace más 50 años.

La medida fue firmada por el Juez Ramiro Güiraldes, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35, en el marco de la causa “Basset Úrsula Cristina contra Alfredo Severo Cuellar y otros s/Desalojo (Expte N° 53.952/2022).

La oficial de Justicia se niega a recibir a Cuellar y a informarle la fecha concreta del lanzamiento, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre absoluta: “Tengo el desalojo en puerta,“No tengo el día exacto, pero que en cualquier momento pueden caer” asegura el padre de la China. En la casa vive Alfredo con sus hijas y sus nietos, niñas y niños que asisten a la escuela pública y para quienes el desalojo no sólo signifciaría la pérdida del techo familiar, sino también la interrupción de su vida escolar y su entorno comunitario.

La situación judicial de Alfredo está profundamente atravesada por el hostigamiento y la persecución política que sufre desde hace más de una década, cuando comenzó a denunciar el asesinato de su hija Florencia “La China” Cuellar, a manos del Servicio Penitenciario Federal.

“¿Cuál es el motivo por el que tengo que seguir resistiendo?”, se pregunta Alfredo, al tiempo que denuncia que quienes buscan desalojarlo no pueden acreditar la propiedad del inmueble.También pone en duda la autenticidad de la documentación presentada en la causa: “En realidad no es así”, afirma. El reclamo es tan básico como ser escuchado por quienes toman las decisiones y que se respeten los derechos de las infancias que viven en la casa: “Si al menos me pueden aguantar hasta que terminen el colegio mis nietos”.

Una asamblea contra el desalojo

El miércoles 15 por la tarde noche en las calles de Parque Patricios se realizó una asamblea contra el desalojo de Alfredo y su familia por parte del poder judicial y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”, vecinos y personas solidarias con su lucha analizaron diferentes estrategias para resistir y enfrentar esta nueva situación de persecución y despojo que ya tuvo episodios previos.

“La policía entró a mi domicilio y rompió recuerdos que tenía de mi hija”. Con este relato Alfredo contó que, a pesar de no haber sido escuchado para argumentar sobre su situación de vivienda ni haber visto los documentos que acrediten el motivo por el que pretenden expulsarlo a él y a su familia de la casa que habita hace décadas, la Policía de la Ciudad irrumpió en la morada, los amenazó aun en la presencia de niñeces y destruyó bienes y mobiliario. Pero sobre todo “rompieron fotos de mi hija que eran de una muestra”, aseguró.

“No estamos todas, faltan las presas”

Alfredo Cuellar es un padre que reclama por el esclarecimiento de la muerte de su hija, “la China”, asesinada el 23 de diciembre de 2012 en la Unidad Penitenciaria IV de Ezeiza. En estos años, y a pesar de haberse entrevistado con altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, nunca recibió la confirmación de parte de la fuerza de custodia de las causas de la muerte de su hija; incluso pretendieron obligarlo a firmar que fue un suicidio.

Alfredo se convirtió, a regañadientes, en un luchador contra la violencia institucional y por los Derechos Humanos. Fue secuestrado, sus hijos perseguidos por la justicia y la policía, y ahora enfrenta una nueva amenaza por desalojo contra su lucha en la búsqueda de memoria y verdad. Fue en mayo de 2013 cuando fue secuestrado, en Parque Patricios, por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y le proporcionaron golpes a la altura de los riñones -lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos- y lo amenazaron con tirarlo al Riachuelo y hacerlo desaparecer si no se dejaba de joder con el asunto de la China.

Sus denuncias además causaron que, en septiembre de 2013, el jefe de la Unidad IV, prefecto Juan Montenegro, fuera desplazado de su cargo y pasado a disponibilidad por maltratos a partir de un informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. El alejamiento de Montenegro fue dispuesto por el entonces director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, tras indicarse que, durante la visita de un grupo de jueces encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, “se constataron rastros de maltrato en al menos dos internas materializados en golpes, suministro excesivo de fármacos psiquiátricos y aislamientos en celdas individuales”. Fue una evidencia de las torturas.

Desde entonces, siempre estuvo acompañado de la solidaridad de muchas personas, familiares y amistades de víctimas de la violencia institucional y los abusos de poder. “Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan, las que protestan, las que constantemente están reclamando por sus derechos. Las eliminan porque es una forma de reafirmar quiénes son los que mandan. Y esto también es represión en democracia”, dice.

Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Entonces, era la cantidad total de las muertes de mujeres en prisiones federales. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Ninguno de los fallecimientos fue esclarecido. Alfredo Cuellar puso cuerpo y voz a la búsqueda por verdad y sobre todo memoria de todas ellas y generó dos hitos de proclama en el ala más combativa del movimiento de mujeres y feminista del país: “Ni una menos también en las cárceles” y el “No estamos todas, faltan las presas”. Así es.

Archivo: https://marcha.org.ar/tag/china-cuellar/

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Por Redacción Marcha | Foto: Rima colectivo

Angel David Cisneros, Enrique Sanchez Barros y Mauro Daniel Garecco fueron victimas de un sistema de encierro que mata. Los tres jóvenes estaban alojados en la unidad n°2, de la Unidad Penitenciaria N° 9. Enrique y Mauro compartían la misma celda y murieron victimas del abandono y el maltrato, lo que en el sistema carcelario es sinónimo de muerte. Una precaria instalación eléctrica, un incendio y la falta de asistencia de parte del servicio penitenciario, que tardó 40 minutos en abrir la celda, significaron que la crueldad no puede ser mayor, ya que esto provoco gravísimas quemaduras, los detalles son tan escalofriantes, y la decision del sistema judicial una perversión: a Enrique Sanchez Barros le otorgaron la prisión domiciliaria cuando estaba internado con ambas piernas amputadas, apenas antes de morir.

Angel David Cisneros también alojado en la misma unidad, tenia 21 años cuando apareció muerto el 30 de agosto en una celda del pabellón 2. Según el Servicio Penitenciario la causa de su muerte fue suicidio, que sucedió mientras estaba recluido en una celda de castigo, “buzon”; en una celda de un metro cuadrado, con una historia medica de dos intentos de suicidio, con un continuo amedrentamiento por parte del personal del Servicio Penitenciario. Otra vez las declaraciones de los guardias no coinciden con los testimonios que se desprenden del cuerpo de la victima, que permaneció 12 horas colgado en su celda. Otra vez los medios sin autorización de la familia revictimizando al detenido y a toda su familia con una imagen profundamente dolorosa que se publico sin autorización en La Plata Noticias, asi lo denuncian sus familiares.

