Por VDpueblos*

 Las y los campesinos del país han continuado sus labores en medio del Covid-19, que ha beneficiado únicamente a los bancos y ha profundizado la crisis histórica del campesinado.

Mientras el Gobierno expidió decretos para salvaguardar los intereses de las grandes empresas y de los bancos, el campesinado colombiano continuó cultivando los alimentos que abastecen a todo el territorio nacional. Sin embargo, el Estado no generó políticas orientadas a apoyar esta actividad de vital importancia y, por el contrario, impulsó acciones que hoy ponen en riesgo la vida y la salud de quienes habitan en la ruralidad.

Duque militarizó los territorios, que no solo estigmatiza a las comunidades sino genera una dispersión del virus Covid-19 en poblaciones donde no había llegado la enfermedad ya que movilizó pie de fuerza que incumplió las medidas de bioseguridad. Lugares donde, además, no se cuenta con infraestructura hospitalaria necesaria para atender a quienes contraigan el virus.

Erradicación forzada y paramilitarismo

Adicionalmente, la ausencia de infraestructura vial, la falta de programas de apoyo al campesinado y la importación de alimentos que no se necesitan pues ya se cultivan en el país se ven reflejados en los precios de los productos agrícolas, y las ganancias irrisorias del campesinado. Esta situación, sumada a la histórica y desigual distribución de la tierra y el control territorial ejercido por grupos armados ilegales, ha llevado a muchas familias campesinas a recurrir a los cultivos ilícitos como medio de subsistencia. 

El gobierno de Duque, conociendo esta situación, ha impulsado la erradicación forzada de estos cultivos sin otorgarles alternativas de manutención. Además, ha criminalizado a los cultivadores, sin solucionar las causas estructurales que han llevado al campesinado a recurrir a esta alternativa: la acumulación de tierra por parte de los terratenientes.

Regreso de la Seguridad Democrática

Aunado a lo anterior, la situación del campo colombiano se ha visto agravada por un gran aumento de la violencia ejercida contra las comunidades, especialmente, rurales. Así, en el último mes se cuentan más de 6 masacres que se unen a las más de 36 masacres que se han cometido en el año 2020. La violencia, si bien nunca se fue del campo, no había alcanzado índices como los que se han visto durante el gobierno de Duque desde hace más de 10 años . 

Tras el reciente llamado que hizo la Corte Suprema de Justicia al exsenador Álvaro Uribe para que rindiera indagatoria por su posible responsabilidad en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), el uribismo se ha atrincherado en la calumnia, la deslegitimación de la justicia y el aumento de la violencia política y social; recuerdan la política del gobierno presidencial de Uribe (2002-2010) de la ‘Seguridad Democrática’, bajo la cual se cometieron múltiples crímenes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos.

Como si esta situación no fuera lo suficientemente grave, el día 24 de agosto, el Ministerio de Defensa anunció el reinicio de la aspersión aérea con glifosato; práctica denunciada en múltiples ocasiones por parte de los movimientos sociales y de las entidades del Estado como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. El glifosato no solo atenta contra la salud de las comunidades, sino que destruye otros cultivos aledaños y contamina las fuentes hídricas.

Un pie en el Congreso y miles en las carreteras

Por otro lado es importante resaltar la labor de los representantes del campo como Alberto Castilla, senador del Congreso de la República, que encarnó la esperanza de cambio y transformación que las comunidades campesinas sostienen para mejorar sus condiciones de vida desde la institucionalidad.

El histórico e intencional abandono estatal de lo que antes se conocía como territorios nacionales y hoy se agrupan en la categoría de zonas rurales hace que las condiciones del campesinado sean cada día más precarias. Sin embargo, las comunidades campesinas continúan resistiendo y generando dinámicas de organización con el fin de mejorar su calidad de vida. La creación de las Guardias Campesinas constituye un hito importante, dado que ha permitido fortalecer las prácticas del autocuidado y defensa de la vida y del territorio.

Así es como los campesinos y campesinas, además, vieron la necesidad de llevar sus voces a otras instancias, entre ellas el Congreso de la República. En este lugar llegan sus exigencias en pro de la defensa de la vida campesina colombiana. En el año 2014, bajo el aval del partido político Polo Democrático Alternativo -PDA- fue elegido como congresista al Senado de la República, Jesús Alberto Castilla. 

