Los precios de los alimentos en el mundo se incrementan día a día. Más allá de contextos específicos, como pueden ser guerras o desastres naturales, la responsabilidad de la inflación alimentaria se suele identificar fácilmente: el control monopólico de las corporaciones agroalimentarias. 

En el contexto de penetración de las Big Tech en casi todos los ámbitos de la vida, la cadena productiva de alimentos no se queda afuera, y hasta puede empeorar ese escenario. Alianzas entre gigantes del agro (Bayer, Syngenta, Cargill, por ejemplo) con gigantes del sector de tecnologías (Google, Meta, Microsoft, Amazon, entre otras) encienden alarmas y preocupaciones, especialmente entre comunidades campesinas e indígenas. Investigaciones recientes alertan sobre la profundización de su dependencia, la conversión de saberes colectivos ancestrales en mercancía y una posible exacerbación en la contaminación. En las próximas líneas, analizaremos los impactos de esta digitalización de la agricultura en los derechos campesinos.

Gigantes del agronegocio digitalizado

La concentración corporativa en el agro no es una novedad: los oligopolios ya dominan la cadena alimentaria mundial. Estas empresas controlan desde las semillas, genéticamente modificadas, hasta los llamados insumos agrícolas: agrotóxicos y fertilizantes para monocultivos, insostenibles por su impacto ambiental y deterioro de la tierra. Un sistema que genera consecuencias directas en los modos de producción campesinos, quienes sostienen la “columna vertebral” de la alimentación en nuestra región.

Esta industria ha entrado ahora en una nueva etapa. Según el nuevo reporte del Relator de la ONU sobre Derecho a la Alimentación, las empresas agroalimentarias están recurriendo cada vez más, mediante la digitalización, a las nuevas tecnologías digitales y al procesamiento de grandes cantidades de datos para desarrollar sus negocios. El documento plantea que estas innovaciones crean “nuevos desafíos en materia de derechos humanos en los sistemas alimentarios”. El último informe del Grupo ETC sobre el tema, describe al fenómeno como un “Caballo de Troya en los campos”: bajo la promesa de tecnología e innovación, esconde más control corporativo y menos autonomía para las comunidades agricultoras.

Acelerada por la pandemia del Covid-19, la digitalización del agro es promocionada por las transnacionales del sector como solución a ciertos problemas del cambio climático, y una transformación inevitable para lograr un modelo productivo más eficiente, como lo viene planteando hace años también el Banco Mundial. Con ese bombo publicitario y marketinero, florecen las startups de agricultura digitalizada (“AgriTech” en sus términos) en la región, donde Argentina y Brasil albergan casi 3/4 partes de las empresas de esta índole.

La semilla del bot en los campos

Ya no resulta extraña la presencia de drones en los cielos, sensores en los suelos, tractores guiados por GPS o productores trabajando con tablets y dispositivos donde utilizan aplicaciones y sistemas específicos para sus tareas. La digitalización en la agricultura implica el uso generalizado de herramientas como la IA, la ciencia de datos y la biotecnología para mapear tierras, almacenar información y crear nuevos sistemas digitales para gestionar los modos de producción rural.

La alianza entre Big Tech y corporaciones monopólicas de la agroindustria está promoviendo una datificación del conocimiento vinculado a agricultura y del comportamiento de los ecosistemas y bienes naturales comunes, como nunca antes. Se trata de un extractivismo masivo de datos que, además, en muchos casos están vinculados con historias y tradiciones comunitarias y colectivas. Quienes tengan mayor capacidad de recolectarlos y controlarlos, serán quienes puedan modelar los sistemas alimentarios y las políticas agrícolas para su propio beneficio, un mercado de negocios que no considera a la alimentación como un derecho humano y menos reconoce la existencia de derechos campesinos. No se trata de cuestionar la introducción de nuevas tecnologías en abstracto, sino más bien de preguntarse al servicio de quién están, quiénes las controlan, qué modelos productivos profundizan y qué tratamiento de datos hacen.

Repasemos algunos de los principales riesgos de este proceso. Suscribirse a un modo de producción gestionado a través de una plataforma digital implica para las y los agricultores una dependencia aún mayor: se vuelve un circuito en el cual desde la toma de decisión de qué semilla plantar hasta el sistema de pagos y cobros, todo debe pasar por servicios virtuales. El Relator de la ONU lo plantea con claridad: “En estas nuevas explotaciones digitales, los agricultores dejan de actuar según su libre determinación y en su lugar pasan a ser objetos de cosecha”. Como en la mayoría de los trabajos regulados por plataformas, no hay reglas claras y transparentes sobre el uso de datos ni políticas de privacidad sólidas, lo cual no sólo da lugar a la explotación de esos datos en términos mercantiles, sino que también habilita nuevas prácticas de control, que algunos grupos denominan como “agricultura de la vigilancia”. Considerando que América Latina es una de las regiones más hostiles para defensores y defensoras ambientales, esta forma de espionaje resulta preocupante.

Además, en una región con una gran brecha digital, donde muchos de nuestros países enfrentan las tarifas más elevadas de internet móvil del mundo, el acceso a la red ocasiona nuevos gastos a las comunidades, lo cual empeora sus condiciones de vida en los territorios. Más aún si consideramos los altos costos de la maquinaria inteligente. Sumado a esto, y siguiendo las conclusiones del informe de ETC, se estima que millones de puestos de trabajo en el campo serán sustituídos por drones y robots, sin planificar nuevas fuentes laborales para el sector. En algunos países, incluso se les prohíbe reparar su maquinaria porque contiene software patentado. Por último, como ya venimos planteando en Derechos Digitales, la enorme demanda de recursos naturales, como agua y energía, para alimentar toda la infraestructura digital necesaria para estos emprendimientos, es posible que traiga mayores niveles de contaminación y profundización de la crisis climática.

El big data en la agricultura se convierte así en una herramienta de dependencia, vigilancia y control que pone en riesgo la autonomía campesina y la biodiversidad agrícola.

¡A desalambrar las tecnologías!

