Cuba atraviesa un momento crítico marcado, en primer lugar, por el corte del suministro de petróleo que sostenía buena parte de su sistema energético, una situación directamente vinculada a la política exterior del gobierno de Donald Trump. A través de sanciones, presiones e intervenciones en la región —particularmente sobre Venezuela—, la administración estadounidense promovió un reordenamiento geopolítico orientado al control de recursos estratégicos, cuyo impacto golpea de lleno a la isla. La interrupción de ese flujo energético no es un hecho aislado, sino una consecuencia concreta de esa estrategia, que se suma al recrudecimiento del bloqueo histórico impuesto por Estados Unidos.

Este escenario profundizó una crisis estructural que ya estaba tensionada por el impacto persistente de la caída del turismo tras la pandemia —una de las principales fuentes de ingresos de la isla—. En los últimos días, la situación se volvió aún más urgente con apagones totales que dejaron a amplias zonas del país sin electricidad durante horas, afectando la vida cotidiana, el funcionamiento de hospitales y la producción de alimentos. Con la llegada del verano, cuando aumentan las temperaturas y la demanda energética se intensifica, el escenario plantea desafíos inmediatos para el sostenimiento de servicios esenciales.

Pero esta no es solo una historia de crisis. Es también —y sobre todo— una historia de solidaridad.

Una tradición internacionalista basada en el cuidado de la vida

Durante más de seis décadas, Cuba ha construido una política internacionalista que pone en el centro el cuidado colectivo. En contextos donde el mercado no llega o llega excluyendo, la isla ha enviado lo más valioso: conocimiento, trabajo y compromiso.

Desde 1963, más de 600.000 profesionales de la salud cubanos han trabajado en 165 países, con una presencia sostenida en América Latina, África y el Caribe. Han estado en territorios atravesados por la pobreza estructural, conflictos armados y emergencias sanitarias, muchas veces en condiciones adversas.

En la pandemia de COVID-19, brigadas médicas cubanas llegaron a decenas de países, incluso a regiones donde los sistemas de salud colapsaban. También intervinieron en crisis como el ébola en África y en escenarios de catástrofes naturales.

La “Operación Milagro”, por su parte, permitió realizar millones de cirugías oftalmológicas gratuitas, devolviendo la vista —y con ella autonomía y dignidad— a personas históricamente excluidas.

Alfabetizar como práctica de justicia social y emancipación

Otro de los pilares de la solidaridad cubana es la educación. El método de alfabetización “Yo, sí puedo”, desarrollado desde una perspectiva pedagógica popular, permitió que millones de personas aprendieran a leer y escribir en sus propios territorios y lenguas.

Su enfoque parte de lo cotidiano, de lo que cada persona ya conoce, y se adapta a contextos diversos: comunidades rurales, pueblos originarios y personas con discapacidad. En América Latina, este método contribuyó a que países como Bolivia y Venezuela fueran reconocidos por la erradicación del analfabetismo.

La alfabetización, en este sentido, no es solo una política educativa: es una herramienta de autonomía, participación y dignidad.

El internacionalismo cubano como práctica sostenida de cooperación entre pueblos

La solidaridad cubana no se limita a intervenciones puntuales, sino que constituye una política sostenida en el tiempo, basada en la cooperación entre pueblos y no en la lógica de la ayuda condicionada. A lo largo de décadas, Cuba ha formado gratuitamente a miles de estudiantes de América Latina, África y Asia, especialmente en áreas estratégicas como la medicina, generando capacidades locales que luego se traducen en sistemas de salud más accesibles en sus países de origen.

Este internacionalismo también se expresa en la capacidad de respuesta ante emergencias. Brigadas especializadas han intervenido en huracanes, terremotos y crisis sanitarias en distintos continentes, muchas veces siendo las primeras en llegar a territorios donde otras asistencias no arriban. Esa presencia no se limita a la atención inmediata, sino que suele incluir procesos de acompañamiento y reconstrucción.

A su vez, Cuba ha compartido desarrollos científicos, tecnológicos y organizativos: desde vacunas y tratamientos médicos hasta modelos de atención primaria y experiencias comunitarias en salud y prevención. En todos los casos, se trata de una práctica que prioriza el fortalecimiento de capacidades locales y la construcción de vínculos duraderos, antes que la dependencia o el endeudamiento.

Una crisis que impacta de lleno en la vida cotidiana

La actual crisis no se expresa solo en indicadores económicos, sino en las condiciones concretas de vida. Los apagones prolongados afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua, la conectividad y el funcionamiento de servicios básicos. En los hogares, implican reorganizar rutinas enteras en función de la disponibilidad intermitente de energía.

En el sistema de salud, la falta de electricidad y combustible tensiona el funcionamiento de hospitales, equipos médicos y cadenas de frío necesarias para medicamentos y vacunas. En paralelo, las dificultades para el transporte impactan en el acceso a centros de atención, al trabajo y a la producción.

También se ve afectada la vida comunitaria: desde escuelas que deben adaptar sus horarios hasta espacios productivos que reducen su actividad. La crisis energética, en este sentido, no es un fenómeno aislado, sino un factor que atraviesa todas las dimensiones de la vida social.

El convoy internacional: solidaridad sin fronteras frente a la asfixia económica

En este contexto, se organizó una respuesta internacional que busca no solo aliviar la emergencia, sino también disputar el sentido político del aislamiento. Un convoy impulsado por una coalición de movimientos sociales, sindicales, organizaciones humanitarias y referentes públicos de distintos países se prepara para llegar a La Habana con más de 20 toneladas de ayuda.

La iniciativa incluye alimentos, medicamentos, insumos de higiene, equipamiento médico y, de manera clave, sistemas de energía solar —paneles y generadores— destinados a sostener hospitales y servicios esenciales en medio de la crisis eléctrica. La articulación con redes internacionales y activistas también pone en agenda la relación entre soberanía energética y justicia global.

El convoy no es solo una acción humanitaria: es también una intervención política que busca visibilizar el impacto del bloqueo y afirmar que la cooperación internacional puede construirse desde abajo, entre organizaciones y pueblos, sin condicionamientos.

Redes de solidaridad desde Argentina: energía para sostener la vida

En Argentina, también se activan redes de apoyo concretas. La Casa de la Amistad Argentino-Cubana impulsa una colecta solidaria para la compra de paneles solares, una herramienta clave en el actual contexto de crisis energética.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias 191017385501730301010032 a nombre de Casa de Amistad Arg Cubana (CUIL 30-70127094-7), aportando a una iniciativa que busca sostener servicios esenciales desde una lógica de cooperación entre pueblos.

Una responsabilidad colectiva frente a la crisis: Si Cuba fue capaz de sostener la vida en tantos territorios cuando más se la necesitaba, la pregunta que se abre hoy es qué significa sostener a Cuba.

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Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Desde Belém, Brasil

Foto portada: Lourdes Albornoz / Colectivo Mujeres diaguitas, ancestras del futuro

En este 25 de noviembre, Día de la No Violencia Contra las Mujeres y Disidencias Sexuales, el mundo vuelve a denunciar las violencias patriarcales. Mientras en la COP30 empresas y gobiernos discutieron medidas para enfrentar la crisis climática, las mujeres que defienden sus territorios viven cada día una doble violencia —de género y extractiva— que busca silenciar sus voces, fracturar sus comunidades y disciplinar sus decisiones políticas. María Ivete Bastos, campesina de Santarém (Pará) fue amenazada y sufrió una serie de atentados contra su vida por oponerse al monocultivo de soja. Sin embargo, convoca a no rendirse: “Luchamos por la vida. Y es la vida del río, la vida del bosque, la vida de nuestra gente”.

Cada 25 de noviembre se conmemora y repudia el asesinato de las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— en 1960 a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Seis décadas después, la criminalización, amenazas, hostigamiento y desgaste emocional forman parte de un entramado que sigue fuera de las negociaciones oficiales de la diplomacia de la COP30.

Los contextos cambian, los nombres de las empresas varían, los gobiernos se renuevan, pero las formas de control y fragmentación son las mismas. La historia de María Ivete muestra una realidad que viven quienes se enfrentan a grandes proyectos mineros o del agronegocio. Recientemente, casi fue atropellada por un auto en plena calle. Su compañera, Maria do Espírito Santo da Silva, también defensora contra el extractivismo, fue asesinada a balazos junto con su esposo José Cláudio Ribeiro da Silva en 2011.

América Latina y el Caribe es el continente más peligroso para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde la Puna hasta la Amazonía, pasando por los Andes, el Cerrado brasileño y las costas del Pacífico, la escena se repite con una precisión que desgarra: criminalización, causas judiciales inventadas, campañas de difamación, quiebre de vínculos comunitarios, estrés y depresión, aislamiento y amenazas que avanzan al ritmo de los proyectos extractivos. 

El último informe de Global Witness, publicado en septiembre de 2025, reporta que al menos 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo en 2024. La cifra global acumulada desde 2012 asciende a 2.253 casos. América Latina vuelve a ocupar el epicentro: 117 de las víctimas del último año —el 82 por ciento— vivían en la región. Un tercio de las víctimas eran indígenas. El informe denuncia que en 2024 aumentaron otras formas de ataque como detenciones ilegales, criminalización judicial, acusaciones falsas de terrorismo y persecución por vías administrativas. 

La mayoría de quienes resisten en primera línea son indígenas, campesinas y campesinos, personas profundamente arraigadas a sus territorios. Aunque los pueblos originarios representan sólo el seis por ciento de la población mundial, protegen el ochenta por ciento de los bosques del planeta. Allí, en los márgenes donde la acción climática no es una promesa sino una práctica cotidiana, sostienen la vida frente al colapso ambiental. 

Elizabeth Mamani, defensora de los humedales andinos

La historia de Elizabeth Mamani muestra, sin eufemismos, lo que significa enfrentar el avance minero en el norte argentino. Defensora de los humedales andinos, integrante de la comunidad de Atacameños del Altiplano y parte de la Red Trasandina de Mujeres y Disidencias Diaguitas Ancestras del Futuro, vive en un territorio donde las autorizaciones extractivas se otorgan sin consulta previa (como establece la ley) y a una velocidad que supera cualquier posibilidad de control comunitario.

“La situación de mi territorio es cada vez más preocupante”, dice. Frenar estos proyectos se volvió prácticamente imposible. Si bien en la actualidad un fallo de la Corte provincial de Catamarca de 2024 frena nuevos proyectos hasta que se realice la evaluación de impacto integral y acumulativo, los doce proyectos que están en proceso de explotación y exploración ya generaron un impacto irreversible. Un ejemplo es la desecación de la Vega Trapiche, por la explotación en la zona del Salar del Hombre Muerto (en Catamarca) y el desplazamiento de las economías rurales.

Su testimonio es claro: la defensa territorial no solo implica confrontar a empresas y gobiernos, sino asumir un desgaste social profundo. “La vida de los defensores es muy complicada”, explica. La sociedad muchas veces se da vuelta, los gobiernos persiguen, las mineras intentan comprar silencios “con migajas”. Y las familias sienten el peso de un conflicto que cae siempre sobre las mismas personas. A eso se suma la criminalización y la sensación constante de estar peleando en desventaja. “No tenemos el apoyo suficiente de la población”, resume.

Elizabeth no habla desde la excepcionalidad, sino desde una experiencia común a muchas comunidades: poner el cuerpo, la voz y el tiempo de vida en un conflicto en el que todo parece jugar en contra. Cuando intenta explicar de dónde sale la fuerza para sostener esa lucha, no lo hace desde una épica militante sino desde la necesidad y el deseo de preservar la vida. Defender el territorio —dice— es pensar en quienes vienen después, en no dejar un ambiente destruido y sin agua para las generaciones futuras. Su impulso está ahí: en evitar que el daño de hoy se convierta en una condena para quienes incluso todavía no nacieron.

