A pocos días de las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia, el panorama político y social está atravesado por la fragmentación del movimiento popular, el desgaste del oficialismo y la falta de representación en las opciones que llegan a la contienda electoral. En este contexto, conversamos con Mijail Miranda, periodista y Director Editorial y Estratégico del medio boliviano Muy Waso, quien analiza con claridad las tensiones internas del MAS, los efectos de la estrategia del voto nulo y el rol de la figura de Evo Morales en la izquierda boliviana.

“Creo que es importante mencionar que ninguno de los candidatos, ninguna de las ofertas que está dentro de la carrera electoral de manera oficial supera el 20% de votación. Y ese es uno de los síntomas más claros de lo que está sucediendo en la política boliviana: una representatividad y una legitimidad bastante bajas”, advierte Miranda.

Desde Muy Waso, sostienen que la debilidad del bloque popular no puede explicarse únicamente por el avance de la derecha, sino por la implosión interna del Movimiento al Socialismo. “La posible irrupción de la derecha en el gobierno boliviano tiene que ver más con la destrucción interna del MAS propiciada por sus mismos liderazgos, antes que por méritos propios de la derecha”, afirma.

“La figura de Evo Morales es una sombra más que un aporte”

Miranda sostiene que el movimiento indígena, campesino y popular en Bolivia ha sido históricamente diverso y complejo, pero que la concentración del liderazgo en torno a Evo Morales ha reducido esa pluralidad.

“Creemos que es importante desmitificar la idea de que el bloque popular, campesino, indígena y trabajador es uno solo. Y también desmitificar la figura de Evo como el único liderazgo posible. Esta mirada oculta una realidad que está presente hace al menos una década: el cuestionamiento interno al liderazgo de Evo Morales y a ciertos cuadros del MAS que desplazaron a las bases para tomar decisiones sin consulta”.

Desde su lectura, estos conflictos internos han deteriorado las organizaciones populares. “El quiebre en el MAS también representó una fractura en los movimientos de base. Y no fue producto de luchas justas, sino de una disputa de poder al interior del partido, que aún está en el gobierno. Reconstruir esos vínculos rotos va a llevar décadas”.

En ese sentido, advierte que Evo Morales hoy genera más obstáculos que articulaciones: “A estas alturas representa más una sombra y un estigma antes que un verdadero aporte aglutinador de las luchas populares. En muchas regiones ya se cuestiona por qué no puede aportar desde otro lugar, que no sea necesariamente la presidencia”.

“El voto nulo tiene riesgos concretos”

Respecto al creciente apoyo al voto nulo, Miranda propone una lectura crítica y diferenciada. Por un lado, reconoce que expresa descontento e incertidumbre ante una oferta electoral limitada. Pero, al mismo tiempo, subraya que no se puede perder de vista su impacto práctico en la configuración del poder legislativo.

“Desde sectores afines a Evo, el voto nulo se promueve simplemente porque él no está en la papeleta. Es una postura utilitaria, que no reconoce la diversidad de motivaciones que hay detrás del voto nulo. Pero más allá de eso, hay un problema concreto: el voto nulo va a favorecer a que la derecha tenga más de dos tercios en la Asamblea Legislativa. Eso significa que van a tener una aplanadora para hacer con el país lo que deseen: ajustes económicos, agendas extractivistas y recortes que van a afectar a los sectores más vulnerables”.

Además, anticipa que Morales utilizará ese porcentaje para reposicionar su liderazgo en la escena política. “Desde el evismo, un alto porcentaje de voto nulo será un recurso de campaña post electoral. Como ya ha hecho antes, Evo intentará instalar un nuevo ciclo de movilizaciones, no necesariamente en función de demandas populares, sino para seguir forzando su liderazgo como figura única dentro de la izquierda”.

“Se viene una reconfiguración dolorosa, pero necesaria”

Para Miranda, lo que está en disputa no es solo una elección presidencial, sino el futuro del campo popular en Bolivia. “Seguramente a partir de esta coyuntura se podrán generar alternativas y liderazgos nuevos. La cuestión será salir a marchar no por Evo, sino por las ollas, por el alimento de las familias, por los territorios y contra el saqueo del Estado que ya comenzó”.

“Sabemos que la derecha está esperando la oportunidad para volver, pero no se puede seguir culpando únicamente a los sectores conservadores. El problema central es que el MAS y sus liderazgos destruyeron por dentro el proyecto político que representaban. Ahora, lo urgente será pensar cómo se organiza la resistencia sin tutelaje, sin verticalismos, y con una apuesta real por las demandas populares”.

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Por César Saravia y Laura Salomé | Foto: Camila Parodi (archivo Marcha)

El próximo 17 de agosto se llevarán a cabo las elecciones generales en Bolivia, en las que además de renovar el poder legislativo, el país elegirá al próximo presidente que sustituirá a Luis Arce Catacora, quien llegó al poder luego de derrotar el Golpe de Estado en 2019 y que enfrenta desde hace dos años una crisis económica y un profundo desgaste en su gobierno que impacta a todo el movimiento popular indígena campesino y progresista que llegará a esta jornada dividido y con una fuerte interna. 

Durante años, el modelo económico boliviano fue una bandera para los progresismos de que se podía generar un crecimiento económico acompañado de una distribución de la riqueza. Los números en este sentido fueron contundentes. Desde la llegada del MAS, con Evo Morales Ayma en la presidencia, y Luis Arce como ministro de Economía, la pobreza experimentó una caída de 26 puntos, pasando de 60.5% en 2005, a 34% en 2018 y la economía creció a tasas promedio del 5%, lo que ubicó durante varios años al Estado Plurinacional de Bolivia como el país de mayor crecimiento en la región, solo superado por Panamá. 

Sin embargo, y tras haber atravesado un golpe de Estado de corte fascista, hoy el escenario dista mucho de estos números. La economía boliviana se encuentra con problemas de abastecimiento de combustibles, falta de divisas y una inflación anual que al cierre de 2025 podría rondar entre el 8% y el 15%, según datos oficiales y de organismos internacionales, algo atípico para lo que la población venía acostumbrada y que impacta en los sectores más vulnerables. La situación económica podría enmarcarse en un agotamiento del modelo exportador primario, en particular sustentado en el gas y petróleo, en parte por la reducción de la disponibilidad de reservas pero también por una caída en la demanda externa. 

En este escenario, la imagen del gobierno de Luis Arce alcanza mínimos históricos, con un rechazo a su gestión que supera el 80%. Es a partir de este desgaste y debilidad política, que las tensiones al interior del Movimiento al Socialismo terminaron por colapsar. Lo que parecía una disputa entre liderazgos, terminó desencadenando en una ruptura entre el sector más afín a Evo Morales y otros dos bloques: quienes se mantienen fieles al actual presidente Arce, representado en la candidatura de Eduardo Castillo, y quienes apoyan a Andrónico Rodríguez, otrora considerado el sucesor de Evo, pero ahora señalado de funcional al proyecto de Arce y la derecha, por parte del evismo. 

De esta ruptura y punto de no retorno se beneficia la derecha. Pero a diferencia de otros países como Brasil o Argentina en que la crisis de representatividad y la pérdida de capital político del progresismo dio pie al surgimiento de “outsiders” de la política clásica, en Bolivia es la derecha más tradicional la que se frota las manos por una oportunidad de volver a la dirección política del país, algo que hasta hace no mucho parecía imposible. 

En este sentido, y salvo sorpresas de última hora, la próxima presidencia boliviana sería ocupada por dos posibles candidatos. Uno es Samuel Doria Medina, empresario y ex Ministro de Planeamiento y Coordinación durante el gobierno de Jaime Paz. Medina lleva al frente de su campaña la política de seguridad, a lo Bukele, y un modelo económico típico neoliberal basado en la austeridad. El otro es Jorge “Tuto” Quiroga, quien fue presidente en 2001, al asumir luego de la renuncia de Hugo Banzer (a causa de una enfermedad). Quiroga, además, fue funcionario de organismos como el FMI y el Banco Mundial, algo que da indicios de cuál sería su política económica. La mayoría de las encuestas dan un empate técnico entre ambos candidatos y anticipan un inevitable escenario de segunda vuelta. 

Mucho más atrás aparece Rodrigo Paz Pereira, seguido por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de izquierda. Este último no lograría atraer los votos del evismo, luego de que el propio Evo Morales hiciera un llamado a su militancia para votar nulo, como forma de rechazo al proceso y a lo que señalan como una proscripción de su candidatura. 

De Evo a Andrónico: Entre la proscripción y el recambio que no fue

Probablemente uno de los aspectos que más agudizó la ruptura al interior del MAS es la posibilidad o no de que Evo se presente como candidato. Desde el evismo acusan a Arce de haberse aliado con la derecha para bloquear la que consideran una candidatura legítima, sobre todo si tomamos en cuenta que fue precisamente al propio Morales a quien en 2019 le dieron Golpe de Estado, interrumpiendo así un mandato constitucional. 

La disputa e intervención de la justicia no solo se limita a la candidatura presidencial. En noviembre del año pasado, un fallo de la Sala Constitucional IV determinó la legalidad del congreso paralelo realizado por el bloque afín a Arce, en que se determinó a Grover García como jefe del MAS – IPSP, desplazando así al sector de Evo Morales. 

En este escenario de crisis, la figura de Andrónico Rodríguez (36 años), actual presidente del Senado, emergió como una alternativa para reunificar a la izquierda. Rodríguez ensayó una suerte de “tercera vía” o de “avenida del medio” en una contienda electoral en la que ni Arce ni Morales participarían. En los primeros días de su candidatura, Andrónico se mostró crítico al actual presidente pero buscó también diferenciarse de Evo, quien rápidamente rechazó esta candidatura al considerar que el joven político estaba cumpliendo un rol de intermediario del imperialismo para consolidar el desplazamiento de la escena política del movimiento popular e indígena. 

Esta falta de apoyo y consenso, desinfló la figura de Rodríguez, que pasó de pelear un tercer puesto en las encuestas, a ser en la actualidad superado por el voto nulo. Dentro de su estrategia electoral, Andrónico se presenta como la única posibilidad para la izquierda de frenar la llegada de la derecha al poder. 

