Por Capire

No tratar los monopolios de Internet como naturales es el primer paso para luchar por la democratización de ese espacio virtual que usamos para tantas tareas de nuestras vidas. Transformar el modelo de Internet para que sea soberano, comunitario y accesible es fundamental para democratizar la comunicación y construir, desde la lucha colectiva, procesos de comunicación feminista y popular. Invitamos a la periodista Sally Burch a compartir historias y perspectivas sobre la organización popular internacional por la democratización de Internet. Sally nos habló sobre procesos de lucha desde los años 1980 hasta los días actuales. Ella también pone en la mesa los retos para enfrentar las grandes corporaciones digitales y la digitalización del trabajo, las relaciones sociales, la salud y la agricultura.

Sally Burch nació en Inglaterra, donde vivió su juventud. Después, se movió a Canadá, donde estudió periodismo, empezó la militancia en el movimiento feminista y participó de la fundación de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). ALAI fue fundada en 1977 en Canadá por periodistas exiliados por las dictaduras del Cono Sur, y está en funcionamiento hasta hoy, publicando artículos, revistas y demás materiales desde una mirada latinoamericana.

Sally vive en Ecuador desde 1983. Desde inicios de la década de 1990, contribuye para los debates y usos militantes de Internet. Con ALAI, apoyó la creación del primer nodo de correo electrónico en Ecuador, e impulsó el uso del correo electrónico para la articulación entre organizaciones feministas. «Fue un proceso muy interesante, porque fue una primera experiencia de usar las nuevas tecnologías digitales para vincular organizaciones, para que se puedan coordinar y estar mejor informadas sobre lo que estaban haciendo. Las mujeres tomaron liderazgo en eso», evalúa Sally. Actualmente, Sally también forma parte del grupo impulsor de la iniciativa Internet Ciudadana.

¿Nos puedes contar sobre la trayectoria de la organización por la democratización de Internet? ¿Cómo se creó ese proceso a través de los años?

ALAI siempre ha tenido la preocupación de impulsar el derecho y la democratización de la comunicación. Desde inicio de los 1990 hemos venido, con otros medios populares, haciendo un movimiento en torno a eso. Fue, entre otros, lo que permitió generar una campaña mundial en torno a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que logró poner un enfoque de derechos en la cumbre, que se había concebido desde un punto de vista muy tecnológico.

También hemos sido parte del movimiento por derechos de la comunicación en América Latina, con leyes como la de Ecuador mismo, que logró tener en su Constitución la comunicación como un derecho. Con un conjunto de organizaciones, en 2013 se constituyó el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA), en donde ha participado también la Marcha Mundial de las Mujeres. Tenía como ejes la democratización de la comunicación y la integración regional, y sigue funcionando. Desde FCINA, se impulsó hace unos cuatro años la iniciativa Internet Ciudadana.

Si hace veinte años estábamos viendo cómo nos vinculamos y aprovechamos de Internet como factor democratizador de la comunicación, hoy nuestra preocupación es más bien cómo impedir que las tecnologías digitales se vuelvan un factor de privatización de la comunicación, a través de las grandes plataformas. Los espacios donde nos comunicamos, nos organizamos, nos educamos y donde trabajamos están totalmente controlados por esas grandes plataformas corporativas.

La digitalización está transformando todo, no solo la comunicación: está cambiando la política, la forma como nos relacionamos, la ciencia, la salud, la educación y la agricultura.

Respecto a este mundo de censuras, desinformaciones, monopolios y control, hablabas de la dominación de varios sectores de la vida por las grandes corporaciones. ¿Hay agentes específicos que te gustaría identificar?

Los sectores de poder siempre han buscado controlar la comunicación porque es una manera de controlar las mentes y corazones de la gente. Eso lo dicen los propios Estados Unidos, para que no construyamos resistencia a las políticas y al modelo económico que nos afectan. A esos sectores, no les importa la democracia. La democracia les sirve en la medida que permite que haya gente que les de legitimidad, pero no es una democracia real y participativa. Para esos sectores de poder, la democratización de la comunicación es una gran amenaza. Hace 50 años, en la Unesco, surgió la propuesta de reconocer el derecho a la comunicación como un derecho humano. Frente a ello, Estados Unidos y Reino Unido se retiraron de la Unesco porque  lo vieron como algo inadmisible.

