Por Grupo de Estudios sobre Niñeces y Juventudes de América Latina y el Caribe del IEALC-UB

En las últimas semanas la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de la reacción de algunos comunicadores sociales y la Vicepresidenta de la Nación en torno a ciertos  libros pertenecientes a la colección “Identidades Bonaerenses”. Este “debate” fue impulsado a partir de una denuncia penal contra el Director General de Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni, por “abuso de autoridad y corrupción de menores” iniciada por la fundación Natalio Morelli, que señala entre sus propósitos centrales, “salvaguardar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”, según su sitio web. 

Sobre estos materiales que se distribuyen masivamente a lo largo de toda la provincia en las escuelas secundarias, y que persiguen distintos fines asociados al derecho a la lectura, se alegó que eran “pornografía”. Tomando como mero testimonio algunos pasajes que presentaban escenas explícitas de sexo, se buscó restar valor al material en circulación y condenarlo a su equivalencia con cualquier revista que se comprara “casi clandestinamente” en cualquier quiosco de diarios.

Desde el Grupo de Estudios sobre Niñeces y Juventudes de América Latina y el Caribe del IEALC-UBA queremos compartir algunas apreciaciones con el fin de promover el debate, incentivando el pensamiento crítico.

¿Qué está bien y qué está mal leer en la escuela?

La pauperización del debate público sumado a ciertas reminiscencias oscurantistas que promueven abiertamente importantes sectores del gobierno nacional, han llevado a establecer la equivalencia “escenas de sexo” = pornografía, justificando así su cancelación. Esta cuestión presenta una serie de matices que es necesario recuperar y, como planteaba una de las autoras censuradas Sol Fantín (escritora de la novela Si no fueras tan niña), nos mueve a establecer algunos puntos de contacto con quienes sostienen una preocupación legítima e intervienen discursivamente con honestidad intelectual.

Las políticas de lectura a lo largo de la historia han operado con múltiples mediaciones y condicionamientos: indudablemente la edad de lxs estudiantes, sus intereses y posibilidades de conceptualizar determinados asuntos son aspectos a considerar. Es importante resaltar que la lectura de estas novelas que forman parte de la colección antes mencionada, no son de lectura obligatoria, sino opcionales, y que a su vez van acompañadas de herramientas pedagógicas para trabajar con su lectura.

No obstante, estas obras en circulación no han sido seleccionadas por las escenas que se han viralizado sino porque guardan un valor literario en sí mismas, han sido reconocidas ellas y sus autoras en los círculos de validación literario. Al mismo tiempo, en función de los aspectos antes detallados, algunas han sido pensadas para la lectura autónoma, otras mediante la mediación docente y solo algunas de ellas buscan específicamente reflexionar sobre la sexualidad integral.

Nuevamente, es importante poner en dimensión que el derecho a la lectura, el acceso a la ficción, por ejemplo, tiene que ver con ampliar el mundo simbólico, metafórico y sociopolítico de lxs adolescentes en este caso. La lectura, como arte, escapa a los límites de la pedagogía, es importante su acceso como parte de un derecho, que no se reduce a fines de aprendizaje.

¿Cuál es la concepción de infancias y juventudes que subyace a estas expresiones?

Las políticas de lecturas siempre operan con concepciones más o menos implícitas sobre lo que son y pueden las niñeces y juventudes. En este debate lxs adolescentes han sido pensados como meros receptorxs sin juicio crítico ni capacidad propia para poder valorar el arte y reflexionar, por no decir que directamente han sido raleados de la discusión.

Por otra parte, las políticas de lectura siempre contemplan un diagnóstico y una propuesta: ¿desde qué subjetividad adolescentes se parte para el trabajo en la escuela? ¿Qué se espera poner en tensión, transformar y promover en lxs adolescentes? La colección “Identidades Bonaerenses” busca promover el debate, la reflexión a través de recursos materiales masivamente distribuidos por el sistema público.

La relación entre estas concepciones de la infancia y la literatura se enmarca en un debate de larga data. Para Graciela Montes, esta refleja los valores adultos en lugar de las historias de las niñeces y se ubica en un  lugar problemático porque considera a las niñeces como incapaces de leer y generar los mundos simbólicos que implica la lectura.  

¿Cuál es el horizonte de una política educativa que persigue la censura?

La escuela es por definición un espacio para la circulación de ideas, la Argentina ha atravesado épocas donde se buscó restringir la circulación de libros, autorxs y de este modo empobrecer y achicar la propuesta educativo-cultural.

Nada bueno puede salir de una política que en vez de promover la lectura y financiar la compra de libros para el acceso gratuito, busca socavar la política. Podemos pensar en qué medida contribuiría al debate que los detractores de la colección “Identidades bonaerenses”, con responsabilidades en la administración, pudieran presentar y proponer cuáles serían los libros en torno a la Educación Sexual IntegraI que nuestros estudiantes sí podrían leer.

La cancelación de libros por expresiones “subidas de tono” quita el derecho a los estudiantes de gozar y reflexionar sobre obras literarias consagradas que, nota aparte, existen y circulan desde hace tiempo en el sistema educativo.

Habilitar la experiencia de la lectura como un derecho transformador

La lectura, como acto personal y audaz, trasciende la mera transmisión de contenidos; permite a lxs estudiantes habitar su posición como lectores, capaces de dialogar con textos, desafiarlos y reinterpretarlos según sus propias inquietudes y experiencias.

Es crucial replantear el rol de la escuela no como un espacio que “da de leer”, sino como un ámbito que garantiza condiciones para que la lectura ocurra: tiempo, textos, intercambios y desafíos que invitan a explorar lo desconocido. Por esto, el protagonismo de lxs estudiantes es central; ellxs no son meros receptores, sino co-constructores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una política educativa que restringe el acceso a la literatura limita el horizonte simbólico de lxs jóvenes y perpetúa concepciones paternalistas sobre lo que son capaces de comprender. En cambio, habilitar la experiencia lectora, incluso en su incomodidad o provocación, es apostar por formar ciudadanxs críticos, curiosos y autónomos, con la capacidad de habitar y transformar el mundo desde una mirada reflexiva y plural.

No se trata de que la escuela “dé de leer”, como si la lectura fuese un alimento o una medicina, un bien-propiedad de unxs (lxs sabixs, lxs lectorxs avezadxs) otorgado como una dádiva a lxs otrxs (lxs niñxs, lxs ignorantes). La lectura no funciona de esa manera. Si se trata de ayudar a construir lectorxs, justamente, es decir sujetxs activxs, curiosxs, capaces de ponerse al margen y vérselas a su manera con un texto, no se puede pensar en una dádiva, o una administración, sino más bien en una habilitación para la experiencia. Dar ocasión para que la lectura tenga lugar. Garantizar un espacio y un tiempo, textos, mediaciones, condiciones, desafíos y compañía para que el lector se instale en su posición de lector, que, ya vimos, no es mansa, obediente y automática, sino personal, audaz, expectante…y haga su lectura.

Muchas veces sucede que lxs lectorxs perezosxs, que aprendieron a jugar un juego, sólo aspiran a repetirlo. En ese caso irá dejando de leer. Se refugiará en un género y rechazará todo lo que quede fuera de ese género. Leerá sólo cuentos de terror. O sólo un tipo de historieta. Mirará sólo telenovelas. Conoce bien esas reglas y no está dispuestx a moverse de allí. No quiere esa inquietud del enigma, ese ponerse frente al texto y asustarse un poco, quiere saber de antemano lo que le espera. Se siente cómodx. Está acostumbradx a cierta manera de narrar, cierto orden de acontecimientos, cierto punto de vista, cierta “claridad”. No quiere correr el riesgo. Es ahí cuando lxs docentes, lxs bibliotecarixs, lxs mediadorxs intervienen. Parte de su tarea –y una tarea mayor– será sacudir la pereza, volver a poner a lxs lectorxs frente al enigma.

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Por Mauricio Polchi | Fotos: Ximena Astudillo Delgado

Hace 20 años y por primera vez, aparecía el apellido Macri en una boleta para la candidatura a Jefe de Gobierno porteño. A dos décadas de aquel debut, esa situación vuelve a repetirse pero con una diferencia. Esta vez Mauricio no figura entre las opciones, ahora el clan Macri es representado por su primo Jorge.

En 2003, con el anhelo de llegar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bajo el sello del partido Compromiso para el Cambio, la fórmula integrada por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta sacó el 37,5% de los votos y superó el 35,5% conseguido por el binomio Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Sin embargo, en aquella oportunidad hubo balotaje, el resultado se invirtió y ganó la dupla Ibarra-Telerman con el 53,5%.

De esa derrota, o a partir de la misma, el macrismo empezó a delinear, construir y consolidar la hegemonía política que aún perdura en el ámbito porteño. Con el correr del tiempo, y ya con el nombre de Propuesta Republicana (PRO), ese espacio liberal y de derecha logró imponerse en las urnas durante los años 2007, 2011, 2015 y 2019.

A pesar de tantas victorias consecutivas, que le valieron 17 años ininterrumpidos en el poder y un manejo total y a medida de la Legislatura porteña, el PRO nunca se consagró en primera vuelta.

Las Candidaturas

Puesto a dedo por el expresidente Mauricio Macri, su primo Jorge quedó como candidato único del PRO. Desde ese lugar, y ocupando un cargo en el gabinete de la Ciudad, aprovechó el aparato político y los recursos del Estado porteño para posicionarse entre el electorado y vencer en las PASO a Martín Lousteau.

El ex intendente de Vicente López, que tenía domicilio en territorio bonaerense, tuvo que forzar una mudanza a la órbita de CABA para garantizarle al clan Macri la aparición de su apellido en la boleta. A pesar de esa inaudita decisión, que fue cuestionada por propios y ajenos, Jorge Macri obtuvo el 28,66% de los votos mientras que su contrincante en la interna alcanzó el 27,16%. Entre ambos, la alianza de Juntos por el Cambio cosechó más del 56%. Con esa performance de referencia, el macrismo se muestra confiado y ya planea retener otra vez el poder. Si lo consigue, serán más de 20 años consecutivos del PRO en la Ciudad.

Leandro Santoro, el candidato a jefe de Gobierno de Unión por la Patria, en las PASO obtuvo el 22,13% de los votos y representa a la segunda fuerza más votada. Por este motivo, Santoro es quien más chances tiene de alcanzar un balotaje contra Jorge Macri. “Vamos a terminar con la Ciudad de los negociados”, lanzó el miércoles 18 de octubre al cerrar su campaña en el estadio Luna Park. La convocatoria en el Templo del Box también contó con la participación del postulante a presidente Sergio Massa.

