Por Carla Perelló, desde São Paulo y Mariángeles Guerrero, desde Buenos Aires | Foto: Julianite Calcagno (Archivo Marcha -2022)

El 2026 es un año clave para América Latina y el Caribe y, también, para Brasil: en el ese país, el presidente y exsindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva, planea conquistar su cuarto mandato y, así, intentar darle una estocada a la expresión local de la ultraderecha que encarna la familia Bolsonaro. Sin embargo, esa tarea no parece ser sencilla a cuatro meses de las elecciones. En el orden interno, el bolsonarismo se reorganiza en el Congreso Nacional con el centrão –conjunto sin ideología definida– como principal aliado para presionar al Ejecutivo; y en el exterior se articula con el gobierno de Estados Unidos. Lula sortea obstáculos dentro y fuera del país.

Desde fines de abril la batalla entre el partido de Gobierno y la oposición es incesante y, en ese contexto, los medios de comunicación no se quedaron atrás: declaran la muerte y la sobrevivencia del presidente, así como filtran audios vinculando a hechos de corrupción al precandidato presidencial opositor, Flávio Bolsonaro, que irrumpió en medio de un escenario tenso para todas las partes.

“Creo que podemos leer lo que pasa en el Congreso como un gran desafío que tendremos para enfrentar a la extrema derecha, que se alinea con el centrão que paraliza el Congreso y roba los recursos del Ejecutivo. Tenemos un desafío gigante que es cambiar la cara de la política eligiendo senadores y diputados que tengan compromiso con la democracia y con la justicia”, analizó ante Marcha Noticias la diputada federal por el PSOL, Erika Hilton.

Para poner un poco de contexto: desde fines de abril el Congreso Nacional se convirtió en el escenario de la disputa electoral. Primero, el centrão -que tiene en sus filas a partidos con gran capilaridad territorial en la oposición y, otros, que son parte de la base política del gobierno- se articuló con la extrema derecha bolsonarista para rechazar la postulación de Jorge Messias para ser ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), también rechazaron el veto y dejaron firme la ley de dosimetría para reducir las penas de bolsonaristas condenados por el intento de golpe del 8 de enero, inclusive al propio Jair Bolsonaro –condenado a 27 años de prisión. Luego, el Gobierno obtuvo su revancha con la aprobación en Diputados de una reforma laboral que reduce de seis a cinco días y de 44 a 40 horas máximas de trabajo, pero la discusión ahora en el Senado está en vilo.

Luego de que los medios declararan la muerte política de Lula por el rechazo al ministro que había indicado el STF –algo que algunos medios catalogaron como un “quiebre institucional”, porque no había pasado en 132 años-, el mandatario renació de entre las cenizas con un viaje a Estados Unidos en el que se reunió con Donald Trump y, tras una reunión de tres horas, le sacó una sonrisa para la foto. Los medios no sólo destacaron las maniobras, sino que hasta se sorprendieron de que haya impuesto la agenda: quita de tarifas a los productos brasileños y ampliación del comercio, fin de las guerras en la región y en Irán y reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las banderas del mandatario en la arena internacional.

Afuera quedó, por ejemplo, la agenda de Seguridad Nacional con un Estados Unidos que impone a los presidentes aliados de la región que el combate contra el crimen organizado sea bajo la doctrina de la “guerra contra el terrorismo”, como hicieron hasta ahora Javier Milei, en Argentina; Daniel Noboa, en Ecuador; o Santiago Peña, en Paraguay. Pero no demoró en llegar: Flávio Bolsonaro también viajó a Estados Unidos y logró que el país del norte declarase como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC, dos organizaciones criminales con origen en Brasil, lo que se lee como un primer paso en la interferencia de las elecciones desde el exterior.

Aunque los títulos de la prensa local fueron rimbombantes, desde el progresismo, analistas y periodistas que se mueven en las entrañas del poder en Brasilia no subestimaron esos movimientos. Es que las escenas en el Parlamento trajeron a la memoria el golpe a Dilma Roussef (2016) y la tentativa de romper el orden constitucional del 8 de enero contra Lula, acciones que obtuvieron -sobre todo en el primer hecho- la venia de una élite política y económica -el centrão-, que busca mantener un statu quo que la beneficie. Un margen de maniobra que obtiene por generar amplias articulaciones: así como se articula con la extrema derecha, algunos de los partidos de este grupo como Unión Brasil y Progresistas también son parte de la base del gobierno de Lula.

En esa línea, para Hilton -que confirmó a este medio que será candidata para renovar su banca- “la correlación de fuerzas todavía está muy difícil” de cara al 4 de octubre, cuando serán las elecciones. Según su análisis las trabas se encuentran en que el Gobierno “tiene dificultades para popularizar grandes logros” como la caída del desempleo a marcas históricas (6,1% según datos oficiales en el primer trimestre de 2026). Por eso el desafío será “dar vuelta el tablero, salir a la calle, a las redes, usar todos los espacios posibles para transmitir estas conquistas”, sostuvo.

Del otro lado, a su entender, las debilidades están en las contradicciones que muestran. “Tenemos que poder exponer y explotar esas contradicciones que aparecen”, dijo Hilton. Entre ellas, el hecho de levantar la bandera contra la corrupción y, al final, ser protagonista de unos de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. Es el caso del Banco Máster, en el que se investiga al banquero Daniel Vorcaro en lo que podría ser uno de los mayores fraudes en la historia del país contra el Sistema Financiero Nacional, con sospechas de emisión de títulos de crédito falsos.

La trama fue develada en noviembre y, hasta ahora, son varios los nombres políticos que parecen estar involucrados, pero ninguno como el senador del PL Flávio Bolsonaro, cuya imagen de cara a las presidenciales iba in crescendo hasta que el medio Intercept filtró una serie de audios, mensajes y documentos que muestran la cercanía con Vorcaro -a quien llama de “hermano”-, al pedirle 134 millones de reales para financiar la película “Dark Horse” sobre Bolsonaro padre, condenado a 27 años y tres meses por liderar la organización criminal que intentó el golpe de Estado de 2023.

Además, se sospecha que parte de esos fondos fueron destinados a Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del clan, destituido de su banca de diputados tras haberse autoexiliado a Estados Unidos. Desde entonces, los medios comenzaron a apuntar sobre el “desgaste” de Flávio. Globo, por ejemplo, dio a conocer que un reconocido banco solicitó una encuesta para sondear el impacto y así decidir a quién dará el apoyo.

Aún así, “no podemos subestimar la capacidad con la que el fascismo se reorganiza”, sostuvo Hilton al momento de exponer en el encuentro internacional antifascista “La salida es por la izquierda”, organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo en San Pablo el 16 de mayo pasado. En ese sentido, la diputada afirmó que serán las mujeres el actor clave en estos comicios: “Somos nosotras la resistencia y el cordón sanitario en las comunidades, en las fábricas, en el Parlamento, porque la urgencia y la prisa nuestras es mucha. Estamos atrasadas en muchas luchas para la constitución de nuestra dignidad, de nuestros derechos humanos, políticos y sociales, por eso tenemos este claro compromiso”, dijo.

En el mismo encuentro compartió su balance de situación el ex secretario de relaciones internacionales del PT y actual director de la Fundación Perseu Abramo, Valter Pomar. Durante su exposición en la mesa que compartió con Hilton, aportó una mirada desde el orden internacional: “No vivimos una crisis de la democracia y de las instituciones, sino del modo de producción y reproducción capitalista, por eso tenemos que colocarnos en un escalón radical mucho más alto. Nos contentamos con una plataforma progresista, vamos hasta la página 2 del libro y así no conseguimos ni cambiar el mundo ni derrotar a la extrema derecha”, manifestó.

Eso, dijo ante Marcha Noticias, fue algo de lo que sucedió durante este tercer gobierno de Lula, por lo que avizora un triunfo electoral “ajustado” cuyo desafío estará en buscar los votos en la clase trabajadora, las mujeres, negros y periferias. “Volvimos al gobierno, hubo mejoras, pero no recuperación de todas las pérdidas que la población viene teniendo desde 2015, que no sólo fueron materiales, sino culturales, políticas y simbólicas”, sostuvo. 

El “principal error” dijo, “es que la mediación entre el pueblo y el gobierno -o la izquierda- está en manos de medios de comunicación controlados por la derecha y no hicimos nada para cambiarlo”. El segundo, sostuvo, “fue creer que despacito llegamos lejos: deberíamos haber triplicado la inversión pública para tener un resultado social, económico y político mejor”.

A su entender, “la internacional fascista sabe que las batallas decisivas están siendo en nuestra región, la derecha brasileña también tiene claro eso”, apuntó. Planteó que “la única manera de cambiar el lugar de América Latina en el mundo es cambiando la naturaleza social de nuestros países de la región: acabar con la deuda externa, acabar de verdad con la desigualdad, tener una democracia popular de verdad y no una democracia institucional liberal, un nuevo tipo de desarrollo y una política de integración regional con una manera efectiva de combatir al imperialismo”.

En esa línea, su propuesta es que las izquierdas latinoamericanas y caribeñas deben “disputar el futuro, ser portadores de la esperanza” y no limitarse a ofrecer alternativas para la sobrevivencia cotidiana. “Organizar la rabia y defender la alegría”, insistió, debe ser el motor político.

El desafío de los partidos políticos de izquierda 

En el encuentro de organizaciones en San Pablo Andreas Behn, director de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil. expresó: “Queremos construir mecanismos contra el avance de la extrema derecha. Estamos convencidos de que solamente puede ser combatida a través de propuestas progresistas”.

¿Qué implica hoy una agenda de izquierda? En palabras de Behn, es aquella que se compromete con la justicia social, contra todo tipo de injusticia y discriminación, contra el racismo, el sexismo y en favor de minorías y migrantes. Puntualizó: “Si lo queremos definir, se basa en los derechos humanos, en la dignidad humana”. Por ello, propusieron encontrarse para pensar alternativas. El futuro en un contexto de crisis humanitaria y de guerras en donde “La salida por la izquierda” se volvió más que un simple lema, sino un llamado urgente.

“Sabemos a dónde lleva el fascismo. En Alemania lo sabemos muy bien. También lo vemos en Argentina y Brasil donde Bolsonaro no avanzó mucho, pero sabemos que su agenda es la destrucción de los derechos humanos”, analizó. Agregó que, en el contexto actual, los desafíos son muy grandes porque se observa a una extrema derecha que avanza a través de elecciones, pero con propuestas antidemocráticas, como el uso de fake news y de mentiras en los medios de comunicación. “Esto funciona porque no hay un cuestionamiento y hay mucha gente abierta a esas noticias falsas porque está en una situación muy difícil socialmente. Ya que no hay o es difícil para ellos escuchar respuestas que sirvan, las propuestas que llaman al odio y a la división de la gente, funcionan. Ven en ese discurso algo que los representa porque tienen rabia por la situación social creada por el neoliberalismo”.

En este aspecto, puso la lupa sobre la comunicación política. “Las fuerzas progresistas o interesadas en los derechos humanos tenemos mensajes más complicados porque sabemos que las soluciones no son tan fáciles, ni están claras. Entonces es mucho más difícil comunicar propuestas reales en lugar de proponer mentiras”. En cambio, propuso cambiar el estilo, pasar a mensajes cortos y tener un discurso más adaptado. “Tenemos que ver dónde realmente están los problemas de la gente. Esos problemas muchas veces son mucho más concretos: falta de dinero, impuestos altos, alquileres altos, inflación. Como fuerzas de izquierda tenemos que desarrollar medidas concretas para estas cuestiones”, dijo. Y subrayó la importancia de la escucha.

Además, marcó que, tanto en la jornada de San Pablo como en otra similar realizada en Berlín (en marzo del año pasado), se invitó prioritariamente a los partidos políticos de izquierda. “Eso no quiere decir que pensemos que son los actores más importantes. Fue una decisión pragmática porque vimos que el poder de articulación entre los partidos de izquierda es más bajo que entre los movimientos”, explicó.