Es evidente que quienes tienen mayores recursos económicos tienen mayor capacidad de manipular tanto los espacios mediáticos como los del ciberespacio, con trolls, vigilancia y muchas otras maneras. Muchas veces, eso es para fines políticos, como para incidir en la decisión de las y los votantes, y poco les importa si es con mentiras, con que lleguen a su propósito.

Hoy, más que los gobiernos, los sectores de poder político son las grandes empresas tecnológicas, lo que llamamos GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Sus intereses a veces coinciden con los poderosos gobiernos, de Estados Unidos en particular, pero en el fondo les importa poco lo que nosotros decimos o hacemos en Internet, mientras nos puedan seguir sacando más y más datos, que es la base de su modelo económico. Facebook ha encontrado que el escándalo y el odio en sus plataformas genera más reacciones y, por tanto, más datos. Es un nuevo modelo económico al que algunos llaman capitalismo de vigilancia, y que está buscando moldear nuestro comportamiento.

Y de nuestro lado, cómo ves que se actualiza la relación entre construir comunicación popular y el accionar en Internet? ¿Cómo conectar las luchas y establecer esa relación sin perder las perspectivas críticas?

Haciendo un poquito de historia, a partir de los años 1990 se vio que las nuevas posibilidades que ofrecía Internet para una comunicación de mayor escala y alcance geográfico más barato y accesible podrían dar las condiciones para una efectiva democratización. No solo el movimiento de la comunicación popular y alternativa tomó un nuevo incurso, sino que también muchas organizaciones sociales vieron la importancia de adoptar esa tecnología. De hecho, Internet fue clave para la construcción de movimientos sociales regionales y mundiales –la misma Marcha Mundial de las Mujeres y La Vía Campesina iban teniendo medios de conectarse. Antes, había apenas contactos esporádicos entre las experiencias organizativas de los países.

En eso, fue significativa la conformación de la Minga^[1] Informativa de Movimientos Sociales, a fines del siglo pasado, como espacio para pensar y desarrollar una práctica conjunta. Fue una oportunidad para debatir la comunicación en los movimientos populares. En ese debate, se planteó que hay que pasar de los medios a los fines. Entender que los medios de comunicación no son fines en sí, sino medios para cumplir los fines de la organización.

Eso implica pensar la comunicación desde políticas y estrategias. ¿Cómo incidimos en la disputa de ideas? ¿Con qué discurso? ¿Qué lenguaje? ¿Para llegar a quiénes? Para las mujeres, por ejemplo, ¿cómo colocar el enfoque de género en el debate público? ¿Cómo entender qué es el patriarcado y por qué es importante combatirlo?

La Minga también fue importante por ser una plataforma común, que multiplicaba la visibilidad, y un espacio propio, que controlamos nosotros, por seguridad y autonomía. ¿Pero qué pasa ahora? Gran parte de la comunicación popular se está desplazando a las llamadas redes sociales digitales. Eso ya no es un espacio propio que controlamos. Implica depender de la visibilidad que se nos otorgan las plataformas. Nos obliga a usar las técnicas que nos recetan las especialistas de las redes sociales digitales, y someternos a algoritmos que ni conocemos. Perdemos el control, hacemos una comunicación muy efímera y arriesgamos perder la memoria histórica, perder la capacidad de reflexionar sobre los procesos sociopolíticos. Y, el día en que nuestra lucha se vuelve significativa y ocupa espacio en las redes sociales, nos borran la cuenta.

Desde Internet Ciudadana, lo que estamos proponiendo es que las organizaciones populares exploren el uso de tecnologías libres para sus comunicaciones internas. Son más seguras, más privadas y no nos roban nuestros datos. Pero tampoco debemos descartar que, si logramos hacer conciencia sobre ese control tecnológico, podemos lograr que se vayan estableciendo las plataformas libres también como espacio para la discusión e interacción más amplia.

