Por Félix Meléndez | Foto: @RubenFigueroaDH

Las recuperaciones económicas históricamente desiguales llevarían de nuevo a la migración laboral de El Salvador, Honduras y Guatemala, esto, a pesar de las reducciones actuales de movilidad que fueron anunciadas como logro significativo a comienzos del año 2020. Si persisten los cierres de fronteras, el aumento de la migración conllevará mayores riesgos de protección y potencialmente conducirá a un mayor tráfico, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sobre el impacto que el COVID-19 tendrá en el tráfico transfronterizo a mediano plazo. El 22 de abril, el presidente Trump firmó un decreto para dejar en jaque a la inmigración legal en Estados Unidos, la cual durante varios meses no podrá generar ingresos por lo que dichas restricciones tendrán un impacto significativo en la economía de estos países, en gran medida por la baja en el envío de remesas afectará tanto a la subsistencia del migrante como a la de sus familiares también golpeadas por la cuarentena. 

Un migrante hondureño se refugia en la ciudad de Palenque, Chiapas, a la espera de que pase la pandemia para poder continuar su viaje rumbo al norte. Foto: @RubenFigueroaDH

Desde octubre de 2018 hasta enero de 2020, las caravanas se convirtieron en una modalidad de migración no antes vista, grupos masivos de personas movilizándose por el territorio en el que históricamente migrantes han desaparecido, estaban brindando seguridad entre el colectivo y estaban evadiendo el alto precio de contratar a un contrabandista para ayudar a pasar hasta la frontera con los Estados Unidos. A ellos se sumó y visibilizo el drama de los migrantes cubanos, africanos y del medio oriente quienes también están recorriendo el territorio con el mismo objetivo.

Tradicionalmente, las movilizaciones en América Central se han caracterizado por un flujo de sur a norte, siendo los principales expulsores de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, esto basado en las tasas de retorno, de enero a marzo de 2020. 44.228 migrantes fueron devueltos a sus países según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de los cuales el 13% eran salvadoreños, el 48% eran guatemaltecos y el 39% eran hondureños. Esta cantidad es explicada por los procesos experimentados de retornos voluntarios, deportaciones y detenciones en la frontera sur de México con Guatemala, sitio que desde hace 2 años ha reflejado una transición gradual hacia el recrudecimiento de los controles migratorios en dicho enclave estratégico. Activistas, organizaciones de derechos humanos y periodistas han denunciado repetidamente que tanto la frontera Hidalgo como la frontera del Ceibo se convirtieron en el nuevo muro migratorio, hecho que quedo ampliamente documentado entre enero y febrero con la contención de la última caravana de migrantes que intentó avanzar en territorio mexicano.

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, vigilan la frontera con México, que permanece cerrada para todo el paso de extranjeros. Foto: @RubenFigueroaDH

Con la llegada del brote de COVID-19 en la zona, los flujos migratorios, las necesidades y las vulnerabilidades de los migrantes cambiaron drásticamente durante los primeros días de marzo cuando se cerraron las fronteras como medida preventiva contra la propagación del virus provocando que las deportaciones pararan. Los grupos reducidos de migrantes en tránsito comenzaron a tomar nuevos puntos ciegos para pasar a Guatemala y México, quedando varados en las fronteras y sin oportunidad de llegar a los refugios para obtener albergue debido a los riesgos de contagio.  

A finales de marzo, los gobiernos de México y Estados Unidos volvieron a abrir los procesos de deportación a Guatemala y Honduras, el retorno promedio aumentó un alto número de los migrantes que regresaron por vía aérea y terrestre, un promedio de 10,408 migrantes fueron retornados a sus países, los cuales no estaban preparados adecuadamente con protocolos epidemiológicos, de bioseguridad y menos con la información sospechas de infección de posibles casos de COVID-19. Desde entonces se sabe que hay más de 10,000 personas expulsadas, muchas de ellas, es importante valorar, se encontraban en proceso de petición de asilo, por lo que sus derechos migratorios fueron violentados al haber sido llevados sin permisos judiciales a centros de detención, en un claro abuso de autoridad aprovechando el contexto de la enfermedad.

Un niño migrante salvadoreño que viaja con sus padres, aguarda en una caseta del INM, frente a la estación migratoria de Tenosique, luego de sobrevivir a un motín e incendio provocado por migrantes por el temor a contagiarse de Covid-19. Foto: @RubenFigueroaDH

En este contexto del fenómeno migratorio en tiempo de pandemia, El Salvador comenzaría a brillar con luz propia al ser el primer país en Latinoamérica en implementar medidas de prevención contra el virus al decretar emergencia nacional, activando protocolos como el cierre de sus fronteras, el distanciamiento social y la cuarentena. Con respecto a las posibles deportaciones, el mensaje oficial era claro, El Salvador no dejaría entrar fácilmente a ciudadanos salvadoreños que proviniesen de países con sospecha de estar infectados, argumentando en su momento que los viajeros podrían infectar a la población y saturar al deteriorado sistema de salud

En días posteriores, reportes de denuncias ciudadanas y grupos en redes sociales reflejaron un drama no esperado, un aproximado de 4000 salvadoreños/as quedaron varados en muchas partes del mundo, exigiendo a su gobierno el derecho constitucional a regresar a su territorio, una paradoja muy sarcástica para un país acostumbrado a expulsar a sus ciudadanos. A diferencia de México, Guatemala y otros países vecinos que ejecutaron planes de retorno de connacionales, El Salvador se mantuvo con el discurso ambiguo de mostrar apoyo y compresión, a su vez que les reprochó el hecho de haber salido de viaje, creando un sentimiento de repudio y tachándoles de culpabilidad ante cualquier posible infección masiva a futuro. El 17 de marzo, en un hecho no establecido aún, el presidente Nayib Bukele acusó al gobierno mexicano de permitir la partida de un grupo de salvadoreños supuestamente infectados con Coronavirus desde el Aeropuerto Benito Juárez hacia el Aeropuerto Monseñor Romero de El Salvador, decretando desde entonces el cierre de operaciones de vuelos internacionales.

Entre abril y mayo, El Salvador anunció vuelos procedentes de Estados Unidos, en este caso la sorpresa se dio cuando se tildó de “retornados” a los migrantes que están siendo deportados en dicho periodo, desviando el foco de atención de los vuelos de deportación definiéndolos como vuelos humanitarios ante la mirada pública. En este proceso, el retorno de los varados ha ido movilizándose lentamente, muchos/as siguen a casi tres meses sin encontrar una respuesta de la fecha de regreso.

