A pocos días de las elecciones, los ecuatorianos deberán elegir entre 16 candidatos al nuevo jefe de Estado que sustituirá al actual presidente Lenin Moreno. Entre los candidatos, sólo hay una mujer, siendo que este grupo constituye el 51% del padrón electoral.

El escenario del país andino es de hartazgo, acentuado por una crisis económica, política y sanitaria debido a la pandemia, pero también por las diferentes políticas neoliberales que marcaron el gobierno de Moreno, que se caracterizó por intensas protestas, las mayores de las últimas décadas. En las manifestaciones callejeras de los últimos años se destacan las movilizaciones indígenas y populares de octubre de 2019, cuando miles de personas salieron a las calles contra el recorte de los subsidios a los combustibles por parte del gobierno, generando un alza de precios en el país.

Según varias encuestas publicadas hasta el 29 de enero, la carrera presidencial gira en torno a dos candidatos, uno de sesgo progresista, que representa a la Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, que es el favorito para ganar los comicios; y el candidato del partido de derecha Creando Oportunidades (CREO) y del Partido Social Cristiano (PSC), Guillermo Lasso.

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Aunque las encuestas favorecen al candidato de la UNES como ganador, también indican que la ventaja puede no ser suficiente para una victoria en la primera ronda. Por tanto, en abril podría celebrarse una segunda votación entre los dos más votados. Según la Constitución de Ecuador, para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, el candidato debe obtener más del 50% de los votos o más del 40% de los votos, con una ventaja del 10% sobre el segundo.

En la evaluación de los analistas, la disputa electoral se centraría en la lucha por la reconfiguración del Estado, retratada a través de dos lógicas totalmente opuestas. Por un lado, la perpetuación de un modelo neoliberal con todas sus aristas y, por otro, la propuesta progresista encarnada en la recomposición de las fuerzas del Estado. Asimismo, lo que está en juego es la proyección internacional de Ecuador en términos geopolíticos.

Brasil de Fato recopiló información para elaborar los perfiles de los dos principales candidatos en esta carrera electoral para ser el próximo presidente de Ecuador. Conozca quiénes son:

Andrés Arauz, la alternativa progresista

El candidato progresista de UNES, Andrés Arauz, lidera la votación en al menos diez sondeos de opinión. Si gana, se convertirá en el presidente más joven de la historia de Ecuador, con 36 años.

Arauz, según los analistas, representa los intereses del ala más progresista del país, el bloque de fuerzas sociales (sectores populares, trabajadores, indígenas, campesinos, movimientos sociales, pequeños y medianos empresarios, entre otros) que se inclinan más por un modelo de economía social coherente con los derechos individuales, laborales, sociales y ambientales, así como por una redistribución más equitativa de la riqueza concentrada en el sector privado.

No obstante, Arauz, a pesar de liderar las encuestas, también carga sobre sus espaldas un legado que se alimenta de las pasiones y odios que despierta el anti correísmo que es apoyado por la derecha y que en los últimos tiempos ha generado, entre otras cosas, un bloqueo y repudio a la postura política que engloba a los seguidores del expresidente Rafael Correa, quien estuvo al frente del país entre 2007 y 2017.

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En este sentido, una de las interrogantes sobre Arauz, que hasta antes de su candidatura no era tan conocido en la opinión pública, aunque ocupó varios cargos durante los diez años de gobierno de Correa, es precisamente su vinculación con el ex presidente y el correísmo, que, de hecho, es quien patrocina su candidatura. Además, Arauz no dudó en afirmar recientemente que el ex presidente sería uno de sus principales asesores en caso de ganar las elecciones.

Correa también habría sido el candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, las acusaciones que se convirtieron en demandas y la orden de detención por el “Caso Soborno” inhabilitaron su candidatura, cambiando la opción por el periodista Carlos Rabascall, que junto a Arauz se autodenominan el “binomio de la esperanza”.

El candidato presidencial ecuatoriano por la alianza Unión por la Esperanza (Unes) Andrés Arauz, saluda a sus simpatizantes durante un acto de campaña en Quito el 26 de enero de 2021/ Rodrigo Buendía/AFP

Arauz, a pesar de su edad, tiene una vasta formación académica y ha dirigido diferentes instituciones de la administración pública del Estado. Es licenciado en economía por la Universidad de Michigan, tiene una maestría en economía con especialización en economía del desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y un doctorado en economía financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con 26 años, el economista se convirtió en director del Banco Central de Ecuador en 2009 y fue ministro de Conocimiento y Talento Humano y ministro de Cultura durante el gobierno de Correa.

Una de las características del candidato de UNES, quizás por su espíritu joven, es su claro sentimiento internacionalista. No ha dudado en apostar por estrechar lazos con líderes y presidentes de la izquierda de la región, como Alberto Fernández en Argentina o Luis Arce y Evo Morales en Bolivia.

El candidato habló abiertamente de su intención de apostar por la integración regional, afirmando su voluntad de reactivar proyectos como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o fortalecer los mecanismos de relación entre los pueblos y los movimientos sociales de América Latina y el Caribe.

Arauz participó en un acto por el regreso del ex presidente Evo Morales a Bolivia en noviembre de 2020/ Twitter @ecuarauz

Actualmente, Arauz es también miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional Progresista, organización fundada por activistas, personalidades y organizaciones de diversas partes del mundo. Entre sus miembros se encuentran el propio Rafael Correa, el lingüista y filósofo Noam Chomsky, el senador demócrata estadounidense Bernie Sanders y la periodista e investigadora canadiense Naomi Klein, entre otros.

Si Arauz gana, ha prometido, entre otras cosas, revertir las políticas neoliberales de Moreno y un bono de 1.000 dólares para los sectores de trabajadores más afectados por la pandemia, además de crear oportunidades de trabajo decente y garantizar una educación superior gratuita, de calidad y universal.

En cuanto a los temas relacionados con las desigualdades y la violencia de género, al igual que la mayoría de los candidatos, Arauz presenta una propuesta poco definida para abordar esta realidad, que sigue siendo un problema pendiente en la agenda estatal. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 64,9% de las mujeres en Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia.

Sin embargo, en lo que respecta a la comunidad LGBTQI+, un reciente sondeo de opinión mostró que el 46,6% de los encuestados votaría por el candidato de Unes.

Lo que está en juego si Arauz gana las elecciones sería también la responsabilidad de demostrar esa “renovación” que supone en relación con el legado del correísmo. Así que uno de sus roles deberá ser buscar la reconfiguración y unificación del discurso construido en torno a la izquierda, que está totalmente fragmentada en el país. Y, también, pensar en la recomposición del movimiento de base a partir del reconocimiento de una izquierda plural pero articulada.

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El banquero Guillermo Lasso

Guillermo Lasso, de 65 años, es un poderoso empresario y propietario de holdings financieros que incluyen el Banco Guayaquil, uno de los más importantes de Ecuador.

Es la tercera vez que intenta ser presidente del país. En 2013, ocupó el segundo lugar después de Rafael Correa – que hoy apoya a Andrés Arauz. En esa ocasión, Correa ganó su segundo mandato con más del 57% de los votos. En 2017, Lasso perdió frente a Lenín Moreno en la segunda vuelta, en aquel momento de la elección Moreno también fue apoyado por Correa, pero luego rompieron vínculos y se convirtió en opositor al ex mandatario.

Desde el punto de vista de algunos analistas, Lasso es el candidato que representa los ideales de quienes desean continuar con el modelo económico neoliberal en el país y, por tanto, cuenta con el apoyo de las élites empresariales y de los sectores más conservadores de la sociedad.

El candidato a la presidencia de Ecuador por Creo, Guillermo Lasso, habla en una rueda de prensa en Quito el 27 de enero de 2021/ Rodrigo Buendía/AFP

El candidato de CREO también es recordado en la memoria ecuatoriana de dos maneras, por su carrera como exitoso banquero que hizo una fortuna millonaria, y por su papel en el dramático episodio de la crisis financiera de 1999, conocido como el Feriado Bancario.

El feriado bancario fue una de las peores crisis en la historia del país andino y afectó directamente la economía de millones de familias y provocó la devaluación del sucre (moneda nacional) y la dolarización de la economía.

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Durante ese periodo, Lasso, que era gobernador de la provincia de Guayas, en la costa de Ecuador, y también vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, se convirtió en ministro de Economía en agosto de 1999, cargo que ocupó durante un mes.

Según la prensa, en esa época Lasso, como miembro del sector bancario, acumuló su fortuna privada, gracias a la especulación del precio en el mercado de valores de los Certificados de Depósitos Reprogramables (CDR), que eran comprobantes entregados a los ecuatorianos tras la congelación de sus cuentas.

El 8 de marzo de 1999, según el decreto del entonces presidente Jamil Mahuad, se congelaron las cuentas de millones de ecuatorianos durante un año para salvaguardar los intereses del sector bancario, que acabó quebrando.