¿Crees que Internet debe ser un bien común? ¿Cómo podemos llegar a eso?

Internet fue creado con ese carácter de un bien común. Bueno, tuvo nacimiento en el espacio militar, pero fue desarrollado desde la academia y entidades sociales a fines de los años 1980, y después se ha ido desvirtuando por la apropiación empresarial. Es verdad que las empresas tuvieron la capacidad de hacerlo más amigable como tecnología, y eso permitió que se expandiera. Pero hoy se está volviendo un espacio central para la información, la comunicación, la educación y mucho más. Por eso, debe ser considerado un bien público y regido como tal, pero cómo llegar a eso es un reto complejo. Hay algunos antecedentes, como las tierras comunes y el conocimiento, pero lo digital es muy nuevo y responde a otros parámetros.

Pensamos que los datos deben ser considerados por ley como patrimonio de la comunidad que los genera. Y, en el caso de los datos íntimos, deben ser patrimonio individual e inviolable. ¿Cómo lograr leyes en ese sentido? El primer reto es hacer conciencia sobre eso. Abrir un amplio debate social al respecto, y que los pueblos vayan asumiendo: los datos son nuestros, no son de ellos.

En estas luchas por democratizar la comunicación  e Internet, ¿cómo ves los aportes de las mujeres y del feminismo?

En la preparación para la Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, en 1995, junto con muchas organizaciones llevamos la propuesta de que no debemos preocuparnos solo por la imagen de las mujeres en los medios, pues, más que eso, las mujeres deben ser protagonistas de la comunicación. Debemos ser sujetos y no solo objetos de la comunicación.

Las mujeres podemos asumir un liderazgo importante en promover el uso de tecnologías libres, podemos hacer campaña contra los discursos de odio, luchar por nuestros derechos digitales y por Internet como bien común. Necesitamos pensar no sólo en cómo Internet afecta a las mujeres, sino cómo, en tanto mujeres, podemos tener propuestas desde un enfoque feminista, para la sociedad.

¿Las mujeres están más fuertes en la tarea de ser protagonistas en los colectivos de comunicación popular y los medios alternativos?

Creo que sí. El hecho de que ahora, en los últimos veinte años, se ha logrado una convergencia de movimientos sociales –el hecho de que la Marcha Mundial de las Mujeres trabaje muy de cerca con La Vía Campesina, por ejemplo–, hay una mayor permeabilidad de las demandas de un movimiento a otro. En eso también ha contribuido la Campaña Continental contra el ALCA, donde se trabajó mucho entre sectores diferentes. Cuando tenemos esa mayor permeabilidad, facilita que las mujeres asuman mayor liderazgo sobre distintos temas.

Para construir esa agenda internacional y popular para Internet, ¿te parece que el concepto de soberanía tecnológica debe ser fortalecido, así como se construyen las propuestas de soberanía alimentaria o soberanía energética desde los movimientos populares?

Efectivamente, es una de las demandas que planteamos. La soberanía tecnológica tiene un sentido tanto en lo individual, o sea, la soberanía propia, como en lo colectivo. En los países de América Latina –quizás Brasil en algunos momentos, Argentina en otros–, se ha buscado desarrollar una soberanía tecnológica. Cuando planteamos en FCINA el reto de la integración regional, uno de los retos que estábamos planteando es que hay que pensar en soberanía tecnológica, para que no tengamos esa dependencia.

La gran mayoría de las comunicaciones por Internet de América Latina pasan por Estados Unidos. Yo te mando un mensaje y se triangula por Estados Unidos, con vigilancia incluso del servicio de seguridad de allá. Entonces lo mínimo es tener una red de fibra óptica suramericana, para que las comunicaciones se queden dentro de la región, pero ni eso se logró. Necesitamos regular eso y los datos para que la soberanía pueda concretarse. Si no, termina siendo una nueva forma de colonización: una colonización digital.

[1] “Minga” es la palabra que designa la organización colectiva comunitaria en quechua, idioma que hablan los pueblos de la región andina.