En países como Guatemala y Honduras, los vuelos de deportados de los Estados Unidos han ido incrementado y con ellos los protocolos de salud, sin embargo, los primeros vuelos de regreso incluyeron a migrantes retornados sin pruebas de COVID19, como lo confirma la muerte de dos centroamericanos que esperaban la deportación en centros de detención, un salvadoreño de 57 años fallecido el 6 de mayo en California y un guatemalteco de 34 años el 24 de mayo en Georgia. Expertos aseguran que el verdadero problema de la pandemia será el “retorno voluntario” de migrantes cansados de esperar en refugios o los derrotados ante la burocracia migratoria, que decidirán moverse a sus lugares de origen. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Guatemala ha denunciado en el municipio de Nentón del departamento de Huehuetenango y en la frontera de Gracias a Dios entre Guatemala y México, una cantidad indeterminada de migrantes que estarían pagando para pasar por puntos ciegos para evitar las cuarentenas y protocolos de salud que muchos consideran carcelarias. En Honduras está ocurriendo actos de represión ante el paso de inmigrantes procedentes de Angola, Cuba, Costa de Marfil, Haití, Ghana y Guinea quienes cruzaron sin ninguna resistencia desde la frontera Nicaragüense. La necesidad de albergue y la cuarentena les dejó varados desde marzo pasado en la ciudad de Choluteca, esto les llevo a movilizarse y a ser el primer grupo humano visible durante la pandemia que busca llegar a México para pedir protección y asilo, dejando en evidencia el drama humano de la inmigración, proceso que ante los cambios globales está lejos de disminuir.  

Por ahora se han establecido centros de aislamiento para migrantes. Guatemala, por ejemplo, realiza las pruebas de COVID-19 a todos los migrantes que regresan por tierra, sin embargo, las necesidades humanitarias evidentemente están aumentando. Honduras ha reportado 22 mil deportados procedentes entre Estados Unidos y México que entraron al protocolo de cuarentena  Mientras El Salvador, si bien tuvo un trato adecuado en el protocolo de recepción durante los primeros días, la creciente cantidad de deportados provocó que se habilitaran lugares nada adecuados para ser calificados como sitios de cuarentena, en algunos casos se habilitaron centros educativos donde fueron abandonados a la intemperie. Podríamos definir que estos movimientos masivos de población repatriada representan un riesgo para los gobiernos locales por el pésimo manejo de recursos que tiende a hacerse en la región, porque su presencia aumenta las necesidades y vulnerabilidades específicas que en su mayoría no logran ser atendidas. A medida que los migrantes se logren recuperar, nuevamente se verán obligados a enfrentar a los factores que los obligaron a tomar la ruta migratoria: la violencia representada por las pandillas, la falta de medios de supervivencia, el costo de la vida y la pobreza siguen siendo las brechas humanitarias que siguen estando tangibles. La consecuencia del retorno siempre ha sido un factor psicológico importante, pero ahora debemos agregar los temores de contagio de COVID-19 y la confrontación con los procesos de aislamiento.

En América Central, como en gran parte del mundo, las cosas probablemente empeorarán antes de mejorar. La región está históricamente vinculada a los Estados Unidos a través de un elaborado circuito de migración, viajes e intercambio. En el contexto de esta pandemia mundial, nos queda pendiente la interrogante sobre qué ocurrirá luego que los gobiernos logren bajar la curva. Las barreras estructurales que inhiben la mitigación de crisis humana a posterior, serán los mejores indicadores para predecir un futuro marcado a repetir los mismos círculos viciosos de expulsión del pasado marcadas por tragedias naturales e inestabilidad política traducidas en más pobreza y miseria.

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Por Hilary Goodfriend / Foto Félix Meléndez  

Podemos entender los nuevos instrumentos de externalización del control migratorio implementados por el Estado imperialista norteamericano como elementos de una reconfiguración del patrón migratorio que estructura el movimiento de fuerza de trabajo entre Mesoamérica y Estados Unidos. La deportación masiva y la externalización del control migratorio hacia México y Centroamérica emergen como una respuesta oficial represiva de Estados Unidos frente la crisis, en función de las nuevas exigencias de la acumulación de ese país.

Patrón neoliberal

El término “patrón migratorio” se usa para destacar la articulación de flujos migratorios con el patrón de acumulación vigente. Podemos identificar tres grandes patrones migratorios: las migraciones “clásicas” del siglo XIX-principios del siglo XX, las migraciones en el fordismo y la sustitución de importaciones (1945-1970), y las migraciones en el neoliberalismo, de (1980-2009). (Aragonés y Salgado, 2014).

La reestructuración productiva que inicia a partir de la crisis de los ‘70 termina instalando lo que Harvey (1998) denomina el régimen de acumulación flexible y lo que se suele identificar como el neoliberalismo. Frente la relativa estabilidad lograda por el delicado acuerdo entre clases establecido en el fordismo, la acumulación flexible se caracteriza por la inseguridad, informalidad y desterritorialización del capital y de los procesos productivos. La reestructuración productiva es esencialmente una contraofensiva del capital, un proyecto de clase que busca restaurar la rentabilidad a través de la desvaloración de la fuerza de trabajo a nivel mundial, liderado por el capital financiero estadounidense. Implica la implementación antidemocrática del ajuste estructural y el desplazamiento de cadenas internacionales de producción que coloca los segmentos más intensivos en mano de obra y con menor desarrollo tecnológico en las economías dependientes, así reproduciendo las relaciones históricas de subordinación.

En el caso de las economías mesoamericanas, caribeñas y Estados Unidos, no se trata de una dinámica unilateral. Roldán (2013) caracteriza a la relación migratoria que emerge después de la reestructuración productiva como una de “complementariedad subordinada” (p. 123). Este patrón migratorio resulta, efectivamente, en un mecanismo para la continuación de las relaciones históricas de dependencia que han determinado el desarrollo latinoamericano desde su inserción en el mercado capitalista global.

La expulsión de la fuerza de trabajo, tanto directa como indirecta, desde las economías dependientes contribuyó al desarrollo de las economías imperialistas en su proceso de desindustrialización. Con la financiarización y el desplazamiento de la manufactura hacia los países dependientes, se expande el sector de servicios en las economías del centro. Estos trabajos en el sector terciario son demandantes de fuerza de trabajo y exigen poca calificación. Son empleos feminizados, mal remunerados y flexibles; ofrecen pocas oportunidades para ascenso y escasas prestaciones sociales.

La inserción subordinada de la fuerza de trabajo migrante en  sectores precarizados de las economías centrales se ha garantizado a través de su criminalización. El endurecimiento progresivo de las políticas migratorias a partir de la década de 1980 ha producido una población de trabajadores y trabajadoras sin estatus migratorio regular. Como demuestra De Genova (2013), la construcción de la “ilegalidad” como categoría jurídica no busca excluir a las y los trabajadores migrantes, sino que sirve para facilitar su inserción desigual en el mercado laboral norteamericano. En este contexto, la amenaza de la deportación opera como un mecanismo de disciplinamiento que pone a los y las trabajadoras en condiciones laborales cada vez menos favorables, contribuyendo a la desvalorización de su fuerza de trabajo.

Además de contribuir a la acumulación en las economías del centro, las y los trabajadores migrantes también son claves para sostener las economías precarias de sus países de origen. Por una parte, la migración masiva sirve como una válvula de escape para la creciente presión del desempleo. Por otra parte, el envío de remesas salariales, principalmente destinadas al consumo familiar, es clave para suplementar a los bajos ingresos de las familias en las economías dependientes—especialmente en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica. En 2017, las remesas familiares constituyeron el 11.2% del PIB en Guatemala, 18.8% el PIB en Honduras, y 20.4% del PIB en El Salvador (Migration Policy Institute, 2019). En este sentido, el patrón migratorio neoliberal ha sido clave para sostener el desarrollo desigual de la región.