“Estamos para a entrar al balotaje después de 10 años”, vaticinó Santoro. El diputado nacional, que propone una Ciudad “justa, humana, sustentable, sensible y solidaria”, cargó contra “la idea de que el Estado está siempre puesto al servicio de los intereses corporativos”. Con la intención de ampliar su programa y seducir al antimacrismo, que va desde la izquierda hasta las propias filas radicales de Juntos por el Cambio, Santoro motorizó su campaña con un enfoque local y con el desafío de captar al votante de Martín Lousteau que no desea otro mandato de “Los Macri” en la Ciudad. Para eso, incluso, debió diferenciarse de la Casa Rosada, tomando la mayor distancia posible de la gestión de Alberto Fernández y de la crisis económica que sufre el país. Los ejes abordados durante el acto de cierre fueron educación, salud mental, seguridad, una ciudad sustentable, ágil y accesible, y la promesa de garantizar los alquileres accesibles.

Aunque con una tarea más compleja, otro que pretende sacar un boleto al desempate es Ramiro Marra de la Libertad Avanza. El actual legislador de ultraderecha no mostró ninguna propuesta concreta y, en sintonía con su referente Javier Milei, solo se instaló en la agenda de los medios convencionales a base de polémicas, controversias y declaraciones insólitas como sus dichos a favor de la conquista española o en contra de la señal educativa Paka Paka. Además, se desconoce cómo impactará en el electorado su reivindicación a la época menemista y neoliberal, sus amenazas a los movimientos piqueteros y sus ataques a los colectivos feministas. En esa maratón de hechos repudiables, Marra hasta se dedicó a agitar una corrida bancaria empujando una subida del dólar blue. En las PASO, solo alcanzó el 12,93% de los votos y debe generar un aluvión de votos a su favor para tener chances de arañar un balotaje.

Una sola mujer participará de estas elecciones como candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad. Se trata de Vanina Biasi, del Frente de Izquierda. En las PASO se impuso en la interna del FIT con el 2,42% de los votos a Jorge Adaro, quien obtuvo el 1,22%. En los últimos días Biasi sufrió una serie de agravios y amenazas por expresar su apoyo hacia el pueblo palestino, tras el ataque del gobierno de Israel a los civiles de Gaza como respuesta al atentado terrorista la organización Hamas.

Con una agenda que choca y confronta con las otras propuestas, desde el FIT pretenden abordar la crisis habitacional y enfrentar la especulación inmobiliaria que sufren los vecinos y las vecinas. Para ello, implementarían impuestos a las viviendas ociosas y una efectiva urbanización de los barrios populares. En esa misma línea, la candidata alertó por las grandes diferencias entre el norte y el sur de la Ciudad y denunció el 400% de crecimiento de la población de las villas que tuvo lugar bajo el gobierno del PRO, más allá del flagelo de la gente en situación de calle.

En el tópico salud, Biasi insistió en la necesidad de aumentar el salario de los trabajadores y el presupuesto del sector. En Seguridad, fue tajante y se despegó de las otras tres opciones y rechazó la implementación de las pistolas Taser, catalogadas por la ONU como elementos de tortura. En el tema ambiente, en este caso sí en transitando la misma vereda que Santoro, propuso derogar el código urbanístico.

El balotaje

A diferencia de las PASO del 13 de agosto, en las elecciones de CABA no se volverá a usar el Sistema de Boleta Única Electrónica, sino que se utilizarán dos boletas de papel: una para los cargos nacionales, y otra para los cargos locales.

Hay 2.533.092 personas habilitadas para sufragar. Los cargos nacionales que se votarán en CABA serán presidente y vicepresidente, 12 diputados nacionales, 24 Parlamentarios del Mercosur por distrito único y 1 parlamentario del Mercosur por distrito regional. En las elecciones locales, los electores porteños deberán elegir jefe y vicejefe de Gobierno, 30 legisladores y 7 Miembros de las Juntas Comunales (en cada una de las 15 comunas).

De acuerdo a la Constitución de la Ciudad, para resultar ganador es necesario obtener la mayoría absoluta de los votos. O sea, la mitad más uno. Según anticipan las distintas fuerzas políticas y también los encuestadores, este domingo 22 de octubre difícilmente se perfore el techo del 50% ya que todo se encamina a resolverse en un nuevo balotaje a realizarse el 19 de noviembre.

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Por Cezary Novek

Las narraciones de Fabián García tienen como rasgo dominante el hábil manejo del humor irónico y la fantasía macabra situadas en un contexto de total verosimilitud cotidiana. Son historias que pueden suceder en el barrio, el campo o el centro, ya que no hay paisaje que esté libre de convertirse en portal hacia un universo de dolor y espanto. En las solapas de sus dos colecciones de relatos publicados hasta el momento, el autor declara la preferencia total por Borges, aunque sus trabajos tienen una visible afinidad con lo mejor de la literatura fantástica europea de entreguerras (Ewers, Meyrink, Strobl, por ejemplo).

Publicado por Miércoles 14 Ediciones, No juegues con eso (2021) continúa con la estela de horror iniciada por La lengua de los geckos (Muerde Muertos, 2019): una serie de cuentos que descollan por lo imaginativo y siniestro en cada página.

Es cierto que en los últimos años se ha comenzado una suerte de invención colectiva de una tradición vernácula de horror y fantástico. Hay un antecedente importante en la novela El mal menor (1996), de C.E. Feiling, cuya muerte truncó un ambicioso proyecto literario de renovación de géneros populares que haría palidecer a muchas producciones contemporáneas. Los libros de Enríquez y Lamberti han tomado la antorcha muchos años después y, a partir de entonces, se ha sucedido una catarata de nuevos autores y editoriales que pretenden representar al género entre la multitud. La gran mayoría de estas propuestas hacen aguas por falta de lecturas y de un imaginario propio que se abstenga de robarle a Lovecraft y sus mitos. Afortunadamente, el caso de Fabián García es justamente lo contrario a todo lo antedicho: en apenas dos libros nos presenta un mundo de atrocidades y anomalías que esquivan a las influencias más obvias (Poe, Lovecraft) y se centran en otras menos conocidas, además de proponer su propio mundo interior en una prosa impecable.  Pablo Martínez Burkett dice acertadamente en la contratapa como “escribe con soltura, elegancia y un infrecuente estilo que lo emparenta con lo más clásico del fantástico rioplatense”

Para ejemplo, un breve comentario de los diez relatos que componen No juegues con eso:

–Caí sobre mi diestra cuenta una escena nocturna en una iglesia. Un sacerdote siente ruidos y tiene un encuentro con un ser o sustancia que cambiará todo.

–No juegues con eso, el relato que da nombre al libro es sobre un hombre cuya hija encuentra una lombriz en el jardín que se resistirá a ser desechada o ignorada.

–La vida imperceptible es un perturbador cuento sobre el extremo de lo micro y lo macro, las fobias y la locura.

–La torre del agua es una historia de iniciación, una apuesta entre amigos preadolescentes les cambiará la vida para siempre.

–Reír a oscuras, una historia muy en la línea de Clive Barker sobre la búsqueda eterna del placer absoluto y de las cosas que se pueden encontrar en el camino.

–Lo antiguo, lo múltiple. Uno de los mejores cuentos del libro, se sitúa en una imprecisa edad media en la que un horrorizado monje copista es testigo del advenimiento de un nuevo ser colectivo y temblequeante. Otra pesadilla en sintonía con Clive Barker y con los comics de Salvador Sanz-

–Porque éste es mi cuerpo eleva a la categoría de leyenda urbana al estereotipo de la mujer de los gatos.

–Arde Jeremías, un extraño ritual, un niño quemado y una familia retorcida que lo rechaza.

–Somos lo que comemos. En una peculiar secta ascética, se busca la purificación total de las formas más literales posibles.

–Ni el día ni la hora. El relato que cierra el libro lo hace en la misma locación en la que abre: una iglesia. En esta ocasión, un grupo de fanáticos católicos vuelve de la cripta para traer el fin del mundo más conservador posible.

Mención aparte merecen las exquisitas ilustraciones de Pablo Castillo, que en sus trazos contienen reminiscencias de los trabajos que hizo Paul Granger para la colección Elige tu propia aventura y, de alguna manera, evoca ese terror setentoso y cotidiano que tan caro es a quienes crecimos leyendo estos géneros.

Fabián García

(Buenos Aires, 1973) Vive en Ramos Mejía. Ha publicado un libro de cuentos llamado La lengua de los geckos  (Editorial Muerde Muertos, 2019), y forma parte de la Antología Literaria 2020 de la revista La Balandra con su cuento La otra hermana. En 2021 publicó su segundo libro de cuentos, No juegues con eso. Tiene una novela inédita, titulada El Santo de la Astilla, que espera publicar a mediano plazo.

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Por Vivian Palmbaum | Foto: SADO Colectivo Fotográfico

El 2020 atravesado por la pandemia y el aisamiento fue muy difícil para todas las personas, pero para quienes están privadas y privados de su libertad es imposible de dimensionar. A un sistema penitenciario en grave crisis por la sobrepoblación, el hacinamiento, la insuficiente o inexistente asistencia en materia de salud, la falta de alimentación adecuada, solo por mencionar algunas cuestiones elementales, se sumó el incumplimiento de las recomendaciones que realizaron organismos como la ONU para mitigar y evitar el impacto del Covid 19 en contextos de encierro y que confinaron a las personas que forman los grupos de riesgo a permanecer en condiciones de hacinamiento y falta de higiene.

Las personas privadas de su libertad con graves enfermedades no pudieron acceder a domiciliarias, tampoco las y los mayores, mujeres embarazadas, mujeres con hijes, entre otras. La situación de las personas no binarias y trans fue mucho más difícil de sobrellevar sin elementos de higiene en este contexto. Una continua revictimización de quienes ya están condenadxs por el sistema.

La pandemia se hizo presente en los contextos de encierro en silencio, invisibilizada y causó consecuencias que desconocemos. En medio de estas situaciones, en la provincia de Buenos Aires se produjeron muertes inexplicables por situaciones naturales: suicidios de personas que estaban ilegalmente en buzón, brutalidad y golpizas hasta la muerte. Y a nivel nacional, según la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), desde el 20 de marzo, se produjo una muerte cada seis días en las cárceles federales del país; siendo hasta el 31 de octubre, 40 las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal; 17 de ellas, por COVID- 19.