Hay otras muertes evitables que también quedan invisibilizadas por la desidia, el dolor y la resignación de familiares frente al sistema de la crueldad, tal como lo califica la Comision Provincial por la Memoria. Victor Martin Arce Rolon tenía 46 años y estaba alojado también en la Unidad Penitenciaria N°9 y la suya es otra de las tantas muertes que suceden en el contexto de encierro y la indifierencia. Otra víctima del abandono que sufren las personas en el inhumano sistema carcelario. Su compañera de vida, en medio de un gran dolor, relato como la obstrucción de una arteria en sus piernas, fue desatendida y minimizada, para luego complicarse con un cuadro de tuberculosis, y una historia médica de padecimiento que obligo a intervenirlo quirúrgicamente cuando el cuadro ya había afectado a sus intestinos, lo que lo llevo a pesar menos de 40 kg, y le ocasiono la muerte en lo que el cirujano dio en llamar “si lo hubieran operado cuando se descubrió lo de la arteria, el hubiera sobrevivido… lo que sucedió fue un abandono de persona”. Una crueldad que no finalizo con su muerte sino que continuo con la burocracia judicial que le negó despedirse a su compañera de vida y que habiendo fallecido el día 3 recién pudo ser sepultado el 17 de septiembre.

Los muertos de la Unidad 9 tienen un triste legado histórico que queda desde la dictadura, cuando fue un centro clandestino de detención, por allí paso el aun hoy desaparecido Julio López.

En las cárceles de mujeres también se suman victimas del sistema, Micaela Martinez Cruz, de 31 años, cobro notoriedad cuando el 29 de agosto la encontraron en su celda victima de un intento de suicidio y a pesar de haber sido trasladada al Hospital San Martin falleció. Micaela estaba detenida en la Unidad Penitenciaria 8 de Los Hornos, donde en menos de un mes se produjeron dos intentos de suicidio. El abandono, los malos tratos , la desidia, la precariedad y la falta de elementos de limpieza y protección en medio de la pandemia hacen de la situación de encierro una combinación difícil de soportar.

En el comunicado de familiares y autoconvocados de las personas detenidas se movilizan este martes en acto de repudio, para visibilizar a quienes una y otra vez vuelven a ser victimazadxs por un sistema cruel que se desentiende y abandona. El artículo 208 de la Ley 24.660 hace responsable a las autoridades con frente a su incumplimiento. Lxs detenidxs no están solos, porque también en distintos puntos de la provincia, como Lomas de Zamora, Campana, Moron y San Justo, familiares de personas privadas de su libertad estarán acompañando y visibilizando la situación que se repite.

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Por Redacción Marcha

La muerte en prisión es un crímen de Estado, así lo expresan detenidas y detenidos en las cárceles bonaerenses. El comunicado elaborado por las y los detenidos tiene una serie de demandas destinadas a cuidar su integridad física frente a la amenaza de la pandemia dentro del contexto de encierro.  Tal como expresan, en la Argentina no existe la pena de muerte, asi que es necesario que se resguarden sus derechos elementales. El petitorio fue entregado en medio de grandes medidas de seguridad que intentaron amedrentar a las y los que se acercaron al Ministerio de Justicia, en La Plata. Una situación similar ocurrió frente al Ministerio de Nación en CABA. Sin embargo las y los autoconvocados sostuvieron su presencia hasta que fueron recibidos para entregar el petitorio.

En el comunicado que elaboraron desde el Colectivo y que fue entregado se solicita “el cese de las muertes por goteo que están provocando nuevas formas de crímenes de lesa humanidad, porque el coronavirus ya ingresó a la mayoría de las cárceles bonaerenses”. Expresan que la situación hace que la vida de las, los y les detenides “siempre ha estado en riesgo por la falta de sanidad, el hacinamiento, las torturas sistemáticas que imparten el Servicio Penitenciario Bonaerense sobre nuestras personas avasallando nuestros derechos humanos y los preceptos establecidos por  la Constitucion Nacional”.

Lejos estan las recomendaciones de los organismos internacionales como la ONU respeto al a protección de personas privadas de su libertad ante la amenaza del Covid y tal como el Colectivo afirma, “la muerte es un presagio anunciado para nosotros del cual hacemos responsables al Poder Judicial, por haber negado toda libertad que fuera peticionada conforme a derecho, en especial a las personas con padecimiento de salud grave, mayores de 65 años, mujeres embarazadas a punto de dar a luz, madres con sus hijos  menores de 5 años viviendo en condiciones nauseabundas. Por el contrario hemos recibido represión y traslados arbitrarios, muertes por violencia institucional que exigimos no queden en el olvido”.

Desde el Colectivo de detenidos y detenidas advierten sobre la indiferencia del gobierno provincial y del Poder Judicial, que en lugar de la conmutación de penas o medidas de protección “eligieron armar hospitales de campaña dentro de las unidades. Mentira. Se trata de lugares húmedos e inadecuados para tratar cualquier problemática de salud”.

Se preguntan “¿Quién puede decirnos que las cárceles están preparadas para asistir del virus más letal que asota al mundo entero?  Somos nosotros los propios detenidos que sin cumplir con los elementos básicos debemos asistir a nuestros compañeros infectados, por orden del Servicio Penitenciario Bonaerense”

“Tenemos la convicción junto a nuestros familiares que esto es un crimen de Estado” por eso, por el derecho a la vida esperan una pronta respuesta.

Frente al Ministerio de Justicia las y los familiares autoconvocados expresaron “No existe la pena de muerte en Argentina. Ante la decidia de los tres poderes del Estado hoy decidimos estar aca en representación de sus familiares privados de libertad que están luchando por su vida frente a la presencia del Covid-19”. Hacen un pedido por la inmediata presencia de autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y DD.HH. y todas las organizaciones de derechos humanos . Por el derecho a la vida, porque hay gran cantidad de afectados por el coronavirus. Porque a las vulneraciones reiteradas de los derechos dentro de los ámbitos carcelarios, se suma una nueva vulneración del elemental derecho a la vida.  “No estamos pidiendo la libertad de todos, sino la libertad de quienes se encuentran en riesgo y que puedan ser asistidos en distintos hospitales. No pedimos la libertad de femicidas o violadores sino la libertad de las mujeres con hijos, de los enfermos terminales, las personas que teniendo la condena cumplida aun siguen detenidas”.

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Escucha aca La muerte en prisión es un crimen de Estado

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Por Nacho Saffarano / Foto Martín Zabala

Las cárceles son un territorio de militancia como cualquier otro. Se puede militar en el lugar de trabajo, en un barrio, en la facultad, en el plano de la disputa ideológica. También se puede militar en la cárcel. Cada territorio tiene sus especificidades, sus propias lógicas, sus lenguajes. El ABC de todo esto es no extrapolar ni las formas ni las consignas de un lugar hacia otro, sino construir las formas de militancia propias de cada espacio. Por ejemplo, cuando la comunidad educativa se moviliza ante la falta de vacantes para que los chicos estudien, la consigna clásica es la construcción de nuevas escuelas y está perfecto.

Ahora bien, ésta consigna no funciona con las cárceles. Los que desde hace años venimos denunciando al hacinamiento como uno de los problemas estructurales de las prisiones, y que además estudiamos la actuación de la justicia penal, no podemos hacer más que preocuparnos por los llamados a construir nuevas cárceles. En un acto de ayer al mediodía, Alberto Fernández declaró que “tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no reaccione es inhumano”. Perfecto. Acto seguido, anunció la creación de 650 nuevas plazas que, sumadas a las que comunicó hace unas semanas Kicillof, sumarían dos mil “camas” para los detenidos de la Provincia. Sin meternos en el pequeño detalle de que la sobrepoblación en Buenos Aires es del 100%, por lo que seguirían faltando por lo menos 22.000 plazas más, lo que debemos discutir de manera franca y abierta es si el problema carcelario se soluciona con nuevos edificios.