Las que no callan: jóvenes y combativas por el voto nulo

Andrea Morales y Kiara San Pablo son conductoras del programa “Matecito de coca” que se emite por la mítica radio Kawsachun Coca. Perseguidas por su labor en la comunicación y obligadas a exiliarse en Argentina durante el golpe de Estado y la dictadura en 2019/2020, afirmaron que “las elecciones del 17 de agosto han sido abiertamente manipuladas por el gobierno a través del poder judicial y de vocales del Tribunal Electoral; actores sobre los que pesan muchas acusaciones”. En su último programa, repasaron la falta de propuestas por parte de los candidatos que pretenden llegar a la presidencia y se refirieron al complejo panorama: “El voto nulo es un voto que no va ni a Tuto Quiroga, ni a Samuel Doria Medina ni a Andrónico Rodríguez, quienes ya vendieron el país. Es un voto de resistencia y de revocatoria al gobierno que viene y que no tiene que durar más de dos años”. Y agregaron que es “la única alternativa que queda; una protesta silenciosa y una advertencia de que fiscalizaremos los pasos de quien sea que asuma el próximo 8 de noviembre”.

Dimelza Rodríguez es comunicadora popular de Cochabamba y enfrenta acusaciones por resistencia a la autoridad e instigación a delinquir por protestar en un bloqueo para que Evo Morales sea habilitado para presentarse a las elecciones. Para ella, “ninguno de los candidatos es progresista ni representa a la izquierda”; una afirmación que incluye al presidente del Senado y ex dirigente cocalero Andrónico Rodríguez de quien afirmó “ha traicionado el legado y los principios del movimiento indígena porque pactó con la derecha”. Esta reflexión se transformará en acción y también ejercerá el próximo domingo su “voto nulo”; además se adelantó a un posible resultado y expresó que “si alguno de estos candidatos ganara en las elecciones, el movimiento indígena campesino no tendría representación en Bolivia”.

Andrea, Kiara y Dimelza son parte de una juventud que reivindica la ancestralidad, pero sobre todo el legado de poder indígena campesino construido en los años de gobierno de Evo Morales al frente del Estado Plurinacional. Llevan la experiencia de la politización de los sectores populares y cargan en sus subjetividades el exilio y la represión del acontecer territorial en los últimos años. Por eso, son convencidas de que solo durante el periodo de este gobierno pudieron, ellas y sus familias, asistir a la distribución de las riquezas, la planificación a través de políticas públicas de largo plazo del ascenso social y, una cuestión no menor, a la despatriarcalización cultural en un país donde el femicidio y el abuso sexual siguen siendo numerosas agresiones cotidianas. Así como una pancarta que en ocasión del 8 de marzo de 2020 se leía en El Alto: “ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”. Una defensa de las mujeres de pollera y una reivindicación a las feministas combativas; a las que no callan en democracia, dictadura ni elecciones. Son las que nunca callarán.

¿Cuál será el futuro del movimiento popular e indígena en Bolivia? 

Frente a este escenario en que la vuelta de la derecha al poder por la vía de los votos parece algo irremediable, se abren varias preguntas sobre el futuro del movimiento popular e indígena en Bolivia. 

Una es si el llamado a voto nulo tendrá suficiente potencia y si ese rechazo electoral puede en el corto plazo trasladarse a otros formatos de lucha. La resistencia al Golpe en Bolivia ya demostró la capacidad movilizadora del pueblo, pero el contexto de crisis económica no deja de ser un golpe para su base social. Una tesis para quienes promueven el voto nulo es que un gobierno que llegue con poca legitimidad y participación, tendrá menos consensos para avanzar sobre reformas de ajuste más profundas. Esto es algo que en principio hace sentido pero quedará por ver si el desencanto político-electoral se traduce en movilización, o más bien se expresa en pasividad, como hemos visto en otros países. 

Otra pregunta que se abre es sobre el futuro del MAS, tras casi 20 años de protagonismo, y en especial cuál será el futuro de Evo Morales, que al igual que otros líderes progresistas, como Rafael Correa, no pudo trasladar su proyecto político a un sucesor y terminó enfrentado (incluso traicionado) por este. Y es que este es uno de los grandes problemas que casi todos los gobiernos progresistas de inicios del siglo XX enfrentaron: la dificultad de generar una mayoría que exceda a su figura sin poner en riesgo el horizonte político. Quedará pendiente descubrir si en el caso de Morales la alternativa irá por intentar sostener protagonismo o comenzar a construir una transición. 

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Por Laura Salomé | Foto: Camila Parodi (archivo Marcha)

“Tiktoker” y “evista”. A Dimelza Rodríguez Quinsamolle la abrazan las etiquetas, pero no así los análisis solidarios sobre la persecución que sufrió por parte de los poderes en Bolivia. Comunicadora y funcionaria de la Asamblea Legislativa de Cochabamba, la joven estuvo varias horas desaparecida bajo custodia policial y fue acusada de delitos graves por el poder judicial tras dos detenciones en noviembre de 2024 y en junio de 2025 mientras cubría bloqueos indígena- campesinos.

Con más de 97 mil seguidores en la red social TikTok, “la evista radical” como se identifica, cuenta con miles de reproducciones en sus contenidos. Desde allí, denunció a través de videos cortos el ataque contra el derecho a la protesta y a la libertad de prensa y expresión durante el gobierno de Luis Arce que llega a su fin enfrentando denuncias por ejercicio de autoritarismo tras haber pactado con varios de los sectores acusados de golpistas durante la interrupción democrática en 2019.   

Profundamente comprometida por la situación de crisis económica y política que atraviesa el país, fue detenida por apoyar a quienes realizaban un bloqueo y exigían al gobierno por mejoras en las condiciones de vida. Además, se manifestó públicamente en protesta al denunciar que la máxima representación política histórica, Evo Morales Ayma, había sido proscripto de las boletas. Dialogamos con Dimelza, comunicadora popular, quien afirma que a pesar de la represión, los sectores y movimientos populares en Bolivia ya decidieron qué votarán en las urnas.

¿Cómo llega Bolivia a estas elecciones presidenciales y cuál es el ánimo de las comunidades en Cochabamba?

Estas elecciones son muy diferentes a las demás porque en las encuestas se ha visto que el voto nulo, en blanco y el voto indeciso cuentan con mayor porcentaje que los candidatos en las papeletas. Es que los sectores populares ya se han manifestado en rechazo a estas elecciones, indicando que el candidato que les representa, Evo Morales Ayma, no estaría y por esa razón no van a acudir a las votaciones y se está promocionando e impulsando el voto nulo; y como en ninguna otra época electoral, se han abierto casas de campaña a favor de esta expresión.

Es increíble lo que genera el liderazgo de Evo Morales Ayma, que los sectores populares y el movimiento indígena se han manifestado de manera contundente y multitudinaria en rechazo a estas elecciones y que su voto va a ser por el nulo como una manera de protesta en contra de los candidatos y del gobierno que de manera ilegal ha proscrito a Evo, al partido que nos representaba después de arrebatarnos la sigla, y a todos los partidos políticos que han intentado acercarse a él. 

Por tanto, estas elecciones carecen de legitimidad y la democracia no está presente. Es un escenario muy diferente al de las anteriores porque vivimos en un Estado dictatorial donde ya no existe el estado de derecho y el movimiento indígena, si bien quieren que votemos o participemos, no tenemos representación como la época neoliberal en los años ochenta o noventa. Eso significa que nuevamente el campesinado está siendo sometido a candidatos que no lo representan.

¿Cómo llega a su fin el gobierno de Luis Arce?

El gobierno de Luis Arce Catacora llega al fin como cualquier otro quien ha traicionado al movimiento indígena, a Evo Morales Ayma y por eso, tiene el rechazo del pueblo boliviano, incluso de aquellos que no son afines; porque este gobierno nos ha sumergido en la crisis económica, en el desabastecimiento de combustible, en la decadencia del dólar. Entonces, es el fin completamente del gobierno, especialmente de él y de todos los que han sido parte ya que han destruido en realidad el legado y la importancia de los 14 años de gobierno de Evo.

Con las candidaturas confirmadas, ¿es posible asegurar la continuidad del ciclo progresista en el país? ¿Por qué?

Ningún candidato que está en las papeletas representa a la izquierda. Incluso Andrónico Rodríguez, por más que haya salido del movimiento indígena, no es parte. Ha traicionado el legado, los principios del movimiento indígena y la izquierda; entonces, no representa a la izquierda porque pactó con la derecha. Ninguno de los candidatos es progresista ni representa a la izquierda; entonces, si alguno de ellos ganara en las elecciones, no tendríamos representación aquí en Bolivia.

¿En qué contexto fuiste detenida, cuánto tiempo y de qué se te acusa? 

La primera detención, bueno, aprehensión en realidad, como se le conoce en el término jurídico, fue en noviembre de 2024 cuando estaba cubriendo los bloqueos en Parotani (Cochabamba), después de que el gobierno había intervenido y se llevaron varios presos políticos a la ciudad de La Paz. Cuando nos indicaron de que había muertos o fallecidos, me trasladé a Parotani y había un seguimiento hacia mi persona por parte de inteligencia del Ministerio de Gobierno, de los videos que publicaba en redes sociales, precisamente la plataforma de Tik Tok ya estaba identificada; de hecho, varios compañeros me comentaron que me cuide, que me estaban haciendo seguimientos o una persecución política. 

Mi aprehensión fue bajo sin ningún fundamento jurídico porque simplemente estaba con mi celular. Sin ninguna orden de aprehensión, los funcionarios policiales arremetieron contra mi persona y me detuvieron en la patrulla aproximadamente unas seis horas antes de trasladarme, pese a que querían llevarme a la ciudad de La Paz. Ha sido completamente ilegal, me querían dar detención preventiva a la fuerza y me han imputado formalmente por cinco delitos que no corresponden. Mi abogado me informó que hasta querían imputarme por terrorismo. 

¿Crees que tuvo que ver con las coberturas que realizas a la protesta social?

Si. Todo por publicar en las redes sociales lo que los medios de prensa no publican, lo que calla el gobierno, lo que quiere ocultar. Al hacer denuncias constantes en contra de este gobierno neoliberal, se ha hecho seguimiento tanto a mi persona como a otros tanto dirigentes o medios de prensa como la radio KawsaChun Coca y otros que informan lo que está pasando. Pero pude salir con medidas sustitutivas aunque me han imputado cinco delitos que no corresponden; instigación pública y delinquir y entre otros. Mucho para una persona que solo estaba grabando con su celular y que se le ha aprendido en condiciones no respaldadas jurídicamente. 

