Por Carla Perelló, desde Brasília  | Foto: Lucas Martins para Midia Ninja

En Brasilia el viento suave que corre entre los enormes edificios no amilana el calor sofocante y seco. Tampoco se lleva con él las presiones que llegan desde Estados Unidos ni las que surgen desde dentro del Congreso Nacional. Nada para el calor, sino todo lo contrario. “Brasil demoró para conquistar la democracia. Tuvimos 20 años de dictadura, no es posible normalizar volver a esos años oscuros de la historia”, sostuvo el ministro relator del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Alexandre de Moraes pronunció esas palabras al dar a conocer el primer voto en favor de la condena en el marco del juicio histórico contra el expresidente Jair Bolsonaro -apuntado como líder- y siete de sus aliados por cinco crímenes contra el estado democrático de derecho. A él, se le sumó el ministro Flávio Dino y sólo faltan tres de cinco para pronunciarse.

Mientras tanto, la rosca está a la orden del día y atraviesa las paredes del legislativo nacional con la abierta injerencia de Estados Unidos, que impuso tasas de más de 50% a los productos brasileños porque el mandatario Donald Trump consideró que su aliado -el expresidente- es víctima de una “cacería de brujas”. Al mismo tiempo, bolsonaristas pujan por una ley de amnistía, mientras que aliados del Gobierno petista le bajan la expectativa.

La acción penal está a cargo de los cinco magistrados de la Sala Primera del STF: De Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin. Este martes ya se conocieron dos votos a favor de los tres que se necesitan para que los ocho acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) sean condenados. Todos señalados por ser considerados parte del “núcleo crucial” de la tentativa del golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuyas penas pueden superar los 40 años de prisión.

Los acusados y la acusación

Alexandre Ramagem, diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN);

Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina;

Anderson Torres, exministro de Justicia;

Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional;

Mauro Cid, teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa;

Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro.

Todos, excepto Ramagem, van a juicio por cinco crímenes acusados por la PGR de: 

• liderar una organización criminal armada
• tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho 
• Golpe de Estado
• Daño calificado por violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión
• Deterioro del patrimonio histórico

En el caso de Ramagem, se suspendió parcialmente la acción penal por considerar que el bolsonarista tiene inmunidad parlamentaria contra los hechos ocurridos después de haber asumido como diputado, que son los delitos de daño y deterioro del patrimonio histórico. El proceso sobre los demás está vigente ya que sucedieron antes de que asumiera.

Votos de De Moraes y Dino y la divergencia de Fux 

El magistrado estrella de la Corte, quien en las calles se ganó el apodo amistoso de Xandão, habló durante más de cinco horas, desde las 9 hasta pasadas las 14. La primera interrupción llegó a los siete minutos de su discurso por parte del juez Fux cuando rechazó los planteos de las defensas respecto a la naturaleza procesal del caso. El tercero en la lista de votación planteó que en su votación ratificará su desacuerdo con ese punto, ya que considera que el juicio debería haberlo llevado adelante el pleno de la Corte conformado por once ministros.

Salvado ese punto, De Moraes estructuró su discurso en torno a las pruebas y a las acusaciones, que mostró y leyó. En cada punto insistió en que hubo una organización criminal, que los acusados usaron las estructuras del Estado para cometer los crímenes y que lo que intentaron fue un golpe de Estado. 

“El líder de la organización con el cargo de líder y jefe de Estado (Bolsonaro) criminal se unió a individuos de extrema confianza para la realización de un golpe de Estado y para perpetrar la ruptura de las instituciones democráticas”, apuntó sobre el plan que, considera, comenzó en julio de 2021 y contó con la escritura de la minuta del golpe, reuniones de Bolsonaro con sus aliados y con embajadores para deslegitimar el sistema de votación, una acción que tuvo su pie en las redes sociales con la difusión de fake news.

“Los acusados practicaron todas las infracciones penales imputadas por la PGR en concurso de agentes en concurso material”, sintetizó al cierre de su veredicto, en tanto que la cantidad de años que pedirá para cada uno de los acusados se sabrá recién el viernes. Sobre Bolsonaro, en tanto, sostuvo que ejerció como líder de la organización criminal. Un plan que tenía entre las posibilidades el asesinato del actual presidente, el vice y el ministro relator Luiz Inácio Lula da Silva, Gerardo Alckmin y De Moraes, en lo que se conoció como “Plan Puñal Verde-Amarillo”.

A De Moraes le siguió Dino, ex ministro de Justicia del gobierno lulista, que se encargó de echar por tierra la posibilidad de una amnistía. “Este tipo de crímenes no son susceptibles de amnistía”, apuntó Dino. 

El ex ministro de Justicia justificó su voto en poco más de una hora, descartó las cuestiones procesales y consideró que “no hay la menor duda de que hay distintos niveles de responsabilidades”. A continuación hizo la separación y se diferenció de De Moraes: Bolsonaro y Braga Netto con “culpabilidad bastante alta”; y Garnier Torres y Cid en el siguiente escalón, con la posibilidad de beneficios al ex capellán por haber aportado pruebas y testimonios.

Sobre Sergio Nogueira, Heleno y Ramagem dijo que tuvieron “una participación de menor importancia”. Sobre Ramagem marcó que salió del gobierno bolsonarista en marzo de 2022; y sobre Heleno que no participó de las reuniones para la planificación del golpe. Mientras que Nogueira participó “hasta cierto punto”. 

En contexto: la investigación y la posición de las defensas 

Tras más de dos años de investigación de la Policía Federal, el pasado 2 de septiembre comenzó el histórico juicio: es la primera vez que un exmandatario y jefes militares son juzgados por un tribunal civil por el intento de golpe de Estado que tuvo como punto cúlmine el 8 de enero de 2023. No sucedió ello con los criminales que estuvieron al frente de la dictadura militar-empresarial, ni contra quienes llevaron adelante el golpe “blando” de 2016 contra la expresidenta Dilma Rousseff.

La acusación 

A Bolsonaro se lo acusa de ser el líder de la organización criminal que articuló reuniones en el Palacio de la Alvorada, editó la minuta y presionó a militares para atentar contra la soberanía popular. Podría decirse que todos ellos están en el banco de los acusados, pero lo cierto es que ninguno de ellos hizo presencia en la Sala Primera del STF, sino que todos siguieron el desarrollo del juicio desde sus casas.

La posición de las defensas 

Durante las sesiones de la semana pasada, las defensas expusieron sus posiciones: todos negaron la participación de sus defendidos en el plan de golpe de Estado que la investigación sugiere que comenzó en 2022, mucho antes de las elecciones con la deslegitimación de las instituciones electorales.

Los que más complicaron la posición del expresidente fueron las defensas de Heleno, que sostuvo que el ex jefe de Seguridad Institucional estaba “alejado” de Bolsonaro. La de Nogueira, en tanto, afirmó que el ex jefe de Defensa intentó que Bolsonaro “desista” de la tentativa golpista.

La presión por una amnistía con la actuación estelar de Estados Unidos

En paralelo al juicio la rosca se mueve para todos lados: al mismo tiempo que comenzó el proceso la semana pasada, bolsonaristas pusieron manos a la obra. Los protagonistas de la obra son los senadores Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente) y Sergio Moro (ex ministro de Justicia). En la Cámara de Diputados se lleva adelante el mismo movimiento con los líderes del Partido Liberal -al que pertenece bolsonaro-. Todos ellos exigen una ley de amnistía, igual que lo manifestaron unos miles de sus seguidores el pasado domingo cuando salieron a las calles paulistas con una enorme bandera de Estados Unidos para ¿festejar? el Día de la Independencia brasileña. 

Son dos las propuestas que circulan, una del PL y otra que propone negociar el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Partido Unión), a la que llaman “light”. La primera, beneficiaría tanto a las más de 620 personas ya juzgadas por los actos golpistas del 8 de enero, como a la cúpula que acompaña a Bolsonaro y al mismo exmandatario. Incluso le devolvería sus derechos políticos retirados por el Supremo Tribunal Electoral hasta 2030 por haber puesto en duda a las instituciones electorales.

Una de las figuras de ese encuentro fue el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien apoya a Bolsonaro. Hasta ahora había procurado no radicalizarse demasiado, pero no aguantó: adoptó una posición totalmente diferente en lo que parece ser su apuesta para las elecciones presidenciales de 2026 para defender una amnistía “amplia e irrestricta” y hasta prometió el indulto para el exmandatario. “Motta (el presidente de la Cámara de Diputados, que parecía estar aliándose a los bolsonaristas) se sintió incómodo, lo que la semana pasada estaba acordado, esta semana, ya no”, sostuvo en off un legislador cercano al gobierno.

