Segunda parte de las conclusiones de las jornadas que apuntan a la Megaminería y el rol de la Universidad Pública, realizadas en La Rioja. En estas líneas, una mirada sobre por qué las asambleas socioambientales chocan contra las políticas de Estado tradicionales.

En la primera parte de esta nota, mencionábamos que uno de los grandes logros de la lucha de las asambleas socioambientales y otros colectivos organizados fue el de mostrarnos formas otras de hacer política. También que los conflictos y tensiones que mantienen con el Estado –incluyendo los estamentos universitarios de gobierno– y con los sectores empresariales pueden ser entendidos como instancias en donde esta condición de lo político es negada, recortada, invisibilizada o reprimida.

En este marco, podemos enumerar distintos momentos o hechos en donde se ha visto afectado este “derecho” o este “poder” de decidir y crear una forma de vida-en-común:

* En el reforzamiento de los mecanismos de disciplinamiento social en clave represiva: con el fin de apaciguar y controlar la conflictividad social, los cuerpos son violentados por medio de golpes, represiones, amenazas, judicializaciones, logrando establecer en muchos casos sistemas de vigilancia sobre las acciones de los sujetos que se oponen a la extracción megaminera. También por medio de intervenciones telefónicas o allanamientos domiciliarios de activistas/luchadores sociales. Por poner solo un ejemplo, en Catamarca en el transcurso de dos años (2010–2012) tenemos un registro de 70 intimidaciones  por medio de imputaciones, detenciones y citaciones a declarar registradas que fueron denunciadas a través de comunicados públicos de parte de los pobladores cercanos a los proyectos extractivos. Por si fuera poco, es necesario nombrar la creación de grupos especiales de tareas que actúan en los territorios donde hay conflicto –y por tanto, política–, como el Kuntur en Catamarca, que tiene dependencia directa del Comando Superior de la Policía de Catamarca; o la Brigada de Acción Operativa (BAO), en la provincia de La Rioja, que ha actuado como fuerza de choque. Registramos en este plano la militarización de los territorios o el uso tercearizado de fuerzas para reprimir las protestas. Esta consecuencia política, ha producido en muchos casos la generación de miedos sociales.

* En el fortalecimiento de instancias y dispositivos institucionales/jurídicos que refuerzan lo que Sacher ha llamado el “mineraloestado”: se trata de  transformaciones en torno a instancias institucionales o legales que fortalecen las áreas/cargos relacionados con el modelo minero extractivo. Algunos ejemplos son la elevación de rango de secretarías a ministerios o la reconfiguración de organigramas estatales en clave minera. En este sentido, llamamos la atención sobre la creación de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), en el año 2012  tras la firma del Acuerdo Federal para el Desarrollo Minero fue realizada en un contexto de fuertes y sucesivas represiones a las luchas socioambientales. De la mano de creación de este tipo de estructuras institucionales se han llevado adelante políticas públicas estratégicas que fomentan ejes en nombre de una “participación ciudadana”, que no hace más que hablar de falsos e incompletas formas de lograr que la comunidad se involucre en la toma de decisiones referidas a los proyectos mineros

* En la deslegitimación de voces críticas a la megaminería que,al pretender inhibir el conflicto, despolitizan a los sujetos que se oponen a los proyectos extractivos, esto es, buscan quitar les su condición política por medio de construcciones discursivas alrededor de la violencia, el desprecio, la mentira, el desconocimiento, el ridículo, la subestimación de saberes locales; o el insulto a miembros de las asambleas y colectivos organizados.  Aquí, la no mención o el silencio respecto de sus acciones son también una forma de despojo político (ningunear el tema, omitir el debate, etc). El despojo de la no respuesta, por ejemplo, que significa no responder a las notas y presentaciones formales realizadas por vecinas y vecinos solicitando información acerca de los proyectos, de los estudios de impacto ambiental, de la cantidad de tierra que ha sido concesionada a proyectos mineros, etc.

* El control de los espacios  sociocomunicativos: y aquí incluimos la circunstancia en la que medios locales son amenazado con la quita de pauta publicitaria local si pronuncian discursos en contra de la minería,  o las interferencias y censura explícita a medios comunitarios radiales; hasta los “incentivos” económicos a periodistas (o directamente a medios de comunicación enteros) a cambio de difundir los supuestos beneficios de la actividad minera para las poblaciones, o bien, a cambio de no difundir las voces críticas al extractivismo. También se han realizado denuncias por parte de estas voces, que forman parte del abanico de violencias lanzadas sobre los territorios y sus poblaciones

