Por el Colectivo de Educadorxs de AulaVereda* / Foto: Juan Pablo Barrientos

Desde que la pandemia del covid-19 arribó a nuestro país y se decretó el aislamiento social obligatorio para todo el territorio nacional, diversos sectores del campo popular venimos advirtiendo sobre la necesidad de evitar el ingreso del virus en los barrios populares, villas y diversas formas de vivienda precaria. Intuíamos que su multiplicación e impacto serían mucho mayores allí donde las injusticias y las desigualdades son moneda corriente. Con el correr de los días, empezó a ser cada vez más evidente que esto no era una prioridad para muches, y el ingreso del SARS Cov2 en los barrios populares se convirtió en una realidad. La toma de medidas específicas para frenar esta avanzada es hoy nula y, por tanto, no podemos esperar más que una catástrofe sanitaria que se llevará cientos de vidas.

Tomando el caso de la Villa 31, donde aproximadamente viven alrededor de 45 mil personas, se estima que hoy en día hay más de 1.100 casos confirmados positivos de Covid, con una tasa de duplicación que ronda en los cuatro días, o sea que un 2% de la población de la villa se encuentra contagiada (lo que equivaldría a unas 900 mil personas si hacemos el paralelo a nivel nacional). La tasa de duplicación nos permite estimar que si todo sigue igual, en una semana, nada más, tendríamos allí alrededor de cuatro mil casos.

Sin duda, entonces, la situación de la 31 y de otros barrios populares debería estar bastante arriba en la lista de prioridades del Gobierno de la Ciudad, así como también del Estado Nacional. La ya conocida y renombrada dicotomía entre salud y economía en estos barrios resulta falsa desde sus propias premisas, porque no hay margen para elegir entre una y otra. Ninguna se les presenta como un horizonte de lo posible, producto de las décadas de ausencia del Estado y de la negación sistemática de los reclamos de les vecines. Mientras que ya por estos días en los programas del prime time televisivo comienza a exigirse la apertura de la cuarentena utilizando las necesidades de les trabajadores como excusa, queremos traer la atención sobre estos barrios, y elaborar una pequeña reflexión respecto de lo que allí está sucediendo para no caer en visiones simplistas o soluciones mágicas de un conflicto que tiene una larga historia.

Problemas antes de la pandemia

En la villa 31, el problema del agua, que gracias al grito de Ramona cobró visibilidad, viene desde hace años por la desidia y el abandono del Gobierno de la Ciudad. Es su responsabilidad que los distintos puntos del barrio tengan acceso al agua potable de las redes de AYSA garantizando una conexión de calidad, y no las conexiones precarias que existen hoy, que a cada rato deber ser emparchadas. La superposición de actores institucionales genera inconvenientes a la hora de realizar reclamos y exigir el cumplimiento de los derechos esenciales, a lo que se suma el histórico tira y afloje que existe históricamente entre Ciudad y Nación respecto de este territorio.

A esta altura no quedan dudas de que si estos problemas existen en el barrio Padre Mugica y en otros barrios popular de la CABA, la responsabilidad es de la gestión del PRO, partido que gobierna desde hace 15 años la Ciudad. La falta de respuesta frente a las múltiples movilizaciones que año a año se vienen sucediendo frente a la Legislatura porteña (donde Cambiemos tiene, actualmente, mayoría automática) da muestra de que la actual gestión está más preocupada por hacer negocios inmobiliarios con las villas del norte de la ciudad (31 y 31bis, Rodrigo Bueno y Fraga) que por resolver los conflictos en los barrios populares del sur. Esto tiene consecuencias gravísimas para miles de familias no solo frente a esta nueva pandemia, sino frente a tantas otras enfermedades que afectan a les más pobres como el dengue, el sarampión y la desnutrición, que son moneda corriente.

El derecho a la salud es sólo uno de los tantos que cotidianamente la población ve vulnerados. La falta de planificación, la inexistencia de un proyecto integral de urbanización que tome en cuenta sus perspectivas y la disputa entre los diversos actores que gestionan, controlan y regulan estos procesos hacen a un problema estructural que requiere voluntad política y años de inversión para que las y los habitantes de estas zonas logren tener una vivienda digna y segura.

Desde sus inicios, el hacinamiento es unos de los principales problemas de las familias que residen en las villas. En una sola vivienda conviven varios hogares, donde la cantidad de metros cuadrados por persona es menos de lo recomendado y el baño es compartido por un batallón. La dificultad de circulación es otro gran problema ya conocido por muches: los estrechos pasillos impiden el acceso de ambulancias e incluso autos particulares, a lo que se suman las calles de tierra que se embarran con la lluvia, y dificultan el paso.

Por ello, el problema del acceso al agua fue la punta del iceberg para que quienes nos gobiernan pusieran el foco en las problemáticas de las y los habitantes. La denuncia de Ramona puso en cuestión esta realidad, que repercute en las posibilidades de cumplir el aislamiento. Para conseguir un poco de agua, las familias debían salir de sus casas e ir a un punto más o menos cercano, más o menos concurrido y más o menos higiénico donde conseguían uno o dos baldes para el día. Esto dificultaba prácticas esenciales de prevensión del SARS Cov2, como lavar las verduras e higienizarse las manos.

Cuando el trabajo no te encuentra en casa

Muchas de las personas que residen en las villas continúan asistiendo a sus trabajos porque no cuentan con un empleo en blanco que les permita quedarse en su casa mientras perciben su salario, haciendo home office, para lo que además es necesario disponer de una computadora propia y accesibilidad a Internet. Generar ingresos cuando se trabaja por día o a destajo empuja a que las opciones se encuentren entre quedarse en su casa y no percibir ingresos, o salir a buscarlos y exponerse al contagio. Muches de les vecines trabajan dentro de los mismos barrios, lo que implica una circulación diaria por sus calles. El no contar con un salario mensualizado les imposibilita realizar las compras semanales como se recomienda, teniendo que salir cotidianamente a comprar el alimento. Esto sumado a la falta de bancarización tanto propia como de los negocios de cercanía que se torna otro impedimento más para evitar salir de sus hogares. Así, una vez que comenzó a haber contagios de covid-19 dentro de los barrios, la exposición al virus fue recurrente.

La falta de bancarización también impacta negativamente en quienes cobran la IFE, ya que muchas familias que deben acceder al cobro por cajero automático han tenido diversos inconvenientes para quienes no cuentan con un correo electrónico propio o un número de celular a su nombre. Para ellxs la única opción es cobrar a través del Correo Argentino, lo que significa hacer horas de cola para poder tener el dinero en sus manos. La IFE otorga unos pocos $10.000 que resultan insuficientes para saldar la falta de trabajo de los miembros del hogar, si se toma en cuenta que sólo se puede cobrar uno por familia. Por otro lado, podríamos hacer una pequeña reflexión acerca de cómo el Estado Nacional se encontró con dimensiones impensadas de la informalidad, probablemente acrecentadas durante los últimos cuatro años de macrismo. Y si bien la política se va transformando en función de llegar a estos sectores, lo cierto es que a dos meses de iniciada la cuarentena hay muchas personas que no han podido cobrar aún este Ingreso ni ninguna otra ayuda.

Mención aparte merece la situación de les niñes en cuarentena: hace casi dos meses que muches no tienen contacto con sus escuelas porque carecen de conectividad o han cambiado el número de teléfono que la institución tenía de contacto y ya nadie pudo comunicarse. La continuidad pedagógica es imposible para muches niñes que viven en casas en donde hay un solo dispositivo, que debe ser compartido entre todos sus habitantes. El reparto de comida en las escuelas es otro problema más que se les suma a las familias: deben hacer cuadras de cola para recibir un bolsón para dos semanas pero que es insuficiente, si es que no les llega solamente el refrigerio con dos leches y galletitas por algún supuesto error administrativo. Como dato de color podemos contar que en el bolsón a veces incluyen una cajita de flan instantáneo para el que se necesita utilizar un litro de leche del que las familias no disponen, lo que da cuenta de la falta de conocimiento sobre la situación que están viviendo miles de personas.

La pandemia y el aislamiento social son potenciadores de las necesidades básicas insatisfechas que existen desde mucho antes que este virus se esparza por el mundo, y que probablemente se prolonguen mucho más una vez finalizada la cuarentena. Lo que logra la excepcionalidad de las circunstancias actuales es poner de manifiesto aquellas desigualdades históricas que existen en CABA (y en el resto del país), y visibilizan múltiples derechos vulnerados que generan que esta crisis sanitaria no impacte a todes por igual. Muy lejos de esto, corremos el riesgo de que esta pandemia termine afectando, como ya sucede en otros países del mundo como Estados Unidos y Brasil, únicamente a los sectores populares, mientras el resto de la sociedad mira hacia otro lado.

A pesar de que ya es un dato irrefutable el hecho de que en los barrios populares de la Ciudad es donde hay mayor multiplicación del virus, aún no existe un protocolo sanitario para cuidar a las personas que se contagian de covid-19 ni a quienes estuvieron en contacto con ellas. Hasta hoy, si un miembro de la familia presenta síntomas y da positivo, al resto se les aísla en el hogar pero no se les testea. Luego de la denuncia de Ramona, el GCBA anunció con bombos y platillos la desinfección de las calles de las villas con lavandina, como si eso pudiera frenar la circulación, o fuera un cambio significativo frente a la falta de elementos de higiene básica en los hogares. Cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio se torna cuesta arriba cuando salir a trabajar, buscar un plato de comida o asistencia médica por fuera del hogar es imperante. El Estado sigue siendo el gran ausente, y esta responsabilidad recae sobre las organizaciones sociales y barriales que a través de donaciones logramos acercar aquello que el gobierno les niega.

Las organizaciones y las necesidades que vemos desde el barrio

Somos, entonces, las organizaciones sociales las que estamos día a día trabajando en los barrios para acompañar en estos contextos. Sin embargo, sin una ayuda del Estado las limitaciones frente a la situación crítica son cada vez mayores. Los comedores, que antes de la pandemia recibían comida, no vieron un aumento en la cantidad de alimento, y aquellos que no recibían nada siguen teniendo que gestionar con sus propios recursos el plato de comida para les vecines. Además, el GBCA no provee elementos básicos de higiene y seguridad (como barbijos, guantes, alcohol en gel) a quienes están trabajando en los barrios, propiciando así más contagios aún.