Esa apuesta se da en un contexto crítico en términos de representación partidaria. La elección de Javier Milei, con un discurso anti-estado y antipartidos, del propio Bolsonaro; la tibia oposición argentina y el juego político del centrão en Brasil son síntomas de una crisis institucional que no es nueva en la región. Ante eso, ¿cómo pueden los partidos de izquierda estar a la vanguardia en la lucha contra la extrema derecha? Behn consideró que ese contexto crítico es producto de la deslegitimación que la extrema derecha realiza respecto a cómo funciona la democracia y reconoció que “tampoco funciona de la mejor manera o de la manera que quisiéramos, aunque al menos es democrático y no es dictatorial”.

En esa línea, hizo énfasis en la tarea para los partidos de izquierda: “Desarmar ese discurso en contra de los partidos, en contra de la política en general. Y convencer a la gente de que, si va para el lado de la extrema derecha, va a perder los pocos derechos que todavía tienen”.

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Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Fotos: Lizbeth Hernández

Desde Belém, Brasil

Sobre el asfalto ardiente de Belém, al norte de Brasil, miles de personas caminan en defensa de la tierra, del agua, de la vida. En las mismas calles donde los mangos caen de los árboles a cada instante, se alzan las banderas para defender a la naturaleza. Las gargantas se unen en un coro potente. Suenan los tambores y las consignas: “El pueblo unido jamás será vencido” e “Internacionalicemos la lucha”. La Marcha Global por el Clima sale desde el Mercado de São Brás hacia la sede de la COP30, donde las Naciones Unidas, los gobiernos y las grandes empresas definen los acuerdos climáticos multilaterales para el próximo año.

Comunidades indígenas, campesinas y quilombolas: un pueblo despojado pero que ríe, que canta, que propone. Que denuncia el genocidio en Palestina. Un pueblo sin fronteras reunido en el sur del mundo, decidido a hacerse escuchar. En contraste, la Policía Militar del Estado de Pará exhibe una postal gris de patrulleros, vallas y rostros inmutables que son parte del operativo desplegado para evitar que las personas lleguen al Jardín de la Ciudad, donde se realiza la Conferencia de la ONU. Los helicópteros zumban en su vuelo rasante pero el coro no se apaga: cuadra tras cuadra, suenan cánticos en portugués o en español.

La marcha es el corolario de la Cumbre de los Pueblos. Allí, más de 70.000 personas, de Brasil y de todo el mundo, alzaron su voz para decirle a los gobiernos y organismos de la COP que quienes habitan los territorios no pueden permanecer al margen de la discusión. “La solución está aquí, no allá”, dice Jaime Amorím, dirigente de La Vía Campesina. Y está aquí, entre las organizaciones, porque la agenda que nutrió la cumbre y que nutre la marcha proviene de las entrañas de quienes se movilizan. De sus derechos negados, de la discriminación sufrida y de la esperanza construida colectivamente.

Desde el lunes 11 de noviembre se realiza la COP30 en el corazón de la Amazonía. Por su parte, desde el día 12, la Cumbre de los Pueblos reunió a más de 1100 organizaciones socioambientales de diferentes países. 

Durante cuatro días las comunidades y colectivas compartieron sus propuestas, construyeron estrategias y llamaron a respetar los derechos de la naturaleza. Llegaron por tierra, agua y aire para repudiar los intereses corporativos y mostrar que sus experiencias vitales son claves para tomar decisiones sobre la crisis climática. Que no son cifras, sino nombres, historias, comunidades que viven día a día y en carne propia las inundaciones, los ciclones, los calores extremos o las sequías. Y que saben que esos fenómenos responden a un modelo económico.

Frente a las falsas soluciones

“En la COP oficial están reunidos buscando construir la solución con quienes destruyeron, con quienes tienen un único interés que es el lucro. Esos sectores van a seguir destruyendo, ahora con nuevas legislaciones para explotar, como los créditos de carbono y otras falsas soluciones”, sentencia Amorim. Agrega: “Entre ellos está el agronegocio, que siempre destruyó y esclavizó y que es responsable de la crisis climática”.

Proyectos como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) y los mercados de compensación de carbono confirman que la COP está lejos de poner en el centro a la defensa climática y que perpetúa las desigualdades. El TFFF es un mecanismo de financiamiento climático para países con bosques tropicales, que tiene entre sus interesados al Bank of America (un importante inversor en la explotación petrolera en la Amazonía). 

Detrás del maquillaje verde y de las intenciones de “descarbonizar” la economía para evitar el colapso climático, hay nuevos negocios en ciernes, como las energías “limpias” que promueven los monocultivos para el etanol o que buscan minerales como el litio para la electrificación del transporte. Empresas como la agroexportadora Cargill, la minera Vale (responsable de los desastres ambientales de Mariana y Brumadinho, en 2015 y 2019) y Coca Cola forman parte del sector empresario que participa de la COP.

Pueblos indígenas en lucha

“La COP no fue planificada para nosotros. No estamos allá dentro negociando, ellos están negociando con nosotros. Vivimos en la selva, sabemos nuestra realidad”, dice Nalva Borari, cacica del Pueblo Borari. Y reivindica: “Luchamos por un clima para todos, para que los pueblos indígenas tengamos acceso a todo, para que tengamos una selva y un río Tapajós libre de explotación”. 

Según informó Amazon Watch, la semana pasada más de 300 indígenas y aliados de movimientos sociales llevaron a cabo el Octavo Grito Ancestral en el río Tapajós, en el oeste de Pará. Durante la acción pacífica se detuvieron tres convoyes de barcazas de soja y los activistas subieron a las embarcaciones con banderas cuyas consignas eran: “No al Ferrogrão”, “Alimentos sin veneno” y “La agricultura pasa, la destrucción se queda”. El Ferrogrão es un proyecto ferroviario del gobierno brasileño para transportar granos desde el centro-oeste del país hacia Pará para exportarlos.

Durante esta semana, los pueblos indígenas de la Amazonía intentaron ingresar en dos oportunidades a la “Blue Zone”, donde se realizan las reuniones formales de la Conferencia. Pero su acceso fue denegado mediante cordones policiales. Naila Borari explica: “Los líderes tienen que escucharnos, no pueden decidir unilateralmente mientras nosotros no tenemos acceso a esos espacios. Quienes defendemos la Amazonía estamos aquí, en la verdadera COP, que es la Cumbre de los Pueblos”.

Norma Kokama integra el Pueblo Kokama, que comparte territorio amazónico en Brasil, Colombia y Perú. Sus tierras son asediadas por la minería. Kokama marcha junto a sus compañeras y expresa: “Los blancos quieren destruir la naturaleza, pero estamos en lucha para parar esa destrucción”.

Las políticas del gobierno de Lula da Silva como el ferrogrão o la explotación petrolera en la Amazonía son cuestionadas por los comunidades. A pesar de esas tensiones, las ministras de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, y de Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, participaron activamente de la marcha. Guajajara manifestó desde la movilización popular: “La ONU necesita entender, escuchar y comprender las voces que aquí llegaron” y exigió la inclusión de voces indígenas y del sur global en la agenda de la COP30.

Los alimentos no son mercancía

Cerca de las ferias donde se venden peces de mar, mangos, bananas y cocos, pasa la caravana que reclama soberanía alimentaria. “Estamos aquí para denunciar el avance del agronegocio en la Amazonía. Luchamos por las semillas criollas, por las variedades que se están perdiendo debido al avance de los transgénicos. La deforestación, las quemas y los agrotóxicos están expulsando a los campesinos de sus tierras. Pero tenemos una propuesta: la agroecología que produce alimentos saludables y más justos para nuestro pueblo”, asegura Raimundo Ferreira, del Movimiento Camponés Popular (MCP), y del municipio de Tracuateua, al nordeste de Pará.

Consultado sobre si la COP puede traer respuestas para el sector, expresa: “Si depende de los estadistas y de los grandes capitalistas no, porque a ellos solo les interesa el lucro. Si no somos escuchados, jamás nos darán una solución”. 

Por su parte, Amorim indica: “No hay ninguna posibilidad de resolver la crisis climática mientras no se integre en ese proceso al pueblo, a los trabajadores, principalmente a los campesinos y campesinas, porque somos quienes producimos y quienes diariamente lidiamos con estos problemas. Los gobiernos y la COP tienen que escucharnos”.

Una gran bandera blanca con letras rojas, del histórico Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST), sintetiza la propuesta: “No hay justicia climática sin reforma agraria popular”.

Una COP en Belém, pero no para Belém

Uno de los documentos que trabaja en la COP30 es sobre el racismo ambiental. Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, China, Camboya, Sudán del Sur, Marruecos, México, Sudáfrica, Venezuela, Bolivia y Surinam ya lo firmaron. Marca la importancia de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, la equidad intergeneracional y las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad en la acción climática. 

Señala que “muchas comunidades vulnerables soportan una carga desproporcionada de pérdidas y daños relacionados con el clima en su cultura, patrimonio, salud, medios de subsistencia y ecosistemas”. Y que las personas afrodescendientes e indígenas y las comunidades locales son las más expuestas a estas situaciones.

Mayani Salgado vive en la periferia de Belém. Es profesora de geografía, artista y activista socioambiental en la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos. Marcha con un cartel que se expresa contra el racismo ambiental. Desde su experiencia de todos los días, explica: “Es una forma de discriminación por parte del poder público y de las empresas con la población amazónica, las poblaciones tradicionales y, en el contexto urbano, con las poblaciones que viven en las periferias”. 

Asegura que marcha para denunciar esa discriminación y la falta de visibilidad que los barrios populares de Belém tuvieron en el proceso de la COP.

Belém tiene 1.303.403 habitantes, según el censo de 2022. En gran medida viven del mercado informal: venden agua o comida en las calles o trabajan en aplicaciones como Uber. Su principal problema es, para Salgado, la infraestructura, el saneamiento y la falta de acceso al agua potable. También las inundaciones que ocurren cuando llueve mucho. Debido a su clima tropical, las lluvias son frecuentes.

La ciudad está ubicada en el punto donde se encuentran los ríos Guamá y Acará, y está surcada por 14 canales, convertidos en desagües a cielo abierto. Uno de esos canales, en la zona llamada Igarapé, era un río donde hace 30 años las personas navegaban, pescaban y se bañaban. Pero hoy sus aguas están contaminadas. “Cuando se eligió Belém como sede de la COP teníamos la expectativa de que iba a haber alguna obra para los canales, pero no hubo ninguna”, afirma la activista.

“Hubo grandes obras en las áreas centrales, pero en nuestras zonas no hubo ningún tipo de trabajo. La gente que vive en esos barrios no entiende lo que está ocurriendo en la COP porque no fuimos llamados ni convocados a la discusión sobre el clima. Eso es una forma de discriminación, de menosprecio por nuestro color, con el lugar donde vivimos y con nuestra clase social”, asegura.

La marcha llega hasta el corsódromo, a pocas cuadras del Jardín de la Ciudad. La COP sigue su agenda y la Policía frena el avance de las columnas, allí los pueblos amazónicos junto a representantes de comunidades indígenas del mundo, de espaldas al cordón policial, comienzan a danzar en espiral y se abrazan en una certeza: haber alzado su voz ante quienes toman decisiones sin tomar sus experiencias en cuenta.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Soy Waso y Agencia Tierra Viva.

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Por Camila Parodi desde Belem | Fotos: Lizbeth Hernández

La Caravana Mesoamericana llegó a Belém con un mensaje que no suele atravesar las paredes diplomáticas de una COP: la crisis climática no puede discutirse sin escuchar a quienes defienden el territorio en las fronteras más violentadas de la región. Después de un mes de recorrido, desde México hasta la Amazonía brasileña, las organizaciones que integran la caravana entraron a la COP30 con un documento político construido en ruta y una convicción: “No va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”, como resume Dianx Cantarey, integrante de Deuda x Clima de México.

Su trabajo colectivo se articula en torno a lo que llaman los cuatro ejes del colapso, una metodología que permite sintetizar las afectaciones territoriales que comparten las luchas mesoamericanas: “megaproyectos y militarización; migración y desplazamiento forzado; la financierización de la vida y las falsas soluciones; y la crisis global del agua”. Para Dianx, estos ejes funcionan como una forma de ordenar la experiencia común de las comunidades: “Así podemos sistematizar claramente y definir cuáles son las afectaciones que tiene cada territorio”.