En las reivindicaciones inmediatas, siempre vamos a apoyar (y de hecho, reclamamos por esto sistemáticamente) que existan condiciones dignas de detención. Pero la construcción de nuevas unidades carcelarias nos pone de frente ante el problema estratégico. A quienes con buena intención se comen la curva de creer que más prisiones implicarían mejores escenarios para el cumplimiento de la pena, debemos responderle que lo único que genera es una mayor oferta para la prisionización de pobres, los históricos clientes del sistema penal.

Mientras tanto subsista y se reproduzca la mirada clasista en las oficinas de la justicia penal –a pesar de la heroica resistencia de algunos pocos funcionarios-, emparentar la construcción de cárceles a una conquista es un error estratégico, con consecuencias inmediatas. La mejor forma de reducir el hacinamiento atroz en el cual estamos sumergidos lo tenemos al alcance del Código Procesal: revisión de todos los detenidos con prisión preventiva, cumplimientos de los derechos contemplados en la progresividad de la pena (salidas transitorias, libertades condicionales, etc.), utilización de medidas alternativas al encierro.

Y si bien esta posibilidad fáctica es preponderantemente del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo tiene mucho para hacer. La gran mayoría de las veces, los derechos ligados al cumplimiento de la pena – que nombramos en el párrafo anterior – son denegados por los jueces porque los detenidos se presentan a las audiencias con informes criminológicos negativos. Estos son elaborados por el Servicio Penitenciario y constituyen una herramienta muy potente en manos de los agentes penitenciarios al momento de “negociar” con las personas encarceladas. Las amenazas de que ante el incumplimiento de alguna orden, eso se traduzca en una mala calificación en los informes, los ubica en una posición de poder agravada, mucho mayor de la que tienen en términos legales. Un cambio de mirada en este sentido es responsabilidad de las distintas esferas del Poder Ejecutivo, con competencia en la materia. Desde allí podrían salir órdenes claras, que impliquen tener diferentes tipos de contemplación al momento de armar los informes. Y esto es solo un pequeño ejemplo de lo que podría aportar el Gobierno provincial para mejorar la crisis de hacinamiento.

Tenemos una oportunidad para debatir y pensar formas de intervención de largo aliento, intentando desmontar que los atajos punitivistas pueden ser una solución. Esta situación horrible en la que estamos puso arriba de la mesa – como pocas veces en los últimos años – la situación de las cárceles argentinas. La derecha va ganando por lejos. Nosotros venimos corriendo de atrás, divididos, sin un movimiento orgánico que nos agrupe. Debatir y dejar de aplaudir acríticamente puede ser un primer paso para que otras voces se cuelen en los medios, para reflejar que es posible abordar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos.

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Texto y fotos Colombia Informa

Las duras imágenes, como consecuencia de las recientes protestas en el penal de Castro Castro solicitando seguridad y medicinas, son impactantes. Un balance de nueve muertos y decenas de heridos, deja un ambiente enrarecido. En el aire queda el anuncio de liberación de presos para aliviar la situación. En Lima, existe otra cárcel con condiciones especiales. Ubicada en la Base Naval de Callao, cuenta con apenas seis presos (cinco políticos y Vladimir Montesinos, quien fue jefe de la inteligencia con Fujimori y ordenó construir esta instalación carcelaria). En condiciones de aislamiento desde hace años, uno de los presos políticos es Víctor Polay Campos.

Némesis, la diosa de la venganza, es el nombre con el que se conoce la prisión de la Base Naval del Callao en la que se encuentra desde hace 25 años de los 28 que lleva recluido, Víctor Polay, Comandante en Jefe del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru -MRTA-, organización político-militar que insurgiera en armas en el país en la década del 80. En esa Base a orillas del Pacífico los presos se cuentan con los dedos de las manos y las visitas son minuciosamente controladas. Una persona cercana a Polay narra cómo es llegar hasta donde él se encuentra.

Persona cercana: Llego apresuradamente por los afanes cotidianos, el coche raudo ha atravesado los barrios más pobres y violentos del puerto del Callao. Luego de 45 minutos estoy frente al retén compuesto por dos marinos premunidos de armamento de guerra que no permiten que nadie ingrese. De allí en adelante se respira una gran tensión, agentes de la marina uniformados y otros uniformados y armados, presentar y explicar el motivo de mi presencia con todo el personal con el que me encuentro, varios retenes en el camino. Silenciosa, tranquila, aceptando todo, sabiendo que luego de ello veré a Víctor.

Nacido en el Callao, el 6 de abril de 1951, proviene de una prominente familia aprista, fundadora de uno de los partidos más antiguos del Perú donde Víctor Polay Campos militó durante su infancia y juventud. En el año 1972 fue detenido por primera vez y acusado por el Fuero Policial de participar en actividades contra la dictadura militar. En aquella ocasión estaría recluido por unos meses en el Penal de Lurigancho, situado en uno de los barrios más poblados de América Latina con casi un millón y medio de habitantes. Hoy, este penal situado apenas a 1 km de Castro Castro, es el más hacinado del país. Los presos, desde lo alto de los pabellones, protestan pacíficamente reclamando el derecho a la vida. “No queremos morir”, “Queremos las pruebas del Covid”. Perú es al día de hoy el país con más número de contagios de la Región detrás de Brasil.

Al salir en libertad, Víctor viajó a España y Francia para estudiar Sociología y Economía Política en la Universidad Complutense de Madrid y en La Soborna de París, respectivamente. En Europa abandonó su militancia en el APRA e ingresó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria -MIR-. Retornó al Perú cinco años después donde su compromiso y militancia política revolucionaria le llevaron a integrarse en el MRTA.

En 1989 fue detenido en la ciudad andina de Huancayo, pasando a engrosar el contingente de presos del MRTA e ingresar al Penal de Canto Grande, considerado el primer penal de máxima seguridad moderno en el país. Desde el primer minuto de encierro se organizan para una evasión. Emulando las célebres fugas de los Tupamaros en Montevideo y del penal de San Carlos en Venezuela, junto a 47 compañeros, protagoniza la famosa fuga del túnel, construido de afuera hacia adentro, en 1990 para continuar las actividades en el movimiento. Solo dos años más tarde volvería a ser capturado y recluido en el Penal de Yanamayo, en el altiplano, a más de 4.000 metros de altura. Esta caída coincide con el autogolpe de Fujimori, quién disolviera el Congreso para intervenir el poder judicial y establecer una dictadura que se prestó para violar todos los Derechos Humanos.

Víctor Polay: Antes de salir del penal de Yanamayo, fuimos torturados (para hacernos bajar la cabeza como se hace a los toros antes de salir al ruedo) y nos pusieron trajes a rayas. Durante el viaje me amenazaron con tirarme del avión por orden de Fujimori. Sin embargo, durante todo el traslado nunca dejamos de resistir y protestar.