Dada la tasa de multiplicación y la inacción del GBCA, no se espera más que un estallido en las villas porteñas que será casi imposible de contener. Aún hoy, sin haber entrado en el famoso pico de contagios, las salas de los hospitales empiezan a estar atestadas, y no podemos esperar un mejor panorama si no empieza a haber una transformación radical del plan de acción en los barrios populares. Resulta, entonces, necesario que se tomen medidas que contemplen las realidades territoriales de los sectores populares. En la villa 31, desde las organizaciones se viene exigiendo que se pongan a disposición los múltiples hoteles que hay en la zona para aislar a las personas que estuvieron en contacto con quienes están contagiades, o en caso de que tengan que aislarse en sus casa, que desde el GCBA se garanticen los alimentos y elementos necesarios para que no tengan que salir de sus casas. Esto no solo no está sucediendo, sino que ni siquiera se les hace un seguimiento a los contactos estrechos sobre los síntomas que van teniendo.

En materia educativa, se exige que el gobierno garantice el acceso a las TICs de les niñes para que puedan continuar con sus tareas y en contacto con sus maestres y profesores, algo que está implementándose incipientemente y sin certitud de que alcance a todes les niñes. También se exige que se implemente la tarjeta alimentaria para todes les niñes de escuelas públicas para que puedan mantener la alimentación diaria sin que sea necesario movilizarse de su casa.

En suma, la exigencia es por un Estado que trabaje para les más necesitades, de manera articulada con las organizaciones sociales y barriales, con las familias y vecines de los barrios para evitar no sólo que la pandemia se lleve miles de vidas, sino también que el aislamiento no profundice los niveles de empobrecimiento. La gestión de la ciudad tiene que dejar de ser un negocio para los contratistas y comenzar a ser pensada para todes sus ciudadanes según sus necesidades.

Y después del coronavirus, ¿qué?

La cuarentena es al día de hoy la única medida para luchar contra la pandemia. La eficiencia es indiscutida a nivel nacional e internacional por los principales exponentes en materia de salud y epidemiología.

No negamos que sostenerla es la manera de evitar que se profundicen los contagios y muertes. Pero queremos poner en cuestión la dicotomía entre salud y economía, que viene sobrevolando los debates de la sociedad desde el inicio de la cuarentena. Desde el gobierno nacional se afirma que es falsa pensándola, a nuestro entender, en una dimensión nacional y estatal: un Estado no puede elegir su economía por sobre la salud de su población, porque eventualmente ella se enfermaría de a cientos de miles, desplomando la economía en el corto plazo (como está sucediendo, de hecho, en países que tomaron otros rumbos).

Pero dicha dicotomía tampoco existe para estas familias de los barrios, porque tener que elegir entre salir para comer y no salir para no contagiarse es un escenario imposible. Sin un plato sobre la mesa no se tiene salud, y sin un trabajo digno tampoco. Lejos de ignorar, de negar o moralizar estas realidades, el Estado debería contemplarlas para construir políticas con anclaje territorial real que acompañen estas situaciones. Es urgente para que el virus no siga propagándose en estos barrios, donde tiene mayor circulación y donde la población está más vulnerada. Basta con escuchar lo que las organizaciones sociales que trabajan en los barrios tienen para decir y proponer.

No es cierto que esta pandemia nos iguala, como se escuchaba allá por el inicio de esta crisis. No es verdad que tenemos las mismas posibilidades frente al virus. Porque en una sociedad profundamente desigual, las injusticias no se suspenden ni siquiera en una crisis mundial. Al contrario, se profundizan aún más, y cuando termine este caos, cuando se invente finalmente una vacuna, aunque la comunidad internacional decida patentarla libremente y que toda la población acceda a ella, la desigualdad social seguirá profundizándose.

La urbanización real y participativa de los barrios populares de la Ciudad es una necesidad imperante y urgente que ya no puede esperar. La falta de cloacas, de agua y electricidad es un incumplimiento estatal con el derecho al hábitat y a la salud. Esta es una crisis mundial, pero no queremos que cuando termine y podamos observar sus efectos, nos demos cuenta de que nuevamente quienes más afectades se vieron fueron los sectores populares, racializados y oprimidos. Urge que las medidas se tomen ahora, no esperar a datos sobre cómo afecta la pandemia y la cuarentena a las familias, tenemos los ejemplos de otros países, tenemos el conocimiento científico acumulado en materia sanitaria y epidemiológica, hace falta que el Estado se haga cargo.

* AulaVereda es una organización que trabaja con niñxs desde la educación popular en CABA, PBA, Mendoza y Entre Ríos. En CABA trabaja en Almagro, Boedo y la Villa 31.

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Por Vivian Palmbaun | Fotos de Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros

La Boca es un barrio popular de CABA. Detrás de esa vidriera turística con que se promociona, viven muchas personas, que habitan las calles, sus veredas, comparten en los escasos espacios públicos del barrio para escaparle a la falta de espacio y al hacinamiento en que viven. El Riachuelo  es parte de ese paisaje, y límite de la Ciudad; un símbolo del abandono de un barrio que supo ser prospero. El conventillo es sinónimo indiscutible de La Boca, albergue marginal y precario de personas que llegan de todas partes.

El calor agobiante de enero no fue excusa para que emprendiéramos la tarea de pintar un mural. Recostado sobre la margen del Riachuelo, alejado de los brillos de los turistas, se encuentra el mercado popular, que pocos años antes había sido inaugurado hasta con la presencia de Teresa Parodi. Arrancaba 2018 y se hacía necesario darle visibilidad en momentos en que  promediaba la presidencia de Mauricio Macri, que había diezmado la mayoría de las iniciativas populares. 

Era pleno Enero, un tiempo de vacaciones, donde el mercado paraba para reorganizar tareas y por eso era una buena oportunidad para darle rienda suelta a la creatividad colectiva, que estaba agazapada, esperando  detrás de las batallas que durante todo el año nos corrían con necesidades de reivindicación. Apenas veníamos de  diciembre y la resistencia a la reforma previsional que una noche se promulgó. Esta actividad fue como un bálsamo para el encuentro.

El lugar había sido bautizado Mercado de la Economía Popular Martin Oso Cisneros, en homenaje al compañero asesinado en La Boca. Emplazado  detrás de la primera iniciativa terminada de vivienda cooperativa y de ayuda mutua de la ciudad, habitada por familias que venían de convivir en los conventillos del barrio. 

Con las paredes blanqueadas, fue necesario comenzar a hacer el boceto. Meli, nuestra compañera muralista de verdad, nos fue guiando para que pudiéramos construir entre todas un proyecto. Primero comenzó hablándonos, recuperando historias, para ir encontrando las representaciones colectivas que luego quedarían plasmadas en los muros exteriores. Otras muralistas nómades también nos ayudaron en la tarea.

La historia de la organización, las verduras de descarte con que habían comenzado a organizarse allí por el 2001, las distintas etapas de consolidación de la organización, la textil, el emprendimiento de panadería, el dolor del asesinato del Oso, se mezclaban con los mates, los almuerzos compartidos y las anécdotas personales que se filtraban para dar lugar a las imágenes que luego quedarían estampadas.

Se trataba de un larguísimo muro que enfrentaba al Riachuelo por Av. Pedro de Mendoza y escapaba por Ministro Brin, que daba testimonio de unas paredes deterioradas que habían sobrevivido al paso del tiempo. Como gran parte de La Boca, donde detrás del furor emprendedor se esconde el asentamiento y se multiplica la vulnerabilidad.  

Un mural multicolor

Empezamos unas cuantas compañeras y luego se sumaron otras. Rojo, Violeta, Azul y Amarillo, Verde y tantos colores fueron conformando los fondos para luego avanzar con las imágenes a representar. Elaborar un boceto en una hoja de papel, con sus colores y fondos fue la primera tarea, luego traspasar en escala a los muros fue un aprendizaje. 

La idea fue creciendo, igual que las charlas y la traspiración que nos empapaba. Con la cabeza cubierta, el mate le dio paso al tereré bien helado para acompañar el entusiasmo y las palabras. “Yo hice muchas cosas que no sabía que las sabía, que no me animaba y cuando empecé a hacerlas con otros me sentí segura”, comentaba una compañera, de las históricas, que antes había participado en el emprendimiento textil, después había pintado hasta banderas y ahora mostraba gran destreza con el pincel. Martita se hacía cargo de que no faltara ni la comida, ni los materiales necesarios.

Todo se había convertido en un espacio de Pinturas al agua y sintéticas, donde mezclar, diluir, inventar colores, buscar pinceles,  atreverse a las paredes  y a las escaleras, para alcanzar a lo alto.

La magia creativa no podía ser completa sin la presencia de las y los niños vecinitos, esos que justito estaban viviendo en la calle con sus familias por el incendio de la antigua Sanchetti  que habitaban. En La Boca los incendios son parte de la cara más voraz del negocio inmobiliario, que arroja a la precariedad, al abandono y la indiferencia. Esas pequeñas personitas también se acercaban porque querían pintar: “¿me enseñás?”. Y así, pincel en mano, también fueron dándole color para luego sentarnos juntos a merendar. Después de unos días, la confianza ya estaba establecida y  hasta se animaron a traer sus bicis que reclamaban pintura.

Se fueron concretando ideas previas, y nuevas que iban surgiendo junto a las complicidades y las decisiones de reflejar la realidad de la economía popular: de la mano del productor al consumidor, frutas, hortalizas, productores y productoras, flores, niñes, hornos, el infaltable emblema del barrio: la azul grana y la figura del Oso Cisneros fueron algunas de las imágenes que quedaron fijadas.

Días de sol, calor, transpiración y alegría. Voces compartidas, sonrisas y un buen recuerdo de unas jornadas entre mujeres, a donde luego también se sumaron algunos compas. Evocación de esos buenos momentos  colectivos  que se constituyeron en los últimos en los que participé en el barrio de La Boca; pero eso ya es otra historia…

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Por Paula Belloni y Francisco Cantamutto | Foto portada German Romeo Pena

En 2015, Argentina enfrentaba algunos problemas vinculados al estancamiento de la economía, el agravamiento de la restricción externa, déficit fiscal, cierta inflación y menor generación de empleo junto con el estancamiento y/o la caída de los salarios reales, por referir algunos. Lo que Cambiemos denominó “la pesada herencia” de nuestra parte lo llamamos los límites del programa kirchnerista, y consideramos que tenía diferentes alternativas. El nuevo gobierno, en cambio, propuso viejas recetas: ajuste, desregulación y liberalización.