El STF, en tanto, ya dejó trascender que la propuesta del PL es inconstitucional, ya que no es posible amnistiar crímenes contra la democracia, mientras que la otra está en veremos.

La presión de Trump

Al mismo tiempo, el Gobierno de Lula lidia con una crisis diplomática sin precedentes tras las amenazas de Trump, que este fin de semana volvió a la carga acusando al ex líder metalúrgico de “radicalizarse” y reconoció que fue por eso que aplicaron tarifas de hasta el 50%. Para responder, el Gobierno actúa en conjunto con bufetes de abogados en Estados Unidos para accionar en cortes locales, junto con empresarios y diplomáticos, así contrarrestar el lobby realizado por otro de los hijos del expresidente, el diputado en licencia Eduardo Bolsonaro.

La idea es, justamente, presionar para conseguir la amnistía de Bolsonaro. Por el momento, los miembros del Poder Judicial prestan testimonio en el juicio histórico en favor de la autonomía y la soberanía de la mayor democracia de América Latina. 

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Por Francis Lopes desde San Pablo, Brasil 

A las 19.39 de la tarde, en la sala de prensa del PSOL se escucharon gritos y festejos. El escrutinio estaba en 95,45% en una elección sumamente polarizada, en una campaña que estuvo atravesada por los discursos violentos, misóginos, fake news, hasta golpes entre asesores de prensa y un sillazo que se hizo viral en las redes sociales. ¿La paciencia se acabó o fue un show? Como sea, en la ciudad más importante de América Latina la disputa se dio entre tres candidatos: Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (actual intendente – MDB) y el coach ontológico Pablo Marçal (PRTB), que en el último mes consiguió una disparada en la intención de votos con una subida de siete puntos. 

Desde entonces, todas las encuestas avizoraron un empate técnico entre los tres. Dos de ellos se disputan el electorado del bolsonarismo, pero en el cierre de la noche, Nunes acabó encabezando la partida con 29,48% de los votos y le siguió Boulos, el líder del mayor movimiento urbano que existe en Brasil, con 29,07. A Marçal no le alcanzaron los centésimos: quedó en tercer lugar con 28,14.

“Quiero agradecer a los más de 1 millón 700 mil que votaron por el cambio, que votaron 50. También quiero dialogar con quienes no nos votaron”, afirmó Boulos en su bunker de campaña apenas conocidos los resultados irreversibles. “Nuestro compromiso es que la riqueza no quede en la Avenida Paulista, sino que llegue a todos”, agregó, “esta segunda vuelta va a ser una comparación de trayectorias, nosotros tenemos una lucha comprometida; del otro lado tenemos un candidato apoyado por Bolsonaro”.

Apenas se conoció que era parte de la segunda vuelta electoral para gobernar la ciudad más importante, el referente del MTST, analizó la elección y caracterizó su plan de gobierno: “La gran mayoría votó por el cambio”, declaró, y llamó a votar el próximo 27 de octubre por “por la comida en la mesa” y por “mejorar la seguridad, la salud y el transporte” construyendo un “proyecto de justicia social de una ciudad más humana y solidaria”.

“San Pablo es la ciudad más rica. Nuestra misión es hacer que esa riqueza llegue a todas las personas”, afirmó, “vamos a enfrentar un desafío; no va a ser fácil pero, ¿cuándo fue fácil para el pueblo? Sin embargo, tengo mucha confianza de que en tres semanas, el 27 de octubre, vamos a estar celebrando la victoria de la esperanza, la victoria de San Pablo”.

“De acá a tres semanas vamos a poder decir que San Pablo derrotó un proyecto golpista, a la dictadura militar”, arengó Boulos ante la militancia que lo esperaba después de la conferencia de prensa. Y agregó: “Porque San Pablo no acepta autoritarismo ni negacionismo, le va a decir no a la extrema derecha. Por eso, cuento con ustedes para que en cada esquina, hablando con todes, consigamos más y más votos para hacer que el 27 de octubre la celebración sea en la Avenida Paulista”.

Eran nueve los candidatos en San Pablo: Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (actual intendente – MDB), Pablo Marçal (PRLB), Tabata Amaral (PSB – partido del vicepresidente Alckmin), José Luiz Datena (PSDB), Maria Helena (Novo), Beto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO), Altino Prazeres (PSTU).

Al finalizar la jornada, Tabata Amaral declaró que apoyará a Boulos en la segunda vuelta y Bpulps le agradeció ese apoyo. La candidata que enfrentó los embates machistas de Marçal en los todos debates pertenece al Partido Socialista Brasileño (PSB) -al igual que el vicepresidente Gerardo Alkcmin-, que hace parte de la alianza nacional de partidos.

Una elección de importancia nacional y regional 

San Pablo es la ciudad más importante de Brasil. Con una población de 11.45 millones de personas, según el censo de 2022. Es la tercera ciudad en términos de presupuesto con 111,8 billones de reales para 2024 y de 120 billones de reales para 2025, después del Estado Nacional y del Estado de San Pablo. Es el epicentro económico del país, la ciudad más importante de América Latina y el Caribe y centro de la disputa electoral entre las fuerzas de izquierda y de extrema derecha.

Pero no sólo eso: estas elecciones permitirán ver el rearmado de los partidos políticos de cara a los comicios de 2026, cuando el electorado brasileño deberá asistir nuevamente a las urnas para elegir: presidente, gobernadores, diputados y senadores estaduales y nacionales. En otras palabras: quiénes pueden llegar a ser los sucesores del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva; y del ex presidente Jaie Bolsonaro. En el primer caso, un liderazgo del tamaño del ex líder metalúrgico pareciera no asomar hasta el momento. Diferente sucede con Bolsonaro: el movimiento, el bolsonarismo, superó ya su figura que, además, fue declarado inelegible por la Justicia Electoral en julio del año pasado. El gobernador de San Pablo, Tarcísio Freitas (Republicanos); el de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o el propio Marçal le disputan el poder al expresidente.

Un dato que aportó CELAG en el entramado de estos comisiones que el conservadurismo es el espacio político que “más creció en términos de candidaturas (entre prefectos, viceprefectos y concejales)”, hasta un 42% más candidaturas que en 2020, en siglas como Novo, PRTB (partido por el que se postuló Marçal) o el PL, del expresidente Bolsonaro que incrementó sus candidaturas en un 33%. 

Los grandes partidos de centro -conocidos como centrão- como el MDB -victoriosos en la pasada elección- gobiernan aún en la mayor parte de las ciudades, pero presentaron un 17% menos de candidaturas. Partidos de izquierda, como el PSOL y Rede (Marina Silva, ministra de Medio Ambiente), aumentaron en un 11% sus candidaturas y las del PT cayeron en la misma proporción. Más allá de esas lecturas, en el Gobierno la esperanza es que estas elecciones permitan ampliar la base de los partidos que hacen parte de la alianza nacional: PSOL, PSB, PCdoB y Rede, entre otros.

Vale tener en cuenta que, a diferencia de Argentina, en Brasil las listas son abiertas y las candidaturas uninominales. Eso quiere decir que es posible votar una lista completa (la 50 de Boulos, por ejemplo, lo que beneficiará a les candidates de su partido en el coeficiente final) o votar por separado: intendente y sólo un concejal/a/e.

La elección de les que luchan

Estas elecciones registraron un récord de candidaturas LGBT+: fueron 3.099 en 28 partidos, según el relevamiento de Vote LGBT+ a partir de los datos difundidos por el Tribunal Supremo Electoral. Un registro histórico ya que fue la primera vez que les candidates tuvieron la posibilidad de dar cuenta de su identidad de género y de su orientación sexual.

En el escrutinio propio que llevaron adelante desde la organización en la noche del domingo identificaron, hasta las 20.45: 117 candidatas LGBT+ electas, 115 concejales, 2 intendentes que pertenecen a 19 partidos. Ellos, ellas y elles están en 22 estados y en 104 municipios.

En Río de Janeiro, Monica Benicio fue reelecta como concejala mientras que Benny Briolly, la primera travesti electa en el Estado, fue la mujer más votada de Niteroi. Tainá de Paula también fue reelecta y la más votada de Río. Tres políticas consagradas que seguirán sosteniendo la agenda feminista, LGBT+ y ambiental.

En Natal, Thabatta Pimenta fue electa concejala. Fue la más votada en la ciudad y es histórica, ya que es la primera vez que una travesti es electa llevando además una agenda por los derechos de las personas trans. En Recife, Dani Portela realizó una gran elección a diputada estadual y en San Pablo, Luna Zarattini fue reelecta concejala afirmando la lucha por los Derechos Humanos. En la ciudad más importante, también fue electa concejala con más de 100 mil votos, la candidata travesti Amanda Paschoal, amadrinada por la mejor diputada federal, Erika Hilton. Es además la candidata más votada de la izquierda.