Castilla ha sido vocero del Coordinador Nacional Agrario -CNA-, espacio organizativo del campesinado, desde donde se han criticado fuertemente políticas como la erradicación forzada de cultivos ilícitos, y se han generado propuestas como la sustitución voluntaria en armonía con lo pactado por el Estado: los Acuerdos de Paz.

Invitamos a todas y a todos a estar alertas y no guardar silencio ante el despojo de tierras y la explotación de las y los campesinos, a denunciar ampliamente la corrupción de las instituciones del Estado y la posible alianza entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales. Solo así podemos garantizar la integridad y la supervivencia de las familias campesinas y, por consiguiente, de todas las familias colombianas. Debemos reconocer que el campesinado es un sujeto de derechos, víctima de múltiples crímenes de Estado y del abandono intencionado por parte del Gobierno desde hace décadas, situación que se ha agudizado durante la presidencia de Iván Duque.

Publicado originalmente en vidadigna.congresodelospueblos.org

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Por Claudia Korol* / Foto: Biodiversidad

El patriarcado capitalista y colonial, impacta con sus violencias de manera diferenciada en los cuerpos y vidas de las mujeres. En la medida en que se expande el agronegocio, y el capital penetra en los territorios para garantizar la generación de lucro, avanzan la contaminación con agrotóxicos, la contaminación transgénica, la contaminación de la tierra y el agua, del ambiente, amenazando la producción de alimentos realizados por la agricultura campesina, a la propia existencia de la agricultura campesina, a los alimentos de toda la población, y a la salud de la población rural y urbana.

Se profundizan la mercantilización y colonización de la vida, descargando violencias sobre el territorio-cuerpo y el territorio-tierra. Sintetizando los impactos sobre las mujeres, podemos identificar:

Destrucción del modelo de agricultura campesina:

El agronegocio ocupa y / o contamina los territorios donde históricamente las mujeres sostenían la agricultura campesina, expulsando a las mujeres de la producción de alimentos, y consolidando la división sexual del trabajo que menosprecia e invisibiliza el trabajo de las mujeres y las relega a la esfera doméstica y al trabajo de cuidados. También consolida la división entre la producción agropecuaria y la reproducción de la vida, atentando contra la sustentabilidad de la vida, la autonomía de las mujeres, sus conocimientos y su papel como sujeto político. En determinadas regiones se pierden las agriculturas campesinas como proyectos productivos, y con ello las primeras afectadas son las mujeres que eran / son sus primeras sostenedoras.

Conflictos territoriales:

El avance del agronegocio promueve el acaparamiento de tierras, desalojando a las comunidades campesinas e indígenas de los territorios que habitaron históricamente, especialmente donde viven comunidades indígenas, negando sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales, y su propia existencia como pueblos. Las mujeres de las comunidades son afectadas por estos desplazamientos, y en algunos lugares son obligadas a migrar, despojadas de toda forma de economía de subsistencia. Existen muchos campesinos/as e indígenas asesinados y criminalizadas, en conflictos territoriales.

Acceso a la tierra:

Existen en el mundo alrededor de 1.600 millones de mujeres campesinas (más de la cuarta parte de la población), pero sólo el 2% de la tierra es propiedad de ellas, y reciben el 1% de todo el crédito [1]. En América Latina y El Caribe, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la población rural asciende a 121 millones de personas, lo que corresponde al 20% del total de la población. De este total, el 48% son mujeres (58 millones). Sólo el 30% de mujeres rurales poseen tierras agrícolas, y no tienen acceso a los medios de producción. La FAO señala también que sólo el 18% de las “explotaciones agrícolas” regionales son manejadas por mujeres. Las mujeres reciben el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica para el sector [2]. Muchas poblaciones rurales se ven rodeadas por el agronegocio, que arrienda y compra tierras provocando el incremento del precio de ese bien fundamental para la producción de alimentos. El incremento del precio de la tierra ha llevado a que mucha gente –especialmente jóvenes- decida abandonar el campo, lo que debilita el tejido social y provoca la pérdida de centros educativos, de salud, y otros servicios.