Detrás de los muros habitan personas que privadas de su libertad esperan las visitas de familiares y amigos que ayuden a transitar estas difíciles situaciones de cumplir una condena y les asisten con alimentos y necesidades, les llevan el cariño y muchas veces con su presencia son una garantía frene a la brutalidad de las fuerzas del Servicio Penitenciario. Fueron las personas en condición de encierro quienes primero fueron privadas de las visitas, aunque el coronavirus llegó igual de la mano de guardiacárceles y personal penitenciario.

Después de 8 meses de aislamiento y soledad, se había dispuesto que se reanudaran las visitas a las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La decisión luego de ser comunicada fue suspendida, tal como informan familiares en un comunicado que cuenta que se volvió atrás con la decisión: “una vez que centenares de familiares habíamos comprado pasajes y comida, gastando nuestro escaso ingreso en la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos”. La suspensión produjo serias protestas en las cárceles de la provincia, “huelgas de hambre y las tomas pacíficas de los pabellones son la única medida que pueden tomar lxs privadxs de su libertad frente a un sistema que NO les escucha, que NO quiere siquiera reconocer como legítimos sus derechos”. Las medidas de protesta pacífica exigieron “que se otorguen los beneficios que corresponde. Que se dé solución al hacinamiento que mantiene hasta 18 presos en una celda para 6 personas de 3 mts x 2.5 mts. La superpoblación de las cárceles excede en un 100% a las capacidad real de las mismas”.

“En el centro universitario uno no está en la cárcel”

El Centro Universitario San Martín (CUSAM) es un espacio educativo creado por la UNSAM en el interior de la Unidad Penal N.° 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la localidad de José León Suárez del partido de General San Martín (Provincia de Buenos Aires). La oferta curricular está compuesta por las carreras de Sociología y Trabajo Social, dictadas por el IDAES, así como por talleres artísticos y de oficios.

Desde Marcha entrevistamos a Abel Díaz, quien cumple condena en la Unidad Penal 48, vicepresidente del CUSAM, del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor, y referente del pabellón 6, universitario. Además, coordina tareas para la universidad y otras actividades, incluidas las virtuales por la situación de aislamiento.

Abel nos contó que significa estar estudiando en este contexto: “la universidad me cambió en mi interior, me está cambiando como persona, me está purificando”. Explica que decidió estudiar, porque “era un espacio para entrenarme, para luchar frente a tanta injusticia”. Abel en sencillas palabras reveló “el ser universitario es una salida, porque te cambia la lógica de la cárcel. En el centro universitario uno no está en la cárcel, está en el centro universitario. Por eso todas las lógicas tumberas, como le llamamos acá, dejan de tener sentido en un espacio como ese, donde el par es un estudiante, no es un preso con más o menos estatus a nivel delictivo, es un estudiante”.

Además de garantizar el derecho a recibir educación de la personas privadas de la libertad ambulatoria, el proyecto del CUSAM, se propone una transformación social de las personas que allí estudian y las instituciones (la universidad, la cárcel y el territorio), a partir de la formación académica y de investigación, artística, cultural y del trabajo.

El CUSAM “es un lugar diferente”, afirmó Abel, “la entrada en un universo que está vedado por la sociedad, porque el ingreso a una universidad, por más que sea pública, a veces está vedada para ciertos sectores de la sociedad, igual que el arte”.

Díaz, nos recordó que la tasa de reincidencia para quienes estudian es mucho menor. Sin embargo, los obstáculos para quienes quieren volver a reinsertarse son muchos, “si bien tenemos una ley que no se cumple, la 14.301, que es de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, que obliga al Estado a tener un porcentaje de liberados. Pero si yo me recibo de trabajador social y quiero trabajar en el Estado, me piden un certificado de antecedentes penales que me impide hacerlo y así pasa en otros lugares, como por ejemplo, la matrícula del Colegio de Abogados no puedo sacarla porque si estuve preso, el colegio me discrimina y tampoco podría ser escribano. Si bien el paso por la universidad y ese nivel educativo hace que la tasa de reincidencia baje, no es menos cierto que es muy difícil conseguir un trabajo para la persona que estuvo privada de su libertad, que lo tomen en un empleo si tiene antecedentes penales”.

La ley persigue a las personas que fueron condenadas, no solamente hasta que terminen su condena, la prescripción de una causa penal termina hasta 10 años después de haber pasado por el encierro y eso le impide hacer un monton de cosas. “Esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar en la sociedad, para que realmente baje la tasa de reincidencia”, afirmó Abel, “el complimiento de la pena, no se paga solamente con la pena, se paga con el dolor, se paga con el cuerpo, se paga con tortura dentro de la cárcel”.

Represión sin límites, también dentro del Centro Universitario

En algunas unidades penitenciarias se vivieron momentos de violencia extrema, luego que se había llegado a un acuerdo para restituir las visitas. Represión a las protestas, traslados intempestivos y ataques a los centros educativos fueron la respuesta por parte de las fuerzas del Servicio Penitenciario. Asi sucedió en la Unidad Penal 48, del Penal de José León Suárez, donde se vivió una jornada de violencia y brutalidad, contra el CUSAM, Centro Universitario San Martín, espacio dentro del penal donde funciona la Universidad de San Martín. También el espacio educativo universitario de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, donde la Universidad de La Plata tiene trabajos educativos, fue atacado.

En el CUSAM fueron los propios alumnos quienes en medio de la violencia defendieron “con sus cuerpos ese espacio”; sin embargo, parece que no fue suficiente porque “una vez en sus pabellones y engomados (sin poder salir de sus celdas), comienzan a ver humo en las inmediaciones del CUSAM”, como expresan en el comunicado. Allí comenzó una situación que ellos mismos califican de “venganza por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, que literalmente, destruyó todo lo que estuvo a su alcance”. Los agentes represivos prendieron fuego la biblioteca, la radio y el Centro de Estudiantes. Se quemaron libros, computadoras, bancos y todos los instrumentos musicales que pertenecían a “Rimas de Alto Calibre”, una banda que nació en ese espacio y que “ha podido romper cadenas en esa libertad conseguida”.

Abel Díaz, con mucho dolor, advirtió que el ataque al centro universitario “fue una reafirmación de la exclusión”, de que “estos negros no estudien ¿cómo los presos van a ser profesionales? ¿Cómo se van a educar los presos?”. Sin embargo, tiene expectativas para la reconstrucción del CUSAM y en medio de esta dolorosa situación, explicó que están haciendo una campaña y la universidad también, para reconstruir el lugar. “Después de esto vamos a tener un lugar mucho mejor que el que teníamos. No nos van a quebrar con este tipo de acciones”, esperanzó Abel.

Familiares de personas privadas de su libertad en contexto de encierro y amiguxs se autoconvocaron ayer para protestar frente a la gobernación en La Plata para repudiar la represión. Mientras, autoridades de la Universidad recorrieron junto al juez de ejecución, Alejandro David, las instalaciones del CUSAM, para constatar los daños que sufrió. El juez se comprometió a abrir una investigación para establecer las responsabilidades. La Universidad de San Martín (UNSAM) junto a estudiantes del centro universitario comprometieron sus esfuerzos para reconstruir esta posibilidad para las personas privadas de su libertad. Tras la represión llega la reconstrucción.

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Por Camila Parodi

¿Cómo es abortar en el conurbano bonaerense?

Abortar en el conurbano bonaerense es complicado. En la zona la que yo trabajo, que es el conurbano sur, es muy heterogéneo. Hay muchos dispositivos que acompañan de manera responsable y amorosa sobre todo en el primer nivel de atención pero al ser tan extenso es complejo. Nosotras trabajamos en nueve municipios, que es lo que corresponde a la región sanitaria sexta y al ser tan extensa eso hace que haya mucha iniquidad en el acceso al derecho. Porque hay municipios que no tienen casi dispositivos que acompañen o en los que todos los efectores de salud son objetores o dificultan el acceso, incluso a la información. A veces parece raro que estamos en el 2020, a nada de Capital Federal y, sin embargo se viven situaciones de mucha precarización.

¿Cuáles son los principales obstáculos para la tarea de acompañar?

Los principales obstáculos en la tarea del acompañar tienen que ver con los recursos y la estructura del sistema de salud con los lugares puntuales donde están los dispositivos. También con los circuitos que se necesitan para hacer estudios complementarios en caso que haga falta, esto es una ecografía, un análisis de sangre, una interconsulta. A veces eso se hace muy complejo. Y después el acceso al método, si bien este año estamos contando con tratamiento farmacológico para los tratamientos que son ambulatorios sobre todo en el primer nivel, no contamos con la opción de poder ofrecerle a la persona que quiere interrumpir un embarazo si quiere hacerlo por la práctica Ameu. Eso no tenemos hoy en día ni contamos con todos los métodos anticonceptivos para que puedan después pensar de qué manera quiere continuar con su vida sexual.

¿Cuál es la principal demanda, relacionada con la garantía del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que le harías a las y los responsables políticos de tu provincia?

La principal demanda está relacionada a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos qué le hacemos a los responsables políticos de la provincia, esto tiene que ver con la infraestructura del sistema público de salud trabajamos en condiciones de mucha precarización. Actualmente eso hace que los equipos se quemen por la gran cantidad de demanda que llega. Por lo tanto, se visibiliza que es muy necesario poder tener más políticas relacionadas a los derechos sexuales dentro de los efectores de salud que tiene que ver por un lado, con la capacitación y sensibilización profesional y, por el otro lado, con los recursos concretos con se necesitan para la atención de esa manera podemos garantizar el acceso a la práctica de ILE (Interrupción legal del embarazo) a todo lo que sea relacionado con salud sexual y necesitamos contar con todos lo que implica la práctica en sí. Por ejemplo en lo que respecta a los tratamientos, actualmente contamos con Misoprostol para los tratamientos ambulatorios pero necesitamos con urgencia que se pueda empezar a implementar el Ameu, esto es la aspiración manual endouterina, ya que hay evidencia que avala que no sólo se puede hacer en los centros de segundo nivel sino que también se puede hacer con infraestructura necesaria en el primer nivel de atención. Y además necesitamos contar con Mifepristona para poder garantizar la práctica sobre todo en segundo trimestre de manera que sea más efectiva para la persona que está solicitando la ILE.