Ya en la Base Naval nos quitaron todas nuestras pertenencias y ropas. Nos dieron un mameluco como todo vestido, junto a dos pares de medias y dos calzoncillos. No teníamos contacto con nadie y sólo nos alimentaban por una ventanita. El trato era agresivo y prepotente. El personal estaba encapuchado.

Durante más de un año Víctor estuvo completamente aislado, sin ver ni hablar con nadie. Su familia pudo ir a visitarle en mayo del 1994. Vivía en ascuas, con un temor permanente que no descartaba que en cualquier madrugada fuera sacado para ser pasado por las armas.

VP: El régimen en Némesis para los dirigentes del MRTA era de “silencio y reflexión”, hasta la caída de la dictadura a fines del 2000, fue muy cruel e inhumano. A diferencia de los dirigentes senderistas, que pasaban el día juntos y tenían una serie de gollerías supuestamente por los “acuerdos de paz”, nosotros estábamos aislados, salíamos al patio solos por 10 minutos y no podíamos vernos. Todas nuestras actividades las hacíamos solos, no teníamos acceso a libros, revistas o periódicos, ni a la radio ni a la televisión. Tampoco teníamos un espejo para mirarnos la cara, ni un reloj para saber la hora. Ningún calendario para saber qué día era. Las visitas familiares eran de 30 minutos al mes y con el Comandante al lado.

Hasta que no retornó la democracia, el régimen que gobierna “la diosa de la venganza” no realizó ningún cambio. Por más de 10 años se mantuvieron unas condiciones de reclusión deleznables. Hoy, los familiares directos pueden compartir con Víctor tres horas a la semana. Sin embargo, el régimen de aislamiento donde habita no ha variado. Una especie de eternidad monstruosa presiona y retiene.

Persona cercana: Ya estoy en lo que ellos llaman el CEREC, Centro de Reclusión del Callao. Una edificación de altos muros y rejas, rodeada de alambres de púas en medio de la nada, dentro de la Base Naval del Callao. Nadie sabe exactamente donde queda, porque todos los visitantes van en un vehículo completamente cerrado. En cuanto desciendo del vehículo, no me importan las horas de espera, la ambulancia en la que nos trasladan, totalmente cerrada y asfixiante, el trato altanero de los oficiales, luego el cateo minucioso. Nada de eso importa si voy a verte, si conversaré contigo durante tres horas a la semana. Si en ese tiempo infinito tentaremos a la felicidad, en esos dos metros cuadrados sin ventanas, con poca ventilación y los captores escuchándolo todo.

Con tantos silencios acumulados y tanto tiempo en las arrugas de la piel, Némesis busca que los presos se pierdan a sí mismos. Sorprende la resistencia de la que es capaz el ser humano.

VP: Los dirigentes del MRTA que estuvimos en estas condiciones jamás nos doblegamos, ni estuvimos dispuestos a firmar ningún apoyo a la dictadura. Cuando, en 1998 nos enteramos que los jóvenes habían roto con el miedo y se movilizaban en las calles, iniciamos una huelga de hambre en protesta que duró 30 días, con el propósito de hacer llegar el mensaje de que, desde el lugar más controlado por la represión, era posible resistir y luchar.
En el actual contexto, la crisis de la Covid-19 se suma a una situación de vulnerabilidad que engrosa el cuerpo social carcelario de miles de almas presas en Perú y en el mundo.

Con todas las visitas suspendidas, en la Base la soledad es total. Regresan los viejos tiempos en los nuevos. El miedo retiembla en los familiares de los reclusos desde que el 16 de marzo inició el período de cuarentena.

Persona cercana: Ahora la muerte está tan cerca. Día a día nos asalta en las noticias, calles, hospitales y penales donde tienen un número cada vez más creciente de caídos por la pandemia. La ansiedad y angustia me recorren y me pregunto cómo estás en ese lugar helado y lejano, donde alguna vez te amenazaron de muerte colocando dos féretros en la puerta de tu celda. Cómo transcurre para ti la vida en estos días, ¿estás realmente seguro? Durante años, cuando no te veía por el cautiverio tuve la certeza de que nuestros ojos se encontrarían nuevamente, ahora vivo a sobresaltos este confinamiento y sólo la llamada semanal me calma. Escuchar tu voz al otro lado.

Siempre estará pendiente la espada de Damocles de saber que en varias ocasiones Víctor ha librado la muerte. Ahora que este virus recorre el mundo, se espera que Némesis se mantenga a salvo.

* Este es el segundo artículo de la serie Criminalización y castigo en cuarentena, una iniciativa comunicacional de diferentes medios internacionales cuyo objetivo es acercarse, dentro de la actual crisis sanitaria mundial, a las realidades de aquellas personas sometidas a aislamiento forzoso (penitenciario, psiquiátrico o de internamiento de extranjeros). Su olvido y exclusión se incrementa en estos tiempos ante la suspensión del régimen de visitas. ¿Cuál es la situación en los diferentes países y las respuestas de los Gobiernos? En estos días de cuarentena, ¿el confinamiento de las sociedades puede ser un puente de solidaridad hacia las personas privadas de libertad? Esta serie de reportajes es un acercamiento hacia los establecimientos de reclusión en tiempos de pandemias.

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Por Iván Barrera/ Foto Claudia Contreris

El Tribunal Oral en lo Criminal  Nº1 de Pergamino inició la sesión este día a las 09:00hs para dar a conocer el veredicto para los 6 ex policías acusados de “abandono de persona seguido de muerte” en la conocida Masacre de Pergamino donde fueron asesinados Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre.

Quienes se encontraban en el banquillo de los acusados eran el ex comisario Alberto Donza, que estuvo más de un año prófugo, y el ex ayudante de servicio Alexis Miguel Eva, ambos cumpliendo prisión preventiva efectiva, seguidos de el ex imaginaria Brian Carrizo, el ex oficial de refuerzo de imaginaria Giuliett, el ex teniente primero Sergio Ramón Rodas y la ex oficial Carolina Denise Guevara.  La fiscalía solicitó entre 11 y 15 años para los distintos responsables de la masacre, mientras que la defensa de los mismos se basó casi exclusivamente en el supuesto mal accionar del equipo de bomberos y solicitó la absolución de todos ellos.

La expectativa de los y las familiares, amigos, amigas y compañerxs de las víctimas era que al finalizar la sesión los seis acusados debían cumplir la prisión efectiva, quitándole el beneficio de la prisión domiciliaria a quienes la gozaban, señalando las irregularidades de la misma y los privilegios con los que cuentan las fuerzas represivas cuando gozan de este beneficio.

Durante la lectura del veredicto, los jueces fueron concluyentes en la responsabilidad de los seis acusados en la muerte de las siete víctimas, así como también fueron expeditivos en la imposibilidad de inculpar al cuerpo de bomberos en la masacre. Si bien la carátula por la que fueron condenados establece “abandono de persona seguido de muerte”, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) siempre sostuvo la necesidad de juzgarlos por homicidio simple. “Dejar morir también es matar” fue la consigna para esta etapa final.