La caravana partió formalmente el 12 de octubre —Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular— desde Tapachula, Chiapas, después de una conferencia de prensa en la frontera entre México y Guatemala. Pero su trayectoria comenzó días antes, en el norte de México, con la tribu Yaqui en Sonora. Allí se denunciaron los impactos del acueducto Independencia y las promesas incumplidas del Plan de Justicia Yaqui impulsado por el gobierno mexicano. El camino siguió hacia Michoacán, donde el Consejo Supremo Indígena articuló con la caravana en un territorio marcado —como dijo Dianx— por “la criminalización, persecución y desaparición de defensores desde los años setenta”. Más tarde, en Ciudad de México, un plantón frente a la Suprema Corte logró que defensores ingresaran al edificio para presentar sus demandas ante un ministro.

El formato del recorrido fue estable: en cada país la caravana permaneció dos días, primero en un encuentro privado de articulación política entre las organizaciones que convocaban o recibían la caravana, y luego en una actividad pública definida por cada territorio. “Dependía de la situación política: en algunos lugares fueron protestas frente a ministerios de ambiente; en otros, paneles, conferencias de prensa o actos culturales”, explica Dianx. Pero lo que no variaba era el diagnóstico: un cerco mediático que mantiene fuera de la conversación climática global a las comunidades indígenas y campesinas de Centroamérica. “Nos hemos dado cuenta que en estos espacios climáticos nunca se considera la voz de los defensores en Centroamérica. Está negada la presencia de comunidades indígenas en el territorio”, remarca.

Ese cerco también se expresó en obstáculos concretos. Nicaragua prohibió el paso de la caravana por su territorio. “Nos agregó mucha presión mental y económica. Si esto nos pasó a nosotros, que no íbamos a hacer ninguna movilización en Nicaragua, imagínate lo que viven los defensores ahí”, señala Dianx. La caravana también denunció la persecución política bajo el régimen de Bukele en El Salvador, donde organizaciones que recibieron el paso de la caravana sufren incautación de bienes y hostigamiento sin causas judiciales.

En Costa Rica, la caravana realizó una acción clave: entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el documento que compila las demandas y casos levantados durante el recorrido. “Muchos de estos procesos llevan años abiertos sin seguimiento ni resoluciones positivas. Por eso presionamos para que se vuelvan a revisar”, explica. Ese mismo documento ahora circula en Belém entre relatores de la ONU y otros organismos.

Después del encuentro de caravanas en Santarém, las organizaciones subieron a un barco y navegaron hasta Belém. Llegaron en plena efervescencia de intervenciones artísticas, flotillas amazónicas y pueblos en movimiento que desde el primer día están tensionando la agenda oficial de la COP. Para Dianx, el objetivo es claro: “Romper el cerco mediático y avanzar hacia una articulación regional de pueblos que defienden el territorio”.

La caravana entra a la COP30 con la certeza de que ningún acuerdo climático tendrá legitimidad mientras ignore las luchas que sostienen la vida en Centroamérica. Porque, como repite una y otra vez en su paso por Belém, “no va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”.

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Por Camila Parodi | Fotos: Cobertura Ninja

Desde el lunes, la ciudad amazónica de Belém se convirtió en epicentro del clima global: allí comenzó la 30ª Conferencia de las Partes (COP30), el espacio donde gobiernos, organismos internacionales y grandes corporaciones negocian qué hacer ante el colapso climático. Pero esta vez, la historia no se escribe solo entre oficinas con aire acondicionado.

Desde el primer día, flotillas amazónicas, caravanas indígenas, campesinas y urbanas, cuerpos organizados y territorios en movimiento llegaron para recordarlo: la Amazonía no es un escenario, es un territorio vivo. Y no, esta no es una COP distinta porque la ONU lo diga. Es de los pueblos porque los pueblos ya la están ocupando.

El segundo día de la cumbre lo dejó claro: centenares de indígenas ocuparon la Zona Azul, el área central de las negociaciones oficiales, históricamente reservada a gobiernos, empresas y organismos multilaterales. La acción —convocada por la COP de los Pueblos Indígenas— denunció la exclusión sistemática de estas voces en los acuerdos climáticos y reafirmó una verdad ineludible: no hay futuro posible sin la protección de los territorios y los modos de vida ancestrales.

Zona azul, territorio en disputa

La COP30 comenzó en Belém, en el corazón de la Amazonía, con un contraste imposible de disimular. En el centro de convenciones, los jefes de Estado hablan de paliativos y negocios; en los ríos y caminos, las comunidades indígenas y campesinas llegan con demandas urgentes y con la esperanza de que la defensa climática se imponga.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrió la cumbre con una promesa: “La COP30 será la COP de la verdad”. Llamó a enfrentar las advertencias de la ciencia con determinación y recordó que “si los hombres que hacen la guerra estuvieran en esta COP, verían que es más barato invertir en la agenda climática”. Pero esa apelación a la paz y a la acción se cruza con una contradicción ineludible: días antes del encuentro, el gobierno brasileño autorizó a Petrobras a iniciar exploraciones petroleras cerca de la desembocadura del Amazonas, una decisión cuestionada por organizaciones socioambientales y comunidades locales que ven en ese proyecto una amenaza directa al equilibrio del bioma amazónico.

Belém es el espejo donde se reflejan esas paradojas: un lugar de belleza y desigualdad, de esperanza y agotamiento, donde las palabras de los líderes conviven con la fuerza de las movilizaciones populares. En ese contexto, durante el segundo día de la COP, una acción coordinada de comunidades indígenas irrumpió en la llamada zona azul, el área reservada exclusivamente a los Estados, las agencias internacionales y las grandes ONG. El gesto no es nuevo, pero su potencia se renueva: ocupar ese espacio es hablar con el cuerpo, es poner límite a una política climática que sigue diseñada a espaldas de quienes sostienen la vida.

A la narrativa oficial del diálogo multilateral, los pueblos oponen una verdad incómoda: mientras se negocian bonos de carbono y financiamiento para la “adaptación”, los territorios arden, los ríos mueren, las defensoras son criminalizadas. No hay más tiempo para esperar invitaciones. Por eso, esta COP se abrió con pasos firmes y colectivos, no con discursos.

MST: ocupar para vivir

La ocupación de la COP no es una acción aislada. Es parte de una genealogía de luchas populares en América Latina y el Caribe. En Brasil, esa historia tiene un nombre clave: el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Nacido oficialmente en enero de 1984, en plena transición de la dictadura militar, el MST es heredero de siglos de luchas campesinas contra el latifundio, la concentración de tierras y el despojo. Surgió como respuesta directa al empobrecimiento rural y al aumento de las desigualdades agrarias, con apoyo de organizaciones como la Comisión Pastoral de la Tierra.

Su táctica fue clara desde el inicio: ocupar tierras improductivas, organizarlas colectivamente y demostrar que otro modelo agrario era posible. Su lema, “Ocupar, producir, resistir”, no fue solo una consigna: se convirtió en una pedagogía política y campesina que echó raíces en todo el territorio brasileño. En cada asentamiento, el MST construyó escuelas, bibliotecas, radios comunitarias, cooperativas y una cultura del cuidado colectivo. Desde allí, no solo recuperaron tierra: reconstruyeron el campo desde abajo, con justicia y autonomía.

Y son las mujeres y disidencias del MST quienes empujan las fronteras de esa lucha. Todos los 8 de marzo, sus acciones directas visibilizan la relación entre agronegocio, extractivismo y patriarcado. Denuncian que el mismo modelo que envenena los cuerpos y la tierra es el que sostiene la violencia de género. Desde su praxis, el feminismo campesino propone una alternativa: sin feminismo, no hay agroecología posible.

Hoy el MST es uno de los movimientos sociales más grandes y relevantes del continente. Su lucha por una reforma agraria popular no se limita al acceso a la tierra: también impulsa la producción de alimentos sanos, la agroecología, la organización comunitaria, el rechazo al uso de trabajo esclavo y la construcción de economías solidarias. Es el mayor productor de arroz orgánico de la región y ha conformado asentamientos legales para cientos de miles de familias, además de una red de cooperativas, asociaciones y agroindustrias autogestionadas.

La ciudad también se ocupa: derecho al centro

El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) tradujo esa misma lógica de lucha a las ciudades. Frente a la especulación inmobiliaria y el despojo urbano, las ocupaciones organizadas por el MST y el MTST en territorios urbanos reclaman el derecho a vivir dignamente, a construir comunidad y a poner en discusión a quién le pertenece la ciudad. Sus acciones no son sólo respuestas a la emergencia habitacional, sino propuestas colectivas de otro modelo urbano: uno que priorice la vida por sobre el lucro.

Ambos movimientos —MST y MTST— enseñan que ocupar no es irrumpir sin rumbo. Es construir desde abajo, señalar lo que duele y lo que falta, pero también ensayar alternativas. Es abrir futuro donde el sistema sólo ofrece desalojo o marginalidad. Y ese lenguaje político volvió a hacerse presente en Belém.

La urbanista y ex Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, ha puesto palabras a esa disputa con una idea clave: el “derecho al centro”. No se trata solo de una consigna, sino de una crítica profunda a la lógica de ciudad impuesta por el capital financiero tan visible en Sao Paulo, la ciudad más grande y desigual del continente. La investigadora sostiene que el derecho a habitar la ciudad no puede reducirse a poseer una vivienda en la periferia, sino que implica acceder a todos los bienes urbanos: transporte, salud, cultura, educación, trabajo, afecto y pertenencia. Una ciudad donde el suelo no sea mercancía, sino territorio común.

En Belém, ese derecho también fue ocupado. Las marchas, los encuentros y las asambleas populares que desbordaron la COP mostraron que la ciudad no puede ser privilegio de unos pocos, ni construirse en función del turismo verde o los megaeventos. Habitar dignamente el centro es, también, una forma de resistencia climática.

Flotillas y caravanas: todos los caminos llevan a la COP

Los ríos y caminos que conducen a Belém comenzaron a llenarse semanas antes de que se inaugure la COP30. Desde distintos puntos de la Amazonía, los Andes y Mesoamérica, flotillas y caravanas de pueblos indígenas, comunidades ribereñas, campesinas, quilombolas y movimientos urbanos comenzaron a movilizarse hacia la Cumbre de los Pueblos, en una travesía que es mucho más que geográfica: es política, afectiva y territorial.

En el río Tapajós, el 8º Grito Ancestral dio inicio a esta movilización continental con una acción pacífica en la que más de 300 indígenas interceptaron balsas extractivas para exigir el fin de megaproyectos como Ferrogrão y las hidrovías del Arco Norte, denunciando su impacto sobre los territorios, los ríos y los modos de vida tradicionales. “El río es nuestra casa”, dijeron, marcando una postura ética y existencial que no cabe en los modelos de desarrollo dominantes.

A esa corriente se sumaron flotillas amazónicas como la Yakumama, que navegó desde Ecuador y Perú atravesando kilómetros de ríos con liderazgos indígenas y defensores del agua. Cada parada fue encuentro: las comunidades ribereñas recibieron a las embarcaciones con cantos, frutas, tejidos, ofrendas y abrazos, en una red de solidaridad transfronteriza que fortalece la resistencia.

También partieron caravanas desde el altiplano, el Cerrado, el Chaco y las periferias urbanas, cargadas de historias de sequías, incendios, desplazamientos y criminalización. Pero también de saberes ancestrales, agroecología, cocinas comunitarias, autogobierno, espiritualidad y redes populares de cuidado. Viajan con los cuerpos cansados y el horizonte claro: la transición ecológica real nace en los territorios, no en los salones de negociación.

Entre las múltiples delegaciones, se realizó la llamada Caravana de la Respuesta, una movilización continental que rehace el trayecto del llamado “corredor de la soja” en sentido inverso. Su mensaje es directo: “Los pueblos son la respuesta”. Frente a las falsas soluciones que propone la arquitectura oficial de la COP, como la financiarización de la naturaleza o las tecnologías verdes al servicio del extractivismo, los pueblos movilizados anuncian otras formas de vivir, de producir, de compartir.