La segunda aprehensión fue en Tarata (Cochabamba) y hay videos de esta detención que pueden evidenciar que he sufrido una agresión por comunarios disfrazados, o sea, parapoliciales que se encontraban para desbloquear la protesta en contra de la crisis económica, pidiendo soluciones al gobierno. Uno de ellos me reconoce por mi afinidad política y empiezan a agredirme y la policía, en vez de detener a estas personas, me detienen a mí. Esta vez, estuve en calidad de detenida y mi proceso está abierto por un delito relacionado a la instigación pública. Pero tampoco corresponde. No estaba en los bloqueos, había llevado apoyo en comida, ollas comunes para los hermanos y las hermanas que sí estaban. En ambas aprehensiones mis celulares han sido secuestrados. O sea que sí, tiene mucho que ver con las coberturas que he realizado en las protestas sociales. Es parte de una persecución política a quienes estamos protestando en contra de este gobierno.

¿Cómo está tu situación judicial?

Actualmente, mi primer proceso está aún en investigación. Mientras, se me había prohibido completamente dirigirme a mis redes sociales, se me había coartado el derecho de expresarme y se me ha prohibido hacer videos y publicarlos. Esto lo cumplí por aproximadamente tres meses y frente a todo lo que sigue pasando, volví a usar mis redes sociales como manera de protesta. Entonces, continúa el proceso legal en etapa de investigación, el segundo también en esa misma etapa.

¿Existe una persecución por parte del actual gobierno hacia mujeres periodistas o mujeres de pollera en Bolivia?

Sí, existe una persecución contra las mujeres, contra el movimiento indígena, las mujeres de pollera, contra todos aquellos que están en contra de ese gobierno. En estos cinco años de gobierno de Luis Arce Catacora, se ha visto una persecución como en los años 90. Es una persecución constante, ha habido mujeres detenidas, tenemos actualmente dirigentes y presos políticos en La Paz. Esa es la situación en Bolivia, una coyuntura de persecución, aprehensiones y detenciones ilegales; de cortarnos el derecho a la libertad de expresión, de proscribir a nuestro candidato Evo Morales Ayma, y el peor incluso, de que se nos ha robado una sigla política y se nos está impidiendo participar en las elecciones del próximo 17 de agosto.

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Por Isapi Rua | Fotos: Mirko Eterovic Skaric*

Limpiar los matorrales de la chacra, carpir para mover la tierra, amontonar los rastrojos, sembrar el maíz, carpir entre dos a tres veces mientras crece el maíz para controlar las malezas, controlar las plagas, cosechar el maíz, acopiarlo, trasladarlo, almacenarlo, pelarlo, desgranarlo con las manos, molerlo en el mortero, hervirlo a fuego lento, mascarlo, volverlo a hervir y fermentar. Esos pasos sigue Sabina Ortiz para convidar chicha más tarde a su familia y sus amistades en el cumpleaños de su sobrino.

Sabina tiene 56 años y guarda al menos nueve variedades de maíz nativo guaraní en un depósito de almacenamiento, al que llama “su troje”, instalado en su casa, en Sararenda. Lo cuida como a una caja fuerte, de animales, de insectos y de plagas. Desde niña su vida giró en torno al maíz, para ella sembrar sus múltiples colores, junto a sus padres, era jugar. Más grande, el maíz era el centro de su actividad agrícola o de su preparación en la cocina.

En las diecisiete comunidades del territorio guaraní Huacareta, en Chuquisaca, departamento de Bolivia, el maíz nativo es la base de su alimentación. Al maíz se lo celebra, como en las fiestas del Arete Guasú; se da las gracias a la tierra por su abundancia. Reina la chicha, preparada con maíz amarillo duro, al que en lengua materna llaman “avati täta vae”.

Sabina muele también otros granos de maíz bayo blando, amarillo, blanco y negro, para darle diversos colores y sabores al guitimimbo, una especie de torta que prepara para acompañar con el té de la mañana de su familia. “Del maíz bayo hacemos roscas y del maíz blanco, tostao, del maíz negro hacemos api, del maíz amarillo hacemos mote y tojori. Yo he criado a mis nueve hijos con puro alimento de maíz”, dice.

En la nación guaraní, uno de los 36 pueblos indígenas de Bolivia, que se extiende en la región del Chaco boliviano, el maíz es el cultivo más importante dentro de su sistema agrícola. Luego vienen las variedades de fréjol, zapallos y maní. El 80% del maíz cultivado por las familias de Sararenda lo destinan a su alimentación. El resto se reparte entre semillas para los próximos cultivos y alimento para los animales.

Las 22 familias guaraníes que habitan Sararenda son guardianas de semillas nativas y son parte del 85% de productores y productoras agrícolas que preservan variedades en la zona del Chaco. El 38% de la producción de maíz está en manos de mujeres.

Los datos surgen del registro comunitario de custodia de semillas, del proyecto “Conservación y uso sostenible de la Agrobiodiversidad para mejorar la nutrición humana en cinco macro regiones de Bolivia”, del Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia. Hasta 2020, este proyecto registró 22 razas de maíz criollo en esa región del Chaco boliviano. En la zona de Huacareta, donde está la comunidad de Sabina, se producen seis variedades.

Fronteras porosas para los transgénicos

La variedad de colores, nutrientes y usos de las semillas criollas, tiene una amenaza monocroma: el ingreso de maíz transgénico, ya presente en cultivos ilegales. En 2017, la plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, el CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) y la organización Probioma (Productividad Biosfera Medio Ambiente) denunciaron cultivos con la presencia de eventos de maíz Bt y Roundup Ready (RR), en la colonia menonita Pinondi, de la entidad territorial autónoma indígena guaraní Charagua Iyambae. Se trata del municipio más grande de Bolivia. También denunciaron la comercialización de semillas de maíz transgénico en esa entidad territorial y en otros municipios de Villamontes, Yacuiba, Camiri.

“Realizamos un estudio basado en el análisis de la proteína CP4 EPSPS que se aplicó a muestras de semilla y granos de maíz recolectados en centros de comercialización mayorista y en casas comercializadoras de semilla, que confirmó una vez más la presencia de cultivos de maíz transgénico Roundup Ready (RR) evento NK603 en los campos agrícolas”, alertaba Néstor Cuellar, director de Cipca Cordillera, en 2018.

En el territorio de Huacareta, donde habita la comunidad de Sabina, hay cultivos transgénicos de un par de medianos productores. Uno de ellos produce desde hace dos años, a 8 kilómetros de Sararenda. Vamos a llamarlo Jaime. Tiene sus parcelas en Casa Alta donde sembró dos hectáreas de maíz transgénico. Compró 20 kilos de semillas a 80 dólares, en Yacuiba, un municipio fronterizo con la Argentina. Para esa cantidad usa 40 litros de glifosato: dos bidones. “Rinde más, el año pasado me ha ido bien, no tuve problemas por las sequías, la diferencia está en el grano; este es más delgado”.

Por ley, el Estado prohíbe la introducción, producción, uso y liberación al medio, y la comercialización de semillas genéticamente modificadas, de las que Bolivia es centro de origen o fuente de diversidad, como el maíz.

En Bolivia, el único cultivo transgénico autorizado es el de soja resistente al glifosato. La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien establece que el Estado debe proteger el patrimonio genético de la agrobiodiversidad. Para eso prohíbe la introducción, producción, uso y liberación al medio, y la comercialización de semillas que estén genéticamente modificadas en todo el territorio de Bolivia. No todas las semillas, sino aquellas de las que Bolivia es centro de origen o fuente de diversidad, como el maíz, y de las que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.

Según distintas organizaciones, Bolivia tiene 7 complejos raciales (alto andino, amazónico, perla, morocho, harinoso de los valles templados, pisankalla y cordillera), 45 razas y centenares de variedades. La Dirección Nacional de Semillas publicó en 2021 el registro de variedades y variedades protegidas. Chuquisaca, el departamento donde se ubica Sararenda, es el centro de mayor diversidad del maíz en el país.

Desde 2015, empresarios agropecuarios dedicados al monocultivo vienen planteando al Estado abrir el uso de biotecnología agrícola como una herramienta para garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia y aumentar el rendimiento mediante los cultivos genéticamente modificados. Durante la cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia”, de ese año, el Gobierno propuso que los grandes, medianos y pequeños productores llegaran a un consenso. Los pequeños, las familias campesinas, se opusieron al uso de esas semillas.

Cinco años después, en 2020, el gobierno de facto de Jeanine Áñez dictó dos decretos que autorizaban la evaluación del maíz, la caña de azúcar, el algodón, el trigo y la soja transgénicos, en sus diferentes eventos, para el consumo interno y la exportación. También autorizaban la identificación de las áreas que son centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) rechazó estas disposiciones y exigieron su abrogación. En un comunicado resaltaba que “El uso de transgénicos significa infringir la seguridad y soberanía alimentaria a base de nuestros productos propios”.

“El uso de transgénicos significa infringir la seguridad y soberanía alimentaria a base de nuestros productos propios”.

Sabina asegura que no cambiará sus semillas por transgénicas. Incluso cuando instituciones como la FAO y la Alcaldía Municipal de Huacareta les entregaban semillas nativas, las aceptaban pero no las usaban en la siembra. No quieren contaminar sus maíces, que guardan de generación en generación. Armando Gomez, agrónomo del Centro Arakuiyapo y brazo técnico de la APG, dice que el temor de la nación guaraní es que sus maíces vayan degenerando sus potencialidades y nutrientes. Porque el maíz “es de polinización cruzada; al contaminar los cultivos de variedades criollas, el traslado del polen por los insectos se perderá progresivamente”.

Si bien los decretos de Áñez fueron derogados por el nuevo gobierno de Luis Arce Catacora, organizaciones como Bolivia Libre de Transgénicos temen una alianza entre el gobierno y los agroempresarios, ya que estos últimos se ven beneficiados por normativas económicas, tributarias y controles laxos. En abril de 2022, además, se liberó la importación de agroquímicos. En 2020 el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) pidió a Bolivia la derogación de 14 normas que consideran una habilitación para provocar incendios. La ampliación de las fronteras del agronegocio afectaron comunidades, bosques, plantas y animales. La promulgación de esas leyes y decretos se distribuyen en once en la etapa de Evo Morales y tres en la de Áñez.

Las aduanas fronterizas son porosas y por allí ingresa el maíz transgénico que es comercializado y cultivado. Los empresarios de Anapo registran con drones el cruce del maíz desde la Argentina. La denuncia de la irregularidad les sirve para presionar: ellos también quieren semillas transgénicas.