“El mundo no necesita ni más datos ni más alimentos, sino que las personas tengan más autoridad y control sobre los datos en los sistemas alimentarios”, advierte la ONU. Como se dijo unos párrafos más arriba, no estamos poniendo en discusión la incorporación de las tecnologías digitales, sino más bien qué uso se les da y los modelos que sustentan. Las comunidades campesinas pueden hacer una utilización favorable de las herramientas tecnológicas, que aporten al bien común y no a las ganancias concentradas en unas pocas manos. ¡Y muchas ya lo vienen experimentando!

Las organizaciones que planifican integralmente modelos agroalimentarios alternativos desde los territorios, piensan en cada etapa del circuito: desde que el alimento se siembra (sus insumos, la fuerza de trabajo, etc) hasta que llega al plato de comida de las personas en sus casas (el comercio, traslados, etc). Existe una idea-frase bastante utilizada, que sintetiza muy bien esta propuesta: “Del campo a la mesa”. Por ello, las experiencias de colectivos vinculados al trabajo rural, a la defensa del ambiente, a comunidades indígenas, y a los derechos digitales, pueden abarcar distintos eslabones de este modo de producción, basado en la nociones de Agroecología y Soberanía Alimentaria.

El proyecto Territorios Libres, Tecnologías Libres, impulsado por Intervozes junto a comunidades quilombolas y rurales de Brasil, fue una iniciativa que marcó un interesante precedente en lo que respecta a analizar los usos y concepciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en territorios campesinos. A la vez, existe la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina (Red TECLA) que abarca algunos proyectos dedicados a la agricultura. La Herramienta de monitoreo de los pueblos para el derecho a la alimentación, proyecto de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, sirve de guía a las comunidades, los movimientos, la sociedad civil, el mundo académico e incluso el funcionariado público en el monitoreo del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Además, la Asamblea de Innovaciones de Base para la Agroecología (GIAA en inglés) es una articulación global que está fortaleciendo experiencias de tecnologías de base aplicadas a la agroecología.

Si pensamos en la cadena productiva, hay desarrollos vinculados directamente con los momentos de la siembra y los cultivos, como por ejemplo la aplicación Lunagro (FIAN Colombia), un calendario agropecuario basado en la interpretación del ciclo lunar. Además, La Mierda de Vaca brinda cursos presenciales y a distancia sobre cómo llevar adelante una agricultura orgánica.

Tanto el aislamiento y distanciamiento preventivo que impuso la pandemia del Covid-19, así como también los debates que introdujo respecto a la alimentación saludable, llevaron a un incremento exponencial en la demanda de bolsones de verduras orgánicas o agroecológicas por parte de la ciudadanía. En Argentina, Más Cerca es Más Justo, y en Brasil, Alimento de Origem, son ejemplos de las decenas de plataformas pertenecientes a redes de comercio justo existentes en América Latina, las cuales buscan nuevas formas de intercambio, evitando intermediarios y sobreprecios, y conectando más estrechamente a productores con consumidores.

Para poder aprovechar las imágenes satelitales en beneficio de la producción local y la conservación de bienes comunes naturales, muchas organizaciones trabajan con Organic Maps, una aplicación GPS y de mapas sin conexión centrada en la privacidad, desarrollada por la comunidad de código abierto. También, existen numerosos proyectos que unen activismo, sector académico y comunidades, como por ejemplo “Gobernanza Hídrica con el pueblo originario Yaqui en México”, analizado en nuestro Glimpse 2024, ideado para desarrollar estrategias efectivas de gestión comunitaria del agua.

Por último, vale destacar la importancia de sitios de información y debate que impulsan la agenda de estos movimientos y favorecen la divulgación de ideas vinculadas con modelos alimentarios alternativos. Entre ellos, podemos mencionar a Agro é Fogo, quienes difunden  “el rastro del fuego del agronegocio global”; BiodiversidadLA, desarrollado por la  Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina; y Agencia Tierra Viva, impulsada por la Mesa Agroalimentaria Argentina, entre muchas otras iniciativas regionales.

Soberanía alimentaria y digital para vivir mejor

Los desafíos que viene planteando la digitalización en el campo son variados y complejos. Mientras se impulsan tecnologías digitales desde la sociedad civil y el Estado para el beneficio de las comunidades y los territorios, es fundamental generar marcos normativos nacionales, regionales y globales, que puedan proteger la privacidad y los datos en manos de las corporaciones que están desarrollando la datificación en el sector rural. El Estado de Brasil diseñó hace algunos años el Cadastro Ambiental Rural (CAR), como una herramienta que podría ser útil para monitorear el ambiente y los territorios, lo que dio lugar a un debate más que pertinente desde Data Privacy en relación a los datos personales de integrantes de comunidades. Incluso, algunos sectores vienen planteando como alternativa tratar los datos del sistema alimentario como un bien público para abordar esta problemática. Necesitamos que se reconozcan y protejan los saberes tradicionales del campesinado, como así también sus derechos colectivos, para potenciar herramientas tecnologías que respeten estas particularidades.

La complejidad del tema y los gigantes involucrados nos obliga a afinar los diagnósticos y, sobre todo, propiciar articulaciones entre el movimiento de los derechos digitales y las organizaciones campesinas e indígenas para dar respuestas integrales. Por ejemplo, unos años atrás, IT for Change publicó el reporte “Las oportunidades del ecosistema digital para la agricultura india” como resultado de un ciclo de encuentros de debate e intercambio entre diversos actores implicados en estos asuntos.

Podemos discutir la digitalización, la datificación, cómo se obtienen los datos, dónde se alojan y quiénes tienen control sobre ellos, pero si no abordamos las preguntas radicales sobre nuestros modos de vida y de alimentación, es probable que nos perdamos en el camino. ¿Para qué necesitamos tecnologías digitales en los sistemas agroalimentarios? ¿Qué papel tienen las comunidades campesinas e indígenas en la definición de estas nuevas herramientas a incorporar en los modos de producción? ¿Qué modelos priorizan la soberanía alimentaria y digital, y los derechos campesinos y de comunidades indígenas en su autodeterminación?

Lo que está en juego no es solo el acceso a nuevas tecnologías, y el resguardo de los datos, sino, principalmente, la soberanía alimentaria de los pueblos y el derecho humano a decidir cómo producir y consumir nuestros alimentos, de manera justa y sustentable.