La “bancada feminista” del PSOL, un mandato simbólico que refuerza la importancia de la representación de proyectos colectivos en las legislaturas locales, también fue reelecta en San Pablo. Un proyecto sin precedentes pero con réplicas en varios territorios de la región que visibiliza las demandas populares en temáticas como salud y educación construyendo políticas públicas para la garantía del derecho a la ciudad y por una vida libre de violencias.  

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Luiz Inácio Lula da Silva ganó la primera vuelta de las elecciones con el 48,21% de los votos, por lo que deberá competir en la segunda vuelta el 30 de octubre. La participación en las urnas fue del 79,18%, con 117.384.255 votos válidos. En esta jornada Brasil eligió a las primeras diputadas federales travestis y negras y a las primeras diputadas federales indígenas de su historia.

Por cobertura colaborativa #NosotresSim desde Sao Paulo | Fotos: Julianite Calcagno

Nadie en la historia de Brasil fue tantas veces candidato como Lula. Se presentó en siete de las ocho elecciones que se realizaron desde la vuelta de la democracia tras la dictadura cívico militar. Nació en Pernambuco, en el nordeste del país; fue vendedor ambulante, limpiabotas y tornero mecánico. Creció políticamente en el cordón industrial de San Pablo. La militancia sindical lo llevó a construir un camino de lucha colectiva con la fundación del Partido de los Trabajadores.

Hace cuatro años, cuando Bolsonaro fue electo, Lula no había podido ejercer su derecho al voto: estaba en una celda de 15×15 de una prisión en Curitiba para cumplir una condena por 12 años por supuestos hechos de corrupción durante sus mandatos anteriores. Fueron 580 días los que estuvo hasta que el poder judicial determinó su inocencia. 

Hoy fueron las elecciones presidenciales que lo tuvieron como protagonista. El candidato a la presidencia del Partido de los Trabajadores (PT) no alcanzó el 50% necesario para evitar una segunda vuelta y disputará el 30 de octubre la presidencia con Jair Bolsonaro, que quedó en segundo lugar con el 43,36% de los votos. En cuarto lugar quedó la candidata del MDB, Simone Tebet, y en cuarto lugar la propuesta del PDT, Ciro Gomes.

Con más del 97% de las mesas escrutadas, Lula habló con la prensa y afirmó que “nada ocurre por casualidad”. En referencia a las encuestas, que lo posicionaban como ganador en primera vuelta, dijo “incluso quienes no querían que ganáramos nos mostraban en primer lugar”. De cara al segundo turno, el candidato del PT afirmó que “esto es solo una prórroga”. Luego recordó: “Hace cuatro años yo era considerado alguien fuera de la política pero dije que íbamos a volver porque la única razón para no hacerlo es que haya cientos y cientos de líderes en Brasil para lograr todas las conquistas que tenemos por delante”. Luego añadió: “Tenemos que recuperar el país. Quizás para desgracia de algunos, tengo 30 días más para hacer campaña. A mí me encanta hacer campaña. Va a ser una oportunidad para discutir con el Presidente de la República y preguntarle si va a seguir diciendo mentiras al pueblo y dejar en claro qué país quiere él y qué país queremos nosotros”. 

En la conferencia de prensa también tomó la palabra Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores: “Quiero agradecer a los 56 millones de votos que nos demostraron la confianza del pueblo en la transformación de este país. Ganamos la primera y ganaremos la segunda vuelta. Tenemos que unir a todos los sectores que creen en la democracia”. Además agradeció a los movimientos sociales y políticos, al pueblo brasileño y a Lula, “que en los peores momentos creyó en la fuerza del pueblo y en que el pueblo esté en la centralidad del desarrollo. Estamos luchando contra la mentira, la violencia y el dinero”, agregó.

Las mujeres: decisivas e influyentes

Brasil eligió a las primeras diputadas federales trans, Erika Hilton (San Pablo) y Robeyoncé Lima (Pernambuco), y a las primeras diputadas federales indígenas de su historia, Sonia Guajajara (San Pablo) y Celia Xakriaba (Mina Gerais); todas candidatas del Partido Socialismo y Libertad que integró la alianza que apoyó la candidatura del PT para la presidencia. También fue electa la Bancada Feminista del PSOL (Lista 5000) en San Pablo, integrada por cinco mujeres preta. La dirigenta del Movimento Sem Terra (MST), Marina Do Santos, se convirtió en legisladora por Río de Janeiro, al igual que otras militantes que luchan por derechos como la vivienda y el cuidado de los bienes comunes.

Tras conocerse los resultados, Hilton afirmó que “Tenía la esperanza de ser electa hoy y que Lula gane en el primer turno. Esto último no ocurrió pero hay que celebrar cada paso que damos. Venimos teniendo conquistas en este proceso y 

La Bancada Feminista del PSOL fue la candidatura legislativa más votada en Brasil, con 250 mil votos. “La emoción es enorme porque sabemos que esto es fruto del trabajo colectivo. ¡Somos 5! ¡Somos miles de mujeres, negras, LGBTQIAPN+, ecosocialistas que estamos en esta lucha! Ahora, cada día más, necesitamos ir juntas porque los desafíos serán muchos”, expresaron las candidatas.

Esta elección tuvo un récord de candidaturas de mujeres y LGBT para cargos legislativos. En ese marco se produjeron las elecciones históricas de Hilton y Guajajara, entre otras. También se reprodujo la experiencia que en 2018 permitió que San Pablo tenga su primera bancada feminista. Se trata de una experiencia de representación colectiva impulsada por el PSOL que consiste en una banca formada por cinco mujeres. Por los condicionamientos propios de la legislación electoral sólo una de ellas es formalmente titular de la misma, pero las cinco pueden hablar en las sesiones y las decisiones se toman horizontal y colectivamente entre todas las integrantes.

La presidenta del PT (primera mujer en ese cargo), Gleisi Hoffman, sostuvo este domingo que durante la campaña electoral “las mujeres tuvieron un papel interesante e importante: fueron mayoría en el apoyo a Lula y continúan firmes en esa lucha porque saben lo que representa Bolsonaro en el poder”. En una conferencia de prensa brindada en las vísperas de las elecciones, Lula afirmó que si no fuera por Hoffmann “no habríamos construido la alianza que construimos”, en referencia al armado político que le permitió ganar una elección presidencial por tercera vez.

Según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), de lxs más de 156,4 millones de electorxs, el 53% -poco más de 82,3 millones- son mujeres. De ellas, el 24% son mujeres negras. Los varones, por su parte, representan el 47% del padrón (unos 74 millones).

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Por Camila Parodi y Maru Waldhüter

Más de 200 ciudades se sumaron a la manifestación tradicional de Brasil conocida como el “Grito de Excluidos y Excluidas” que denuncia, hace 26 años, los conflictos sociales que atraviesa el pueblo brasileño.  El Grito conjuga una serie de actividades que denuncian, desde 1995, al modelo neoliberal y del sistema financiero internacional que únicamente maximizan las ganancias en detrimento de los pueblos y sus territorios. En esta nueva edición y, bajo el lema “La vida en primer lugar”, pueblos indígenas y organizaciones sociales, feministas, campesinas y sindicales salieron a las calles contra el gobierno de muerte de Jair Bolsonaro. Masivas marchas y diversos reclamos se conjugaron bajo el “Fuera Bolsonaro”. Para profundizar y acercarnos al calor de la jornada, Marcha dialogó con Sarah de Roure, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.

¿Qué lectura haces de los acontecimientos políticos y sociales sucedidos en los últimos días en Brasil?

Sobre mi lectura de los últimos días en Brasil,  desde los feminismos estamos denunciando el hecho de que hay un clamor popular por el impeachment a Bolsonaro, por la baja aprobación de su gobierno. Incluso los números de los que prefieren a Bolsonaro en la próxima elección también son muy bajos. Nos brinda una sensación de que para la población, en especial en la población más pobre, este gobierno ya no tiene legitimidad o está perdiendo la legitimidad que le han brindado las urnas del 2018.

Las permanentes amenazas del gobierno al sistema electoral están generando un ambiente de mucha tensión. El hecho de que desde la presidencia del Congreso no tenga una respuesta que lleve en serio la propia democracia. Hay una profunda complicidad de liderazgos políticos en la política tradicional de Brasil, de los partidos que se dicen de centro, que intentan diferenciarse del gobierno, pero en realidad son, fundamentales para la manutención de este gobierno por el hecho de que no abren un proceso de investigación, o por lo menos en un proceso que ponga en cuestión el mandato de Bolsonaro.

¿Con esta demostración popular se profundiza la crisis institucional?