Una medida para la congelación de los depósitos fue la emisión de CDRs a los ciudadanos, donde las personas que necesitaban su dinero pero no podían esperar un año podían canjearlo, pero con una penalización de entre el 40% y el 50% del valor real, es decir, por cada 100 dólares recibían sólo 50 o 60 dólares.

Los banqueros comenzaron a especular con esta tragedia cambiando los mismos CDR por su valor real, lo que significa que los bancos se llevaron los 40 o 50 dólares que no les correspondían. Por si fuera poco, fue el propio Estado el que recompró estos CDR a los bancos por el 100% de su valor, a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Entre 1999 y 2002, Lasso aumentó su capital de 1 millón de dólares a 31 millones (gracias a la especulación de los CDR), según información basada en la Superintendencia de Bancos de Panamá y las filtraciones de los Panama Papers. También estuvo vinculado a 49 empresas en paraísos fiscales (offshores) para evadir impuestos, lo que le permitió sumar su riqueza.

Mientras tanto, las consecuencias del feriado bancario tuvieron un impacto radical en la vida de las familias ecuatorianas y provocaron el mayor éxodo migratorio de la historia del país. Más de 2 millones de ciudadanos se vieron obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades de vida, a países como Estados Unidos y España.

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El feriado bancario fue una de las peores crisis en la historia del país andino que afectó directamente la economía de millones de familias ecuatorianas y provocó un éxodo migratorio/ Diario el Manaba

Más recientemente, según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en medio de una pandemia, el Banco de Guayaquil, de propiedad del candidato presidencial, fue también uno de los bancos que más incrementó sus ganancias en el 2020, creciendo un 26% respecto al 2019.

A estas polémicas actuales y pasadas hay que añadir su posición conservadora en temas sociales, ya que es miembro del Opus Dei, el ala más conservadora del catolicismo.

Lasso se ha opuesto abiertamente a la despenalización del aborto, incluso en casos de violación, y ha sido crítico con la prohibición de las clínicas de “deshomosexualización”, centros que operan en la más absoluta clandestinidad, utilizando tácticas de tortura y que han provocado la alerta de la comunidad LGBTQI+ y de los activistas de derechos humanos.

El candidato de derecha está en segundo lugar en las encuestas y, a diferencia de su última candidatura, esta vez logró llegar a un espectro más amplio de la población. Si ganara las elecciones, es probable que su gobierno se caracterice por la continuación del marcado neoliberalismo que presenta la actual administración de Moreno, y quizás más agresivo, encarnando una política de retroceso en temas sociales e incluso de derechos humanos, según el balance de los analistas.

(*) Publicada originalmente por Brasil de Fato

Edición: Vivian Fernandes

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Los resultados de la primera vuelta fueron divulgados unas horas después de la finalización de la votación, ya que el país cuenta con un sistema electoral 100% electrónico desde las elecciones municipales de 1996.

En seis capitales, los alcaldes fueron definidos en primera vuelta con victorias de la derecha y centroderecha en Belo Horizonte (estado de Minas Gerais), Curitiba (Paraná), Natal (Rio Grande do Norte), Palmas (Tocantins), Florianópolis (Santa Catarina) y Campo Grande (Mato Grosso do Sul). En las demás 19 capitales, habrá una segunda vuelta el próximo 29 de noviembre.

La Constitución brasileña establece que debe haber una segunda vuelta para la elección de alcaldes cuando ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta.

:: ¿Qué está en juego en las elecciones municipales de Brasil este domingo (15)? ::

Análisis

Solo dos capitales del país, Fortaleza, capital de Ceará (región noreste), y Rio de Janeiro, contarán con dos candidatos bolsonaristas en la disputa por la alcaldía en la segunda vuelta: el Capitán Wagner (PROS) en Fortaleza y Marcelo Crivella (Republicanos) en Rio. Por otro lado, en la capital del estado de Río de Janeiro, el candidato a concejal Carlos Bolsonaro (Republicanos), hijo del presidente, obtuvo menos votos que el izquierdista Tarcisio Motta (PSOL) – ambos fueron electos.

En el campo progresista, una de las sorpresas más grandes en las últimas semanas de la contienda fue el ascenso de Guilherme Boulos (PSOL) en São Paulo (SP), la mayor ciudad del país. El líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) avanzó a la segunda vuelta con el 20,3% de los votos y se enfrentará al actual alcalde, Bruno Covas (PSDB).

Para Vitor Marchetti, politólogo y docente de la Universidad Federal del ABC (UFABC), los números pueden señalar un nuevo momento para la izquierda brasileña.

“São Paulo muestra que la izquierda está viva y pasa por un período de reposicionamiento, en el que el PT necesariamente deja de estar en el centro, aunque mantenga su protagonismo debido a su historia”, analiza.

Según él, el reposicionamiento presupone una comprensión más amplia del papel que desempeñan otros sectores. “Las elecciones muestran que hay que pensar en cómo la izquierda puede hacer frente a la centroderecha, que gradualmente reemplaza al bolsonarismo en el escenario electoral, mientras mantiene el poder económico”.

Un ejemplo sería la propia candidatura de Bruno Covas, en São Paulo que “no tendrá una situación electoral tan cómoda en la segunda vuelta como señalaban las encuestas”, en la opinión de Marchetti.

“La izquierda tiene capacidad de movilización y mucha fuerza electoral, pero el momento exigirá características diferentes a las que teníamos hasta el ‘tsunami’ del antipetismo“, concluye el politólogo.

En las cien ciudades más grandes del país, el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) han ganado terreno y tienen posibilidades de ganar en al menos 12.

Recife, en Pernambuco, será la única capital con una segunda vuelta entre dos candidatos progresistas: los primos João Campos (PSB) y Marília Arraes (PT) disputan la alcaldía y el legado familiar y de la izquierda en la región. 

En Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, Manuela D’Ávila (Partido Comunista de Brasil) disputará la alcaldía contra Sebastião Melo (MDB). D’Ávila fue candidata a la vicepresidencia en la coalición con Fernando Haddad (PT) en las elecciones presidenciales de 2018.

Para Katia Marko, periodista de Brasil de Fato en Rio Grande do Sul, el resultado expresa el “fastidio” de los electores hacia el bolsonarismo y la derecha liberal.

“Porto Alegre tiene una historia de construcción política, fue la sede del Foro Social Mundial. Y la población ha demostrado, a través de sus votos, que quiere rescatar lo que vivimos durante ese período y que fue sofocado posteriormente”, analiza.

:: 60% de los municipios de Brasil no tiene mujeres disputando la alcaldía este año ::

Género y raza en la contienda electoral

De los 44 candidatos a la alcaldía que competirán en la segunda vuelta en las capitales, 15 son afrodescendientes y sólo cinco son mujeres. Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), las mujeres constituyen el 52,49% del electorado de la nación.

Los dos candidatos indígenas, Minoru Kinpara (PSDB), en Rio Branco, capital de Acre, y Vinícius Miguel (Ciudadanía), en Porto Velho, capital de Roraima, en la región Norte del país, fueron derrotados en la primera vuelta.

En las elecciones para concejales, Curitiba, capital de Paraná (región sur) hizo historia al elegir a su primera concejala afrodescendiente, Carol Dartora (PT).

(*) Publicada originalmente en Brasil de Fato

Edición: Rodrigo Durão Coelho

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Por Brasil de Fato

Las elecciones municipales, originalmente programadas para octubre se pospusieron debido a la pandemia del coronavirus. El cambio de calendario fue aprobado por el Congreso Nacional en julio de este año.

La crisis sanitaria del covid-19 en el país, lejos de estar bajo control, es uno de los factores que podría llevar a una mayor abstención en las elecciones de este domingo aunque el voto sea obligatorio para todos los brasileños y brasileñas mayores de 18 años. En las elecciones presidenciales de 2018, más del 20% del electorado no acudió a votar.

A continuación se presenta un breve resumen de la disputa electoral, marcada también por la disminución del poder de influencia de Bolsonaro y la fragmentación de la izquierda en algunas de las principales capitales del país.

Fuerzas políticas

En las elecciones municipales de este domingo (15), son tres las grandes fuerzas políticas que se enfrentarán.

El bolsonarismo, compuesto por fuerzas políticas diversas pero vinculadas al apoyo del gobierno de Bolsonaro y alineado con un proyecto político de extrema derecha, pretende establecerse en el escenario político municipal, ya que es una expresión muy reciente en el país, para consolidar una base electoral que abriría paso a la reelección del actual mandatario en 2022.

El campo progresista, formado por fuerzas políticas heterogéneas, se encuentra fragmentado, a pesar de las sucesivas derrotas tras el golpe contra Dilma Rousseff en 2016.

El partido político del ex presidente Lula da Silva busca mantener su posición hegemónica en el campo de las fuerzas progresistas, pero sin presentar candidaturas competitivas en las capitales. De las 9 capitales en las que el campo progresista está disputando la segunda vuelta en este momento, sólo dos estarán encabezadas por el Partido de los Trabajadores (PT).