Bertha Cáceres Zúñiga, defensora de los ríos

Hablar con Bertha Cáceres Zúñiga es escuchar una memoria viva que continúa enfrentando las mismas violencias que acabaron con la vida de su madre, la líder indígena Berta Cáceres, en 2016. “Bertita”, como la nombran sus colegas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sabe que su país, Honduras, funciona como un enclave extractivista histórico atravesado por una tensión permanente. “Estamos en un momento de mucha tensión política”, dice, marcada por unas elecciones inminentes y un clima de violencia que “se conserva de manera general”. 

Ese contexto no puede entenderse sin nombrar lo que ella identifica como el corazón del conflicto: “el tema de tierras, de pueblos indígenas, bienes comunes de la naturaleza, proyectos de privatización, temas de financiamiento, esa es la razón central del problema en nuestro país”.

Bertita subraya que esos problemas se expresan en un punto clave: la disputa territorial. Explica que las agresiones contra las defensoras y defensores están directamente vinculadas a los intereses económicos que operan sobre los ríos, los bosques y los territorios indígenas. “Estas situaciones son reflejo de las tensiones entre intereses políticos y económicos que siguen existiendo en Honduras”, afirma. Y advierte que, aunque en el caso del femicidio político de su madre hubo avances judiciales, el problema de fondo no cambió. “Las estructuras criminales no se han desestructurado, continúan activas y pretenden los territorios”, denuncia.

Su presencia en la COP30 no buscó maquillajes diplomáticos, sino colocar en el centro de la discusión climática lo que ocurre en los territorios. Lo dice sin vueltas: mientras defender un río o una montaña implique enfrentar violencia política, económica y criminal, cualquier debate sobre transición energética o protección ambiental carece de sentido. Plantea: no se puede hablar de futuro climático sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes, todos los días, defienden la vida de sus territorios y comunidades.

María do Bosque, defensora de la tierra

Maria do Bosque vive en Alagoas, nordeste de Brasil, zona de playas paradisíacas y de explotación de caña de azúcar. La historia colonial allí tiene sus orígenes en esa región (más precisamente en Bahía, un poco más al sur), donde la caña de azúcar fue el monocultivo que trajo aparejado el tráfico de esclavos desde África. Las huellas de esa historia permanecen: si bien el país abolió la esclavitud en 1988, esa práctica permanece en las zafras.

María pertenece al Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), que se movilizó a Belém con sus banderas y gorras violetas para participar de la Cumbre de los Pueblos. Explica con una sonrisa que su nombre responde a su territorio: “Somos muchas María, entonces nos identificamos según de dónde venimos”. Sobre las discusiones oficiales que se producen en la COP, cuestiona: “Vemos que todo es solamente para el lucro”.

En Alagoas hay más gente sin tierra que con tierra. Grandes extensiones están en pocas manos y el 90 por ciento está dedicado al monocultivo de caña, que a su vez se destina a la exportación. La explotación genera degradación del suelo y contaminación de las aguas. María avizora otro monocultivo en ciernes: el de eucaliptus.

Como ex cortadora de caña conoce de cerca esa realidad: “Si un cortador de caña no junta seis toneladas por día, no es considerado bueno. Eso implica un costo para la vida del trabajador, la perspectiva de vida es muy pequeña ya que se trabaja con altas temperaturas, sin sombra siquiera para el momento de comer”. 

Asegura que la principal problemática para ellas son las múltiples formas de violencia, muchas veces invisibilizadas por ocurrir lejos de las ciudades. Agrega que la falta de tierras es una forma de violencia: “No es posible tener una vida digna si la mujer del campo no tiene agua, ni tierra ni su territorio libre. Eso es muy fuerte para nosotras”. Explica que su lucha es por una vida donde las mujeres puedan tener la libertad de plantar su alimento, de comer saludablemente, de cuidar de las semillas y de sus comunidades.

El MMC trabaja con una perspectiva campesina y agroecológica, que busca introducir cultivos de verduras o trigo. Sin embargo, esa práctica artesanal que subvierte la lógica corporativa tiene su costo: la Policía y grupos cercanos a los latifundistas destruyen sus instalaciones colectivas y envenenan el agua de sus pozos como forma de amedrentamiento. Pero María no duda: “Apostamos a esa salida para la agricultura, una salida donde haya vida y dignidad”.

Margarita Aramayo, defensora de los cerros

Margarita Aquino Aramayo coordina la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre de Tierra en Oruro, Bolivia. Desde la Cumbre de los Pueblos, afirma: “Somos indígenas que estamos defendiendo a la Madre Tierra y los derechos de las mujeres que están siendo violados por la contaminación minera. Denunciamos la violencia medioambiental contra las mujeres”. Y explica que los grandes emprendimientos son de extracción de estaño, plata, plomo, litio y oro.

Asegura que el extractivismo afecta el derecho a la salud, al trabajo, a la consulta libre, previa e informada, a vivir en un ambiente sano, al agua. “Sin agua no hay vida”, enfatiza, con la bandera de Bolivia entre sus manos. Y agrega: “A nosotros nos expulsaron de nuestro territorio, contaminaron nuestra agua y nuestras tierras”.

“Nuestras autoridades nacionales están poniendo la mira en los pueblos indígenas. Pero estamos preparados para resistir a la minería”, expresa. Alza la voz frente a otras mujeres, en el gimnasio de la Universidad Federal de Pará, donde se lleva a cabo la cumbre. Afirma que la COP no las representa. Los aplausos hacen eco en el sopor del mediodía. Y precisa: “No nos representa porque allí no están las voces de las mujeres indígenas ni de los pueblos indígenas. Allí van los estados y las transnacionales a decidir cómo va a ser nuestro futuro”.

Un clamor cada vez más potente

En la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP), las defensoras no fueron protagonistas. La toma de decisiones continúa secuestrada por Estados y las corporaciones y negociadores, que suelen estar muy lejos de los territorios donde se juega el presente y el futuro del clima.

El contraste entre lo que sucede dentro y fuera de la COP30 en Belém lo dejó claro. Mientras en los pabellones oficiales se repetían discursos cuidadosamente medidos, en las calles, en los ríos y en las aldeas se escucharon las denuncias que la diplomacia evita nombrar. La Marcha Global por el Clima del 15 de noviembre, encabezada por comunidades amazónicas y delegaciones de distintas regiones del mundo puso en el centro la defensa territorial como la acción climática más efectiva.

En la Cumbre de los Pueblos el movimiento indígena brasileño fue categórico: las demarcaciones territoriales son urgentes. En Brasil existen 107 tierras indígenas listas para demarcar pero llevan años de espera. La demarcación implica preservar los territorios indígenas de proyectos extractivistas. El anuncio realizado por el ministro Jefe de la Secretaría General de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos —20 demarcaciones nuevas— fue celebrado, pero las organizaciones dejaron claro que es apenas un inicio frente a la escala del reclamo. Otra exigencia fue el financiamiento directo para las comunidades que protegen la biodiversidad. 

Esta COP no dejó grandes expectativas en términos de acuerdos, pero sí mostró que las defensoras y guardianas de la vida ya no están hablando en los márgenes. Partícipes de la Cumbre de los Pueblos y de espacios de incidencia colectiva, organizan estrategias, planifican límites a la impunidad y marcan el tono de una transición que no puede repetir los caminos que condujeron al colapso.

Ivete Bastos dice que no abandonará la lucha por su territorio, pese a los peligros. “Lo que me da coraje es ver tanta injusticia, tanta desigualdad. Por eso cuando pienso en quedarme en mi rincón, en mi lugar, cuidando mi vida privada, me siento muy incómoda. Si mi voz se escucha y capta la atención de alguien, me alegra mucho porque es como si alguien me mirara y dijera: ‘mira, tiene esta edad, el pelo blanco, y sigue viva entre otros, alzando la voz, buscando, denunciando, así que vale la pena’. Eso me anima a vivir y a seguir luchando”.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Muy Waso y Agencia Tierra Viva.

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Por Camila Parodi desde Belem | Fotos: Lizbeth Hernández

La Caravana Mesoamericana llegó a Belém con un mensaje que no suele atravesar las paredes diplomáticas de una COP: la crisis climática no puede discutirse sin escuchar a quienes defienden el territorio en las fronteras más violentadas de la región. Después de un mes de recorrido, desde México hasta la Amazonía brasileña, las organizaciones que integran la caravana entraron a la COP30 con un documento político construido en ruta y una convicción: “No va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”, como resume Dianx Cantarey, integrante de Deuda x Clima de México.

Su trabajo colectivo se articula en torno a lo que llaman los cuatro ejes del colapso, una metodología que permite sintetizar las afectaciones territoriales que comparten las luchas mesoamericanas: “megaproyectos y militarización; migración y desplazamiento forzado; la financierización de la vida y las falsas soluciones; y la crisis global del agua”. Para Dianx, estos ejes funcionan como una forma de ordenar la experiencia común de las comunidades: “Así podemos sistematizar claramente y definir cuáles son las afectaciones que tiene cada territorio”.

La caravana partió formalmente el 12 de octubre —Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular— desde Tapachula, Chiapas, después de una conferencia de prensa en la frontera entre México y Guatemala. Pero su trayectoria comenzó días antes, en el norte de México, con la tribu Yaqui en Sonora. Allí se denunciaron los impactos del acueducto Independencia y las promesas incumplidas del Plan de Justicia Yaqui impulsado por el gobierno mexicano. El camino siguió hacia Michoacán, donde el Consejo Supremo Indígena articuló con la caravana en un territorio marcado —como dijo Dianx— por “la criminalización, persecución y desaparición de defensores desde los años setenta”. Más tarde, en Ciudad de México, un plantón frente a la Suprema Corte logró que defensores ingresaran al edificio para presentar sus demandas ante un ministro.

El formato del recorrido fue estable: en cada país la caravana permaneció dos días, primero en un encuentro privado de articulación política entre las organizaciones que convocaban o recibían la caravana, y luego en una actividad pública definida por cada territorio. “Dependía de la situación política: en algunos lugares fueron protestas frente a ministerios de ambiente; en otros, paneles, conferencias de prensa o actos culturales”, explica Dianx. Pero lo que no variaba era el diagnóstico: un cerco mediático que mantiene fuera de la conversación climática global a las comunidades indígenas y campesinas de Centroamérica. “Nos hemos dado cuenta que en estos espacios climáticos nunca se considera la voz de los defensores en Centroamérica. Está negada la presencia de comunidades indígenas en el territorio”, remarca.

Ese cerco también se expresó en obstáculos concretos. Nicaragua prohibió el paso de la caravana por su territorio. “Nos agregó mucha presión mental y económica. Si esto nos pasó a nosotros, que no íbamos a hacer ninguna movilización en Nicaragua, imagínate lo que viven los defensores ahí”, señala Dianx. La caravana también denunció la persecución política bajo el régimen de Bukele en El Salvador, donde organizaciones que recibieron el paso de la caravana sufren incautación de bienes y hostigamiento sin causas judiciales.

En Costa Rica, la caravana realizó una acción clave: entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el documento que compila las demandas y casos levantados durante el recorrido. “Muchos de estos procesos llevan años abiertos sin seguimiento ni resoluciones positivas. Por eso presionamos para que se vuelvan a revisar”, explica. Ese mismo documento ahora circula en Belém entre relatores de la ONU y otros organismos.

Después del encuentro de caravanas en Santarém, las organizaciones subieron a un barco y navegaron hasta Belém. Llegaron en plena efervescencia de intervenciones artísticas, flotillas amazónicas y pueblos en movimiento que desde el primer día están tensionando la agenda oficial de la COP. Para Dianx, el objetivo es claro: “Romper el cerco mediático y avanzar hacia una articulación regional de pueblos que defienden el territorio”.