Reconfiguración

¿Cómo entender, entonces, las nuevas medidas represivas contra las personas que migran? Parece que vivimos un momento de transición entre patrones migratorios, provocada por la desestabilización del régimen de acumulación neoliberal. Bajo el patrón anterior, el sistema de control y disciplina migratorio racializado que se va construyendo a partir de la década de 1980 en Estados Unidos ha servido más para insertar y explotar a los y las migrantes en el mercado laboral estadounidense, en condiciones desiguales, y no tanto para expulsarlos.

Sin embargo, la crisis de 2007-2009 puso en cuestionamiento el patrón migratorio neoliberal. De un patrón caracterizado por la deportabilidad, emerge la deportación masiva, cuyo objetivo es expulsar la sobrepoblación relativa, racializada y migrante hacia la periferia.

Así es que de 246,431 deportaciones en 2005, Estados Unidos expulsó 432,448 personas en 2013. (Office of Immigration Statistics, 2019). Este aumento ha sido acompañado por la multiplicación de mecanismos de control y de detención, como programas que obligan que migrantes indocumentados detenidos por la policía local sean transferidos a las autoridades migratorias. La reducción posterior en las cifras de deportaciones se debe en particular a la externalización de los controles migratorios a México que se da a partir de 2014.  Podemos ver también, bajo el gobierno de Trump, un incremento en el control “interior”, es decir, un aumento en las personas detenidas y deportadas desde el interior del país, muchas veces personas de larga residencia en Estados Unidos. (U.S. Customs and Immigration Enforecement, 2018).

Junto con la deportación masiva, se han implementado una serie de medidas para impedir la llegada de migrantes irregulares y solicitantes de asilo a la frontera estadounidense. La Iniciativa Mérida de 2008 impulsó una creciente militarización de las fronteras mexicanas, seguido por Plan Frontera Sur en 2014. En ese contexto, México llegó a deportar a más centroamericanos y centroamericanas que Estados Unidos desde 2015. De hecho, de todas las personas  centroamericanas retornadas desde Estados Unidos y México en 2016, México fue responsable por el 63.9% (Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triangulo Norte, 2019).

A partir de 2017, el gobierno de Trump intensificó la externalización de la frontera estadounidense, con acuerdos de “Tercer País Seguro” con Guatemala, Honduras, y El Salvador—una burla total de la ley internacional—y el financiamiento de patrullas fronterizas en esos países. También hemos visto la imposición del programa de “Quédate en México” y la dramática restricción de los criterios para el asilo, que efectivamente excluyen a casi todo solicitante que no sea de origen mexicano de pedir asilo en la frontera con México. Son más de 50,000 migrantes que ya lograron conseguir su cita de audiencia para solicitar asilo en Estados Unidos y que han sido devueltos a México para esperar esa fecha—y sus casos están en peligro hoy por las nuevas restricciones (García, 2019). A esto agregamos la construcción de kilómetros adicionales del muro fronterizo, y las políticas de detención y separación de las familias migrantes en Estados Unidos, que desde 2017 han separado a más de 5,400 niños y niñas de sus familias (Spagat, 2019).

El gobierno mexicano, por su parte, comenzó a gestionar la inserción de migrantes centroamericanxs en la industria maquiladora en las ciudades fronterizas (Ebner y Crossa, 2019). En septiembre, México había detenido más de 108,000 migrantes en lo que iba del año (Sin fronteras, 2019).

Ahora bien, sabemos que muchas de las medidas impuestas por Trump ocurren en una coyuntura electoral—las amenazas de aranceles contra México, el lema del muro (“Build the Wall!), todos forman parte de su campaña para la re-elección en 2020. Sin embargo, estas iniciativas son la expresión más extrema de una tendencia ya establecida, y corresponden a condiciones estructurales muchas más profundas, como evidencian los cambios que se percibe en los flujos migratorios que hoy entran a Estados Unidos.

De un flujo de migración protagonizado por la fuerza de trabajo precarizada e indocumentada, liderada por México, la migración pos-crisis se caracteriza por una fuerza de trabajo altamente valorizada por el Capital, liderada por Asia. El Migration Policy Institute documenta una reducción en la migración indocumentada, y sostienen que la población de migrantes indocumentadxs—67% de los cuales provienen de Mesoamérica—parece estarse reduciendo. La migración mexicana, que representaba el flujo más grande desde la década de 1970, hoy es superada por las migraciones asiáticas—de China y la India, sobre todo, que cuentan con mayores índices de estudios universitarios (Zong et al 2019). De hecho, la migración mexicana presenta hoy la reducción más grande: de constituir el 29.5% de la población migrante en Estados Unidos en 2000, bajó al 25.3% en 2017 (Migration Policy Institute, 2017).

Las migraciones centroamericanas, por su parte, no se han reducido de la misma forma. A partir de 2014, de hecho, se registra mayor migración centroamericana hacia Estados Unidos que mexicana, con la excepción de 2015 (Capps et al, 2019, 1). Sin embargo, estas migraciones centroamericanas—que se volvieron espectáculos políticos y mediáticos a partir de la crisis de niñez no-acompañada de 2014 y las caravanas de 2018 y 2019—tienen un carácter muy distinto de la migración pre-crisis. De migrantes económicos irregulares, principalmente jóvenes solteros, la migración de Honduras, Guatemala, y El Salvador es hoy protagonizada por familias, especialmente mujeres y niñxs, solicitantes de asilo (Capps et al, 2019, 1). Y el gobierno estadounidense está haciendo todo lo posible para imposibilitar su llegada.

Todo esto indica una desestabilización del patrón migratorio neoliberal. Aragonés y Salgado (2014) argumentan que “la política migratoria que impulsa Estados Unidos con la finalidad de resolver sus dificultades estructurales dará lugar a que esos países auxilien a la potencia estadounidense en relación con la economía del conocimiento, lo cual mantendrá la subordinación de los países periféricos en la configuración del nuevo patrón de acumulación” (454). Pero este nuevo patrón está todavía por establecerse.

Incertidumbre

La crisis evidente del neoliberalismo global, tanto su modelo económico como su hegemonía política y cultural, tiene correspondencia en la desestabilización del patrón migratorio que había estructurado el movimiento de fuerza de trabajo desde los países mesoamericanos (y, en menor medida, caribeños) hacía Estados Unidos. El precario equilibrio logrado por el patrón anterior, esa relación dependiente de complementariedad subordinada entre las economías mesoamericanas y la estadounidense, está en crisis, pero lo que todavía no se ha configurada es la salida.

La lucha política, entonces, es más importante que nunca en este momento de inestabilidad, que está costando miles de vidas, y sufrimiento incalculable. Sabemos que las crisis ecológica y económica solo van a seguir desplazando a los más vulnerables, y la estrategia de las élites hoy, liderados por el gran capital estadounidense, es construirse una fortaleza y dejar a las mayorías fuera, laborando en sus industrias externalizadas en la periferia cuando sea posible o simplemente muriendo, sea en las manos del crimen organizado, ahogados en el mar mediterraneo o el Río Bravo, o agotados en el desierto.