En total, se espera que más de cinco mil personas de más de sesenta países lleguen por agua, por tierra y por aire para participar de esta COP desde abajo, protagonizada por quienes cuidan los ríos, los bosques y las periferias del mundo. No vienen a pedir permiso. Llegan con historia, con futuro, con prácticas colectivas que ya están sosteniendo el mundo que vendrá.

Una COP desde abajo

Aunque esta COP se anuncia como “la COP de la adaptación”, la brecha entre el discurso y los hechos sigue creciendo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los países del Sur necesitarán más de 310 mil millones de dólares anuales hasta 2035 para adaptarse a los impactos del cambio climático. Pero esa cifra contrasta con un dato más concreto: los pueblos ya están adaptando y resistiendo sin recursos, sin reconocimiento y sin permiso.

Belém es hoy una ciudad tomada por los cantos, los colores, las banderas, las lenguas diversas. Y también por una certeza compartida: los pueblos ya están adentro. Esta no es una COP “incluyente”; es una COP ocupada. Y eso hace toda la diferencia.

A partir de hoy, comienza en paralelo la Cumbre de los Pueblos rumbo a la COP30, un espacio autónomo que reunirá a más de 15 mil personas de todo el mundo en Belém para debatir propuestas, visiones y estrategias desde una perspectiva popular, feminista, territorial y comunitaria. Será un punto de encuentro entre pueblos tradicionales, movimientos sociales, comunidades urbanas y organizaciones internacionales, todos atravesados por una certeza: la justicia climática no vendrá desde arriba, ni desde las cúpulas, sino desde los territorios que viven, resisten y transforman.

Durante cinco días, se desplegarán foros, encuentros, talleres, asambleas, expresiones artísticas y acciones directas. El 15 de noviembre será una jornada clave: una movilización global para denunciar el modelo extractivista y anunciar las alternativas construidas desde la experiencia de los pueblos.

La Cumbre recoge el legado del Foro Global de la Eco 92, la Cumbre de los Pueblos de Río+20 y los Foros Sociales Mundiales, donde la sociedad civil fue protagonista de debates y propuestas estructurales. Con más de 546 organizaciones firmantes de su Manifiesto, esta edición fortalece una articulación internacional que se proyecta hacia 2025, cuando la COP30 regrese a Belém.

Desde las periferias urbanas hasta las comunidades del Cerrado, desde los pueblos originarios hasta los movimientos de mujeres negras, la Cumbre quiere popularizar y politizar un espacio que históricamente fue elitizado. Belém se convierte así no solo en sede de una cumbre oficial, sino en epicentro de una contracumbre global, donde se discute lo que de verdad importa: la vida, los territorios, los cuerpos, los vínculos. Una Cumbre de los Pueblos que no espera concesiones: ocupa y construye un futuro distinto, desde abajo y entre todas.

*Artículo publicado en el marco de la cobertura de la COP30 junto a Latfem, Tierra Viva y Kaja Negra.

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El 11 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó con pena de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por delitos contra la soberanía popular. Una mirada feminista de esa sentencia y la lucha por memoria, verdad y contra la amnistía para los violentos.

Por Carla Perelló desde Brasil / Foto: La Diaria

Durante las semanas del juicio y con la condena en la mano, feministas, LGBT+, pueblos indígenas y víctimas del desgobierno bolsonarista dieron un marco simbólico e histórico a la sentencia judicial escrita por mayoría en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil el pasado 11 de septiembre. En testimonios para la historia, diputadas y referentas reflexionan sobre la relevancia del juicio y a la vez tejen memorias de la gesta del golpe -los golpes- y rescatan los crímenes por los que el expresidente no fue juzgado de la mano de quienes sostienen el mensaje “prohibido olvidar, prohibido amnistiar”.

“Este juicio es una forma de revisar nuestra propia historia, porque es justamente por el hecho de no haber tenido justicia de transición que hoy muchos se sienten autorizados a elogiar la dictadura y a intentar nuevos golpes de Estado. Es una forma decirnos a nosotros mismos y al mundo que Brasil no naturaliza, no acepta y trabaja contra golpistas”, señaló la diputada federal por el PSOL Samia Bomfim en relación al juicio en el que por primera vez en la historia civiles y militares fueron condenados por atentar contra la soberanía popular.

Se trata, desde su perspectiva, de un mensaje para la actual generación y para las próximas “que van a mirar para el pasado brasileño y comprender cuál es la forma que debemos tratar quien atenta contra las libertades democráticas”.

“Este juicio es una forma de revisar nuestra propia historia. De decirnos a nosotras mismas y al mundo que Brasil no naturaliza a los golpistas”.

Talíria Petrone, diputada federal por el PSOL y quien acompañó presencialmente el juicio en la Sala Primera del STF, se manifestó en consonancia con su compañera de partido y de banca en relación a la relevancia histórica, pero marcó que se trata también del “fin de la tutela militar” sobre la democracia brasileña, un peso que no se quitó desde la dictadura.

“La democracia es el bien más precioso que un pueblo puede tener. Y Brasil tuvo casi cuatro siglos de esclavitud, una abolición inconclusa y una democracia con alguna fragilidad, pero que está de pie. Pero cuando se dan pasos para atrás, como fue en el gobierno Bolsonaro, donde el fascismo ocupó el espacio de poder, sabemos que los primeros cuerpos a ser impactados son de mujeres, de personas negras, de personas LGBT, de los trabajadores de las periferias que son mayoritariamente negros, de las mujeres jefas de familia”, dijo sobre lo que dejó el desgobierno y destacó el lugar de los movimientos sociales organizados en defensa “de la soberanía, el futuro de las niñeces brasileñas” en un país que “aún lucha por fortalecer la memoria, la verdad y la justicia”.

Pasado, presente y futuro de América Latina 

La histórica militante del Partido de los Trabajadores y diputada federal Erika Kokay, a su turno, apuntó contra las posiciones misóginas y homofóbicas del exmandatario “que siempre estuvieron acompañadas por declaraciones que veneraban no sólo a la dictadura militar, sino a sus más crueles torturadores”. Por ello, reforzó la mirada común y retomó las palabras de la ministra Carmen Lúcia al momento de su voto por la condena: “Este juicio nos conecta fuertemente con nuestro pasado y con lo que queremos ser en el futuro. Brasil pagó un precio caro por la impunidad a los golpistas y torturadores del pasado y, de cierta forma, dejó entreabierta la puerta para que las amenazas antidemocráticas volvieran”.

“Condenar a quien tramó contra la democracia, inclusive articulando asesinatos políticos como el del presidente Lula da Silva, el vice Geraldo Alckmin y del juez Alexandre De Moraes es un hecho que debe ser celebrado en América Latina, es un hecho que repercute en la lucha de los pueblos por la democracia y contra la opresión”, señaló.

La corrosión antes de Bolsonaro: Dilma, los feminismos y el golpe “blando”

Durante las semanas del juicio histórico, las fotos de la primera y única presidenta de Brasil Dilma Rousseff se multiplicaron en las redes sociales. En más de un posteo se la ve a ella dando testimonio en épocas de la dictadura tras ser detenida política durante tres años o de traje blanco con una sonrisa en la cara el día que asumió la presidencia, el 1° de enero de 2011. Otras, traen a la memoria la frase que pronunció el 31 de agosto de 2016 cuando fue expulsada del gobierno: “La historia será implacable con los que se creen vencedores”.

Dilma se refería a todos aquellos que habían votado en favor del impeachment, entre ellos, a Jair Bolsonaro, que en su discurso enalteció la figura del torturador coronel del Ejército Carlos Alberto Brilhante Ustra.

“En 2014 vivimos un momento y un dilema histórico que colocó al movimiento feminista en el centro del debate”, rememoró ante Marcha Noticias la coordinadora de la Articulación de Mujeres Brasileñas Elisa María, que eligió marcar los años posteriores a la llegada del bolsonarismo al poder y el lugar que ocuparon los feminismos desde entonces. Eran épocas de la reelección y uno de los principales debates que estaba en la arena pública era la legalización del aborto, que Dilma apoyaba. 

A entender de Elisa, el movimiento se expandía con la garantía de los derechos de las mujeres. Pero, al mismo tiempo, empezaban a salir al sol sectores de la derecha y de la Iglesia y la gesta de lo que en la región se denominó como golpe “blando” tuvo su materialización en la realidad cotidiana sobre el cuerpo de las mujeres y disidencias sexuales brasileñas con índices alarmantes de violencia sexual. “Ya desde ese momento, desde el movimiento feminista, decíamos que lo que se gestaba era un golpe machista, patriarcal, racista. Un golpe de las élites, especialmente por Dilma ser una mujer”, apuntó Elisa, que aseguró, también que lo que vino después con el gobierno de Michelle Temer (el vicepresidente que asumió tras la destitución) “significó corroborar que el golpe no fue sólo contra Dilma, sino contra la democracia brasileña, como ella misma decía, ‘es contra las mujeres, es perder derechos de educación, salud y trabajo’”.

“¿Qué significa entonces esta condena? Puede ser una respuesta a todos los sufrimientos que vivenciamos en los últimos años, por las más de 700 mil muertes por covid, por el empobrecimiento de la población, por haber regresado al mapa del hambre, por la incontable cantidad de violaciones contra la vida de las mujeres y las niñas, pero sobre todo es simbólico para avanzar en la democracia”, sentenció Elisa. Por eso, asegura, “el movimiento feminista estará en la lucha todos los días para que no tenga amnistía”.

“Condenar a quien tramó contra la democracia es un hecho que debe ser celebrado en América Latina y que repercute en la lucha de los pueblos contra la opresión”

Pero el movimiento feminista no estuvo ni está solo. Junto con él caminan quienes pusieron el cuerpo al Ele Nao –que en plena alzada del presidente golpista en 2018 construyeron la mayor manifestación popular de mujeres y disidencias- y alzaron la voz contra el proyecto misógino y golpista. Caminan pueblos indígenas, que denuncian el ataque al ambiente y la promoción del genocidio, víctimas y familiares de las víctimas de la pandemia producto del negacionismo de una administración que se ganó el mote de “desgobierno” por haber desmontado las estructuras del Estado y, en cambio atentar contra el pueblo y, por eso, exigen no perdonar ni amnistiar a los golpistas. 

También, junto a familares, amigues y compañeres de Marielle Franco, la concejala negra, favelada y lesbiana, asesinada en los albores del bolsonarismo cuando ya había empezado a instalar en la sociedad el odio y la violencia.  

“El tiempo es implacable” sentenciaron en un posteo desde el Instituto fundado por la familia de Marielle, que lleva su nombre. “Durante años vimos ese proyecto político desparramar odio, profundizar violencias de género y raza, atacar mujeres negras, comunidades periféricas y defensoras de derechos humanos. Vimos la democracia ser corroída por dentro. La condena no quita el dolor ni devuelve las vidas interrumpidas por ese ciclo de violencia. Pero muestra que la justicia es posible”, escribieron a modo de conmemoración.

Para cerrar, en fin, con una celebración: “Para nosotras, mujeres negras, esta decisión reverbera como respuesta a un tiempo en que intentaron callarnos, alejarnos y dispersarnos. Pero no lo consiguieron. No nos dispersamos. Seguimos resistiendo y ocupando”.

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Foto: Lucas Martins para Midia Ninja

El ex mandatario fue condenado este jueves: “Que esto sirva como un remedio para la democracia”, sostuvo la ministra Carmen Lúcia. Ella fue quien, al cabo de una semana de especulaciones, dio el voto clave para condenar a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión.

El atentado contra la soberanía popular en Brasil no quedó impune. Este jueves el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus aliados considerados parte del “núcleo crucial” fueron condenados con distintas penas que van desde los 19 a los 27 años de prisión luego de que la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) considerara que quedó efectivamente comprobado que existió una organización criminal que -entre julio de 2021 y el 8 de enero de 2023- llevó a cabo un plan “sistemático y progresivo” para atacar al sistema electoral y “minar el libre ejercicio del voto”. Quien tuvo la decisión clave fue nada menos que la única mujer del Tribunal, Carmen Lúcia: “Que esto sirva como un remedio para la democracia”, dijo al cabo del juicio histórico, que sorteó las presiones y las amenazas internas y la abierta injerencia de Estados Unidos.