* La colonización de espacios de carácter público/común: las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) reforzaron las prácticas asistencialistas en los territorios, en una connivencia entre empresas y gobiernos. Así, de los recursos disuasivos de propaganda minera, dádivas en las localidades cercanas a proyectos, planteamos que la regulación de la seguridad y el bienestar de las vidas humanas se ha visto atravesado por la Nueva Minería, donde ésta se ha hecho presente en todos los aspectos de la vida de los pobladores cercanas a los proyectos, destruyendo los tejidos sociales comunitarios y la confianza entre vecinos.  Estas intervenciones de RSE, se han dado de las más diversas maneras (desde auspicios, donaciones, cartelería) y en los más diversos ámbitos, desde la salud pública, pasando por las escuelas, las fiestas y festivales populares, instituciones deportivas como clubes de fútbol,  y que de una manera u otra, terminan afectando qué y cómo se hace la vida–en–común en ese espacio.

En todos estos momentos o instancias, se produce un verdadero avasallamiento sobre los cuerpos, los territorios y las poblaciones. A lo largo de una historia de más de 20 años del funcionamiento de proyectos megamineros en el país, en estas instancias –y en muchos otras más– se produjeron importantes y gravísimos despojos sobre ese ámbito de lo político no menos devastadoras que las consecuencias ambientales, económicas o culturales ya conocidas – y ampliamente documentadas durante tres días en la ciudad capital de la Provincia en estas Jornadas, en la que poco presencia tuvieron los convencidos de las promesas de la megaminería a pesar de no censurarse su entrada ni su palabra[1].

La universidad pública, y sus ideales de autonomía y servicio a los procesos de emancipación de un pueblo, no está exenta de los impactos de estos despojos políticos. En pos de la aceptación de los fondos, al argumento de la legalidad de los fondos se acoplan los diezmados presupuestos que aquejan por estos tiempos a todo el sistema universitario nacionales, hecho que refuerza la decisión de aceptar el dinero megaminero de La Alumbrera. Aquí, entonces, vale preguntarse: ¿pueden pensarse como dimensiones separadas el problema de la minería a cielo abierto que viene siendo cuestionada por sus consecuencias económicas, sociales, ambientales  y políticas y la aceptación de fondos que provienen de dicha actividad? ¿La universidad –atravesada siempre por problemas sociales y políticas– puede en pos de sus objetivos de generación de conocimiento aceptar fondos de cualquier origen? ¿Qué sucede con los fondos que ingresan a las universidades y que provienen de otras actividades extractivas también fuertemente cuestionadas como el agronegocio de la soja? ¿La aceptación, rechazo o distribución de fondos de este tipo de actividades extractivas conduce a formas autónomas o a formas heterónomas del poder?

Generar diálogos verdaderamente abiertos en este tipo de asuntos públicos es parte de la necesidad de profundizar nuestros parámetros acerca de qué tipo de universidades queremos, hasta dónde son los límites éticos, políticos y sociales a la hora de recibir financiamiento proveniente de regalías del ámbito empresarial y qué implicancias tiene este financiamiento en la generación de conocimientos dentro del ámbito universitario. Las resoluciones de las universidades que ya han rechazado los fondos mineros no son solo antecedentes importantes para las universidades que no lo hicieron aun, sino que permiten reactualizar los argumentos para la aceptación de fondos de otras actividades extractivas ampliamente cuestionadas.

Este debate también convoca a repensar el modelo de universidad pública vigente conjuntamente con la validez del carácter de bien público de los saberes producidos en la universidad y el derecho que tiene la sociedad sobre éstos.

[1] Las distintas intervenciones de las Jornadas están disponibles en https://www.youtube.com/playlist?list=PLvp_gtUqAVKzIZHsRoD-Rne9xTvK2HbRh

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Primera parte de las conclusiones de las jornadas que apuntan a la Megaminería y el rol de la Universidad Pública, realizadas en La Rioja. En estas líneas, las decisiones de las universidades respecto de los fondos y la composición de las luchas socioambientales.

El pasado 1, 2 y 3 de junio se realizaron en la ciudad de La Rioja las “Primeras Jornadas sobre Megaminería, Bienes Comunes y el Rol de la Universidad Pública”, convocadas por la Asamblea Riojana Capital y el Foro Ambiental Universitario (FAU), con el objetivo de abrir un debate abierto, interdisciplinario y plural que instale en la agenda pública, en general, y la agenda universitaria, en particular, la discusión sobre los fondos que provienen de la explotación de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), en la Provincia de Catamarca.

Por la ley nacional 14.771, sancionada en 1958, YMAD debe distribuir parte de sus utilidades entre las universidades nacionales. Si bien la fase de explotación de La Alumbrera comenzó en 1997, la distribución anual de utilidades de YMAD al sistema universitario nacional empezó recién en 2008 y, desde entonces, al menos siete universidades nacionales y más de veinte Facultades han rechazado los fondos.  En la provincia de La Rioja, fue en 2013, durante el contexto de toma de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) que realizaron sus estudiantes cuando este tema apareció fuertemente visibilizado, acompañando a las demandas de autonomía, democracia y calidad académica que se levantaron en ocasión de la toma. En tal contexto, la UNLAR rechazó los fondos de los años 2013, 2014 y 2015.