Cerca de las 12 del mediodía y luego del crudo relato de lo sucedido, los jueces dieron a conocer las condenas a los seis acusados. El ex comisario Alberto Donza recibió la condena de 15 años de prisión, el ex ayudante de servicio Alexis Miguel Eva, 14 años, el ex oficial Brian Carrizo, 11 años, el ex oficial de refuerzo de imaginaria Matías Giuliett, 11 años, el ex teniente primero Sergio Ramón Rodas, 8 años, y la ex oficial Carolina Denise Guevara 6 años.

Sin embargo, solo Alberto Donza y Alexis Eva fueron condenados a cumplir prisión efectiva. Los jueces ratificaron que los otros cuatro acusados seguirán gozando la prisión domiciliaria hasta que se ratifique la condena.

Ante la indignación de que cuatro de los seis acusados sigan cumpliendo su prisión en el domicilio, compartiendo las calles con los mismos familiares y amigos de las víctimas, estalló el reclamo por prisión efectiva. “Cuando el estado mata, mata dos veces, prisión efectiva ya” se escuchó por parte de la madre de una de las víctimas. La respuesta por parte de los policías fue la chicana y, por parte de la pareja de Brian Carrizo, policía en funciones fue el grito de “bien muertos están”.

Inmediatamente se interrumpió la lectura del veredicto y el cuerpo policial presente comenzó con el desalojo del recinto. En medio de gritos e insultos, el mismo Brian Carrizo tomó la silla sobre la que estaba sentado y la arrojó sobre el grupo de familiares de las víctimas, impactando en uno de los policías que buscaba el desalojo.

El tribunal quedó vació y solo se generó espacio para que se acercaran ambulancias a atender a los familiares que, ante el fallo del tribunal y la respuesta de los acusados, estaban sufriendo descompensaciones y ataques de nervios.

En diálogo con la transmisión colaborativa de La Caterva, Cítrica, Radio Presente y La Retaguardia, Cristina Gramajo, madre de Sergio Filiberto, señalaba que mientras las cárceles están atestadas de presos sin condena, ellos que sí la tienen son beneficiados con la prisión domiciliaria. Andrea, hermana de Sergio, calificó de “muy blandito” el fallo del tribunal, y respecto a los ex policías “demostraron que no pueden estar en prisión domiciliaria, se la pasan en las redes sociales provocando a los familiares y uno de ellos terminó arrojando una silla, no pueden estar en libertad”.

Quien también estuvo presente en la tribuna de los familiares fue la incansable Norita Cortiñas, quien ante los sucesos no pudo dar su parecer y solo pudo decir “me desconozco de no aguantar la angustia”

La jornada finalizó con el grupo de familiares y acompañantes en las puertas del tribunal al grito de justicia y el canto de “como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar.”

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Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad de la Nación, marzo de 2018

Si bien en cuatro años el macrismo rompió récords en materia de muertes a manos de las fuerzas de seguridad, los casos de gatillo fácil y las muertes en lugares de detención son crímenes históricos que han empeorado desde 1983 a la fecha.

Por Ignacio Marchini | Fotos: Colaboración

Desde el retorno de la democracia, 7093 personas han muerto en manos del aparato represivo estatal, en su mayoría mientras estaban detenidas o fusiladas en supuestos enfrentamientos. De este total, 1833 corresponden al gobierno de Cambiemos, es decir, un 26% de los casos en sólo 4 años, el peor promedio de 1983 a la fecha. Siempre y cuando se considere que la “limpieza social” es un problema que el Estado debe erradicar y no profundizar.

Estos datos se desprenden del último Informe Anual de la Situación Represiva Nacional de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), presentado el viernes pasado en Plaza de Mayo. El espacio público más icónico de la Ciudad de Buenos Aires estuvo atravesado durante horas de familiares, amigos, amigas y militantes que mediante remeras y carteles recordaban a las personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Pero, sobre todo, exigían Justicia al Estado que desde hace muchos años o no juzga a los ejecutores de sus hijos o, cuando lo hace, les aplica penas ridículamente leves, mediante la manipulación de las figuras penales para obtener condenas más benevolentes. Desde la Coordinadora estiman que solo 1 de cada 10 casos de gatillo fácil llegan a juicio.

Acompañando a los familiares y militantes se encontraban lxs históricxs referentes y abogadxs de la CORREPI María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, Gabriel Solano y Néstor Pitrola del oficialismo del Partido Obrero (PO), Norita Cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Sergio Maldonado, entre otrxs representantes de la política y la lucha por los Derechos Humanos. Ante largas filas de familiares, militantes y amigxs se proyectaron las cifras del Informe 2019. Las estadísticas no fueron sorprendentes, si se tiene en cuenta lo que fueron las políticas de seguridad y de Derechos Humanos en estos 4 años de macrismo, que desarrollamos en otra nota anterior.

De 1 muerto cada 30 horas en promedio durante los 12 años de kirchnerismo (el más alto hasta 2016), el macrismo finalizó hace una semana 1435 días de gobierno con un promedio de un muerto cada 19 horas, la primera vez en los últimos 36 años de democracia que se supera la barrera de un muerto por día. El distrito más violento es por mucha diferencia la provincia de Buenos Aires, donde se concentran más de la mitad del total de los casos, seguida muy lejos por Santa Fe con un 9,39%.

Los abultados resultados de la política represiva del macrismo impresionan. El informe, sin embargo, indica algo mucho más trágico: el problema solo empeora desde 1983 a la fecha. De un muerto cada 311 horas en promedio al cierre del gobierno de Alfonsín (julio del ‘89) llegamos a la salida del gobierno de Cambiemos con un muerto cada 18.8 horas. En todas las gestiones entre esos años, el crecimiento fue sostenido: 1 muerto cada 131 horas fue el promedio de Carlos Saúl Menem, seguido de un pico de un muerto cada 36 horas durante el gobierno de De la Rúa y “Chacho” Álvarez, con el récord absoluto de 39 muertes en dos días en el marco de la brutal represión para contener la crisis política, económica y social de diciembre de 2001. En los sucesivos fugaces mandatos de Puerta, Rodríguez Sáa y Duhalde, entre los 3 promedian un muerto cada 46 horas y el cierre de 12 años de kirchnerismo fue de un muerto cada 30,05 horas, correspondiéndole a la suma de los gobiernos de Néstor y Cristina más de la mitad de los casos desde 1983.

Vale decir que el archivo de casos de la CORREPI no es un trabajo exento de errores y omisiones, debido en gran parte a la enorme invisibilización de los casos de violencia policial e institucional, sobre todo contra los sectores más vulnerables, y por la falta de estadísticas oficiales confiables.

Los sospechosos de siempre

Las características de las víctimas son bastante homogéneas: la mayoría son varones jóvenes de barrios populares. El sexo, la edad y la condición socioeconómica son factores claves para que la policía y los jueces determinen el grado de peligrosidad de un individuo. Quienes se llevan la peor parte son los jóvenes de bajos recursos. Del total de casos de gatillo fácil, el 43% tenía 25 años o menos. Y usamos el masculino porque son mayoritarios los casos de varones asesinados por el aparato estatal (9 de cada 10), además de conformar más del 90% de la población carcelaria en todo el país.