Entonces depende de la gestión y que se habiliten las vías necesarias para la aprobación de la Mifepristona, que se bajen los recursos necesarios para garantizar los tratamientos en todos los efectores de salud, y que sean no sólo farmacológicos sino también el Ameu. Finalmente, necesitamos que no haya más hostigamiento a las y los profesionales. Eso tiene que ver con las directivas que se bajan desde la gestión a personales que garantizamos derechos, se nos hostiga hacía dentro de nuestros propios espacios de trabajo por personas que están a cargo de direcciones de hospitales, por ejemplo de jefes de servicio que no están de acuerdo y que son anti derecho, eso también es responsabilidad de tener políticas públicas y sanitarias y que garanticen una perspectiva de derecho y que rompe también con el modelo médico hegemónico del paradigma actual.

¿Por qué eligen acompañar y porqué piensan que es una práctica feminista?

Elegimos acompañar porque pensamos que cada persona tiene derecho a elegir sobre su cuerpo y su vida. Entonces, desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir creemos que nuestro rol como profesionales de la salud es acompañar en la toma de decisiones y a las personas. Acompañar desde nuestro rol de la salud es realizar transparencia activa, que es brindar toda la información necesaria y que la persona sea la que decida en ese momento qué es lo que mejor, qué le conviene para su vida y que no tiene que ver solamente con los derechos sexuales y reproductivos sino en general y por eso es un posicionamiento diferente al modelo paternalista, que es también patriarcal, de la salud: donde el profesional es el que decide sobre la otra persona por eso es por el derecho a decidir y, puntualmente el acceso a la intervención legal del embarazo, pero no funcionamos desde ese lugar.

Es una práctica feminista porque va más allá de la intervención que se puedan ser del sistema de salud, las personas deberían poder decidir sobre su vida en general, a su vez es un tema que es tan tabú en la sociedad que sólo gracias a la lucha y realización pudimos ir posicionándonos en las calles y eso nos devuelve también a nosotras como la conexión sobre nosotras mismas y con nuestro cuerpo, empezamos a hablar desde la sexualidad no solamente reduciéndola a la reproducción o no sino que a los deseos. Es, también, una práctica feminista de por sí porque nos devuelve el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida que va más allá de la intervención médica nos posicionan un lugar de pensar la sexualidad en el deseo y nuestras propias proyecciones de lo que queremos hacer y con nuestro cuerpo y con nuestra vida. Entonces si bien es responsabilidad del Estado garantizar la práctica de forma segura para generar equidad en el acceso al derecho, es una práctica feminista de por sí por eso es importante que todos los acompañamientos sean en ese lugar de esa perspectiva. No es una práctica médica más que tiene que estar sistematizada desde ese lugar, porque todo el acompañamiento que se hace alrededor de una interrupción del embarazo tiene que ser de manera integral, acorde a lo que la persona trae o necesita en este momento de su vida. Muchas veces sucede que hay situaciones de violencia, a veces más explícitas y otras no tanto, transitar por una consejería donde se abren otras herramientas para poder tomar decisiones en nuestra vida y generar movimientos que nos hagan bien y que nos hagan mejor, es también una oportunidad para pensarnos de ese lugar. Por eso, nosotras desde la Red, reconstruimos acompañamientos que son amorosos desde una perspectiva de derechos y feminista, y no como una práctica médica más.

¿Cuál fue la historia donde más les alegró ser acompañantes de las decisiones soberanas de otras y otres?

Historias hay muchas, de las cuales nos hemos sentido bien nos alegra haber acompañado ese proceso porque muchas veces hay situaciones de opresión donde el tránsito por la consejería brinda nuevas herramientas para tomar decisiones que van más allá de la interrupción en sí que, muchas veces, es lo más sencillo de resolver. Sino que hay un montón de otras cuestiones y aristas en la vida de una persona que hacen que en ese momento no la esté pasando bien y muchas veces volver a reconectarse con la sexualidad desde un lugar de deseo y de proyección personal junto con otras está buenísimo. Se generan un montón de situaciones que terminaron desencadenando otros movimientos en la vida de las personas. Muchas personas que transitan por el espacio a lo mejor no conocían su cuerpo o no se habían puesto a pensar es bueno más allá de maternar o no en este momento de que otras cosas y podían decidir y acompañar todo ese proceso de manera integral y de manera muchas veces colectiva que se genera está buenísimo porque también no se enfrenta nuestras propias violencias y a nuestros propios machismos que tenemos en la vida cotidiana. También nos hacen mirarnos a nosotres como equipo de salud y hacer movimientos en nuestra vida. Entonces es un aprendizaje constante donde más allá de que podamos aprender o actualizarnos sobre el uso de la medicación, es un posicionamiento político que abre otros caminos. Nosotras estamos muy contentas con los dispositivos y queremos que sigan creciendo. Queremos cambiar el paradigma de salud hegemónico y patriarcal que hoy tenemos, entonces, también es un posicionamiento de lucha constante hacia dentro de las estructuras porque estamos creando cosas que no estaban en el sistema de salud y es muy gratificante desde el lado también.

¿Por qué el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito?

Tiene que ser legal seguro y gratuito para garantizar la equidad en el acceso al derecho. Hoy en día es muy heterogénea la experiencia de los efectores de salud, las pujas de poder entre los distintos niveles de atención, incluso formas de organización del país en distintas provincias, municipios y jurisdicciones, así que si bien tenemos el aborto legal por causales, que no haya un presupuesto desde la estructura del Ministerio de Salud que pueda garantizar la capacitación y los métodos, los circuitos para estudios complementarios en todos lados. Por otro lado, porque al ser legal por causales terminan siendo les profesionales quienes deciden si la interrupción es legal o no, y lo que se busca con la leyes,  es que sea de la persona la que tiene el poder sobre su cuerpo y sobre su vida. Por eso es importante que salga la ley ya y con urgencia. Que sea seguro tiene que ver con nuestra práctica, todes tenemos derecho a acceder a las prácticas seguras y que tengan la mayor evidencia, que las hay, por eso también necesitamos que salga la ley de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) para poder solicitar la Mifepristona y para poder tener Ameu y garantizar así los tratamientos que son de segundo trimestre en los hospitales. Y que sea gratuito para que todas las personas puedan acceder desde nuestro sistema de salud, pensamos que la salud es un derecho por lo tanto tiene que ser garantizado por el Estado.

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Por Ignacio Marchini | Fotos de Julieta Bugacoff

Es 10 de junio y el ambiente está caldeado en el centro de la ciudad de La Plata. Ya van casi tres meses desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la necesidad del mango para pagar el alquiler y poder comer obliga a volver a tirar la manta. La policía y los agentes municipales no entienden lo que el muchacho intenta decirles. Aunque supieran hablar wólof, la lengua nativa del senegalés que trata de que no le secuestren la mercadería, probablemente el resultado sería el mismo. Lo tiran al suelo y lo agarran del cuello. El aire no le alcanza, pero un resto de humanidad (o de pereza) que le queda al policía que lo ahorca hace que la situación no desemboque en una tragedia, y lo mete en un patrullero.

Mbaqué Ndao, así se llama el muchacho, pasó toda la noche en la cocina de la comisaría. Al otro día lo llamaron a declarar a la fiscalía. Un amigo que maneja bien el español sirvió de traductor; en el edificio judicial no había nadie que le pudiera explicar de qué se lo acusaba y cuáles eran sus derechos. El relato fue breve, conciso. “Pensé que me iba a morir, como George Floyd”, el hombre negro de 46 años cuya imagen agónica de un policía blanco que le cortó la respiración con la rodilla en el cuello hasta la matarlo, en Estados Unidos, se había viralizado hacía poco más de dos semanas.

La comparación no es casual. Mbaqué Ndao también es negro, como los cerca de 230 senegaleses y senegalesas que viven y trabajan vendiendo mercadería en las calles de La Plata. Tampoco es casual que el acusado sea él, con el conocido latiguillo de “resistencia a la autoridad”, un “delito” tan habitual como incomprobable que se volvió el recurso persecutorio favorito durante los últimos años.

Pero Mbaqué Ndao no está solo. Además de su familia, hay un colectivo de abogados y abogadas populares que lo representan, que lo asisten para atravesar el largo y engorroso proceso judicial que le espera y que terminará, probablemente, en un sobreseimiento, como casi todas las causas de resistencia a la autoridad. Ese colectivo se llama La Ciega y hace años que decidieron que el derecho legal podía ser otra cosa: una herramienta al servicio del pueblo.

Los primeros pasos

La Ciega surgió en 2007 en la ciudad de La Plata, a partir de un grupo que se había graduado de la Facultad de Derecho y a quienes no les cerraba el discurso dominante. Marcha dialogó con uno de sus integrantes, Damián Brumer, que explicó cómo surgió la decisión de organizarse como colectivo: “A partir de la necesidad de darle cuerpo a una serie de debates e iniciativas que se habían dado en la facultad cuando éramos estudiantes, organizados y organizadas en el MIU (Movimiento Independiente Universitario), decidimos que era necesario plantear y pensar el derecho desde una perspectiva enfocada en las realidades y problemáticas de los sectores populares, además de discutir el discurso hegemónico dentro de esa facultad”.

Al poco tiempo, a la propuesta le quedaron chicos los claustros de la universidad y ahí fue cuando, ya con varios graduados y graduadas, decidieron conformarse como La Ciega, que años después tendría su correlato en la ciudad de Buenos Aires. Desde el principio, la idea fue articular con los y las defensoras de derechos desde los territorios, quienes conocen y viven en carne propia la injusticia y se articulan contra ella. “Los primeros años estuvieron muy enfocados en desarrollar talleres de alfabetización jurídica en barrios populares de la provincia de Buenos Aires, siempre de la mano de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de género, sindicales”, explicó Damián.

No son pocas las personas que entienden que el Derecho, el entramado legal y jurídico que sostiene a los Estados modernos, es un factor fundamental en el sistema desigual y opresivo que mueve los engranajes de nuestras sociedades. Un sistema de leyes y jueces cuyo objetivo último es perpetuar una sociedad dividida en clases, donde unos pocos se quedan con todo a costas del dolor imponderable de una mayoría sacrificada. Una Justicia que siempre inclina la balanza a favor del propietario, del empresario, del policía, del político.

El contacto con la comunidad senegalesa

“Nuestro vínculo con la comunidad senegalesa es bastante más nuevo”, aclara el abogado popular. “Comenzamos a relacionarnos con ellos y ellas en 2018, en La Plata. En aquel momento, a mitad de año, se dio una situación de violencia; lamentablemente, una de las tantas que sufrieron y siguen sufriendo por parte de Control Ciudadano y la policía bonaerense. Fue en el centro de la ciudad, en 7 y 49, uno de los tantos operativos de la Municipalidad, en el que se llevaron detenido a uno de los muchachos senegaleses y a un trabajador no docente del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata que se había acercado a solidarizarse. Ambos terminaron con una causa penal”.