De acuerdo con los problemas que el gobierno expresó que iba a resolver, y en función de las iniciativas de política económica llevadas adelante, el esquema económico de Cambiemos puede ser presentado bajo 5 grandes ejes macroeconómicos: monetario-cambiario, fiscal, inserción externa, trabajo y endeudamiento. En cada uno de ellos se ven tensiones vinculadas con la acumulación dependiente y con las clases sociales y fracciones de clase que encarnan la disputa política. Veamos una por una.

Política monetaria-cambiaria

Al asumir el gobierno de Cambiemos elevó la tasa de interés fijándola a niveles muy altos y desreguló el sistema financiero para que los capitales puedan entrar y salir sin costos y, prácticamente, sin plazos. En ese contexto, las letras del Tesoro y las del Banco Central se plantearon como una alternativa fácil y rentable. Esta iniciativa pretendía ser al mismo tiempo una alternativa al dólar (al tentar a los capitales a quedarse en pesos) y además reducir la circulación monetaria, bajo la premisa de que ésta es la que generaba inflación.

¿Qué resultado hubo? La inflación claramente no se resolvió en estos años, sino que desde el inicio del gobierno los precios internos no pararon de aumentar y hasta octubre de 2019 acumularon una suba superior al 260%. La inflación probó no ser principalmente un problema de emisión, contra el mantra neoliberal. Las subas de precios fueron impulsadas por las devaluaciones y tarifazos, incrementando en especial el precio de alimentos, servicios públicos y energía, provocando un mayor deterioro de los ingresos en los sectores más pobres.

En cambio, el resultado fue un crecimiento de la rentabilidad financiera y el regreso de la “bicicleta financiera” (o “carry-trade”) que la desregulación y la liberalización habilitaron. A su vez, hubo un desplazamiento de la inversión productiva y una acumulación enorme de Lebacs que, cuando superaron la base monetaria y las reservas del Banco Central en dólares, fueron reemplazadas por otra bomba, las Leliq, cuya tenencia se limitó a los bancos y ya representan una nueva bola de nieve que amenaza el sistema.

¿Cuáles fueron los sectores que ganaron? Si pensamos en el bloque que sustenta a Cambiemos, claramente el capital financiero especulativo. Los más desfavorecidos fueron el capital industrial por el desplazamiento de la inversión y lxs trabajadorxs, debido al estancamiento y caída de la producción y del trabajo.

Política Fiscal

La política fiscal estuvo orientada a reducir el déficit fiscal. Para alcanzar tal objetivo, el gobierno llevó adelante un ajuste sistemático del gasto público. Desde muy temprano la reducción del gasto se manifestó en el trabajo estatal con una ola de despidos, que además fue acompañada de una gran estigmatización. En 2019, la caída acumulada de la masa salarial desde que asumió Cambiemos cerrará cercana al 20%. Además, también se redujo sustancialmente el gasto en áreas sociales fundamentales, tales como Educación y Cultura, Salud, Ciencia y Técnica y Prestaciones de la Seguridad Social (luego de que la ley de Reparación Histórica modificó la fórmula de movilidad). Este ajuste respondió a una reducción y reorientación de las capacidades estatales, ya que al tiempo que estas áreas clave se desfinanciaron, se crearon otras que absorbieron los recursos, como Modernización.

También se redujeron los subsidios a las empresas prestadoras de servicios -a las que se les liberalizó la fijación de tarifas- y hubo un ajuste fenomenal en la obra pública. En paralelo, y a partir del enorme proceso de endeudamiento, el gasto en intereses de la deuda se duplicó, ascendiendo a un valor cercano a lo que se paga en masa salarial.

La reducción selectiva del gasto estuvo acompañada de una menor recaudación, dada por la eliminación y/o reducción de impuestos, tales como los derechos a la exportación a la minería, el sector agropecuario (entre otros), ganancias y bienes personales, que volvieron la estructura tributaria aún más regresiva y repercutieron negativamente en los ingresos públicos. Este desfinanciamiento buscó ser compensado con el blanqueo de capitales  (Ley N° 27.260), y más recientemente, con la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la venta de activos del Estado y la aplicación de nuevas retenciones bajo una modalidad más laxa. Pero el déficit fiscal financiero no sólo no se redujo, sino que aumentó.

Los ganadores de la política fiscal fueron las empresas de servicios públicos por los incrementos desorbitantes de tarifas y los sectores exportadores desgravados del agro y minería. ¿Los perdedores? En principio, lxs trabajadorxs estatales, porque además de la pérdida salarial, las condiciones de trabajo se precarizaron, ya que las incorporaciones se hicieron bajo modalidad de contratos temporales. También lxs jubiladxs fueron profundamente afectados, así como las PyMES y hogares, producto de los tarifazos.

Inserción externa

En el sector externo Cambiemos apostó a ser el “supermercado del mundo” y a generar una “lluvia de inversiones” para atraer capital extranjero. Aquí tampoco se dieron los resultados esperados. En una economía mundial en crisis, en la que las principales potencias se encuentran en una intermitente guerra económica, las exportaciones no aumentaron, aunque sí se produjo una reprimarización de la canasta exportadora. En cambio, por la mayor apertura y desregulación, crecieron las importaciones, incluso en el marco de recesión de la economía local. Esto dio lugar a uno de los déficits comerciales más grandes de nuestra historia en 2017, que se sostuvo en un nivel elevado en 2018. Respecto del capital extranjero, las inversiones extranjeras directas no tuvieron cambios cuantitativos significativos, pero sí lo hizo la remisión de utilidades al exterior, por lo que no hubo un aporte de ahorro externo o “lluvia de capitales” como esperaba el gobierno.

¿Cuáles sectores fueron los más favorecidos con estas medidas? Los capitales más concentrados del agro, la minería y el sector energético (ligado a Vaca Muerta). Los perdedores fueron, nuevamente, el capital industrial y lxs trabajadorxs.

Trabajo

El gobierno argumentó que la Argentina sufría una pérdida de competitividad debido a los elevados salarios en dólares y, por ende, se propuso reducirlos para ganar mercados externos. En primer lugar, la temprana ofensiva contra lxs trabajadorxs estatales significó un gesto político hacia el sector privado, una especie de señal de vía libre para despedir tomando como ejemplo al sector público. A su vez, como consecuencia de las medidas de ajuste que resultaron en una contracción económica considerable en 3 de los 4 años de gobierno, el mercado de trabajo se deterioró en todos los sentidos: se produjo un fuerte incremento de la desocupación -prácticamente duplicándose en 4 años- y un deterioro general de las condiciones de trabajo que afectaron en especial a algunos sectores tales como las mujeres, personas LGBTTIQ y jóvenes. Además se destruyeron puestos asalariados formales y fueron reemplazados solo en parte por más empleos autónomos, con menores derechos y prestaciones.

El escenario de despidos en el sector público y privado buscó, a su vez, crear un contexto “hostil” para la discusión salarial de quienes conservaron sus empleos. El gobierno vetó una ley anti-despidos aprobada en el Congreso en 2016, mostrando esta intención. Al inicio de la gestión resultó inviable atar la pauta salarial a la productividad en un contexto inflacionario y con sindicatos relativamente fuertes, y la búsqueda constante por cerrar paritarias por debajo de la inflación fue perforada en varias ocasiones producto de la movilización sindical. Sin embargo, lxs trabajadorxs sufrieron una creciente pérdida salarial en estos años.

A pesar de lo anterior, el gobierno no logró avanzar con la reforma laboral que se propuso, y lo hizo muy parcialmente con la reforma previsional. Tampoco pudo pasar la flexibilizadora ley de empleo joven. Tuvo más suerte en lograr introducir cláusulas de flexibilización en ciertos convenios, siendo el de petroleros en yacimientos no convencionales el más importante.

Por esta ofensiva directa, claro está, resultamos grandes perdedores el conjunto de lxs trabajadorxs, que hemos transferido una gran masa de excedente hacia los ganadores de la etapa.

Deuda

Los fracasos y las contradicciones económicas derivadas de los 4 bloques mencionados pudieron ser relativizados con un costoso “salvavidas” de endeudamiento. Esto implicó acordar con los fondos buitres y atender todos sus reclamos y a partir de ahí llevar a cabo un proceso de endeudamiento acelerado. La deuda pública total pasó de un 52,6% del PBI en 2015 a un 80,7% al segundo trimestre de 2019. Si tomamos la deuda pública externa, pasó del 13,9% del producto al 40,1%. Un proceso de endeudamiento fenomenal que elevó la parte en moneda extranjera y a corto plazo. Esto tiene como contraparte la enorme carga de intereses y vencimientos que entre 2020-2023 ascienden a más de US$200.000 millones.

¿Para qué sirvió el endeudamiento? Básicamente, para garantizar una redistribución regresiva del ingreso. La enorme deuda asumida es fundamentalmente la contracara de la bicicleta financiera. Los capitales entran, invierten en instrumentos financieros locales, ganan con altas tasas de interés, compran dólares y se vuelven a ir, sin dejar nada en el país. Salvo deuda. A su vez, el endeudamiento financió la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, pagos de deuda y, durante el período 2016-2017, el turismo en el extranjero y las compras de bienes importados para una parte de la población. Una parte sirvió también para cubrir el déficit fiscal ocasionado por las regresivas reformas impositivas que redujeron los ingresos.

A modo de balance, los grandes ganadores de esta política vuelven a ser los capitales financieros, donde incluimos bancos, fondos de inversión, grandes empresas supuestamente “productivas”, e incluso el retorno de los llamados “fondos buitres”. En una menor medida, también lo son las grandes empresas que aprovecharon este subsidio a la salida de capitales por diversas vías, y aquella parte de la población que con ingresos medio-altos pudo participar de las mieles del modelo durante sus primeros dos años.