“Tá na hora do Jair/Tá na hora do Jair/Ja ir embora” la melodía de esa música se hizo popular en 2022, cuando el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones de ese año. Hace un juego de palabras que se refiere a la salida del gobierno de Bolsonaro, que buscó perpetuarse en el poder con un golpe de Estado. Fue esa melodía la que volvieron a cantar miles en las calles de todo Brasil y la que entonó un trompetista en las afueras del STF, en Brasília, el jueves por la tarde minutos después de que se definieran la sentencia y la pena definitiva contra el expresidente y líder de la organización criminal que atentó contra la democracia.

Con él, otras siete personas fueron condenadas: Alexandre Ramagem, actual diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN); Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional; Mauro Cid, teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa; Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro.

Cid y Braga Netto fueron condenados por unanimidad, mientras que el resto por la mayoría de 4 votos contra 1 con la disidencia del juez Luiz Fux. El magistrado le imprimió un halo de dramatismo al proceso judicial con más de 12 extensas horas de lectura y sorprendió hasta a los propios bolsonaristas con su postura por la “nulidad absoluta” al considerar que la acción penal debería haber estado a cargo del pleno del STF, conformada por once jueces. Ese aire de esperanza que le dio a los aliados de Bolsonaro ya quedó sofocado por la contundencia de los argumentos y de las penas dadas por sus colegas: Alexandre de Moraes, relator del caso; Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin.

Las penas que recibieron fueron consecuentes con las responsabilidades y para dejar en claro un mensaje, dijo De Moraes: “Para que la historia no se repita”.

Las palabras resuenan en el continente que en la misma fecha de la condena también se conmemora el golpe de Estado en Chile que dio inicio al primer experimento neoliberal de la región, por lo que vale la pena levantar esta condena como un “nunca más” a la violencia estatal contra los pueblos y que Brasil, hasta el momento, nunca había pronunciado por haber aprobado en 1979 una ley de amnistía que impidió juzgar a los criminales de la dictadura militar-empresarial (1964-1985).

Un Brasil que tampoco juzgó a quienes perpetraron el “golpe blando” contra la expresidenta Dilma Rousseff.

Claves de un juicio histórico para América Latina y el Caribe

La investigación para este proceso comenzó hace dos años a manos de la Policía Federal, que separó a lxs responsables en cinco núcleos de acuerdo con las funciones que cumplieron durante la tentativa del golpe. El “núcleo crucial”, el número uno, fue el que ideó y planificó, según la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR). Con la sentencia de la Corte ahora queda escrito para la historia que las ocho personas que lo conforman fueron los autores intelectuales.

La trama que idearon tuvo como punto cúlmine el 8 de enero de 2023, pero a entender de la Justicia comenzó mucho antes: en julio de 2021 y contó con varios elementos más allá de la invasión a los Tres Poderes del Estado con más de mil personas que se habían apostado durante semanas en las puertas de comandos militares y que, aquel domingo a la tarde no “salieron de paseo después de almorzar y pidieron permiso para entrar a las sedes del poder central” -como dijo Dino-, sino que se levantaron con la intención de exigir su intervención para la perpetuación en el poder de su líder, en contra de la voluntad popular que había elegido a Lula como presidente.

En más de 800 páginas la PGR detalló reuniones, mensajes, documentos, escuchas telefónicas, allanamientos, testimonios y confesiones que dan cuenta cómo un gobierno elegido -como fue el de Bolsonaro en 2018- puede ejecutar un plan para convertirse en dictadura. Algo así como un paso a paso de cómo la democracia puede morir y de cómo un presidente puede perpetrar acciones que debilitan las instituciones democráticas.

¿Cómo lo hizo? Bolsonaro atacó públicamente al sistema electoral brasileño para deslegitimarlo, así como al STF y sus ministros, hizo reuniones con sus ministros y con embajadores en las que difundió información falsa sobre las falencias en las urnas y usó una milicia digital para la difusión de fake news. Se reunió con sus ministros y accionó para que se restringiera la movilidad de las personas el día de las elecciones en el balotaje, tenía un decreto de estado de sitio preparado en caso de perder y, junto con su ministro de Defensa y general del Ejército, instigó a los jefes de todas las Fuerzas Armadas para perpetrar el golpe.

“Preso, muerto o con una victoria”, dijo que saldría de Brasilia -una frase similar pronunció el mandatario argentino, Javier Milei, que dijo que saldría de la Casa Rosada “con los pies para adelante”-.

Pero había más. Bolsonaro y sus aliados idearon el “Plan Puñal Verde-Amarillo” para asesinar a Lula, al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al mismo De Moraes.

En eso se basó el “plan progresivo y sistemático” que buscó “minar el libre ejercicio del voto”. En palabras de la magistrada Lúcia se ejerció la violencia institucional y política y se perpetraron una serie de prácticas “pensadas para la radicalización social y política” -es decir se tensionó para provocar una fuerte polarización- todas ellas necesarias para que el líder de la organización criminal contara con un ferviente apoyo de un sector de la sociedad para perpetuarse en el poder: quienes efectuaron la invasión a los Tres Poderes.

Juzgar más allá de las presiones internas y externas

Los cuatro jueces que conformaron la mayoría para el juicio histórico llevaron a cabo un proceso más allá de los embates y de las amenazas: todxs fueron amenazadxs de muerte y los ataques a las instituciones no cesaron. En esta misma semana, de hecho, hubo un nuevo intento de invasión a los Tres Poderes y, en noviembre pasado, un hombre -que murió- instaló bombas en autos en derredor de la explanada de los ministerios.

Los bolsonristas, en tanto, traman distintas estrategias para buscar la impunidad de los crímenes y miran a las elecciones presidenciales del próximo año. Por un lado, en el Congreso presionan por una ley de amnistía “amplia e irrestricta” para beneficiar a las más de 600 personas ya condenadas por el 8 de enero y, también, al líder criminal. Por otro, el gobernador de San Pablo, Tarcício de Freitas, prometió el indulto con la esperanza de que conquistar seguidores para su campaña presidencial. Ambas opciones fueron descartadas por inconstitucionales según la Corte, aún así, se prevé que insistirán.

El juicio, además, se convirtió en un fuerte acto de soberanía nacional que resiste a las sanciones políticas y económicas impuestas al país y a lxs magistrados con la abierta injerencia del Estados Unidos de Donald Trump.

Ninguno de esos embates antidemocráticos -y hasta con aires colonialistas- consiguió evitar que Brasil escribiera una de las páginas más relevantes de su historia en defensa de la soberanía y de la autonomía del pueblo para que estos actos no se repitan nunca más.

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Por Carla Perelló, desde Brasília  | Foto: Lucas Martins para Midia Ninja

En Brasilia el viento suave que corre entre los enormes edificios no amilana el calor sofocante y seco. Tampoco se lleva con él las presiones que llegan desde Estados Unidos ni las que surgen desde dentro del Congreso Nacional. Nada para el calor, sino todo lo contrario. “Brasil demoró para conquistar la democracia. Tuvimos 20 años de dictadura, no es posible normalizar volver a esos años oscuros de la historia”, sostuvo el ministro relator del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Alexandre de Moraes pronunció esas palabras al dar a conocer el primer voto en favor de la condena en el marco del juicio histórico contra el expresidente Jair Bolsonaro -apuntado como líder- y siete de sus aliados por cinco crímenes contra el estado democrático de derecho. A él, se le sumó el ministro Flávio Dino y sólo faltan tres de cinco para pronunciarse.

Mientras tanto, la rosca está a la orden del día y atraviesa las paredes del legislativo nacional con la abierta injerencia de Estados Unidos, que impuso tasas de más de 50% a los productos brasileños porque el mandatario Donald Trump consideró que su aliado -el expresidente- es víctima de una “cacería de brujas”. Al mismo tiempo, bolsonaristas pujan por una ley de amnistía, mientras que aliados del Gobierno petista le bajan la expectativa.

La acción penal está a cargo de los cinco magistrados de la Sala Primera del STF: De Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin. Este martes ya se conocieron dos votos a favor de los tres que se necesitan para que los ocho acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) sean condenados. Todos señalados por ser considerados parte del “núcleo crucial” de la tentativa del golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuyas penas pueden superar los 40 años de prisión.

Los acusados y la acusación

Alexandre Ramagem, diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN);

Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina;

Anderson Torres, exministro de Justicia;

Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional;

Mauro Cid, teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa;

Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro.

Todos, excepto Ramagem, van a juicio por cinco crímenes acusados por la PGR de: 

• liderar una organización criminal armada
• tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho 
• Golpe de Estado
• Daño calificado por violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión
• Deterioro del patrimonio histórico

En el caso de Ramagem, se suspendió parcialmente la acción penal por considerar que el bolsonarista tiene inmunidad parlamentaria contra los hechos ocurridos después de haber asumido como diputado, que son los delitos de daño y deterioro del patrimonio histórico. El proceso sobre los demás está vigente ya que sucedieron antes de que asumiera.

Votos de De Moraes y Dino y la divergencia de Fux 

El magistrado estrella de la Corte, quien en las calles se ganó el apodo amistoso de Xandão, habló durante más de cinco horas, desde las 9 hasta pasadas las 14. La primera interrupción llegó a los siete minutos de su discurso por parte del juez Fux cuando rechazó los planteos de las defensas respecto a la naturaleza procesal del caso. El tercero en la lista de votación planteó que en su votación ratificará su desacuerdo con ese punto, ya que considera que el juicio debería haberlo llevado adelante el pleno de la Corte conformado por once ministros.

Salvado ese punto, De Moraes estructuró su discurso en torno a las pruebas y a las acusaciones, que mostró y leyó. En cada punto insistió en que hubo una organización criminal, que los acusados usaron las estructuras del Estado para cometer los crímenes y que lo que intentaron fue un golpe de Estado. 

“El líder de la organización con el cargo de líder y jefe de Estado (Bolsonaro) criminal se unió a individuos de extrema confianza para la realización de un golpe de Estado y para perpetrar la ruptura de las instituciones democráticas”, apuntó sobre el plan que, considera, comenzó en julio de 2021 y contó con la escritura de la minuta del golpe, reuniones de Bolsonaro con sus aliados y con embajadores para deslegitimar el sistema de votación, una acción que tuvo su pie en las redes sociales con la difusión de fake news.

“Los acusados practicaron todas las infracciones penales imputadas por la PGR en concurso de agentes en concurso material”, sintetizó al cierre de su veredicto, en tanto que la cantidad de años que pedirá para cada uno de los acusados se sabrá recién el viernes. Sobre Bolsonaro, en tanto, sostuvo que ejerció como líder de la organización criminal. Un plan que tenía entre las posibilidades el asesinato del actual presidente, el vice y el ministro relator Luiz Inácio Lula da Silva, Gerardo Alckmin y De Moraes, en lo que se conoció como “Plan Puñal Verde-Amarillo”.

A De Moraes le siguió Dino, ex ministro de Justicia del gobierno lulista, que se encargó de echar por tierra la posibilidad de una amnistía. “Este tipo de crímenes no son susceptibles de amnistía”, apuntó Dino. 

El ex ministro de Justicia justificó su voto en poco más de una hora, descartó las cuestiones procesales y consideró que “no hay la menor duda de que hay distintos niveles de responsabilidades”. A continuación hizo la separación y se diferenció de De Moraes: Bolsonaro y Braga Netto con “culpabilidad bastante alta”; y Garnier Torres y Cid en el siguiente escalón, con la posibilidad de beneficios al ex capellán por haber aportado pruebas y testimonios.

Sobre Sergio Nogueira, Heleno y Ramagem dijo que tuvieron “una participación de menor importancia”. Sobre Ramagem marcó que salió del gobierno bolsonarista en marzo de 2022; y sobre Heleno que no participó de las reuniones para la planificación del golpe. Mientras que Nogueira participó “hasta cierto punto”. 

En contexto: la investigación y la posición de las defensas 

Tras más de dos años de investigación de la Policía Federal, el pasado 2 de septiembre comenzó el histórico juicio: es la primera vez que un exmandatario y jefes militares son juzgados por un tribunal civil por el intento de golpe de Estado que tuvo como punto cúlmine el 8 de enero de 2023. No sucedió ello con los criminales que estuvieron al frente de la dictadura militar-empresarial, ni contra quienes llevaron adelante el golpe “blando” de 2016 contra la expresidenta Dilma Rousseff.