* Encargado de Comunicaciones en Derechos Digitales.

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El agronegocio es una estrategia de explotación propia del capitalismo que tiene como principal objetivo producir commodities, productos primarios para exportación o mercado interno que cumplen estándares y tienen un valor de mercado. El complejo agroindustrial del que forma parte, responsable en la Argentina del 38 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, fue diseñado para beneficio de unos pocos, los dueños de los medios de producción: tierra, semillas, insumos artificiales, maquinaria y tecnología moderna. De hecho, esta estrategia, que no fue pensada para alimentar a la población o derramar riqueza, es una de las actividades que más contribuyen al calentamiento de la atmósfera y está destruyendo la estabilidad climática que hizo posible la agricultura.

El “agro moderno” depende fuertemente de los combustibles fósiles, cuya extracción está subsidiada en todo el mundo, ya que de otro modo no sería económicamente viable (el costo energético de la extracción supera el valor de la energía obtenida).

En sí, la energía fósil es un subsidio del pasado, más precisamente del período carbonífero. Se trata de una forma de energía muy concentrada que se está acabando: se estima que el pico del petróleo ocurrió en 2008.

El problema es que todo el carbono acumulado bajo la tierra durante millones de años, al ser quemado, está pasando de golpe a la atmósfera, donde produce el conocido efecto invernadero —principal causa del calentamiento global— y ya estamos a 1,2 grados centígrados (ºC) de temperatura por encima de los niveles preindustriales.

Hoy sabemos que, de seguir este curso, la Tierra llegará al menos a 3,2 ºC de aumento a finales de este siglo. Si con “apenas” 1,2 grados más estamos viendo semejante quiebre de los patrones climáticos, solo resta imaginar lo que sucederá si no frenamos las emisiones de carbono ya mismo. Los investigadores aseguran que tenemos menos de siete años para reducir los impactos más severos.

La multicrisis climática no es una crisis más. Es el escenario en que transcurre todo lo demás. Hoy, ninguna acción, plan o proyecto puede pensarse sin tener en cuenta el cambio en los patrones climáticos que ya es evidente.

Producir y distribuir comida quemando petróleo y gas resultó bastante “barato” durante los últimos 200 años y, de hecho, los alimentos todavía son relativamente baratos. Esto es así porque las externalidades negativas (pérdida de biodiversidad, por ejemplo) de su producción y transporte no integran su precio final. Ambientalistas y científicos lo vienen advirtiendo desde hace décadas: el actual sistema agroalimentario, lineal (en contraposición al circular, que recicla) y petrodependiente, no va más y tiene que ser cambiado de raíz.

Deuda y agronegocio

Con una sequía sin precedentes, el campo está sufriendo más que otras actividades económicas las consecuencias de un fenómeno que contribuye a crear. Ya todas y todos lo sabemos y lo venimos denunciando desde hace décadas: el agronegocio, basado en combustibles fósiles, maquinaria pesada, monocultivos transgénicos patentados y agrotóxicos que integran un “paquete tecnológico”, no solo ha destruido la biodiversidad que representaban ocho millones de hectáreas de bosques nativos sino que ha desempoderado a familias y pueblos enteros, expulsándoles a cinturones de pobreza alrededor de las grandes ciudades.

Esta expansión que no cesa, y que con la necesidad de dólares para pagar la deuda externa sufrirá un incremento aún mayor, es inherente al capitalismo. No olvidemos su mito fundacional: “Crecer o perecer”.

Si bien resulta obvio que el crecimiento ilimitado es físicamente imposible, la mayoría de las plataformas políticas enarbolan al neoextractivismo como algo normal y deseable: la solución a todos nuestros problemas de desarrollo. Nos quieren hacer creer que solo es posible pagar la deuda con más destrucción de territorios, hábitats humanos y naturaleza (conceptos que deberían ser percibidos y acuerpados como una misma cosa). ¿Es posible honrar un compromiso mal habido sabiendo sus consecuencias catastróficas?

Si con extractivismo y agronegocio llegamos a un 40 por ciento de pobres, porcentaje todavía mayor si solo se consideran las niñeces, ¿es sensato apostar a más de lo mismo para salir de la pobreza?

¿Qué vamos a hacer con el acceso a la tierra?

El planeta se está calentando y se está secando. ¿Quiénes nos van a alimentar cuando la producción de comida se dificulte cada vez más?

A partir de la expansión del agronegocio, en pocos años la tierra se concentró en muy pocas manos y su destino pasó a ser mayormente la producción de monocultivos de exportación. Sin embargo, el 60 por ciento de los alimentos frescos que se consumen en el país es producido por pequeños productores familiares.

Es aquí donde los modelos agroecológicos de producción diversificada, de base indígena, familiar y campesina, son los que tienen más posibilidades de adaptarse, de ser resilientes.

Esta forma de vivir y producir no busca producir dólares, como el agronegocio, sino alimentos. Pero la realidad grita que del “campo que alimenta”, en su gran mayoría pequeños productores, más del 80 por ciento alquila la tierra en que trabaja.

Mientras, la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue aprobada en 2014 pero nunca fue reglamentada ni contó con presupuesto.

El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra propone una línea de créditos para que los productores de la agricultura familiar puedan comprar tierras rurales. Por otra parte, apunta a crear un banco de tierras, es decir que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas para su venta a los agricultores familiares y campesinos mediante un sistema de créditos blandos (Procrear Rural).

No hay reclamo más genuino que el de quienes luchan por la tenencia de la tierra que trabajan, porque el plazo de un período de alquiler impide construir viviendas dignas o establecer cualquier tipo de cuidado agroecológico: todo emprendimiento que recicla energía, agua y nutrientes tarda un tiempo en establecerse y llegar a un equilibrio.

Sumado a esto, los cultivos que llevan un ciclo más largo de crecimiento requieren que los productores puedan establecerse sin temor a que no les renueven los contratos de alquiler. Por eso, y por respeto a la dignidad humana de quienes producen nuestro alimento, es prioritario facilitar el acceso a la tierra para quienes la trabajan y la cuidan.