Un final crítico

La batería de medidas económicas bajo el gobierno de Cambiemos significaron una masiva transferencia de ingresos regresiva y sumieron al país en una crisis que al terminar el mandato combina el peor escenario económico: contracción de la actividad con elevados niveles de inflación. La economía argentina, con los últimos datos disponibles, es algo más de un 4% más pequeña que en 2015. Esta caída es aún más fuerte en los sectores productores de bienes, como la industria y la construcción. En cuanto a la inflación, que se señalaba como un problema de simple resolución, la misma alcanzó en 2018 y 2019 los mayores niveles desde 1991.

Las inconsistencias de este programa son las que llevaron a la crisis, que se expresó en el estallido de abril de 2018. Esto fue utilizado para volver a cerrar un acuerdo, tras una década y media, con el FMI, que galvanizara el programa de ajuste. Se ponía fin así a lo que se había presentado como “gradualismo”, que era el mismo programa pero aplicado a menor velocidad que la esperada por ciertos sectores del capital más concentrado. La presencia del FMI sólo incrementó la deuda y dio aire al gobierno para completar su mandato, sin ningún beneficio para el pueblo argentino. Y a pesar de la búsqueda por mayores reformas, el gobierno de Cambiemos no logró avanzar en nuevas leyes como la laboral y la previsional, la suscripción de más acuerdos de libre comercio, la profundización de la apertura comercial, la desregulación de las finanzas, entre otras.

Cambiemos aplicó un ajuste social brutal e intentó avanzar en reformas estructurales más profundas, que fueron limitadas por la resistencia social. Esta misma incapacidad de profundizar el ajuste con legitimidad social lo llevó a una creciente deriva represiva, que se alinea con otros procesos políticos de la región pero sin lograr contener la creciente impugnación social, que se expresó también en las urnas con la derrota en las elecciones presidenciales.

El programa neoliberal, sin embargo, deja claros ganadores y perdedores. Los capitales financieros están en la cúspide del éxito, usufructuando el sufrimiento de todo un país -y aquí no solo se incluyen bancos y fondos, sino también una cúpula empresarial crecientemente financierizada-. Las fracciones que se ubican en la prestación de servicios públicos o con precios regulados y las fracciones primario-exportadoras completan el arco de claros beneficiarios de la etapa.

En el vértice opuesto están las mayorías populares, incluyendo a la clase trabajadora en sus distintas especificidades: personas que viven de su capacidad de trabajar, que reciben asignaciones, jubiladas y pensionadas. Las mujeres,  personas LGBTTIQ y lxs jóvenes fueron particularmente afectadxs, tanto por los cambios en el mercado como por el desmantelamiento de políticas sociales específicas.

Por la fuerte caída en nuestras condiciones de vida, el mercado interno se ha visto muy resentido. En un segundo orden, se puede ubicar como perdedores de la etapa a los sectores PyME del empresariado y, en especial, a los que se ubican en la industria y la construcción. Llamamos la atención sobre esto último, pues el efecto político de ello ha sido el tránsito a la oposición al saliente oficialismo de una parte del empresariado, que espera mejorar su situación en el próximo gobierno.

A pesar de este mapa, debemos resaltar que las contradicciones propias del propio esquema económico, junto con la resistencia social, hicieron que Cambiemos no pueda completar la tarea que se propuso, lo que generó malestar en el sector social que representa. Las demandas del capital más concentrado siguen vigentes y están representadas en las exigencias de los acreedores: reforma laboral, impositiva, previsional, privatizaciones, apertura de la economía y desprotección de los bienes comunes. La presión por este programa continuará en los años que vienen, marcando la agenda. Dependerá de las organizaciones populares continuar la tarea de impugnación y sumarle, ahora, el planteo de una agenda propia.

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Por Reverso

Luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo último, comenzaron a circular en Twitter varias publicaciones con el hashtag #FraudeK. Allí, distintos usuarios denuncian fraude a partir de las imágenes de telegramas que aparecen en la página oficial del Recuento Provisional de Resultados. Algunos denuncian tachaduras en los telegramas (ver acá) y otros aseguran que en su mesa hubo un mal conteo de votos (ver acá y acá). 

El hashtag fue trending topic ayer por más de 15 horas en la Argentina -según datos de la aplicación web Trendinalia-. A su vez, imágenes y videos de los telegramas, capturas de tuits y cadenas se difundieron de forma masiva por WhatsApp. Aunque esta aplicación de mensajería instantánea no permite saber cuántas veces circuló un contenido entre los usuarios, Reverso pudo comprobar, mediante un relevamiento manual de los mensajes enviados a su número telefónico (+54 9 11 3182-3655), que se trata de uno de los contenidos con mayor viralidad difundido desde los comienzos del proceso electoral.

Imagen con ejemplos de los telegramas compartidos en redes sociales con cero votos, tachados o borrados. 

Pero, ¿estos telegramas prueban que hubo fraude?

La respuesta es “no”. 

La Cámara Nacional Electoral (CNE), el máximo tribunal del país en materia electoral encargado de realizar el escrutinio definitivo, destacó a Reverso que este conteo es el único con validez legal, que el escrutinio provisorio tiene solamente fines informativos y que no hay posibilidad alguna de fraude, porque en las actas de escrutinio, firmada por las autoridades de mesa y por los fiscales partidarios, está la información correcta.

Por lo tanto, los datos que aparecen en los telegramas (que aparecen en las publicaciones virales) son los que se dan a conocer en el escrutinio provisorio, no tienen validez legal y sólo informan el resultado. “Los telegramas son considerados como un medio de comunicación de datos. No son documentos legales”, señaló a este medio Hernán Mogni, secretario de la Fiscalía Nacional Electoral, a cargo de Jorge Di Lello. 

Al mismo tiempo, los números que aparecen en los telegramas no siempre coinciden con los números de las actas de escrutinio. Y, como se dijo anteriormente, son sólo los números de las actas los que tienen validez legal y los que determinan los resultados finales de la votación. 

El ex director de la Dirección Nacional Electoral (DINA) del Ministerio del Interior de la Nación Alejandro Tullio confirmó esto a Reverso: “No se puede hablar de fraude por esta razón: el telegrama es un elemento que carece de validez. Lo que vale es el resultado asentado en el acta. El 100% de las actas se cuentan nuevamente en cada juzgado electoral desde ayer por la tarde [por el martes 13 de agosto de 2019] en todo el país”.

El propio Gobierno nacional también descartó toda posibilidad de fraude electoral. “El escrutinio provisorio se hace con lo que viene del telegrama. La obligación de los digitadores es cargar lo que viene en el telegrama. Los telegramas están publicados, todos los partidos pueden estar controlando el telegrama. Y si encuentran algún telegrama con inconsistencias y dicen ‘nosotros acá tuvimos votos y aparecen con cero’, ahí está el escrutinio definitivo para hacer el reclamo”, explicó el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, en una entrevista en radio La Red.

Consultado sobre si descartaba la posibilidad de fraude, el funcionario nacional fue tajante: “Sí, absolutamente, fue una elección transparente, con garantías, con mucha agilidad y queda el escrutinio definitivo para las instancias de revisión”.

Reverso pudo acceder al acta de escrutinio de algunos de los telegramas virales que denunciaban cero votos para Juntos por el Cambio. Dirigentes de dicha alianza en Tres de Febrero, partido gobernado por Diego Valenzuela (Cambiemos), aportaron a este medio una foto del acta de escrutinio de la misma mesa (00500/1). Allí, se puede ver que Juntos por el Cambio figura con 68, 71, 74, 77 y 76 votos para presidente, diputado, gobernador, legislador e intendente, concejal y consejero escolar. Esto podrá ser reclamado por el precandidato en la instancia del escrutinio electoral.

También el intendente de La Plata, Julio Garro, envió a Reverso el telegrama de la mesa 698/9 de la sección electoral 63 en el que sobre un total de 285 votantes la lista de Juntos por el Cambio registra cero votos para todas las categorías (presidente, diputados nacionales, gobernador, legislador provincial e intendentes, concejal y consejero escolar).

El certificado de escrutinio (documento que llenan los fiscales partidarios) de esa misma mesa, la 698, tiene números diferentes de los asentados en el telegrama: ya no cero votos en todas las categorías sino 102, 100, 101, 100 y 94 votos para Juntos por el Cambio en cada una de las categorías.

Fernando Ponce, dirigente de Juntos por el Cambio en La Plata, dijo que “el problema no es generalizado” y que detectaron irregularidades en “aproximadamente 15 mesas sobre un total de 1.597”. Garro precisó: “Vamos a discutirlo en el escrutinio definitivo”, que arrancó hoy a las 8 de la mañana.

En lo que refiere a las tachaduras en los telegramas, Mogni aseveró: “Es común que haya tachaduras en los telegramas, son parte del error humano. Las tachaduras, incluso en las actas, se consideran como válidas”.

El error se puede observar tanto en votos de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos

Si bien los telegramas que se hicieron virales denuncian solamente errores en la carga de votos de Juntos por el Cambio, Reverso pudo corroborar a partir de la base de datos de la página oficial del Recuento Provisional de Resultados que -en lo que refiere a la categoría de presidente y vicepresidente- el Frente de Todos también presenta errores en sus casilleros de los telegramas cargados.

Para verificar esto, el equipo de Innovación de Chequeado descargó la base de datos de todos los votos emitidos en el país para los candidatos de la fórmula presidencial y filtró las mesas en las que Alberto Fernández y Mauricio Macri obtuvieron cero votos. 

El resultado fue que 2.904 mesas tuvieron cero votos para Juntos por el Cambio y 2.768 mesas obtuvieron cero votos para el Frente de Todos. Pero en la mayoría, 2.497 mesas, ambos partidos políticos registraron cero votos, por lo que sólo en 407 Juntos por el Cambio podría haberse visto perjudicado y el Frente de Todos en 271. Esto representaría el 0,4% y 0,3% del total de unas 100 mil mesas de todo el país, respectivamente.

Inconsistencias que se ven en todas las elecciones desde 1983

Tullio indicó a Reverso que los telegramas con inconsistencias son un problema de cada elección nacional. 