Desde Estados Unidos, la lucha por la justicia migratoria crece—los movimientos populares recién lograron la abolición de la detención migratoria privada en el Estado de California. Obviamente es ahí, donde se origina esta ola de represión, que se puede hacer el cambio más importante. Las elecciones que vienen el otro año serán determinantes en ese sentido. La fractura del consenso bipartidario en el tema migratorio—y muchos temas más—es evidente. Por un lado está Trump, y las fuerzas de reacción y defensa del capital que representa; por otro lado tenemos la figura de Bernie Sanders, quien disputa la candidatura demócrata y representa el renacimiento de la izquierda estadounidense, y cuya propuesta migratoria incluye la suspensión total de las deportaciones y la reversión de casi toda política migratoria implementada desde 1996. Esta nueva izquierda tiene todo en su contra, menos el pueblo.

El análisis de la economía política de la migración nos muestra que los flujos migratorios son inseparables de las estructuras internacionales de acumulación del capital. La lucha por la justicia migratoria, tanto para garantizar el libre y seguro movimiento como el derecho de quedarse en casa, implica inevitablemente intervenir en esas estructuras de acumulación, que reproducen de la dependencia económica y la subordinación política de la región frente Estados Unidos.

Aragonés, Ana María, y Salgado, Uberto. (2014). “Nuevo patrón migratorio bajo el contexto de la crisis”. En Aragonés, Ana María, coordinadora. Crisis económica y migración. ¿Impactos temporales o estructurales? Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas. Epub. Pp. 402-459.

Capps, Randy; Meissner, Doris; Ruiz Soto, Ariel G.; Bolter, Jessica; y Pierce, Sarah. (2019). “From Control to Crisis: Changing Trends and Policies Reshaping U.S.-Mexico Border Enforcement.” Migration Policy Institute. Migrationpolicy.org.

De Genova, Nicolas. (2013). “Poder soberano y la ‘nula vida’ de Elvira Arellano”. En Aquino et al

(2013). Desafiando fronteras. Control de movilidad y experiencias migratorias en el context capitalista. Oaxaca: Frontera Press. 165-172.

Delgado Wise, R. y Márquez Covarrubias, H. (2007) “Teoría y práctica de la relación dialéctica entre desarrollo y migración”. Migración y Desarrollo. 9, Pp. 5-25.

Ebner, Nina, y Crossa, Mateo. (2019, 11 octubre). “Maquiladores and the Exploitation of Migrants on the Border”. North American Congress on Latin America (NACLA). Nacla.org.

García, Jesús. (2019, 8 octubre). “Administración Trump captura a casi un millón de inmigrantes en la frontera en 2019 y agradece a México”. El diario. Eldiariony.com.

Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triangulo Norte. (2019). “Retornos”. Organización Internacional para las Migraciones. https://mic.iom.int/webntmi/triangulo-norte/.

Migration Policy Institute. (2019). “Remittance Trends over Time”. Migrationpolicy.org.

Migration Policy Institute. (2017a). “Largest U.S. Immigrant Groups over Time, 1960-Present”. Migrationpolicy.org.

Migration Policy Institute. (2017b). “Countries of Birth for U.S. Immigrants, 1960-Present”. MigrationPolicy.org.

Office of Immigration Statistics (2019). “2017 Yearbook of Immigration Statistics”. Department of Homeland Security. Dhs.gov.

Roldán Dávila, Genoveva. (2013). “La precariedad laboral de los trabajadores migrantes internacionales en la globalización”. En: Roldán Dávila, Genoveva, Coord. La globalización del subdesarrollo en el mundo del trabajo. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas. Pp. 121-166.

Sin Fronteras. (2019, 6 septiembre). “Los costos de ‘frenar’ los flujos migratorios hacia Estados Unidos”. Sinfronteras.org.

Selee, Andrew; Gioguli-Saucedo, Silvia E.; Ruiz Soto, Ariel G.; Masferrer, Claudia. (2019). Invertir en el vecindario. Cambios en los patrones de migración entre México y Estados Unidos y oportunidades para una cooperación sostenible. Washington, D.C.: Migration Policy Institute.

Spagat, Elliot. (2019, 25 octubre). “Tally of children Split at border tops 5,400 in new count”. ABC News. Abcnews.go.com.

US Customs and Immigration Enforcement. (2018). “FY2018 Border Security Metrics Report”. Department of Homeland Security. Dhs.gov.

Zong, Jie; Jeane, Batalova; y Burrows, Micayla. (2019). “Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States”. Migration Policy Institute. MigrationPolicy.org.

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Ante la partida de una nueva Caravana Migrante desde El Salvador, Honduras y Guatemala con destino a México y/o Estados Unidos, el cotidiano de sus protagonistas.

“Me despidieron de mi trabajo como obrero y el jefe nunca me pagó. Por mi edad ya no me contrataban en ningún lado y no tuve de otra que salir de mi casa y apoyar a mi esposa de otra forma. A mis 55 años prefiero arriesgarme a dar esta caminata a quedarme en mi país” menciona un señor mientras se prepara para comenzar el largo trayecto.

Policías vigilan la salida de migrantes en las terminales de autobuses rumbo a Guatemala

Apenas amanece en la plaza principal de San Salvador y las historias de despidos injustificados, malos salarios, de amenazas de pandillas, de personas que pretenden dar un mejor futuro a su familia, de padres que quieren regresar por sus hijos o hijas que fueron dados en adopción, etc, son las voces constantes que se escuchan en el lugar que se ha vuelto el punto de reunión de los migrantes que han partido en 9 caravanas hacia Estados Unidos.

Migrantes Centroamericanos esperan en la aduana fronteriza de Ciudad Hidalgo en México para obtener permiso temporal para quedarse como refugiados (18 de Enero 2019) / Fotografía de Antonio Montes

Las caravanas del año pasado reflejaron el drama humano que se vive en sus países y que les obliga a huir de los principales problemas que les obligan migrar: la imparable pobreza, las injusticias sociales y la violencia desenfrenada provocada por la ampliación de las pandillas en los territorios. La migración irregular proveniente del triángulo norte ha sido constante desde los años 80’s y ha ido la alza desde hace muchos años, también es justo decir que los grupos masivos de migrantes viajando en Caravanas en México acompañados de defensores de derechos humanos para solicitar protección y ayuda humanitaria en la frontera no era un fenómeno nuevo. Lo que las caravanas grandes que partieron de Honduras y luego de El Salvador en octubre del año pasado mostraron, fue la dimensión dramática de las migraciones a nivel global, abriendo el debate de la confrontación tanto de los países expulsores y los receptores entre lo legal y lo moral, entre el humanismo y la manipulación política.

Grupo de migrantes rumbo a la frontera El Salvador – Guatemala

Esta exposición mediática trajo consigo cambios en las dinámicas de paso tanto en la frontera sur, en las rutas de paso y en la frontera norte que ahora comienzan a ser palpables. En Tecún Umán por ejemplo, la ciudad fronteriza que se encuentra dividida por un puente con su vecino México, la entrada constante del flujo de las caravanas ha creado tensión, tanto de los pobladores locales que expresan abiertamente su malestar por la cantidad de migrantes en las áreas públicas, así como también se percibe el malestar de los traficantes de mercadería que ven amenazados sus intereses por la constante presencia de la prensa internacional. Esta reacción bajo ciertas diferencias, ha sido la misma por las ciudades donde están pasando los caravaneros.