Si bien es una problemática con una fuerte impronta masculina, el informe evolucionó y se complejizó a lo largo de los años en base a las exigencias políticas de los movimientos y partidos en cada momento histórico, como es el enfoque desde una perspectiva feminista, que generó que se empezaran a registrar en un apartado los casos de violencia estatal imbricada con la violencia machista y patriarcal. Desde 1992 a la fecha, se registran 647 casos de mujeres, travestis y mujeres trans asesinadas por el aparato represivo estatal, de los cuales 381 fueron, además, femicidios, travesticidios o transfemicidios, respectivamente. De esos 381 casos, el 87% fueron cometidos intrafuerza de seguridad o por alguien del entorno familiar.

El encierro es una doble condena

A las condiciones de vida inhumanas que hay en las cárceles, comisarías y lugares de detención, enormemente empeoradas por lo sobrepasado que se encuentra el servicio penitenciario (según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la sobrepoblación actual en la provincia de Buenos Aires es del 137%), hay que sumar la enorme cantidad de muertes bajo custodia, que representan la mitad del total de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad desde 1983 a la fecha.

En las cárceles federales, con capacidad para 12 mil personas, hay más de 14 mil presxs, mientras que en las cárceles bonaerenses hay más de 50 mil, cuando la capacidad instalada apenas supera los 30 mil lugares. Estos datos se desprenden del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

Santiago Maldonado

Uno de los concurrentes a la presentación del informe fue Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, el joven artesano anarquista desaparecido durante más de dos meses en el marco de una represión de la Gendarmería a integrantes de una comunidad mapuche en la Patagonia, que apareció muerto en el Río Chubut el 17 de octubre de 2017. La causa que investiga los hechos que llevaron a la muerte de Santiago estuvo plagada de obstrucciones tanto del Poder Judicial como de las fuerzas de seguridad intervinientes, así como del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Poder Ejecutivo. Aún hoy hay muchas preguntas sin responder y la familia de Santiago sigue luchando por esclarecer cómo murió.

En diálogo con Marcha, Sergio explicó por qué decidió acompañar la presentación del Informe: “También estuve participando el año pasado, porque no es que haya que dejar de venir porque cambió el gobierno, todo lo contrario. Acá debería haber gente que está en el nuevo gobierno y que estuvo acompañando en años anteriores”. En relación a las estadísticas que se desprenden del archivo, Sergio valoró que “no puede ser que maten un pibe cada 19 horas, hay que exigirle al nuevo gobierno que esto pare. Quisiera ser optimista y decir que no haya ninguno más, pero la realidad es que va a seguir habiendo por ahora pero por lo menos que vayan bajando”.

Sergio valoró que en el discurso de asunción de Alberto Fernández se mencionara tantas veces la frase Nunca Más, aunque considera que hay que seguir presionando gobierne quien gobierne. “A la tarde la nueva Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana, repitiendo la misma frase que Patricia Bullrich, así que la verdad que hasta ahora no veo ningún cambio. Van muy pocos días de gobierno, lo sé, pero ya hay que empezar a marcar esas similitudes porque no quiero que pase lo mismo que pasó en estos cuatro años de macrismo”.

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Por Vivian Palmbaum / Foto Andar Agencia http://www.andaragencia.org/

María es la compañera de un detenido cuya sentencia es equivalente a la mayoría de edad: 18 años. Ella asiste regularmente a visitar a su compañero que está alojado en ese penal, que tal como ella nos cuenta, “es muy viejo, está abandonado y no tiene mantenimiento”.

La unidad penal de Sierra Chica está ubicada en la Provincia de Buenos Aires. Tiene régimen cerrado y una población que está cercana a las dos mil personas. De este complejo además dependen las unidades penitenciarias 2, 38 y 27 (todas de Sierra Chica) y la Unidad 17 de Urdampilleta, que así duplica la cantidad de personas detenidas.

“Acá los techos se caen a pedazos, se llueve por todos lados, hay filtración por pérdidas de agua por todos lados, a veces no tienen luz y tampoco agua”, nos contó María. A esta compleja situación edilicia se agrega la cantidad de personas que deben albergarse allí y que se reproduce en las distintas unidades penitenciarias del país, y que obligó a las y los detenidos a realizar una medida de protesta. Son situaciones cotidianas y se reflejan en esta entrevista a una familiar de un detenido en Sierra Chica, provincia de Buenos Aires.

“Hay que darle la oportunidad al preso”

“La sobrepoblación hace que en una celda a lo mejor haya tres o cuatro personas amontonadas”, contó María. “Imagínense, unas celdas muy chiquitas se prestan para cualquier situación de roce o problemas para peleas, más allá del hambre y la falta de medicación”, avanzó. Una situación que fue relevada por los organismos de Derechos Humanos y hasta la misma Defensoría de la provincia de Buenos Aires afirma que el número de colchones para las y los detenidos es inferior a la cantidad de personas alojadas.

María tiene mucho coraje y está decidida a acompañar. Por eso, con un tono enfático pero tranquilo narró: “la situación de los detenidos en Sierra Chica es muy mala, porque hay sobrepoblación y no hay abastecimiento de nada, para la cantidad de gente que hay. Si bien esto viene pasando hace mucho tiempo, hoy la situación es peor, ya no alcanza para darles de comer. No hay medicamentos, no hay nada de nada. La situación es muy fea”.

Ella conoce las condiciones cotidianas de habitabilidad, “es asqueroso cómo se vive; conviven con ratas, cucarachas, con las chinches, pulgas y lo que se puedan imaginar.

En las actuales condiciones de detención las cárceles se parecen más a un espacio para el tormento que a otra cosa. María hace muchos años reflexiona casi en soledad sobre la vida carcelaria: “hay que darle la oportunidad al preso para que estudie, trabaje, tratarlo como humano, que vean que no solo la vida delictiva es la que existe y se puede vivir de otra manera. Pero si los encerramos, los privamos de su libertad y encima se los tortura años, pregunto, ¿cómo pretenden de que ese ser humano se reinserte en la sociedad, que salga con cariño amor y paz? Esto no es de ahora, hace años y años que es así”.

“El tema de los buzones o celdas de castigo es escalofriante, es inhumano como los tienen”, explicó María. Además afirmó, “que cumplan su condena porque delinquieron, pero las cárceles deben estar aptas para reinsertar a la sociedad, porque de lo contrario salen peor de lo que entran”. “La sociedad muchas veces no comprende la situación personal de lo que se vive en un encierro. No pueden pretender que no vuelvan a delinquir”.

Juzgados, condenados y olvidados

Con su experiencia, María también nos contó que “a nivel juzgado no hay beneficio, hay un montón de gente que está para un beneficio y no llegan, como es el caso de mi compañero que está con una condena de 18 años, lleva 16, le quedan dos años para irse y el beneficio todavía no le ha llegado”. “La situación es muy triste. Es como que nadie nos ve acá en Sierra Chica, la gente del Comité de la Memoria, de DD.HH. suelen venir pero las cosas aquí siguen igual”.