En algunas capitales, el PSOL (Partido Socialismo y Libertad) busca consolidarse como una alternativa a la hegemonía del PT. En Belém, capital del estado de Pará, Edmilson Rodrigues, representante de la sigla, lidera las encuestas de intención de voto, con el 38%.

En São Paulo, Guilherme Boulos, el candidato por este partido de izquierda, está técnicamente empatado en segundo lugar con el candidato apoyado por Bolsonaro, Celso Russomano, con un 13 y un 12 por ciento de intención de voto, respectivamente. El actual alcalde, Bruno Covas (Partido de la Socialdemocracia Brasileña – PSDB), lidera la carrera con el 32% de los votos, según la encuesta de IBOPE divulgada el pasado lunes (09).

En Recife, capital de Pernambuco, en el noreste de Brasil, el progresismo llega a las urnas fragmentado en dos coaliciones. Los candidatos y primos João Campos (PSB) y Marília Arraes (PT) disputan la alcaldía y el legado familiar y de la izquierda en la región.

En Porto Alegre, capital del Estado de Rio Grande do Sul, hay una posibilidad real de victoria para el campo progresista, con Manuela D’Ávila (Partido Comunista de Brasil – PCdoB) liderando las encuestas. D’Ávila fue candidata a la vicepresidencia en la coalición con Fernando Haddad (PT) en las elecciones presidenciales de 2018.

A su vez, la derecha tradicional, que reúne a las fuerzas políticas que pretenden ser una tercera vía entre las fuerzas anteriores, busca reposicionarse en la política brasileña después de la profunda derrota que sufrió en 2018, cuando fue reemplazada por el bolsonarismo. Estas fuerzas pretenden conformar un polo político que se presente como una alternativa para la contienda presidencial de 2022.

Influencia de Bolsonaro

Protagonista y principal impulsor de la extrema derecha en Brasil durante las elecciones de 2018, el presidente Jair Bolsonaro ve su influencia disminuir drásticamente en las elecciones municipales de este año.

El mandatario, sin partido político desde su salida del PSL en noviembre de 2019, tuvo poca influencia en la construcción de alianzas en los municipios brasileños.

En las principales capitales del país, los candidatos apoyados por Bolsonaro, más o menos explícitamente, oscilan en las encuestas electorales. Entre los candidatos seguidores de Bolsonaro está Celso Russomanno (partido Republicanos), candidato a alcalde de São Paulo.

Sin embargo, es posible que la influencia del Bolsonaro lleve a un aumento de la extrema derecha en los concejos. El bolsonarismo tiende a articular un ejército de concejales, reverberando la ideología neofascista en los lugares más remotos del país, según el análisis de Lucio Centeno, de la Consulta Popular.

Números de las elecciones municipales

Los hombres representan más de dos tercios de las candidaturas a las alcaldías y concejos del país (66,90% de los hombres y 33,10% de las mujeres), según el estudio Panorama de las elecciones municipales – Mapa de las candidaturas 2020.

Aunque las mujeres sean más del 52% del electorado en Brasil, de las 317 candidaturas a las alcaldías de 26 capitales de estados brasileños en 2020, apenas 59, o 23%, serán lideradas por ellas.

El escenario no es muy diferente en relación con el número de candidatos afrodescendientes, aunque más del 56% de su población se declare afrodescendiente. Un levantamiento hecho por Brasil de Fato señala que entre los postulantes a las alcaldías, 208 son blancos (65,61%), 107 negros (33,75%) y 2 indígenas (0,6%).

Número de candidatas en las elecciones municipales / Ilustración: Fernando Bertolo

Apenas 20 mujeres afrodescendientes disputarán las alcaldías de las 26 capitales brasileñas en 2020. Con relación al número total de candidatos (317) son 6,3%. Comparado con el número de candidaturas de afrodescendientes (107), ellas representan apenas 18,6%.

Para la escritora y periodista Bianca Santana, las cifras son “terribles” y evidencian “la posición que las mujeres afrodescendientes ocupan dentro de los partidos”.

“Es una reafirmación del racismo y del sexismo de esa política institucional blanca y heteropatriarcal que tengamos poco más de 6% de mujeres afrodescendientes candidatas a alcaldesas de las capitales, cuando somos cerca de 25% de la población”, afirma.

Pandemia

En la primera ronda de las elecciones municipales, que se celebrará este domingo (15), el uso de mascarilla será obligatorio. El horario será extendido, de 7h a 17h (hora local) para distribuir el flujo y evitar aglomeraciones. En las colas debe haber al menos un metro de distancia entre las personas.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) también determinó que el horario de 7 a 10 de la mañana será preferencial para las personas mayores de 60 años, uno de los grupos de riesgo de la covid-19.

La Constitución brasileña establece que debe haber una segunda vuelta para la elección de alcaldes cuando ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta. La segunda vuelta está prevista para el 29 de noviembre.

Los resultados de la primera vuelta se darán a conocer unas horas después de la finalización de la votación, ya que el país cuenta con un sistema electoral 100% electrónico desde las elecciones municipales de 1996.

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Por Vijay Prashad | Traducción: Pilar Troya (*)

Jhuliana Rodrigues trabaja como técnica de enfermería en el Hospital São Vicente en Jundiaí, Brasil. “Es muy difícil”, dice ella de su trabajo en estos días. Brasil acaba de superar las 100.000 muertes de COVID-19, con 3 millones de brasileños infectados con el virus. “Nos encontramos con colegas y sentimos una energía pesada, mucha presión, un bloqueo”, dice Rodrigues. Es la vicepresidenta de Sinsaúde Campinas, un sindicato de trabajadores de la salud.   

“Trabajamos con miedo de los demás”, dice Rodrigues, por lo que su sindicato forma parte de una demanda presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) el 27 de julio. Sesenta y cinco sindicatos y organizaciones, que representan a millones de brasileños, incluidos los afrobrasileños y las comunidades indígenas, decidieron que la actitud insensible de su presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia mundial no podía ser manejada dentro del país. Las anteriores denuncias presentadas en el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo han encallado; el fiscal general del Brasil, Augusto Aras, no ha dado curso a ninguna de estas graves denuncias. Por eso los sindicatos han acudido a la Corte Penal Internacional para acusar a Bolsonaro de crímenes contra la humanidad.

El principal periódico de Brasil -Folha de S. Paulo- escribe sobre el caos en el país: “la principal razón de la tragedia es Jair Bolsonaro.” Los sindicatos lo quieren en el banquillo.

Trabajadores/as de la salud, afrobrasileños/as e indígenas

Bolsonaro, dice la demanda, mostró una “actitud de desprecio, negligencia y negación” hacia el coronavirus; esta actitud “ha traído consecuencias desastrosas”. La falta de respeto que Bolsonaro mostró hacia la ciencia y hacia los consejos de la Organización Mundial de la Salud llevó a la destitución de dos ministros de salud (Luiz Henrique Mandetta el 16 de abril; Nelson Teich el 15 de mayo). Bolsonaro trajo al General Eduardo Pazuello, sin formación médica, para ser el ministro de salud interino; el Ministerio de Salud está ahora lleno de funcionarios con formación militar en lugar de médica.

El Sistema Único de Salud de Brasil (SUS) ha sido subfinanciado en los últimos cinco años. Como consecuencia de ello, y de la expulsión por parte de Bolsonaro de los médicos cubanos que habían venido a ayudar al Brasil, hay una grave crisis, dijo Hugo Bethsaida Leme, que trabaja con la Unidad Básica de Salud de Londrina en Paraná (Brasil) y forma parte de la Red Nacional de Médicas y Médicos Populares. “Muchas comunidades no tienen acceso al Programa Más Médicos para Brasil, lo que genera una sobrecarga en las unidades de urgencia y emergencia con casos que podrían haber sido atendidos en las Unidades Básicas de Salud (UBS)”.

Bolsonaro no sólo no ha elaborado un plan sensato para hacer frente a la infección, sino que ha echado por tierra cualquier intento del Congreso Nacional de construir una agenda. En dos ocasiones el Congreso envió al presidente leyes: una para hacer obligatorio el uso de mascarillas (Ley nº 14.019, 2 de julio de 2020) y otra para tomar disposiciones especiales para romper la cadena de infección en los territorios indígenas y entre los afrobrasileños en los quilombos (Ley nº 14.021, 7 de julio de 2020); Bolsonaro vetó ambas leyes. “Los vetos impiden el acceso a un tratamiento de salud digno, en este momento de pandemia, impiden el acceso al agua potable, el acceso a la ayuda de emergencia, a las canastas básicas de alimentos”, escriben los sindicatos en su demanda.

El gobierno ha gastado sólo una fracción del dinero asignado a la lucha contra la enfermedad: mira la crisis a los ojos y se ríe.