La caravana entra a la COP30 con la certeza de que ningún acuerdo climático tendrá legitimidad mientras ignore las luchas que sostienen la vida en Centroamérica. Porque, como repite una y otra vez en su paso por Belém, “no va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”.

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Por Camila Parodi | Fotos: Cobertura Ninja

Desde el lunes, la ciudad amazónica de Belém se convirtió en epicentro del clima global: allí comenzó la 30ª Conferencia de las Partes (COP30), el espacio donde gobiernos, organismos internacionales y grandes corporaciones negocian qué hacer ante el colapso climático. Pero esta vez, la historia no se escribe solo entre oficinas con aire acondicionado.

Desde el primer día, flotillas amazónicas, caravanas indígenas, campesinas y urbanas, cuerpos organizados y territorios en movimiento llegaron para recordarlo: la Amazonía no es un escenario, es un territorio vivo. Y no, esta no es una COP distinta porque la ONU lo diga. Es de los pueblos porque los pueblos ya la están ocupando.

El segundo día de la cumbre lo dejó claro: centenares de indígenas ocuparon la Zona Azul, el área central de las negociaciones oficiales, históricamente reservada a gobiernos, empresas y organismos multilaterales. La acción —convocada por la COP de los Pueblos Indígenas— denunció la exclusión sistemática de estas voces en los acuerdos climáticos y reafirmó una verdad ineludible: no hay futuro posible sin la protección de los territorios y los modos de vida ancestrales.

Zona azul, territorio en disputa

La COP30 comenzó en Belém, en el corazón de la Amazonía, con un contraste imposible de disimular. En el centro de convenciones, los jefes de Estado hablan de paliativos y negocios; en los ríos y caminos, las comunidades indígenas y campesinas llegan con demandas urgentes y con la esperanza de que la defensa climática se imponga.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrió la cumbre con una promesa: “La COP30 será la COP de la verdad”. Llamó a enfrentar las advertencias de la ciencia con determinación y recordó que “si los hombres que hacen la guerra estuvieran en esta COP, verían que es más barato invertir en la agenda climática”. Pero esa apelación a la paz y a la acción se cruza con una contradicción ineludible: días antes del encuentro, el gobierno brasileño autorizó a Petrobras a iniciar exploraciones petroleras cerca de la desembocadura del Amazonas, una decisión cuestionada por organizaciones socioambientales y comunidades locales que ven en ese proyecto una amenaza directa al equilibrio del bioma amazónico.

Belém es el espejo donde se reflejan esas paradojas: un lugar de belleza y desigualdad, de esperanza y agotamiento, donde las palabras de los líderes conviven con la fuerza de las movilizaciones populares. En ese contexto, durante el segundo día de la COP, una acción coordinada de comunidades indígenas irrumpió en la llamada zona azul, el área reservada exclusivamente a los Estados, las agencias internacionales y las grandes ONG. El gesto no es nuevo, pero su potencia se renueva: ocupar ese espacio es hablar con el cuerpo, es poner límite a una política climática que sigue diseñada a espaldas de quienes sostienen la vida.

A la narrativa oficial del diálogo multilateral, los pueblos oponen una verdad incómoda: mientras se negocian bonos de carbono y financiamiento para la “adaptación”, los territorios arden, los ríos mueren, las defensoras son criminalizadas. No hay más tiempo para esperar invitaciones. Por eso, esta COP se abrió con pasos firmes y colectivos, no con discursos.

MST: ocupar para vivir

La ocupación de la COP no es una acción aislada. Es parte de una genealogía de luchas populares en América Latina y el Caribe. En Brasil, esa historia tiene un nombre clave: el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Nacido oficialmente en enero de 1984, en plena transición de la dictadura militar, el MST es heredero de siglos de luchas campesinas contra el latifundio, la concentración de tierras y el despojo. Surgió como respuesta directa al empobrecimiento rural y al aumento de las desigualdades agrarias, con apoyo de organizaciones como la Comisión Pastoral de la Tierra.

Su táctica fue clara desde el inicio: ocupar tierras improductivas, organizarlas colectivamente y demostrar que otro modelo agrario era posible. Su lema, “Ocupar, producir, resistir”, no fue solo una consigna: se convirtió en una pedagogía política y campesina que echó raíces en todo el territorio brasileño. En cada asentamiento, el MST construyó escuelas, bibliotecas, radios comunitarias, cooperativas y una cultura del cuidado colectivo. Desde allí, no solo recuperaron tierra: reconstruyeron el campo desde abajo, con justicia y autonomía.

Y son las mujeres y disidencias del MST quienes empujan las fronteras de esa lucha. Todos los 8 de marzo, sus acciones directas visibilizan la relación entre agronegocio, extractivismo y patriarcado. Denuncian que el mismo modelo que envenena los cuerpos y la tierra es el que sostiene la violencia de género. Desde su praxis, el feminismo campesino propone una alternativa: sin feminismo, no hay agroecología posible.

Hoy el MST es uno de los movimientos sociales más grandes y relevantes del continente. Su lucha por una reforma agraria popular no se limita al acceso a la tierra: también impulsa la producción de alimentos sanos, la agroecología, la organización comunitaria, el rechazo al uso de trabajo esclavo y la construcción de economías solidarias. Es el mayor productor de arroz orgánico de la región y ha conformado asentamientos legales para cientos de miles de familias, además de una red de cooperativas, asociaciones y agroindustrias autogestionadas.

La ciudad también se ocupa: derecho al centro

El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) tradujo esa misma lógica de lucha a las ciudades. Frente a la especulación inmobiliaria y el despojo urbano, las ocupaciones organizadas por el MST y el MTST en territorios urbanos reclaman el derecho a vivir dignamente, a construir comunidad y a poner en discusión a quién le pertenece la ciudad. Sus acciones no son sólo respuestas a la emergencia habitacional, sino propuestas colectivas de otro modelo urbano: uno que priorice la vida por sobre el lucro.

Ambos movimientos —MST y MTST— enseñan que ocupar no es irrumpir sin rumbo. Es construir desde abajo, señalar lo que duele y lo que falta, pero también ensayar alternativas. Es abrir futuro donde el sistema sólo ofrece desalojo o marginalidad. Y ese lenguaje político volvió a hacerse presente en Belém.

La urbanista y ex Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, ha puesto palabras a esa disputa con una idea clave: el “derecho al centro”. No se trata solo de una consigna, sino de una crítica profunda a la lógica de ciudad impuesta por el capital financiero tan visible en Sao Paulo, la ciudad más grande y desigual del continente. La investigadora sostiene que el derecho a habitar la ciudad no puede reducirse a poseer una vivienda en la periferia, sino que implica acceder a todos los bienes urbanos: transporte, salud, cultura, educación, trabajo, afecto y pertenencia. Una ciudad donde el suelo no sea mercancía, sino territorio común.

En Belém, ese derecho también fue ocupado. Las marchas, los encuentros y las asambleas populares que desbordaron la COP mostraron que la ciudad no puede ser privilegio de unos pocos, ni construirse en función del turismo verde o los megaeventos. Habitar dignamente el centro es, también, una forma de resistencia climática.

Flotillas y caravanas: todos los caminos llevan a la COP

Los ríos y caminos que conducen a Belém comenzaron a llenarse semanas antes de que se inaugure la COP30. Desde distintos puntos de la Amazonía, los Andes y Mesoamérica, flotillas y caravanas de pueblos indígenas, comunidades ribereñas, campesinas, quilombolas y movimientos urbanos comenzaron a movilizarse hacia la Cumbre de los Pueblos, en una travesía que es mucho más que geográfica: es política, afectiva y territorial.

En el río Tapajós, el 8º Grito Ancestral dio inicio a esta movilización continental con una acción pacífica en la que más de 300 indígenas interceptaron balsas extractivas para exigir el fin de megaproyectos como Ferrogrão y las hidrovías del Arco Norte, denunciando su impacto sobre los territorios, los ríos y los modos de vida tradicionales. “El río es nuestra casa”, dijeron, marcando una postura ética y existencial que no cabe en los modelos de desarrollo dominantes.

A esa corriente se sumaron flotillas amazónicas como la Yakumama, que navegó desde Ecuador y Perú atravesando kilómetros de ríos con liderazgos indígenas y defensores del agua. Cada parada fue encuentro: las comunidades ribereñas recibieron a las embarcaciones con cantos, frutas, tejidos, ofrendas y abrazos, en una red de solidaridad transfronteriza que fortalece la resistencia.

También partieron caravanas desde el altiplano, el Cerrado, el Chaco y las periferias urbanas, cargadas de historias de sequías, incendios, desplazamientos y criminalización. Pero también de saberes ancestrales, agroecología, cocinas comunitarias, autogobierno, espiritualidad y redes populares de cuidado. Viajan con los cuerpos cansados y el horizonte claro: la transición ecológica real nace en los territorios, no en los salones de negociación.

Entre las múltiples delegaciones, se realizó la llamada Caravana de la Respuesta, una movilización continental que rehace el trayecto del llamado “corredor de la soja” en sentido inverso. Su mensaje es directo: “Los pueblos son la respuesta”. Frente a las falsas soluciones que propone la arquitectura oficial de la COP, como la financiarización de la naturaleza o las tecnologías verdes al servicio del extractivismo, los pueblos movilizados anuncian otras formas de vivir, de producir, de compartir.

En total, se espera que más de cinco mil personas de más de sesenta países lleguen por agua, por tierra y por aire para participar de esta COP desde abajo, protagonizada por quienes cuidan los ríos, los bosques y las periferias del mundo. No vienen a pedir permiso. Llegan con historia, con futuro, con prácticas colectivas que ya están sosteniendo el mundo que vendrá.

Una COP desde abajo

Aunque esta COP se anuncia como “la COP de la adaptación”, la brecha entre el discurso y los hechos sigue creciendo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los países del Sur necesitarán más de 310 mil millones de dólares anuales hasta 2035 para adaptarse a los impactos del cambio climático. Pero esa cifra contrasta con un dato más concreto: los pueblos ya están adaptando y resistiendo sin recursos, sin reconocimiento y sin permiso.

Belém es hoy una ciudad tomada por los cantos, los colores, las banderas, las lenguas diversas. Y también por una certeza compartida: los pueblos ya están adentro. Esta no es una COP “incluyente”; es una COP ocupada. Y eso hace toda la diferencia.

A partir de hoy, comienza en paralelo la Cumbre de los Pueblos rumbo a la COP30, un espacio autónomo que reunirá a más de 15 mil personas de todo el mundo en Belém para debatir propuestas, visiones y estrategias desde una perspectiva popular, feminista, territorial y comunitaria. Será un punto de encuentro entre pueblos tradicionales, movimientos sociales, comunidades urbanas y organizaciones internacionales, todos atravesados por una certeza: la justicia climática no vendrá desde arriba, ni desde las cúpulas, sino desde los territorios que viven, resisten y transforman.

Durante cinco días, se desplegarán foros, encuentros, talleres, asambleas, expresiones artísticas y acciones directas. El 15 de noviembre será una jornada clave: una movilización global para denunciar el modelo extractivista y anunciar las alternativas construidas desde la experiencia de los pueblos.

La Cumbre recoge el legado del Foro Global de la Eco 92, la Cumbre de los Pueblos de Río+20 y los Foros Sociales Mundiales, donde la sociedad civil fue protagonista de debates y propuestas estructurales. Con más de 546 organizaciones firmantes de su Manifiesto, esta edición fortalece una articulación internacional que se proyecta hacia 2025, cuando la COP30 regrese a Belém.