*Entrevista conducida por Helena Zelic

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Por Colectivo de Mujeres CONAQ

En 2011, en el IV Encuentro Nacional de la Conaq (Coordinación Nacional para la Articulación de las Comunidades Rurales Negras Quilombolas), en Río de Janeiro, se decidió realizar el I Encuentro Nacional de Mujeres Quilombolas, que tuvo lugar en Brasilia, en 2014. Desde este primer evento, el colectivo ha estado trabajando activamente en las deliberaciones políticas y en las tomas de decisiones relevantes para las mujeres quilombolas dentro del movimiento. En 2015, el movimiento de mujeres quilombolas se fortaleció en sus alianzas con la participación en la coordinación ejecutiva de la Marcha de Mujeres Negras, que se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2015. De 2016 a 2018 se realizaron seis talleres nacionales de mujeres quilombolas contra el racismo, la violencia y por el buen vivir; más de mil mujeres participaron directamente en los talleres. Desde entonces, el colectivo de mujeres de Conaq ha colaborado y reforzado encuentros y actividades de mujeres negras en diferentes localidades del país.

Las mujeres quilombolas han asumido la tarea de establecer un intenso diálogo contra la violencia en los quilombos de Brasil, a partir de sus especificidades y de la coyuntura actual, que hace que esta violencia sea más frecuente y evidente. Nuestra búsqueda es señalar los desafíos de esta lucha, centrándonos sobre todo en las mujeres quilombolas.

No es nuevo que los derechos de las mujeres que luchan con su cuerpo en defensa de sus territorios, sean invisibilizados. Actualmente, vemos la formación de un preocupante escenario de retroceso de los derechos de los pueblos quilombolas, dentro de una ideología conservadora y fascista que ha encontrado ecos a nivel mundial. Esta crisis, que es sobre todo económica, implica aún mayor explotación y violación de la vida de las mujeres quilombolas. En los últimos años hemos observado un aumento de diversas formas de violencia contra ellas: feminicidio, sobrecarga de trabajo, privación de derechos sexuales y reproductivos, y aumento de la informalidad laboral. Este contexto tiende a agravarse con la crisis social reforzada por la pandemia del coronavirus y el paquete de reformas que impulsa el Estado. Pesará injusta y desproporcionadamente sobre las mujeres negras, especialmente las del campo, no solo las consecuencias de la crisis, sino también las soluciones que implementará el Estado para superar los problemas y recuperar la economía.

Lamentablemente, las violencias que sufren las mujeres quilombolas no ha disminuido, al contrario, continúan multiplicándose y diversificándose. La lucha por el territorio desempeña un rol central en la reivindicación de los derechos de los pueblos quilombolas, ya que del territorio depende el ejercicio de varios derechos fundamentales, como el acceso a la educación escolar quilombola, el libre uso y preservación de la sociobiodiversidad, el derecho a la producción agrícola tradicional y el derecho a la cultura.

El liderazgo de las mujeres quilombolas, por su parte, es central en la lucha política por el territorio, puesto que sostiene, protege y desarrolla el principal elemento de sustentación del quilombo: la colectividad.

Es en el contexto de la lucha por el territorio que se produce la violencia contra las defensoras quilombolas, en forma de amenazas explícitas, calumnias y difamaciones, además de intimidaciones a familiares. Estas prácticas de violencia impactan no solo a estas mujeres, individualmente, sino también al colectivo quilombola, ya que pretenden desestabilizar el liderazgo, la comunidad y, en consecuencia, la lucha por los derechos.

En Brasil, existe una estrategia institucional enmascarada de prolongar indefinidamente los procesos de titulación de territorios, asociada a la restricción de recursos presupuestarios. Así, además de impedir el ejercicio de varios derechos directamente relacionados con los territorios, la demora injustificada en el proceso de titulación perpetúa el contexto de violencia al que se ven sometidos los quilombos y sus defensoras.