Migrantes hondureños en su paso por Guatemala, son ayudados por automovilista para llegar hasta Frontera Sur

Mientras, Estados Unidos mantiene su retórica anti inmigrante de cerrarse ante la posibilidad de ayudar a quienes llevan pruebas que huyen de la violencia, en México “la cuarta transformación” de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado sustancialmente el discurso tradicional de represión a un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos. En el comienzo del año 2019, el Instituto Nacional de Migración abrió el acostumbrado cerco policial en el puente fronterizo, brindando estatus de protección a más de 13 mil personas entre hondureños y salvadoreños que lo solicitaron en la primera quincena de enero y dando el libre acceso a miles de migrantes que no quisieron acogerse al status para continuar su camino.

Ronal” un joven rapero lidera un grupo de salvadoreños por las carreteras guatemaltecas rumbo a frontera sur.

Según la Secretaria de Relaciones Exteriores “México ha optado por apoyar a los centroamericanos que ingresaron por la frontera sur para documentar su ingreso y facilitar que algunos se inserten en el mercado laboral con un permiso temporal de un año sujeto a renovación y se ha dejado atrás la política de deportar en su territorio a cientos de miles de migrantes”.

Es común encontrarse grupos de personas pasando diariamente el rio Suchiate, frontera natural que divide a Guatemala de México

En contraste a estos cambios, también es cierto afirmar que el actuar de las autoridades del Instituto Nacional de Migración ha sido dudoso, porque las deportaciones han continuado, solo en enero y febrero de 2019 se retornaron a 952 Salvadoreños y a 1,550 hondureños de las caravanas de 2018 según datos de Migración de ambos países. Además las detenciones arbitrarias han sido constates, tanto a defensores/as de derechos humanos, como a personas a identificadas como líderes o han perseguido a los grupos pequeños que decidieron continuar su trayecto hacia Tijuana y Monterrey, basados en información de periodistas independientes que han acompañado los trayectos con los migrantes.

El 18 de enero de 2019, la aduana mexicano en frontera sur fue abierta para dejar pasar a los migrantes que no aceptaron la protección temporal.

En El Salvador, Honduras y Guatemala, la tónica del discurso oficial sigue ensañándose con a los traficantes de personas o “coyotes” como los principales manipuladores de incitar las caravanas, en lugar de combatir los motivos por los que la gente huye. Ni campañas virales, ni las advertencias de las autoridades mostrando los peligros que corren las y los viajeros en México logran amedrentar a los migrantes. Al contrario, son presa fácil de la desinformación en las redes sociales y artículos sin nombre de personas que aseguran que viajar con niños o niñas les dará ciertos privilegios para conseguir la protección, que México sigue dando vía libre por sus tierras para entrar a quienes lo soliciten, o de personas que “amablemente” se ofrecen a adelantarlos por ciertas ciudades por módicas cantidades de dinero. La realidad de fondo sigue siendo la inseguridad y la pobreza como principales motivos para abandonar sus familias y aventurarse a pasar por diversos martirios para llegar a Estados Unidos.

La migración por la ruta que cubre el trayecto del tren conocido como “La Bestia” sigue siendo constante y usada por muchos centroamericanos / Fotografía de Rubén Figueroa

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Sosteniendo que la caravana migrante esconde realidades que exceden la definición de esas dos palabras, nos adentramos en una presentación de ella que se aparta de los flashes informativos y los títulos de impacto mediático. A pesar de su heterogeneidad gentilicia, ¿por qué hondureñas y hondureños se destacan por su número? ¿Qué motiva a miles de centroamericanas y centroamericanos a dejar su lugar de residencia? ¿Por qué la violencia es protagonista tanto en la “largada” como en la “meta” de esta caravana?

La caravana migratoria que se encuentra en la frontera de Estado Unidos no es la primera sino la cuarta que parte del llamado “Triángulo Norte de Centroamérica” compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala, que atraviesa México para poder llegar a Estados Unidos.

Esta peregrinación hacia el “Sueño Americano” implica caminar no menos de 300 kilómetros desde el cruce de la frontera Sur de México hasta Tabasco. Una vez allí podrán acceder, si la suerte los acompaña, al techo de un tren, conocido por su tristemente célebre apodo “La Bestia”, agarrado entre sus vagones, a riesgo de quedarse dormido y caer de él y (con mucha suerte) no debajo de él. En su trajín, y comprendiendo lo complejo de la empresa, los pobladores que habitan a la vera de sus vías, cada vez que lo escuchan llegar, se aproximan al tren para poder darle algo de comida o agua a los “polizontes”.

El padre Alejandro Solalinde es el encargado del albergue “Hermanos en el Camino” en Oxaca, donde se le brinda a los migrantes la estadía durante tres días para que puedan recuperar energías, alimentarse y descansar. En una entrevista del diario La Nación de Costa Rica, explica “Muchos de ellos fueron asaltados y violados. Es lamentable ver cómo les quitan su dinero, pero además los golpean y los hieren. Da una indignación enorme y a la vez es preocupante ver cuánta ceguera hay en el mundo (…) les decimos lo que les va a pasar, que van a separar a los hijos de los papás y a cada uno lo van a aprovechar comercialmente. Si la mamá es joven la van a meter a la trata y explotación sexual, al hombre lo van a obligar al sicariato para que trabaje para el crimen organizado. También a los niños los pueden vender o hay indicios de que también se está dando el tráfico de órganos”.

A pesar de las advertencias del padre, año tras año miles de migrantes se lanzan a la ruta para tratar de conseguir un futuro mejor. Uno que les pueda dar un trabajo digno, un salario decente, pero sobre todo, la posibilidad de escapar de su realidad que los envuelve en violencias que los lastiman desde todos lados. Tal es así, que en un rápido “googleo” de las palabras “Caravana Migratoria” vamos a poder encontrar decenas de artículos cuyo eje se articula alrededor de “la violencia”, cual si fuera una brote de gripe A o algún tipo de epidemia nueva. Pero la pregunta que hay que hacer es: ¿de dónde nace esa violencia?

Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor

Por más que el destino añorado sea el mismo, no se encuentran las mismas motivaciones en este “Triángulo Migratorio”. El caso más resonante es el de Honduras, donde apuntan todos los flashes de los grandes medios como principal aportante a la masa heterogénea de caminantes, pero ¿qué pasa en Honduras?  

La sociedad hondureña es cautiva de una (mala) suerte de violencia endémica, que se apoya en el accionar de grupos organizados en “pandillas” ligadas al narcotráfico, cuyo repertorio va desde delitos menores hasta secuestros, ataques sexuales y asesinatos, que dan forma a un control territorial paraestatal que afecta a todo el país, en especial a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, este escenario es el resultado de una compleja problemática de fondo: la existencia de un Estado “fallido”, cuyo origen se remonta al golpe de estado de junio de 2009 que llevó a la interrupción del gobierno legítimo de Manuel Zelaya, con el apoyo de las grandes corporaciones económicas hondureñas, los medios de comunicación y Estados Unidos. Ese gobierno golpista se consolidó con el triunfo en las elecciones marcadas por el fraude del candidato oficialista, Juan Orlando Hernández Alvarado (popularmente conocido como JOH) en 2014.