Desde las periferias urbanas hasta las comunidades del Cerrado, desde los pueblos originarios hasta los movimientos de mujeres negras, la Cumbre quiere popularizar y politizar un espacio que históricamente fue elitizado. Belém se convierte así no solo en sede de una cumbre oficial, sino en epicentro de una contracumbre global, donde se discute lo que de verdad importa: la vida, los territorios, los cuerpos, los vínculos. Una Cumbre de los Pueblos que no espera concesiones: ocupa y construye un futuro distinto, desde abajo y entre todas.

*Artículo publicado en el marco de la cobertura de la COP30 junto a Latfem, Tierra Viva y Kaja Negra.

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A pocos días de las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia, el panorama político y social está atravesado por la fragmentación del movimiento popular, el desgaste del oficialismo y la falta de representación en las opciones que llegan a la contienda electoral. En este contexto, conversamos con Mijail Miranda, periodista y Director Editorial y Estratégico del medio boliviano Muy Waso, quien analiza con claridad las tensiones internas del MAS, los efectos de la estrategia del voto nulo y el rol de la figura de Evo Morales en la izquierda boliviana.

“Creo que es importante mencionar que ninguno de los candidatos, ninguna de las ofertas que está dentro de la carrera electoral de manera oficial supera el 20% de votación. Y ese es uno de los síntomas más claros de lo que está sucediendo en la política boliviana: una representatividad y una legitimidad bastante bajas”, advierte Miranda.

Desde Muy Waso, sostienen que la debilidad del bloque popular no puede explicarse únicamente por el avance de la derecha, sino por la implosión interna del Movimiento al Socialismo. “La posible irrupción de la derecha en el gobierno boliviano tiene que ver más con la destrucción interna del MAS propiciada por sus mismos liderazgos, antes que por méritos propios de la derecha”, afirma.

“La figura de Evo Morales es una sombra más que un aporte”

Miranda sostiene que el movimiento indígena, campesino y popular en Bolivia ha sido históricamente diverso y complejo, pero que la concentración del liderazgo en torno a Evo Morales ha reducido esa pluralidad.

“Creemos que es importante desmitificar la idea de que el bloque popular, campesino, indígena y trabajador es uno solo. Y también desmitificar la figura de Evo como el único liderazgo posible. Esta mirada oculta una realidad que está presente hace al menos una década: el cuestionamiento interno al liderazgo de Evo Morales y a ciertos cuadros del MAS que desplazaron a las bases para tomar decisiones sin consulta”.

Desde su lectura, estos conflictos internos han deteriorado las organizaciones populares. “El quiebre en el MAS también representó una fractura en los movimientos de base. Y no fue producto de luchas justas, sino de una disputa de poder al interior del partido, que aún está en el gobierno. Reconstruir esos vínculos rotos va a llevar décadas”.

En ese sentido, advierte que Evo Morales hoy genera más obstáculos que articulaciones: “A estas alturas representa más una sombra y un estigma antes que un verdadero aporte aglutinador de las luchas populares. En muchas regiones ya se cuestiona por qué no puede aportar desde otro lugar, que no sea necesariamente la presidencia”.

“El voto nulo tiene riesgos concretos”

Respecto al creciente apoyo al voto nulo, Miranda propone una lectura crítica y diferenciada. Por un lado, reconoce que expresa descontento e incertidumbre ante una oferta electoral limitada. Pero, al mismo tiempo, subraya que no se puede perder de vista su impacto práctico en la configuración del poder legislativo.

“Desde sectores afines a Evo, el voto nulo se promueve simplemente porque él no está en la papeleta. Es una postura utilitaria, que no reconoce la diversidad de motivaciones que hay detrás del voto nulo. Pero más allá de eso, hay un problema concreto: el voto nulo va a favorecer a que la derecha tenga más de dos tercios en la Asamblea Legislativa. Eso significa que van a tener una aplanadora para hacer con el país lo que deseen: ajustes económicos, agendas extractivistas y recortes que van a afectar a los sectores más vulnerables”.

Además, anticipa que Morales utilizará ese porcentaje para reposicionar su liderazgo en la escena política. “Desde el evismo, un alto porcentaje de voto nulo será un recurso de campaña post electoral. Como ya ha hecho antes, Evo intentará instalar un nuevo ciclo de movilizaciones, no necesariamente en función de demandas populares, sino para seguir forzando su liderazgo como figura única dentro de la izquierda”.

“Se viene una reconfiguración dolorosa, pero necesaria”

Para Miranda, lo que está en disputa no es solo una elección presidencial, sino el futuro del campo popular en Bolivia. “Seguramente a partir de esta coyuntura se podrán generar alternativas y liderazgos nuevos. La cuestión será salir a marchar no por Evo, sino por las ollas, por el alimento de las familias, por los territorios y contra el saqueo del Estado que ya comenzó”.

“Sabemos que la derecha está esperando la oportunidad para volver, pero no se puede seguir culpando únicamente a los sectores conservadores. El problema central es que el MAS y sus liderazgos destruyeron por dentro el proyecto político que representaban. Ahora, lo urgente será pensar cómo se organiza la resistencia sin tutelaje, sin verticalismos, y con una apuesta real por las demandas populares”.

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Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el país atraviesa un proceso vertiginoso de desmantelamiento del Estado y en paralelo una crisis económica, institucional y social de gran magnitud. En menos de dos años, su gestión impulsó un programa de ajuste feroz con recortes drásticos en áreas clave como educación, salud, desarrollo social, cultura y ciencia. Bajo la consigna de combatir lo que denomina “la casta política” y reducir el llamado “gasto público”, las políticas de Milei provocaron un desplome del poder adquisitivo, un aumento acelerado de la pobreza y una paralización de la economía real que golpea particularmente a los sectores populares y a las clases medias.

A la par del ajuste económico, el gobierno desplegó una estrategia de confrontación directa contra múltiples actores sociales: trabajadorxs de prensa e integrantes de sindicatos, movimientos de feministas, cooperativas y partidos políticos de oposición. La criminalización de la protesta se convirtió en la nueva norma, así como las detenciones arbitrarias, la represión violenta en manifestaciones. El armado de causas judiciales hoy busca disciplinar a quienes se manifiestan. Mientras, el presidente ataca públicamente a periodistas, intelectuales y activistas con una retórica que niega derechos fundamentales y reproduce discursos de odio con un tono abiertamente misógino, sionista, antiderechos y autoritario.

Pero la violencia durante el gobierno de Milei no es solo simbólica: el 6 de mayo de 2024, cinco lesbianas fueron quemadas vivas mientras dormían y cuatro de ellas murieron. El supuesto agresor, Juan Barrientos fue un vecino que las insultaba sistemáticamente por su orientación sexual. El triple crimen de Barracas estremeció a la comunidad y fue un antes y un después para la sociedad argentina, ya que fue entendido como una consecuencia directa de la crueldad y el clima de desinformación, discriminación y agitación promovido por el Estado. Por eso, frente a este panorama, las calles argentinas comenzaron a convertirse en el escenario de una resistencia que es transversal pero con un fuerte componente feminista y LGBTIQ+.

Al 1 de febrero antifascista le siguieron movilizaciones masivas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 3 de junio, en el décimo aniversario del Ni Una Menos, cuando feminismos, sindicatos y movimientos sociales ocuparon el espacio público para rechazar el avance represivo y defender los lazos de solidaridad construidos tras cuatro décadas de recuperación democrática en el país. Y solo en junio, otra de las protestas más multitudinarias sacudió al gobierno, la que tuvo lugar tras el intento de proscripción de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo que reactivó una fuerte defensa frente al uso del aparato judicial con fines persecutorios.

Ante este escenario, las respuestas organizadas no se limitaron a la ciudad de Buenos Aires. En distintas provincias —de Catamarca a Córdoba, de Río Negro a Chaco— se multiplican las expresiones de resistencia: gremios, organizaciones sociales, comunidades indígenas y asambleas barriales se mantienen en estado de alerta. 

Mientras tanto, en la capital, cada miércoles, frente al Congreso Nacional, se realiza una marcha encabezada por jubilados, acompañados por trabajadores de la salud, de la educación y referentes feministas. Esa imagen, repetida semana tras semana, se ha convertido en un símbolo del presente argentino: en medio de los recortes, la represión y el abandono estatal, la población toma las calles para defender lo común y organizar la esperanza.

La violencia política contra las mujeres avanza 

“Este gobierno es profundamente antifeminista. Se encargó de desarmar todas las políticas que nos beneficiaban y amenaza con tirar atrás las leyes más importantes que conseguimos”, advierte a Truthdig, Victoria Tesoriero, socióloga y exsubsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación. Fundadora de la organización feminista Proyecto Generar, es una de las primeras que comenzó a sensibilizar y medir la violencia política patriarcal sobre activistas de los partidos políticos. 

“Este ataque tiene que ver con varias cuestiones: por un lado, el potencial de cambio del feminismo que es el único movimiento que se masificó y creció exponencialmente en los últimos años con capacidad de movilización y de instalación de su agenda; pero también, porque las mujeres somos las más perjudicadas por el modelo económico que impulsa el gobierno”, agregó.

“Este gobierno es profundamente antifeminista.”

En el informe “De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la violencia política en Argentina”, el equipo de trabajo de Tesoriero retrató que “siete de cada 10 entrevistadas dijo sufrir o haber sufrido violencia política” y advirtió que estos resultados atentan contra el ejercicio de los derechos de participación y de representación de mujeres y LGBTQI+. Se realizó en 2021, por lo que resultó una evidencia de que cuando se restringe el acceso de esta población, lo que se deteriora es el sistema democrático. “Hoy se perpetúan discursos de odio en el presidente mismo, en foros internacionales y en diferentes espacios”, reflexionó la socióloga. “Este odio es planificado, financiado por un esquema de ONGs que perpetúan estos discursos de discriminación y tratan de deslegitimar a nuestro movimiento feminista”. 

Tesoriero sostuvo que “enfrentamos una contraofensiva conservadora” y agregó que “la persecución y el aumento de la violencia contra mujeres políticas, especialmente a la figura de Cristina, tiene que ver con que es la representante más importante de la oposición a este gobierno. En la semana en que anunció que iba a ser candidata fue inmediatamente encarcelada”. La persecución judicial y política contra la expresidenta, contra militantes cercanas a su partido y los ataques del propio presidente a periodistas feministas como Julia Mengolini o María O’Donnell evidencian este escenario. Entretanto, los sectores sociales más vulnerables —particularmente las mujeres, las juventudes y los jubilados— enfrentan las consecuencias del ajuste, pero también se organizan: sostienen redes comunitarias, cuidan, resisten y defienden los derechos conquistados. 

El estilo confrontativo de Milei no es un fenómeno aislado. Su discurso y su lógica de poder encuentran fuertes paralelismos con figuras como Donald Trump, con quien el presidente argentino no ha ocultado su afinidad. Mientras Milei ataca de forma directa a periodistas, nombrándolxs y ridiculizándolxs en redes sociales y actos oficiales, Trump lo ha hecho de manera más generalizada contra los medios de comunicación demócratas, a los que ha tildado sistemáticamente de “enemigos del pueblo”. Ambos líderes alimentan una narrativa que busca desacreditar cualquier voz crítica y legitimar un clima de hostilidad y violencia hacia quienes ejercen la libertad de expresión.

Sindicalismo en pie

Para lxs trabajadorxs estatales, estos años bajo el gobierno de Javier Milei han significado no solo un avance del ajuste presupuestario, sino también una ofensiva directa sobre su existencia como sujetos políticos. “Somos blanco específico del ataque de este gobierno que llegó diciendo que era el topo que iba a destruir el Estado desde adentro”, advierte Clarisa Gambera, dirigente sindical de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y referente feminista. En ese escenario hostil, la respuesta fue doble: resistir en las calles, pero también sostener emocional y colectivamente a quienes se encuentran bajo amenaza constante.