El contexto en que se va profundizando una crisis institucional en Brasil es un contexto que se pone muy feo, pero también sabemos que viene desde el 2016 con el golpe en contra la presidenta Dilma. Creo que aquí una cosa importante para pensar los últimos días es que los mismos sectores involucrados en el golpe contra Dilma convocaron a las manifestaciones antidemocráticas para hoy. Por ejemplo, cuando vemos sectores que dirigen la producción de soja en Brasil, los grandes propietarios, los que producen caña e incluso producciones que no afectan solamente a las comunidades y los territorios en Brasil, sino también, por ejemplo, cuando miramos la frontera con Paraguay. La expansión de estos planteos de soja, tiene afectado profundamente las comunidades de las mujeres que están allá también, O sea en las últimas semanas me parece que lo que se va armando y mostrando también son los sectores que están dispuestos a financiar en la economía y los que en la política están dispuestos a sostener su complicidad a este gobierno.

Se trata de un gobierno que hace broma con la condición del pueblo, la desesperación de la pandemia y los números de muertos en Brasil que aún siguen muy altos, digo aunque hay una tendencia de disminución, se trata de un gobierno que menosprecia estas vidas y que menosprecia el hecho de que el pueblo no tiene empleo, no tiene que comer, que la canasta básica sube de precio, un gobierno que sugiere que la gente no puede comprar frijoles y que lo importante se que tenga para comprar un arma. Están tomando el pelo del pueblo, de las mujeres, de la gente trabajadora, de las comunidades de afro en Brasil, de los pueblos indígenas, de la gente que trabaja todos los días para poner comida en la mesa.

¿Cuál es el clima en las calles de San Pablo?

El 7 de septiembre es el Día de la Independencia en Brasil, con lo cual es un día diferenciado como los feriados en general, no es un día festivo. Desde ayer en Brasilia ya habían movimientos de las protestas de apoyo al gobierno, pero también es verdad que no han sido tan grandes como se esperaban. Aquí en San Pablo aún están pasando, o sea, es difícil tener una evaluación de cómo están siendo las manifestaciones en defensa del gobierno. Pero lo que sí sabemos son de las manifestaciones en contra el gobierno, que están en favor del pueblo, en favor del acceso universal a la vacuna, de la renta básica, de que la gente tenga comida. Bueno, esas protestas sí que está pasando, en 200 ciudades y en siete países, eso nos brinda una visión, no solo de lo continental que es Brasil, sino también del hecho de que lo que pasa en acá también tiene efectos fuera de nuestras fronteras.

Cabe aclarar que en los sitios donde había manifestaciones coordinadas por el gobierno se han movilizado muchísimos recursos financieros, se nota en el tipo de transportes, en la presencia de la gente, en quiénes llegaban y en cómo llegan a la calle. O sea, las calles enseñan el volumen de dinero que se han puesto desde grupos privados para hacer viables las protestas en favor del gobierno y de nuestra parte lo que vemos, es gente: Gente indignada, gente trabajadora que quiere tener de vuelta empleo, gente trabajadora que quiere garantizar el acceso a la educación. Son mujeres y hombres, son resistencias desde los pueblos indígenas que están en las calles hoy en todo el Brasil diciendo “fuera Bolsonaro”.

Y en ese tema del ambiente en las calles, creo que merece la pena decir que las protestas del gobierno han hecho eco y tienen un rol protagónico, también es verdad que la protesta en respuesta y resistencias son claves para enmarcar físicamente el espacio para decir no al avance. No es posible que, frente a la avanzada del fascismo, nos callemos. No es posible que no respondamos al mismo momento. No es posible que no nos planteemos de un a otro día, o sea, me parece muy importante destacar que el clima en las calles también tiene que ver con el hecho de que hay resistencias activas en todo el país.

Vimos las cales tomadas por las mujeres y disidencias sexuales, ¿Cuál es la respuesta de este sujeto político frente a las políticas de Bolsonaro?

Me parece importante decir que hemos sido las mujeres quienes desde el 2016 hemos estado al frente, que hemos sido punteras en la resistencia al golpe contra la presidenta Dilma, en la resistencia a los avances de que se saquen derechos de las y los trabajadores del pueblo brasileño. Hemos sido, y seguimos siendo, porque sabemos y sentimos en el cuerpo, en el tiempo, en el incremento de la carga de trabajo doméstico, cómo va avanzando el conservadurismo sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Las resistencias de las mujeres son desde la autonomía, desde la posibilidad de manejar nuestras respuestas y a eso me refiero, específicamente a experiencias de organización comunitaria, a nuestra experiencia de solidaridad política, a nuestra experiencia de solidaridad práctica que, en el contexto de la pandemia también son muy importantes para el enraizamiento de las luchas. Hemos sido las mujeres las que hemos gestionado las necesidades en esa crisis.

¿Cuáles son las respuestas de las mujeres y disidencias frente a la crisis y el avance del conservadurismo en Brasil?

Frente a las políticas de Bolsonaro, también vemos una respuesta muy importante desde la organización de las mujeres trabajadoras en sus huelgas y desde la organización de las trabajadoras de hogar en sus sindicatos han sido muy activas. Hemos visto también una resistencia fundamental de las mujeres indígenas y la denuncia del agronegocio, el avance de los modelos extractivos en el periodo de la pandemia. De hecho, esta semana está la marcha de las mujeres indígenas en Brasilia, como una expresión absolutamente fundamental de las luchas de la resistencia frente al avance de este modelo, que es un modelo fascista, de control de la vida, del trabajo y de nuestros cuerpos que avanza frente a los territorios. Todo este modelo tiene un impacto muy concreto y directo en la vida de las mujeres.

En ese sentido, las mujeres indígenas lo materializan muy bien. Ellas están en en los territorios en conflicto y están ahí poniendo su vida y sus cuerpos. Resistiendo con todo lo que tienen, su experiencias de posibilidades, de organización colectiva. Este gobierno ha elegido algunos enemigos fundamentales y, por supuesto, eligió a las mujeres y sus derechos como su adversario y lo hace, no solo al retirar derechos, al reducir presupuesto público para las políticas de las mujeres, sino que lo hace también al incrementar la violencia en las comunidades, lo hace también al no referirse a las mujeres cuando habla, sino de forma despectiva. Un gobierno que elige a las mujeres como sus adversario y que apuesta por modelos de femenino que si tiene visibilidad en su gobierno, o sea, la mujer madre de familia, la que defiende la familia, la que está siempre dentro de los patrones de belleza, como la primera dama. O sea, hay una apuesta también del refuerzo de un modelo de feminidad que sea funcional a este modelo de desarrollo y de avance del conservadurismo. Un modelo profundamente misógino y que claro, deja claro el odio que este gobierno tiene a las mujeres y a las disidencias sexuales.

La posibilidad de alternativas tienen que ver con nuestra capacidad de organización colectiva, de respuestas de las necesidades, de sacar de lo privado el manejo del hambre y la ausencia de recursos en los hogares, compartir las experiencias de organización colectiva. Proponemos profundizar la lucha por el impeachment del presidente Bolsonaro, profundizar las resistencias en los territorios, la denuncia y la construcción de alianzas con otro movimientos sociales, con quienes estamos lado a lado en la lucha de la defensa de la democracia, en contra del avance del fascismo, en defensa de la libertad y de la vida de las mujeres.

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Por Camila Parodi

Hacia finales del 2020 el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se dirigió a su población con un consejo: “Tenemos que dejar de ser un país de maricas”. En ese momento, su discurso tuvo mucha repercusión no sólo por su contenido homo-odiante, sino también por la acusación hacia las personas que adoptan medidas de cuidados frente a la pandemia por COVID 19 que, particularmente en el Brasil, ha sido muy violenta en términos sanitarios como económicos y sociales. Paradójicamente, la ciudad de Maricá, en Estado de Río de Janeiro, no ha dejado de cuidar a su población. Por el contrario, han acentuado las políticas sociales y económicas que atienden a las personas más afectadas por la crisis.

Maricá tiene una larga trayectoria de izquierda. Ha sido gobernada por el Partido de los Trabajadores (PT) desde el año 2009, en el marco del segundo gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva. Su actual alcalde, Fabiano Horta, fue elegido en su segundo mandato con el 88% de los votos. Un claro ejemplo de que la gestión implementada es elegida por su población. 

“Si no fuese por el gobierno municipal y la asistencia social que estamos recibiendo, sería muy difícil para nosotros sobrellevar la pandemia” reflexiona una de las pobladoras, nacida y criada en Maricá, Gleiceane da Costa. Y sobre las políticas implementadas por el gobierno local nos dice “ha ayudado a mucha gente, si no fuese por este beneficio, el pueblo de Maricá tendría muchas dificultades”.