Portador de una carrera meteórica nutrida de estudios en el liceo militar y la Universidad Estatal de Nueva York, en 1998 y con tan solo 30 años, JOH ingresó al congreso como diputado del Partido Nacional, en un cargo que mantuvo durante cuatro mandatos consecutivos. Sus vínculos partidarios y con las elites nacionales, le permitió ser parte del Golpe a Zelaya y hacerse de la presidencia del Poder Legislativo en 2010. Una vez allí, sus esfuerzos se vincularon a desarmar la Corte Suprema de Justicia, llevando a renunciar a sus cuatro magistrados y designando otra Corte que responda a sus ambiciones.

JOH es el primer presidente de Honduras en ser reelecto, lo que no responde a un clamor popular, sino al manejo a discreción de ese mismo poder judicial, que unos años más tarde le permitió la modificación de la Carta Magna para poder habilitar la reelección presidencial, algo que  históricamente fue sancionado como inconstitucional en ese país.

Este Estado en descomposición no se ancla sólo en la falta de legitimidad popular que sobrevuela el ciclo de Hernández Alvarado sino también, a mantener como marca de su gestión la falta de políticas y medidas sociales de gobierno, que ejercen una triple violencia hacia hondureñas y hondureños:

En primer lugar, porque garantiza el crecimiento de estos grupos organizados de violencia paraestatal, nutrida de jóvenes que son expulsados hacia la marginalidad e imposibilitados de las mínimas condiciones de vida dignas; en segundo lugar, porque persigue y censura el accionar de movimientos sociales locales que proponen y concretan proyectos populares que incluyen a las olvidadas y los olvidados del sistema, denunciantes del accionar de este Estado expulsivo (ejemplo prohibido de ser olvidado es el asesinato por un sicario en 2016 de Berta Cáceres, activista medioambiental que también lideraba luchas indígenas y feministas); Y por último, en la ausencia de una política migratoria humanitaria, empujando la huida de sus compatriotas hacia una ruta donde pocos salen victoriosos y muchos menos, ilesos.

Del otro lado

Si finalmente logran cruzar la frontera, los migrantes se encuentran con otro problema complejo: Donald Trump.

Desde su arribo a la Casa Blanca, el magnate comenzó a aplicar sus promesas con diversos grados de éxito. La política de prohibir el ingreso para viajeros provenientes de siete países con mayoría musulmana (muchos con visas y permisos de residencia en Estados Unidos), y la construcción de un muro que proteja la frontera de la entrada de quienes “traen droga, crímenes y son violadores”, fueron medidas bloqueadas por el Congreso o el sistema judicial, quedando hasta el momento en stand by.

Sin embargo, la política de separar a los menores de edad de sus familiares con los que llegan a la frontera como medida para desalentar la “migración ilegal”, así como el cuestionamiento y endurecimiento de la política para solicitar asilo, se mantienen vigentes y ponen en peligro a la caravana.

En este marco, el destino migrante se divide en dos: Si logran entrar, estarán expuestos a la posibilidad de ser deportados, pasar tiempo en la cárcel o incluso sufrir violencia racista de parte de la población, envalentonada por el discurso xenófobo de Trump. Y en caso de fracasar, la precariedad de su situación en la frontera los hace blanco de más violencia, tanto estatal como criminal.

Esta situación, utilizada como punto de discusión durante las recientes elecciones de medio término, ha llevado a muchos a hablar de una “crisis humanitaria” provocada por Estados Unidos, que al día de hoy no tiene una solución a la vista. Luego de ellas, tanto Trump como la prensa estadounidense han dejado de cubrir el tema, no sin antes enviar 5600 efectivos más a la frontera hasta mediados de diciembre para “contener el problema”.

Recientemente, la situación del lado norteamericano de la frontera se ha complicado para los migrantes. A finales de noviembre, la Casa Blanca autorizó a las tropas militares en servicio activo ubicadas a lo largo de la frontera para usar fuerza letal, si lo juzgan necesario. Mientras tanto, presiona a los líderes de la oposición demócrata, que han vuelto a ganar la mayoría en la cámara de representantes, para que se comprometan a apoyar sus propuestas de financiamiento para la construcción del infame muro. Llegando incluso a amenazar en televisión con cerrar las agencias de control fronterizo si no aprueban el financiamiento antes del 21 de diciembre, Trump continúa con su retórica anti migración buscando formas legales de expulsar a asilados que llevan varias décadas viviendo en el país.

Por otro lado, los casos de uso excesivo de fuerza y maltrato se multiplican en la frontera: el 7 de diciembre, una niña guatemalteca de 7 años con signos de deshidratación murió horas después de que ella y su padre fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre México y Estados Unidos. Días antes, un grupo de senadores demócratas reclamó que las autoridades de inmigración publiquen la documentación referida al caso de Roxsana Hernández Rodríguez, una mujer transgénero hondureña de 33 años que murió bajo custodia de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas a principios de año. Cientos de niños que fueron separados de sus familias en junio siguen batallando con las secuelas del trauma que vivieron, mientras varias decenas siguen en los centros de detención, sin poder reunirse con su familia.

Y allá fui por mi “Green card”

Los migrantes se encuentran en un escenario donde paradójicamente, escapar de la violencia los conduce a enfrentarse a un camino donde ésta es moneda de cambio; sin embargo la ilusión de vivir en mejores condiciones lleva a la sociedad hondureña y a sus vecinos, a emprender un viaje cuyo destino se nutre de esperanza y dignidad, aunque se tope con realidades funestas.

Mientras el gobierno de Hernández sigue beneficiando a los ricos y desprotegiendo a los pobres, los principales mandatarios del resto de los países cargan las tintas de violencia hacia sus sociedades con tal de ir horadando el espíritu de los migrantes cuyo único pecado fue aventurarse a buscar un futuro mejor. No obstante, la caravana sigue.

Mientras Trump “reta” por twitter a los presidentes centroamericanos por “no hacer su trabajo” y envía soldados para “preservar el orden”, la caravana sigue.

Mientras los alcaldes de las ciudades de México acusan a los y las migrantes de ladrones, pandilleros, violadores y otros galardones igual de execrables, la caravana sigue.

Mientras la caravana sigue, se abre un tenue reflejo de esperanza con la asunción de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente de México. Las y los migrantes fueron destinatarias/os de sus primeras medidas políticas, aún no aplicadas, que apuntan a la regulación de la caravana y un tratamiento legal, y por sobre todo humanitario, a quienes decidan permanecer en territorio mexicano. Este programa migratorio incluye necesariamente nuevas relaciones entre México y sus pares centroamericanos, a la vez que presagia tensiones entre AMLO y su par estadounidense.

Pero lo cierto es, que mientras todos los implicados en generar una mejora en la vida de la gente, sigan gobernando para unos pocos, aniquilando los salarios y trabajos dignos y profundizando sus políticas que rematan la soberanía nacional, esta caravana, va a seguir.