La ofensiva gubernamental se expresó en despidos masivos —incluso de personas que ingresaron por cupos de inclusión laboral para identidades trans y no binarias, violando normativas vigentes— en prácticas persecutorias como exámenes arbitrarios para validar idoneidad laboral y en la estigmatización sistemática del empleo público. Frente a esto, los sindicatos impulsaron estrategias jurídicas, presentaron cautelares, acompañaron a las personas despedidas y construyeron espacios de cuidado mutuo. “Fortalecimos la agenda feminista porque no estamos dispuestas a soltarla y porque nuestras formas de hacer política son más amorosas y permiten acompañar la angustia de este tiempo”, explica Gambera.

Esa angustia tiene cifras: según la Encuesta Nacional sobre Violencias y Políticas en contexto de ajuste impulsada por ATE en 2025, el 43% de las personas encuestadas declaró consumir medicamentos para gestionar el estrés o síntomas físicos vinculados a la situación socioeconómica y laboral actual.

Pese al desgaste, la experiencia organizativa se profundiza. Espacios como la Intersindical Feminista resultaron fundamentales para articular con otros sectores y sostener una respuesta común. La marcha antifascista del 1 de febrero, por ejemplo, fue impulsada por agrupaciones de distinto origen y representó un límite claro frente a la violencia gubernamental. “Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva”, señala Gambera. En esa línea, el último 3 de junio (Ni Una Menos) también se amplió el espacio de asamblea para incorporar a sectores como los jubilados, en una consigna que hoy sintetiza el momento histórico.

Frente al aumento de la violencia política, las sindicalistas feministas también se organizan para dar respuesta. Tras la detención de Kirchner en junio, se expresaron en una asamblea unitaria con referentes políticas para denunciar el atropello a la democracia. Y hoy, ante la judicialización de militantes por participar en protestas, continúan en alerta. “Son nuestras compañeras las que están detenidas”, subraya Gambera. Y con ellas, también está en disputa la libertad de todas.

Salud en peligro: la lucha por el Garrahan y el derecho a cuidar

Entre las luchas más sostenidas y representativas se encuentra la del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico público del país, cuyxs trabajadorxs protagonizan desde hace meses una batalla ejemplar por la defensa de la salud pública y de sus condiciones laborales. Frente al congelamiento del presupuesto 2025 —que mantiene el mismo monto nominal del año anterior, pese a una inflación acumulada que supera el 117%—, el hospital sufre un vaciamiento progresivo que impacta tanto en los insumos como en los salarios. El deterioro no es abstracto: en lo que va del año, más de 220 profesionales han renunciado ante la imposibilidad de sostener sus tareas en condiciones dignas.

“Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva.”

La situación es especialmente alarmante si se considera el rol estratégico del Garrahan en el sistema de salud argentino: es el hospital de referencia para niñxs con enfermedades complejas de todo el país. Familias enteras viajan desde las provincias más alejadas para recibir tratamientos y cirugías que no pueden realizarse en sus lugares de origen. El desfinanciamiento del hospital, por tanto, no solo afecta a su personal, sino también a miles de pacientes pediátricos cuya vida y bienestar dependen del acceso a una atención de alta complejidad, gratuita y de calidad.

La respuesta del personal ha sido contundente y creativa: paros escalonados, bicicleteadas, festivales abiertos a la comunidad, abrazos simbólicos y una convocatoria nacional para marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna de defender el Garrahan, el Posadas y toda la red de salud pública. Con el acompañamiento de figuras del mundo cultural y una fuerte articulación multisectorial, lxs trabajadorxs del Garrahan insisten en que no defienden solo sus sueldos o sus puestos de trabajo, sino el derecho de toda la sociedad —y en especial de las infancias— a una atención médica de calidad. “Cuando atacaron la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por los hospitales. Nos atacan a todos”, señalan en sus acciones de visibilización.

En este entramado de resistencias, donde se cruzan las luchas sindicales, feministas, territoriales y jubiladas, se expresa una disputa de sentido que va más allá de los números del déficit: se pelea por el presente y el futuro, por el derecho a vivir, a cuidar y a ser cuidados. Y aunque el gobierno persista en su narrativa de “equilibrio fiscal” a costa de la vida, en las calles argentinas se sigue ensayando otra política: la de los vínculos, la dignidad y la persistencia.

Lxs jubiladxs, nueva “casta” del ajuste

Durante su campaña presidencial, Javier Milei prometió terminar con los privilegios de “la casta política”. Sin embargo, en la práctica, quienes están cargando con el peso del ajuste fiscal no son lxs funcionarixs ni los grandes empresarios, sino los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, lxs jubiladxs ocupan un lugar central. En nombre del “equilibrio de las cuentas públicas”, el gobierno ha recortado ingresos, eliminado medicamentos esenciales, y desmantelado políticas de protección para las personas mayores, convirtiéndolas en variable de ajuste de su programa económico.

En julio de 2025, el Congreso argentino aprobó una ley para recomponer parcialmente los haberes jubilatorios: un aumento del 7,2%, que representa apenas US$20, y la elevación del bono mensual de emergencia de 70.000 a 110.000 pesos (aproximadamente US$92), con actualización automática por inflación. Hoy, incluso con el bono incluido, la gran mayoría de lxs jubiladxs no percibe más de 379.000 pesos mensuales, es decir, unos US$320 al tipo de cambio oficial. Pero lejos de celebrar la medida, el presidente Milei la definió como “un acto de desesperación” por parte de la clase política, anunció que vetará la ley, y amenazó con judicializarla si su veto es rechazado. El argumento: ese aumento “rompe el equilibrio fiscal”. Para el gobierno, garantizar que un jubilado no caiga por debajo de la línea de indigencia representaría una amenaza mayor que mantenerlo en la pobreza.

Frente a este escenario, surgieron reacciones espontáneas y organizadas en todo el país. Una de ellas tuvo lugar en Catamarca, cuando tres militantes históricos —sobrevivientes de la represión de los años setenta— salieron a la plaza con un cartel de repudio tras conocerse el veto a un aumento anterior de apenas 17.000 pesos. Entre ellos estaba Emperatriz “Monena” Márquez, ex presa política y defensora de los derechos humanos. “Era como un caramelo por día”, recuerda a Truthdig, indignada. Esa pequeña acción fue grabada por una joven que pasaba por el lugar. El video se viralizó y fue el inicio de una movilización que hoy continúa cada semana en diversas provincias, en articulación con otras luchas populares.

Para Márquez, la lucha actual no es solo por los derechos de quienes hoy cobran una jubilación, sino también por las generaciones futuras: “Luchamos por nosotros y por los que vendrán”. Señala con claridad cómo el retroceso actual afecta sobre todo a quienes trabajaron en condiciones precarias: amas de casa, trabajadores rurales, personas que no pudieron hacer aportes regulares. La eliminación de la moratoria previsional significa para muchas de ellas quedar completamente fuera del sistema.

Más allá del impacto económico, Márquez destaca la dimensión política y simbólica del vaciamiento estatal: “Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra. Nos considera una carga, un descarte”. Sin embargo, subraya también el papel activo del colectivo jubilado: lejos de la imagen pasiva o resignada, muchas personas mayores siguen participando, organizando, proponiendo. 

“Queremos seguir viviendo con dignidad, tener una vida plena, y también una muerte digna. Por eso luchamos”, afirma. Entre sus demandas están el acceso real a medicamentos, el fortalecimiento del PAMI (obra social de jubilados), la devolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la seguridad social, y el desarrollo de viviendas colectivas para personas mayores en situación de soledad o vulnerabilidad.

La economía del despojo: cuando el ajuste se dirige contra la vida

El modelo impulsado por Milei no puede entenderse sólo como un programa de ajuste. Es, sobre todo, una reacción política al avance de los feminismos y a los derechos conquistados en la última década. La economista Candelaria Botto lo plantea con claridad: “El surgimiento y crecimiento de Milei en la Argentina se da en oposición a la marea feminista, a los movimientos feministas. Él se presenta por primera vez en 2021 como reacción justamente a todo el crecimiento que tenían los movimientos feministas y también a un gobierno que tenía, al menos en la narrativa, un discurso feminista o de inclusión. Se sustenta sobre eso”. En ese marco, no sorprende que una de las primeras decisiones de su gobierno haya sido desmantelar las políticas de género y eliminar los organismos institucionales que las sostenían.

Sin embargo, Botto subraya que este vaciamiento no se limita a la cuestión de género: “Su modelo económico es un modelo de reducción en los servicios públicos, de empeoramiento en la calidad y en la cantidad de servicios relacionados a la salud, al mundo de la educación —sobre todo las universidades— y también a las jubilaciones, en el sentido de licuar e incluso de eliminar la moratoria para nuevos jubilados y jubiladas”. 

Este rediseño del Estado no tiene como objetivo reducir el déficit, sino reorientar el gasto: “No quiero decir un sesgo de ajuste fiscal, porque no es solo eso. Estamos en un año donde se achican estas prestaciones públicas pero crece el pago en intereses de la deuda. Entonces, no es simplemente achicar el gasto público sino reorientarlo, donde los servicios públicos quedan obviamente como los primeros recortados”.

“Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra.”

En esta lógica, el bienestar colectivo deja de ser una prioridad. El acceso a la salud, a la educación y a una vejez digna se convierte en un privilegio, mientras los recursos del Estado se destinan a garantizar ganancias financieras y a sostener privilegios de los sectores más ricos. En este punto, la economista señala un rasgo que Milei comparte con otros gobiernos de extrema derecha: “Comparten una agenda que tiene que ver con la reducción de los impuestos a los ultra ricos, a las personas con más ingresos. En Argentina se dio con esta baja de Bienes Personales y en Estados Unidos también avanza con este tipo de iniciativas”.

Las diferencias entre Milei y Donald Trump en materia de política exterior son evidentes: “Trump tiene una visión mucho más proteccionista que la de Milei, que es una suerte de revival del Consenso de Washington de los 90”, afirma Botto. Sin embargo, más allá de los matices, ambos expresan un mismo proyecto: el debilitamiento de lo público, la deslegitimación de los derechos colectivos y una narrativa que culpa a los sectores más vulnerables —mujeres, jubilados, migrantes, pobres— de las crisis estructurales.

Frente a un gobierno que promueve el despojo como política de Estado, las calles argentinas vuelven a ser territorio de disputa y de construcción. En los cuerpos que marchan, en los hospitales que resisten, en las plazas tomadas por jubilados, docentes, trabajadoras y estudiantes, se expresa una voluntad colectiva que no se resigna. No hay épica en la miseria ni virtud en el sufrimiento: lo que está en juego es la posibilidad misma de vivir con dignidad. Y en esa lucha, que no empieza ni termina hoy, se traman vínculos, se recupera la memoria, y se defiende lo que aún no ha sido vencido. Porque mientras existan quienes resisten, también seguirá existiendo futuro.

Como afirma la sindicalista Gambera: “unir las luchas es la tarea”. Y esa tarea ya está en marcha, articulando generaciones, territorios y demandas diversas que convergen en la defensa de lo común. En esa línea, Márquez, ex presa política y referente de derechos humanos, lo resume con claridad: “Nuestra lucha es también por todos aquellos que un día serán jubilados. Porque estos derechos han costado vidas. Ningún derecho se ha conseguido sin pelea”. En sus palabras, y en los cuerpos que no se rinden, se cifra la promesa de un porvenir más justo.

* Nota publicada originalmente en Truthdig.com

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La audiencia del próximo 12 de mayo será clave para definir su situación judicial. Mientras tanto, desde el Lof Pillán Mawiza —comunidad donde vivía Vic— insisten: su detención fue un castigo ejemplificador, sin pruebas, y forma parte de una estrategia más amplia de criminalización a quienes defienden los territorios frente al avance del extractivismo. 