La tierra para quien la trabaja y la cuida

Garantizar alimentos sanos y nutritivos para la población debería ser la prioridad absoluta de cualquier gobierno, por eso necesitamos con urgencia un debate público, responsable y concluyente alrededor de la propiedad y el uso de la tierra.

Creemos que la forma de instalar ese debate en la sociedad es mediante la acción directa para forzar la voluntad política en pos de un reclamo más que justo, imprescindible. Proponemos una transición hacia la agroecología descentralizada y sin intermediarios.

Existe absoluto consenso científico: estamos transitando el colapso del clima y los ecosistemas. Sin embargo, tenemos una pequeña ventana de oportunidad para repensar el lugar de la agricultura dentro de un nuevo paradigma más realista que el actual, que es claramente inviable.

Para lograrlo es preciso pasar cuanto antes a sistemas agrícolas diversificados que garanticen la soberanía alimentaria, que no dependan del mercado externo de commodities, que estén basados en la agroecología y que no sean el negocio de unos pocos. Un sistema que regenere y revalorice el trabajo humano digno, que reduzca insumos, que permita el acceso a la tierra y, sobre todo, que asegure que la transición hacia una nueva realidad ecológica y climática sea justa y equitativa.

Hoy más que nunca es necesario anteponer la vida, en todas sus manifestaciones, a la generación y concentración de riqueza.

Ignorar la información científica es la ceguera política más criminal de este tiempo.

La agroecología de base indígena, familiar y campesina debe dejar de ser considerada sólo como una alternativa: es la forma de empezar a desandar el camino del hambre y la dependencia alimentaria y de revalorizar el trabajo agrícola.

Publicado originalmente en Tierra Viva.

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En una histórica sesión, el viernes 28 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales por. El texto será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que sea ratificado. Marcha dialogó con Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena e integrante de la Via Campesina.

Derechos campesinos

 “La mayor parte de la población mundial está formada por campesinas y campesinos. La agricultura campesina no es solo una actividad económica, sino que constituye el sustento vital de todas las personas”. Así se inicia la “Declaración de los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” que elaboró La Via Campesina.  Luego de muchos años de trabajo, fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y aprobada con 33 votos a favor, 3 votos en contra y 11 abstenciones. Se espera que sea ratificada antes de fin de año por la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

La Via Campesina es una organización que reúne a más de 200 millones de campesinos y campesinas, de unas 180 organizaciones de 80 países del  mundo.

Un largo camino

Marcha habló con Diego Montón, quien desde 2012, año en que se inicia el proceso formal de elaboración de la Declaratoria, formó parte del colectivo internacional de derechos campesinos de la Via Campesina, con una activa participación en todas las sesiones de este grupo de trabajo intergubernamental y en las sesiones formales del Consejo de DD.HH.

Montón relató que este proceso de Declaración tiene mucho tiempo de trabajo. “Hace más de 17 años que la Via Campesina se propuso plantear la discusión en Naciones Unidas en torno a la necesidad de la declaración de derechos campesinos. Esta discusión se dio en el proceso de la ofensiva neoliberal de los ’90, en el marco del desarrollo del capital financiero en el campo con la globalización, que tuvo como consecuencia innumerables violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas, asociados a los desalojos de tierra, al acaparamiento de tierras, a la privatización de las semillas, al libre comercio, a la criminalización y persecución política de las y los dirigentes campesinos, entre otras situaciones.  En función de todas esas luchas internacionales que se estaban articulando en la Vía Campesina, junto a luchas nacionales y regionales, había que plantear una discusión en Naciones Unidas”.

¿Cómo  se inicia el proceso para llegar al Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas?

“Después de 10 años de trabajo, en el 2008 la Vía Campesina, en una conferencia internacional, aprueba la Carta de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos,  que es la primera herramienta con la cual la Vía Campesina empieza a trabajar con Naciones Unidas en la propuesta. En el marco de esta aprobación es que se desarrollan una serie de trabajos para ir relevando y constatando, con organizaciones de derechos humanos aliadas, las violaciones a los derechos humanos que se van dando en todo el mundo. Fue así que entre 2008 y 2011 se presentan informes al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde se van demostrando todas las violaciones de derechos humanos de las comunidades campesinas de todo el mundo.

Con este trabajo, y con un informe que realiza una académica experta de Ginebra en el año 2012, recién ahí se logra que este proceso llegue de manera formal al Consejo de Derechos Humanos”.

¿Cómo llegan a la sesión del 2018 del Consejo?

“A partir de todos estos debates se hicieron cinco borradores diferentes y fue así que llegamos con mucha expectativa a esta sesión, porque ya en el 2017 el Consejo de DD.HH. había dado el mandato de que para este año debía entregarse la versión definitiva para su aprobación”.

¿Cuál es la intervención del Estado Plurinacional de Bolivia y otras organizaciones?

“Este proceso se hizo gracias a la intervención del Estado Plurinacional de Bolivia, ya conducido por Evo, que fue el fundador de Vía Campesina. Así se crea por primera vez, por una resolución del Consejo de DD.HH., una comisión intergubernamental de trabajo para una declaración de derechos campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales.

Ese grupo es el que tomando la iniciativa de la Vía Campesina. Va a ir adaptando la Declaración a los lenguajes adecuados de Naciones Unidas y a todas las discusiones que se van dando con la participación de los estados miembros de la ONU. Además se fueron sumando a participar distintas organizaciones como la de los pastoralistas, de pescadores artesanales, de pueblos indígenas, de trabajadores agrícolas, todas organizaciones internacionales que responden al proceso y que van aportando para el mismo”.

Frente a la aprobación de la declaración también Evo Morales expresó: “Saludamos que el Consejo de DD.HH de la ONU haya aprobado la Declaración sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” y atribuyó el mérito principal de esa declaración a la organización internacional Vía Campesina, entre cuyos fundadores figuran los sindicatos de productores de coca y otros sectores rurales bolivianos.