En una provincia con casi 10 años de lucha y problematización por asamblea y otros colectivos organizados de la actividad extractiva minera a gran escala, la centralidad de estas “Primeras Jornadas sobre Megaminería, Bienes Comunes y el Rol de la Universidad Pública” radicó en la renovada apuesta por denunciar en el espacio público las condiciones complejas de las diversas consecuencias e impactos del avance de proyectos extractivos en la región, en ocasión del debate abierto para la aceptación o rechazo de los fondos de 2016 hacia esta universidad. En un escenario donde las y los representantes de los gobiernos nacionales y provinciales han reforzado su postura de favorecer la explotación minera, el aporte de nuestra intervención en estas Jornadas se orientó a reconocer lo que creemos son consecuencias propiamente políticas de la instalación –posible o de hecho– de proyectos megamineros y de su articulación en el sistema universitario.

Ello supone delimitar, en primer lugar, qué entendemos exactamente cuando decimos “lo político”: es ese ámbito en el que una comunidad decide cómo vivir con otros y otras, y realiza aquello que decidió. Entonces, lo político remite a todas las actividades, espacios, actores, tiempos y mecanismos a través de los cuales decidimos cómo queremos vivir  –o cómo no queremos vivir– con otros y otras. Esta noción de lo político está asociada a una idea positiva del poder en tanto esa posibilidad efectiva de poder tomar esa decisión y de poder contar con los recursos para crear aquello que decidimos. Aquí también aparece una vieja idea de autonomía, de autogobierno, de autodeterminación, de poder sobre nuestras vidas-en-común que amplía ciertamente el difundido reclamo del “derecho a la vida”.

Por supuesto, la definición de cómo, con quién o dónde queremos vivir, no está exenta de conflictos. En una época donde el “diálogo” y el “consenso” se presentan eclipsando los horizontes y las promesas de la vida política en nuestras comunidades, esta posición pretende resaltar que el conflicto y el disenso no son sólo parte integrante del mundo de lo político, sino que son justamente lo propio de este ámbito. Por ello, resulta inadmisible que quienes manifiestan el disenso y el conflicto sean acusados de “violentos”, “incivilizados”, o “fundamentalistas”, cuando no hacen más que expresar y actualizar esa condición inocultable de lo político.

El Estado y el sistema representativo-democrático forman parte de este mundo, pero no lo acaban ni lo representan en su totalidad. Más aun, algunos apuntamos que estas formas de organización del poder, antes que traducir formas de autonomía y autogobierno, llevan consigo instancias heterónomas en donde otros deciden sobre los destinos de nuestras vidas o nos expropian los medios y recursos para crear y materializar lo que queremos. Aquí el diagnóstico no es muy alentador: vivimos en sociedades donde los requisitos mínimos para la vida están apresados dentro de los mecanismos dispuestos por la lógica mercantilizadora del mercado.

Por eso uno de los grandes logros de la lucha de las asambleas socioambientales y otros colectivos organizados fue justamente mostrarnos formas otras de hacer política. La lucha que sostienen estas organizaciones en defensa de los bienes naturales han actualizado la condición política de la vida en sociedad y por ello, los conflictos y tensiones que mantienen con el Estado –incluyendo los estamentos universitarios de gobierno– y con los sectores empresariales pueden ser entendidos como instancias en donde esta condición de lo político es negada, recortada, invisibilizada o reprimida.

*Integrante del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”. Militante del Encuentro de Organizaciones (Córdoba).

**Militante del Colectivo de Trabajo Organizado (CTO) y Radio El Grito. Fotógrafa de Colectivo Manifiesto (Córdoba).

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La implementación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas conlleva a una serie de reflexiones sobre la postura del mismo Estado ante la protesta social como legítima forma de reclamo a derechos desatendidos y pisoteados.

El Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, anunciado bajo resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, busca regular la protesta social a partir de una obligación de “informar” y esperar “autorización” antes de emprender el recorrido de un corte o piquete. En ese sentido, la Ministra de Seguridad explicó que, “no es que se van a prohibir todas las manifestaciones; no se van a prohibir las que estén programadas y se avisa cuál es el recorrido”.