La amenaza de la seca

“Tuve mucha fe, no esperé a la tercera lluvia como mis demás compañeras, sembré en las primeras. Con la gracia de Dios nacieron y crecieron mis maíces, así como crecía mi bebe en mi panza. Embarazada caminaba por la chacra hablando con las plantas para que resistan a la sequía”, cuenta Santa Carvajal, a 350 km de la casa de Sabina. Santa también es productora guaraní de la comunidad Tentami de Macharetí, otro de los municipios de Chuquisaca. Mientras convida un mate con unas roscas de maíz blando amarillo, que preparó junto a su madre, mira el bosque seco que rodea su casa.

De las 25 mujeres que se dedican al cultivo de variedades de maíz guaraní, ella fue quien mayor cantidad logró rescatar de la producción de este año. La rescató de la sequía que azotó nuevamente a las familias productoras.

De las 11 variedades que se preservan en Macharetí, Santa logró salvar 7, en 50 quintales. “Una cosecha exitosa son 100 quintales, rescaté sólo el maíz duro amarillo, el maíz cubano, el maíz blando, perla, canario, blanco y el maíz negro. Perdí otras dos”, se lamenta. Las que perdió son del maíz overo blanco y el maíz morocho, cuando a raíz de las intensas sequías de 2019, no cultivó las semillas que tenía reservadas para esa campaña.

La ausencia de lluvias que marca el ciclo agrícola en la agricultura guaraní es uno de los factores a los que se enfrentan las medianas y pequeñas productoras de la región del Chaco.

El ecosistema de la zona está caracterizado por subzonas semiáridas y áridas, con precipitaciones entre 750 y 500 milímetros anuales, que no alcanzan a cubrir las necesidades de crecimiento de la vegetación durante todo el año. Es decir, el índice de aridez no supera el 0,5%, según datos de la Plataforma Semiáridos de América Latina.

El historial de sequías en Bolivia y concretamente en la región del Chaco es un drama sin final. La más grave de los últimos 25 años fue registrada en 2016. Los productores de las comunidades de Macharetí fueron los más afectados y perdieron el 90% de sus cultivos. Este año suman 2.140 hectáreas perdidas de cultivos de maíz.

Conocimientos tradicionales y nuevos

Sobre la misma ruta 9 de la carretera, a 78 kilómetros, Lucía Torrez, semillera de maíz criollo de la comunidad guaraní de Salinas, del territorio Kaami, en el municipio de Cuevo, perdió el 90% de su cultivo. Pese a las técnicas que aprendió e incorporó en talleres de la FAO, desde el 2019 la producción de sus semillas ha sido un desafío. “Teníamos 10 variedades, solo recuperamos 3. De las 5 hectáreas que sembré sólo alcé unos 100 kilos. Venderé eso a las comunidades que necesiten y dejaré un poco para el consumo de la familia”, se lamenta.

Mientras Lucía habla, saca el polvo de una pizarra de madera donde tiene pegadas fotografías de sus dos primeros y mejores años, de su trabajo en la recuperación de variedades de maíz, junto a otras diez mujeres de su comunidad. Explica con nostalgia que “Después de dos años, el grupo se fue disolviendo, mis compañeras eran más activas, ahora ya no; otras fallecieron. En toda la comunidad estoy sola con mi esposo, recuperando nuestras semillas. Yo no me veo trabajando en otra cosa que no sea mi maíz”.

Entre esas mujeres estaba su compañera Elvia Romero, quien dejó la producción de maíz. Por la sequía, pero también para asumir otras responsabilidades, como un cargo dirigencial en su capitanía Kaaguasu, organización de las 22 comunidades guaraníes de esa zona. Elvia llega a la casa de Lucía y la ayuda a sostener la pizarra. Con los ojos aguados recuerda el rol que tenía a cargo, la purificación de semillas de maíz blando. Tenía que germinar semillas: “por ejemplo ponía cien y si nacían todas quiere decir que la semilla es buena. También hacía seguimiento cuando las plantas florecían para que no se crucen las semillas. Hay un proceso para que salga una semilla pura. Si una planta tiene tres espigas se selecciona ahí mismo, con cintas rojas para semilla”, explica.

Los conocimientos del sistema agrícola guaraní en la producción de comunidades como Sararenda, Tentami y Salinas están vigentes. Se aplican a cultivos asociados, al control de plagas con pesticidas naturales y al trabajo manual a punta de azadón.

Pero requiere fortalecerlos con tecnologías como sistemas de riego, explica Armando Gómez. “Fortalecer la producción de maíz criollo no pasa por el tema genético de la semilla, sino por problemas técnicos. Durante la preparación de la tierra hay que aflojar el suelo con subsoladoras para que acumule agua de las lluvias en una especie de esponja, porque si no acumulas agua en el suelo, cualquier tipo de maíz se va a secar. Los grandes agricultores lo usan, por eso les va mejor en tiempos de sequía. Tenemos que fusionar el sistema agrícola guaraní con el tecnificado”.

Elvia, Santa, Lucía y Sabina coinciden en que requieren de sistemas de riego para garantizar los cultivos asociados característicos en el sistema agrícola guaraní, en donde a la siembra del maíz le acompañan otros como el zapallo y la cumanda, para fertilizar la tierra. Es una manera de que el maíz enfrente las sequías.

Lucía alista algunos kilos de semillas para llevarlas a Santa Cruz y entregarlas al INIAF, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, donde se encuentra el banco de semillas criollas. Mientras, Santa desgrana maíz para guardar las semillas para su próxima siembra y camina hacia la Casa de Semillas -este año, vacía- instalada en su comunidad. Sabina atiza el fogón de su cocina para inundar de humo su troje y garantizar que su maíz no sea atacado por insectos como el gorgojo. Mientras las políticas públicas que apoyen el trabajo que ellas hacen, de conservación y protección de las variedades de maíz criollo, Sabina, Lucía, Elvia y Santa aseguran que continuarán haciéndolo, con todos los recursos y conocimientos que tengan a su alcance.

*Este artículo fue realizado en el marco de Semillera, el programa de becas y mentorías para periodistas de LatFem, con apoyo de We Effect. Se trata del primer concurso de crónica latinoamericana y caribeña sobre mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el derecho a la alimentación, el medioambiente y la tierra.

Créditos

• Dirección: Flor Alcaraz, Vanina Escales y Agustina Paz Frontera
• Coordinación institucional: Mariana Paterlini
• Jurado: Azul Cordo, María Paz Tibiletti y Edward Rodwell Arrazola
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• Dirección de arte y diagramación: Jimena Zeitune
• Desarrollo web: Mercedes Jáuregui
• Prensa y comunicación: Carolina Rosales Zeiger

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Por Carla Perelló

Una foto dio vuelta al mundo durante el golpe de Estado en Bolivia: una mujer de pollera y trenzas largas en medio de los gases de la represión flamea en un mismo mástil las banderas de Bolivia y una Whipala. Durante esos días de 2019, el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera estaba en jaque. La puesta en duda de los resultados electorales por parte de las fuerzas opositoras y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), acabaron por enterrar la gestión que llevaban adelante hacía 13 años. Tres años después, con un Movimiento al Socialismo (MAS) que regresó al poder, la lectura sobre el lugar de las mujeres y la población indígena mientras perduran los intentos de desestabilización. “No les basta con tener el capital, necesitan el poder sobre nuestros cuerpos”, apuntó ante El Destape la referenta feminista comunitaria Adriana Guzmán y advirtió que “en este momento la derecha nuevamente está intentando hacer un golpe”.

El 10 de noviembre de 2019, Morales y Linera dieron una conferencia de prensa desde el Chapare, municipio boliviano que lo vio nacer a Evo como dirigente. Desde allí, respondieron al pedido de las Fuerzas Armadas de dejar sus cargos y denunciaron “un golpe cívico, político y policial”. Para ese entonces, la represión en las calles había dejado cientos de heridos. Todavía faltaban las masacres de Senkata y Sacaba, en las que fueron asesinadas 36 personas; y entre otros gestos de poder cargados de racismo se vio la imagen de una bandera de los pueblos indígenas prendida fuego y la puesta en alza de la biblia por parte de Jeanine Añez, presidenta de facto autoproclamada.

El hostigamiento hacia las mujeres e indígenas

Tras el golpe, “uno de los principales centros de hostigamiento fueron las mujeres por ser mujeres, por ser indígenas y por ser campesinas”, señaló en diálogo con El Destape la analista internacional de FLACSO, Agustina Garino. Las primeras semanas del golpe estuvieron marcadas por la represión, la criminalización y la persecución hacia los y las dirigentas del MAS, como hacia el pueblo en general.

“Las mujeres fueron tratadas con una crueldad particular”, determinó un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicado en 2021. Allí, se retrató la violencia con casos emblemáticos que fueron visibles: el ataque hacia la defensora del pueblo Nadia Cruz, “ofendida y vigilada”; hacia la entonces alcaldesa del municipio de Vinto en Cochabamba, Patricia Arce, humillada, torturada y amenazada durante once meses; y el procesamiento y detención de Patricia Hermosa, la apoderada y ex jefa de gabinete de Morales, que no recibió atención médica, sufrió sangrados durante diez días y perdió el embarazo que cursaba.

Esa violencia tuvo su correlato en las calles, con represión y ataques a las mujeres indígenas. Cuando a Guzmán se le consulta su lectura sobre lo que pasó en 2019, su línea es clara: “Fue un golpe al pueblo que terminó en un golpe de Estado, y al ser un golpe al pueblo fue un golpe fascista, racista, religioso y empresarial”, definió. Su mirada parte desde los feminismos comunitarios, una lectura que se aleja de los feminismos urbanos y de occidente. Más bien, se define como anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista, que apuesta por el “vivir bien” de los pueblos.

La llegada de Morales al poder, en 2006, constituyó un hecho histórico para el país como para la región. Por primera vez, un dirigente cocacolero, sindicalista e indígena, se colgó la banda presidencial de Bolivia. Durante su mandato, los cambios para esa población fueron ampliamente significativos desde lo cultural como desde lo económico: una nueva Constitución que reconoció al Estado Plurinacional, el descenso de la pobreza en casi un 30 por ciento y la nacionalización de recursos como el gas, con un fuerte impacto en el crecimiento del país en general. El acceso a la salud y a la educación, también constituyeron políticas clave de sus gobiernos, por mencionar sólo unos ejemplos.