Esta declaración impulsa a los gobiernos nacionales para que implementen políticas públicas y de protección de derechos de las y los campesinos: “en este momento, pese a producir la mayor parte de los alimentos que consumimos, los y las campesinas estamos sometidos a formas extremas de violencia. Aquellos que resisten son asesinados o arrestados. La criminalización de las luchas campesinas debe acabar y esta declaración es un paso hacia adelante en esa dirección”, afirmó Montón.

Desde la Coordinadora Europea Via Campesina (ECVC) remarcaron que la declaración se alcanzó con escaso apoyo de los países centrales.  Destacaron el apoyo prestado por solo tres países: Suiza, Portugal y Ucrania, y fustigaron la falta de compromiso de los países de la Unión Europea en favor de la declaración. Al respecto expresaron que “Alemania y la Unión Europea, que a menudo expresan su apoyo a los derechos humanos, al desarrollo del sur y a la agricultura familiar, en este momento crucial, se oponen a la Declaración y se aíslan de la comunidad internacional. Esto es incomprensible e inaceptable”.

¿Qué son los derechos humanos?

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. Sin embargo hasta ahora no les han sido reconocidos a las y los campesinos, entre otros”.

El 17 de abril de 1996, la Policía Militar de Brasil asesinó a 19 campesinos y campesinas Sin Tierra en Eldorado dos Carajás, Estado de Pará, Brasil. Desde ese momento, cada 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, se recuerda el necesario reconocimiento de los derechos humanos para campesinas y campesinos. Desde entonces es una lucha incansable.

“Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los (y las) campesinos y las personas que trabajan en zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos de la presente declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata”.

Una votación que ha sido considerada una conquista para las y los campesinos, ganaderos, pescadores artesanales, pueblos indígenas y trabajadores y trabajadoras que junto con la Vía Campesina han defendido esta declaración en sus países y en el Consejo de Derechos Humanos. La soberanía alimentaria será una meta más cercana si los derechos de las y los campesinos y las personas que trabajan en áreas rurales son una realidad.

Notas relacionadas:

Declaración de los derechos campesinos  

Texto de la carta de adhesión argentina a la Declaratoria 

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En el día del preso político, el pedido de libertad inmediata es por los seis campesinos de Paraguay encarcelados injustamente, pero también por todas las presas y todos los presos por luchar de Nuestra América y el mundo.

Hoy es el día del preso político. Cada año, las cárceles del continente se van poblando de hombres y mujeres presos y presas por luchar, por ejercer el derecho a la rebelión frente a las tantas injusticias del sistema capitalista, patriarcal, colonial. Por todos ellos y por todas ellas gritamos libertad. Y lo hacemos también por cada uno y por cada una.

Porque sabemos que en nuestro mundo, militarizado, en el que se avanza en el uso de la violencia como respuesta a las políticas de muerte del capital transnacional, las batallas por la libertad son cotidianas, y tienen una resolución colectiva, pero que esta lucha nos exige visibilizar y comprometer voluntades en cada caso, para explicar qué significa, para sensibilizar, para sumar fuerzas por todxs y por cada unx.

Argentina está con presas y presos por luchar desde el sur al norte del país. Podríamos preguntarnos entonces ¿por qué escribir una vez más por la libertad de los 6 campesinos paraguayos? Y podemos respondernos, por ejemplo, que nuestras luchas son internacionalistas, y no reconocen fronteras. Pero también podemos decir que tenemos una responsabilidad adicional como argentinos/as, porque los 6 campesinos fueron detenidos y extraditados desde nuestro país, al que llegaron engañados con promesas de encontrar acá refugio y solidaridad.

Entonces su detención y extradición nos interpela, y además nos obliga a seguir denunciando este hecho –sucedido durante el gobierno de Cristina Kirchner a quien una y otra vez demandamos que no procediera a la extradición- por lo que contiene de injusticia, pero también por lo que significa haber habilitado este mecanismo de persecución de luchadores de otros países, que ha vuelto inseguro al nuestro para lo que siempre fue: espacio de asilo, de refugio.

Después de más de 12 años de prisión, por una causa montada por el poder político y judicial de Paraguay, que en los distintos procesos de persecución sistemática y desarticulación del partido Patria Libre incluyó la farsa de la acusación nunca demostrada de que los líderes campesinos eran responsables del secuestro de Cecilia Cubas –una acción resultante de la lucha entre las mafias coloradas- exigimos que los compañeros recuperen su libertad.

Quienes en Argentina acompañamos a los 6 en el pedido de no extradición, tenemos que seguir activos y activas para denunciar que los luchadores fueron víctimas de una sucesión de mentiras, que permitieron su detención y que la misma se constituya como un factor “ejemplificador” para otros luchadores/as campesinos/as y populares. Se trata de un chantaje a la conciencia social del campesinado paraguayo y latinoamericano, y la búsqueda de inhabilitarlo para su movilización contra el régimen hoy golpista –aunque su detención se realizó en épocas del gobierno de Fernando Lugo en Paraguay y de Cristina Kirchner en Argentina-. Quienes en Paraguay tienen un compromiso con los derechos humanos, es necesario redoblar el esfuerzo, porque la batalla ahora está en ese territorio. Para el movimiento campesino latinoamericano e internacional, y para los movimientos sociales antimperialista, exigir la libertad de los 6, junto a la demanda de libertad para todos los presos por luchar, debe ser un punto primero de los programas de acción, que den cuenta de la historia del movimiento revolucionario internacional, que nos enseña que no se debe dejar abandonados a los compañeros que caen heridos o son detenidos en las luchas del pueblo.

Personalmente, agrego también que en las luchas compartidas se construyen afectos, vínculos, reflexiones comunes. Los 6 campesinos paraguayos presos nos han enseñado en estos años de prisión en los que los visitamos, que es posible no sólo resistir las múltiples humillaciones y abandonos, torturas y soledades que provoca el sistema penitenciario, sino que dentro de esas cárceles se pueden seguir creando mundos de libertad, donde se escribe poesía, se estudia, se debate, y se enseña a quienes llegan a las visitas, el valor de la lucha.

¡Libertad a los seis!

¡Libertad a todos los presos y presas políticas por luchar!