Porque no hay vallas, ni balas que puedan frenar la lucha de un pueblo por un poco de dignidad. Y porque mientras se la siga privando de ella, no existen muros que puedan detener esta marea.

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A un mes del inicio de la Caravana Migrante, algunas y algunos migrantes,  en Mexico,  pasaron de refugiados a quedar librados a su suerte. 

Ha pasado un mes cuando la primera caravana de migrantes centroamericanos se atrevió a desafiar la frontera sur. En ese momento la única opción viable,  que tuvo el gobierno mexicano para frenar las críticas a nivel internacional, por el carácter represivo con el que defendía la frontera sur, fue  mostrar un lado más humano. Su respuesta fue ofrecer y proporcionar el status de “refugiado” a quienes así lo solicitaran. Muchos y muchas migrantes al escuchar tal oferta, decidieron separarse de los grupos y se formaron para hacer cola en el paso fronterizo.

Ahora su realidad es muy diferente a como la imaginaron: han quedado estancados en la ciudad de Tapachula, primera gran ciudad con la que los migrantes comienzan a materializar el sueño de llegar más arriba. Creyeron en la promesa del Estado mexicano que obtendrían esa protección,  que no tuvieron en su país, creyeron en que tendrían el paso libre para transitar y continuar con su peregrinaje a Estados Unidos, creyeron en la buena fe de un país desconocido que se abría ante las dificultades que habían pasado.

Ahora que el paso de la Caravana se volvió una anécdota, es más común escuchar de las y los centroamericanos que cuentan su historia de abandono, burlas y maltratos. Los más afortunados han logrado recibir algo de ayuda monetaria y hasta han logrado dormir en habitaciones de hotel,  al no haber espacio en los refugios. Deambulan por la ciudad, esperando entender cuál será el siguiente paso a dar: quedarse en la ciudad, tratar de alcanzar a las caravanas por su propia cuenta, buscar trabajo, ahorrar dinero o simplemente dejarse vencer por las autoridades que están haciendo lo posible para que acepten la deportación voluntariamente.

Dunia Maribel Andino tiene 17 años, desde pequeña, abandonó el pueblo del Ocotal, de donde es originaria, y se fue a trabajar a Tegucigalpa como ayudante de cocinera. Se unió a la primera caravana hondureña junto a un grupo de amigos y amigas, con quienes solicitó la protección en México. Jamás se imaginó que pasaría días sin que le aclararan cómo estaría su estatus migratorio, a tal punto que ser menor de edad sin la compañía de algún pariente, le llevó a terminar en el local del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes asumirán su cuidado temporal mientras ella, y otros menores cumplan con la mayoría de edad.

Rigoberto Pineda tiene 52 años y es un señor que ha visto y hecho de todo. En Honduras comenzó a agotar su esperanza de cambio luego que Juan Orlando Hernández se perpetuo en el poder. “Me vine con mi hijo menor en la Caravana. Cuando venimos a la frontera en grupo y ver la presión que hicimos, fue una gran emoción cuando logramos. Lo que nunca me imaginé, es que iba a pasar mis días como que estuviera enjaulado”.

Rigoberto guarda unos viejos billetes de lempiras que se encontró en el único pantalón que conserva. “Mire no vaya a ser el diablo, que se cansen de mí y me envíen de nuevo para allá. Más vale estar prevenido”.

Al no contar con la seguridad de alguna entrada de dinero fijo, los centroamericanos buscan vecindades donde se puedan costear la renta. En estas viviendas residen los más pobres y vulnerados de la ciudad.

Mesa improvisada con materiales abandonados de construcción que centroamericanos han habilitado para usar como cocina temporal.

Centroamericanos esperan firmar el listado que los acredita como solicitantes de ayuda humanitaria, en la esquina contraria a la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Es común encontrarse la camiseta del equipo de futbol hondureño vistiendo a las y los que hacen cola para firmar. “Por andar así, es costumbre que nos griten “Huevones busquen trabajo, regresen a su país” y a mí me dan ganas de contestarle que no saben por lo que he pasado para estar acá y seguir resistiendo estas cosas que no son de dios” expresa un joven hondureño.

Tarjeta especial que brinda la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a las personas que han logrado llenar los requisitos para ser acogidos como refugiados temporales. Dicha tarjeta da el derecho a gastar 3,000 pesos mexicanos al mes (un aproximado de $146 dólares). “La clave es sacar el dinero de un solo, porque si la vas usando varias veces, te bajan con porcentaje que te gana el banco”

Rigoberto Pineda y su hijo Erick Fernando de 17 años. “Este sacrificio que estoy haciendo es por él. A mí que me tiren en cualquier lado, pero él tiene que tener una mejor vida, esa que yo no pude tener”.

Marvin Vivas, disidente político nicaragüense,  logró escapar de la cárcel conocida como el “infiernillo” luego de haber sido acusado de terrorismo junto a líderes campesinos y manifestantes. Llegó días antes que la caravana, pero su situación migratoria es similar a la de miles de centroamericanos que solicitan protección por violencia estructural o política. Ahora se dedica a vender donas en la calle.

Rigoberto pasa sus tardes con la puerta abierta en la vecindad para lograr aguantar el calor que se acumula en el pequeño cuarto.

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Ya van 10 días desde que comenzó la “Caravana Migrante” de Honduras hacia Estados Unidos. Un repaso por la historia de las migraciones en clave caribeña.

En los últimos años, las migraciones hacia Estados Unidos, y recientemente hacia México, de ciudadanos/as del Triángulo Norte Centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), han tenido una fuerte presencia mediática a partir de las abiertas declaraciones xenófobas y las políticas antimigrantes de Trump. Es así como Estados Unidos despliega una agenda frente a una de sus prioridades en materia de seguridad nacional, una política que si bien se agudiza con la llegada de los republicanos al poder, viene recrudeciéndose desde la implementación del Plan Frontera Sur, impulsada por el gobierno de Peña Nieto, a tal punto de convertir a México en el “primer filtro” para frenar la migración centroamericana.

Para entender lo que ocurre actualmente en el Triángulo Norte, es necesario caracterizar los flujos migratorios en estos países. La migración hacia Estados Unidos no es nueva, de hecho, la misma se ha desarrollado constantemente desde la década de los 70. La enorme influencia que el país del norte tiene sobre la región, desplegando su aparato imperialista, hace que sea imposible pensar el fenómeno migratorio en Centroamérica sin las políticas implementadas por Estados Unidos.

Es en la década de los 70 y 80 que los flujos migratorios experimentan un auge, provocadas por la pobreza y los desplazamientos a raíz de las guerras que se vivían en la región, principalmente en El Salvador y Guatemala, y en menor medida en Honduras y Nicaragua. Antes de ese periodo, las migraciones se daban principalmente entre campo y ciudad y entre países con alta densidad demográfica y baja densidad, como es el caso de El Salvador y Honduras, que en 1969 llevarían a cabo uno de los primeros conflictos de la historia reciente que tiene como componente central la cuestión demográfica y la migración.

Con la firma de los acuerdos de paz en los 90, el éxodo hacia el Norte continuó, esta vez mediado por las políticas neoliberales, un tejido social roto y la búsqueda por la reunificación familiar. Durante esa década, Estados Unidos impulsaría una masiva política de deportaciones hacia Centroamérica que configurará años más tarde el nuevo escenario de desplazamientos.