Por Camila Parodi | Fotos: Lizbeth Hernández

Cobertura colaborativa de Marcha, Latfem y Kaja Negra.

Una causa sin pruebas y una libertad condicionada

Desde el primer momento, la comunidad mapuche y los equipos de defensa sostuvieron que la causa contra Vic fue armada. Durante las audiencias se evidenció la falta de pruebas: no hay testigos, ni imágenes, ni evidencia material que la vincule con el incendio forestal por el que fue acusada. La fiscalía, sin embargo, mantiene la imputación y promueve un relato sustentado en supuestos, prejuicios y construcciones mediáticas. Uno de los elementos centrales de la acusación fue el hecho de que Vic conducía una camioneta blanca, pero informes periciales posteriores demostraron que el vehículo sospechoso no era de ese color, ni del modelo mencionado, ni coincidía con las características señaladas.

A pesar de estas contradicciones, el proceso judicial sigue abierto. La audiencia del 8 de abril, que revisó las medidas cautelares, se realizó a puertas cerradas. No se permitió el ingreso a integrantes del lof, ni a medios de comunicación ni a organismos de derechos humanos. La comunidad lo denunció públicamente como un acto de opacidad judicial. Allí, el juez resolvió otorgarle la libertad condicional, pero bajo restricciones que impiden a Vic retornar a su hogar en territorio comunitario. La fiscalía sostiene que está en curso una investigación por “asociación ilícita”, figura jurídica históricamente utilizada para criminalizar la organización colectiva.

Desde el Lof afirman: “A nuestra lamngen le han armado una causa carente de pruebas, por el contrario, desde la primera audiencia ha podido demostrar con pruebas categóricas y objetivas que es inocente, pero aun así estuvo en prisión preventiva, luego domiciliaria, y ahora se encuentra con libertad condicional”. Desde el territorio insisten que la fiscalía “está empecinada en culpar a Vic” ya que, hasta la fecha, “no cuentan con imágenes, testigos, ni nada que demuestre que es culpable”. Sin embargo, denuncian, “desde el Ministerio de Seguridad sacaron un video exponiendo casas, rostros y dando por hecho su culpabilidad sin prueba alguna.”

Represión, montaje y estigmatización como herramientas del poder

La historia de Vic no es una excepción, sino parte de una política sostenida de criminalización al pueblo mapuche de manera histórica. Las comunidades vienen denunciando hace años el uso de causas armadas, operativos mediáticos y campañas de odio para justificar la represión. El discurso que las vincula con el “terrorismo” se ha convertido en sentido común institucional, y permite acciones estatales de alta intensidad sin cuestionamiento social ni judicial.

“Creemos que este es un mensaje aleccionador del Estado argentino contra el pueblo mapuche, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Desean demostrar de lo que son capaces cuando hay proyectos extractivistas detrás. No hay límites para su violencia y arbitrariedad para despojarnos de los territorios y dárselos a las empresas”, señalaron desde el Lof Pillán Mawiza. La figura de Vic, como activista acompañante de procesos de recuperación territorial, fue utilizada para enviar un mensaje a quienes defienden la Mapu.

En este contexto, la campaña mediática no fue menor. La cobertura de algunas empresas de comunicación replicó sin cuestionamientos las versiones oficiales, reforzando una narrativa estigmatizante y racista. Desde la comunidad sostienen que se montó una operación propagandística “llena de odio racista y misógino, aleccionadora para quienes se acercan y se comprometen con la defensa de la tierra y con nosotres”.

Territorio y extractivismo: detrás de la represión, los negocios

Las comunidades mapuche no dudan en vincular esta avanzada represiva con el avance de proyectos extractivos. En cada territorio allanado existe un interés económico o empresarial identificado: turismo, rutas nacionales, hidroeléctricas, proyectos inmobiliarios, plantas de tratamiento de residuos. En el caso de la comunidad Pillán Mawiza, el conflicto se vincula con un proyecto hidroeléctrico sobre el río Carrenleufú. Pocos días después de la detención de Vic, el gobernador, Ignacio Torres, firmó un acuerdo con Mekorot, empresa estatal israelí, para la gestión del agua en Chubut.

“Nos quieren dispersos, con causas, encarcelades, para así poder avanzar sobre nuestros territorios”, afirman desde el Lof. “Vemos que hace unos años, como siempre ha sucedido en el Puel Mapu, se criminaliza y persigue a las comunidades que están defendiendo su derecho a vivir la espiritualidad y la identidad, lo que requiere de un territorio sano”. El vínculo entre criminalización y extractivismo es directo: “Semanas después de los allanamientos y detención de Vic, el gobernador firma un acuerdo por el cual el agua dulce corre peligro, ya que esa empresa israelí administraría el agua. Se irá privatizando tanto las fuentes como los reservorios”.

Este modelo no es nuevo: forma parte de un patrón regional que busca desarticular la resistencia territorial a través del miedo, la judicialización y la represión estatal y paraestatal. La militarización de los territorios, a través del Comando Unificado, ha profundizado esa lógica. “Las consecuencias son la militarización, los desalojos violentos, la negación al diálogo, la derogación de las pocas leyes que nos resguardan como naciones indígenas”, remarcan desde la comunidad.

Mujeres, diversidades y organización en contextos de persecución

El impacto de la persecución se hace sentir con especial crudeza en las mujeres y diversidades que sostienen la defensa de los territorios desde una mirada de cuidado y vida comunitaria. La detención de una lamngen, su aislamiento forzado, la vigilancia constante y la amenaza latente cambian por completo la cotidianeidad de las comunidades. “Este contexto nos deja una alerta constante, porque así como le inventan una causa a una persona, todas corremos peligro. A su vez, los derechos humanos están en riesgo a diario, qué nos queda a nosotres en los territorios, ¿a dónde podemos ir a denunciar?”

El relato de los allanamientos da cuenta de un uso desmedido de la fuerza. El allanamiento en el Lof Pillán Mawiza fue muy violento. Desde la comunidad denuncian que en el lugar había niñeces y un anciano. Duró 10 horas aproximadamente, más de 100 efectivos de distintas fuerzas: “Estuvimos totalmente incomunicados, aislados y secuestrados en nuestras propias casas”. Este nivel de violencia institucional no sólo busca obtener información o evidencia (que no existía), sino desestructurar los lazos organizativos.

“El hecho de que una de nuestras lamngen esté detenida a 100 km transforma el día a día. Desde enero el Lof está siendo vigilado, y nosotres investigades por la fiscalía de Esquel”, señalan. Por ese motivo, explican, el juez no permite el retorno de Vic a su hogar. La persecución ya no se reduce al Estado, se articula con grupos civiles racistas, paramilitares o contratados por empresas: “Ya no se trata solo de cuidarnos del Estado represor, sino también del crimen organizado. Nos amenazan civiles contratados por empresas y terratenientes”.

Absueltas y organizadas: el futuro de la resistencia

Desde el 8 de abril, la campaña por la libertad de Vic cambió su consigna: #AbsoluciónParaVicYa. La comunidad reconoce la importancia de haber conseguido su salida de prisión, pero advierte que no está libre. La vigilancia continúa, la causa sigue abierta, y la amenaza es permanente. “Pudimos celebrar que ha salido y pudimos abrazarnos, pero recordemos que aún no está libre ya que no puede regresar a su casa ni salir de Esquel”, sostienen en su último comunicado.

Las comunidades mapuche exigen que se visibilice el montaje y que se entienda la persecución en su contexto: “Pedimos que la ciudadanía vea claramente cómo se relaciona esta persecución con los avances extractivistas sobre los territorios”. El acompañamiento a la lucha territorial no puede ser criminalizado. La solidaridad no es delito.

El 12 de mayo se realizará una nueva audiencia. Será una instancia clave para exigir justicia y para denunciar la utilización del aparato judicial como herramienta de represión política y racial. Desde las comunidades llaman a estar alertas, a acompañar, a difundir y a visibilizar que la defensa de la Mapu es una lucha común.

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Por Camila Parodi

En la localidad de Tafí del Valle, en Tucumán, un grupo de niños y niñas de quinto grado de la Escuela N° 28 impulsó un proyecto que recupera las experiencias de su pueblo en defensa de la vida, el territorio y la comunidad. Se nombraron como “Mensajeros de la Pacha”, pequeñas y pequeños guardianes de la tierra que trabajan incansablemente para transmitir la sabiduría de las personas más ancianas y sabias de su comunidad. Un pacto intergeneracional entre las niñeces y las personas adultas mayores, cuyas experiencias son menospreciadas por este mundo adultocentrista, para defender el elemento sagrado y vital de su cosmovisión: el agua.

Mercedes Fernández, comunera, docente de la escuela e integrante de la Red Transandina Diaguita de Mujeres y Disidencias “Ancestrías del Futuro”, explica que este proyecto es producto de un proceso de tres años de trabajo junto a la comunidad escolar el cual “se potencia con la re-existencia originaria a través de la memoria comunitaria”. Mercedes comparte el espíritu del proyecto: “En las comunidades sabemos que la memoria surge de nuestra Pacha y nosotros solo la traducimos. Estos niños han entendido que los cuatro elementos son sagrados y que su protección es fundamental para la vida. Ellos, como Mensajeros de la Pacha, están llevando este mensaje a donde más se necesita, demostrando que la sabiduría ancestral tiene un lugar crucial en nuestro presente y en el futuro“.

La docente habla del proyecto con orgullo y emoción: sus alumnos y alumnas se han convertido en embajadores de un mensaje ancestral. Inicialmente, la maestra se propuso trabajar en los impactos concretos que tiene la “crisis climática” en las vidas de quienes habitan Tafí del Valle, materializando este concepto. “Me preguntaba cómo hablar de extractivismo en una escuela, y sí, se puede”, comenta. “Mi identidad originaria no solo me lo permite, sino que me lo está pidiendo todo el tiempo. Es necesario, como mujeres y guardianas del futuro, es nuestra misión y tarea docente”, reafirma Mercedes, quien sostiene hace más de una década una propuesta pedagógica intercultural dentro de la escuela formal.

La inspiración para este proyecto nació tras el diálogo con don Marcos Pastrana, sabio de la comunidad e integrante del Consejo de Ancianos de la Nación Diaguita. Su conocimiento profundo sobre la importancia del agua resonó con los niños y las niñas del pueblo. “Transformamos la idea que nos trajo don Marcos en una entrevista maravillosa con los niños, quienes con su enorme sabiduría comenzaron a preguntar”, recuerda Mercedes. “Don Marcos les dijo algo muy bonito: ‘Yo tengo esta cabeza grande, llena de historias y memorias. Si aprendo mucho, mi cabeza crecerá’. Esto les ayudó a entender la importancia de la memoria y la transmisión de conocimientos en nuestra comunidad”, asegura la docente con una sonrisa plena.

Así, las y los estudiantes de quinto grado decidieron investigar los problemas ambientales de Tafí del Valle, un tema que los manuales escolares no abordaban con suficiente profundidad. En las palabras de don Marcos y de otras personas de la comunidad, encontraron la información que buscaban, esa que los libros no les enseñaban: “Aprendimos sobre la importancia del agua y cómo cuidarla”, relata tímidamente uno de los estudiantes. “Don Marcos nos enseñó que el agua, junto con la tierra, el aire y el fuego, son elementos sagrados y dadores de vida, no simplemente componentes abióticos del ecosistema como dicen los libros”, continúa explicando el niño, luego de haber preparado, de manera colectiva, cada una de las respuestas para la entrevista.