José Marques, uno de los abogados que ayudó en la demanda, me señaló que la política del gobierno discrimina particularmente a los trabajadores de la salud, a la población afrobrasileña de los quilombos y a las comunidades indígenas. Las tasas de infección y mortalidad de estos tres grupos son superiores a la media brasileña, y la tasa de mortalidad de los indígenas es el doble que la de los demás brasileños. Una de las leyes que Bolsonaro vetó, me dice Marques, habría requerido que el Estado brasileño proporcionara agua potable a las zonas indígenas; “sin agua”, dijo, “¿cómo puede la gente mantenerse libre de la infección? ¿Cómo pueden lavarse las manos?”

Falta de respeto

A principios de junio, el jefe Raoni Metuktire del pueblo Kayapó dijo: “El presidente Bolsonaro quiere aprovecharse del virus; está diciendo que el indio tiene que morir”. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de los Estados Americanos instaron al gobierno brasileño a que protegiera a los indios yanomami y a los indios Iecuan de los estragos del virus.

Marcio Monzane, el secretario regional de UNI Américas, me contó el terrible trato que reciben las comunidades indígenas. El Supremo Tribunal Federal (STF) le dijo al gobierno que creara una comisión para discutir la situación del virus en los territorios indígenas. En la reunión, dijo Monzane, los representantes de las comunidades indígenas fueron “maltratados por el gobierno”. No se ha publicado ninguna grabación de la reunión, lo que habría ilustrado gráficamente la falta de respeto y el comportamiento arrogante de los funcionarios del gobierno. Debido a estos informes, el Supremo Tribunal Federal ha pedido al gobierno que celebre otra reunión.

Después de que Bolsonaro vetara el proyecto de ley para asegurar el agua potable en las zonas indígenas, el vicepresidente de Bolsonaro y ex general, Hamilton Mourão, dijo que no tienen necesidad de agua potable ya que “se les suministra agua de los ríos que están en su región”. Este es el nivel de insensibilidad del gobierno de Bolsonaro.

La Haya no Brasilia

El magistrado del STF Gilmar Mendes acusó al gobierno de Bolsonaro de genocidio. Esta es una acusación seria. La Constitución de 1988, Mendes escribió el 21 de mayo, “no autoriza al presidente… a implementar una política genocida en el manejo de la atención médica”. Luego, el 11 de julio, Mendes criticó el número de militares en el Ministerio de Salud. Dijo que el ejército, “se está asociando con el genocidio”.

Varios abogados y legisladores enviaron quejas al Fiscal General Augusto Aras, pero éste se negó a abrir una investigación. “La denuncia permanecerá en su escritorio hasta el final del período del Bolsonaro”, me dijo Monzane. Lo que Aras ha hecho es perfectamente legal, pero va en contra del espíritu general de la fraternidad legal, me informó Marques.

“No hay espacio en Brasil para presentar un caso contra las políticas de Bolsonaro”, me dijo Monzane. Marques está de acuerdo: “Está claro para nosotros que no es posible que estas acciones sean procesadas dentro del país.” Por lo tanto, los sindicatos han llevado su queja a la Corte Penal Internacional en La Haya. Cuando pregunté a la CPI si van a seguir con este caso, dijeron sólo que han recibido la queja.

En el abismo

La demanda dice que el desprecio de Bolsonaro por el peligro de la pandemia ha puesto “al pueblo brasileño al borde del abismo”.

Jhuliana Rodrigues ha pasado los últimos cuatro meses sin ver a su hija de 11 años. Como enfermera con escasos recursos del gobierno para disponer de suficiente equipo de protección personal, Jhuliana no quiere poner en peligro a su hija. Sabe que Bolsonaro ha defraudado a los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de la lucha contra la epidemia. Pero su deber es su deber.

“Si no sigo trabajando ahora”, me dijo Jhuliana, “¿qué haría? Los profesionales de la salud son elegidos y hacen su trabajo con amor, dedicación, cuidado de los seres humanos. Así como ya vivimos con bacterias súper resistentes, la covid-19 estará con nosotros por mucho tiempo.” Los trabajadores de la salud, como Jhuliana, deben estar en su trabajo. No reciben apoyo de su gobierno, por lo que se han dirigido a la Corte Penal Internacional. Esperan que alguien los escuche.

*Originalmente publicado en https://www.brasildefato.com.br/

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Por Mario de los Santos*

Los presos del complejo carcelario “La Picota”, en Bogotá, han participado en diferentes acciones de protesta ante el riesgo de llegada del coronavirus: cacerolazos, huelgas de hambre, mensajes a la opinión pública…. Sus reivindicaciones han sido recogidas en un comunicado de cinco puntos, pero se reducen a una: ser tratados como cualquier otra persona en los tiempos del Covid 19. Piden material de protección, geles, desinfección, cuidados, atención médica, pero también una administración sensible frente a sus dificultades y temores y que, en estos momentos de crisis, acuda al diálogo para alcanzar soluciones. No olvidan que, el pasado 21 de marzo, durante las protestas en más de 24 centros carcelarios del país, que pretendían visibilizar estas mismas necesidades, fueron asesinadas 23 personas privadas de libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá y 83 fueron heridas, después de que la guardia abriera fuego aduciendo un intento de fuga.

Entre los reclusos se encuentran José Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño. La historia de ambos comienza mucho antes, en Saravena, departamento de Arauca, frontera con Venezuela, en octubre del año pasado. Para entenderlos, quizás haya que remontarse muchas décadas atrás, a la época en que las tierras donde viven, una zona llamada los Llanos del Sarare, incrustada en los parajes inmensos de los hombros de Latinoamérica, eran domadas por colonos de poncho y sombrero ante el abandono absoluto del estado colombiano.

Tan solo asumiendo esta revisión histórica podemos identificar un territorio creado a sí mismo, en la frontera lejana de dos estados, Colombia y Venezuela, incapaces de atender sus necesidades por la escasa logística e interés. Un territorio al que terminaron por acudir muchas personas perseguidas por la política de Bogotá en busca de una oportunidad, pero también la oposición política y armada: primero, las guerrillas liberales en los cincuenta, después las insurgencias tanto de las FARC como del ELN. El Sarare se construyó por el esfuerzo comunal de sus habitantes. Las escuelas, los hospitales, las vías de comunicación, las empresas comunitarias de gestión de aguas y residuos, todo ello fue levantado por sus habitantes y cuando el Estado colombiano hizo presencia, pasados los años, en los setenta, debido al descubrimiento de reservas de petróleo, eligió la estrategia del miedo, y militarizó la zona para realizar la extracción del crudo, con mínimas inversiones sociales, acusando a todo y a todos de guerrilleros. En lugar de negociar con quienes habían levantado la vida, de curar viejas rencillas geográficas y políticas, decidió ocupar militarmente la zona y dejar su desarrollo socio-económico a las empresas petroleras.

Jorge Niño: Por ser líder social de la vereda Las Bancas, en Arauquita, sufro la persecución del estado y, estoy más que seguro, de las empresas petroleras. Hemos tenido unos inconvenientes con la empresa estatal petrolera Ecopetrol y con una de sus subsidiarias, la empresa Cenit, a la que cedieron el contrato de explotación. Esto se hizo para rebajar salarios a los trabajadores y dejar de pagar las regalías que Ecopetrol había firmado con las comunidades por donde pasan lo oleoductos, están los campos de extracción… Según el estado colombiano, la empresa Ecopetrol tiene que mitigar el daño social y ecológico que hace con su actividad en las comunidades, tiene que dejar unas escuelas, unos hospitales, vías, pero nada de eso se ha visto. Usted no verá un escuelita con una placa de Ecopetrol, y las vías son las peores que pueda imaginar. El petróleo de Arauca no deja un cambio para bien en nuestro departamento. Estamos en un total abandono.

Por eso hemos protestado, pero la única respuesta a nuestras demandas de esos derechos ha sido el incremento de la presión de la fuerza pública, que ya había militarizado toda la línea del oleoducto Caño Limón-Cobeñas. Hemos tenido militares buenos, regulares y malos. Muchos casos de asesinatos de compañeros campesinos. Y no lo entendemos, porque los militares llegan a nuestras casas y les damos agua, comida, sombra, pero ellos nos tratan a patadas, nos tildan de guerrilleros, y no entendemos porque los militares conviven con nosotros las veinticuatro horas y saben qué hacemos, por dónde andamos… Con las empresas petroleras llegó realmente violencia.

Esa herencia histórica recibió el Sarare, el actual departamento de Arauca. José Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño no fueron ajenos a una dialéctica de lucha y reivindicación como única forma de obtener los derechos más fundamentales.