Es, por tanto, urgente y necesario que se escuche a los quilombos, que sus demandas sean recibidas y que se tomen medidas para respetar los procesos de titulación y los derechos territoriales de los pueblos quilombolas, de lo contrario alimentaremos un ciclo extenso de violencias y vulnerabilidades sociales.

Los crímenes cometidos contra los quilombolas siguen marcados por la impunidad. Sobre todo, los casos de feminicidio son alarmantes. Casos en los que mujeres quilombolas víctimas de violencia tuvieron sus vidas aniquiladas, como Francisca Chagas, quilombola de Joaquim Maria, en el estado de Maranhão, asesinada en 2016, y Maria Trindade, del Quilombo Moju, en Pará, asesinada en 2017, requieren respuesta eficaz y acción rápida del Estado para detener el ciclo de violencia. Las mujeres quilombolas en posiciones de liderazgo han vivido bajo persecución política, amenazas de muerte y juicios criminales ilegítimos destinados a intimidar su lucha. Este es un contexto feroz de violencia con graves consecuencias para la salud física y emocional de las defensoras de derechos humanos quilombolas.

El avance de emprendimientos, obras, proyectos de desarrollo (como puertos y ferrocarriles), la especulación inmobiliaria (construcción de condominios y resorts) en territorios quilombolas y la presencia de personal militar en ciertos quilombos han restringido históricamente el libre ejercicio de derechos.

Hay muchos ejemplos de proyectos que generan conflictos por la propiedad, el acceso a la tierra, el uso y la preservación de los territorios, comprometiendo la autonomía de los quilombos y su supervivencia:

> la instalación de la base espacial Alcântara, la duplicación de la carretera BR 135 y la construcción de una línea eléctrica, afectando varios quilombos en el estado de Maranhão;

> los proyectos para la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en diferentes territorios de quilombos como Kalunga, en Goiás, e Invernada Paiol de Telha, en Paraná;

> proyectos ferroviarios y portuarios, amenazando los quilombos Contente y Barro Velho, en Paulistana, en Piauí (construcción del ferrocarril Transnordestina) y en Santarém, Pará (construcción de puertos en el lago Maicá);

> proyectos de construcción de centrales nucleares en quilombos como Negros de Gilú, Poço dos Cavalos e Ingazeira, en Itacuruba, Pernambuco;

> la expansión de la agroindustria, impactando quilombos como Invernada dos Negros, en Campos, Santa Catarina; proyectos de construcción de proyectos inmobiliarios, como los que han afectado al Quilombo de Mesquita.

También es necesario señalar el impacto de los delitos ambientales cometidos por empresas, como el que sufrieron los quilombolas en la región de Brumadinho, en Minas Gerais, con la ruptura de la represa Vale en enero de 2019.

Esta ofensiva contra los derechos y la vida de las mujeres quilombolas, ya sea por iniciativas del Estado o por el interés de la expansión económica por parte de actores privados, está orquestada por dos conjuntos de violaciones fundamentales de los derechos de los pueblos quilombolas. El primero se deriva de la negación del derecho al título definitivo de propiedad del territorio. El segundo se refiere al incumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos quilombolas, en total desacuerdo con el compromiso asumido por el Estado brasileño en el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989. En este punto, la violación de derechos es cómplice del retraso en la titulación de los territorios quilombolas, de los recortes presupuestarios y de la mala ejecución presupuestaria para asegurar los procesos de titulación, así como de los reordenamientos administrativos que dificultan las políticas de regularización de los quilombos. Cabe señalar aquí los cambios realizados por la Medida Provisional N.° 870/2019 y por la Instrucción Normativa N.° 1/2018 de la Fundación Cultural Palmares, que trata sobre los procesos administrativos de licenciamiento ambiental de obras en comunidades quilombolas.

Son condiciones previas para que las instituciones del Estado reconozcan las mujeres quilombolas como sujetos de derecho:

> medidas gubernamentales para garantizar la protección de las mujeres quilombolas;

> medidas efectivas contra los delitos violentos cometidos contra quilombolas;

> una política eficaz para defender a las mujeres quilombolas contra la violencia doméstica y otras formas de violencia de género;

> medidas efectivas para frenar el discurso racista, especialmente de las autoridades públicas, y el discurso de odio contra los quilombolas;

> garantía de continuidad y celeridad en la titulación de los territorios quilombolas y el derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe de los pueblos quilombolas, con transparencia y acceso a la información.