Daños al medio ambiente:

No hay medidas concretas para detener la destrucción del ambiente que produce el agronegocio, y su impacto en la vida de las comunidades y de las mujeres. En algunos casos las poblaciones están luchando por un ambiente no contaminado, y particularmente se han logrado disposiciones en lugares donde se encuentran escuelas o poblados. Las redes de pueblos afectados por las fumigaciones, de médicos-as, de maestros-as de pueblos fumigados, tratan de cuidar la salud de las personas, de las comunidades, y también las economías de subsistencia que lograron desarrollar los pueblos y comunidades.

Señala Miriam Nobre (Marcha Mundial de las Mujeres-Brasil): “El proyecto del agronegocio tiene costos ambientales, sociales y económicos. Ambientales, por la destrucción directa, ya sea por la contaminación de agua y suelo, o por la emisión de gases de efecto invernadero, ya que este modelo de agricultura es adicto al petróleo, debido a la mecanización, los aditivos químicos, y las grandes distancias que recorren sus productos”.

Salud de las mujeres:

“Nosotras somos las que parimos, nos afecta de manera diferente. Nuestro cuerpo es más vulnerable a los herbicidas, fungicidas e insecticidas que son extremadamente fuertes. Los hombres salen de las casas. Las mujeres quedan con los niños y niñas en las casas”. (María Ramona, Organización Cultiva, Paraguay.

La mayor parte de los agrotóxicos afectan los sistemas hormonales y reproductivos de las mujeres. Hay estudios que revelan el impacto diferencial de los agrotóxicos en los cuerpos de mujeres, vinculados a desequilibrios hormonales (los llamados “disruptores endócrinos”) y determinados cánceres (de útero, de mama). Muchos de los agrotóxicos causan, simultáneamente, enfermedades crónicas como cáncer, leucemia u otros trastornos endócrinos, a la vez que malformaciones y abortos.

Un estudio realizado en Mato Grosso, Brasil, revela la contaminación de la leche materna por el crecimiento del agronegocio. Se señala:

“Se encontraron variadas sustancias contaminantes en la leche humana, que tienen efectos adversos sobre el sistema reproductivo y hormonal, pudiendo inducir el aborto y otras enfermedades”.

Se profundiza la división sexual del trabajo. Las mujeres como cuidadoras:

La división sexual del trabajo hace que los daños del modelo del agronegocio al conjunto de la vida familiar signifiquen sobre-explotación de las mujeres en su rol de cuidadoras de la vida y en los trabajos precarios a los que acceden. La división sexual del trabajo, genera la invisibilidad tanto del trabajo en la casa de las mujeres, como de los trabajos productivos de cuidados de animales, de las huertas, intercambio de alimentos, etc.. Por un lado el trabajo es invisible, pero este trabajo invisible se ve recargado porque hay más familiares afectados/as en su salud, en su posibilidad de trabajar, y las mismas mujeres quedando en la casa están más expuestas a las fumigaciones. Las tareas domésticas relacionadas al trato del agua, lavado de la ropa de la familia, y particularmente la ropa de los varones que trabajan aplicando agrotóxicos, amplían los riesgos para las mujeres.

Migraciones a las ciudades de las mujeres campesinas:

Una de las mayores consecuencias es el desplazamiento forzado de mujeres campesinas que llegan a las ciudades o migran a países vecinos o europeos, exponiéndose a diversas formas de violencia, como la trata con fines laborales o sexuales, o están obligadas a sobrevivir en empleos precarios y sobreexplotadas. Muchas de las mujeres migrantes tienen como única opción laboral el trabajo doméstico, o son víctimas de la explotación sexual.

Hacia un feminismo indígena, comunitario, campesino y popular:

Asegurar el enfrentamiento a los despojos del territorio tierra y del territorio cuerpo, es parte de la formación de los feminismos en el Abya Yala, con un carácter antipatriarcal, clasista, anticolonial, antirracista, comunitario y anticapitalista. La organización de las mujeres originarias, negras, quilombolas, campesinas, trabajadoras, migrantes, mujeres que habitan villas y favelas (desplazadas por la avance del agronegocio), es fundamental para poder enfrentar las políticas de muerte, destrucción de la naturaleza y desarticulación de las comunidades.