“Siempre hay diferencias entre los telegramas y las actas, por lo menos desde 1983. En el escrutinio definitivo se cotejan las actas con los certificados de escrutinio. Si aún así hubiera diferencias, se abren las urnas, lo que generalmente no ocurre”, dijeron fuentes de la Cámara Nacional Electoral a Reverso. A su vez, indicaron que “la diferencia entre escrutinio provisorio y definitivo es inferior al 1%”.

Tullio, por su parte, indicó: “En 2015, Daniel Scioli, postulante presidencial del Frente para la Victoria, aparecía con cero votos en 3.697 telegramas, y Macri, candidato de Cambiemos, figuraba con cero votos en otros 4.679. Eso genera lo que se denomina un ‘error distribuido’ que más o menos hace que en el escrutinio definitivo aparezcan los números incrementados, pero no varían significativamente las proporciones en el definitivo”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

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Autores: Delfina Corti y Victoria Leiva 

Edición 1: Matías Di Santi

Edición 2: Laura Zommer

Edición 3: Cecilia Becaría

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Por Redacción Marcha / Foto: Alejandra Malcorra

A diez días de las elecciones primarias, P.A.S.O, gran parte de los movimientos y partidos políticos volvieron a ocupar esas calles que, durante los últimos tres años de macrismo fue espacio político de disputa. Por fuera de las acciones propias de la agenda feminista, la Plaza de Mayo no desbordaba desde el paro del 30 de abril y luego de la histórica marcha del 24 de marzo. En año electoral, las tensiones existentes se fueron negociando por otros medios que no necesariamente utilizan a la calle como espacio político. Mientras nos íbamos enterando –e indignando- por las distintas hostilidades cotidianas, vimos cómo las mismas se fueron resolviendo desde las redes sociales y especulaciones electorales. 

Pero, ¿quién logró convocar a las y los miles que ocuparon la Plaza durante la tarde de ayer? Fueron las y los familiares, nuestras Madres, Santiago. Una historia de impunidad que no cierra para ninguna de las banderas políticas que se oponen al macrismo. Un activista anarquista que defendía, junto al pueblo mapuche, los territorios políticos y ancestrales de la Pu Lof Cushamen. Santiago, asesinado por las fuerzas represivas del macrismo es hoy la figura que (nos) convoca y obliga a salir. Santiago, demuestra que este pueblo tiene memoria y que más allá de la coyunturas hay paradigmas con los que nadie se puede meter. La palabra autorizada de familiares y organismos de Derechos Humanos en tiempos electorales sentaron, durantes estos años, los límites del “hasta donde” al macrismo.

Así lo advirtió Sergio Maldonado desde el escenario, ante el aplauso de las miles de personas que se acercaron a Plaza de Mayo, y en el que no será el último reclamo por justicia para Santiago su hermano: “El 1 de agosto del año que viene nos volveremos a ver acá mismo. No habrá justicia hasta que sepamos dónde están todos los desaparecidos en democracia. Basta de represión, de gatillo fácil, de femicidios y travesticidios. No necesitamos el Servicio Cívico Voluntario, los pibes necesitan salud y educación. Santiago, anarquista, luchador, caminante solitario, fue un ser libre y solidario. Santiago no especulaba con las fechas electorales para ser solidario. Sobre todo fue y seguirá siendo mi hermano. No al cierre de la causa, basta de impunidad”.

Santiago Maldonado es un grito de denuncia. Al lado de las Madres, con un pañuelo verde y el puño en alto. “Santiago estuvo desaparecido 78 días para amedrentar, aleccionar y para que la muerte se naturalice en manos de sus fuerzas”, dijo Sergio Maldonado: “El 25 de noviembre, mientras se velaba el cuerpo de Santiago la Prefectura asesinaba a Rafael Nahuel. Al ver que acá hay un montón de gente que viene a apoyar, que sigue manifestándose, y necesita que se resuelva lo de Santiago porque dejarlo impune naturaliza, deja un patrón que la impunidad sea lo que nos gane”.

Y es que Santiago nos propone una lucha atemporal que no se limita a la división de años por periodos electorales. La coyuntura, para él, se ponía en juego cuando había que defenderse de algún desalojo. Estar donde había que estar sin cálculos electorales. Quizás por eso la Plaza volvió a ser epicentro de lucha. Santiago como un nuevo símbolo de unidad de quienes gritan(amos) que las y los desaparecidos son 30 mil, que a Luciano Arruga lo mató la policía de Daniel Scioli y que a Santiago Maldonado lo desapareció y asesinó la Gendarmería de Patricia Bullrich.

Foto: Emiliana Miguelez

Un entramado estatal para garantizar la impunidad 

“Desde el Estado se está haciendo todo lo posible en sus distintos estamentos, no solo para que la causa sea archivada, sino también por conseguir que la Gendarmería sea reivindicada”, declaró Myriam Bregman a Marcha. “Las leyes están hechas para los poderosos, para que a la cárcel vayan los pobres y los ricos queden impunes por sus crímenes contra el pueblo”, agregó, “y este caso en particular no escapa de esa lógica”.

“La decisión del juez Gustavo Lleral de cerrar la causa de desaparición forzada y muerte de Santiago (Maldonado) no resiste ningún análisis técnico ni lógico”, afirmó María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) a Marcha. “En ningún momento se analizó algo tan básico y central como que la desaparición se produce en el marco de un operativo de Gendarmería”, agregó, analizando que es una forma de operar histórica que tienen jueces y fiscales para “desresponsabilizar al aparato estatal”. “Es una vieja maniobra, pero no por vieja menos efectiva. Por eso una de las consignas central de hoy es ´No al cierre de la causa´”.

“El caso de Santiago es fundamentalmente representativo de una modalidad que, si bien no empezó con él, ni empezó con Jorge Julio López, ni con Luciano Arruga, tenemos más de 200 desaparecidos y desaparecidas en democracia en manos de las fuerzas de seguridad”, contextualizó Verdú, quien realizó hincapié en que la represión que mató a Santiago fue “en el marco de un operativo represivo a un conflicto social tan paradigmático y central como es la reivindicación de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, especialmente en la Patagonia y en la Pu Lof Cushamen que venía sufriendo desde antes este tipo de embates”. 

“En las principales represiones la Gendarmería tuvo un rol protagónico, participando directamente o como apoyo de otra fuerza nacional o provincial”, declaró Myriam Bregman, abogada de Derechos Humanos. “La Gendarmería es una fuerza que durante toda la dictadura fue armada por y subordinada al Ejército. Es una fuerza completamente militarizada, con el viejo espionaje como hemos denunciado en el Proyecto X. Es una fuerza que cumple o sustituye el rol que cumplían las fuerzas armadas en otro momento en la seguridad interna”, agregó. Recordamos además que fueron las fuerzas armadas quienes en época de dictadura estuvieron subordinadas a los grandes intereses económicos que hoy nuevamente están al frente del gobierno por la vía electoral y que nunca fueron juzgados. 

En campaña electoral: macrismo y represión explícitos 

“Solo con mucha movilización se logró que esta causa se abra”, dijo Bregman, analizando los contextos que no le ganan a la organización: “solo con movilización y lucha de la familia se logró instaurar que Santiago estaba desaparecido, que sufrió una desaparición forzada y que, para que esa causa avance, vamos a seguir movilizados”. 

“El período electoral marca su impronta en todas las causas vinculadas a las luchas sociales y políticas”, analizó Verdú. “Por ejemplo, en el caso de Daniel Ruiz, preso desde septiembre del año pasado por participar de las movilizaciones contra la reforma previsional, ya debería haberse hecho su juicio; sin embargo, el Tribunal viene dilatándolo porque precisamente no es un juicio que quieran hacer en campaña electoral”. Y agregó: “tenes preso a Daniel Ruiz por tirar una cañita voladora y tenes en libertad a policías imputados de homicidio calificado, como (Giuliano) Fattori, autor del fusilamiento de Leo Sotelo”, un pibe de 19 años asesinado en 2016 en Burzaco. 

Foto: Emiliana Miguelez

Santiago vive 

El Brujo, el Lechuga, el Ardilla o el Viquingo. Así lo conocían a Santiago Maldonado sus compañeros y compañeras en las distintas luchas a las que se acercó. Luchó contra la injusticia sin fronteras y por eso hoy, además de resignificar una fecha que nos es triste, celebramos que Santiago se transformó en un símbolo de respeto. Lejos de las especulaciones políticas y electorales. El se solidarizó con los presos por los saqueos de Bariloche, luchó en las asambleas y barricadas de Chiloé, cortó la ruta 40 por la liberación de Facundo Jones Huala, entre tantas acciones solidarias contra la vulneración de derechos.

“Es parte de una muy buena tradición de nuestro pueblo no permitir que estos crímenes queden impunes”, dijo Bregman, ”porque es un pibe, porque las víctimas las pone el pueblo, porque son jóvenes, como Maxi y Darío, todos pibes y pibas que siempre salieron a luchar y que sufrieron las políticas represivas”. Para Verdú, “la desaparición forzada de Santiago logró algo que hace mucho tiempo no concretábamos, la movilización unitaria de todos los sectores vinculados a la defensa de los Derechos Humanos”.

Por eso y por más, Santiago vive en la lucha. Porque lxs brujxs no mueren.

Foto: Leo Crovetto

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Por Francisco Cantamutto

El acuerdo está repleto de problemáticas que hacen entrar en duda hasta qué punto va a ser esto un beneficio para las mayorías. No solo es presentado como una declaración de normalidad de Argentina frente al mundo, sino también que promete las mieles a cierta clase media alta que va a poder acceder a algunos bienes y servicios más baratos. En rigor, lo que se espera de este tratado, de acuerdo a los trascendidos que hemos tenido hasta el momento, es una pérdida gigante de estructura productiva, instrumentos para el desarrollo y empleos.

En primer lugar, lo que hay que tener en claro es que a pesar de las declaraciones del gobierno y el cuerpo diplomático de haber hecho consultas con los distintos sectores sociales que potencialmente podrían verse beneficiados o interesados, esto es falso ya que el propio gobierno ha salido a declarar que es necesario esperar a ver los detalles del acuerdo para poder criticarlo. La mayor parte del empresariado no ha sido incluido en las negociaciones de manera directa y, en algunas ocasiones, ni siquiera de manera indirecta. Las quejas de algunas agrupaciones de empresarios PyMEs en este punto se encuentran con los mismos reclamos que los dirigentes sindicales, que hace años reclaman poder participar en las negociaciones, en la medida en que esto se involucra con el formato de negociación previa que no solo incluía la liberalización comercial, sino elementos de integración política y cooperación internacional, lo cual daba lugar a incluir a la mesa a actores extra políticos.