A partir de ese hecho, la Coordinadora Migrante de la Facultad de Trabajo Social impulsó una asamblea a la que invitaron a distintos actores y movimientos sociales para pensar de qué forma se podía aportar a resolver algunas de las problemáticas más importantes que estaba atravesando la comunidad senegalesa. Una de esas organizaciones fue La Ciega.

A partir de ese momento, comenzaron a forjar un vínculo estrecho con la comunidad. Así lo detalla Brumer: “En tanto colectivo de abogados y abogadas, obviamente nuestra principal acción es representarlos judicialmente en muchas causas penales que termina impulsando la policía y donde hay una serie de delitos clichés como el de ‘daños’, ‘lesiones’ o ‘resistencia a la autoridad’. Este último es el que le suelen imputar a los senegaleses, con un operativo violento previo. Estas causas terminan archivándose casi siempre, porque no pueden probar que el delito haya existido”.

Lo primero que hizo La Ciega estuvo vinculado al diseño y la difusión de un protocolo contra las detenciones arbitrarias, editado tanto en español como en el idioma wólof, el más hablado en la República de Senegal. Pronto se dieron cuenta de que su difusión no era suficiente y ahí fue cuando comenzaron a organizar talleres. “Una vez por mes llevamos adelante talleres de derecho básico en reuniones amplias, donde participaron muchos y muchas senegalesas. Siempre los realizábamos a las once de la noche de un día de semana, porque trabajaban todo el día y después rezaban, porque la mayoría son musulmanes. Lo hacíamos con traducción en simultáneo porque pocos hablan bien en español. Socializábamos el protocolo, hablamos del significado de los derechos humanos, las problemáticas raciales, las detenciones arbitrarias y sobre cualquier duda que tuvieran”, explica el abogado.

Migrar no es delito, trabajar es un derecho

Los operativos y detenciones violentas no sólo afectan la integridad física y psicológica de los y las senegalesas. La manera en que algunos medios de comunicación y ciertos políticos manoduristas abordan la migración y la venta ambulante genera un caldo de cultivo muy importante en el imaginario social de la Ciudad, que sirve para legitimar ese accionar violento contra ellos y ellas. La construcción mediática del enemigo siempre es un factor preponderante cuando se aborda un problema social priorizando la propiedad privada y la llamada “seguridad”, dejando de lado la posibilidad de un abordaje más humanitario.

Un claro ejemplo de lo que dice Brumer se puede encontrar en un editorial del 24 de agosto del diario El Día, uno de los más importantes de La Plata. La nota, además de ser un manual de lugares comunes del neoliberalismo, plantea muy cínicamente que la discriminada por Control Ciudadano no es la comunidad senegalesa, sino los pequeños y medianos comerciantes, víctimas de la “competencia desleal” de los manteros, garantizada por el Estado. Por si quedara alguna duda de que lo que pide el editorial, solapadamente, es mano dura, concluye con una exhortación a las autoridades a que resuelvan otro problema acuciante para la sociedad civil: las “usurpaciones” de terrenos por parte de “los intrusos” que buscan quedarse con “el negocio de la venta de lotes por los que no se pagó nada”.

Otro estigma que pesa sobre la comunidad tiene que ver con que son “inmigrantes ilegales”. Para Brumer, esto es falso: “En La Plata no hay ningún senegalés o senegalesa de forma ilegal. Sí es cierto que solo algunos tienen DNI argentino; la mayoría tiene o documento extranjero o la residencia en trámite y otros en trámite el refugio, pero todos y todas están de forma regular en la Argentina. A la mayoría le gustaría poder tener documentos argentinos, pero hay algunos problemas de los cuales el Estado no se viene haciendo cargo, cuando tiene la obligación por ley de facilitarles la posibilidad de regularizar su situación a todas las y los migrantes”.

La ley a la que hace referencia Damián es la de Migraciones (Ley 25.871), sancionada a finales de 2003, que remplazó la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, sancionada por la dictadura militar en 1981 (Ley 22.439) y sostenida por los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La Rúa.

El proyecto neoliberal desarrollado entre 1976 y 2001 destruyó el tejido social y económico del país, además de miles de vidas, tanto de las víctimas del terrorismo de Estado como de quienes lo sobrevivieron. Como explica en un artículo de Susana Novick, investigadora del CONICET especializada en el tema, la ley de migraciones de la dictadura estaba “cimentada en la entonces dominante Doctrina de la Seguridad Nacional, y reiterando una norma aprobada durante la época de Onganía (Ley 17.294), prohibía expresamente a todo extranjero indocumentado desarrollar actividades remuneradas, obstaculizando asimismo el acceso a servicios de salud y de educación medios y superiores. La norma fue reforzada en su legitimidad a través de la aprobación de dos reglamentos de Migraciones: el primero elaborado por Alfonsín en 1987; y el segundo por Menem en 1994”.

Con el fin del ciclo neoliberal, y posterior a la crisis económica y social de 2001 y 2002 que hizo tambalear a la casta política, la autora explica que “se logró a fines del año 2003 la aprobación de la nueva ley (Ley 25.871) gracias a la confluencia de una serie de circunstancias: una firme inquietud en la clase política por derogar la ley militar; la existencia de un proyecto consensuado por los diputados de todos los partidos políticos; la llegada de un nuevo gobierno en mayo de 2003 –con la consiguiente renovación de autoridades a nivel nacional, entre ellas un nuevo Director Nacional de Migraciones–; y, lo más importante, la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de impulsar el Mercosur”.

Esta ley, que trocaba conceptualmente el paradigma de la “seguridad nacional” por el de el “derecho humano a migrar”, y beneficiaba sobre todo a las personas provenientes de países del Mercosur, fue desmembrada por el Decreto N°70/2017 de Mauricio Macri que modificó la Ley de Migraciones, en el marco de la nueva avanzada neoliberal de los últimos años en Latinoamérica y el resto del mundo. Según explica Novick, usando como excusa una supuesta emergencia en seguridad, “la modificación –aprobada el 30 de enero de 2017– representó una clara regresión en relación con los derechos de los migrantes, desfavoreció su integración social, incrementó el poder de policía y la arbitrariedad a la que fueron sometidos, y tornó más vulnerables sus condiciones de vida”.

La persecución de los y las migrantes es un viejo recurso que se amplifica ante las grandes crisis económicas y sociales. La competencia desleal, el desempleo, la caída de los salarios y hasta el terrorismo pasan a ser “culpa de los inmigrantes”, y se desvía, así, el foco de atención de las políticas públicas y las decisiones políticas que llevaron a la calamitosa situación económica que hoy atravesamos.

                                                 

La negritud invisibilizada

En el caso de la comunidad senegalesa en particular, aquí se encuentran con el agravante de una negritud invisibilizada históricamente, que genera un extrañamiento y una desconfianza aún mayor. Según el integrante de La Ciega, “no es el único país al que migran, también van a Europa, al resto de América del Sur, a Estados Unidos. Argentina es uno de los países más racistas. En Europa, las políticas migratorias son muchas veces más duras, pero en el cotidiano están acostumbrados a coexistir con negros, cosa que acá es mucho más raro. Es muy distinto un migrante africano que no solamente no habla el idioma, que no tiene algunos beneficios por no ser del Mercosur, que sufre una distancia muy grande, no solo de su familia, sino también de su cultura y su religión; sino que además no tienen ni siquiera consulado senegalés en la Argentina, así como tampoco hay un embajador argentino en Senegal”.

En el marco del aislamiento, y con el consecuente parate de la actividad económica, su principal ingreso se evaporó, además de que al no tener documento argentino (solo 30 de los cerca de 230 senegaleses y senegalesas de La Plata lo tienen), no pudieron acceder a ciertas políticas redistributivas del Estado como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). A los pocos meses, debieron volver a salir a vender para poder comer y pagar el alquiler, más allá de que incluso debieron interrumpir el aporte económico a sus familias en Senegal.

Desde estas circunstancias, que son incluso anteriores a la pandemia, empezaron a hacerse nuevos operativos por parte del municipio y la policía de la provincia de Buenos Aires, que terminaron en nuevas detenciones, causas penales, actas contravencionales y secuestros de mercadería. Incluso, en varios medios se replicó que es posible que la Municipalidad haya presentado ante la Justicia Federal una denuncia para investigar una supuesta red de trata de personas que pareciera estar organizada en torno de la explotación de los y las senegalesas para la venta ambulante.

En respuesta a esta noticia, la Asociación Senegalesa de La Plata salió a aclarar en un comunicado que “la mayoría de nosotros somos vendedores ambulantes que vivimos en situación de vulnerabilidad, pero ni somos víctimas de trata, ni somos jefes de una organización criminal como se ha dicho. Y si así fuera, si efectivamente fuéramos víctimas de una red de trata, no se entiende por qué el Municipio responde profundizando todos los días operativos violentos y discriminatorios contra los manteros, persiguiendo con especial énfasis a los senegaleses”.

Esta persecución conjunta de la Municipalidad, los medios de comunicación y la policía derivan fácilmente en odio racial y violencia de parte de varios y varias transeúntes que les gritan barbaridades; ni hablar de los dueños de los locales. “Se creen impunes porque piensan que no entienden. Una cosa es no comprender el idioma; otra muy distinta es no comprender lo que te están diciendo”, graficó Brumer.

Son muchas las necesidades y los problemas que atraviesa la comunidad senegalesa, que sólo piden “que traten de entendernos y escucharnos”. A pesar de las persecuciones y del racismo que impera en la sociedad argentina, los medios de comunicación hegemónicos y el poder judicial; la comunidad, de la mano de organizaciones sociales y jurídicas que les apoyan y acompañan, trabaja para sostener a su familia y en busca de mejores condiciones de vida.

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome | Fotos: Amnistía Internacional Argentina / Tomás Ramírez Labrousse

Cristina Castro es una madre en búsqueda de la verdad, una dolorosa fórmula a repetición que anhela un definitivo “Nunca Más”. “En vez de estar haciendo show, debería ponerse a trabajar”, afirmó, en conferencia de prensa y en referencia al Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Cristina estuvo acompañada de Luciano Peretto y Leandro Aparicio, abogados de la familia, y Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La conferencia de prensa se realizó, además, el día en que Cirstina Castro se reunió con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y con la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y a un día del comienzo de las pericias (comienzan hoy) al cuerpo encontrado en Villarino Viejo en el marco de la causa federal por la desaparición forzada de su hijo, Facundo Astudillo Castro, de 24 años.