Dentro de este marco, las detenciones arbitrarias han sido una constante en el actuar del estado colombiano frente a las reivindicaciones sociales, de tal forma que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en 2008, tras una visita al departamento de Arauca, ya anunciaba que “se observa también la práctica de las detenciones masivas y la ausencia de evidencia sólida para proceder a las capturas, particularmente cuando los únicos indicios son las acusaciones de reinsertados. El Grupo recomienda al Gobierno erradicar la práctica de las capturas masivas y de la detención preventiva administrativa…”. En esta misma línea se expresa Murillo:

José Vicente Murillo: Hay que entender que el régimen carcelario del país es obsoleto en la medida de que, por un lado, es insuficiente para atender la población carcelaria actual, pero por otro lado, la política del tratamiento del delito no busca sino meter a la gente en la cárcel por cualquier pendejada. A esto se une que el régimen judicial es supremamente lento y lo normal es que tras las detenciones, a los tres o cuatro años, la gente salga en libertad, bien por prescripción del delito o por inocencia. Sin duda, entendemos que es una forma de perseguir a los líderes sociales, que responde a la ideología del modelo económico imperante.

La construcción social en el Sarare tiene una amplia tradición. Al igual que el resto del país, los campesinos se organizan en las Juntas de Acción Comunal y cooperativas productivas. La ciudad de Saravena incluso dispone de una empresa comunitaria que gestiona los servicios públicos, incluida la recogida de basura, saneamiento y potabilización de aguas y reciclaje y compostaje de residuos sólidos. Murillo es detenido precisamente en medio de una reunión donde la comunidad campesina se encuentra elaborando un plan para la producción de fertilizantes ecológicos, mientras que Jorge es detenido en su propia finca, delante de su familia.

José Vicente Murillo: Desde hace dos años venimos en un proceso de construcción de abonos orgánicos, como respuesta y alternativa a toda la contaminación que los agrotóxicos han generado en la naturaleza y los seres humanos. Conforme a nuestro legado de defender la vida, nos hemos metido en la construcción de una planta de abono orgánico para brindar la posibilidad al campesinado de que poco a poco vaya haciendo una transición cultural en la producción agropecuaria. Tras una reunión de formación con compañeros brasileños, sentí una presencia que me seguía y al poco unas camionetas de la fuerza pública, armada con armas de asalto, me detuvo en mitad de la vía.

Jorge Niño: Estaba yo en mi finca con mi familia, mi mujer, mis hijos, un cuñado con tres hijos pequeños, un obrero y un maestro de construcción, y cuando se aproximó el helicóptero, ahí sí tengo que reconocer que tuve miedo, y no pensé en otra cosa que correr, porque a mí ya me habían amenazado de que me iban a capturar porque le exigía a Ecopetrol. Llegué a correr unos cien metros y desde el helicóptero me tiraron varios tiros, y ahí me paré porque, de repente, me percaté de que yo no debía nada a nadie. Yo no llevaba otro arma que la tijera de podar. Ellos me tiraron al suelo, me dieron patadas, me dijeron que era un perro, que mejor me hubieran matado, y yo les dije que bien, que si me matan, solo hubieran matado un campesino más.

El asesinato de representantes sociales en Colombia es una constante en la política del país. Desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP hasta el año 2019, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 800 representantes sociales han sido asesinados en Colombia. Por ello apenas se han realizado 22 condenas efectivas. En los tres primeros meses de este año, 91 representantes sociales y personas desmovilizadas en el proceso de paz fueron asesinados.

Uno de los casos más macabros de la historia reciente de Colombia se conoció como “los falsos positivos”. Una práctica frecuente en las fuerzas armadas que consiste en asesinar a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Este hecho se generalizó debido a las recompensas que recibían las unidades militares que obtenían resultados en la lucha contrainsurgente medidos como bajas. Estas prebendas variaban desde días de vacaciones, dinero y ascensos. El resultado, según las fuentes, oscila entre mil y cuatro mil personas asesinadas sumariamente por la fuerza pública. El MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) denuncia que se trata de una estrategia estatal en la que se amparan también los “falsos positivos judiciales”: personas encarceladas sin cargos sólidos con la intención de detener sus actividades políticas y generar miedo en el movimiento social. Esta práctica, no siempre tan conocida, consiste en detener a representantes sociales, acusados de pertenecer a la insurgencia guerrillera, mantenerlos encarcelados durante años, sin recibir finalmente juicio alguno, o abriéndose el juicio sin evidencias ni pruebas acusatorias. Se critica especialmente que compañías como ECOPETROL firmen convenios con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para su financiación. Por un lado, aparece la empresa como pretendida víctima en procesos judiciales en los que sus actividades se vieron afectadas y, por otro, aporta grandes sumas de dinero a los encargados de la investigación contra los líderes, se crea así una asimetría sin que exista igualdad de condiciones jurídicas ni garantías.

José Vicente Murillo: De 2003 al 2006 ya tuve la experiencia de la persecución del terrorismo estatal y duré detenido tres años y medio en el que me dieron un tour carcelario por diferentes cárceles de alta seguridad. En dieciocho meses estuve en seis cárceles diferentes. Así que ya conocía la dinámica, la cultura y la convivencia en una cárcel. Ya sabía que no facilitan ni colchoneta, ni cobija, ni nada, y que la familia debe proveer de todo. La experiencia depende de cómo uno aborde las cosas. Si bien es cierto de que somos inocentes de lo que se nos acusa, el régimen colombiano no ha dudado en asesinar para acallar la oposición política, y si nos tienen que matar no lo van a dudar. Así que acá estamos vivos, otros compañeros y compañeras no han tenido esa suerte.

Jorge Niño: Yo nunca he tenido tantas personas armadas vigilándome. Me han catalogado como una persona muy peligrosa. En la imputación de cargos me acusan de ser guerrillero del ELN, pero uno no es sino una persona comunal. Nuestra Junta de Acción Comunal tiene personería jurídica desde 1975. Mi delito ha sido es ser líder comunal y pedir los beneficios de mi comunidad frente a Ecopetrol. Nunca me han agarrado con armas, ni con prendas militares, ni he chantajeado ni he andado en problemas con nadie.

El sistema penitenciario colombiano padece un hacinamiento crónico que ronda el 54%: con 80.000 plazas habitan cerca de 130.000 personas. El uso indebido de la prisión preventiva por parte de los jueces es uno de los factores determinantes de dicha sobresaturación. Esta situación hizo que la sentencia STP-142832019 (104983), de octubre del año pasado, de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal recordara a los jueces el carácter excepcional que debe tener dicha herramienta. Por el contrario, las personas privadas de libertad preventivamente representaban un 33,5% del total de personas presas en 2019 según datos del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

Sin embargo, en los penales, además de espacio, se carece de los elementos básicos de aseo, abrigo y, en muchos casos, alimentación, que deben ser proporcionados por las familias de los reclusos y, por lo tanto, se convierten en un mecanismo de castigo arbitrario para aquellos que piden mejores condiciones.

José Vicente Murillo: Una anécdota no más para mirar cómo es este régimen. Nuestras familias nos mandaron unas encomiendas a un compañero y a mí. Las encomiendas eran idénticas, con el mismo número de artículos. Debían entregárnoslas cuando llegáramos, pero se demoraron. Como yo molesté con esa encomienda y fui a hablar con el director de la cárcel, con el comandante del cuerpo de custodia, cuando llegó la siguiente fecha de entrega, al compañero le entregaron el paquete, pero el mío lo regresaron. Nunca argumentaron nada, sino simplemente que se rechazó. En ella iba una chaqueta para protegerme del frío, porque mi tierra es tierra caliente y me mandaron a Bogotá, que es supremamente fría, sin poder tomar ninguna ropa de abrigo. En ese tipo de cosas se ve que toman medidas represivas con los derechos fundamentales.

Jorge Niño: La verdad que he aprendido mucho de grupos del INPEC. Ellos llegan por la noche, de forma agresiva, lo sacan a uno a una canchita pequeña que hay por el patio y le hacen sacar sus cosas y empiezan a darle vueltas absolutamente a todo, le parten las cosas, se las dejan revueltas con las de otros presos… Eso me tiene preocupado y asustado, porque hay presos que no tienen el mejor genio y se les puede ofender con la forma de expresarse, y uno vive muy estresado porque si habla uno es malo y si no habla también… Corre uno el peligro de que el otro se le prenda y le pueda dar un chuzo, porque de un momento a otro se acaba el buen comportamiento de los presos y se forman unas peleas, y uno está todo el día arriesgando la vida.

Sobre esta realidad violenta, la posibilidad del contagio del Covid 19 ha tensado la cuerda hasta el límite de la ruptura. Las personas privadas de libertad no solo deben capear la incertidumbre de la situación de sus familias, con las que apenas tienen contacto, sino que son conscientes de su debilidad colectiva al moverse en las mejores condiciones para la transmisión de la pandemia: alto contacto entre personas y escasas medidas de higiene y protección. La masacre de 23 privados de la libertad del estado colombiano el pasado 21 de marzo en la cárcel Modelo, no hace parte de una solución, sino del agravamiento de una situación. Tampoco se sienten seguros con las medidas del decreto 546, recién firmado por el presidente Iván Duque, por el que pretende transferir a 4.000 personas de las cárceles a arresto domiciliario, ya que el número resulta claramente insuficiente para solucionar el problema del hacinamiento, que asciende a 45.000 personas.