La decisión del gobierno de Macri fue rescindir de este tipo de elementos para enfocarse en la cuestión económica y avanzar de manera altamente ideologizada bajo el precepto de que el libre comercio es la mejor estrategia posible para el desarrollo del país y que cualquier cosa que se interponga frente a ello es una traba que debe ser eliminada.

No solamente se trata de un acuerdo negociado en secreto y con un alto componente ideológico y como gesto de “normalidad” de lo que pasa en el mundo, sino que todo eso se conjuga con la urgencia por cerrarlo de cara a las elecciones. En ese sentido se han alineado los intereses y necesidades de la Argentina con los de Brasil, que finalmente destrabó las negociaciones con la presidencia de Bolsonaro, necesitada de demostrar algún logro en el medio una economía en franco declive. Esta gestualidad política en las relaciones internacionales, pensada con miras en un muy corto plazo con la expectativa de generar mejor imagen política para la gobernabilidad momentánea, tiene muchos efectos de largo plazo muy severos.

Lamentablemente, los gobiernos progresistas de la región no han tenido demasiadas herramientas, por falta de compromiso, voluntad o capacidad, para desmontar esta institucionalidad perversa que van heredando los gobiernos neoliberales. Los gobiernos de los ‘90 legaron a la Argentina 55 tratados bilaterales de inversión, que constriñen las posibilidades del país de poder desarrollarse y tener una política económica soberana, como lo demuestra el hecho de que es el país más demandado en el CIADI. Este gobierno de Macri había anunciado la firma de tratados bilaterales de inversión y de comercio y no había logrado éxitos de gran escala hasta el momento.

Por otro lado, la firma del acuerdo reconoce una premura por el lado europeo, como uno de los 4 grandes países-bloque que ordenan el poder a nivel global y que está perdiendo posiciones al igual que Japón. La disputa por el reparto y la organización del mundo está siendo protagonizada hoy por EEUU y China. Este segundo país, en particular, ha sido el que desplazó en términos de proporción en el comercio a la UE y, en particular, en la asociación con América Latina y el Caribe, donde se volvió el 1er o 2do socio comercial y de inversión. Este desplazamiento relativo y la incapacidad para proponer un nuevo ordenamiento más general ha dejado a la UE por fuera de la lógica protagonizada por sus dos principales competidores, que sí han propuesto tratados regionales y otras estrategias para ordenar los flujos de cambio de capital a nivel mundial. En ese sentido, la UE lo que ha propuesto es una serie de lógicas concéntricas donde busca ampliar en distintos grados su asociación interna con otros países o bloques de países. El más relevante de los firmados en los últimos tiempos es el caso de Japón.

En relación a los efectos que ya fueron adelantados en otra nota publicada en este mismo espacio, deben resaltarse algunos puntos. Por un lado, el intercambio comercial entre la UE y el Mercosur ya se encuentra enormemente desgravado y esto, en realidad, terminaría de avanzar en esa desgravación en áreas particularmente sensibles. Una de ellas es la industria en general y la industria automotriz en particular. Esta última es uno de los sectores protegidos dentro del Mercosur. El hecho de que la industria automotriz pierda ese estatus especial probablemente genere la importación masiva de autos desde la UE y la pérdida, no solo de la producción automotriz, sino de la cadena de valor asociada. Esto significa que hay miles y miles de empresas y puestos de trabajo en juego detrás de esta apertura.

Por otro lado, también en el sector industrial, debido a que la UE tiene denominaciones de origen más bajas que en el Mercosur, corremos el riesgo de una inundación de productos industriales que en realidad hayan sido producidos en terceros países, a más bajos costos, y que hayan pasado por la UE solo para un tratamiento de valor agregado menor que puede ser packaging o servicios asociados a la venta final.

Como contrapartida, si bien se propone que los países del Mercosur aumenten la exportación de bienes primarios, no necesariamente existirá este efecto y se debe a varios motivos. Por un lado, porque los cuatro países integrantes plenos del Mercosur producen bienes muy parecidos para exportar a la UE. Por otro lado, porque los productores agropecuarios organizados de la UE no quieren perder los privilegios que poseen mediante subsidios y eso le quita cierta competitividad a la producción local que, en efecto, no ha sido desgravada o se le han puesto aranceles. Un tercer elemento tiene que ver con el hecho de que la producción de los países del Mercosur está masivamente hecha en base a agrotóxicos que son arduamente discutidos por parte, no solo de los productores agropecuarios de la UE, sino de los grupos ecologistas y los consumidores en general de aquel bloque. En tal sentido, no es tan esperable que haya una promoción significativa de la producción primaria hacia la UE. Es decir, nos inundan de bienes industriales pero no hay una contrapartida de bienes primarios semejantes.

Otros puntos del acuerdo están aún siendo revelados y, por lo tanto, carecemos de información segura. Qué se firmó exactamente, en términos de regulación de servicios, no está claro aunque sí está claro que una de las primeras demandas por parte de la UE es la extensión de las patentes que va a encarecer, entre otras cosas, la medicina. Otro hecho que se ha informado desde la UE tiene que ver con permitir el trato nacional a las empresas de la UE para competir con todo lo que tiene que ver con licitaciones y compras directas por parte del Estado, sean obras públicas o empresas estatales, y se está discutiendo esto a niveles subnacionales. Esto significa que se pierde una palanca clave para el desarrollo y para la promoción local no solo PyME sino también si se extendiese al compre cooperativo u otras semejantes. En ese sentido, la competencia de las firmas europeas va a representar otra pérdida masiva de empleo y capacidad productiva en nuestra región.

Con todo, el acuerdo aún necesita ser ratificado por todos los congresos de los países miembros de ambos bloques, con lo cual hay una disputa aún por dar que no está claro cómo vaya a resolverse. En cualquier caso, no se puede esperar nada positivo para las mayorías populares de este tratado tal como está siendo negociado y presentado. Cualquier tipo de vinculación con esta economía central requerirá de otros términos sobre la mesa que difícilmente el poder económico europeo esté dispuesto a aceptar.

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Por Orlando Agüero
Era 29 de Mayo y se cuplían 50 años del conocido Cordobazo, aquel levantamiento popular que el pueblo trabajador, con el legendario Agustín Tosco a la cabeza, realizara para derrotar a la dictadura del General Onganía, el pueblo trabajador llevó adelante el 5to Paro al gobierno de Cambiemos.

La discusión sobre el rumbo de la economía hace rato quedó atrás. Si bien hay un cierto acuerdo entre las principales centrales obreras sobre el diagnóstico económico y político, entre ellas, cierran en que las transformaciones de las reglas de juego económicas se van a poder llevar adelante, en forma limitada, a partir de un triunfo electoral en octubre y la asunción de un nuevo gobierno en diciembre de este año.

Sin embargo, esta situación no pudo obturar la consigna “Paro General Activo”, que han impulsado las organizaciones de trabajadores y trabajadoras más combativas por fuera de las estructuras dominantes del universo del trabajo formal. Es decir que ayer se observaron tres formas de lucha claramente definidas.

La CGT

La convocatoria al Paro General estuvo a cargo de la CGT. Estos luego de entenderse referenciados en la candidatura presidencial de Alberto Fernández, ya no tienen tanto problema en realizar paros contra el gobierno nacional. Por supuesto, luego de haber sido protagonistas de varias agachadas realizadas a espaldas de la clase trabajadora, como por ejemplo reunirse con las delegaciones del Fondo Monetario Internacional en el marco de la tremenda deuda que le queda al Estado Argentino, en el cual las palabras hacia ellos fueron que la Argentina pagará la deuda sin poner restricciones.

En los primeros dos años de gobierno del macrismo, intentaron casi ni aparecer en escena. La intención de los gremios más grandes era resolver el tema de las deudas que el gobierno tiene con las obras sociales. Eligieron no hacerle medidas de fuerza al gobierno, debido a las presentaciones judiciales que han llevado a la cárcel a referentes sindicales como “Caballo” Suarez de los portuarios y el conocido “Pata” Medina de la UOCRA de La Plata. Dos casos emblemáticos, que le sirvió a Cambiemos para disciplinar a los “Gordos” y a éstos para renegociar el dinero de las Obras Sociales. Seguro esta será una discusión que no terminará con esta gestión.

Pareciera que para la CGT la consulta acerca de si el paro es político o no tiene respuesta inmediata, y que es político, económico y de futura gestión. De todos modos, sin ninguna duda que el principal motivo por el cual este triunviro decidió convocar a esta medida fuerza nacional, fue por la presión que se originó al interior de la orgánica obrera y por las distintas expresiones de otros sectores sindicales que hoy no pertenecen a la Central, pero que en función de la muy mala situación económica a la que ha conducido el gobierno del presidente Macri, ejercieron su poder para determinar este Paro Nacional que muchas y muchos pedían.

Moyano

El frente sindical liderado por el Sindicato de Camioneros de Moyano y las CTA’s, también fue protagonista y convocante de esta medida de fuerza que trabajadores y trabajadoras han llevado a cabo este 29 de Mayo. Son otros que piensan que no va a haber alguna clase de modificaciones en las políticas económicas del gobierno, pero que sí es importante llevar a cabo medidas que deterioren el endeble orden institucional, político, y social que Cambiemos mantiene hoy en nuestro país. El principal reclamo de este sector, más allá de la deuda de las obras sociales, es la derogación del impuesto a las ganancias que afecta a los trabajadores y trabajdoras que ganan más que el piso impuesto por el gobierno.

El discurso del gobierno dice que las altas paritarias a las que han sabido llegar algunos sectores como los trabajadores camioneros son responsables de la inflación y la falta de equilibrio económico de las cuentas fiscales. También son blanco de arremetidas judiciales por parte del oficialismo. Igualmente, este sector se vio representado en la conformación de la candidatura presidencial de Alberto y Cristina, pero sobre todo con la postulación de Magario a la Vice-Gobernación de la Provincia de Buenos Aires que propuso la misma ex-presidenta. Al mediodía del 29 de Mayo, a 50 años del Cordobazo, se los veía contentos y exultantes con como se venía desarrollando el Paro General.