La acusación 

A Bolsonaro se lo acusa de ser el líder de la organización criminal que articuló reuniones en el Palacio de la Alvorada, editó la minuta y presionó a militares para atentar contra la soberanía popular. Podría decirse que todos ellos están en el banco de los acusados, pero lo cierto es que ninguno de ellos hizo presencia en la Sala Primera del STF, sino que todos siguieron el desarrollo del juicio desde sus casas.

La posición de las defensas 

Durante las sesiones de la semana pasada, las defensas expusieron sus posiciones: todos negaron la participación de sus defendidos en el plan de golpe de Estado que la investigación sugiere que comenzó en 2022, mucho antes de las elecciones con la deslegitimación de las instituciones electorales.

Los que más complicaron la posición del expresidente fueron las defensas de Heleno, que sostuvo que el ex jefe de Seguridad Institucional estaba “alejado” de Bolsonaro. La de Nogueira, en tanto, afirmó que el ex jefe de Defensa intentó que Bolsonaro “desista” de la tentativa golpista.

La presión por una amnistía con la actuación estelar de Estados Unidos

En paralelo al juicio la rosca se mueve para todos lados: al mismo tiempo que comenzó el proceso la semana pasada, bolsonaristas pusieron manos a la obra. Los protagonistas de la obra son los senadores Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente) y Sergio Moro (ex ministro de Justicia). En la Cámara de Diputados se lleva adelante el mismo movimiento con los líderes del Partido Liberal -al que pertenece bolsonaro-. Todos ellos exigen una ley de amnistía, igual que lo manifestaron unos miles de sus seguidores el pasado domingo cuando salieron a las calles paulistas con una enorme bandera de Estados Unidos para ¿festejar? el Día de la Independencia brasileña. 

Son dos las propuestas que circulan, una del PL y otra que propone negociar el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Partido Unión), a la que llaman “light”. La primera, beneficiaría tanto a las más de 620 personas ya juzgadas por los actos golpistas del 8 de enero, como a la cúpula que acompaña a Bolsonaro y al mismo exmandatario. Incluso le devolvería sus derechos políticos retirados por el Supremo Tribunal Electoral hasta 2030 por haber puesto en duda a las instituciones electorales.

Una de las figuras de ese encuentro fue el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien apoya a Bolsonaro. Hasta ahora había procurado no radicalizarse demasiado, pero no aguantó: adoptó una posición totalmente diferente en lo que parece ser su apuesta para las elecciones presidenciales de 2026 para defender una amnistía “amplia e irrestricta” y hasta prometió el indulto para el exmandatario. “Motta (el presidente de la Cámara de Diputados, que parecía estar aliándose a los bolsonaristas) se sintió incómodo, lo que la semana pasada estaba acordado, esta semana, ya no”, sostuvo en off un legislador cercano al gobierno.

El STF, en tanto, ya dejó trascender que la propuesta del PL es inconstitucional, ya que no es posible amnistiar crímenes contra la democracia, mientras que la otra está en veremos.

La presión de Trump

Al mismo tiempo, el Gobierno de Lula lidia con una crisis diplomática sin precedentes tras las amenazas de Trump, que este fin de semana volvió a la carga acusando al ex líder metalúrgico de “radicalizarse” y reconoció que fue por eso que aplicaron tarifas de hasta el 50%. Para responder, el Gobierno actúa en conjunto con bufetes de abogados en Estados Unidos para accionar en cortes locales, junto con empresarios y diplomáticos, así contrarrestar el lobby realizado por otro de los hijos del expresidente, el diputado en licencia Eduardo Bolsonaro.

La idea es, justamente, presionar para conseguir la amnistía de Bolsonaro. Por el momento, los miembros del Poder Judicial prestan testimonio en el juicio histórico en favor de la autonomía y la soberanía de la mayor democracia de América Latina. 

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Por Carla Perelló, desde Rio de Janeiro.

“La bipolaridad nos está matando”, sostuvo en entrevista con Marcha Noticias la académica coordinadora del think tank BRICS Policy Centre, María Elena Rodríguez. En medio de la fuerte crisis geopolítica sistémica que atraviesa el mundo, Fernández analizó el rechazo del gobierno de Argentina a cargo del ultraderechista Javier Milei y su impacto en América Latina. En esa línea, la académica destacó que las propuestas que traen los países que conforman el bloque de los BRICS -que por primera vez se reunió en su versión ampliada durante una semana en Rio de Janeiro para finalizar con la XVII Cumbre de mandatarios- buscan modificar la gobernanza global construida después de la Segunda Guerra Mundial, así generar condiciones de mayor equidad para el crecimiento de los países desde una perspectiva sustentable.

Fernández es profesora de la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro, doctora en Sociología por el IESP-UERJ, es abogada por la Universidad de Antioquia y tiene una larga trayectoria en trabajos en Colombia y Brasil en temas como derechos sociales, humanos, constitucionales, acceso a la justicia y activismo judicial, entre otros.

En esta entrevista con Marcha Noticias, hizo un recorrido sobre los términos en los que se da la disputa global en donde el bloque de los BRICS se coloca como contrapeso del G20 y del G7, en donde se reúnen los países más poderosos del planeta, y como una alternativa a la iniciativa de los Estados Unidos de Donald Trump, que intenta instalar un sistema unilateral hegemónico echando por tierra la arquitectura global construida después de la Segunda Guerra Mundial. 

Los BRICS nacieron en 2009 formalmente y, desde el año pasado, aumentaron en cantidad de miembros permanentes y de socios consolidando un bloque que reúne el 39% del PBI del mundo y la mitad de la población mundial. Los socios permanentes son: Brasil, Rusia, India, China, África do Sul, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emirados Árabes Unidos e Indonesia. Mientras que sus socios son: Bielarusia, Bolivia, Kazajstán, Tailandia, Cuba, Uganda, Malasia, Nigeria y Uzbequistán.

– ¿Cómo definiría al bloque BRICS y cuál es la importancia de la participación de América Latina en este bloque? 

Creo que en las últimas discusiones de BRICS el concepto de Sur Global quedó bien fuerte y más en este contexto internacional que estamos viviendo hoy. O sea, queriéndolo o no, la posición de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump trae de alguna manera el fortalecimiento de los BRICS al amenazarlos con la imposición de tarifas a quienes tengan “políticas antiestadounidenses”. Mismo que no quiera, provocó que los países del Sur Global se sientan más fuertes, con un posicionamiento más cohesionado y más consolidado. En ese sentido, pienso que la participación de América Latina es fundamental, porque nosotros estamos en una posición bien estratégica teniendo a Estados Unidos aquí de ladito al tiempo que vuelven a traer esa idea de recuperar su “patio trasero”, como se ha dicho desde que Trump asumió. Entonces, una posición consolidada, integrada de la región es fundamental para pensar no simplemente en cuestiones geopolíticas, sino también en cuestiones económicas para enfrentar las desigualdades que estamos viviendo o para pensar los modelos de desarrollo. 

Argentina es uno de los países justamente que iba a entrar al bloque, incluso fue una apuesta del mismo Lula, pero el gobierno de Javier Milei decidió desistir del ingreso. ¿Por qué es importante para los BRICS la participación de Argentina y para Argentina estar en los BRICS? 

Bueno, Brasil no quería estar solo. Si vemos todos los continentes, ninguno está solo. (Participar del bloque) daría mucha más fuerza para la posición de América Latina. Brasil ya es un gigante por sí mismo y creo que tiene que tener mucho cuidado de no ser el representante de América Latina, no es la voz de América Latina, porque hay muchas diversidades en la región. Entonces, esa idea de conformar los BRICS con otros socios era un poco eso, mostrar que hay diferentes voces de América Latina más o menos articuladas en un propósito más global. Lamentablemente no pasó. Me parece que es un déficit para Argentina, es una falla para el país porque tiene muchas posibilidades de cooperación y muchas posibilidades de intercambio y BRICS sólo tiende a crecer. Ahí, me atrevo a decir que Milei tiene una lectura equivocada, porque no es un bloque antioccidental. Nadie está contra Estados Unidos. No se quiere ser contrario a Estados Unidos. Los BRICS mostraron una maduración, que está mostrando su posicionamiento, que no es una contraposición a algo, sino que traen un modelo propio para construir. No es un bloque occidental, no es confrontacional. Esas lecturas geopolíticas como la de Milei, con la crisis de las instituciones de después de la Segunda Guerra Mundial, nos colocan a veces en la misma discusión de la Guerra Fría y creo que esa bipolaridad nos está matando. La misma actitud de Trump de amenazar con la imposición del 10% de las tarifas, es decir eso mismo: están allá o están aquí y yo creo que el mundo es más que eso. Esa bipolaridad supuestamente acabó en 1989, pero todavía nos empujan un poco hacia ese lado. El mundo es multipolar y el mundo es multilateral. Esa lectura hace daño y creo que fue la que tuvo Milei, que hizo perder una oportunidad de mayor integración.

Dijo que Brasil no quiere estar solo, da la sensación de que ese escollo fue sorteado con la institucionalización del Consejo Civil y Popular, en donde participaron representantes de países que no están en el bloque, como Colombia (recientemente integrada al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS) y Venezuela (vetada por Brasil el año pasado luego de las elecciones, lo que generó una crisis diplomática entre ambos países). En el Consejo, incluso, hubo un pedido y un reclamo por parte de las organizaciones por Venezuela. 

Eso tiene un contexto político que es importante. También participé del Foro Civil y Popular, que nació en Rusia, no fue una iniciativa de Brasil. Fueron tres organizaciones que obviamente tienen una determinada tendencia ideológica y por eso traen esa reivindicación. Pero me parece importante contar con un espacio así, de hecho, ya era una reivindicación desde 2012 y, en 2014, cuando se hizo aquí el primer BRICS. Fue una discusión enorme y las organizaciones habían hecho propuestas para el Gobierno brasileño. Ese empujón de Rusia fue interesante. De todas maneras, es una participación muy mediada y muy indirecta. Tal vez lo más interesante, es efectivamente que algunos países realmente entren. Aquí están de invitados, está Chile, Colombia, Uruguay, México y sé que Brasil hizo tratativas para que Chile presentara una solicitud para ingresar, Colombia también. En ese momento tal vez las cuestiones políticas internas no estaban mucho para eso, pero creo que es una es una bandera de Brasil que se amplíe y que los países latinoamericanos efectivamente hagan parte. No solamente como socios, como Bolivia y Cuba, sino como miembros permanentes.

Además, en paralelo, se realizaron el Foro Económico y el de las Mujeres, en donde también participaron instituciones y líderes que no necesariamente hacen parte del bloque. Pareciera que hay una intención ahí de que exista participación más allá de los gobiernos.

Y es que una cosa son los gobiernos y, otra, las sociedades, las personas, que también hacen a las instituciones de alguna forma, que presionan y que hacen recomendaciones y que participan. Una de las cosas que discutimos siempre es que los BRICS no son los gobiernos. Lo que necesitamos en los BRICS es articulación, participación y cooperación de todos, de los ciudadanos, de las poblaciones. Detrás de ello, hay mucho trabajo porque nuestra articulación. Por ejemplo, yo coordinó el BRICS Policy Center y ahí el intercambio que tenemos con todos los países es inmenso. Antes no existía algo así con Etiopía, con Egipto, obviamente es más desde el punto de vista académico y de una forma bastante periférica, pero desde el punto de vista de las organizaciones, de los movimientos, de las personas encontrándose, eso es importante. Eso es lo que dá una verdadera integración, no simplemente las decisiones de los presidentes y de los ejecutivos. Eso que nos va a dar de verdad carne en ese proceso de integración.

Se refirió a una posición estratégica de la región respecto a Estados Unidos, pero China también aparece en la disputa y es parte de los BRICS, ¿cómo debemos entender esa participación? 