“Lo miré a los ojos, me ha dejado conforme y tranquila, pero eso no significa que no vaya a seguir hasta que todo salga a la luz”, contó Cristina sobre la reunión con Fernández. “Hay cosas que no puedo contar pero ha sido muy sincero”, agregó. Por su parte, Luciano Peretto, uno de sus abogados, reafirmó que “en la búsqueda de la verdad, (el Presidente) ha puesto a disposición todas las garantías para que la investigación se de con absoluta transparencia” y expresó que están conformes con el acompañamiento institucional que representa este recibimiento de dos horas.

Tras el encuentro con el primer mandatario, Cistina Castro participó de un segundo, junto a sus abogados y la Ministra Frederic: “se armó una mesa de trabajo”, contó, “la pericia comienza mañana (por hoy), a las 10. No sabemos hasta qué punto nos van a dejar, pero vamos a estar ahí”. Desde Amnistía Internacional Argentina exigieron “que se investigue de forma parcial e independiente”.

“No le voy a tener miedo”

“Yo le diría a Sergio Berni que así como me está tratando a mí, está tratando a cientos de papás a quienes sus hijos han ingresado a la comisaría y han aparecido suicidados”, dijo Cristina Castro, “no le voy a tener miedo. En vez de estar haciendo show, debería ponerse a trabajar”, agregó, “cuando Berni llame a cada una de esas familias, le voy a decir que empiece a hablar, antes no”.

El Ministro de Seguridad bonaerense también fue señalado por otro de los abogados de la familia Castro, Leandro Aparicio, “no sabe de lo que está hablando”, afirmó, y lo mencionó a la par de lo que llamó “un plan para el encubrimiento”, junto al Secretario de Seguridad de Villarino Viejo, y al intendente, Carlos Bevilacqua. También de un periodista acusado de operador, Gustavo Sasso. Mientras sucedía la conferencia de prensa donde se señalaba la responsabilidad política del ministro de seguridad bonaerense y su plan de encubrimiento, Berni hablaba con “Fantino a la tarde” y decía “bajé 4 kilos pero estoy bien”.

Peretto habló sobre las hipótesis de que Facundo hubiera podido tener un accidente: “no hay ningún elemento en el expediente para asegurarlo. Pero sí hay elementos que no van a permitir que la causa caiga, los teléfonos celulares de los policías involucrados, los diálogos, las actitudes, los ADN de los patrulleros, la falta de respaldo de sus movimientos, las contradicciones, los testigos falaces, y ahora la aparición dudosa de un cuerpo”. “Y lo de la zapatilla”, agregó Aparicio, “¿una torpeza del encubrimiento o un mensaje?”.

Para los abogados, hay un plan de encubrimiento para evitar que en la investigación sobre qué pasó y dónde está Facundo, se llegue a la verdad. Para ellos, Facundo fue fuertemente golpeado y traslado a un calabozo. Y su desaparición tiene que ver con tratar de ocultar un desenlace. “Le estamos pidiendo al fiscal y a la jueza que periten los calabozos”, agregó Peretto. Se refiere al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, de Bahía Blanca. “Quien representa al Estado, no está representando al Estado”, agregó el letrado, “no ha participado del procedimiento, no mantiene diálogo con la familia, no ha tomado contacto con allanamientos ni las testimoniales más importantes de la causa. Está haciendo esfuerzos para no llegar a la verdad”.

Para Aparicio, “hay pericias que complementar, ya que hay un contexto más amplio que investigar y hay pruebas testimoniales objetivas”, y agregó, volviendo la mirada sobre el fiscal Martínez, “es muy clara la participacion de la policía en el marco de la denuncia, podemos denunciar pero no podemos acusar, si el fiscal no lo hace, no podemos hacer otra cosa que manifestarlo”.

“Hoy me toca a mí, no lo pedí. Me gustaría estar en mi casa, con mis nietas pero no me puedo dar el lujo que esto siga pasando porque para los pibes, tener entre 18 y 24 años es un peligro. Nos los están suicidando, estamos viviendo en democracia, esto no puede pasar, no debería pasar”, y apuntó: “los derechos de la policía terminan donde empiezan los nuestros como cuidadanos”.

Finalmente, Cristina Castro agradeció la presencia de les periodistas en la conferencia virtual. “Son días difíciles pero como mamá no podemos quebrarnos”, dijo, “empezaré a gritar y si tengo que dar vuelta el mundo, lo voy a hacer”. Y volvió sobre la responsabilidad de gestión de las fuerzas represivas: “Berni está enojado porque alguien como yo (quiza en su rol masculino nadie lo hizo), pero yo sí le voy a hacer frente”.

Y agregó, “no tenemos que tener miedo porque esto no tiene que pasar Nunca Más. Cuando nos tocan un hijo, nos tocan el alma y no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir adelante para que puedan estar tranquilos; y ese cambio lo genera la sociedad. Nunca Más un Facundo, el Nunca Más tiene que ser un Nunca Más”.

La familia de Facundo Astudillo Castro pidió que la jueza María Gabriela Marrón acepte a la médica legista Virginia Creimer como perito de parte para tener “cierta participación en la cadena de custodia y las medidas de conservación de lo que queda de ese cuerpo”. El 5 de septiembre se conocerían los resultados de los peritajes de ADN que se realizarán en Córdoba.

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Por Iván Barrera | Foto: Emmanuel Fernández

El viernes 14 de agosto finalizaba un rastrillaje sin resultados a cargo de la policía federal en las zonas que conectan Villarino con Bahía Blanca. Durante el sábado, la fiscalía federal de Bahía Blanca recibió un llamado de una persona identificada como un pescador afirmando haber encontrado un cuerpo en la zona de Cabeza de Buey, en Villarino Viejo. Esta es una de las desembocaduras del mar, una zona pantanosa de muy difícil acceso. El hallazgo entró en el marco de la investigación federal por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y allí se hizo presente durante la madrugada Cristina Castro junto a sus abogados.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Facundo tiene 22 años y desapareció el 30 de abril, tras salir de Pedro Luro con destino a Bahía Blanca. Facundo había terminado la relación con su compañera unos meses atrás y su idea era viajar a dedo los 122 km que separan Pedro Luro de Bahía Blanca, como había hecho en varias oportunidades, para reencontrarse con ella. El último rastro certero de Facundo se encuentra en Mayor Buratovich, a 20 km de Pedro Luro, cuando es detenido por un retén de la policía bonaerense. Según tres testigos, Facundo es subido a una camioneta Hylux de la policía, mientras que los testimonios de los oficiales a cargo indican que él solo fue demorado y continuó su viaje.

Luego de peritajes a los patrulleros, un can del perito Marcos Herrero dio señales activas de que Facundo podría haber estado en uno de los móviles policiales, principalmente en la parte delantera y en el baúl, contradiciendo la versión policial de que nunca habían subido y validando el testimonio de los testigos que afirman que Facundo efectivamente fue subido a un móvil. También, a partir del peritaje celular se descubrió una foto del DNI de Facundo encima de un móvil. Mayor Buratovich es el último lugar donde existen testigos no pertenecientes o vinculados a la policía bonaerense que dicen haber visto a Facundo.

El relato policial continúa a partir del testimonio de Xiomara Flores. Ella declaró haber subido a su auto particular a Facundo y haberlo trasladado hasta Teniente Origone, distante unos 30 km, dejándolo en la ruta. Allí aparece un nuevo testimonio policial por parte del oficial Alberto González quien dice detenerlo por violar el aislamiento. El mismo afirma que Facundo no tenía su DNI y, siempre según su testimonio, se pone en contacto con la comisaría de Buratovich para confirmar que ya había sido detenido. El oficial afirma que deja a Facundo continuar camino y se contradice en su relato en un primer momento señalando que Facundo subió a un auto y en un segundo momento afirmando que prosiguió a pie.

Siguiendo el relato policial, el único que afirma que Facundo siguió camino por su cuenta desde Mayor Buratovich, que Facundo nunca ingresó a la comisaría ni estuvo cerca, solo se habría movido a la vera de la ruta buscando continuar su camino. Sin embargo, en uno de los rastrillajes realizados en la misma, el can del perito Marcos Herrero señala un objeto que la familia de Facundo reconoce como pertenencia de Facundo.

Aquí termina el relato. Hubo testigos fugaces que dicen haber visto a Facundo en Bahía Blanca y en Origone y ninguno de ellos fue tomado en cuenta por la inconsistencia en sus relatos. La reconstrucción de los hechos continúa con el peritaje a los celulares de los policías involucrados. De allí surge evidencia de múltiples mensajes, audios e imágenes borradas en todos los celulares. Es decir, simultáneamente mensajes, audios e imágenes fueron borrados en los dispositivos de entrada y salida de forma sospechosamente coordinada. A esto hay que sumarle que en el celular de Xiomara Flores, quien afirmó haberlo trasladado de Mayor Buratovich a Teniente Origone, la aplicación de mensajería WhatsApp fue borrada una semana después de la desaparición de Facundo.

Un cuerpo cargado de inconsistencias

“Me dice el instinto de mamá que es Facundo”, dijo Cristina Castro, madre de Facundo, “vinieron a tirar el cuerpo de mi hijo acá.”

El día sábado 15 de agosto la fiscalía de Bahía Blanca recibió el llamado de una persona identificada como pescador de la zona que afirmó que había un cuerpo humano en la vera de un río.  Durante los 110 días que Facundo permanece desaparecido, en tres ocasiones se señalaron restos óseos que resultaron pertenecer a animales.

La zona donde fue hallado el cuerpo es una zona pantanosa, de muy difícil acceso. Tal es así que, cuando Cristina Castro se movilizaba al lugar junto a Luciano Peretto tuvo que ser auxiliada por un móvil de la policía federal luego de que el auto se encallara en el barro. “Es una zona donde el mar se forma por riachos, crece y decrece por la marea, por lo cual es un lugar muy húmedo, pantanoso”, explicó Luciano.

La noticia corrió rápido y así como surgió, se cargó de malas intenciones. En un primer momento, el periodista German Sasso y el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, afirmaron que en el lugar se encontraba un cuerpo completo y una mochila. El ministro llegó a afirmar que se trataría de Facundo, aún cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), equipo designado para realizar el peritaje y los análisis correspondientes, se encontraba en camino desde Buenos Aires. Al momento de llegar al lugar, tanto Cristina como sus abogados afirmaron que el cuerpo encontrado no estaba completo, que no constataban la existencia de ninguna mochila y no había ninguna pista para afirmar que ese cuerpo pertenece a Facundo. 