Pero, para Guzmán eso no lo hizo la gestión solamente. “Todas las transformaciones se hicieron desde el pueblo, más allá desde que el Gobierno se habían planteado la descolonización, la despatriarcalización y una recuperación de la dignidad como pueblos indígenas originarios, campesinos, sometidos, oprimidos por más de 500 años”, por ello, dijo, se convirtieron en el centro del escarmiento durante el golpe de Estado.https://d-30081210791276152074.ampproject.net/2210272257000/frame.html

“El ataque a las mujeres de pollera era un ataque de escarmiento, de recordar el lugar (que para los sectores de poder tienen) de las indias y de los indios, quienes debían estar cuidando sus casas o a sus hijos”, explicó. De ese lugar de servidumbre, decidieron salir.

Justicia a medias por las masacres de Senkata y Sacaba

En la actualidad, según informó el diario El Deber, de Bolivia, hay 19 personas detenidas, entre jefes policiales y militares, por las masacres de Senkata y Sacaba. En ninguno de ellos figura como acusada la presidenta de facto, Añez. Ella, al momento, sólo fue condenada a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes al asumir como presidenta en el juicio conocido como golpe de Estado II. En síntesis, sólo fue juzgada por sus actos entre el 10 y el 12 de noviembre, en un proceso que no plantea las responsabilidades sobre su gestión presidencial.

“Es importante la memoria, tenemos memoria, queremos justicia”, reclamó Guzmán. Ante la falta de respuesta del Gobierno, ella entiende que es necesario reconocer “que la forma de hacer política de los Estados dista mucho” de lo que quieren los pueblos que, en este caso, decidió “vivir sin fascismo y sin un gobierno dictatorial”.

“En estos tres años hemos aprendido que como pueblo tenemos la capacidad de sacar un golpe, de enfrentar, de resistir, y de comprender que la dignidad recuperada no residía en el Palacio de Gobierno o en la Constitución, sino en nuestros cuerpos”, reflexionó Guzmán. Por eso, exigió procesos de reparación: “La falta de justicia. Eso no ha habido. Y eso es, creo, lo más doloroso en este momento”. En la misma línea, se expresó en esta semana la Delegación Internacionalista Feminista que viajó desde Argentina a Bolivia en marzo del 2020: “Todos estos crímenes, todavía permanecen en la impunidad. El regreso del MAS al Gobierno de Bolivia, si bien representó una esperanza para quienes habían sido proscriptos, no asumió la tarea profunda de realizar el conjunto de procesos políticos y judiciales necesarios para que los y las criminales reciban juicio y castigo”, reclamaron.

Los intentos de desestabilización desde Santa Cruz

A mediados de octubre sectores de la oposición al Gobierno central de Bolivia, liderados por el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, iniciaron un paro por tiempo indeterminado. El sector más rico del país, una vez más, se declaró en rebeldía esta vez por la disputa sobre la fecha del censo nacional que debía haberse realizado en noviembre de este año, pero se retrasó debido al golpe -en el que Camacho fue uno de sus protagonistas- y a la pandemia. Para ellos, la falta de la encuesta nacional los afecta económicamente porque en el país los impuestos se centralizan y luego se distribuyen según la población que tiene cada departamento o región. También, señalan que podría afectarlos cara a las elecciones legislativas de 2025, porque podrían tener tres legisladores más en la Cámara de Diputados.

Pese a los llamados al diálogo por parte del Ejecutivo, las medidas de fuerza continúan en distintos puntos de la medialuna oriental, mientras la encuesta nacional ya tiene fecha coordinada con los dirigentes del resto de las jurisdicciones del país para realizarse entre marzo y abril de 2024. “Las tensiones entre ambos polos de poder no son nuevas”, coincidieron la analista en relaciones internacionales de FLACSO, Agustina Garino; y el analista boliviano, Fernando Molina.

Para Garino, los reclamos de Santa Cruz “se vinculan esencialmente con cuestiones económicas”; sin embargo, aclaró que “ese enfrentamiento también tiene tintes raciales”. La región, tradicionalmente, fue “controlada por una elite criolla no indígena, por tanto, ha habido ideas de derecha, una visión conservadora de los destinos del país”, amplió Molina para explicar las visiones antagónicas y de pedidos de descentralización que se sostienen desde la medialuna oriental que lleva a conflictos constantes.

Bajo esas ideas que pregonan, insisten. “En este momento la derecha nuevamente está intentando hacer un golpe, hacer una desestabilización política”, denunció Guzmán ante este medio, aunque aclaró que los reclamos que ciernen sólo a esa región del país sin tener mayores ramificaciones en otros sectores.

A esta situación, se suman, las disputas internas dentro del MAS en las que dirigentes cercanos al ex presidente Morales denuncian al gobierno de Luis Arce de no estar llevando adelante el proyecto político del partido. La falta de autocrítica, las lógicas machistas y los caminos personales por sobre el proyecto político son los factores que inciden en la disputa interna del Gobierno, según la lectura de las organizaciones feministas comunitarias, con la que también coinciden fuentes cercanas a Morales.

Lo grave, apuntó Guzmán, es el escenario en las que se dan estos debates, en los que las organizaciones sociales “están fragmentadas” ante una “derecha fascista que siempre está articulada”.

“Ellos tienen un interés político. No les basta con tener el capital, con tener el monopolio de los negocios, del empresariado, del monocultivo, de acciones en las transnacionales mineras y petroleras. No les basta. Necesitan el poder sobre nuestros cuerpos. Este es un pueblo mayoritariamente indio, mayoritariamente aimara, quechua, guaraní. Entonces, si no tienen el poder sobre nuestros cuerpos con el racismo, con la dominación, con el colonialismo, no tienen el poder, aunque tengan el poder económico”.

El desafío del MAS

El desafío que se presenta, entonces, consiste en varios aspectos, según señaló Garino: mantener unidas a las bases sociales, responder a los reclamos y pedidos de los movimientos que lo conforman y prestar atención al pedido de la ciudadanía en general –el electorado que lo votó, pero no forma parte del núcleo central de apoyo. “Generar acuerdos y alianzas internas para tomar las principales decisiones de Gobierno y de la presidencia ante un recambio generacional en el partido, que conlleva el ascenso de líderes y lideresas que puedan acceder a candidaturas municipales como presidenciales sin la centralización en un solo líder”, sostuvo.

*Publicado originalmente en El Destape

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En pocos días se cumplen 3 años del golpe, y creemos que los aprendizajes de esos días duros, tienen que ser parte de las reflexiones que hacemos como feministas, tanto como ejercicio de memoria como en el camino de seguir pensando nuestros modos de buen vivir, nuestras revoluciones.

En el tiempo que compartimos, pudimos ver la persecución a los sectores populares, la represión, las masacres, la pérdida de derechos. Todos estos crímenes, todavía permanecen en la impunidad. El regreso del MAS al Gobierno de Bolivia, si bien representó una esperanza para quienes habían sido proscriptos, no asumió la tarea profunda de realizar el conjunto de procesos políticos y judiciales necesarios para que los y las criminales reciban juicio y castigo.

En la realización del golpe ha habido complicidades en el Parlamento, en los gobiernos estatales, en los medios de comunicación, en la Academia. No nos olvidamos que hubo intelectuales –incluso algunos / as que se presentan como progresistas, de izquierda, o feministas- que avalaron el fascismo, negando incluso el carácter reaccionario del golpe de estado, justificando su realización por los errores del gobierno de Evo Morales. Como dijimos entonces, aun cuando los hemos criticado en su momento, no fue por los errores de Evo que se dio el golpe, sino por los intereses transnacionales, nacionales, y de los gobiernos de EE.UU. y Europa, que se veían afectados con su gobierno.

Fue un gran aprendizaje para nosotras, el haber realizado la visita a los heridos, heridas, producto de las masacres, a las mujeres presas, a las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, acompañadas por las compañeras del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, que nos recibieron, nos abrieron las puertas de los espacios de víctimas de la represión, crearon momentos de diálogos en las Universidades, marchamos juntas el 8 de marzo por las calles de La Paz, nos acompañaron a la prisión a visitar a Facundo Molares, realizaron con nosotras la denuncia del crimen de Sebastián Moro, periodista argentino que fue la primera víctima del golpe de estado boliviano.

Reconocemos el coraje de las compañeras del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, que pusieron sus cuerpos y sus vidas en esos días de tanto riesgo, para que pudiéramos construir una denuncia potente, desde los territorios, sobre lo que se vivía en ese país.

Nos indigna por ello cuando algunos sectores ligados al gobierno, o a feminismos institucionalizados a su sombra, pretenden atacarlas, negando su rol en la lucha contra el golpe de estado, y en el campo de los feminismos y las izquierdas. Nos indigna también que en distintos ámbitos feministas se reciba a personas como Julieta Paredes, quien además de haber violentado física, síquica, económica y socialmente a varias compañeras del Feminismo Comunitario Antipatriarcal, en particular a Adriana Guzmán, quien es una referencia en la lucha feminista del continente, continúa intentando deslegitimarlas y desprestigiarlas con argumentos falaces, que desconocen el lugar de las compañeras, en la lucha antigolpista, antipatriarcal, anticolonial, antirracista. Julieta Paredes está siendo juzgada todavía hoy en Bolivia por sus múltiples violencias, pero éstas continúan con el acoso político, judicial y mediático contra las compañeras.

Nuestros feminismos rompen fronteras, y responden con firmeza los ataques de quienes se creen dueñas de nombres tan preciados como “feminismos comunitarios de abya yala”. Nadie puede privatizarlos, y nadie puede creer que se construye desde la desmemoria, y desde los discursos estigmatizantes. Para seguir creando poder popular, feminista, antimperialista, necesitamos actuar desde la memoria y el reconocimiento de nuestras luchas.

¡Ni golpe de Estado ni golpe a las mujeres!

No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.

Declaración de la Delegación Feminista Plurinacional

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Por Hernán Vargas Pérez *

De la noche neoliberal a los procesos constituyentes

La segunda mitad del siglo XX fue, en América Latina y el Caribe, una etapa profundamente dinámica. Dictaduras militares, retornos democráticos, agendas de ajuste neoliberal y consecuentes campañas de movilización fueron los principales signos de aquellas décadas. Como cierre de siglo, Estados Unidos convocó en 1994 una Cumbre de las Américas, para lanzar una propuesta que significaría la consolidación de su hegemonía regional: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Mientras tanto, los pueblos de nuestro continente desarrollaron un ciclo de movilización en las calles y en las urnas que significó la caída de varios gobiernos neoliberales y el arribo de varios otros de corte progresista o de izquierda.