En ese sentido es que tenemos un desafío enorme con los BRICS porque la centralidad de China es bastante grande. Una de las cosas que siempre estoy diciendo es que no podemos salir de una dependencia para otra. Vos ves los países de BRICS y casi todos dependemos económicamente de China, es el primer socio comercial de casi todos los países. Los chinos dicen que es win-win, pero ese win-win a veces no es tan beneficioso para todos, sino que nos lleva a una reproducción de un modelo que ya vivimos hace mucho tiempo: somos productores de materias primas y China es nuestro socio tecnológico. A eso creo que hay que darle una vueltica. Lo que me llamó la atención de la última declaración de Lula (N de R: la que hizo en la apertura de la sesión de Ambiente, COP30 y salud global) fueron dos cosas: fue muy claro diciendo que no somos más países que vamos a sólo exportar recursos naturales, creo que eso es muy importante. Y, segundo, que la transferencia tecnológica va a ser fundamental. Esa es una agenda, al menos interna de Brasil, muy grande. Hay cuestiones estratégicas como minerales críticos y el litio, que tenemos los países del bloque, que van para China y eso es lo que tenemos que ir cambiando, la reproducción del modelo de la fuerza internacional de trabajo, de los que tienen recursos y los que tienen la tecnología y los que tienen la industria. Creo que es un objetivo fundamental. 

En ese discurso, Lula también se refirió a un nuevo paradigma de desarrollo como respuesta a la crisis sistémica global, ¿es posible ya empezar a visualizar algunas características de esa construcción que se está llevando adelante? 

Ese punto me pareció interesante porque hasta ahora no se había dicho tan claro. Sabemos que tenemos una crisis sistémica, una policrisis o el término que queramos usar, pero llegamos a un punto crítico. Y vuelvo a lo de Trump: quedó en evidencia que efectivamente ese modelo moldeado por ese norte global, que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, no está funcionando y hay que tener cambios radicales. Las normas de ese modelo liberal, como se planteó, ya no dan cuenta. En esa línea, los BRICS fueron muy asertivos desde el comienzo en esa propuesta para la mayor participación en la gobernanza global, de proponer pensar un nuevo multilateralismo. Es imposible que países como India, Indonesia o Brasil no participen de las decisiones globales. Sobre todo, porque esos mecanismos se paralizaron y están paralizando el mundo. Quedamos en suspenso. La Organización Mundial del Comercio no funciona desde 2001, el Consejo de Seguridad es una tragedia y muchas otras organizaciones de Naciones Unidas no funcionan simplemente porque tienen el poder hegemónico de un “soberano” que decide que no está a favor de ellas y quiere cambiar las reglas de juego solito. Entonces, eso está mostrando realmente la crisis y, lo cierto, es que ya no era más tiempo de esperar y de sólo hacer discursos bonitos y una cosa simbólica. Ahora, un nuevo modelo hay que pensarlo, porque insisto: no podemos pasar de una hegemonía para otra, porque no es ese el tránsito que queremos y espero que ellos no lo estén pensando así. Me imagino que no. 

Lo que proponen parece una combinación con lo ya construido, porque plantean recuperar las instituciones que fueron creadas….

Exacto. Es un “vamos a recuperar, que renazca ese multilateralismo con unas nuevas bases”. Pero efectivamente hay que hacer muchos cambios también, porque la asimetría dentro de BRICS es fundamental. Eso hay que verlo. Hay que trabajarlo y no sé hasta qué punto también las hegemonías dentro de los BRICS están dispuestos a esos cambios, pero creo que es un proceso. Ahí creo que hay un acomodamiento, digamos, de lo que entendemos y de lo que puede ser BRICS, porque de alguna manera hay un fortalecimiento de ese grupo. Una cosa que me llamó la atención es que el consenso se dio a pesar de las heterogeneidades. Claro que no coincidimos en puntos muy críticos, pero al menos los puntos fundamentales llegamos a un consenso. 

Otro punto que se puede destacar del último discurso de Lula antes de la conferencia de prensa de cierre es que trajo los derechos humanos y se refirió a los derechos sexuales y reproductivos, esta última una agenda que no suele abordar…

Fue muy interesante y una sorpresa porque trajo una cosa que no es banal, que es derechos sexuales y reproductivos, que es una agenda muy cara para Brasil. Obviamente, tuvo consenso, porque eso fue discutido meses y meses y meses más allá de las interpretaciones que pueda hacer cada país después. Pero traer ese tema de la igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos, me pareció interesante e innovador.

Brasil sigue al frente de la presidencia hasta fin de año, el año que viene pasará a India, ¿qué podemos esperar a partir de lo visto y consensuado en esta Cumbre?

India tiene algunas agendas importantes, en algunas cosas son parecidas con Brasil, como el tema de la desigualdad y de salud. India es una potencia en salud, en vacunas, en genéricos y patentes y eso ha sido muy importante. Entonces, creo que esas agendas van a continuar. Lo que me parece que es un interrogante es geopolíticamente cómo va a ser. India también es equilibrado como Brasil, sólo que va un poco más para el otro lado porque tiene relaciones muy fuertes con Estados Unidos y Francia… hace parte de un grupo que se llama Quad (o Diálogo de Seguridad Cuadrilateral) en el que están Australia, Japón y Estados Unidos que se articulan para contener China en la región. Habrá que ver cómo se va a equilibrar en ese caso, porque la relación con China no es buena y (el primer ministro hindú, Narendra) Modi no es el más democrático que tengamos, pero no sé si esos consensos que salieron ahora pueden ser un norte para esa discusión. Por lo menos son un antecedente.

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El encuentro de países del Sur Global acabó con dos declaraciones que resultaron de la sesión de Ambiente, COP30 y dos intervenciones del presidente brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, en donde reafirmó los compromisos por los derechos humanos, sexuales y no reproductivos.

Por Carla Perelló desde Río de Janeiro

“Los BRICS son una nueva forma de multilateralismo, tenemos la convicción de que no queremos más un mundo tutelado”, sostuvo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en conferencia de prensa del cierre de la XVII Cumbre del bloque de los países del Sur Global. La jornada acabó pasado el mediodía luego de la Sesión de Medio Ambiente, COP30 y Salud Global, que también contó con la apertura del mandatario y acabó con dos declaraciones. El posicionamiento central estuvo del presidente del bloque, apuntó al impulso de la modificación de los mecanismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, que “perdieron credibilidad y autoridad” ante el mundo para actuar y responder a los distintos aspectos de la crisis sistémica internacional.

En la última jornada de la Cumbre, Lula se ocupó de dar varias definiciones sobre los objetivos del bloque, que por primera vez se reunió en su formato ampliado (Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopia, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, además de otros diez socios junto con invitados), en torno a lo que significa la promoción del multilateralismo y de la cooperación. La intención es, “liderar un nuevo paradigma de desarrollo, sin repetir los errores del pasado”, sostuvo el mandatario durante su primera intervención del día, aún rescatando lo que sí funcionó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial con la construcción de organismos multilaterales que respondan a las necesidades de este siglo y a este contexto de crisis sistémica que el mundo enfrenta.

Lula consideró al Consejo de Seguridad como el grupo que “promociona las guerras”, en lugar de establecer negociaciones para que evitarlas -allí obtuvieron un fuerte apoyo de China y Rusia para que India y Brasil tengan mayor protagonismo- como sucede en Ucrania y, también, en la Franja de Gaza. Sobre el FMI, dijo que buscan su reforma en un formato similar al del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, en donde se establezcan nuevas formas de financiamiento, no sólo sustentable con el medio ambiente, sino con la vida de los pueblos y de los países.

Luego de hacer reclamos por el mal funcionamiento del sonido en la sala ubicada en el edificio de Vivo, frente al Museo de Arte Moderna (MAM), de Río de Janeiro, se abrió lugar a las preguntas y Lula aseguró que sólo allí -porque la prensa preguntó- apareció la preocupación sobre la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los países de los BRICS que “adopten medidas antiestadounidenses”, en relación a la propuesta de utilizar otras monedas para el intercambio comercial de los países. “Creo que ni debería comentar, porque no creo que sea responsable y serio que un presidente de un país del tamaño de Estados Unidos esté amenazando al mundo vía redes sociales”, manifestó.

“No queremos un emperador, somos países soberanos. Si él cree que tiene que imponer tasas, los países tenemos también la posibilidad de hacerlo, existe la ley de la reciprocidad”, insistió en consonancia a su histórico posicionamiento desde que comenzó a instalarse este debate a nivel mundial. “Es necesario que las personas lean el significado de la palabra soberanía”, sentenció. 

– ¿Cuál es la importancia de América Latina en el bloque de los BRICS, que sólo tiene a Brasil como representante permanente, después del rechazo de Argentina (N de R: cuando asumió el gobierno de extrema derecha de Javier Milei) para ingresar y de que Venezuela fuera vetado (N de R: el veto se dio por parte de Brasil, luego de las cuestionadas elecciones en el país sudamericano, lo que llevó a una crisis diplomática entre ambos, que incluyó llamados a consultas a sus embajadores)? ¿Cuál es el próximo paso ahora? ¿Hay alguna intención de ampliar la participación de la región, en general, dentro del bloque? Fue la pregunta que Marcha Noticias llevó a la conferencia de prensa en consenso con los periodistas de la región que participaron:

Si pudiese utilizar Raúl Seixas, diría que los BRICS son una “metamorfosis ambulante” -dijo, en referencia a la canción del cantor bahiense pionero del rock brasileño- no es aquella cosa que ya está lista. Los BRICS es un niño en crecimiento. Estamos aprendiendo, no intentando repetir los errores de los otros, estamos intentando hacer algo nuevo. Por lo tanto, estoy muy tranquilo con los BRICS, creo que los BRICS es algo nuevo que surgió en un mundo en que la geopolítica estaba determinada por media docena de países considerados ricos. Si miramos lo absurdo de lo que es el mundo, lo que se ve es un FMI, a pesar de que los BRICS representen la mitad del PBI del mundo, sólo tienen el 18% de representación del FMI. Me acuerdo que cuando se hicieron las Olimpiadas, China tenía un delegado, Suiza tenía cinco, Italia, cinco. Entonces, la verdad desnuda es que los países ricos tomaron las instituciones multilaterales y nosotros nos quedamos en la puerta viviendo de favores. y lo que nosotros queremos un BRICS en donde la decisión sea justa y que todos participen de la decisión y que la decisión sea tomada de la forma más democrática posible. Etoy convencido de que estamos creando la única cosa nueva que surgió en el mundo en los últimos años, que surgió de nosotros, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, y tenemos la suerte de tener países importantes como China, India, Indonesia, Brasil, Sudáfrica y ahí otros van entrando. No tenemos la puerta cerrada, quien quiere entrar, dice que quiere entrar y en el momento evaluamos y hacemos la invitación.

La vida y la dignidad en el centro

La última sesión de los BRICS sobre ambiente y salud global, cerró, al igual que las otras con documentos temáticos. Vale recordar, que todas las sesiones, incluidos el Foro Empresarial, el de Mujeres y el Foro Civil, obtuvieron como resultado documentos negociados por consenso entre todos los miembros permanentes del grupo bajo el lema: Fortaleciendo la Cooperación del Sur Global para una Gobernanza más Inclusiva y Sustentable, en donde trataron: Comercio, Inversión y Finanzas; Cambio Climático; Gobernanza de la Inteligencia Artificial; Arquitectura Multilateral de Paz y Seguridad; y Desarrollo Institucional. 

Aunque la Cumbre acabó y la presidencia de los BRICS en 2026 pasará a India, en lo que queda del año Brasil continuará trabajando para cerrar el año en la Conferencia de las Parte de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), la gran apuesta del gigante sudamericano porque allí serán todos los países del organismo que llegarán hasta la ciudad de Belém do Pará. Por ello, es que, en general, todas las discusiones estuvieron atravesadas por la defensa del medio ambiente y la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento para los países en desarrollo.

En esa línea, la última sesión cerró en un acuerdo para trabajar por la eliminación de las enfermedades socialmente determinadas y, otra, sobre financiamiento climático. En el primer caso, acordaron generar mecanismos para asegurar el acceso equitativo a vacunas, desarrollo de mecanismos de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento, la creación de un mapa de estas enfermedades, buscando eliminar las barreras financieras para el acceso a financiamientos para el desarrollo.