Se trata de una ciudad que evidencia, día a día, qué otra forma de democracia y gestión política es posible. Al enterarnos de su existencia comenzamos a dialogar con colegas de medios populares brasileros hasta dar con Luis Fernando, Periodista del Gobierno de Maricá. Trabajamos más de un mes intercambiando preguntas, audios, traducciones y fotos para la creación de esta nota. De forma que sin su amabilidad y compromiso con este proyecto político no hubiera sido posible. En ese marco, Marcha dialogó con Igor Sardinha, Secretario de Desarrollo Económico; Diego Zeidan, Teniente de Alcalde y ex-secretario de Economía Solidaria y Simone Costa, Ministra de Salud. 

Covid y Socialismo

Tras el conocimiento de yacimientos de petróleo en su costa, la ciudad de Maricá aprovechó sus regalías para mejorar la distribución de la renta a través de la implementación de una moneda propia que tiene por objetivo la reducción de la pobreza y la desigualdad. “En el año 2013 la Ciudad de Maricá empezó con el proceso de construcción de un programa municipal de Renta Básica con la popularidad de usar una moneda social local para el pago de los beneficios: La moneda Mumbuca” explica el Secretario de Desarrollo Económico, Igor Sardinha. Pero, cuál es el objetivo de circular una moneda propia y en qué se beneficia la ciudad: “Hacer estos pagos con una moneda local logra la circulación por la ciudad desde el primero hasta el último centavo de estos recursos, creando empleo y renta” afirma Sardinha. “Actualmente -relata- 42.501 personas, que sería el 26% de la población, reciben este beneficio por mes”. Este número se debe, en parte, a la actual situación atravesada por la Pandemia de COVID 19 donde gran parte de la población se vio afectada en lo laboral, sanitario y económico. Por ese motivo, explica el secretario “con el comienzo de la pandemia hicimos un reajuste de emergencia haciendo que los valores salten de 130 a 300 mumbucas (equivalente con el real)”. 

Pero este incentivo no sólo actúa sobre la población beneficiaría sino que, a su vez, “más de 9000 comerciantes y proveedores de servicios de la ciudad están aptos para recibir por los productos y servicios su pago en moneda mumbuca” sostiene Sardinha. Cabe aclarar, que todo el proceso de uso de esta moneda se realiza de forma electrónica tal como lo explica el Secretario de Desarrollo Económico “a través de aplicaciones de teléfonos celulares o en a través de los equipos de tarjeta tradicionales. Es un programa que promueve el desarrollo económico local a través de los millones de reales inyectados mensualmente en la economía”. 

Actualmente en Maricá vive un aproximado de 160 mil personas y no existen personas que cuestionen o se quejen de la situación económica de su ciudad. A través de las regalías por petróleo a unos 150 millones de reales al año se reinvierte en atención médica, educación, programas sociales, entre otros. Pero no sólo eso, también ahorran parte de ese dinero en un fondo especial que podría ser utilizado una vez que las reservas se agoten o mismo si el precio del petróleo baja. Al momento, la ciudad ha ahorrado casi 500 millones de reales (89 millones de dólares) en su fondo de emergencia.

“La primera preocupación fue con las y los más pobres, y exactamente por eso el primer paso fue duplicar los valores de la Renta Básica” responde el Secretario de Desarrollo Económico ante la pregunta de las acciones implementadas por su gobierno en el marco de la pandemia. A continuación, explica que crearon el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), con el objetivo de proteger a la gran parte de “trabajadores y trabajadoras informales que, exactamente por eso, no tienen ningún tipo de protección. Acá en Maricá hay 20.532 trabajadores/as informales registrados en el programa y recibiendo un sueldo mínimo mensual en moneda mumbuca. También, consciente de la necesidad de proteger los trabajos formales existentes en la ciudad, creemos que fue bueno crear el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), que autoriza al gobierno de la ciudad a subvenciona la nómina de sueldos de las empresas radicadas en la ciudad pagando un sueldo mínimo por trabajador/a de la empresa inscrita en el programa con el mismo compromiso de no despedir” responde Sardinha. Su aclaración es notoria, eligen proteger a las y los trabajadores en el marco de la pandemia pero no sólo eso, lo hacen dentro de una estructura nacional que en la actualidad permite la reducción de salarios hasta el 70%.

“Finalmente -agrega el Secretario- empezamos el programa “Fomenta Maricá” que brinda líneas de crédito para emergencias para el sector productivo de la ciudad. Créditos de hasta 40 mil reales, con cero intereses, un año de gracia y 36 meses de amortización”. Este conjunto de medidas le permite a la ciudad de Maricá obtener cifras muy positivas en la economía incluso en este momento tan convulso, y en ese contexto aclara “tuvimos más empresas abiertas durante el año 2020 que en 2019 y menos empresas cerraron en el mismo período”.

En lo que corresponde a la gestión de la pandemia, Maricá también implementó acciones para destacarse. Recientemente, su alcalde se organizó junto a otras ciudades para comprar por su cuenta unas 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V de doble dosis de Rusia, ya que Bolsonaro se opuso a su compra. Esta cantidad es suficiente para inocular a las 162 mil personas que viven en Maricá y también a los pueblos vecinos. 

Por su parte, la Ministra de Salud, Simone Costa, nos cuenta que la ciudad de Maricá “estableció alianzas entre las secretarías de la Seguridad, Comunicación, Educación, Desarrollo, etc, para realizar un plan de acción conjunto para combatir la pandemia, decretando el Estado de Calamidad y algunos otros decretos, como suspensión de clases, de protección social y distanciamiento social, el uso de una mascarilla y la necesidad de limpieza de las manos para prevenir la propagación del virus”. Desde el minuto uno de la pandemia, a pesar de los dichos de su presidente, la primera acción de la Secretaría de Salud de la ciudad fue “evitar el cruce de personas que tenían otra patología, las sospechas de Covid, y los realmente contagiados/as por el virus” afirma su ministra. 

En lo que corresponde a la intervención específica de salud, comenta que “en lugar de que personas sospechosas fueran a las unidades, creamos carpas en los cuatro distritos (evitando también los viajes largos), para que fueran diagnosticadas y medicadas, lo que requiere aislamiento en casa para aquellos/as que estuviesen con síntomas leves. Aquellos/as que necesitaban hospitalización ya eran enviados/as directamente a una unidad en una sala específica de Covid, o al Hospital Municipal Ernesto Che Guevara, nuestra segunda gran acción en el año pasado”. 

El 1º de mayo de 2020 se inauguró el Hospital Municipal Ernesto Che Guevara que, inicialmente sería un hospital general. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, se remodeló para atender específicamente pacientes con Covid. Explica Costa que el hospital abrió con 50 camas, y hoy ya cuenta con 118 en los Centro de Cuidados Intensivos y Semi-intensivos y recibiendo pacientes de manera regulada provenientes de tres unidades de la Red de Urgencias y Emergencias de la ciudad con atención las 24 horas. “Fuimos la única ciudad del Estado que en tan poco tiempo montó una estructura enorme, con cerca de mil empleados/as y que sigue siendo un legado para la población” sostiene la Secretaria. A su vez, Maricá, a través de la Secretaría de Salud, inauguró el Laboratorio Central Dr. Francisco Rimolo Neto, en el centro de la ciudad para realizar hisopados gratuitos (PCR), cuyos resultados son más precisos para la atención de Covid-19, diagnóstico reenviado de las unidades municipales de salud. Al respecto sostiene la Secretaria: “Con mayor número de pruebas, mayor seguimiento de los contagiados/as y, por tanto, mejores tomas de decisiones respecto a los decretos que inciden en la vida cotidiana de la población del municipio, además del menor número de contagiados/as por el aislamiento de las y los infectados”. 

Se invierte también en capacitaciones para que las y los profesionales estén mejor preparados en la atención y procedimientos de esta enfermedad tan nueva y fatal “además de invertir en equipos de protección personal, detección e investigación epidemiológica y en investigaciones, como el casco de ventilación no invasiva que se está probando con los pacientes hospitalizados/as  internados con Covid en el Hospital Che Guevara”. “También -agrega Costa- dejamos la red más integrada entre Atención Primaria y Urgencia y Emergencia, para que los y las pacientes dados de alta pudiesen tener seguimiento fuera del hospital, con profesionales especializados a través del Servicio de Atención Domiciliaria y las dos Unidades de Salud de la Familia”. 