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Tras 20 de años, la semana pasada la Corte Constitucional de Colombia les reintegró a campesinos y campesinas de la Hacienda la Bella Cruz, en el sur de Bolívar, el derecho a vivir y producir en estas tierras que vuelven a ser de su propiedad. Se trata de 1200 hectáreas que se encuentran ubicadas en el sur del Cesar, en los municipios de La Gloria y Pelaya.

La historia del despojo

La historia de esta hacienda es la historia de Colombia y Latinoamérica, donde la violencia de terratenientes y grandes empresarios han despojado a los campesinos de sus tierras. El caso de La Hacienda Bella Cruz es un ejemplo de resistencia de varias familias que fueron desplazadas por el ex embajador, Carlos Arturo Marulanda, y su familia utilizando a paramilitares del bloque de las autodefensas del Sur del Cesar en cabeza de su jefe Juan Francisco Prada alias “Juancho Prada”.

Entre el 11 y el 15 de febrero de 1996, 40 personas fueron asesinadas y entre 170 a 280 familias fueron desalojadas de su Hacienda BellaCruz por orden de los hermanos Marulanda (ver: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5518-piden-investigar-al-exministro-carlos-arturo-marulanda-por-desplazamiento-en-la-hacienda-la-bellacruz ). Los paramilitares quemaron por lo menos 250 ranchos y dieron un plazo de cinco días para desocupar la propiedad. Días después, numerosas personas que salieron con vida del desalojo fueron amenazadas, desaparecidas o asesinadas.

El Estado reconoció estos hechos como un crimen de lesa humanidad y asumió la responsabilidad del Ejército por acción y omisión, ya que el desplazamiento contó con la complicidad de un teniente y sus unidades de la base militar de Ayacucho que tiene sede en el municipio de La Gloria.

Luego de este episodio, la tierra fue comprada por el magnate brasileño German Efromovich a la familia Marulanda, quienes seguirían siendo inversionistas en los negocios de este empresario, en empresas vinculadas al monocultivo de palma aceitera y piña. Todo ello sin que se reconociera que esta tierra fue despojada a los campesinos de forma violenta y comprada de forma ilegal.

Ocupación, lucha por la tierra y recuperación por la permanencia en el territorio

En junio de 2015 las comunidades retornaron a una parte de la hacienda. Organizadas en asociaciones campesinas como ASOCADAR (Asociación Campesina de Desplazados al Retorno),  varias familias campesinas ocuparon las tierras que venían peleando jurídicamente desde el año 2009, cuando instauraron una demanda al Estado por el caso de los dos territorios.

Las acciones jurídicas y de hecho estuvieron acompañadas por la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar, una organización que aglutina a varios procesos comunitarios de la región. En este contexto, el día 12 de mayo pasado la Corte Constitucional en Colombia le dio la razón a las comunidades despojadas de la hacienda la Bella Cruz, ordenó que más de 1200 hectáreas fueran devueltas y que en tres días se debe revocar y cancelar los registro de la empresa de Efromovich; eso significa que todo producto que el empresario haya sembrado deberá ser retirado, lo que implica retirar los cultivo de palma aceitera que fueron sembrados para la empresa Agronegocios.

Sin embargo, frente a esto, el líder Fredy Rodríguez Corrales de ASOCADAR (Asociación Campesina de Desplazados al Retorno) explicó: “A los campesinos no les interesa la palma, los campesinos van a trabajar la tierra como campesinos y no como empresarios”. Luego de este proceso, la Agencia Nacional de Tierras deberá legalizar y titular los territorios a las comunidades campesinas.

Según Teófilo Acuña, miembro de la Comisión de Interlocución, “la gente desde siempre ha sabido que esas tierras son de ella y que con o sin el fallo siempre estuvo la esperanza de poder retornar, es por eso que las organizaciones sociales saludamos el fallo positivo que dio la Corte Constitucional y con este mensaje queda ratificado que los campesinos siempre han tenido la razón en el tema de exigir la tierra para la vida”.

La seguridad en el Sur de Bolívar

A pesar de este fallo, se conoce por algunas declaraciones y acciones, que existen allí estructuras paramilitares e incluso algunos jefes paramilitares continúan dando órdenes desde las cárceles para generar amedrentamiento a las familias que ocupan estos territorios. Dicen que cuando estén en libertad los integrantes de este grupo paramilitar piensan retomar a estas tierras.

Por otro lado en el Sur de Bolívar se ha dado una permanente violación de derechos humanos y el conflicto armado sigue en ascenso. Esto quedo claro cuando en el mes de abril se desarrolló un paro armado en la región, en las cabeceras municipales, en presencia de la policía y las fuerzas militares. (ver: http://www.elespectador.com/noticias/politica/paro-armado-del-clan-usuga-aterroriza-poblaciones-antio-articulo-624775 )

Por otro lado,  el mismo 12 de mayo se realizó una operación conjunta por parte del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) en la Garita el municipio de Rio viejo, en el departamento de Bolívar, donde se llevaron a varias personas detenidas y se robaron las pertenecías de la gente. Esto es una muestra de la situación que vive la región de forma permanente: hay una persecución de la fuerza pública y no hay instituciones públicas que intervengan para salvaguardar la vida de los habitantes de las comunidades.

En este contexto, vale celebrar que las comunidades campesinas hayan logrado una victoria importante, pero no hay que olvidar que siguen amenazadas por las agresiones militares y paramilitares, por lo que piden solidaridad y apoyo nacional e internacional.

*Educadora y comunicadora Cedins – Congreso de los Pueblos.

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Después de la muerte de dos sin tierra en la tarde del jueves (7), en el municipio de Quedas do Iguaçu, en la región central del estado de Paraná, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST pide la investigación y la condena de los responsables por el crimen. De acuerdo con el movimiento, pistoleros y seguridad privada contratada por la maderera Araupel participaron de la acción, junto con la Policía Militar (PM), dependiente del gobierno estadual. La empresa alega ser propietaria del área ocupada por los sin tierra; sin embargo, la Justicia Federal reconoce a las tierras como federales.

Las víctimas, Valmir Brodim e Loenir Orback – que tenían entre 20 y 30 años-, eran militantes del MST e trabajaban en la organización del campamento. Valmir era casado y padre de tres hijos, y Leonir dejó a su esposa embaraza de nueve meses.