Si el recorrido de una manifestación o el lugar de un corte, si la cantidad de manifestantes o el tiempo a realizarse es considerado “no apropiado” por parte de los funcionarios de gobierno y, tras 5 o 10 minutos de negociación con los involucrados, la situación se resuelve “positiva o negativamente”, se procederá a la “deposición, desalojo o disolución” de la movilización convocada. Y en caso de negarse, los manifestantes comenzarán a ser considerados por delitos cometidos en flagrancia, de acuerdo al Código Procesal Penal.

Sin entrar en el infinito debate sobre cuál de los derechos reconocidos constitucionalmente es más importante, en todas las disposiciones del Protocolo se revela un problema mucho más profundo y grave: la forma que tiene el Estado de entender y, por ende, de tratar, a la protesta social. Este Protocolo es una pieza más de un largo conjunto de medidas públicas que esconde una forma reduccionista y racista de entender la protesta.

Por un lado, se ha hablado de la “cultura del corte” como aquello que se busca atacar con este procedimiento estandarizado de actuación de las Fuerzas de Seguridad. Hablar de una “cultura” existente es creer que la gente protesta por la protesta misma, que a una manifestación la hacen porque les gusta o hay quienes prefieren cortar una calle antes de hacer cualquier otra cosa con su tiempo, con su vida, con su cuerpo. O incluso, las declaraciones de la Ministra sugieren que algún grupo de personas podría querer “prensa”, y un piquete, entonces, no sería otra cosa que una “performance” particular en un escenario “privilegiado” que es la vía pública. Esto revela una forma reduccionista, simplista y descomprometida de entender y atender a la protesta social.

Por otro lado, las reacciones a favor de este Protocolo no han hecho más que desnudar otra vez el racismo recalcitrante que atraviesa a nuestras sociedades. Desde ese lugar, se entiende que el piquete es cosa de “la negrada”, del “choriplanero”, del “vago”, del “grasa”. Sin entrar en el análisis sobre la composición de clase de algunas de las protestas más grandes y determinantes de los últimos años en el país (como lo fueron las manifestaciones en 2008 por la aprobación a las retenciones móviles a las exportaciones de soja; o las ocupaciones de la vía pública tras el “corralito” a los ahorros en dólares de 2001; o las marchas por la muerte del Fiscal Nisman en 2014), se asocia la protesta a la “barbaridad” y al carácter incivilizado de un proceder que desconoce las instituciones del orden vigente.

Pero la protesta social, además de consagrarse como un derecho, es una práctica política de denuncia y de visibilización de una situación de vulneración, negación o falta de acceso a otro derecho, tal como lo puede ser la alimentación, la salud, la educación, la tierra o la vivienda, la cultura o la identidad de género.

Años de investigación sobre conflictos, sujetos y organizaciones políticas que utilizan y elijen el corte o el piquete como forma de protesta demuestran que lo hacen como una vía de denuncia que tiene una situación prologada de demandas y necesidades desatendidas, olvidadas o desestimadas.

Son esos los verdaderos problemas de fondo que no podemos dejar de atender como sociedad, son esas demandas y necesidades sin solución las que un Estado que se dice promotor de la justicia y la paz social no puede negar o desestimar. Si eso sucediera, allí no caben más adjetivos que la incivilidad o la barbaridad de esa sociedad y de ese Estado que dejan sin amparo ni respuesta a sus integrantes más débiles. Más escandaloso parece, entonces, pensar que si no se llega a acordar una solución a esos verdaderos problemas de quienes protestan, en un lapso de 5 o 10 minutos, seguramente les valdrá como mínimo una imputación penal. Eso es una extorsión.

Si frente a un grupo social que sobre el escenario de la vía pública denuncia una situación de precariedad y riesgo, no tenemos más que un Estado que responde, antes que nada, con la fuerza y la amenaza, lejos de un modo dialoguista de sociedad, tenemos un modelo indolente, egoísta y fragmentador. En tales circunstancias, la ansiada paz social, o el mítico “orden público” se vuelven entelequias, eufemismos sin sentido.

Frente a ello no podemos sino preguntarnos otra vez qué significa la seguridad para esta sociedad: ¿seguridad para quién y para qué? Y otra vez no podemos sino denunciar que la seguridad viene hace varias décadas entendiéndose como sinónimo de policialización y militarización del Estado y de la sociedad entera. Aun cuando el cinismo parece no pesar sobre quienes no dejan de reconocer que la corrupción y el autoritarismo son dos notas propias de los cuerpos policiales de todas las jurisdicciones provinciales.

Desconocemos así que la única forma que tiene el Estado para responder a los problemas que genera la forma actual de organización social, política y económica es con represión y castigo. Para matar y violentar, alcanzan 5 o 10 minutos; para pensar y construir una sociedad con equidad y real libertad para todos y todas, necesitamos mucho más tiempo que eso.

*Integrante del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”. Militante del Encuentro de Organizaciones- Córdoba.

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