En el segundo punto, además del compromiso de revitalizar el multilateralismo para enfrentar las amenazas que enfrenta el planeta, también reafirmaron la intención de cumplir con el Acuerdo de Paris, acordaron que los países en desarrollo son los que menos colaboraron para el cambio climático y pujar para la reforma de la arquitectura financiera internacional. 

“Necesitamos que todo el mundo tenga conciencia de que la cuestión del ambiente es seria. Y no existe ningún radicalismo, o de ambientalistas, es cosa de quienes creemos en la ciencia”, espetó en la conferencia de prensa de cara a quienes hasta ponen en cuestionamiento la redondez de la tierra.

“No queremos ser simples proveedores de materias primas, necesitamos acceder y desarrollar tecnologías que permitan participar de todas las etapas de las cadenas de valor”, sostuvo Lula en la apertura de la jornada de este lunes, que contó con la participación de delegaciones sudamericanas que no conforman el bloque, como Chile, con el presidente Gabriel Boric; y Bolivia, con Luis Arce. 

Previo a ello, también, apuntó los compromisos asumidos por los países de los BRICS en los últimos años en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Comercio en donde lucharon en conjunto contra las epidemias del VIH/SIDA y la pandemia. Y no sólo eso, destacó también un tema que es delicado para Brasil sobre los compromisos asumidos en las Conferencias de El Cairo y Pekín hace tres décadas, en donde reafirmaron los derechos humanos para mujeres y niñas, inclusive la salud sexual y reproductiva.

En ese contexto, el oponente que se presenta ante esta propuesta que traen los países del Sur Global son las extremas derechas mundiales propagadoras del negacionismo y el unilateralismo que “están corroendo los avances del pasado y saboteando nuestro futuro”, apuntó el líder petista. 

Así, el mandatario brasileño cerró una nueva cumbre a su mando, en donde también se hizo presente la batalla a nivel narrativo desde un bloque que se presume innovador más allá de las propias diferencias que mantienen: “Estamos liderando por el ejemplo. Cooperando y actuando con solidaridad en vez de indiferencia”.

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Por Carla Perelló desde Rio de Janeiro

Algo en el mundo se rompió y las evidencias están al alcance de la mano: la multiplicidad de guerras y el genocidio en la Franja de Gaza transmitido en vivo y en directo, la mano dura de Donald Trump para establecer a Estados Unidos como el hegemón, el desaire a las normas y a los organismos internacionales por parte de los regímenes de la extrema derecha, son algunos ejemplos de ello. En ese escenario, el bloque de los BRICS -conformado por 11 países miembros permanentes y nueve socios- se ponen al frente de la puja para que sea el Sur Global el que coloque la guía para el reordenamiento internacional con cooperación y multilateralismo como ejes clave. Esas propuestas fueron las que se afianzaron en la declaración final de la XVII Cumbre de los BRICS, realizada en Rio de Janeiro, entre el 6 y 7 de julio, bajo el lema Fortaleciendo la Cooperación del Sur Global para una Gobernanza más Inclusiva y Sustentable.

Qué son los BRICS

Comenzó a organizarse en 2006, con reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y, en 2009, se consolidó con el primer encuentro de jefes de Estado: Brasil, India, China y Sudáfrica, son los socios fundadores de esta alianza que el año pasado decidió comenzar a implementar un mecanismo de ampliación en el que se hayan miembros plenos y socios. Por ello, fue la primera vez en la que se reunieron bajo esa modalidad con representación de 21 delegaciones de todo el mundo. En el primer grupo, se encuentran, además de los mencionados, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. En el segundo, Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán.

Todos ellos, a lo largo de todo lo que va de 2025 llevaron adelante más de 100 encuentros en distintos niveles sobre seis ejes: cooperación en salud global; comercio, inversión y finanzas; cambio climático; gobernanza de la inteligencia artificial; arquitectura multilateral de paz y seguridad, para avanzar en las negociaciones de las declaraciones finales, que finalmente se dieron a conocer en estos días.

Las claves del bloque BRICS se sientan en las antípodas de lo planteado por Trump -que castiga y extorsiona económicamente y obliga a los países a negociar de forma bilateral o que se saltea al Consejo de Seguridad para atacar a Irán-, que busca reinstalar un orden unipolar a nivel mundial en donde quien mueva los hilos sólo sea Estados Unidos. También, viene a hacer de contrapeso a los grupos conocidos como del G20 y del G7, en donde se encuentran los países más desarrollados.

Los BRICS en números 

Los números del conjunto de países miembros del bloque es uno de los puntos clave de su potencialidad: 

• Representan el 26% de los intercambios comerciales a nivel internacional
• Según datos del FMI, se consolidan como los más relevantes de la economía mundial dejando atrás al G7
• En 2024, juntaron el 39% del PBI mundial
• Reúnen al 49% de la población mundial
• Contienen el 72% de las reservas mundiales de tierras raras 
• Casi el 44% de la producción de petróleo
• El 36% de gas natural

El Sur Global: herederos del tercer mundo y del movimiento de no alineados

“La idea del Sur Global no es necesariamente una idea geográfica, sino que es una categoría política para reivindicar demandas por justicia redistributiva, la redistribución de los recursos que todavía hoy están concentrados en las grandes potencias. Veo la idea de sur global, como heredera de la idea del tercer mundo, del movimiento de los no alineados”, explicó ante Marcha Noticias la coordinadora general del BRICS Policy Center, Marta Fernández.

De todas maneras, entiende que dentro de esa grupalidad no todos los países son iguales: “Existe el sur dentro del norte, con población migrante y vulnerabilizada; y el norte dentro del sur, que son las élites transnacionales, del agronegocio, el sur y el norte están difusos. No son categorías que uno puede identificar fácilmente en términos geográficos”, sostuvo y aclaró que existen “jerarquías de poder”, pero que la intención es trabajar en pie de igualdad. El ejemplo, lo puso con su propio país y las relación que Brasil tiene con China: en donde el país sudamericano se configura como un país exportador de commodities, de bajo valor agregado, lo que recae en la “reproducción de dinámicas coloniales”. En esa línea, advirtió la necesidad de llamar la atención para esas relaciones de poder al interior del grupo.

“El BRICS está insistiendo en el multilateralismo, el propio Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil) habló mucho sobre ese tema: estamos en los brics, pero después hay que llevarlo para la ONU, los BRICS no sustituyen a la ONU, el G20 tampoco, aunque haya muchas fallas estructurales y desigualdad, la idea es intentar transformarlas”.

Encuentros y definiciones previas a la Cumbre 

Antes del 6 y 7 de julio, los días de reunión de los jefes de Estado, fueron varios los encuentros que se llevaron adelante, además de la reunión de Sherpas, que son las y los representantes de los diferentes países que se encargan de la negociación de las diferentes declaraciones. 

• El Foro Empresarial 
• La Sesión Especial del Consejo Popular 
• El encuentro de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales con el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), liderado por la expresidenta brasileña, Dilma Rousseff
• El Foro Femenino Empresarial

Todos esos espacios también tuvieron como resultado sus propios documentos que llevaron ante los jefes de Estado y las 21 delegaciones diplomáticas negociadas y aprobadas por consenso en todos los ámbitos.

Allí, fue el Consejo Popular uno de los que dio la nota por ser la primera vez que organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos populares de los distintos estados, incluso, de algunos que no conforman el bloque, como Colombia -recientemente incorporado al NDB-  y Venezuela. En su documento de casi cien páginas, trabajaron siete ejes: salud, educación, ecología y crisis ambiental, cultura y arte para la integración, finanzas, seguridad e inteligencia artificial y economía digital, que cerraron entre el viernes y el sábado para presentar ante las diferentes negociaciones.

En tanto, la premisa sobre la que trabajaron es que ante la crisis de sistema, el intento por afianzarse de las extremas derechas y los fascismos, la multipolaridad es la respuesta, así como la articulación más allá de los gobiernos. “Los BRICS son considerados una amenaza por los poderes de Occidente porque no hay intención de hablar de igual a igual”, dijo la representante del Consejo Civil por Rusia, Victoria Panova, durante su intervención en las jornadas del Consejo Popular.

Más allá de los ejes trabajados allí, la fuerza estuvo puesta en una fuerte crítica al Gobierno de Lula por el veto a Venezuela para su ingreso al bloque y en la insistencia para la desdolarización del comercio mundial. La propuesta de ellos, se basa en la creación de una moneda común, lo que a los ojos del coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST), Joao Pedro Stédile, tendría un fuerte impacto en las comunidades de los Estados. En este punto, plantean: ampliar el uso de monedas nacionales, desarrollar un sistema de pagos usando el sistema de blockchain y contratos inteligentes y fortalecer la cooperación en monedas digitales, además de la integración financiera. En este punto, el NDB tendría un protagonismo excepcional porque la idea es que desde allí también se colabore para reducir la dependencia de las instituciones de créditos Occidentales como el FMI y el Banco Mundial, de la mano con mecanismos de inversión sustentable.

En esa línea, se manifestaron los presidentes de los Bancos Centrales y ministros de Finanzas en tres declaraciones que hicieron previas a la Cumbre. Sus ejes fueron: impulso a la cooperación tributaria internacional y la apuesta para una reforma del Fondo Monetario Internacional. El punto está puesto en la consolidación de la soberanía económica de los países, que tengan margen de maniobra de acuerdo a sus contextos, necesidades y prioridades, en el marco de un sistema tributario más transparente, simple, eficiente y balanceado. En el segundo caso, una mayor representatividad en el FMI aparece como clave para reconstruir la legitimidad internacional de las instituciones monetarias.

La declaración final: sin Xi Jinping y sin Putin, ¿la Cumbre está vacía? 

La Cumbre comenzó y se llevó a cabo sin la presencialidad de los representantes de dos de las mayores potencias y líderes: el presidente de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin. En el primer caso, la diplomacia china acusó dificultades en la agenda; mientras que las limitaciones de Putin se encontraron en los pedidos de detención del mandatario por estar acusado de crímenes de guerra en Ucrania por parte del Tribunal Penal Internacional, del que Brasil es parte, por lo que debería ejecutar esa detención en caso de que pisase el suelo carioca. Aún así, estuvieron de manera virtual. Otros de los ausentes fueron los mandatarios de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi; y de Irán, Masoud Pezeshkian.

Más allá de las ausencias, los distintos mecanismos, negociaciones y articulaciones académicas, civiles, de movimientos, más allá de los diplomáticos, rodaron en el suelo de Rio de Janeiro durante toda la semana de la mano de segundas y terceras líneas, que lograron elaborar una extensa declaración final para la jornada de este domingo con 38 páginas y 126 puntos, en donde, desde la trastienda brasileña festejaron por haber conseguido apoyo en aspectos que consideran clave siempre con el ojo puesto también en la 30ª Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), en donde la sustentabilidad rigió como premisa. Ese encuentro también estará al mando de Brasil, en noviembre.

• La declaración sobre Finanzas Climáticas y la articulación del bloque para la eliminación de Enfermedades Socialmente Determinadas. 
• La reforma de la gobernanza global y la articulación para la ampliación de la voz de los países del Sur Global, en donde se destacan: 

• el apoyo de China y Rusia para el mayor protagonismo de Brasil e India en el Consejo de Seguridad de la ONU, 
• el mensaje al sistema multilateral de comercio al condenar la imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, y las medidas discriminatorias con el pretexto de preocupaciones ambientales.
• En el área financiera, reiteramos la necesidad de aumentar las cuotas de los países emergentes y en desarrollo en el FMI y aumentar la participación accionaria del Banco Mundial.
• De cara a la COP30: Brasil, que ostenta la presidencia de la COP, obtuvo el apoyo para el reconocimiento del Fondo de Floresta Tropical para Siempre como un mecanismo innovador para promover la conservación de la floresta tropical. 

Al margen, quedaron los fuertes posicionamientos que Lula trajo a la Cumbre en sus discursos sobre el genocidio en Palestina y el ataque unilateral de Estados Unidos a Irán, lo que deja en evidencia lo que sostuvo Fernández: hay norte en el sur y sur en el norte. Quedará en manos de la presidencia brasileña hacer el esfuerzo para establecer el equilibrio entre los poderes intra BRICS de cara al próximo encuentro y la próxima presidencia: India 2026. 

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