El segundo milenio gregoriano comenzó así con fuertes movilizaciones antineoliberales en Bolivia, Argentina y Ecuador; con gobiernos antineoliberales y populares como los de Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner, pilares de la derrota del ALCA en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en Argentina, en el año 2005. El rechazo al ALCA fue un punto de encuentro entre distintos proyectos políticos: entre el de Chávez, que proclamaba el socialismo y los de Lula y Kirchner, cuyos proyectos eran más bien neodesarrollistas (Katz: 2016). Este momento de nuestra historia fue útil para representar un punto de encuentro entre rumbos distintos y resaltar algunos caminos comunes entre aquellos bloques; en este sentido, fueron fundamentales los procesos constituyentes de Venezuela (1999), Bolivia (2006) y Ecuador (2007-2008), en tanto estrategias que consumaron un giro radical en sus respectivos países.

Transcurridas un par de décadas, creemos que entre las tareas pendientes de las izquierdas del Sur Global está el balance de esos procesos constituyentes: sistematizar sus aprendizajes, sus avances, sus límites y los desafíos por venir. En los últimos años aparece también el ejemplo de Chile y su Convención Constitucional y en menor medida el caso de Perú, con la sonada demanda de una Asamblea Constituyente, promesa principal del propio Pedro Castillo en su campaña. Además, en los momentos previos a los golpes de Estado en Honduras (2009) y Paraguay (2012) se planteó la necesidad de una nueva Constitución, así como en Brasil Dilma intentó impulsar un referéndum para convocar una constituyente en 2013.

Aportes a un balance político de los procesos constituyentes

El balance requiere profundidad, sistematicidad y amplitud de miras. En lo que sigue ofrecemos un análisis en tres dimensiones: el mejoramiento de las condiciones materiales de las mayorías, la inclusión de sujetos políticos invisibilizados y oprimidos, y la construcción de un proyecto alternativo al orden hegemónico.

Constituyente y condiciones materiales de vida

A partir de los procesos constituyentes se redujo la pobreza y la desigualdad en Bolivia, Ecuador y Venezuela, y se recuperaron las capacidades de consumo de las mayorías. Antes de las asambleas constituyentes, lo que hoy se asumen como derechos eran meras mercancías educación, salud, agua, electricidad, gas, vialidad, equipamientos, vivienda. Las constituciones de estos tres países habilitaron un giro en la redistribución del presupuesto que significó un aumento significativo de la inversión social: por ejemplo, en el caso venezolano el 70% del presupuesto nacional se orientó al gasto social.

Este incremento se cubrió con la recuperación del control estatal de industrias básicas de materias primas. Por lo tanto, los presupuestos nacionales dependían y dependen en buena medida de los precios de las materias primas, así como de la ampliación de las zonas de operación de dichas industrias. Todo eso se complementa con la capacidad de endeudamiento y crédito frente al sistema financiero internacional, capacidades claves para el comercio internacional.

Constituyente y sujeto político

En los tres países la constituyente significó el reconocimiento de los pueblos indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes y en general de las mayorías trabajadoras, despojadas e invisibles para la política tradicional. Estos sectores irrumpieron simbólicamente y se articularon en torno a las nuevas constituciones, emergiendo como representantes políticos y como sujetos de derechos antes no reconocidos, ejerciendo su soberanía de forma directa, a través de la participación colectiva o individual.

Este conjunto de avances significó, al mismo tiempo, una confrontación con las lógicas coloniales de la política al interior de los mismos sectores constituyentes (Bautista: 2014). Había quienes promovían la inclusión delegada de los sujetos políticos, erigiéndose como representantes asistencialistas y clientelares, que ofrecían derechos a cambio de apoyo, reelecciones y otras contraprestaciones. Entre el nuevo paradigma protagónico y las prácticas políticas tradicionales se dio una tremenda contradicción, azuzada por la presión de las derechas.

Constituyente y modelo alternativo

Los procesos constituyentes tuvieron como idea fundante a la soberanía. Se recuperó el control de fronteras y territorios, pero también de la economía, al nacionalizar y regular la acción de las transnacionales; la política se reasentó así en las masas y en la disputa por el futuro del país. También se le puso coto a las bases militares y a la participación conjunta con fuerzas militares estadounidenses. El Estado, que producto de los ajustes neoliberales estaba en vía de achicamiento, se reposicionó, estableciendo regulaciones sobre la banca, el comercio, las industrias y los sectores inmobiliarios. Quizás algunos de los elementos más sustantivos fueron el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en el caso de Ecuador y Bolivia los derechos de la Madre Tierra. En el caso venezolano, el giro hacia una democracia participativa y protagónica significó el inicio de la construcción del poder popular como eje estratégico

Por supuesto que todas estas perspectivas de avance contaron con una reacción que implicó una nueva etapa en la lucha de clases de nuestra región: represión y criminalización de las luchas populares, persecución y sicariato de líderes, ampliación de formas extractivas (hidrocarburos, finanzas, comercio e intermediación, especulación inmobiliaria, etcétera). Se desplegaron sucesivas confrontaciones con sectores transnacionales, con la oligarquía nacional, y con los intereses de la burguesía. Al mismo tiempo, los Estados y los partidos se hicieron mediadores o intermediarios en la lucha de clases, presuponiendo que su rol era el de dirigir a las fuerzas populares, cuando no contenerlas o instrumentalizarlas. Cuando estas rehusaron alinearse, se indujo su desmovilización y su sustitución por estructuras más maleables.

Algunos desafíos para un nuevo ciclo constituyente

Constituyente económica

A pesar de haber sido formalmente procesos de creación de nuevas constituciones, las constituyentes nos retrotraen indefectiblemente a la idea de que la política es al mismo tiempo materialidad, legitimidad y factibilidad (Dussel: 2004). Es decir, no hay política sin una base material que la sostenga.

En ese sentido, los procesos constituyentes existentes y potenciales tienen como reto:

I) Superar la dependencia de la extracción de valor, que ha sido en nuestra región la forma principal de reproducción del capital. Y superar a la vez nuestro rol en la distribución internacional y colonial del trabajo. Reconocer esto pasa no solo por cuestionar el extractivismo, sino también por visibilizar las múltiples formas de extracción de valor que el capital no promueve pero sí se apropia (Gago, Mezzadra: 2016), como la financiarización y el endeudamiento, las operaciones logísticas de las cadenas de valor global y las economías del cuidado, entre otras.

II) Limitar o eliminar la dependencia del comercio internacional, lo que va de la mano de la superación de la extracción de valor. Si la economía de un país descansa sobre la posibilidad de vender mercancías en el mercado global, y opera para ello con créditos, deudas y múltiples operaciones financieras, su estabilidad interna estará inseparablemente ligada a los precios internacionales de las mercancías que compra o venda, a las calificaciones de riesgo para la inversión y a las consecuentes condiciones para obtener crédito.

III) Ampliar la mirada sobre la mixtura económica, puesto que las crisis de los últimos tiempos han llevado a posicionar la idea de que la economía nacional se fortalece con una economía mixta, de alianza entre el Estado y las empresas privadas. Es precisamente allí donde resulta crucial rescatar las claves del proceso constituyente que ha diversificado la mirada sobre lo privado, diferenciando entre transnacionales, grandes empresas nacionales, medianas y pequeñas empresas, así como emprendedores de diversa escala. Pero, sobre todo, poniendo la mirada sobre un mundo de asociaciones económicas comunitarias, colectivas, cooperativas y populares.

IV) Retomar la centralidad de la economía para la producción de bienes y servicios por encima de los circuitos improductivos que cada vez ganan más terreno, como es el caso de la especulación inmobiliaria, financiera y comercial. Estos importantes circuitos de concentración de capital suelen adjudicarse el crecimiento de un país, cuando solo generan rutas de redistribución y circulación de rentas para la acumulación del capital en elites regionales y globales. Y cuando, además, se sostienen sobre el trabajo de las grandes mayorías.

V) Por último, retomamos la idea de que la producción debe estar centrada en garantizar las condiciones materiales para reproducir la vida de la población. No se trata de la producción masiva de bienes para el mercado internacional. Esto sólo implica volver sobre los males de la dependencia colonial, poniendo en riesgo además la soberanía nacional. Un país que no garantiza las condiciones de vida de su pueblo dependerá de las redes globales que controla Occidente a través de sus Estados y sus conglomerados transnacionales.

Constituyente del poder

Si bien reivindicamos que los procesos constituyentes le han dado una centralidad política a las y los nadies, a mujeres, indígenas, campesinxs, obrerxs, trabajadorxs informales, comunidades afro, entre otras, no se trata solo de colorear los Estados con exóticos estilos diversos, sino más bien de dar, transferir, restituir y fortalecer el poder de las y los históricamente invisibilizadxs y oprimidxs. Parafraseando a Hugo Chávez (2005) y complementándolo con Frantz Fanon (1961), diríamos que no hay manera de superar el capitalismo sin darle poder a lxs condenadxs de la tierra.

En esa dirección resaltamos al menos cuatro retos seminales:

I) Apuntalar y promover zonas especiales bajo regímenes de gobierno comunitario, tanto en territorios rurales como urbanos. No se trata de imponerlos compulsivamente sino más bien de reconocer e incentivar aquellos donde estas formas acumulan fuerzas, que no solo cuentan con tejidos organizados sino además con la legitimidad de haber sido delegados por sus comunidades.

II) Reconocer y fortalecer distintos modos de gestión de las condiciones comunes de vida, reconociendo los modos de gestión entre el Estado y los privados pero habilitando también modos compartidos y cogestionarios entre el Estado, las comunidades y los movimientos sociales. Y, al mismo tiempo, fortalecer los procesos que dependen exclusivamente de la gestión comunitaria o de la autogestión colectiva.

III) Lanzar o reactivar, en todos los territorios y sectores, instancias de cogobierno entre los propios organismos del poder popular, para favorecer la elaboración consensuada de planes y políticas públicas, incentivar los espacios de diálogo, las asambleas populares y los consejos populares de gobierno.

IV) Desarrollar vías de información permanente y mecanismos de consulta a la población, puesto que la fuerza con la que los procesos constituyentes han avanzado depende del apoyo popular masivo. Para sostener ese ímpetu parejo -que no es otra cosa que la confrontación con las élites- es indispensable robustecer la conciencia masiva y la voluntad de movilización y lucha.

Constituyente para la liberación

Hasta ahora los procesos constituyentes del siglo XXI han tenido como horizonte la refundación de las repúblicas, la descolonización del Estado (García Linera: 2014), la construcción de Estados Plurinacionales (Ecuador y Bolivia) o incluso la edificación de un Estado Comunal (Venezuela). Todas estas, propuestas de ruptura con el modelo hegemónicamente impuesto en nuestras tierras por los países occidentales. Estos planteamientos no se derivan de ciertos arrebatos vanguardistas sino que, por el contrario, han sido consecuencia de las demandas, luchas y movilizaciones de un continente frente a un modelo de sociedad que entró en crisis. Por lo tanto, los horizontes constituyentes han sido en buena medida síntesis de las agendas perfiladas por los pueblos y las fuerzas alternativas.