Dicen las mujeres campesinas de la CLOC: “La lucha por la emancipación de la mujer debe ir de la mano de la lucha para acabar con la propiedad privada, por el derecho a la tierra y el territorio, por la reforma agraria, contra las transnacionales, contra los transgénicos, contra los plaguicidas, por el fin de las mineras, etc.

La feminización de la resistencia al agronegocio, y los procesos de formación feminista, son claves para que puedan crearse y fortalecerse las semillas no transgénicas de estos feminismos.

*publicado originalmente en Biodiversidad

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Por Camila Parodi e Ignacio Marchini | Fotos de Camilo Rozo, Juan Ignacio Muñoz y Johan González

En sintonía con el levantamiento continental, el pueblo colombiano no se quedó atrás y realizó, en el día de ayer, un paro nacional. Con una enorme adhesión del campo y la ciudad, el campesinado y los y las trabajadoras urbanas frenaron la economía de Colombia y salieron a las calles contra el paquetazo neoliberal del gobierno de Iván Duque. Con muchas similitudes a los proyectos políticos económicos de Piñera, Macri y Lenin Moreno, el presidente colombiano pretende avanzar con un combo de reformas para sostener el ajuste en detrimento de los derechos de los pueblos. El paro apareció como una respuesta unificada de hartazgo a sus políticas de muerte.

En ese contexto, desde Marcha dialogamos con Jimmy Minguero, vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, sobre cómo se llega a este paro, los reclamos de las comunidades afro y campesinas, y el vínculo de la situación en Colombia con los levantamientos e insurrecciones en Latinoamérica y El Caribe.

¿Por qué se dio este paro nacional masivo ayer en Colombia?

Abrazamos todas las movilizaciones que se están dando en Nuestra América para confrontar las políticas neoliberales que se han establecido estos últimos años en todo el continente. La movilización de ayer en Colombia se plantea en contra del Paquetazo del gobierno de Iván Duque, una serie de reformas laborales, previsionales y tributarias, pero a su vez es una llamada en contra de los asesinatos y las judicializaciones. Estamos preocupados por estos más de 300 asesinatos durante este gobierno y la ola de criminalización de la protesta social.

En ese sentido, se organizaron las multitudinarias marchas que sucedieron ayer en todo el país. Millones de colombianos y colombianas han salido a decirle a Duque que “ya no más”, que no estamos de acuerdo con las políticas neoliberales y el extractivismo y estamos cansados de esta ola de corrupción y terrorismo de Estado que se ha impuesto en nuestros territorios. La respuesta ante nuestros reclamos fue represiva, con ataques de las fuerzas de seguridad en Cali, en Medellín, en Yopal, en Bogotá. El gobierno no garantiza la protesta social ni los derechos de las comunidades movilizadas libremente.

¿Cuál ha sido la política de Duque en relación a la seguridad interna? Porque por lo que contás hay mucha hostilidad por parte del Estado

El gobierno de Duque ha venido implementando un modelo de seguridad muy parecido a lo que en los dos gobiernos de Uribe llamaron la “Seguridad democrática”. Apenas entraron, implementaron, vía norma del Congreso, la llamada “Política de seguridad y defensa”, que agranda el aparato militar, dándoles facultades en los territorios y fortaleciendo la doctrina militar implementada en nuestro país hace muchos años, aprendida en la Escuela de las Américas. Esta doctrina marca que los movimientos sociales son enemigos del Estado colombiano, y a partir de eso se desarrolla una política contrainsurgente. El gobierno reprime y judicializa, les da facultades al Ejército y a los alcaldes para que decreten el Estado de sitio, Estado de excepción o toque de queda, algo que viola las libertades civiles y políticas de los ciudadanos. Esta persecución a los y las líderes sociales y la represión del gobierno, que llamamos terrorismo de Estado, está respaldado por los poderes mediáticos. Todo eso se traduce en la crisis humanitaria y de derechos humanos que estamos viviendo en Colombia.

¿Cuáles son los reclamos puntuales del campesinado y de las poblaciones afro?