La madre de Facundo solo pudo reconocer una zapatilla encontrada a 30 metros del cuerpo, que sí identificó como perteneciente a Facundo pero cuyo estado de conservación distaba mucho del estado del cuerpo encontrado “parece una zapatilla que está hace dos días ahí”, señaló Cristina. A su vez, también afirmó que el cuerpo se encontraba semienterrado y no flotando como afirmó el periodista Sasso en su primer momento, y que en el lugar se encontraban huellas de automóvil que no pertenecían a los móviles policiales que se acercaron 

Leandro Aparicio, abogado de la familia Castro, afirmó este sábado la denuncia por asociación ilícita en la que estarían involucrados el intendente de Villarino, la policía y un medio de Bahía Blanca. “Nosotros denunciamos una asociación ilícita que sigue operando y que se juntaron el día viernes pasado (día anterior al hallazgo del cuerpo). Se juntaron el intendente de Villarino (Carlos Bevilacqua), con alguien de la policía de la provincia de Buenos Aires, con alguien del medio La Nueva y con el periodista German Sasso a comer un asado, cuando no están permitidas las reuniones. Se juntaron a 15km del fitosanitario. ¿Qué estaban haciendo? Porque Sasso es el que vende el pescado podrido que muchos medios después reproducen, es el vocero de la policía. Cristina quiere meter preso a quienes desaparecieron a su hijo y a quienes ayudaron a que siga desaparecido por mucho tiempo plantan pistas falsas, tratando de destruir las pistas verdaderas, acusando a Facundo de narco y que por eso lo habían matado” Por último, cerró: “es complicado llegar a la verdad pero no es complicado advertir los pasos de la asociación ilícita. Las pruebas de lo que ellos hacen se ven. Tenemos que encontrar el cuerpo y denunciar lo que están haciendo”.

Ahora el trabajo está en manos del EAAF que trabajará en el peritaje del cuerpo y el reconocimiento de la identidad en la ciudad de Buenos Aires, así como también trabajarán en toda la evidencia recogida en el lugar. Las pericias se harán “a fin de determinar la identidad, la data, causal y, si es posible, modo de la muerte del cuerpo humano hallado, así como cualquier otro dato de interés que estimaren pertinente señalar los profesionales designados, pudiendo tomar intervención en la medida aludida aquellos peritos especialistas en la materia que a tal efecto designaren las querellas particular e institucional”

Tras esta novedad, que domina los noticieros de los medios tradicionales, la cronología de las luchas populares para conseguir verdad y justicia se activó. Y es factible que señale a su paso las complicidades de los poderes para encubrir que nuestrxs pibxs siguen en peligro y que el Estado es responsable.

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Por Redacción Marcha | Foto: Archivo

Carlos, hijo de Alfredo Cuellar, referente de la lucha por los Derechos Humanos para las personas privadas de su libertad, sigue en grave estado de salud, internado en el Hospital de Ezeiza, conurbano bonaerense, tras recibir quemaduras el martes 26 bajo resguardo del Servicio Penitenciario en la Unidad 1 del Complejo federal de esa misma ciudad.  

“Soy el papá de una de las nueve mujeres que fueron asesinadas en esos centros de exterminio que son las cárceles y a partir de ahí comienza mi lucha y la persecución hacia mi persona”. Así comenzó Alfredo el programa que realiza cada jueves por Radio Semilla y que se llama “Aires de Libertad”. Se lo escuchaba apesadumbrado pero no dejó de referirse a la represión y persecución sobre la familia Cuellar, dolido por la ausencia de los organismos de Derechos Humanos, que lo dejaron solo. 

“Vengo luchando para llegar a la verdad de la situación, ¿qué pasó con mi hija? Esto llevó a que tenga un nuevo enemigo como es el Servicio Penitenciario y el poder judicial”, dijo. Cuellar comenzó a tomar la lucha por las personas privadas de su libertad a partir del asesinato de su hija Florencia “la China” Cuellar en diciembre de 2012, también en una unidad penitenciaria de Ezeiza. “Siempre estamos amenazados perseguidos, no solo contra mi persona sino contra gran parte de mi familia, en varias oportunidades mis hijos quedaron privados de la libertad por el solo hecho de tratar de cazarme”, agregó desde el micrófono. 

Alfredo Cuellar contó, con gran claridad, en qué situación estaba su hijo antes de llegar a terapia intensiva del Hospital de Ezeiza. “Mi hijo fue alcanzado nuevamente con la privación de su libertad, en el Servicio Penitenciario federal, el Complejo 1 de Ezeiza, donde está hace cinco meses. El lugar donde él estaba alojado, es donde están los detenidos por elección, un pabellón de conducta donde no tendría que haber ningún tipo de violencia, ni atropello a los derechos, pero el sistema y el aparato represivo están en todos los ámbitos”.

“Aun no puedo dilucidar qué pasó con mi hijo. Siento que el sistema me vuelve a golpear pero muy duramente. El 25 de mayo hablé con mi hijo, porque hubo una represión dentro del penal. El estaba con buena salud, de manera confusa al día siguiente apareció quemado junto a su colchón. Nosotros los familiares no sabíamos nada, y no lo íbamos a saber si no fuera por el interés de las personas que de manera solidaria les interesa lo que pasa dentro de las cárceles. Me llega esa notificación, para hacerme saber que mi hijo se encontraba en grave estado en el hospital de Ezeiza y me acerque para saber”.

Una responsabilidad clara, por acción u omisión

“Mi hijo fue víctima de un atropello más del Servicio Penitenciario y hoy está luchando por su vida en un hospital público”, denunció Alfredo Cuellar y además, agregó: “los organismos de Derechos Humanos que tenían que estar al tanto de la situación, que tenían que estar velando por la integridad física de mi hijo, nunca se acercaron, nunca se hicieron cargo. Me duele mucho, porque una vez más, vuelvo a sentir el atropello. Y allá me he dirigido solo, porque siempre me dejan echado a mi suerte. Uno no quiere naturalizar esta situación”.

Carlos Cuellar se encuentra en grave estado y las últimas noticias son que mejora pero levemente su salud. Sin embargo, lo que más indigna a Alfredo, es que haya circulado un informe oficial que afirmaba que su hijo “tenía leves escoriaciones”. A esto se refirió en su programa de radio: “lo pude ver con mis propios ojos y no podía creer, el horror nuevamente dentro de mi cuerpo, ver en esa situación caótica en que se encontraba mi hijo a quien le va a costar mucho volver a la normalidad”. “Hoy me encuentro en un vacío, en un desierto”.

Alfredo Cuellar agradeció a las y los profesionales de la salud del Hospital: “quienes están llevando adelante el trabajo con mi hijo, lo están haciendo con mucha dignidad. Me hicieron sentir que está en buenas manos”, y se refirió a quienes lo acompañan, “gran cantidad de compañeros y compañeras se han solidarizado con mi situación y están constantemente conmigo, entonces les debo un gran agradecimiento”. Y finalizó recordando a su hija, “la China”: “vamos a seguir, porque mi compromiso está por arriba de todo. He jurado delante de la tumba de mi hija que no iba a permitir más este tipo de atropellos”.

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No es posible narrar la historia de vulneración de los derechos básicos de Carlos Cuellar sin mencionar el contexto: pandemia, hacinamiento, falta de protocolos de sanidad y una campaña de desinformación en medios, redes sociales y aplicaciones de mensajería que consiguió torcer la resolución judicial de otorgar prisiones domiciliarias a personas detenidas que forman parte de los grupos de riesgo por contagio del COVID-19. Tampoco dejar de mencionar -repetidamente- que las personas privadas de su libertad sólo tienen privada la libertad de circulación, no el derecho a la salud integral, la educación, el trabajo ni la vida. 

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) es el máximo organismo del Estado que se encarga de la promoción y protección de los Derechos Humanos en cárceles federales. Así lo determina el art. 1 de la ley 25.875. La pregunta es, ¿cuando no responde, a quiénes acuden les familiares ante graves atentados contra la vida y vulneraciones de derechos?

En el año 2017, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, incluyó a nuestro país entre las naciones miembros a inspeccionar. Una Comisión recorrió prisiones y lugares de detención por dos meses, entrevistando diversos actores del sistema penal. Las conclusiones fueron contundentes, las muertes bajo custodia alcanzaban en la Argentina cifras alarmantes: entre el 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2018, 425 personas fallecieron mientras estaban detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. 

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Por Noor Jiménez Abraham* / Foto: Educ.ar

A la pregunta repetida: ¿cuándo se reinician las clases?, la reiterada respuesta del ministro de educación, Nicolás Trotta, sobre que, de manera virtual, las aulas siguen funcionando. En tiempos de Covid19 se escucha sobre la preocupación de familias por las demandas del homeschooling o educación en el hogar, que en este caso no fue una decisión ligada a la voluntad sino al imperativo de la pandemia.

De esta situación se derivan otras, como la falta de conectividad y la sobrecarga, especialmente de mujeres, en tiempos en los que ellas tienen más trabajo en sus casas –todavía son quienes unilateralmente cubren las exigencias de la familia las 24 horas del día

Según datos del Censo Nacional de Personal Docente de 2014, tres de cada cuatro docentes son mujeres y el 35,5% ejerce en la provincia de Buenos Aires con un porcentaje de alumnos y alumnas del 36,5% (Sice –Secretaría de Innovación y Calidad Educativa-, mayo de 2017).

La educación suele ser de esos temas en los que la gente juzga solo desde un lugar que se podría denominar de “sentido común”. Es decir, haber pasado por un aula en algún momento de la vida o tener familiares en el sistema escolar. Estas dos situaciones parecieran dar pasaporte para opinar, criticar y hasta sentenciar lo que es o no correcto.

Las personas que se encuentran en el primer grupo, haber pasado por un aula en algún momento de sus vidas, parecen desconocer un dato relevante: la escuela actual está muy distante de la de años previos, y no tan lejanos. Si bien no se dieron transformaciones coyunturales, lo que sí cambió es la sociedad, eso que se denomina comunidad educativa, y que incluye a docentes, alumnos y alumnas, personal administrativo, auxiliares, jerarquías y familias.