En este contexto de disputa de proyectos y de crisis civilizatoria, queremos enfatizar algunos de los principales retos que supone la construcción de un proyecto para la liberación:

I) Delinear las bases de un modelo de desarrollo distinto al crecimiento capitalista y al “progreso” que ofrece la Modernidad, por un lado porque nuestros pueblos originarios parten de propuestas civilizatorias distintas a la civilización occidental capitalista, patriarcal, colonial y depredadora de la naturaleza. Pero, además, porque en las últimas décadas, a partir de los procesos constituyentes, se han desarrollado propuestas alternativas que centran el desarrollo en la vida y plantean al pueblo como sujeto fundamental de la transformación. Sin embargo, , proponiendo nuevos objetivos y estableciendo un sistema propio para mensurar los niveles de avance en esa dirección.

II) Denunciar el modo de vida que nos vende/impone Occidente, el llamado american way of life, un modo de vida para pocos que ha puesto en jaque al planeta. Por eso es primordial que los procesos constituyentes denuncien frontalmente ese modo de vida y consumo infinito, irracionalmente derrochador de energía, agua, proteínas y otros elementos. Un modelo que cuenta también con patrones generalizados de violencia, discriminación y sometimiento.

III) Establecer como horizonte un modo de vida alternativo centrado en la vida, partiendo desde otros paradigmas: el sistema de vida comunitario de los pueblos indígenas, el buen vivir/vivir bien. Teniendo como perspectiva la reproducción de la vida y la abolición de toda relación de opresión.

IV) Finalmente, impulsar la integración de los pueblos de la región y el mundo, con particular énfasis en América Latina y el Caribe y los países del Sur Global.

Este artículo hace parte de la edición 555 de la revista de ALAI, que puede descargarse de forma íntegra aquí. 

Referencias

Bautista, R. Descolonización de la política: introducción a una política comunitaria. Editorial AGRUCO, La Paz (2014).

Chávez, H. El poder popular: extractos de discursos. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Caracas (2008).

Dussel, E. Tesis de política. Siglo XXI Editores, México (2006).

Fanon, F. Los condenados de la Tierra. Editorial Txalaparta, México (1961).

Gago, V; Mezzadra, S. Para una crítica de las operaciones extractivas del capital: Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización. Revista Nueva Sociedad, Buenos Aires (2015).

García, A., Mignolo, W., Walsh, C. Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento.  Editorial del Signo, Buenos Aires (2014).

Katz, C. Neoliberalismo, Neodesarrollismo, Socialismo. Editorial Batalla de Ideas, Buenos Aires (2014).

* Publicada originalmente en ALAI

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Por Redacción Marcha y BiodiversidadLa (*)

Las feministas comunitarias comenzaron a reconocerse como compañeras de lucha en el estallido social recordado como “La Guerra del Gas” que se dio en La Paz en 2003. Una experiencia que nació en las calles y continúa, desde entonces, defendiendo los derechos de los pueblos contra todo tipo de violencia, por la autonomía y soberanía sobre los cuerpos pero también de los territorios. En 2019, tras el golpe cívico, militar, eclesiástico y empresarial contra el gobierno electo de Evo Morales, las feministas comunitarias tuvieron un papel central: se quedaron en las calles y las disputaron, tejieron alianzas sin fronteras para denunciar las masacres y acompañaron a lxs presxs políticxs y a lxs familiares de las víctimas.

Y es que el Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia “no es una teoría, es una acción colectiva”, como sostienen sus integrantes. Es un feminismo que disputa la institucionalidad, siempre atento a despatriarcalizar las relaciones de los espacios políticos pero sin desatender el proceso de descolonización como parte del mismo entramado, implicando entonces la descolonización del propio feminismo hegemónico. Incluso, en el proceso de esta entrevista, nos invitan a reflexionar en torno a las propias categorías y a descolonizar la mirada:

“Las mujeres indígenas, las aymaras en este caso, nos vemos bien defendiendo la montaña, pero cuando queremos pelear dentro del feminismo, cuando queremos discutir dentro de la izquierda denunciándola por colonial, ahí ya no nos vemos bien. Ahí estamos estamos fuera del lugar. Entonces hay una mirada también de nosotras como objeto al definirnos como defensoras”.

Para el Feminismo Comunitario, descolonizar el feminismo es mirar los procesos desde el territorio que se pisa, desde las experiencias de luchas propias. Es dejar de mirar a la historia a través de las categorías e hitos del feminismo eurocéntrico y recuperar la memoria ancestral de los pueblos. Como sostienen nuestras entrevistadas, descolonizar el feminismo “es dejar de pensar desde la dicotomía del colonizador y el colonizado, es dejar de asumir el tiempo como lineal y el pensamiento como superador de las luchas, la clase como explicación suficiente y la posmodernidad como proyecto político. Es volver a mirar al patriarcado en su complejidad”. 

–¿En qué territorio se encuentran? ¿Cómo comenzó el Feminismo Comunitario Antipatriarcal y cuál es su experiencia?

–Nosotras, como organización, estamos en distintos departamentos en Bolivia, tanto en el área urbana como en el área rural, y esto nos ha permitido dialogar y visibilizar las opresiones de una forma más estructural. No hubiera sido posible construir un feminismo comunitario y antipatriarcal si no hubiera sido en un contexto político de cambios en el que ha derivado el Estado Plurinacional. Esta lucha ha sido, sobre todo para nosotras, de recuperación de la dignidad. Allí había que identificar y reconocer al sistema, cómo funciona y es ahí que no se quiere visibilizar al patriarcado. Desde entonces, nuestra tarea ha sido denunciar esta lógica patriarcal en las políticas económicas en el extractivismo. Y por eso también nos hemos planteado, como feministas, siendo parte de otras organizaciones territoriales y sindicales, que no quieren visibilizar esto porque también el mismo sistema hace que tengan que resolver necesidades básicas: casa, comida, justicia pero sin  transformar la estructura. Entonces, en ese contexto de debate político comenzamos a hablar de la descolonización y la despatriarcalización, y hemos podido construir y parir este feminismo. 

En cada territorio en el que estamos hay distintas luchas, pero nos encontramos en esta comprensión del sistema, que no son cuestiones de mala suerte, que no son cuestiones de desinformación, sino que es cómo el sistema opera, cómo el extractivismo destruye los territorios, destruye el cuerpo de las mujeres. Entonces, una de las tareas principales que tenemos es la lucha contra la violencia. Otra dimensión fundamental para nosotras es el feminismo para guaguas (niñeces). En estos 20 años de proceso de cambio en Bolivia, nos hemos dado cuenta también de las lógicas adultocéntricas en nuestra propia organización. Hace algunos años, hemos abierto este espacio del feminismo para guaguas o, más bien, lo han abierto las propias guaguas para discutir ellas también sobre el patriarcado, sobre el racismo y el colonialismo que se reproduce y sigue operando en sus en sus cuerpitos, aunque sean más pequeños, pero viven el mismo patriarcado que vivimos las adultas. Otra cosa fundamental para nosotras es la lucha por la justicia y la memoria. Ahí está la justicia para la masacre del gas en la cual estuvimos y la justicia frente al al golpe al pueblo, que termina en un golpe de Estado y que tiene a todos sus autores intelectuales impunes, libres e incluso siendo autoridades. También, una parte fundamental de la organización es el retorno a la tierra y la recuperación del territorio.

Por ejemplo, yo vivo en en la ciudad de La Paz y la mitad del tiempo en la comunidad de Chaupi Suyo, donde vive mi mamá, ubicada en el Valle Bajo de Cochabamba.Y para ser parte de la comunidad territorial hay que asumir responsabilidades y trabajo comunitario. Y ahí está la discusión sobre si queremos acabar con el patriarcado, quién va a producir lo que comemos mientras tanto; la discusión sobre ser capaces de producir lo que comemos, que es lo principal para ser autónomas de un sistema patriarcal capitalista, colonialista y racista. Entonces, en ese territorio en tránsito, vivimos en la resistencia a vivir en un territorio llamado urbano que no ha dejado de ser un territorio ancestral y también en la necesidad de recuperar este territorio, de producir lo que comemos, de relacionarnos con la naturaleza en una complementariedad, que es lo que se plantea desde la memoria ancestral. La comunidad es nuestra forma de organización, nuestra forma de vida. Nosotras, algunas, somos creadoras de vida y ahí nos asumimos en la construcción de comunidad y no de familia en la reproducción de relaciones que sean comunitarias, que sean de responsabilidad con la vida de las otras. 

Estamos en un momento muy difícil en Bolivia, saliendo de un golpe al pueblo. Es muy difícil la reorganización y la recuperación de las luchas. Recuperarse de ese golpe y de las contradicciones internas en las cuales se ha dado. Dentro de las organizaciones, el cuestionamiento sobre cuáles son los proyectos políticos que tenemos. Y, desde nuestra experiencia como mujeres sobrevivientes de violencia, es más difícil recuperarse de los golpes cuando no hay justicia, cuando hay impunidad.

“El vivir bien no es una utopía: no solo es cuestionar los privilegios, sino destruirlos” 

–Elegimos el concepto de “defensoras” y “guardianas” de los territorios y derechos para hablar del lugar central que tienen las mujeres campesinas, indígenas y originarias en la defensa de los bienes comunes. ¿Qué significa hoy ser defensora en Bolivia y cuál es el escenario al que se enfrentan tras el Golpe de Estado?

–El concepto de “defensora” no es algo que haya estado en nuestras luchas, no es un concepto muy cercano a nosotras. Creemos que mirarnos como defensoras tiene el riesgo de individualizar las luchas. En la masacre del gas, por ejemplo, la resistencia ha sido de todo el pueblo alteño: mujeres, hombres y guaguas. La resistencia al golpe ha sido una resistencia del pueblo. Las mujeres indígenas, aymaras en este caso, nos vemos bien defendiendo la montaña pero cuando queremos pelear dentro del feminismo, cuando queremos discutir dentro de la izquierda denunciándola por colonial, ahí ya no nos vemos bien. Ahí estamos estamos fuera del lugar. Entonces, hay una mirada también de nosotras como objeto al definirnos como defensoras. Pero asumiendo la categoría que ustedes han planteado, que también viene de la memoria ancestral, la palabra guardianas del agua, de los ríos. Pero hay una discusión ahí porque la traducción en realidad no es la traducción de todos los idiomas; en el aymara, por ejemplo, se traduce como la guardiana de los alimentos pero en realidad es la autoridad de la comida, de la producción, la que se responsabiliza en que no llegue la helada, que no entren las plagas, y para eso organiza toda la comunidad. Pero no es eso, no es un trabajo que lo hace solita.