Izquierda Combativa

A pesar de la convocatoria de la CGT a un Paro sin movilización, y a que el moyanismo y compañía hayan convocado un acto casi sin actividad, salvo algunas excepciones, la izquierda combativa se erigió como el músculo de esta nueva medida de fuerza de los trabajadores y trabajadoras. Esta situación se da hace rato, sin embargo, desde aquel acontecimiento donde sectores de trabajdores que no comulgan con la burocracia sindical coparon el acto de la CGT en Plaza de Mayo y hasta se llevaron el atril del escenario, la correlación de fuerzas dentro del mundo gremial comenzó a tener un vuelco hacia la combatividad de la izquierda, el posicionamiento de trabajadores cuestionando a la referencia sindical burocrática y al gobierno actual, como los principales arietes que construyen este modelo de opresión, ajuste y respresión. Es decir que en este Paro General, los piquetes en los principales puntos de acceso hacia la CABA y los distintos piquetes en otros puntos del Gran Buenos Aires y el resto del pais, como por ejemplo en las principales ciudades como Córdoba y Tucumán se hicieron sentir más allá de las mediciones estadísticas.

Qué dice el Gobierno

El presidente argentino Mauricio Macri tenía un acto protocolar. Era el día del Ejército Argentino. Se sentía su presión. Habló ante las formaciones militares sin mencionar el tremendo paro nacional del cual estaba siendo él el principal sujeto a atacar. Quizás no quiso mostrar debilidad o lástima. De todas maneras, Mauricio Macri comenzó una caída, tipo barranca abajo, desde hace rato. Esta situación la registran hasta ahora todas las encuestadoras. El ministro Dante Sica, de Producción y Trabajo, dijo que el costo del paro es de cuarenta mil millones de pesos. Sin embargo, no dice cuánto es el costo de las fugas de capitales que se dan diariamente. Estas duplican esta cifra por día.

Las fugas de dólares del país están en función de la avaricia de las grandes empresas que gobiernan la nación y repercuten en los préstamos que el FMI le efectuara a la Argentina y dejan para el Estado. Pero no es solo eso, también se articula el axioma de que este plan económico no cierra sin represión. Es que la jornada del paro no se dió sin represión del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. El Puente Pueyrredón tuvo su escaramuza en donde las personas que fueron afectadas fueron de las filas de trabajadores y trabajadoras de las fuerzas que cortaban el Puente Pueyrredón, espacio emblemático en la lucha por los derechos del pueblo trabajador.

Las expresiones de Bulrich fueron “no permitiremos que se corten los accesos a la Capital”. Cuando desde la mañana estos accesos estuvieron cortados dijo: “estamos garantizando la libre circulación de los accesos a la capital”. Las mentiras de este gobierno casi ya no tienen lógica. Son lxs mentirosxs más destacadxs del país. El gasto infernal en “cuestiones de seguridad interior”, que incluyo un camión- valla, resultó un fiasco. Fue el hazmereír de numerosos medios de comunicación que transmitían en directo la jornada de lucha. La represión con balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta no estuvieron ausentes en el Puente Pueyrredón.

¿Qué le queda al gobierno? Poco… solo terminar este período de gestión. ¿Qué le queda hacer al pueblo trabajador? Luchar. Contra este gobierno de hambre y para que el siguiente no acepte los postulados del FMI. Así podremos salir de este berenjenal en el que nos han metido estos personajes de Cambiemos.

El mejor ejemplo son nuestras compañeras que no se dejan vencer. Luego de que la institucionalidad del Poder Legislativo Nacional les diera la espalda en la sanción de la ley de aborto, anteayer 28 de Mayo se llevó a cabo la octava vez que se presenta el proyecto. Esto indica que la “única lucha que se pierde es la que se abandona” y que el pueblo va a seguir luchando por incrementar la plantillas de derechos a favor, sin ningún tapujo ni tabú.

Organizarce, luchar, resistir y avanzar, deben ser las consignas que guíen los pasos del pueblo que trabaja todos los días a pesar de las decisiones políticas de los gobernantes. Por eso es muy importante pensar que deberemos seguir en la postura combativa ahora y luego del 10 de Diciembre. Todo Paro General es político. Talla en las elecciones, en la economía, también en la correlación de fuerzas de los sectores en disputa y además ante la opinión pública generan un nivel de presencia que va mucho más allá de lo electoral.

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Por Francisco Cantamutto | Foto de Lara Fleites Fink

La semana pasada, un movimiento internacional en el mercado de capitales hacia los países centrales atacó a la economía argentina por encima de cualquier otra. A esto se suman los ruidos electorales que empiezan a indicar la posibilidad de que Cambiemos no gane las elecciones en 2019. Incluso dentro del sector empresarial varios actores apoyan el recambio de Mauricio Macri por María Eugenia Vidal.

Más allá de las definiciones sobre quién será el candidato de Cambiemos, lo cierto es que la incertidumbre sobre el rumbo a seguir está sobre la mesa más presente que nunca. Ahora bien, ninguno de estos dos factores hubiera afectado tanto a la economía de no ser por la falta de instrumentos de política monetaria y cambiaria que el Gobierno se privó a sí mismo, fruto de la negociación con el FMI. El estallido de la crisis no tiene que ver con estos dos elementos, constantes en los últimos meses, sino con las inconsistencias generadas a partir de la incapacidad de controlar la inflación.

Tras conocerse el índice de inflación la semana pasada, el gobierno anunció un paquete de medidas con gran desgano. Este paquete incluía un conjunto de bienes cuyos precios serían relativamente congelados, conocidos como “precios esenciales”, y cuya aplicación dependía de la estabilidad del tipo de cambio, por lo que aún no ha sido puesto en práctica. Pero también incluía un fuerte componente de crédito para distintos sectores vulnerables que reciben asignaciones en particular, tal como se hiciera en el año 2017 de cara a las elecciones.

Algo que pasó relativamente desapercibido fue el anuncio del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, de ponerle un techo de $51,45 al tipo de cambio. Para quienes están valorizando su capital mediante la conocida bicicleta financiera, es básicamente anticiparles que van a dejar que se devalúe la moneda hasta ese nivel. Por lo tanto, para quienes pretenden obtener altas ganancias por las tasas de interés en dólares, el anticipo de esa devaluación lo que fomenta es a retirarse antes de que suceda y la ganancia en dólares se reduzca.

Ahora bien, anunciar entonces ese techo y no tener ninguna herramienta de política económica para intervenir sobre el mercado y contener esas expectativas fomentó que los grandes operadores del mercado financiero empezaran a liquidar sus posiciones de activos en Argentina. Esto fue lo que la semana pasada se vivió como una corrida contra el peso que generó una devaluación, perforando un nuevo techo y alcanzando a rozar los 48 pesos, que luego se logró reducir paulatinamente mediante ventas e intervenciones tanto del Banco Central como de distintas bancas públicas. Sin embargo, no pudo ocultar la total falta de confianza en el esquema del propio gobierno. Es decir, no fueron los movimientos internacionales ni la incertidumbre política lo que generó las corridas de la semana pasada sino las propias inconsistencias del programa de Cambiemos.

Distintos medios ligados al capital concentrado internacional, como la revista financiera Forbes o el diario Financial Times, enunciaron con total claridad que la Argentina está en la puerta de una crisis. Esto era sabido, como es sabido que cualquier gobierno que siga va a tener que reestructurar la deuda a largo plazo. La novedad es la conjunción de todos estos factores en un escenario de incertidumbre política y económica de muy corto plazo.

El Gobierno apuesta a que los dólares de la liquidación de la cosecha junto al préstamo del FMI les sirvan para contener esta presión al dólar, al menos hasta las elecciones. En caso de no lograrlo, lo que la semana pasada se vivió como un repudio a los activos argentinos por parte de los grandes operadores internacionales puede convertirse en un fenómeno de salida de pequeños ahorristas, lo cual llevaría también a una corrida financiera. Este escenario aún no está sobre la mesa pero es en parte lo que los operadores bursátiles de Estados Unidos visualizaron cuando hicieron caer el valor de las acciones de los bancos en aquellas plazas.

Aún sin salirse del esquema general de ajuste social y reforma estructural que Cambiemos encara desde que asumió, estos pequeños cambios de dirección en torno a reglas que deberían ser técnicas y relativamente estables vulneran aquello que el propio gobierno dice querer sostener, que es la credibilidad y las reglas de juego.

Esto genera aún mayor incertidumbre y una falta de credibilidad que vulnera la posibilidad de una reactivación de la economía o de cualquier tipo de inversión productiva. Aún más, empiezan a aparecer viejos actores, conocidos para la Argentina, que cuando los operadores financieros se desprenden de los activos en el país, compran a precio vil para luego demandar y conseguir precios anteriores: los archiconocidos fondos buitres. Es decir, el Gobierno ya no solo está entregando el país al capital transnacional y financiero, sino que además ahora está invitando al banquete a los peores sectores de la cadena alimenticia: las aves carroñeras por excelencia.

En este esquema de políticas, el Gobierno está provocando su propia crisis debido ya no sólo al programa general sino a las propias inconsistencias en las que incurre una y otra vez. Es una duda que logre contener una crisis aún mayor de aquí a las elecciones de octubre. Lo que es seguro es que no podemos esperar ninguna buena noticia por parte de ellos. Sólo la resistencia social podrá generarlas.

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Por Agostina Costantino

El martes de la semana pasada, el INDEC anunció que la inflación de marzo había sido del 4.7%, lo cual da un acumulado de 11.8% en lo que va de 2019 y un 54.7% interanual (un valor que no se alcanzaba desde 1992). Este número es bastante más alto del que esperaba el gobierno, quien, acorralado por la cercanía de las elecciones, se vio obligado a “hacer algo”.