José Vicente Murillo: En esta ocasión nos encontramos con el tema del COVID19, en el que el gobierno, y el régimen penitenciario, toman la medida de declarar en cuarentena las cárceles del país. Medida que los presos compartimos, pero que debe darse de manera integral: es decir no solo quitarle la visita al preso sino aplicarse otras medidas que sean efectivas para prevenir la propagación de la pandemia, como que el cuerpo de custodia también se acuartele, no tenga contacto con el mundo exterior, y se tomen las medidas higiénico-sanitarias para que el personal administrativo no sea transmisor de esta enfermedad. También establecer una contingencia en el servicio de sanidad para atender las situaciones derivadas del coronavirus. En medio de todo esto, la población carcelaria ha sido consciente de la amenaza del Covid 19 y ha tomado medidas de autocuidado en términos del aseo, de eliminar factores de contaminación, pero sabemos que estas medidas son insuficientes. Se ha declarado una emergencia carcelaria, con un paquete de medidas en las que el gobierno está aplicando de forma inmediata las más coercitivas y represivas para la población carcelaria, pero ninguna efectiva para la descongestión de la situación carcelaria ni por supuesto medios físicos como mascarillas o geles desinfectantes. Ya de por sí, la medida del decreto 546 resulta insuficiente porque aplica a una mínima parte de la población carcelaria. Sabemos que ni con esta pandemia el gobierno va a abordar los problemas estructurales más acuciantes de la población carcelaria.

Jorge Niño: En esta situación del virus, la distancia con la familia se vive todavía con más angustia. La comunicación con ellos es demasiado distanciada, con dificultades. Ahí hay unos teléfonos del INPEC que son costosos, muchas veces no funcionan, le intervienen a uno las llamadas, no hay privacidad con la familia. Este control del INPEC incomoda mucho y viola los derechos fundamentales. Eso me intranquiliza porque en la cárcel no se puede tener un peso y uno depende del apoyo y el ánimo de la familia fuera. Las cárceles colombianas son difíciles para sobrevivir y con el coronavirus la gente anda todavía más nerviosa en los patios y los pasillos, y los conflictos se dan con más facilidad. Uno quisiera decirle al estado que revise bien estas injusticias que han hecho conmigo, quién sabe cuántas personas están en la misma situación, que por ser líderes, que porque reclama los derechos de una comunidad, en teoría con aval del propio estado, están pasando por estas penurias.

La pandemia de Covid 19 supone una prueba de estrés a nivel político, sociológico, económico, y personal. Ha mostrado el lugar por donde se rompen las costuras de una sociedad inmersa en la lógica de usar y tirar. Muchas de las medidas tomadas, aunque necesarias, resultan fatales para los colectivos más castigados socialmente. La sistematicidad de la persecución y asesinato de representantes sociales se evidencia, tanto en las crudas cifras de personas muertas, como en las de personas privadas de libertad en régimen preventivo. Un número demasiado alto para una medida excepcional y que remite al silenciamiento de las voces críticas que trabajan en las veredas, juntas de acción comunal o barrios.

Mientras el país sigue en confinamiento los presos continúan hacinados, sometidos a la angustia de comprobar que efectivamente la pandemia se está expandiendo al interior de las cárceles con los primeros contagiados y muertos. Las denuncias de hace mas de un mes, anticipando esta situación, cayeron en oídos sordos. El Gobierno optó por la represión, un reciente decreto de excarcelaciones que no paliará la situación humanitaria por el amplio elenco de exclusiones que contempla y por medidas como el irresponsable traslado de presos entre cárceles (desde la prisión de Villavicencio en la que se detecto el primer foco de infección), que ha conducido a la propagación de la enfermedad. Desde el Movimiento Nacional Carcelario continúan reclamando solidaridad con los privados de la libertad para atender esta situación y lograr una excarcelación humanitaria cuando aún se está a tiempo de proteger a miles de seres humanos.

*publicado originalmente en Colombia Informa

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Por Erick Gimenes (*)

La salida de Moro es una reacción a la dimisión del director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo, divulgada en el Diario Oficial de la Unión este viernes por la mañana. Bolsonaro tomó esta decisión sin el consentimiento de Moro, aunque su nombre conste en el documento por una formalidad.

Valeixo era superintendente de la Policía Federal en Curitiba, donde actuó junto con Moro en la Operación Lava Jato  y fue el responsable por comandar la operación para conducir al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la ocasión de su detención, en abril de 2018.

Actuación sin brillo

Sergio Moro poco contribuyó como subordinado de Bolsonaro. Al proyectarse como “superministro”, con estatus de “héroe nacional”, el ex juez intentó consolidar su imagen como combatiente contra la corrupción. 

Sin embargo, sus propuestas no han progresado y se calló ante las denuncias de corrupción que implican el clan Bolsonaro, como más de un esquema de lavado de dinero que involucra a Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente.

Una de las grandes derrotas de Sergio Moro a frente del Ministerio fue la anulación de la prisión en segunda instancia en la Corte Suprema del país en noviembre de 2019. La decisión autorizó la liberación de Lula, detenido por orden del entonces magistrado.

El comandante de la Operación Lava Jato también fue derrotado en “paquete anticrimen”. Su proyecto fue aprobado en el Congreso, pero sin sus principales propuestas, como amnistiar a policías que maten estando de servicio e incluso la prisión en segunda instancia.

:: Fiscal insinúa que Moro protegería a hijo de Bolsonaro para ser nombrado en Corte Suprema ::

Sin el consentimiento de Moro también se aprobó la medida que instituye el “juez de garantías” que establece la división de procesos entre dos jueces. El proyecto contó con la sanción completa de Bolsonaro, que ignoró la posición de su entonces ministro.

La pérdida del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) representó otro contratiempo. Creado en 1998, el órgano federal que investiga operaciones financieras sospechosas había sido encargado a Moro por Bolsonaro. Sin embargo, el ex juez sufrió otra derrota en la Cámara de Diputados que devolvió el control del COAF al Ministerio de la Economía, bajo el mando de Paulo Guedes.

“Filtra Jato”

Sergio Moro fue implicado en la serie de reportajes “Filtra Jato”, publicadas en The Intercept Brasil en colaboración con otros medios, que revelaron que el ex juez actuó de modo parcial en la Operación Lava Jato.

Moro siempre negó las acusaciones. Por entonces Bolsonaro apoyó a su ministro, pero declaró al diario Folha de S. Paulo que no había “un 100% de confianza”.

(*) Brasil de Fato
Edición: Vivian Fernandes

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Por Nalu Faria* / Foto: Brasil de fato

Si acompañamos las noticias del mundo u observamos la realidad de las personas a nuestro alrededor, percibimos cómo la precarización del trabajo, la escasez de los bienes naturales, la violencia y la criminalización acompañan, cada vez más, la dureza de lo cotidiano. La pandemia del nuevo virus covid-19 expone, de forma todavía más drástica, el enfrentamiento del capital contra la vida, que viene siendo rifada por el gobierno de Bolsonaro, sin cuidado, sin prevención, sin solidaridad, en nombre del lucro y la producción capitalista.

Este año 2020, como parte de la Marcha Mundial de las Mujeres, organizamos nuestra acción en torno a la consigna ¡Resistimos para vivir, marchamos para transformar! Queremos desmantelar el actual modelo, que es capitalista, patriarcal, racista, LGBT fóbico, colonialista y se organiza en una lógica de acumulación irreconciliable con la sostenibilidad de la vida.

Las dinámicas impuestas por este modelo pasan hoy una crisis aguda, a través de una ofensiva conservadora y neoliberal sobre la vida, los territorios y el trabajo de las mujeres y de la población empobrecida en general. Esa ofensiva precariza la vida, fortalece autoritarismos, banaliza y deteriora democracias. El conservadurismo se presenta estrechamente conectado a proyectos de poder y control de los pueblos y de las mujeres.

El autoritarismo y la violencia de extrema derecha revelan una agenda antifeminista, articulada con el racismo, la xenofobia y demás dinámicas de la dominación y explotación basadas en clase y raza –no sólo en Brasil sino también por ejemplo en Turquía, Filipinas y los Estados Unidos.

La burguesía ha impuesto ataques sistemáticos a la organización de la clase trabajadora, en particular a los sindicatos. Sus luchas continúan marcadas por la resistencia, pero en un cuadro de fragilidad, precarización y fragmentación de la clase trabajadora, resultante de la alteración en las formas de trabajo, más informales, con sobrecarga y énfasis en discursos sobre meritocracia y competencia.

En las Américas, observamos procesos de articulación y alianzas entre las formas tradicionales de organización y nuevas movilizaciones, masivas y amplias, de los pueblos originarios, campesinos, negros y negras, LGBTTQI, de las periferias, jóvenes, mujeres.