En defensa de nuestros territorios, de la lucha y de la reivindicación por más visibilidad y derechos, y en defensa de la vida de quilombolas que han sido aniquiladas por todo Brasil, las mujeres quilombolas han actuado en diferentes contextos para afirmar: ¡vidas quilombolas importan!

Este texto fue publicado originalmente en el libro “Mulheres quilombolas: territórios de existências negras femininas”, organizado por Selma dos Santos Dealdina, publicado por la editorial Jandaíra en 2020.

Forman parte del colectivo de mujeres Conaq: Ana Carolina Fernandes, Ana Maria Cruz, Andreia Nazareno, Célia Cristina da Silva, Edna da Paixão Santos, Érica Monteiro, Geisiane Paula Pacheco, Greice Martins, Ingrede Dantas, Isabela da Cruz, Kátia dos Santos Penha, Laura Ferreira, Maria Aparecida Sousa, Maria Rosalina dos Santos, Maria do Socorro Fernandes, Nilce Pontes, Rejane Maria de Oliveira, Sandra Maria da Silva Andrade, Sandra Pereira Braga, Selma dos Santos Dealdina, Vercilene Francisco Dias y Valéria Carneiro.

• Extraído de Capire. Traducido del portugués por Aline Lopes Murillo

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El conflicto por la tierra constituye un eje central en la vida de los pueblos. La tierra es la principal fuente de recursos naturales y el espacio sobre el que ha evolucionado la vida de las sociedades humanas. La conexión con la tierra es una relación objetiva relevante para el desarrollo y la continuidad de nuestras vidas, ya sea esta conexión directa y cotidiana a través del trabajo y la inversión en la tierra, o indirectamente. La conexión con la tierra está presente en los niveles político, económico y social, donde la cuestión de la soberanía territorial ocupa un lugar destacado en los conflictos locales, nacionales e internacionales.

Las potencias capitalistas y coloniales buscan controlar la tierra por todos los medios. Utilizan una variedad de métodos brutales, como las guerras, las masacres, los asedios, las sanciones, las presiones, las bases militares y las políticas económicas dirigidas por carteles capitalistas como el Banco Mundial. Todo ello va acompañado de métodos de control y dominación de los pueblos, que son empobrecidos y transformados en herramientas al servicio de los intereses y ambiciones coloniales y capitalistas.

Por otro lado, la lucha continúa, por una transformación revolucionaria basada en la igualdad, el derecho a la autodeterminación y la soberanía, y la erradicación de todas las formas de opresión y discriminación, por un mundo donde prevalezca la justicia. Obviamente, las mujeres libran esta lucha como compañeras y lideresas, en un momento en el que su padecimiento por diversas formas de persecución y discriminación se ve multiplicado por el poder de las estructuras patriarcales imperantes.

Una historia de la lucha por la tierra

La lucha por la tierra y para poder existir fue el eje principal de la lucha del pueblo palestino contra la colonización sionista. Esa colonización se basó en un método que puede resumirse en una frase: «tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra». Ciertamente, el origen de esa frase se remonta a los objetivos coloniales del movimiento sionista, que se esforzó por apoderarse de las tierras palestinas y desplazar a su pueblo recurriendo a los medios más atroces.

En 1948, el movimiento sionista, con el total apoyo de las potencias coloniales, destruyó más de 500 aldeas palestinas y desplazó a sus habitantes. Fue el responsable de desplazar a la mayoría de los palestinos de sus ciudades y sustituirlos por colonos sionistas. Así se anunció la creación del Estado de Israel en estas tierras. En esta época, en la que más de la mitad del pueblo palestino se convirtió en refugiado, el sionismo siguió adelante con sus planes para completar la colonización de la totalidad de Palestina. En 1967, a través de una nueva guerra colonial, logró ocupar otras tierras árabes: la península del Sinaí, los Altos del Golán y parte de las tierras libanesas. Y continúa hasta hoy realizando operaciones de control de tierras en Cisjordania, instalando asentamientos mediante la ley militar. Esto forma parte de sucesivos planes, siendo el último el plan de anexión, anunciado por el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en 2020, que pretende anexionar a Israel el 33% de Cisjordania.