Maricá: Salir del closet neoliberal

¿Cómo se toman estas decisiones? Si bien se intenta incentivar a la población en la participación, remarcan que se trata de las tareas más complejas de la gestión. Sin embargo, se mantiene a través de la creación de una agenda conjunta con el gobierno, como explica el Teniente de Alcalde, Diego Zeidan. “Tenemos una casa de consejos, a través de los ayuntamientos hemos reforzado mucho las políticas. Trabajamos mucho con las asociaciones  de vecinos/as y grupos de vecinos/as para que podamos tener un trabajo más popular, que involucra a las personas en la gestión pública” afirma. “Nuestras políticas públicas, como la moneda Mumbuca, el rojo -autobús libre de color rojo conocido cariñosamente “Vermelhinho”- y el Passaporte Universitario, son dirigidas a las personas, son instrumentos que se utilizan para atender la demanda de la población para hacer valer sus derechos básicos que son derechos constitucionales en Brasil”.

“Para que podamos ser un gobierno popular y reafirmar derechos, necesitamos estar con la gente de nuestro lado” sostiene el Zeidan, sin embargo, se trata también de un desafío “es difícil lograr que la gente participe, esté interesada en la política, interesada en participar en la vida de la ciudad, en la vida cotidiana, en la toma de decisiones. Pero es algo en lo que estamos trabajando y tratando de que más personas estén con nosotros”. Y afirma: “Es necesario traer a la población a los espacios de decisión y consultas populares”.

Al conocer su experiencia y, desde el comienzo de la entrevista, sostuve que es posible construir nuevas formas de poder y democracia, como lo hizo Maricá dentro del Brasil de Bolsonaro, en medio de una pandemia y en pleno Siglo XXI. Ante esta afirmación me responde el Teniente de Alcalde, Diego Zeidan:  “Lo que estamos tratando de hacer aquí en Maricá, además de la discusión de izquierda y derecha, es de hecho construir un nuevo modelo de la sociedad que se preocupe por las personas, para atender las demandas de la mayoría de la población”. “Somos de izquierda -remarca- nos identificamos como un partido y gobierno de izquierda, y defendemos que el Estado necesita garantizar lo mínimo para que la gente viva con dignidad. No podemos tomar como ejemplo el Estado capitalista neoliberal, que está ausente de la vida de las personas y que cree que el mercado regulará y satisfará todas las demandas”.

Para Zeidan, “el mercado tiene fallas en algunas situaciones, tiende al monopolio, la concentración del ingreso y la concentración del capital, y el Estado necesita existir para crear mecanismos que garantizan una vida digna para todos, una vida que no tenga explotación laboral, donde las personas tengan comida en la mesa, acceso a la salud, la educación, la seguridad y cultura general como una forma de ocio, como forma de deporte”. En ese sentido, desde el gobierno de Maricá sostienen que el Estado debe garantizar derechos e igualdad, “ya que el capitalismo tiene fallas y el mercado no puede satisfacer la demanda de gran parte de la población. Entonces, queremos mostrar que es posible un nuevo modelo de Estado, un modelo que en realidad no es nuevo, que ya se usa en China, en Cuba, en algunos países nórdicos, que ni siquiera son socialistas incluso existe un modelo de Estado que promueve el bienestar social” remarca el Teninete de Alcalde.

Finalmente, concluye “debemos asegurarnos de que todos y todas tengan acceso a la salud, la educación, la seguridad, y el derecho a la dignidad. Aquí, en Maricá, demostramos en la práctica que trae beneficios no sólo sociales, sino también económicos”. Después de todo, no es de extrañar que Maricá sea la ciudad con el mayor número de empleos durante la pandemia y asegura: “Así trabajamos en Maricá, demostrando que el Estado tiene que servir a las personas y no a los intereses de los bancos y grandes empresas, sino de los que más lo necesitan, los que están en más dificultades”.

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Por Luiza Mançano, desde São Paulo | Fotos: Manuela Martinoya

Esta es la primera gran movilización desde el comienzo de la pandemia en el país en marzo de 2020. La movilización convocada por los frentes de izquierda Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular, que aglutinan los principales movimientos populares del país reunió a miles de personas en las 27 capitales de los estados brasileños y en aproximadamente 100 ciudades más.

En uno de los momentos más críticos de la pandemia, ya que el país se aproxima al medio millón de muertes por Covid-19, los movimientos decidieron salir a calles para denunciar la ofensiva negacionista y presionar a los parlamentarios brasileños para que destapen el proceso de destitución de Bolsonaro. El análisis realizado por la Agencia Pública de Investigación Periodística señala que se remitieron 117 solicitudes de impeachment del mandatario al Congreso Nacional; en total, más de 500 organizaciones han firmado las peticiones oficiales.

En las calles, una de las principales reivindicaciones es la ampliación del plan de vacunación en el país y una ayuda de emergencia en el valor mínimo de R$ 600,00 [unos 140 dólares, que equivalen a un 54% del salario mínimo].

La movilización masiva reunió a integrantes de partidos de izquierda, diversos movimientos populares, como el movimiento negro, feminista, campesino, indígena, asociaciones populares, centrales sindicales y la ciudadanía en general.

Además de denunciar la intensa crisis en Brasil, política, social, económica y sanitaria, en las calles los movimientos expresaron la solidaridad internacionalista con los demás países latinoamericanos y sus banderas.

En la marcha realizada en la Avenida Paulista, principal centro financiero de la ciudad de São Paulo, la militante de la Marcha Mundial de las Mujeres, Sarah de Roure, recordó la lucha internacionalista de las mujeres populares en el continente.

“Nosotros, los que queremos la destitución de Bolsonaro, somos los mismos a que se llaman locos en Colombia, que estamos en huelga desde hace un mes, somos las mismas que en Chile ocuparon las calles y el parlamento, somos las mismas que legalizaron el aborto en Argentina”, expresó.

La militante aún destacó la organización comunitaria que en el último año ha sostenido la vida en Brasil, en contra de las políticas de muerte del gobierno. “Sabemos que estamos en un proceso de disputa política cotidiana, que nos llevará hacia la victoria. Una disputa que respondemos con organización comunitaria, porque si ellos recortan la ayuda de emergencia, nosotras respondemos con ollas comunitarias. Si aumenta el desempleo, organizamos redes de solidaridad, y así vamos a construir la victoria del pueblo de Brasil”.

La participación femenina en el mercado laboral en Brasil disminuyó un 53% en 2020, según los datos de la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares (PNAD, por sus siglas en portugués). Las mujeres negras corresponden a un 55% de las más afectadas por la reducción de ingresos y relatan dificultades para mantener gastos básicos como alquiler y tarifas de gas y electricidad.

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Por Brasil de Fato

Las elecciones municipales, originalmente programadas para octubre se pospusieron debido a la pandemia del coronavirus. El cambio de calendario fue aprobado por el Congreso Nacional en julio de este año.

La crisis sanitaria del covid-19 en el país, lejos de estar bajo control, es uno de los factores que podría llevar a una mayor abstención en las elecciones de este domingo aunque el voto sea obligatorio para todos los brasileños y brasileñas mayores de 18 años. En las elecciones presidenciales de 2018, más del 20% del electorado no acudió a votar.

A continuación se presenta un breve resumen de la disputa electoral, marcada también por la disminución del poder de influencia de Bolsonaro y la fragmentación de la izquierda en algunas de las principales capitales del país.

Fuerzas políticas

En las elecciones municipales de este domingo (15), son tres las grandes fuerzas políticas que se enfrentarán.

El bolsonarismo, compuesto por fuerzas políticas diversas pero vinculadas al apoyo del gobierno de Bolsonaro y alineado con un proyecto político de extrema derecha, pretende establecerse en el escenario político municipal, ya que es una expresión muy reciente en el país, para consolidar una base electoral que abriría paso a la reelección del actual mandatario en 2022.

El campo progresista, formado por fuerzas políticas heterogéneas, se encuentra fragmentado, a pesar de las sucesivas derrotas tras el golpe contra Dilma Rousseff en 2016.

El partido político del ex presidente Lula da Silva busca mantener su posición hegemónica en el campo de las fuerzas progresistas, pero sin presentar candidaturas competitivas en las capitales. De las 9 capitales en las que el campo progresista está disputando la segunda vuelta en este momento, sólo dos estarán encabezadas por el Partido de los Trabajadores (PT).

En algunas capitales, el PSOL (Partido Socialismo y Libertad) busca consolidarse como una alternativa a la hegemonía del PT. En Belém, capital del estado de Pará, Edmilson Rodrigues, representante de la sigla, lidera las encuestas de intención de voto, con el 38%.

En São Paulo, Guilherme Boulos, el candidato por este partido de izquierda, está técnicamente empatado en segundo lugar con el candidato apoyado por Bolsonaro, Celso Russomano, con un 13 y un 12 por ciento de intención de voto, respectivamente. El actual alcalde, Bruno Covas (Partido de la Socialdemocracia Brasileña – PSDB), lidera la carrera con el 32% de los votos, según la encuesta de IBOPE divulgada el pasado lunes (09).