Es en esa misma línea que hubo, en los últimos años, un crecimiento expresivo de las movilizaciones de las mujeres y ampliación del feminismo en el mundo entero, una de las principales fuerzas políticas en la actualidad. Esto evidentemente no se da de forma homogénea: tiene diferencias, por ejemplo, entre visiones liberales y anti-sistémicas.

Mirando el conjunto, se ve que la dificultad está en la construcción de procesos organizativos amplios, democráticos y continuados. Son las limitaciones de una dinámica que funcionó mucho por la adhesión puntual a movilizaciones, muchas veces a partir de las acciones de impacto mediático. (Desarrollé más esta idea en el artículo “Desafíos feministas ante la ofensiva neoliberal”, que está en el libro de SOF “Resistir y transformar: claves feministas para la lucha anticapitalista”, de 2019).

Es en el campo popular y clasista del movimiento feminista que se coloca con fuerza la defensa de la vida y de otro modelo, que va más allá de la lucha por derechos y por la igualdad con hombres dentro del actual sistema. El ruido generado por las grandes empresas, que usan algunos temas del feminismo (el llamado maquillaje lila) resulta una banalización, una especie de trampa que las feministas necesitan siempre identificar y denunciar.

Por eso, es necesario incorporar al debate global la perspectiva feminista sobre lo que debe ser el desmantelamiento del capitalismo racista y patriarcal. Y, junto a eso, reforzar la construcción permanente, la cohesión, la acción colectiva, la definición democrática de las agendas teniendo las alianzas como principio de lucha.

A partir de las resistencias, resiliencias y propuestas de las mujeres, esa visión de feminismo como parte de un proyecto anti-sistémico concretiza una acción que pone la vida en el centro, a través de la comprensión de nuestra interdependencia como seres humanos y de nuestra dependencia de la naturaleza.

La pandemia que los pueblos de todo el mundo enfrentan hoy es un ejemplo drástico de esas interdependencias y de la urgencia de una nueva organización social. La pandemia desenmascara los males de austeridad, de predominio de la lógica del mercado y de la precarización de la vida, y exige respuestas que son emblemáticas.

La necesidad del aislamiento evidencia que ni todos ni todas tienen ese derecho, que es delimitado por la clase, por la raza y también por el género. Revela con agudeza la postura de las elites de garantizar el lucro y la comodidad en detrimento de la salud de quien trabaja para ellas.

Revela también cuáles trabajos son realmente necesarios para la sustentación de la vida, dentro y fuera de la casa. Expone lagunas, que debemos llenar colectivamente, a través de la urgencia de la solidaridad y de la construcción de acciones comunes, autogestionadas, así como de la protección social, garantía de la salud, saneamiento, abastecimiento. Esa necesidad se coloca, hoy, como una emergencia, sin embargo, es nuestro horizonte, como feministas: una reorganización social profunda, radical, que coloque la vida en primer lugar.

*Publicada originalmente en Brasil de fato

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Por Catarina Barbosa | Traducción: Pilar Troya (*)

Cercados por la Polícia Militar, trabajadores y trabajadoras sin tierra fueron asesinados con sus propios instrumentos de trabajo o ejecutados con tiros en la cabeza.

Era un miércoles, alrededor de las 16h, 17 de abril de 1996. Cerca de 1.500 personas estaban acampadas en la “curva do S”, en Eldorado do Carajás, sudeste de Pará, región Norte de Brasil, en forma de protesta. El objetivo era marchar hasta la capital del estado, Belém, y conseguir la expropiación de la hacienda Macaxeira, ocupada por 3.500 familias sin tierra.

La caminata que había comenzado el 10 de abril fue detenida con sangre en un ataque de la Policía Militar que fue mundialmente conocido como la Masacre de Eldorado do Carajás. Un total de 155 policías militares estuvieron involucrados en la operación que dejó 21 campesinos muertos, 19 en el lugar del ataque, y otros dos que fallecieron en el hospital.

Para muchas de las familias cuyas vidas fueron marcadas por la muerte, la lucha no terminó en aquella masacre. Polliane Soares es de la dirección estadual del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Pará. Aquel 17 abril de 1996 tenía 11 años, y marchaba junto a su familia rumbo a Belém por la carretera PA-150 para reivindicar el derecho a la tierra.

“Recuerdo que el día de la masacre, yo estaba en la ciudad con mi madre [que era profesora en Eldorado]. En un determinado momento de la noche, creo que alrededor de las 20h hubo un apagón general. Cuando se dio el apagón, comenzó a circular la información sobre el asesinato, que habían matado los sin tierra allá en la curva [do S], y mi madre – como su hermano estaba allá – se puso desesperada“.

Polliane Soares MST

Al anochecer, el crimen ya había sido cometido. Sin luz y en una ciudad en medio del bosque, totalmente incomunicada, madre e hija no consiguieron dormir. Al día siguiente, muy temprano, se dirigieron a la curva do S.

“Cuando llegamos, recuerdo mucha, mucha sangre en la pista. Un escenario muy fuerte de destrucción. Las marcas estaban por todas partes, muchas cosas dejadas atrás“, dice ella.

Polliane Soares MST

De los 19 trabajadores que murieron en el lugar, ocho fueron asesinados con armas blancas. Los otros 11 fueron alcanzados con 37 tiros, casi 4 tiros por persona/ J.R. Ripper

Ametralladora contra piedras

Tres meses antes de la masacre, el 5 de marzo de 1996, las familias habían ocupado la hacienda Macaxeira – en Curionópolis, municipio vecino a Eldorado – y buscaban negociación con el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) para iniciar el proceso de expropiación de la tierra improductiva. Sin respuestas y habiendo recibido promesas que nunca fueron cumpridas, los campesinos decidiron protestar en la capital.

La marcha salió de Curionópolis y pretendía pasar por Eldorado do Carajás y Marabá, antes de llegar a Belém. Quien vivió aquel día o vio a las imágenes grabadas por la TV, vio la violencia que recibieron las familias sin tierra en Eldorado. El registro muestra personas ensangrentadas corriendo en medio del piso de tierra batida, tiros, sangre, desesperación. La agresión duró prácticamente dos horas.

Los trabajadores fueron cercados. De un lado policías del cuartel de Parauapebas, del otro, policías del batallón de Marabá. De los 19 muertos, ocho fueron asesinados con sus propios instrumentos de trabajo: hoces y machetes, los otros 11 fueron alcanzados con 37 tiros, un promedio de cuatro tiros por persona. Otras 79 personas quedaron heridas. Dos de ellas fallecieron en el hospital. 

La policía mató a campesinos con tiros en la nuca, en la frente – en clara señal de ejecución. A uno le rompieron la cabeza.

Fragmento de la capa del Jornal do Brasil del día 18 de abril de 1996 / Reproducción/Jornal do Brasil

Un acto de cobardía

Para el profesor y dirigente estadual del MST Pará, Batista Nascimento Silva, que vive en el asentamiento Lourival Santana, no hay otra definición para lo que se hizo que no sea cobardía. Cuando los trabajadores fueron cercados por la PM, Batista estaba en la carretera.

“Cuando los policías llegaron y bajaron en el sentido Marabá comenzaron a lanzar bombas y disparar, los policías del otro lado, de Eldorado, iniciaron el mismo acto suprimiendo a los sin tierra, pues ellos fueron aproximándose. Los sin tierra, al percibir que un ciudadano baleado cayó al piso, corrieron hacia arriba lanzando piedras, palos, como una forma de protección para intentar alejar a los policías, pero ellos intensificaron más aún el tiroteo”, relata. 

Para protegerse, Batista atravesó la carretera PA-150 para buscar refugio. “No tuve como ir mucho más allá, mucho bosque. Volví, atravesé agachado, muchas personas caídas y logré llegar hasta una casa del otro lado y allá permanecí por pocos instantes donde ya había compañeros baleados. Había un área cerrada de la casa y empujé la puerta porque quería refugiarme ahí dentro y ahí tenían varias personas echadas en el piso, niños, mujeres, señores y jóvenes.”

Luego de algunas horas escondido en el bosque, por la noche, Batista encontró a su madre y tres de sus hermanos, a su hermana menor sólo la encontraron al día siguiente. El padre había ido a la ciudad ese día y no lo dejaron volver. “Después de lo sucedido nos quedamos dos días en el lugar, porque no teníamos a donde ir y sólo salimos el día en que los cuerpos fueron liberados para seguir para velorio.”

Impunidad

De los 155 policías que actuaron en el caso, solamente Mario Pantoja y José Maria de Oliveira, comandantes de la operación, fueron condenados y cumplen la pena, uno en prisión domiciliar. Los otros 153 PM fueron absueltos, aunque varios de los policías que actuaron en el caso estuvieran sin identificación y con armas retiradas del cuartel sin registro, lo que no está permitido.