 Mujeres en marcha

Como parte del pueblo palestino en resistencia, las mujeres palestinas luchan por sus derechos nacionales en sus tierras. Reclaman, sobre todo, el derecho de los refugiados palestinos a regresar a las tierras de las que fueron desplazados, así como el derecho a la soberanía territorial y al acceso a nuestras tierras.

En la realidad colonial en la que vivimos, el ejército de ocupación y los colonos asedian e impiden a miles de agricultores que accedan, cultiven y se beneficien de sus cosechas, que están expuestas a los ataques de los colonos que queman y destruyen sus árboles y cultivos. Las tierras agrícolas de la Franja de Gaza también son objeto de ataques militares israelíes y, además, las autoridades de la ocupación también intentan socavar la capacidad del pueblo palestino de beneficiarse de sus tierras al controlar sus recursos hídricos y robar el agua a las palestinas y palestinos.

Así vemos que la lucha de las mujeres palestinas por la tierra es una lucha para liberarse del colonialismo y la ocupación. De esta manera, ellas constituyen la vanguardia de la resistencia.

[Sumud¹] en la tierra, por su persistencia en cultivarla, beneficiándose de sus cosechas y enfrentándose a los ataques de los colonos. Esto queda patente en el importante papel de las mujeres en el campo, que soportan el peso de la función agrícola.

La relación de las mujeres con la tierra es un eslabón crucial, que constituye la primera línea de defensa de la tierra.

También son quienes se oponen a las empresas que acaparan tierras agrícolas para construir urbanizaciones. Aunque el porcentaje de propiedad de la tierra por parte de las mujeres esté limitado como resultado del legado histórico tradicional, la mayoría de las mujeres conservan la tierra de diferentes maneras. Además, las mujeres se esfuerzan al máximo para proteger la tierra de la contaminación y el vandalismo, dando prioridad al uso de fertilizantes naturales y a la plantación y conservación de semillas nativas frente a las genéticamente modificadas. Se ha incrementado la participación de las mujeres en los comités agrícolas y en la defensa de los derechos de los agricultores, tanto en los comités femeninos como en otros comités agrícolas mixtos.

Las mujeres palestinas siguen luchando por recuperar sus tierras del colonialismo, la ocupación y los asentamientos, en busca de la soberanía de sus tierras y de sus derechos de propiedad.

Samidoun, 2021

¹ Sumudsignifica «firmeza» o «perseverancia inquebrantable». Es un valor cultural palestino, un tema ideológico y una estrategia política que surgió por primera vez entre el pueblo palestino a través de la experiencia de resistencia a raíz durante la Guerra de los Seis Días de 1967. A medida que se desarrolló el término, las palestinas y los palestinos han distinguido entre dos formas principales de sumud. El primero, «sumud estático», es más pasivo y lo define Ibrahim Dhahak como el «mantenimiento de los palestinos en su tierra». La segunda, la «resistencia sumud«, una ideología más dinámica cuyo objetivo es buscar formas de construir organizaciones alternativas para resistir y socavar la ocupación israelí de Palestina. El último símbolo asociado con el concepto de sumud y el sentido palestino de arraigo en la tierra es el olivo, omnipresente en toda Palestina.

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Khitam Saafin es dirigente de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas (UPWC) e integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres. El 2 de noviembre de 2020, Khitam fue sometida a detención administrativa por las fuerzas de ocupación israelíes. En Palestina y en el mundo entero, el movimiento feminista exige su libertad. ¡#FreeKhitam!

Traducido del portugués por Luiza Mançano
Idioma original: árabe

(*) Publicada originalmente por CAPIRE

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