El movimiento campesino viene levantando una agenda política que tiene como eje principal desarrollar una reforma agraria estructural que pueda reducir estos niveles tan altos de concentración de la tierra que hay en Colombia. Esto es parte de la génesis del conflicto social armado en nuestro país. También reivindicamos el reconocimiento del campesinado como un sujeto de derechos, una de las poblaciones más grandes de Colombia que el Estado no reconoce.

Reclamamos por las “áreas protegidas”, que supuestamente son para proteger las reservas naturales pero que el gobierno está usando para sacar a los y las campesinas y entregarle las tierras a la economía extractiva, representada principalmente en los agrocultivos y la agroindustria.

Los pueblos afros también nos sumamos a los reclamos por la reforma agraria y la Ley de Tierras pero venimos también levantando la consigna en perspectiva de poder desarrollar los procesos colectivos de las comunidades negras, de los consejos comunitarios. Se ha levantado una polémica porque en el último censo que realizó el gobierno, disminuyó enormemente la población afro. En el Pacifico colombiano, la zona de El Caribe, la población afro es mayoría y pasaron en el ultimo censo de 20 millones a 3 millones de personas de comunidades afros en Colombia. Esto es el explícito desconocimiento del Estado hacia esas comunidades.

¿Cómo se vinculan los actores sociales y los reclamos de estos sectores?

Un interés común con los indígenas es el respeto y el fortalecimiento de las guardias campesinas, de las guardias cimarronas y las guardias indígenas como mecanismos que tenemos los pueblos para la defensa de la vida y el territorio, en el marco de una escalada del conflicto.

Estamos vinculados porque reclamamos puntos que son parte de una agenda en común de mecanismos de negociación con los gobiernos. Alrededor de eso venimos levantando una consigna unitaria y un espacio de convergencia que es uno de los convocantes de la movilización de ayer. También articulamos con otros organismos en relación a la defensa de los derechos humanos.

¿Cómo vinculan lo que está pasando hoy en Colombia con lo que está sucediendo en el resto de Latinoamérica?

En Latinoamérica se ha venido generando una ola de luchas sociales y populares contra el modelo neoliberal. Los gobiernos de derecha se van posicionando desde lo político y lo jurídico, con golpes de Estado inclusive como es el caso de Bolivia, para profundizar el neoliberalismo en nuestro continente. Sobre esa base, hoy el continente está movilizado y agitado. La rebeldía ha tomado los países con los pueblos como protagonistas.

Específicamente en Colombia, históricamente ha gobernado una oligarquía mafiosa, criminal y asesina. Estos ejercicios de movilización de los últimos años, y la oleada de acciones del día de ayer en el marco del paro, son la suma de insatisfacción y agotamiento de ese modelo. La gente está venciendo al miedo, ya no cree en las mentiras de este gobierno. El pueblo está clamando por la defensa de sus derechos y la garantía de las necesidades básicas de las comunidades en los territorios. Por su parte, los sectores más organizados perciben este momento como ideal para poder construir un proyecto alternativo. Sobre esa base, Colombia se suma a esa oleada de luchas populares contra estos gobiernos que han venido promoviendo sistemas fascistas de represión los pueblos.

¿Qué tuvieron de particular las acciones de ayer?

Algo muy importante es que, si bien Colombia tiene tradición de movilizaciones, ayer percibimos ese sentir que se ha generalizado a lo largo y ancho del país contra un gobierno que básicamente lo que quiere es  ser servil a los intereses de los Estados Unidos. Y eso viene en sintonía con las otras situaciones, como en Chile donde el pueblo sale a la calle contra Piñera. En Ecuador, el movimiento campesino e indígena se levantó. El pueblo boliviano hizo lo mismo en defensa del proyecto del MAS y de Evo Morales y todo lo que representan las transformaciones de los últimos años. También se han movilizado en defensa del proceso de revolución de Venezuela y Cuba, país que ha sido amigo de la paz y que nos habilitó su territorio para el proceso de paz. Lo que está pasando en toda la región es un conjunto de problemática que nos han permitido levantar la bandera de indignación hacia la construcción de nuevos horizontes de lucha popular.

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