A quienes están en el segundo grupo, el de tener algún familiar cercano en etapa escolar, la ansiedad actual de las personas adultas está generando en niñas, niños y adolescentes una gran angustia, pues deben vivir el momento con la observación cercana, mucho mayor que antes del tiempo de aislamiento social, en el que, además, tienen que compartir con sus familias todas las jornadas, a veces sin lugar para espacios personales.

Silvia, profesora de escuela de gestión privada de la provincia de Buenos Aires manifiesta que “si bien la institución nos dio absoluta libertad, nos brindó pocas herramientas y la mayoría de niños y niñas tienen escasos conocimientos tecnológicos”. A ese malestar le suma el hecho de recibir respuestas de las familias de los y las estudiantes, que intervienen con sus opiniones sobre las tareas “de mala manera”; tales casos fueron elevados a su directivo quien le manifestó que “hagamos oídos sordos a lo que madres y padres critican”.

Si bien el ministro de educación mencionó en distintas entrevistas en los medios masivos la buena voluntad y el profesionalismo docente, se escucharon críticas desde otros sectores no expertos en el tema, sobre si la cantidad de tarea es mucha, poca, difícil, sencilla y otras valoraciones.

Al ser consultada por Marcha, Laura, docente de primaria en el Mariano Acosta, en su rol de mamá cuenta que su hija adolescente, que concurre a otra escuela, “a veces está colapsada y me pide que la ayude”, a lo que agrega: “En mi escuela hay gente que la pasa muy mal, les cuesta distribuirse los horarios para usar la única computadora que tienen en la casa, yo mando al colegio por correo las actividades, se imprimen y quienes las necesitan las pueden pasar a buscar”. Con respecto a su doble trabajo, manifiesta: “Hay que contener muchos frentes a la vez”.

De acuerdo con lo publicado por la consultora Grow (Género y Trabajo): “Incluso sin una crisis, las responsabilidades de cuidado generalmente recaen en las mujeres. Mientras que el 83% de las mujeres con hijos/as realiza tareas de cuidado, el 13% los varones realizan estas tareas” (ENES, 2015)(7).

Entre los interrogantes al ministro Trotta, está el reiterado pedido de fecha de vuelta a las aulas presenciales, a lo que él repite que se desconoce porque está ligada al desarrollo de la enfermedad ya que niñas, niños y adolescentes, aunque no son quienes mayormente la padecen, sí son las personas con grandes posibilidades de transmitirla a otras en riesgo.

Surgieron dudas además con respecto a los recreos: “¿los van a sacar para recuperar el tiempo en que no hubo clases”?, interrogan al ministro. A lo que el funcionario responde que “el año no se perdió porque tanto docentes como alumnas y alumnos están trabajando desde el día 1”.

De ser implementada semejante política sería pensada solo desde la mirada de la eficiencia (en duda) y no en los seres humanos que se pretende proteger y de quienes, paradójicamente, también se menciona su agotamiento.

Stella, profesora de escuela pública de nivel secundario, se refiere a la gestión de la angustia que genera la situación: Los docentes no estamos capacitados para resolver lo emocional, no solo porque nos faltan herramientas sino porque no percibo que el personal jerárquico esté haciendo un buen trabajo alrededor de esto, siento que la mayor demanda es la contención de las emociones”.

El home office al que se hace referencia actualmente no aplicaría en el caso de la docencia, ya que trabajadores y trabajadoras deben utilizar sus propios recursos (tablets, pc, notebooks, teléfonos) y la conectividad, vía wifi,o por datos del celular, es un cargo que abonan en forma personal.

Silvia afirma: “En mi caso yo prefiero que mis estudiantes no tengan mi número de teléfono, como preservación; el caudal de trabajo aumentó muchísimo, estoy con la vista cansada, y veo peor que antes de que todo esto empezara”.

Grupos de WhatsApp armados en forma compulsiva, mensajes de audio larguísimos, que llegan a toda hora, y que pueden ser no solo de estudiantes sino también del personal directivo o de otras personas de la comunidad educativa –preceptores y preceptoras, equipos de orientación o personal administrativo-, con marchas y contramarchas en los pedidos y consignas; sin fines de semana ni feriados, frente a una población trabajadora que es mayoritariamente femenina y que, a su vez, siente la recarga de las tareas de cuidado.

Lara, alumna de cuarto año de escuela secundaria de gestión privada de la CABA, dice que en su escuela se creó una plataforma, y que siente que es mucha la exigencia, con actividades que superan las habituales. Y agrega: “Hay días que me los tomo como respiro para descansar un poco. Algunos profesores explican temas, otros preguntan cómo viene la cuarentena. Yo no salgo ni a la puerta, me siento bastante estresada. Hay muchos compañeros a los que les cuesta ponerse al día, una profesora que nos dijo: en este momento, hagan lo que puedan”.

Otro tema son las vacaciones, le consultan al ministro si va a haber clases en enero. Él reitera que el presente ciclo escolar no fue un tiempo perdido. Y más allá de sus palabras, cabría imaginarse el contexto de las aulas en verano, en un sistema en el que ni ventilador hay en algunas escuelas y en el que otras carecen de agua.

María Laura, profesora de escuela pública en la provincia de Buenos Aires, declara: “Existen directivos cálidos que piden información en forma amorosa: mandálo como puedas, profe, si se te cortó la luz o estás sin wifi, no importa si está hecho a mano”. Según sus expresiones, otros arrasan a docentes que quedan en medio de reclamos de arriba, de abajo y del costado.

Si bien previo a la pandemia existían en otros niveles educativos cursos virtuales, siempre contemplaron poblaciones adultas y entre los requisitos primaba el de la conectividad. La continuidad pedagógica frente al COVID19 visibilizó la problemática por sectores sociales y edades.

En medio de la contingencia educativa, niños, niñas y adolescentes, sin embargo, aprendieron a desarrollar otras habilidades, capacidades que, más allá de las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación), son también importantes, como la compresión de textos, la interpretación de consignas o el aprendizaje sobre el modo de entregar un trabajo en forma legible.

Diego, profesor de escuela media con gestión estatal de la provincia de Buenos. Aires, afirma: “En medio de una pandemia que afecta a todo el planeta, las escuelas no son una isla, tenemos modificada nuestra actividad, ya no está la interacción cotidiana con compañeros, directivos y alumnos. Trabajar en nuestros hogares a priori parecía más cómodo, pero nos encontramos con problemas de conectividad de un lado y del otro, se ha modificado nuestra rutina, y eso nos provoca angustia. Las ganas de retomar nos generan impotencia y al mismo tiempo sabemos que es necesario el aislamiento, por lo que es una contradicción.

Docentes reclaman que se sienten expuestos, antes sus aulas eran de ellos y ellas con sus alumnos y alumnas, ahora el juego se abrió y participan personas que deberían ser ajenas a ese proceso porque la situación activa de aprendizaje les pertenece a los niños y a las niñas.

En el portal de educación de Fernando Carlos (docente y abogado), seguido por alrededor de 275000 personas, se expresaron profesores que no desean hacer sesiones de zoom u otras aplicaciones de sala de reunión, sienten que es una violación a su intimidad entrar la escuela a su casa, que de algún modo los y las incomoda, o temen hacer videos o audios que después puedan tener otro destino, viralizados en las redes, “mi límite son mis alumnos y las paredes del aula”, expresó una maestra.

Alejandro, maestro de grado en una escuela primaria de gestión pública en la CABA, cuenta que el modo de comunicación es a través de una página, “a veces la situación es tediosa, no estamos preparados para esto y tratamos de reinventarnos día a día”. Reconoce y agradece a editoriales que les envían material para el trabajo virtual. Y subraya: “Procuramos no solo dar tareas, sino estar presentes apoyando a las familias. A partir de esta semana –la número 7- empezamos a recibir capacitación del Gobierno de la Ciudad. Tratamos que los chicos y las chicas no se sientan en soledad, y acompañarlos desde nuestro lugar, que es la docencia”.

En la provincia de Buenos Aires existen casos de cursos con puestos docentes vacantes, dado que el aislamiento obligatorio se decretó a mediados de marzo y que la mayoría de los trámites se realizan en forma presencial, no se llegó a tiempo para cubrir varias de las suplencias, por lo que equipos directivos solicitaron a profesores y profesoras de otros cursos que se ocupen de esos grupos a modo de favor para que el alumnado no quedase sin clase: un trabajo “de onda”, por el que no reciben compensación económica.

Diego agrega que “en algunas escuelas el equipo directivo es realista, se puso a la cabeza de esta nueva metodología y decidió acompañar el proceso de todos los actores, y en otras, descargó todo el peso sobre los docentes. Creo que hay que actuar donde hay sobre exigencias”

“¿Qué voy a hacer si hay que volver a trabajar?” se lee en algunos comentarios en las redes sociales, especialmente de parte de madres que en general tienen la carga de gestionar el cuidado de menores y de personas adultas mayores, en un pedido de respuesta a las instituciones educativas sobre situaciones que exceden la función de las mismas.

Dentro de los países afectados por la pandemia no en todos los casos se generaron soluciones educativas para continuar el proceso de enseñanza, y entre los que lo hicieron, los métodos elegidos fueron diferentes. En Argentina el tema surgió desde el día 1, con una premura con la que el sistema no estaba preparado. La profesora Stella manifiesta: “No hubo una consulta, se trató de resolver todo rápido, entonces ahora veo que estamos disconformes, docentes y estudiantes, faltó preguntar sobre los sentimientos y las necesidades”.

Sillas ergonómicas, almohadilla para el mouse, asignaciones por el desgaste de los elementos propios que se utilizan, están entre los requerimientos contemplados para el tele trabajo (aún sin regular).

Stella subraya que “estábamos muy poco capacitados en aspectos tecnológicos, es urgente una capacitación en servicio, si nos exigen, es nuestro derecho que nos capaciten”. Con respecto a las emociones agrega: “Cuando fui a la escuela a repartir alimentos, un alumno me dijo: “Gracias, profe, por no mandar tareas largas”. Eso es reconfortante, nosotros necesitamos recibir la valoración, no solo de alumnos, también de directivos”.

En cuanto a los sindicatos, en la provincia de Buenos Aires, tanto la Feb (Federación de Educadores Bonaerenses) como el Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), decidieron reclamar ante la DGCyE (Dirección General de Cultura y Educación) “un protocolo para docentes que cumplen con la continuidad pedagógica, desde sus hogares, para establecer horarios concretos de trabajo. La hiperconectividad de los docentes a toda hora del día y la falta de horarios fijos, afecta la propia situación personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, explicó la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini.

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