En este sentido, el miércoles de la semana pasada se realizaron dos anuncios: el primero tiene que ver con un plan de congelamiento de precios, que tiene sus particularidades respecto al plan de Precios Cuidados porque éste se refiere a una canasta de bienes seleccionados cuyo precio tiene un descuento respecto a los precios de “mercado”, pero no es fijo ni está congelado, aumenta en línea con el resto de los productos pero con un descuento. La relevancia de este detalle es que, como el congelamiento se anunció antes de la publicación de la lista de precios, los supermercados aprovecharon para remarcar todos los productos antes de que el programa entre en marcha.

Algunos comentarios respecto a las características de este acuerdo (más allá de todo lo que ya se ha analizado respecto de la cobertura, el alcance y la capacidad de supervisión de la medida). Respecto a los productos incluidos en la canasta, se tratan básicamente de carbohidratos, grasas, azucares y algunos lácteos. No se incluyen proteínas vegetales (como legumbres), ni verduras y frutas. ¿Qué nos dice la composición de esta canasta?

En primer lugar, que está en línea con el tipo de política social que viene implementando el gobierno desde que asumió. A simple vista no lo parece, pero no está contradicción con lo que ya viene haciendo. Desde que asumió, y sobre todo, desde que comenzaron las políticas de austeridad intensificadas cuando volvimos al FMI, el gobierno siempre mantuvo un cierto nivel de gasto social sobre la población más pobre.

Éste es el prototipo de políticas sociales del neoliberalismo: el paliativo para la población más pobre, después del palazo que implica el conjunto de políticas económicas y productivas de ajuste. Y, además, como también hay una visión ideológica respecto de los pobres en el gobierno, la canasta confeccionada es de una calidad nutricional muy dudosa que refleja cuán “importantes” son para el gobierno estas personas.

La semana pasada, el mismo INDEC publicó los resultados preliminares de una encuesta que se llama “Encuesta Nacional de Factores de Riesgo”, que se realizó anteriormente en 2005, 2009, 2013 y 2018. Los resultados de 2018 muestran un aumento de la población con exceso de peso (el 62% vs el 58% en 2013). Si bien los resultados preliminares aun no muestran datos de desnutrición, no es insensato pensar, sin ser nutricionista, que el aumento de la pobreza en estos años tuvo algún efecto en la cantidad de personas desnutridas. Y, aunque pueda resultar una paradoja, la combinación de desnutrición con obesidad es típica de los países más pobres y es la característica de buena parte de la población infantil de América Latina en los últimos años.

La escasez de alimentos saludables en sectores económicamente rezagados, la disponibilidad y el acceso fácil a alimentos altos en grasas y azúcares, así como el bajo precio de alimentos ultra procesados, en oposición al alto precio de los alimentos más saludables, configuran entornos que favorecen la mala alimentación. Claramente, la canasta de precios congelados no colabora con este panorama.

El segundo de los anuncios que se realizaron el miércoles tiene que ver con el tipo de cambio y también está relacionado con el nivel sorpresivamente (para el gobierno) alto de la inflación. Hasta ahora, desde el año pasado, el esquema cambiario era lo que se conoce como “bandas cambiarias”. Esto significa que el Banco Central (BCRA) establecía un mínimo y un máximo valor del dólar dentro del cual el Banco no intervenía ni comprando ni vendiendo dólares. Esas bandas se irían modificando hacia arriba, en función de la inflación, de modo que habría una devaluación programada hasta fin de año.

El anuncio de la semana pasada es que esa banda se “suspende” hasta fin de año: en síntesis, de acá a junio se elimina el piso y de acá a diciembre se fija el techo en $51.45. Esto quiere decir que, de acá a junio, que es cuando entran los dólares por las liquidaciones de exportaciones y dado que las tasas de interés están altas, los inversores pueden comprar bonos o letras en pesos porque tienen la garantía de que incluso podrían llegar a recomprar dólares antes de junio por menos de $40.

Esta medida está en línea con la política de contracción monetaria que se viene aplicando (y que ya mostró su ineficacia para bajar la inflación). En relación al techo, el BCRA puede vender hasta 150 millones de U$S por día para mantener el peso en $51.45. El problema de esta señal es que si los inversores saben que existe ese tope en el presupuesto del Banco Central, ¿por qué no especularían con agotar ese tope diario hasta forzar la devaluación?

Todas estas medidas parecen manotazos de ahogado que está haciendo el gobierno. En sí mismas, las medidas anteriores no son ni buenas ni malas, ni eficaces o no. Todo depende del contexto general en el que se apliquen y de la credibilidad que tenga el gobierno en lo que está haciendo.

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Por Francisco Cantamutto | Foto de Juan Noy

El aumento de la burbuja de la deuda funciona como mecanismo para condicionar la política económica no sólo del presente, sino también del futuro. En este sentido se tienen que interpretar los últimos datos que disponemos, brindados por el gobierno. Según lo registrado hasta fines de 2018, la deuda emitida bajo el gobierno de Cambiemos aumentó en 187 mil setecientos millones de dólares. El 86% fue emitida por el Tesoro, es decir, el propio Estado nacional. El resto fue emitido por las provincias y otros organismos descentralizados.

La novedad es que el Estado se presenta como el principal emisor de deuda. La mayor parte fue emitida en moneda extranjera, más del 82%. A las dificultades de ahorrar para pagar hay que sumarle la dificultad de conseguir los dólares. El stock total, a finales del año pasado, oscilaba entre 330 mil millones de dólares y 345 mil millones de dólares, lo que equivale a entre el 86 y el 89% del PBI. Este cálculo es muy difícil de hacer, debido a las sistemáticas devaluaciones de la moneda. El valor del PBI y de la deuda varían constantemente, lo cual genera movimientos contables que dificultan los cálculos provisorios.

Lo que queda claro es que todos los indicadores de sostenibilidad de la deuda han empeorado, contrariando lo que dice el FMI. Tanto el peso de la deuda en relación al PBI, como en relación a las exportaciones (virtualmente estancadas en el último lustro) y en relación a los intereses en las cuentas públicas, los indicadores se han deteriorado. El principal destino de la deuda que se tomó es la fuga de capitales, que a esta altura supera los 94 mil millones de dólares.

Este panorama terrible y dificultoso de la deuda emitida en plazos entre cortos, medianos y largos, se tiene que complementar con las dificultades de otra deuda distinta y de un perfil mucho más inestable en el corto plazo. Como sabemos, el gobierno de Cambiemos ha incentivado la toma de deuda no sólo a través de bonos de mediano y largo plazo, sino también a través de instrumentos de muy corto plazo que genera la entrada de fondos altamente especulativos.

En el inicio del gobierno de Cambiemos, la herramienta elegida para lograr esto fueron las Lebacs, un mecanismo heredado del año 2002 y utilizado en el último tiempo por el kirchnerismo pero que se llevó a niveles inusitados durante el macrismo, alcanzando el billón 200 mil millones de pesos. De acuerdo a lo pactado con el Fondo en junio del año pasado, debían eliminarse gradualmente. ¿Por qué? Porque permitían la especulación a los grandes jugadores e incluso a personas físicas de menor escala con alguna capacidad de ahorro.

Las Lebacs fueron bloqueadas y se las reemplazó por una herramienta nueva que son las Leliq. Además de las Letes (Letras del Tesoro) que se emitieron a un año, el principal instrumento para lograr captar el excedente de recursos y que se queden en el país fueron las Leliq. Tanto las Lebac como las Leliq son emitidas por el Banco Central (BCRA). Lo que pasa es que las Lebac tenían un plazo de maduración de entre 45 y 50 días y las Leliq se renuevan cada 7 días.

Las tasas de interés de las Lebac oscilaron entre el 23 y el 44%. Pero lo que fue un techo para las Lebac, es el piso para las Leliq, que partiendo de un 42% han alcanzado en el último informe monetario del BCRA el 67%. Es decir, a menor plazo y con mayores tasas. La otra diferencia está en que solamente los grandes bancos pueden especular con esta herramienta.

El stock de Leliq ya llegó al billón (millón de millones) de pesos, con lo cual está prácticamente alcanzado la base monetaria y a las Lebacs que reemplazó. Esto, al tipo de cambio corriente, equivale a cerca de 23 mil millones de dólares que están todas las semanas renovándose, generando intereses que tienen que ser pagados. Si la tasa de interés no promete pagar rápidamente esos rendimientos, se incentiva la fuga de capitales.

Lamentablemente, estamos a un nivel tan alto de tasa de interés que solamente atrae a los capitales más especulativos que piensan que pueden cosechar la ganancia. Los intereses pagados en los últimos 6 meses por las Leliq equivalen a un millón de sueldos de $34.700 (lo que se estima que cuesta la canasta básica familiar) por 6 meses, tomando en cuenta los cálculos de la Universidad de Avellaneda y al Mirador Argentino del Trabajo y la Economía (MATE). Pero también equivalen a 3.2 millones de jubilaciones mínimas o 16.5 millones de Asignaciones Universales por Hijo (AUH). Esto es lo que está haciendo el Estado: una gigantesca redistribución de recursos de los sectores populares y la clase trabajadora hacia un par de especuladores bancarios.

Volviendo a lo que tiene que ver con la deuda a mediano plazo hay que resaltar que la deuda tomada por el Gobierno tiene como uno de los acreedores centrales al propio FMI para el cual no existen antecedentes que se le haya generado una cesación de pagos de la escala que podría generarle la Argentina que en este momento es el principal deudor, con casi un tercio de los recursos prestados del fondo.

La próxima gestión, gobierne quien gobierne, va a tener que enfrentar durante su mandato vencimientos de deuda por 150 mil millones de dólares. Esta es una verdadera pesada herencia. El camino que va a intentar va a ser el de intensificar aún más el ajuste y aumentar las transferencias de las cuales recién hablábamos. Si se trata de un gobierno de algún tinte progresista lo que va a intentar es renegociar con el FMI un aplazo o una extensión de los plazos o alguna eventual reducción de las tasas. Lo mismo deberá hacer con los acreedores privados. Esto va a ser extremadamente difícil y va a jugar en el delgado límite de lo deseable y lo posible.

Por supuesto, la salida de izquierda implicaría negar el pago de esta deuda ilegal e ilegítima que lo único que ha hecho es abastecer de recursos a unos pocos especuladores a costa del ajuste que pagamos entre todos y todas. Esta posibilidad, para el conjunto de los partidos del establishment, no es una opción.

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