Con su experiencia, los niños y las niñas de la escuela N° 28 demuestran que la educación intercultural y la transmisión de conocimientos ancestrales pueden convertirse en herramientas poderosas para enfrentar la crisis ambiental. Con entusiasmo, realizaron entrevistas a otros ancianos y ancianas de la comunidad, como doña Bartolina Casimiro y Mónica Méndez. “Nos contaron muchas historias sobre cómo se cuidaba el agua antes, y nos dimos cuenta que debemos seguir esos ejemplos para proteger nuestros ríos y montañas”, comenta una de las niñas en el intercambio.

El proyecto “Mensajeros de la Pacha” se convirtió rápidamente en un vehículo para transmitir estos conocimientos que por años son compartidos de generación en generación. Las niñeces, con la guía de sus docentes, crearon imagotipos y una página web con acceso a través de un código QR, asegurándose de que su mensaje llegue más allá de las paredes de la escuela. “Nuestro trabajo necesitaba un título, y como la escuela exige estudiar los problemas ambientales, decidimos abordar los problemas de nuestra región”, cuenta Mercedes. “Los niños querían un título para su proyecto de feria de ciencias, y así surgió ‘Mensajeros de la Pacha’. Hoy estamos cumpliendo nuestros objetivos porque uno de ellos es que muchas más personas conozcan la idea de protección que necesitan los cuatro elementos y que nos lean a través de las noticias es una manera de continuar transmitiéndola”, agregó.

En su investigación, reflexionaron sobre la importancia de compartir lo que han aprendido porque, al fin y al cabo, ese mensaje que tan cariñosamente les compartieron sus ancianos y ancianas contiene la respuesta a un mal que perjudica a toda la vida, humana y no humana, en la actualidad. “Queremos que otras personas sepan que el agua es sagrada y que debemos cuidarla”, dice uno de los alumnos. “Fue emocionante escuchar las historias de nuestros ancestros y aprender de ellos”, agrega su compañera. “Después de hablar con don Marcos, entendimos que las grandes empresas contaminan el medio ambiente y que nosotros tenemos que hacer algo para proteger nuestra tierra”, explican las y los estudiantes de quinto grado.

Con este proyecto, explican las y los estudiantes, aprendieron nuevos conceptos que les permitieron nombrar a las cosas por su nombre: “Nos gustaría que en la nota aparezcan los conceptos de terricidio y extractivismo inmobiliario“, solicita uno de los niños. Ideas que aprendieron junto a don Marcos Pastrana y doña Bartolina Casimiro, agrega su compañera. Si bien estas conceptualizaciones suenan complejas, para los chicos y las chicas de Tafí del Valle son fácil de explicar: “El terricidio es la matanza de la tierra”, explica un estudiante. A continuación, Mercedes agrega: “Doña Bartolina nos enseñó que las grandes empresas inmobiliarias venden nuestros terrenos con interés turístico y que por eso nos estamos quedando sin tierra para los animales, sin yuyos medicinales o tierras comunales. Además, hay contaminación por la basura, contaminación lumínica y sonora, todo el espacio se transforma”.

Con la llegada de la modernidad, “el mensaje” -esa manera de comprender la vida humana como parte de la naturaleza- fue interrumpido por quienes reconocieron el valor de la naturaleza en términos económicos y rompieron el lazo afectivo que tenían con ella. “Los despachados”, en términos de don Marcos Pastrana, aquellas personas que “no tienen conciencia de la Pachamama y que manejan los bienes comunes de todo el mundo”.

Sin embargo, y a pesar de sus intentos por mercantilizar la vida toda, la idea se continúa transmitiendo. Esto se debe, en parte, al esfuerzo que hacen tanto las personas ancianas como las niñas para mantener vivo su mensaje, así lo asegura la docente: “Las infancias son parte de los procesos colectivos y lo tienen muy claro porque no están tan contaminadas con toda esta información que nos atraviesa a las personas adultas. Es lo que nosotros tuvimos cuando fuimos educados en esta escuela que fue tan colonizadora para estos territorios. Por eso, su simpleza y forma de vivir en el presente es clave para nuestra mirada adulta, tenemos que aprender mucho de ellos y ellas”.

Como explica Mercedes, las niñeces -en tiempo presente- son actores sociales y políticos que reflexionan sobre sus acciones y su vida cotidiana. Integran las comunidades y habitan los territorios, no son sujetos aislados del entramado social: participan de los procesos sociales así como también defienden sus derechos y territorios al igual que las personas adultas. Al compartir sus voces y miradas, disputan con los sentidos -antropocentristas y adultocentristas- que colocan a las personas adultas en el centro de la vida e ignoran esas otras experiencias de generaciones subalternizadas.

Este accionar no es casual, la concepción de la niñez como “inocente”, necesitada de protección y gobernabilidad a través de la educación y la atención, separada de la vida de las personas adultas surge en paralelo a la colonización. Un claro proceso de degradación de los seres humanos que se encontraban en nuestros territorios y que fueron concebidos como seres “inmaduros” y necesitados de desarrollo. Desde entonces, las niñeces, los pueblos indígenas y los territorios del continente fueron invisibilizados y silenciados como parte del mismo proceso.

Incorporar la perspectiva niña a la interpretación de la realidad y la intervención en ella es crucial. Esta mirada, como explica el investigador y educador popular Santiago Morales, centrada en la curiosidad, la alegría y el deseo de saber, nos permite aprender de las niñeces, quienes aportan una epistemología y sensibilidad única. Morales destaca que la perspectiva niña busca integrar el lenguaje y la racionalidad-relacional de las niñeces para “infantilizar” y sensibilizar nuestra mirada adulta. Promoviendo así un enfoque más humano y creativo en la defensa de los derechos y el territorio.

En el proyecto “Mensajeros de la Pacha”, la integración de esta perspectiva ha permitido que los niños y niñas no sólo sean receptores de los saberes ancestrales, sino también actores activos en la lucha por la protección del agua y la vida. A partir de su investigación, explican que ahora saben que el agua, la tierra, el aire y el fuego son elementos sagrados: “Los tenemos que proteger como nuestros ancestros y abuelos lo hicieron por nosotros”, añade otra niña. “Nos sentimos muy orgullosos de ser Mensajeros de la Pacha y queremos que más personas se unan a nosotros para cuidar nuestro planeta”, enfatizan al finalizar la charla.

*Tanto la entrevista como las fotos publicadas en esta nota fueron autorizadas previamente por la comunidad educativa.

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En la fría noche del domingo 9 de junio, cinco familias originarias de La Quiaca Vieja, en Jujuy, recibieron un aviso informal que les estremeció: en 48 horas serían desalojadas de las tierras que habitan desde hace generaciones. En medio de la celebración del Inti Raymi, el Año Nuevo de los pueblos andinos, Trinidad Trejo y su familia se preparan para enfrentar una batalla que lleva años gestándose.

Por Susi Maresca y Camila Parodi | Fotos: Susi Maresca

La situación de las familias de La Quiaca Vieja no es aislada. En los últimos años, las comunidades originarias de la región han enfrentado una creciente presión por parte de intereses económicos que buscan explotar sus tierras ancestrales para proyectos extractivistas y comerciales. Estos intentos de despojo han sido llevados a cabo muchas veces sin el debido proceso legal y sin respetar los derechos de las comunidades. El caso de la familia Trejo es un ejemplo claro de esta problemática, donde el derecho a la tierra y la identidad cultural se ven amenazados.

Estamos en el corte de ruta, junto a las comunidades que resisten el desalojo. A pesar del frío y la incertidumbre, el espíritu del Inti Raymi, la celebración ancestral que marca el recibimiento del nuevo sol, impregna el ambiente. Para estas comunidades, el Inti Raymi no solo simboliza el renacimiento de un nuevo ciclo, sino también la renovación de su lucha y esperanza. En medio de la hostilidad, las familias se encuentran y en el abrazo reafirman su conexión con la tierra y su determinación de defenderla.

Trinidad Trejo, es una de las habitantes del territorio en disputa, con mucho dolor relata cómo fue notificada su familia: “Nos informaron que el desalojo estaba ordenado por la familia Burgos. Nosotros vivimos aquí desde hace cuatro generaciones, no es fácil para nosotros. Mi madre, de 83 años, ya ganó juicios posesorios, pero no tuvimos los recursos para seguir adelante con el proceso legal”. 

La familia Trejo no solo perdió su hogar, sino que también enfrenta la dura realidad de un sistema que parece ignorar sus derechos ancestrales y humanos. El aviso de desalojo llegó a la familia a través de un enfermero, y no por los canales oficiales: “Vivimos hace 50 años del campo, teníamos animales, gallinas, patos, corderos, que ahora están en casa de mi suegra. Vivimos de eso y ahora no sabemos qué hacer. Nadie nos ayuda”, denunció Alfonsina, hermana de Trinidad.

Despojo y resistencia en la ruta

El 11 de junio, como habían sido advertidos, las fuerzas policiales y de infantería llegaron al territorio. Trinidad, junto a su madre Francisca Farfán, su hermana Alfonsina, su hermano Marcial y otros familiares, intentaron resistir. Sin embargo, la brutalidad del operativo fue implacable. “Nos hicieron como perros, nos sacaron del alambre que cerramos para que no pasen. Pese a que había niños y ancianos, no les importó”, narró Trinidad mientras describía el momento en que las máquinas arrasaron sus hogares.

Desde entonces, las familias desalojadas han ocupado la ruta en protesta a tan solo 5 kilómetros de la ciudad fronteriza de La Quiaca. “Llevamos días en la ruta, hemos pasado frío, hambre, y estamos enfermos. Mi madre llora al ver nuestras cosas tiradas. Nadie nos ha venido a ver”, señala Trinidad, mientras alimenta el fuego.

La sombra de la Zona Franca y el extractivismo

El trasfondo de este desalojo se relaciona con la implementación de la “Zona Franca”, un proyecto que implica la instalación de una zona de negocios en La Quiaca, promovido por el gobierno provincial desde 2019. Este proyecto, es denunciado como un negocio inmobiliario y extractivista por las comunidades originarias ya que pretende, a su vez, instalar un emprendimiento de paneles solares.

Desde el juzgado de primera instancia N°6 del Poder Judicial, se ha justificado el desalojo en un supuesto conflicto entre familias terratenientes. Sin embargo, las verdaderas intenciones parecen ser otras: “Quieren hacer negocios con nuestras tierras para proyectos solares y turismo, sin consultarnos ni respetar nuestras tierras”, denunció Gustavo Ontiveros, antropólogo y profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, quien participó de la celebración del Inti Raymi junto a las familias del corte.

Hace justamente un año, las más de 400 comunidades de Jujuy reunidas en el Tercer Malón de la Paz cortaron las rutas y accesos de la provincia en protesta contra la reforma constitucional impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales que prioriza el avance de las empresas transnacionales sobre territorios comunales. Lo que aconteció en Jujuy, tanto en términos legislativos como represivos, fue un escenario anticipatorio de la actual situación que atraviesa el país tras la llegada de Javier Milei a la presidencia.

Las medidas de represión denunciadas durante la reforma de la constitución provincial -como el uso abusivo de gases lacrimógenos, disparos en los ojos, persecuciones, allanamientos y detenciones ilegales- se replican en los operativos desplegados por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich para la reciente aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores.

Su relación es indisociable: entre los artículos más preocupantes de la ley, se incluye el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que prioriza el avance de intereses privados sobre los bienes comunes y la soberanía nacional. La situación en La Quiaca Vieja refleja este panorama nacional, donde los derechos de las comunidades originarias así como de la naturaleza se ven sistemáticamente vulnerados en favor de proyectos extractivistas.

“Yo voy a seguir luchando por nuestra tierra”

Luego del violento desalojo, la familia Trejo se asentó al costado de la ruta 9 con las pertenencias que les quedaron de su hogar, ahora destruido. Alfonsina Mariela Trejo comparte su testimonio: “Nos desalojaron hace cuatro días y mis hijos no están asistiendo a la escuela”. Ante la falta de respuestas institucionales para acompañar la situación, la única acción estatal que llega al corte reproduce la violencia: durante la tarde del jueves, la Secretaría de Niñez de la provincia se hizo presente para presionar por el levante del corte ante una posible intervención sobre las niñeces.