En Recife, capital de Pernambuco, en el noreste de Brasil, el progresismo llega a las urnas fragmentado en dos coaliciones. Los candidatos y primos João Campos (PSB) y Marília Arraes (PT) disputan la alcaldía y el legado familiar y de la izquierda en la región.

En Porto Alegre, capital del Estado de Rio Grande do Sul, hay una posibilidad real de victoria para el campo progresista, con Manuela D’Ávila (Partido Comunista de Brasil – PCdoB) liderando las encuestas. D’Ávila fue candidata a la vicepresidencia en la coalición con Fernando Haddad (PT) en las elecciones presidenciales de 2018.

A su vez, la derecha tradicional, que reúne a las fuerzas políticas que pretenden ser una tercera vía entre las fuerzas anteriores, busca reposicionarse en la política brasileña después de la profunda derrota que sufrió en 2018, cuando fue reemplazada por el bolsonarismo. Estas fuerzas pretenden conformar un polo político que se presente como una alternativa para la contienda presidencial de 2022.

Influencia de Bolsonaro

Protagonista y principal impulsor de la extrema derecha en Brasil durante las elecciones de 2018, el presidente Jair Bolsonaro ve su influencia disminuir drásticamente en las elecciones municipales de este año.

El mandatario, sin partido político desde su salida del PSL en noviembre de 2019, tuvo poca influencia en la construcción de alianzas en los municipios brasileños.

En las principales capitales del país, los candidatos apoyados por Bolsonaro, más o menos explícitamente, oscilan en las encuestas electorales. Entre los candidatos seguidores de Bolsonaro está Celso Russomanno (partido Republicanos), candidato a alcalde de São Paulo.

Sin embargo, es posible que la influencia del Bolsonaro lleve a un aumento de la extrema derecha en los concejos. El bolsonarismo tiende a articular un ejército de concejales, reverberando la ideología neofascista en los lugares más remotos del país, según el análisis de Lucio Centeno, de la Consulta Popular.

Números de las elecciones municipales

Los hombres representan más de dos tercios de las candidaturas a las alcaldías y concejos del país (66,90% de los hombres y 33,10% de las mujeres), según el estudio Panorama de las elecciones municipales – Mapa de las candidaturas 2020.

Aunque las mujeres sean más del 52% del electorado en Brasil, de las 317 candidaturas a las alcaldías de 26 capitales de estados brasileños en 2020, apenas 59, o 23%, serán lideradas por ellas.

El escenario no es muy diferente en relación con el número de candidatos afrodescendientes, aunque más del 56% de su población se declare afrodescendiente. Un levantamiento hecho por Brasil de Fato señala que entre los postulantes a las alcaldías, 208 son blancos (65,61%), 107 negros (33,75%) y 2 indígenas (0,6%).

Número de candidatas en las elecciones municipales / Ilustración: Fernando Bertolo

Apenas 20 mujeres afrodescendientes disputarán las alcaldías de las 26 capitales brasileñas en 2020. Con relación al número total de candidatos (317) son 6,3%. Comparado con el número de candidaturas de afrodescendientes (107), ellas representan apenas 18,6%.

Para la escritora y periodista Bianca Santana, las cifras son “terribles” y evidencian “la posición que las mujeres afrodescendientes ocupan dentro de los partidos”.

“Es una reafirmación del racismo y del sexismo de esa política institucional blanca y heteropatriarcal que tengamos poco más de 6% de mujeres afrodescendientes candidatas a alcaldesas de las capitales, cuando somos cerca de 25% de la población”, afirma.

Pandemia

En la primera ronda de las elecciones municipales, que se celebrará este domingo (15), el uso de mascarilla será obligatorio. El horario será extendido, de 7h a 17h (hora local) para distribuir el flujo y evitar aglomeraciones. En las colas debe haber al menos un metro de distancia entre las personas.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) también determinó que el horario de 7 a 10 de la mañana será preferencial para las personas mayores de 60 años, uno de los grupos de riesgo de la covid-19.

La Constitución brasileña establece que debe haber una segunda vuelta para la elección de alcaldes cuando ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta. La segunda vuelta está prevista para el 29 de noviembre.

Los resultados de la primera vuelta se darán a conocer unas horas después de la finalización de la votación, ya que el país cuenta con un sistema electoral 100% electrónico desde las elecciones municipales de 1996.

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Por Vanessa Gonzaga | Traducción: Pilar Troya*

Fundamentalistas religiosos intentaron invadir este domingo (16) el Centro Integrado de Salud Amauri de Medeiros (CISAM), en Recife, estado de Pernambuco, al nordeste del país, para impedir el aborto legal de una niña de 10 años, embarazada tras haber sido violada por su tío.

A la niña le negaron su derecho en el Hospital Universitario Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), en el estado de Espírito Santo, y viajó a la capital pernambucana exclusivamente para interrumpir su embarazo. Después de la expulsión de los extremistas por un grupo de mujeres feministas, el procedimiento fue realizado con seguridad y ella está bien.

Brasil, por ley, permite desde 1940 el aborto en casos de embarazo causado por violación y en los casos en que hay riesgo de vida para la madre o anencefalia del feto. 

Durante el día, grupos conservadores permanecieron frente al CISAM y criticaron la realización del procedimiento, incluso después de la autorización del Tribunal de Justicia de Espírito Santo. Estuvieron en el lugar parlamentarios contra el aborto, como los diputados Clarissa Tércio Partido Social Cristiano (PSC), Cleiton y Michelle Collins, ambos del Partido Popular (PP), el concejal Renato Antunes (PSC), el diputado estadual Joel da Harpa (PP) y la ex diputada Terezinha Nunes (Movimiento Democrático Brasileño).

El episodio fue uno de los más comentados del día en las redes sociales. La niña era víctima de violencia hace cuatro años.

La Investigación Nacional sobre Aborto, realizada en 2015 por el Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género (ANIS) en asociación con la Universidad de Brasilia (UNB), mostró que una de cada cinco mujeres entre 18 y 39 años ya se había realizado por lo menos un aborto hasta los 40 años, totalizando casi 500 mil intervenciones. Los números pueden ser mayores, ya que la investigación no incluyó adolescentes, mujeres en áreas rurales ni mayores de 49 años.

*original en Brasil de fato

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El calvario de las mujeres que deciden abortar en Brasil

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Por Fernando Romero Wimer / Fotos por Latinoamérica Piensa

Ante la avanzada autoritaria del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, el grito de “dictadura nunca más” unió a rivales en el plano deportivo. Concentraciones similares -que adoptaron las medidas básicas de protección sanitaria frente a los riesgos del Covid-19- se produjeron en Rio de Janeiro, Belo Horizonte y otras grandes ciudades.

Un antecedente histórico: la democracia Corinthiana

Los más numerosos en esta convocatoria fueron los denominados “Gaviões da Fiel” (halcones de la fiel) del Corinthians de São Paulo. El club cuenta con el antecedente de haber conformado, en la década de 1980, un movimiento que se manifestaba diariamente dentro y fuera del club a favor de la democracia.

La llegada del célebre jugador Sócrates en 1978 y la elección del sociólogo Waldemar Pires como presidente de la institución años después fueron el puntapié inicial para el desarrollo de un sistema de autogestión que incluía el voto igualitario entre dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y empleados para adoptar las principales decisiones. Por aquellos años, el club estampaba mensajes a favor de la democracia y contra la dictadura militar en su vestimenta. El equipo contaba además con la presencia destacada y el compromiso del delantero Walter Casagrande Júnior y el defensor Wladimir Rodrigues dos Santos.

Una respuesta al gol en contra que significó la dictadura militar

El 31 de marzo de 2020 unas 47 hinchadas antifascistas de Brasil repudiaron la dictadura militar iniciada en 1964, ante la declaración de Bolsonaro de que la fecha sea recordada por la Fuerzas Armadas. Las torcidas firmaron conjuntamente un texto que recordaba los asesinatos, torturas, persecuciones y secuestros producidos por el régimen que se extendió hasta 1985, incluido atletas de diferentes disciplinas como la basquetbolista Helenira Rezende y el basquetbolista Carlos Alberto Soares Freitas, los remeros José Huberto Bronca y Eremías Delizoicov y el boxeador Osvaldo Da Costa. Mención especial tuvieron los futbolistas que sufrieron la represión como el técnico João Saldanha y los jugadores Sócrates, Nando, Afonsinho, Reinaldo, Tostão e Wladimir.