El tránsito irregular por México está caracterizada por los riesgos que implica su realización. Para llegar, las y los migrantes deben atravesar puntos ciegos y lejanos al control de las autoridades de migración, pagando grandes cantidades de dinero a intermediarios conocidos como “coyotes”. Entre los riesgos a los que se ven sometidos se encuentran la extorsión, la trata de personas y el asesinato, como ocurrió durante la Masacre de Tamaulipas en 2010, en donde 72 migrantes, en su mayoría de Centroamérica, fueron secuestrados y asesinados por bandas criminales.

Entre los grupos más vulnerables se encuentran las mujeres, quienes se ven forzadas a utilizar pastillas anticonceptivas conocidas como “la antiméxico”. Según datos del Movimiento Migrante Mesoamericano, 7 de cada 10 mujeres migrantes denunciaron haber sufrido abusos en su tránsito por México. Por otra parte, se encuentran lxs niñxs que viajan sin compañía de su madre o padre. Entre 2013 y 2014, la patrulla fronteriza de Estados Unidos, reportó haber detenido a 46 188 menores de edad.

Fue en el año 2014, en que el gobierno mexicano echó a andar, junto con el gobierno guatemalteco ,el plan “Frontera Sur”, un plan, que según un sitio web oficial del Estado mexicano tiene por objetivo “proteger y salvaguardar los derechos de las personas migrantes” y “ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad en la región”. La palabra “Seguridad” vinculada a la migración nos recuerda a lo que actualmente vivimos en la Argentina con la aprobación del DNU 70/2017: la criminalización de la figura migrante, usada como chivo expiatorio para tapar los baches del sistema capitalista salvaje que se desmorona ante nuestros ojos.

Si bien esta persecución ha existido durante décadas dentro de la política de Estados Unidos para con los países emisores de migrantes, se ha agudizado en los últimos años, una vez que la guerra en Medio Oriente bajó su intensidad y las “barras y las estrellas” volvieron a poner su mirada y sus dólares en la región latinoamericana.

De todas y todos es sabido que el golpe de Estado en Honduras no hubiese sido posible sin la complicidad y aquiescencia del imperialismo estadounidense. En esa línea, la inyección millonaria de capital a los gobiernos mexicanos, guatemaltecos y hondureños, con la excusa de la guerra contra el narcotráfico y para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, fueron válvulas de escape que liberaron fugazmente la tensión que se venía gestando en esos países producto de las profundas desigualdades económicas, que encuentran entre sus consecuencias los atroces índices de inseguridad que se traducen a su vez en el riesgo inminente a morir. En muchos casos, lo que está en juego no es solo la búsqueda por mejor calidad de vida, sino la vida misma.

Galeano, escribió que la “guerra preventiva” es la que brinda las mejores coartadas. Efectivamente, la guerra contra el narcotráfico ha permitido inimaginables medidas de injerencia estadounidense en territorios centroamericanos. Entre los múltiples ejemplos, destacamos la realizada por el equipo estadounidense de asesoría con despliegue en el extranjero (Foreign-deployed Advisory Support Team) cuyos integrantes recibieron entrenamiento militar para combatir a traficantes de drogas vinculados al Talibán en la guerra de Afganistán y que terminaron, casualmente, realizando una masacre en contra del pueblo Hondureño en el año 2012.

La masacre de Ahuas, desde nuestra perspectiva, poco conocida, fue realizada por militares yankees en tierras hondureñas. En el mundo del revés, esto sería considerado, además de una grave violación a los derechos humanos de las víctimas, una gravísima violación a la soberanía y autonomía del pueblo hondureño y repercutiría, mínimamente en una condena internacional, un bloque comercial, una sanción, un algo en contra del país que en definitiva es el responsable del actuar de sus fuerzas militares. Evidentemente, nada de eso pasó y nosotrxs tenemos que darnos por satisfechos de que al menos el New York Times, titulará una de sus notas, con el encabezado de “La DEA mintió sobre la muerte de civiles en 2012”.

El imperialismo siembra terror, violencia, destrucción, muerte. Evidentemente lo mínimo que puede cosechar, además de miseria, es la migración forzada. Paradójicamente es el imperio el primero en criminalizar a la población migrante. Los países “desarrollados” precisamente han logrado su desarrollo o lo han sostenido gracias al subdesarrollo del resto de países y cuando nuestras poblaciones deciden salir en busca de lo que nos han quitado: paz, trabajo, seguridad, salud, educación, felicidad; los grandes imperios levantan muros creyendo que siempre vamos a estar dispuestos a agachar la cabeza. Hay momentos en la historia, pocos o no tantos como nos gustarían, en que finalmente los pueblos, aun en medio de la opresión, logramos vislumbrar con claridad y certeza el rostro del opresor y entonces vamos hacia él, a reclamar y buscar lo que es nuestro.

Migrar no es un delito

La Caravana Migrante, en la que más de cinco mil migrantes de Centroamérica emprendieron el camino hacia Estados Unidos, no es más que una muestra de ello. La Caravana arrancó el lunes 15 de octubre desde la ciudad de San Pedro Sula, una de las dos ciudades más grandes de Honduras, junto con la capital Tegucigalpa, y la que ostenta los mayores índices de violencia. Las razones que motivaron a miles de migrantes a sumarse a la caravana son la inseguridad y la búsqueda por mejores condiciones de vida.

La Caravana arrancó un día después de la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica, con la participación de los gobiernos del Triángulo Norte y de Estados Unidos. En esta conferencia, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, hizo un llamado a los gobiernos centroamericanos a redoblar los esfuerzos para contener la migración.

En su cuenta de Twitter, Trump volvió a arremeter contra los países centroamericanos, a quienes acusó de estar intentando “asaltar Estados Unidos”. Así mismo, amenazó con cortar el financiamiento en proyectos de cooperación internacional si los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, no ponían freno a la caravana. Esta retórica antimigrante, ya característica de Trump, tiene como objetivo final fundamentar el aumento de la securitización de la política migratoria en los países históricamente receptores de migrantes, pero que, como hemos señalado, también se puede observar en relación a las migraciones intrarregionales o Sur – Sur, como las que aplica Macri en Argentina.

A su paso por Guatemala y México, y en contraste con la desidia, las restricciones y la xenofobia de los gobiernos y ciertos sectores medios de la sociedad, lxs migrantes se encontraron con la solidaridad de comunidades, quienes les proveyeron de abrigo, comida y agua, demostrando una vez más que la solidaridad es la ternura de los pueblos, y que es en los pueblos donde descansa la esperanza de una integración regional desde la dignidad. Cientos de kilómetros, calor, frío, hambre, nada de eso ha podido parar el deseo, la fuerza de la esperanza de vivir en condiciones dignas que nos han sido arrebatadas precisamente por quien ahora se escandaliza de que migremos. En este contexto al imperio fácilmente le aplica lo que en su momento dijera Sor Juana Inés de la Cruz, “Hombres necios que acusáis (…) sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.

(*) Integrantes del Movimiento Centroamericano 2 de Marzo

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