Para terminar nos contó: “acá ya se levantó la huelga de hambre, fue en forma pacífica. Ahora pueden venir las represalias como los traslados compulsivos pero hasta ahora la situación estuvo tranquila”. “Esperemos que con estas huelgas, pidiendo por sus derechos, nos escuchen y la situación cambie”. Es una luz de esperanza que propone María y una demanda de justicia social para las y los detenidos en las cárceles de todo el país.

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Por Redacción Marcha

En las cárceles de nuestro país y el mundo los asesinatos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes son sistemáticos. Sin embargo, ante la asunción de un nuevo gobierno que promete retomar la senda de cumplimiento de la perspectiva de Derechos Humanos, las demandas se renuevan. Y se transforman en un grito que traspasa muros.

Desde el 5 de diciembre, miles de personas alojadas en varias unidades penales están en huelga de hambre en reclamo de que se investiguen y sancionen estas vulneraciones a los Derechos Humanos. La privación de la vida, de necesidades básicas y de derechos -como el acceso a la salud, la educación y el trabajo-, colocan al Estado en el incumplimiento de obligaciones elementales en su tarea de custodia de personas privadas de su libertad.

No es solo el acceso a la justicia o a adecuados patrocinios que terminen con la criminalización de la pobreza como alternativa instalada en el sentido común. La huelga que se lleva adelante exige cuestiones para preservar la vida: alimentación, atención médica y provisión de elementos básicos de higiene; terminar con las condiciones de hacinamiento y las constantes prácticas de tortura y aislamiento; eliminar los traslados compulsivos y el maltrato o vejación a familiares; recuperar el acceso a derechos como la prisión domiciliaria en el caso de mujeres con hijas/ os o del respeto a la identidad travesti o trans.

Una huelga y la lucha por la dignidad

Olmos, Sierra Chica, Junín, Mercedes, Devoto, Ezeiza, Alto Comedero, Santa Fe. Esas son algunas de las cárceles donde sus habitantes se encuentran en huelga de hambre. La medida comenzó el pasado 5 de diciembre con más de 12 mil presxs y hoy continúa con aproximadamente 6 mil. Exigen al gobierno nacional la conformación de mesas de trabajo que contemplen la presencia de las y los delegados de los penales que se encuentran en levantamiento, de sus familiares. Pedido que, de no ser comunicado antes de fin de año se transformará en motines y la huelga general de todxs lxs presxs del país.

El “Colectivo de Familiares de personas privadas de su libertad” acompaña el reclamo de las personas privadas de libertad en huelga y es quien está difundiendo las exigencias que surgen intramuros. Realizaron ayer un acampe frente al Congreso de la Nación y un grupo de ellxs llegó hasta la Casa Rosada donde presentaron ante las nuevas autoridades ejecutivas un petitorio con las exigencias de las y los presos organizados.

Mediante una declaración difundida vía redes sociales y en la que piden la adhesión a diferentes organizaciones, el colectivo exige al Estado argentino que se “cumpla La Ley 2×1” (24.390) que estableció que las personas detenidas preventivamente durante más de dos años, tienen el derecho a compensar la demora del Estado en llevarlas a juicio, computando doble el tiempo en exceso que permanecieron detenidos sin condena y “la Ley Nº 24.660” de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

Reclaman “que se garantice su integridad física y emocional, se brinden con urgencia las prestaciones en salud adecuadas a su condición, a la alimentación, se les garantice el derecho a la educación, a las visitas y el debido proceso”. Exigen además que se “reconozcan sus derechos políticos a la libertad de expresión y al legítimo ejercicio de la protesta social, brindando canales institucionales para hacer oír sus demandas”.

En este contexto, citan el Artículo 18 de la Constitución Nacional, un marco que reglamenta que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. (…) Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.

El colectivo pide, en carácter urgente, “a los órganos de custodia y a todas las instituciones estatales con competencia en la garantía y preservación de sus derechos a adoptar” que se adopten medidas y hagan cesar y reviertan las condiciones denunciadas “en cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país, y que son ley Suprema de la Nación”.

Solicitan además al Congreso Nacional un avance en materia de Legislación Penal que procure “el derecho penal de acto y sea respetuoso de los Derechos Humanos”. El Colectivo afirma que ésta es una lucha por la dignidad que requiere el compromiso por parte de los poderes del Estado pero también de las ONGs y de la sociedad en su conjunto. Resoluciones que deben dar respuesta a problemáticas de corto, mediano y largo plazo.

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Por Melisa Letemendía Foto: Reverdecer coope

Un domingo por mes se realiza la ya tradicional Feria del Productor al Consumidor en Agronomía.  Allí llama la atención un puesto que, en medio  de cactus y huertas portátiles, sostiene un cartel que proclama: “Más tizas, menos balas”. Para contarnos de que se trata hablamos con María Marta Bunge, Coordinadora del Taller Reverdecer, que nos dio detalles sobre esta interesante experiencia.

Educación popular para la libertad

El proyecto comenzó con un grupo de docentes y estudiantes de la Carrera de Jardinería de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) que estaban dando clases de Jardinería en la comunidad de Villa Soldati. María Marta Bunge recuerda que “no encontrábamos bien nuestro lugar en ese momento hasta que un día una persona del INTA nos planteó la necesidad de llevar adelante una huerta en el penal” y agrega que “la idea me gustó y fui a conocer el lugar, una vez que entré a la cárcel, no salí más”. La iniciativa contó con un apoyo inmediato de la Facultad, y así se inicio el trabajo en el 2012. Al año siguiente desde la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria de esa Facultad (CaLiSA-FAUBA)  alojaron esta formación.

La tarea se inició como un gran desafío para quienes la llevaban adelante. Las y los talleristas de Reverdecer, con formación académica tuvieron que adaptarse y transformar los contenidos para que pudieran ser comprendidos por las personas que habitan los contextos de encierro de la cárcel, que en su mayoría no habían finalizado ni la escuela secundaria y en más de la mitad de los casos ni la escuela primaria. Al comienzo relata Bunge “empezamos dando una capacitación resumida similar a la que se dictaba en la Universidad, con materias como fisiología y botánica, que si bien era útil a los chicos y chicas no les llegaba”. Así parece que también las y los talleristas comenzaron a transitar un camino de aprendizaje que fue mutuo,  “también nos fuimos dando cuenta que había un montón de cuestiones relacionadas con la vida carcelaria, fuerzas potentes del sistema que van devastando a la persona: podés no salir del pabellón si dijiste una palabra de más, o una de menos”, nos comparte Bunge.