De este se modo, llamaron la atención sobre la otra cara de este popular deporte en el gigante sudamericano; una faceta que no contó con las primeras planas de los grandes medios de comunicación. Por el contrario, la dictadura del general Emilio Garrastazu Médici utilizó el triunfo de Brasil en la Copa Mundial disputada en México durante 1970 para acallar la oposición y profundizar el accionar represivo sobre los movimientos sociales populares y democráticos.

Más torcidas antifa

La hinchada autodenominada Ultras Resistencia Coral de Ferroviário Atlético Clube de la ciudad de Fortaleza, nacida en 2005, ostenta actualmente el título de torcida antifascista más antigua. Una de sus banderas colgada en los estadios reza: “Ni guerra entre hinchadas, ni paz entre clases”.

El colectivo Palmeiras antifascista, que surgió en 2014, también tiene pautas de militancia que exceden el seguimiento al equipo: organiza campeonatos de fútbol barriales, lleva banderas en homenaje a la asesinada concejal por Rio de Janeiro Marielle Franco y de los jugadores negros de la historia del club, y se movilizan contra los intentos de privatización del estadio Pacaembu. En Rio de Janeiro, se organizaron torcidas antifascistas en los principales equipos de la ciudad. Fluminense Antifascista y Esquerda Vascaína (estos últimos torcedores del Vasco da Gama) son dos referencias entre las hinchadas posicionadas abiertamente a favor de los candidatos políticos de izquierda.

Así, simpatizantes de clubes rivales en lo futbolístico encuentran una proximidad que muchas veces no se produce con hinchas de su propia escuadra. Este domingo 31 de mayo también la torcida Fla Antifa del Flamengo participó en Copacabana de las manifestaciones contra Bolsonaro. En Belo Horizonte, las torcidas antifascistas de Cruzeiro, Atlético Mineiro y América se reunieron este domingo en la Plaza da Bandeira.

En Porto Alegre, ocurrieron movilizaciones antifascistas frente al Cuartel del Comando Militar del Sur, aunque con menor protagonismo de las hinchadas. No obstante, los dos principales clubes también han organizado torcidas antifascistas frente a la ola reaccionaria que recorre el país: Inter Antifascista del Internacional y Tribuna 77 del Gremio.

El partido todavía no terminó

Quienes amamos el fútbol sabemos que los partidos se juegan hasta el final, aun cuando la derrota que viene siendo proporcionada provoque desaliento. En São Paulo, la Policía Militar terminó dispersando a las torcidas antifascistas con gases lacrimógenos después que se produjeran enfrentamientos con manifestantes a favor de Bolsonaro.

Los posicionamientos de las torcidas antifascistas evidencian el rechazo a la violencia en los estadios, la homofobia, el machismo, el racismo, la elitización y la mercantilización del fútbol.

Las manifestaciones a favor de una dictadura militar comandada por el actual presidente brasileño abren las posibilidades de una mayor confrontación social. Sin embargo, las concentraciones antifascistas convocadas por las hinchadas de fútbol obligaron a replegarse a los golpistas y mostraron el camino para la defensa de la democracia, la reivindicación de derechos y la denuncia de todas las injusticias sociales. Aún con una goleada en contra, no habrá pandemia que las haga retroceder.

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Por Gerardo Szalkowicz (*) | Opinión Gráfica @cavaton_

La imagen de Brasil es la de un micro yendo a toda marcha derecho al barranco y su chofer en vez de cambiar el rumbo acelera más. Un grupito de pasajeros le festeja y el resto le implora que frene, pero el tipo se aferra a su delirio místico y pisa el acelerador a fondo. Y encima se da vuelta y lanza una carcajada burlona.

A la crisis sanitaria y a la crisis socioeconómica –de pronósticos catastróficos– que se desataron en todo el mundo con la llegada del coronavirus, en Brasil se suma una crisis política con tintes surrealistas, inducida por la insólita actuación de Jair Messias Bolsonaro, el único presidente que, a esta altura, sigue saboteando las medidas de confinamiento y peleándose a diario con la comunidad médica, la OMS, gobernadores, alcaldes y periodistas. Incluso confrontando con sus aliados o con sus propios (ahora ex) ministros, como el superpoderoso Sergio Moro o los dos titulares de la cartera de Salud renunciados en menos de un mes.

Mientras Brasil trepó al segundo país con más casos de Covid-19 en el mundo -sólo detrás de Estados Unidos-, asumió como ministro de Salud interino el militar Eduardo Pazuello, de nula experiencia en el tema. Con cifras cada día más alarmantes, Brasil es el epicentro de la pandemia en América Latina. Por la tragedia humanitaria que se traduce de ese frío conteo cotidiano de contagios y muertes pero también por su peso geopolítico: es la mayor economía de la región y, salvo con Ecuador y Chile, limita con todos los países sudamericanos (con lo que implican hoy las fronteras). La preocupación que genera en sus países vecinos es tan grande como su geografía.

Bolsonaro no llegó al Palacio de Planalto por mérito propio. El ex capitán e ignoto diputado durante 27 años fue la única carta que le quedó a la élite brasileña tras la implosión de los partidos tradicionales para evitar el quinto triunfo electoral seguido del Partido de los Trabajadores. La proscripción de Lula, la campaña de fake news y el poder evangélico hicieron el resto para que un personaje cuyo principal gesto es imitar un disparo lograra más de 57 millones de votos.

Pero buena parte de ese apoyo se esfumó con su irresponsabilidad frente al coronavirus. La mayoría de la clase política y los principales medios -O Globo, Folha y Estadão- ya le soltaron la mano. Uno de sus principales aliados era Joao Doria, gobernador de San Pablo, quien recientemente dijo que Bolsonaro “no está en plenas facultades mentales”, mientras que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso sostuvo que “Bolsonaro está cavando su propia fosa” y el alcalde de Manaos, Virgílio Neto, lo llamó “asesino indirecto”. Los tres son del PSDB, el histórico partido de la derecha brasileña. Suena entonces cada vez con más fuerza la idea de un juicio político.

Pruebas no faltan: la más contundente es un video de una reunión de gabinete en el que Bolsonaro exige el cambio del jefe de la Policía Federal para evitar que avancen los procesos judiciales contra sus hijos, maniobra denunciada por Moro cuando pegó el portazo.

Políticamente aislado, sin partido, con una economía que se va a pique, 12 millones de desempleados y un sistema de salud desfinanciado y desbordado -en parte por la expulsión de las y los 8 mil médicos cubanos-, y con el desastre que dejará la pandemia, el horizonte de Bolsonaro parece estar asociado a la palabra impeachment.

Así y todo, no hay que subestimar el caudal de apoyos que tiene y la base social que construyó. Su principal sostén son las Fuerzas Armadas, las policías locales y las milicias paramilitares que controlan las barriadas. Los militares dirigen nueve de los 22 ministerios; además del vicepresidente Hamilton Mourão y el jefe de Gabinete Walter Braga Netto, más de 2.500 uniformados están esparcidos por el gobierno, muchísimos más que en la dictadura.

Otros pilares que lo sostienen son el empresariado que se beneficia con sus políticas ultraliberales, sobre todo el sector latifundista y el llamado grupo Brasil 200, y la Iglesia Evangélica en un país donde el 29% de la población y la quinta parte de sus congresistas practica esa religión. En el Parlamento, Bolsonaro se apoya en “el Centrão”,un grupo de partidos pequeños siempre dispuestos a cambiar votos por cargos o favores.

Pero quizá el dato saliente de la época es que la ultraderecha se agrupó en torno a Bolsonaro y ocupó las calles. Se moviliza por el cierre del Congreso y la Corte Suprema y el propio presidente los avala. Se habla de un 25 a 30 por ciento de la población que lo apoya: una minoría pero que está articulada, frente a una mayoría desarticulada y desmovilizada. Y en un escenario donde la principal oposición que se perfila es la derecha clásica y no el PT. Además, su retórica anti cuarentena tiene buena recepción en sectores populares o pequeños comerciantes. Lo explica Emir Sader: “El discurso de Bolsonaro está dirigido a los más ricos, que controlan la economía. Pero también se dirige a los más pobres, que son la mayoría, y necesitan salir de casa para sobrevivir”.

Para el filósofo brasileño Vladimir Safatle, “Bolsonaro ocupó el espacio anti-establishment y está reconstruyendo la identificación ideológica de esa minoría. Se ve al frente de una revolución en marcha y no va a parar. Comenzó con un 30 por ciento de gente que lo apoyaba y va a terminar con un 30 por ciento de “camisas negras” (como se conoció a las milicias fascistas de Benito Mussolini). Lejos de menospreciar su proyecto, Safatle advierte que Bolsonaro “busca hacer una transformación radical en la estructura social del país, una revolución cultural como fue el nazismo”.

El gran dilema es hasta dónde podrá llegar.

(*) Editor de NODAL. Publicada originalmente en dicho medio

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