Las familias afectadas están recibiendo apoyo de otras comunidades que les han llevado alimentos y otras provisiones, pero la incertidumbre persiste. “No somos una familia rica, somos humildes, pero esta señora que dice ser la dueña nos sacó a la calle como si fuéramos perros. Llevamos viviendo aquí más de cincuenta años. No tienen piedad de los niños ni de los ancianos”, añadió Alfonsina.

La comunidad de La Quiaca Vieja sigue resistiendo, esperando que se haga justicia y que se respete su derecho a la tierra que han habitado por generaciones. Su lucha no es solo por su hogar, sino por el reconocimiento y respeto de sus derechos como pueblos originarios. En este contexto, la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para enfrentar las adversidades. “Nosotros no debemos abandonar a nuestros hermanos y luchar para que vuelvan a sus casas, siempre con la ley en la mano”, concluyó Gustavo Ontivero, llamando a la unidad de las comunidades indígenas en defensa de sus territorios.

Francisca Trejo, madre de Trinidad, aseguró su resistencia: “No voy a ser la primera ni la última, esto va a pasar siempre, pero yo voy a seguir luchando por nuestra tierra”. Hoy, las palabras de Francisca resuenan en el corazón de quienes, a pesar de la adversidad, se niegan a rendirse. Como nos enseñan nuestros pueblos originarios en cada solsticio de invierno, la luz y la esperanza pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros.

Para colaborar con las familias del corte se pueden realizar transferencias a la siguiente cuenta:

CBU: 28502054440094961236268

Alias: GiisPortal

Titular: Gisela Raquel Portal

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Por Camila Parodi para Huerquen / Fotos: Susi Maresca

A través de un amparo ambiental presentado por el cacique de la comunidad, Román Guitián, la Corte dió lugar a su reclamo histórico. Desde el año 2019 la población de la localidad de Antofagasta de la Sierra fue notificada de la realización de un acueducto sobre el río Los Patos, uno de los ríos con mayor caudal de la puna catamarqueña que conserva, además, la biodiversidad de este frágil ecosistema. Esta noticia confirmaba lo que muchas personas sospechaban: la vega del río Trapiche había sido secada por el proyecto de explotación de litio Fénix.

“En paralelo a la seca del Río Trapiche la empresa desplazó a la familia Condorí quienes vivían en la zona hacía muchísimos años. Ellos tenían más de 300 animales y hoy en día no llegan a los cinco o seis animales”, explica la comunera Mamaní. En su relato, sostiene que la familia Condorí perdió el acceso al río y su vida cotidiana se vió afectada: “Al secarse y no darle permiso de acceso al agua, se tuvieron que ir a más de tres kilómetros contra los cerros para conseguir el pastaje de sus animales”.

Desde ese entonces, recuerda Mamaní, “empezó la preocupación de la comunidad y ahí el Cacique Guitián, que también estaba siendo afectado por este tipo de proyectos, comienza a exigir información sobre el río Los Patos por donde querían continuar”. Tras secar la vega del Trapiche, como asegura la comunera, continuaron por Los Patos. Allí, además de intervenir en el devenir natural del río y de interrumpir en la vida cotidiana de las personas que habitan la zona con la construcción del acueducto, llegaron nuevos proyectos y con ellos políticas de control y represión para todo el pueblo antofagasteño.

Cuando la comunidad comenzó a tomar dimensión del impacto negativo que tendrían este tipo de proyectos en su territorio empezaron a solicitar información al municipio, luego de semanas sin tener respuestas decidieron realizar un corte que inhabilite el ingreso de los camiones. Sin embargo, el corte también fue silenciado y violentado: “Luego de ignorarnos por días, mandaron unos matones al corte que nos corrieron violentamente”, recuerda Mamaní. A su vez, durante las protestas, la comunera denuncia que “se llevaron detenidas a las familias que comenzaron a protestar, entre ellas, personas grandes o con discapacidades. Las llevaron a Belén, a más de 300 km de distancia sin informarnos nada y sin garantizar sus derechos básicos”.

El acueducto tiene un recorrido de más de 30 kilómetros y para realizarlo la empresa minera, en complicidad con el gobierno provincial y municipal, irrumpió en los terrenos y caminos comunales sin realizar las instancias consultivas y participativas que exige el convenio 169 de la OIT. Ante este panorama, en febrero de 2020, la asamblea socioambiental “Pucará”* acompañó a la comunidad en su primer pedido de suspensión que se realizó en el Juzgado de Minas así como también en el Ministerio de Minería . Sin tener respuestas sobre los informes de impacto ambiental solicitados por la comunidad, en agosto de 2021, se presentó un amparo ante la Justicia Federal de Catamarca.

Durante esos tres años de “idas y vueltas” con el Poder Judicial, las empresas mineras avanzaron sobre el territorio que comprende el Salar del Hombre Muerto así como también en las zonas aledañas, como el Salar de Antofalla y la Laguna Carachi Pampa. Al día de hoy al menos 7 empresas realizan exploraciones mineras en la zona del Salar. Cada uno de los proyectos presentó los informes correspondientes sobre el impacto que tendría en el territorio pero, ni el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente o el Municipio de Antofagasta de la Sierra analizaron de manera integral y acumulativa este impacto.

En ese marco, el pasado 13 de marzo la Corte resolvió admitir la competencia, hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas y exigió, por primera vez el relevamiento integral del impacto realizado por los proyectos de minería de litio en el Salar del Hombre Muerto. Un antecedente para la defensa de la vida y el agua en todo el territorio argentino: “Es un fallo histórico, un antecedente ambiental absolutamente importante y novedoso para Catamarca pero también para toda Argentina y la región porque, desde que empieza a expandirse el “boom del litio” no había antecedentes judiciales”, remarcó la abogada ambientalista Verónica Gostissa.

Para Gostissa, esta sentencia reabre el amparo y saca una medida cautelar muy importante porque “se basa en un antecedente negativo que hay en Catamarca que es el desecamiento de la Vega Trapiche y lo reconoce”, señaló. “Esta mala experiencia de Catamarca -reconoce la abogada- en el presente caso sirvió de antecedente y de fundamento para tomar esta decisión que tiene que ver con ordenarle al Ministerio de Minería que realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral porque no pueden evaluarse los proyectos por separado”.

“Durante los últimos dos años a la zona llegaron siete empresas y actualmente hay más de 50 proyectos mineros en todo el departamento de Antofagasta de la Sierra”, enumera Mamaní, para quien la situación del Salar del Hombre Muerto es la más extrema: “Allí tenemos al menos 12 proyectos mineros y todos quieren tomar del mismo río por eso siempre lo planteamos como una preocupación muy grande ya que es muy difícil en este contexto garantizar la vida en unos tres o cuatro años más con tantas empresas mineras alrededor, por eso avanzamos con la estrategia judicial que por suerte ahora tuvo respuestas”.

Entre sus principales puntos, el fallo de la Corte reconoce el impacto de la minería de litio de manera articulada e interrelacionada. En ese sentido, desde la Asamblea Pucará, aseguran que se trata de una buena resolución porque “se debe considerar de manera integral el impacto en el paisaje, la fauna, la flora, el clima. Es decir, que puede incluir a la crisis climática como un eje en la evaluación de impacto y el ambiente general”, explicó Gostissa. En ese mismo marco, el fallo también advierte una “fragmentación” en términos de permisos entre la extracción de salmuera y el uso de agua siendo que su relación es indisociable, agrega la abogada.

Por todo esto, con el fallo, tanto Ministerio de Minería de la provincia como el Ministerio de Agua, Ambiente, y Energía, deben abstenerse de otorgar nuevos permisos o autorizaciones. En ese contexto, si bien este fallo histórico es tan solo un avance frente a las políticas extractivistas de muerte, para la abogada Gostissa es importante ya que nos invita a pensar “lo ambiental como algo que no está disgregado, es algo fundamental para la vida, para el cotidiano, para el sostenimiento de la vida futura y nos ayuda a comprender los desequilibrios actuales así como darle un rol fundamental al agua y a los ecosistemas”, aseguró.

Ante el conocimiento del fallo, la comunera Elizabeth Mamaní, expresó que se trata de una noticia “muy esperanzadora” ya que es tener, por primera vez, el reconocimiento de la Justicia: “Esta lucha es un avance y no es solamente por hoy o por nosotros, estamos peleando también por nuestros abuelos que nos dejaron un territorio sano. Esto no es decir estar en contra del trabajo de nadie que es bastante entendible ya que todos necesitamos trabajar, pero a veces se trabaja a costa de los mal llamados “desarrollos” para que las grandes multinacionales, los gobiernos y las autoridades departamentales se beneficien”, manifestó.

En ese marco, para Mamaní, este fallo es una posibilidad para la continuidad de la lucha: “Creo que nos podemos unir un poco más como comunidad pero también con cada uno en cada territorio para un bien común de todos. Este amparo también puede fortalecer la lucha ambientalista a nivel nacional, que ya que son muchas las luchas que estamos teniendo en diferentes territorios ya sea por el tema del agua, por la contaminación de usos químicos y por todas esas buenas causas para defender la vida porque estamos luchando por el futuro de nuestros hijos”, afirmó Mamaní.

Pero el amparo no sólo se puede celebrar, también necesita el acompañamiento y la atención de toda la sociedad civil, ya que la persecución y las violencias que reproducen este tipo de proyectos de muerte no cesan: “Lo que nos preocupa ahora es que aumente la persecución, están jugando con eso en estos días ya que tras el conocimiento del fallo las mineras están despidiendo a más de 100 personas y nos asusta porque también tuvimos mucha persecución”. Son muy pocas las personas que aún viven en los alrededores Mamaní esto se debe a la falta de servicios básicos e instituciones como escuelas y salas de salud, su preocupación se centra en la exposición de quienes se encuentran allí: “Están a casi 100 kilómetros de la villa de Antofagasta, no tienen señal ni mucho menos lugares para denunciar o pedir resguardo”, denunció.

La situación anticipada por la comunera no se hizo esperar, al cerrar la edición de esta nota, la Comunidad de Atacameños del Altiplano denunció amenazas de muerte contra su cacique, Román Gaitán. “Una vez más, la historia se repite. Nos quieren en silencio, nos quieran fuera de nuestra tierra, nos quieren sin derechos, nos quieren con miedo, nos quieren muertos. Hacen lo que hicieron siempre los conquistadores, los colonizadores, los empresarios llenos de avaricia y codicia, los gobernadores corruptos, recurren a la a la única manera que conocen: la violencia. Nosotros en cambio, siempre hemos elegido el camino de la paz, el camino de la justicia”, manifiestan en su comunicado.

Desde el anuncio del fallo, denuncia la comunidad que recibieron múltiples amenazas graves por parte de integrantes de las empresas y de trabajadores despedidos. Esto se debe, a los anuncios realizados días atrás por las empresas mineras de reajuste del personal tras la baja de la cotización a nivel mundial. Como siempre, la estrategia de las empresas junto a las del gobierno provincial, fue realizar despidos y desinformar para oponer al pueblo entre quienes trabajan en la minera y las personas que acompañan el reciente fallo emitido por la corte. Por su parte, el llamado de la comunidad es a la unidad de todo el pueblo: “Esta no es una lucha entre vecinos, ni entre hermanos. Eso quieren los de afuera, nos quieren peleados y con miedo. Nos quieren divididos y empobrecidos, para saquear nuestro territorio de manera más fácil”.

* Conocé más sobre PUCARA en www.aguapucara.org

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