Con ideas forjadas por fuera del contexto de encierro, explica la coordinadora, “comenzamos pensando que la jardinería sería una salida piola para los pibes que estaban adentro, porque requiere poco capital para empezar y es fácil, pero con el tiempo nos dimos cuenta que los pibes ni siquiera entendían, y nosotros no entendíamos a los pibes. Había un abismo cultural”. Bunge explica que se dieron cuenta que “necesitábamos nosotros formarnos en educación popular primero”. Así fue como comenzaron a leer y formarse con los textos de Paulo Freire que aborda la educación desde la participación, el diálogo y la valorización de los saberes que poseen sectores históricamente oprimidos y que a partir de ello  permite crear lazos de comunidad y confianza a través de los cuales el aprendizaje es un proceso de interdependencia. Señala que “nos resultó muy difícil empezar a entender esa trama perversa, que sitúa en la cárcel una mayoría de gente que viene de barrios vulnerados, o  por qué cuando los países empobrecen y aumentan todos los delitos -tanto de pobres como de ricos-, sólo son condenados por ellos las personas pobres”.

La mirada agroecológica en un sistema contaminado

¿Qué relación hay entre la agroecología, la soberanía alimentaria y la cárcel?

Lo que nos permitió la agroecología fue un abordaje para entendernos como sistema, incluyendo la justicia social y los derechos. Haciendo una analogía, cuando estás haciendo una producción hortícola y encontrás bichos que comen tus plantas, el sistema convencional tira veneno y mata todo: lo bueno y lo malo. No ves la causa de fondo ¿Hay monocultivo? ¿Cómo está el suelo? Acá pasa lo mismo; se trata de personas a las cuales se les vulneraron sus derechos desde la infancia y el sistema los expulsó. Con una mirada agroecológica se intenta ver su contexto, cuáles fueron las condiciones que te llevaron a que actúes así y cómo la persona se fue perdiendo en el camino. Por supuesto que en un contexto de encierro una planta no es nada -hay muchísimas otras cosas que atender-, pero sí es una herramienta que nos permite producir un rescate en esa vida, y aprender de eso. El enfoque como sistema nos permitió también abordar el vínculo personal para interpelar al estudiante, para que aprendiera no solo a hacer su huerta y producir sus alimentos, sino para que encontrara en eso un espacio que resignificara la vida, y la vida propia”.

La alta densidad poblacional en las ciudades disminuye las posibilidades de integración de un gran número de jóvenes, que quedan por fuera del sistema, excluidos y con pocas posibilidades de insertarse y más aún si no hay políticas públicas de contención.

La entrevistada contó respecto a las personas con las que les tocó interactuar que “varios que son hijos, hijas o nietos y nietas de campesinos que migraron a la ciudad buscando un futuro mejor. Pero al llegar, se encontraron con la dificultad de insertarse en el conurbano, donde ya hay mucha gente, más de la que se puede emplear. Hay madres y padres que migraron con el objetivo de mejorar la calidad de vida de su familia, y terminaron con todos sus hijos o hijas presas”.

A partir de este trabajo reflexiona que “la cárcel también es una medida de desigualdad en una sociedad que no da oportunidades y que no ha podido encontrar otra solución que encerrar a los pibes. El encierro no resuelve nada, sólo votos de aquellos que piden más cárcel sin conocerla por adentro. La cárcel es un campo de concentración”.

El modelo de exclusión

Este escenario de carencias y vulnerabilidad está relacionado con el modelo de producción intensiva imperante,  caracterizado por el monocultivo, el agronegocio y la especulación financiera en la producción de alimentos, con ausencia de  políticas a favor de la Soberanía Alimentaria y del derecho humano a la alimentación.

Una dimensión de este complejo panorama basta con observar las cifras oficiales que indican que Argentina produce calorías que podrían alimentar a 440 millones de personas, sin embargo, estas se destinan en su mayoría a la exportación para engorde de ganado y generación de biodiésel. Según los últimos datos de la UCA, el 35% de las y los niños en el país sufre riesgo alimentario, es decir, no tiene asegurado el acceso a alimentos suficientes. Considerando que actualmente la pobreza infantil alcanza al 51%, se puede asegurar que el Estado además de no poder garantizar la alimentación de niñas, niños y adolescentes tampoco cumple con otros derechos básicos como la educación, la vivienda digna, la salud, que acentúan cada vez más la desigualdad y la deuda histórica con esos niños – pronto jóvenes, pronto adultos-, que son y serán condenados a la exclusión por el mismo sistema que luego los castiga.

De taller a cooperativa

El proyecto que comenzó con la participación exclusiva de estudiantes universitarios de la FAUBA fue ganando reconocimiento al participar de la Feria de Agronomía, donde comercializan las plantas, cuyas ganancias se depositan en la cuentas de los presos. Pronto la iniciativa se abrió a toda la comunidad y contó con el interés de sociólogos, una arquitecta que donó la construcción de una escuela de oficios en el penal. Además se interesaron personas de todas las disciplinas,   con o sin estudios, lo que enriqueció la mirada, explica la coordinadora.

Uno de los objetivos es “la inserción laboral para evitar la reincidencia; por eso la Facultad siempre emitió los certificados de las capacitaciones sin mencionar que fueron realizadas en contexto de encierro”.

Los obstáculos con los que se encuentran quienes recuperan su libertad llevaron al taller a dar un paso más, porque “para ellos, conseguir trabajo era difícil ya que en muchos lugares les pedían antecedentes penales para entrar. Entonces surgió la idea de la cooperativa, para que pudieran trabajar cuando salieran”, explica Bunge. Desde el comienzo del gobierno de Cambiemos se modificaron los planes y   el proyecto Reverdecer fue expulsado de los penales por no alinearse con las políticas neoliberales de la nueva gestión y por visibilizar el hacinamiento y las torturas que sufren los reclusos.

Las políticas penitenciarias nacionales de la actual gestión Cambiemos fortalecieron otro tipo de educación como la relacionada con prácticas de rugby.

“Estábamos en las Unidades carcelarias N° 47 (Anexos femenino, masculino y Régimen Abierto) y N° 48 de San Martín. Los cursos eran anuales y participaban unos 25 detenidos y/o detenidas por unidad. Ahora estamos sólo en el Instituto de Menores San Martín, de CABA, adonde van 4 personas externas, y en el Centro de Contención Moreno, donde vamos 2 personas. Las y los chicos alojados allí son pocos, y eso dificulta que haya un recambio de estudiantes que puedan participar de la experiencia”.

La Cooperativa que se creó para cumplir con una función social como el trabajo  y  la continuación del vínculo con los ex detenidos aún no se han podido concretar porque “al no estar trabajando dentro de la cárcel es difícil tener personas que se hayan formado con nosotros y vayan saliendo para incorporarse a la cooperativa”, nos cuenta la docente. Sin embargo y a pesar de los obstáculos continúan trabajando; recientemente la FAUBA decidió alojar al proyecto en su Incubadora de Emprendimientos, y le asignó un espacio en el predio de Agronomía por el término de 2 años. Allí están construyendo un invernáculo con ayuda voluntaria y afianzando las bases de la flamante asociación.

“Supongo que hasta que termine esta gestión no vamos a poder volver a las cárceles”, se lamenta María Marta que, junto con quienes asumen el compromiso de llevar adelante este taller, lucha porque prevalezca una mirada social sobre la delincuencia, sabiendo que todos somos semilla. Y entendiendo que podemos brotar de nuevo, si tenemos un ambiente favorable.

Contacto: Reverdecer coope

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