En la nota pública lanzada por la dirección estadual del MST describen la situación de la siguiente manera: La emboscada ocurrió cuando aproximadamente 25 trabajadores Sin Tierras circulaban de camioneta, a 6 kilómetros del campamento, dentro del perímetro del área decretada pública por la justicia, cuando fueron sorprendidos por la política y la seguridad privada atrincherada. Al ver que se dirigían hacia el vehículo, los trabajadores Sin tierra corrieron en dirección al campamento, para protegerse y huir de los disparos que no cesaban”.

De acuerdo con el abogado de la comarca de Quedas do Iguaçu, Claudemir Torrente, que acompañó de cerca la situación, “todas las víctimas fueron baleadas por la espalda, lo que deja claro que estaban huyendo y no en confronto con la policía”.

Además de las muertes, la emboscada –que había sido organizada por la policía Militar, según el MST*, dejó por lo menos siete sin tierra heridos. Ningún política presentó heridas.

Por aproximadamente dos horas después de los hechos, el área del acontecimiento fue aislado por la policía Militar, impidiendo la aproximación de familiares de las víctimas, abogados y medios de comunicación. Hay denuncias de abogados presentes en el local de que la policía removió los cuerpos y objetos de la escena del crimen, sin la presencia de Instituto Médico Legal (IML), encargado de las pericias.

Los heridos fueron socorridos dos horas después y llevados por el Servicio de Atendimiento Móvil de Urgencia a dos hospitales de la región, acompañados de un coche del equipo de Rondas Ostensivas Tácticas Metropolitana.

De acuerdo con Elcir Zen, abogado que asesoran al MST en la región de Cascavel, la policía también impidió el acceso de la familia y abogados de las victimas al hospital. “La orden de los coroneles era de que ningún de los abogados podría conversar con los heridos. Además de mí – abogado de la familia de Henrique Gustavo Souza Prati- , había otras decenas de abogados voluntarios del Cetro de Derechos Humanos de Cascavel. Después de haber sido vencidos por el cansancio, la policía llevó escribanos para escuchar a las victimas durante la madrugada, sin nuestra presencia”, afirmó Zen.

En un video grabado por el abogado, dentro del Hospital Universitario de Cascavel, Henrique tranquiliza a la familia: “Llevé un tiro en la pierna, y mañana a la mañana [viernes] salgo de la cirugía. Pretendo volver a casa los más rápido posible”.

Tensión

Las muertes reflejan un clima de tensión proliferado en la región por lideres políticos, de seguridad pública y por los medios de comunicación local, desde la instalación de dos campamentos del MST en tierras federales de dominio público, pero que la empresa maderera Araupel alega ser propietaria. Otras denuncias sobre las amenazas de muerte sufridas por líderes del movimiento ya habían sido notificadas al Ministerio Público y a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Paraná (Alep), el año pasado.

En virtud del conflicto, el dia 1° de abril, el jefe de la Casa Civil del gobierno de Paraná, Valdir Rossoni se reunió con el secretario de Seguridad Publica, Wagner Mesquita, en Quedas do Iguaçu. En el encuentro, también estaban el subcomandante del al Policía Militar de Paraná, el coronel Arildo Luix Dias, el delegado general de la policía Civil, Julio Reis, y el delegado del policía del interior, Valmir Soccio, entre otros representantes de la cúpula de la policía de Paraná.

Según el material divulgado por la Agencia Estadual de Noticias, se anunció un “refuerzo en las acción policiales y la ampliación de la fiscalización de los órganos estaduales em Quedas do Iguaçu y la región”.

Lea la nota completa, lanzada por el MST:

NOTA DEL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA

Policía Militar y pistoleros atacan familias Sin Tierra, y asesinaron dos trabajadores del MST en Paraná

En la tarde del jueves (7/04), familiar del Movimientos de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), organizadas en el Campamento Dom Tomas Baluino, en el municipio de Quedas do Iguaçu, región del centro del estado de Paraná, fueron víctimas de una emboscada realizada por la Policía Militar del Estado y por seguridad privada da empresa maderera Araupel.

O campamento, cuya ocupación tuvo lugar en mayo del 2015, posee aproximadamente 1,5 mil familias. Está localizado en el inmueble Rio das Cobras que fue apropiado fraudulentamente por la empresa maderera. La Justicia declaró, en función del fraude, que las tierras son publicas y pertenecen a la Unión, y deben ser destinadas para la reforma agraria.

La emboscada ocurrió cuando aproximadamente 25 trabajadores Sin Tierras circulaban de camioneta, a 6 kilómetros del campamento, dentro del perímetro del área decretada pública por la justicia, cuando fueron sorprendidos por la política y la seguridad privada atrincherada.

Al ver que se dirigían hacia el vehículo, los trabajadores Sin tierra corrieron en dirección al campamento, para protegerse y huir de los disparos que no cesaban.

En el ataque dos Sin Tierra fueron asesinados, siete resultaron heridos – aunque el número exacto aun no fue confirmado-, y dos fueron detenidos para declarar y ya fueron liberados. El local donde ocurrió la emboscada fue aislado por la policía, impidiendo a los familiares de las víctimas, abogados y periodistas, amenazando a las personas que se aproximaban. Tal actitud permite a la policía destruir prueba que pueden esclarecer el grave hecho.

La Policía Militar creo un clima de terror en la ciudad de Quadas do Iguaçu, tomando las calles, cercando la comisaria y los hospitales de Quedas do Iguaçu y Cascavel para donde fueron llevados los heridos, impidiendo cualquier contacto de las victimas con familiares, abogados y el periodismo.

El ataque de la Policía Militar a los Sin Tierra, ingresando en área federal, aconteció días después de la visita del Secretario de la Casa Civil, Valdir Rossoni, y el representante de las cúpulas de la policía de Paraná, el día 01 de abril a Quedas do Iguaçu, donde se determinó el envió de un contingente de más de 60 policiales para el municipio.

El MST está en la región hace casi 20 años, y siempre actuó de forma organizada y pacífica para avanzar en la reforma agraria, reivindicando que la tierra cumpla su función social. Solo en el gran latifundio de Arapuel fueron asentados más de 3mil familias.