Después de la masacre, 17 de abril se convirtió el Día Mundial de la Lucha por la Tierra. La hacienda Macaxeira, cuyo propietario es uno de los mandantes del crimen, fue expropiada y se convirtió en el Asentamiento 17 de Abril.

El lugar que fue escenario de la masacre hoy es considerado sagrado por el movimiento. El “monumento de los castaños quemados” está formado por árboles muertos, uno por cada vida segada. Al centro hay un altar con el nombre de las personas asesinadas, como forma de homenaje.

En memoria de las víctimas de la masacre, el monumento de los castaños quemados queda en el km 95 de la PA-150, en la llamada curva do S / Divulgación

Edición: Vivian Fernandes e Rodrigo Chagas

(*) Publicado originalmente en Brasil de Fato

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Por Rodrigo Chagas (*) | foto: Celag

En una entrevista colectiva realizada por la noche en Brasília, capital del país, Mandetta afirmó sus críticas al gobierno. ‘Vamos a seguir, porque al seguir vamos a enfrentar a nuestro enemigo. Nuestro enemigo tiene nombre y apellido: la covid-19. Hay una sociedad a quien debemos batallar para proteger. Un médico no abandona a sus pacientes, yo no los abandonaré. Hoy fue un día en que el trabajo del Ministerio entregó poco. Toda la gente estaba preguntándose si yo iba a renunciar. Muchos se solidarizaron y les agradezco”, explicó.

A continuación, Mandetta provocó a Jair Bolsonaro. “A mí me gustan las críticas constructivas, lo que dificulta es que, en determinada situación, la crítica no tenga el sentido de construir, sino dificultar el clima laboral. Ustedes no necesitan traducción, saben exactamente a lo que me refiero. El Ministerio de Salud toma una decisión y después tiene que retroceder”, afirmó.

La ciencia como centro

En relación al nuevo coronavirus, Mandetta fue categórico y afirmó que el país no tiene una estructura para la escalada de casos en las grandes metrópolis. Al final de su declaración, volvió a recordar que el aislamiento es la medida necesaria, posición antagónica a de Jair Bolsonaro, y exigió que “la ciencia sea el centro”.

Número de casos

La cifra de muertes causadas por el nuevo coronavirus en Brasil ascendió a 553, según los datos divulgados por el Ministerio de Salud el último lunes. Son 12.056 casos confirmados en el país, con una tasa de letalidad de un 4,6%.

Sin embargo, los números oficiales son menores que el número real, como confiesa el propio gobierno, pues los laboratorios tardan hasta 15 días para divulgar los resultados de tests para coronavirus. 

São Paulo concentra el mayor número de casos, con 4.866 y 304 muertes. Después, Rio de Janeiro, con 1.461 casos y 71 muertes y Ceará, con 1.013 casos y 29 muertes.

(*) traducida y publicada originalmente por Brasil de fato

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Por Caroline Oliveira, Eduardo Miranda e Lu Sudré*  

Traducción: Luiza Mançano

Con organización, lxs habitantes de las favelas brasileñas están poniendo en práctica estrategias para detener el avance del nuevo coronavirus en sus comunidades, sobre todo en São Paulo y Río de Janeiro, que concentran el mayor número de casos en el país, con 30 y 4 muertes en la capital de cada estado respectivamente.

Claudio Aparecido da Silva, que vive en la villa Monte Azul, en el distrito Jardim São Luís, al sur de São Paulo, cuenta que la organización entre los habitantes ocurrió debido a la ausencia de información en los territorios periféricos.

De ahí surgió la idea de crear un Comité Popular de Enfrentamiento al COVID-19, que cuenta con diversos voluntarios que viven en el distrito.

“Las principales víctimas de esta pandemia serán los pobres. Las personas que reciben poca o ninguna información efectiva. Entonces pensamos que sería bueno intentar brindar apoyo a las familias más vulnerables, también a personas con enfermedades crónicas y ancianos”, afirma Silva.

Conocido como “Preto Claudinho” [Negro Claudinho], compañero del barrio, expresa su preocupación por la situación de lxs trabajadorxs informales en medio de la pandemia: “Sabemos que aquellos que son trabajadores autónomos, cartoneros, vendedores ambulantes, son muy pobres y ahora se les impide circular. Forman parte de familias de hasta 8 hijos aquí en el barrio. Llegará un momento que no tendrán qué comer”.

El Comité también recibe y distribuye donativos de productos esenciales.

“Nos organizamos en el sentido de fortalecer a nuestro pueblo. Disponemos de nuestros autos para hacer las compras para las personas más vulnerables y organizamos una campaña de recaudación de alimentos y productos de higiene”, afirma Claudio. Según él, el grupo de habitantes también produce contenidos de concientización con información sobre prevención contra el coronavirus a través de mensajes difundidos en Whatsapp y carteles en las calles de las comunidades.

Escasez de agua

Una de las dificultades a la que lxs pobladorxs de la favela Monte Azul se enfrentan, como denuncia el Comité, es la escasez de agua en el periodo nocturno, lo que dificulta la higienización y contrarÍa las medidas de seguridad del Ministerio de Salud, profundizando los riesgos de transmisión del virus.

Lavarse las manos es una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la pandemia. Como en Sao Paulo, la realidad de las villas de Rio de Janeiro también está muy lejos de ser la ideal para evitar el COVID-19.

En los últimos días, el canal Voz de las Comunidades denunció la escasez de agua en diversas villas de la ciudad. “Tengo 74 años, no puedo cargar agua y hace más de un mes que no hay agua aquí, los niños no pueden lavarse las manos, tengo miedo del coronavirus”, contó doña Jurema, habitante del Complexo do Alemão, un conjunto de favela con más de 69 mil habitantes al norte de la ciudad de Rio de Janeiro.

La creación de comités populares también se puso en práctica en Paraisópolis, la segunda favela más grande de São Paulo. Se calcula que más de 100 mil personas viven ahí, enfrentando cotidianamente problemas estructurales y sin saneamiento básico.

Según Gilson Rodrigues, presidente de la Unión de Habitantes y Comerciantes de Paraisópolis, en la comunidad hay cinco casos de infección por coronavirus. Debido a los crecientes números de contaminación, los representantes de los comités populares se esfuerzan al máximo para enfrentar la pandemia.

“Es una red de voluntarios y habitantes que se autoayudan. Por cada 50 familias, un habitante voluntario ayudará en el proceso de concientización y garantizará que las personas se queden en sus casas. Garantizar la distribución de los donativos y el monitoreo sobre la cantidad de enfermos”, dice Rodrigues que, después de una gran gestión logró garantizar dos ambulancias para atender emergencias en la comunidad.

Cuando se pregunta a lxs integrantes de los comités lo que les infunde ánimo en este momento de crisis, la respuesta es unánime: la solidaridad.

Comunicación local

Desde que el coronavirus llegó al país, no hay otro tema en los diarios, programas televisivos y en internet, pero no se sabe si todxs lxs brasileñxs tienen acceso a las información necesaria para combatir el virus.

En este sentido, comunicadoras y comunicadores populares crearon la Coalición de Comunicadores de la Periferia contra el Coronavirus. Según Ingrid Farias, que vive en un barrio periférico de Recife y es integrante del frente #CoronaNasPeriferias [Corona en las periferias], es necesario difundir las medidas de prevención a través de una comunicación accesible.

“Hay que pensar cómo crear un lenguaje que no genere pánico en las personas y que dialogue con ellas desde su cotidiano sobre la urgencia de este momento en que vivimos”, afirma.

Añade que a medida que los casos se concentran en la región sudeste del país, y debido a una dinámica de regionalización de la información, diversas comunidades en el noreste del país no tienen acceso a noticias diarias locales sobre la contaminación en la región.

Crisis alimentaria

Según una encuesta realizada por el Instituto Data Favela, uno de cada tres habitantes de favelas en Brasil tendrá dificultad para comprar productos básicos, como alimentos, debido a la cuarentena contra la pandemia del nuevo coronavirus. El instituto entrevistó a más de 1.000 personas en 262 favelas de todas las regiones del país este mes para saber el impacto de la pandemia en las comunidades brasileñas.

Casi mitad (47%) de los trabajadores que participaron de la encuesta son trabajadores autónomos y un 8% son trabajadores informales. Es decir, más de la mitad de la población que vive en esas comunidades no cuenta con estabilidad laboral.

El Instituto Data Favela es una sociedad entre el Instituto Locomotiva y la Central Única de las Favelas (CUFA). La CUFA entregará al poder público un documento con 14 recomendaciones de políticas públicas destinadas a amortiguar los efectos de la cuarentena en las favelas.

Entre las recomendaciones están: el suministro de alimentos hasta junio, la implantación del Programa de Renta Mínima para las familias de bajos recursos, exención de las tarifas de agua, luz y gas por cuatro meses a las familias que viven con hasta cuatro salarios mínimos y auxilio financiero a las familias cuyos niños no pueden frecuentar las guarderías.

*Publicada originalmente en Brasil de Fato

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