El MST exige:

-Inmediata investigación, prisión de los policías y personal de seguridad privada, y la condena de todos los responsables –ejecutores y mandantes- por el crimen contra los trabajadores Sin Tierra.

– El apartamiento inmediato de la policía militar y la retirada de la seguridad contratada por Araupel.

– Garantizar la seguridad y protección de las vidas de todos los trabajadores acampados del Movimiento en la región

– Que todas las áreas fraudulentamente apropiadas por la empresa Araupel sean destinadas para la Reforma Agraria, asentando  las familias acampadas.

¡Luchas construir Reforma Agraria popular!

Dirección Estadual Del MST

Traducion: Maria Julia Gimenez

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Un pequeño productor podría ir preso. Lo denunciaron por “usurpar” las tierras donde siempre vivió.

Campesinos detenidos por ser campesinos. Esa es la posible resolución de un conflicto judicial en los tribunales de Deán Funes, norte cordobés. Miguel Rojas podría ir preso por ocupar las tierras donde siempre vivió. El territorio en cuestión abarca 9.000 hectáreas y se ubica en el paraje Los Pozos, al norte de la Laguna de Mar Chiquita, Tulumba. “Basta de criminalización”, exigen desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

Para hoy a las 9 am se espera que inicie la audiencia convocada por el juez Abraham Elías. En la jornada puede dictarse sentencia sobre un juicio civil en el que Rojas fue demando por la familia Figueroa, que dejó la zona hace más de tres décadas. Detrás del reclamo de Figueroa se encuentra una aceitada estructura inmobiliaria que aprovecha, como en otras ocasiones, los espacios grises que deja el Estado.

La causa

El caso de Miguel Rojas cumple con el modelo típico de despojo territorial que sufren los campesinos. El hombre vivió toda su vida en ese campo, donde además habitan sus hijos y nietos. Estas familias crían cabras, ovejas, vacas. Con su trabajo en este campo comunero, los Rojas y otras familias como Vicente, se autoabastecen de alimentos y ponen su producción a disposición de la mesa de muchos cordobeses.

La familia Figueroa había cedido territorio a campesinos de la zona, y dejó el lugar a fines de los setenta luego de una inundación. Descendientes de los Figueroa que habitaban allí reaparecieron hace una década a reclamar tierras. Miguel Rojas intentó defender el campo comunitario y de ahí derivó su imputación. Sebastián Ramírez, yerno de Miguel, también fue imputado a raíz de la construcción de una vivienda en el campo donde la familia permanece desde hace décadas. Desde el MCC apuntan que detrás de este proceso judicial está la empresa de bienes raíces Alegría Cáceres. Este cronista intentó contactarse con el privado pero no tuvo respuesta.

El pasado 13 de mayo, el juez Elías realizó una inspección ocular en el campo. Participaron el abogado querellante Cruz Mieres, el fiscal Hernán Funes, y la abogada de Rojas y Ramírez, Victoria Gauna. Esa jornada sirvió para que la autoridad judicial pudiera dimensionar el territorio, observar el tipo de vida asociada a la producción comunitaria y constatar la presencia de estas familias por generaciones en el lugar.

Gastón Farías, es miembro del MCC, pero también acompaña a las familias como parte de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SAF). A partir de ese apoyo institucional, conoce de cerca la realidad de estas familias en términos productivos, sociales e históricos. Farías plantea que los agentes judiciales tuvieron la oportunidad de conocer “lo que efectivamente ocurre en ese territorio”.  “Después de esa inspección ocular, la justicia no puede mirar para otro lado”. Farías asegura que a partir de ese día, “el juez ya no puede negar la realidad que tiene ese campo, porque lo recorrió, vio cómo es la producción comunitaria y la forma de vida de esas familias”.

Un caso no aislado   

En la provincia hay al menos 69 casos de conflictos de tierra que afectan a más de mil familias. Son unas cien mil hectáreas la que están disputa, con la expansión sojera y el desplazamiento de zonas ganaderas como factores clave. Estos datos surgen de un relevamiento del Ministerio de Agricultura de la Nación (2013).

Córdoba ha tenido casos emblemáticos. En el paraje Las Marvillas, cercanías de Sebastián Elcano, Ramona Bustamante fue expulsada violentamente de su campo en dos oportunidades en 2003, por los empresarios Scaramuzza. A pesar de haber regresado, más de diez años después el Poder Judicial no resolvió la cuestión de fondo: la posesión. En la misma zona, año 2004, la familia Olivera del paraje La Penca también sufrió la avanzada empresaria. Luego del proceso judicial, y graves situaciones de violencia, conservaron 50 hectáreas, perdieron unas 300. El campo comunero La Libertad (Ischilín), 12.500 hectáreas, simboliza la (in)acción del Estado. Más de dos décadas de conflicto, constantes reclamos y como resolución un remate de 9.000 hectáreas. En buena parte de ese territorio producen desde siempre unas cincuenta familias, ajenas a ese conflicto entre terceros.

En 2013, un logro histórico con el caso de ‘El Chacho’: la Cámara de Apelaciones de Cruz del Eje reconoció la posesión de más de 2.000 hectáreas de ocho familias campesinas de esa comuna del departamento Minas. Más de una década de desgaste judicial, criminalización y, como en todos los casos, violencia. Lidia Ozán del paraje San Antonio, al norte de Cruz del Eje, obtuvo otro triunfo. Pero debió pasar una década de agresiones. Este año el Poder Judicial reconoció la posesión de sus tierras que habían sido arrebatadas por el empresario Bautista Balduzzi.

Los pies en el suelo

Pese a las resoluciones más o menos favorables del Poder Judicial, todas estas familias permanecieron en sus tierras: una decisión de vida. El caso de Rojas se inscribe en este relato de luchas campesinas tan histórico como vigente. “Los conflictos no paran, se calma en una zona y recrudecen en otra”, analiza Farías frente al silencio de los grandes medios, de buena parte de los políticos, y de una sociedad que en general le escapa a estos temas. Como en los casos anteriores hay una decisión firme y Farías la deja planteada: “Pase lo que pase, del campo no se va nadie”.

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