Pero bueno, más allá de esa crítica, qué significa hoy para nosotras ser defensoras después del golpe creo que hay varios escenarios y dimensiones. Primero, en el que nosotros hemos coincidido, como organización, en la defensa de un proyecto político: el proceso de cambio, el vivir bien, se ha puesto en cuestión desde la derecha y desde el fascismo. Los discursos de odio racistas desde esta lógica de que los indios y las indias son ladronas, corruptas. Se ha puesto en cuestión, también, desde dentro de las organizaciones sociales, si es posible vivir bien o si nos toca vivir como se puede nomás, y no hay otra forma. Si realmente se puede vivir fuera del capitalismo o si tratamos de sobrevivir lo mejor posible con las contradicciones internas que se han planteado en el proceso boliviano. Entonces, hemos acordado que el primer territorio de defensa hoy, para nosotras, es el proyecto político del Vivir Bien que se ha construido en estos 20 años, que se ha discutido desde la memoria ancestral. El vivir bien es posible, no es una utopía: significa renunciar a la acumulación de riqueza; no solo es cuestionar los privilegios, sino destruirlos. El proyecto es político y comunitario. Y se quieren la descolonización y la despatriarcalización como prácticas políticas frente al sistema; que no se hacen única y necesariamente desde el Estado, sino que se hacen en cada territorio, desde lo cotidiano. Y eso es lo que creemos que hay que defender, incluso en este momento de muchas contradicciones, frustraciones y de ataques a los cuerpos y a nuestros sueños. Cuando decidimos como pueblos plantear lo que queremos, pues resulta que no solo nos atacan y persiguen sino que nos estrellan en la cara que eso no es posible. Ese es el primer espacio de defensa después del golpe. Las lógicas pueden ser ineficientes dentro del Estado y la corrupción, eso no es responsabilidad de los pueblos. Nos hemos ocupado de cuestionar el nacionalismo y plantear un Estado Plurinacional, de identificar, denunciar, comprender e inventar frente a las lógicas coloniales para hacer procesos de descolonización, personales, territoriales pedagógicos y no nos pueden decir que eso es lo que está mal.

Otro punto fundamental es la lucha contra la impunidad, tenemos una memoria de impunidad como pueblos después de 500 años de colonialismo, después de la Constitución de Repúblicas que también han sido colonialistas, que también han sido racistas, que tampoco nos han visto a los pueblos y nos han robado nuestros territorios en impunidad porque nadie ha sido juzgado. Para nosotras, la lucha contra la impunidad y por la justicia es importante y por eso estamos en ese debate del golpe al pueblo ahora, de que fue genocida y tiene que ser juzgado por un juicio de responsabilidades. Nosotras queremos un juicio para Añez y sus cómplices, para Camacho y Pomar, para todos los que han sido responsables. Eso para nosotras es la defensa de un territorio, la defensa de la memoria, la defensa de un territorio político de luchas y la defensa de una responsabilidad con la vida de los hermanos que han sido asesinados, de las guaguas que han quedado huérfanas.

La otra dimensión es la profundización de este sistema y ahí está la violencia hacia las mujeres. Esa es la lucha territorial que hay que hacer en cada comunidad, en cada barrio, para enfrentar la trata y tráfico de personas, los feminicidios, porque el Estado está desbordado y no es solo en Bolivia. La institucionalidad no puede responder de ninguna forma y no es su prioridad. Y si no estamos vivas, no podemos vivir bien; si no tenemos vida, no podemos luchar, no podemos hacer ninguna revolución frente a la violencia. La defensa de un territorio político común: nuestros cuerpos, que es la vida misma, que es el territorio que habitamos como una comunidad territorial o un barrio.

–¿Encuentran experiencias de lucha afines en América Latina con relación a las luchas que están dando los pueblos de la región? ¿Se identifican en la lucha de otras experiencias de defensa de los territorios comunitarios?

–Nosotras siempre hemos planteado que somos un solo pueblo, entendiéndolo como esa categoría política donde estamos los pueblos indígenas, originarios y campesinos que tenemos una memoria ancestral de vida digna, que tenemos una forma de relacionamiento con la naturaleza. Y nos encontramos en esos procesos políticos que están más allá de las fronteras, así que hay luchas similares por esas memorias que tenemos y porque el sistema tiene formas idénticas de operar, tiene recetas que aplican a los distintos territorios. El extractivismo está en todos los territorios, la forma de ingreso de las mineras destruyendo las comunidades, generando trata, tráfico y prostitución de personas, violencia, consumos de alcohol, eso pasa en todos los territorios; así que nos identificamos en la lucha contra la minería. Aquí contra San Cristóbal, por ejemplo, que es una transnacional minera, que está hace muchísimas décadas y que por lo visto se va a quedar otras tantas en Bolivia, que es muy similar a otros territorios en Argentina y en el Wallmapu, que también tienen que enfrentar a las mineras. Entonces, un primer elemento de coincidencia es esta necesidad urgente de enfrentarnos al extractivismo en sus distintas formas. Aquí acaban una montaña y a los dos meses es un edificio ¿Quiénes son dueños de esas montañas? ¿Por qué tienen que destruirlas en nombre del desarrollo, de la urbanidad, de la arquitectura del progreso y de todas esas lógicas coloniales? Ahí también nos encontramos, y eso está pasando en distintos territorios también: son las formas de operar del sistema patriarcal, colonialista y racista en los territorios de Abya Yala.

En los territorios rurales, pero también en los urbanos, cada vez se intenta profundizar más en el minifundio, en la tierra como propiedad privada y lo mismo en los barrios con la privatización de las calles, de los parques. Entonces, hay más coincidencias de las que pensamos no solo en la región, sino entre lo urbano y lo rural, que siempre intentan dividirnos. Y es sencillo porque hay una lógica colonialista racista y nadie quiere ser una campesina finalmente, nadie quiere ser una india, eso se reproduce ahora en Bolivia también: se habla de lo lindo que es la comunidad, pero nadie quiere hacerla; todo el mundo quiere productos agroecológicos sin pesticidas, pero no los quiere producir ni trabajar la tierra; es más lindo la ciudad y sus edificios con sus títulos y sus universidades. Es necesario construir también un proyecto político en el cual nos podamos encontrar y preguntarnos si ese proyecto político pasa por los Estados, si ese proyecto político pasa solamente por defender unas el agua otras la tierra. Entonces, tenemos o vivimos opresiones comunes en la región frente a este extractivismo, en las ciudades, entre las lógicas transnacionales. Y tenemos una memoria común, por eso tenemos una resistencia también común. Nos falta la construcción de un proyecto político común que vaya más allá de las fronteras, que no solamente se haga toma del poder del gobierno que resulta insuficiente.

“La oposición entre lo rural y lo urbano siempre nos ha parecido un discurso colonial y funcional al sistema” 

–Retomando tu planteo, muchas veces cuando pensamos en la defensa de los territorios nos remitimos a la ruralidad y poco pensamos en los territorios urbanos. ¿Encuentran continuidades de defensa territorial en el mundo más urbano?

–La oposición entre lo rural y lo urbano siempre nos ha parecido un discurso colonial y, además, funcional al sistema. Porque finalmente, qué son las ciudades sino territorios ancestrales ocupados en la colonización y donde se ha obligado a nuestras abuelas y abuelos a migrar para ser explotados en esas denominadas ciudades. Entonces, por supuesto que hay continuidades. En Bolivia todavía es mucho más visible eso porque las denominadas ciudades en su pequeña extensión ya hace un área rural, porque la comunidad habita dentro de la ciudad en su cosmovisión, en sus prácticas culturales, en sus prácticas políticas. Existe una continuidad no solo de lucha; es una continuidad material real de cosmovisiones de memorias, de cuerpos que habitan lo denominado urbano y lo denominado rural, y que ahí nos podemos encontrar y enfrentar esas opresiones coloniales que dividen nuestras luchas.

La ciudad es un territorio ancestral: las luchas que se hacen en la ciudad también son defensas del territorio ancestral, defensas frente a las inmobiliarias, frente a las empresas constructoras que acaban con los cerros, que tapan las lagunas para construir ahí sus condominios. Lo que falta es la articulación territorial para que no sean solamente luchas de pequeños colectivos medioambientales de clase media, sino que se pueda articular con la defensa que está haciendo también el barrio, la comunidad para que no se destruya esa pequeña laguna, ese humedal o cerro. También es extractivismo la imposición de un mundo de consumo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras cosmovisiones. Hay que repensar un poco las luchas para evitar estas fragmentaciones funcionales al sistema y esa experiencia ha sido posible en Bolivia.

–¿Y cuál es el rol de los feminismos, incluso del activismo LGTBIQ, en la defensa de los territorios? 

–Para nosotras hubiera sido imposible mirar esta complejidad de las opresiones y cómo se juntan el racismo y cómo tiene que ver la trata y tráfico y la violencia hacia las mujeres con el extractivismo, si no hubiéramos construido nuestro propio feminismo. No sé si los feminismos tienen una responsabilidad, pero sí hay una responsabilidad en construir feminismos territoriales, comunitarios, populares, villeros y campesinos; feminismos que respondan a las características del patriarcado en cada territorio. Reivindicamos la palabra con todas las contradicciones y debates que eso nos lleva porque a nosotras nos ha servido para identificar y transformar, en nuestra vida, en el territorio y en la comunidad para vivir de otra forma, para hacer el camino al vivir bien. 

En este feminismo comunitario antipatriarcal, entonces, construimos esa comprensión para defender el territorio porque si no, ¿cómo defiendes si no terminas de identificar cómo opera con los discursos coloniales? Ahí está nuestra discusión frente a este discurso LGBT colonial, que lo plantea también casi como una anécdota casi como una estampita o una fiesta, cuando en la comunidad y en nuestros propios espacios de lucha hemos convivido con otras mujeres lesbianas, trans, de cuerpos plurales, como dicen las hermanas feministas comunitarias en Guatemala, sin que la discusión sea sobre si se incluye o se excluye a las personas trans, a las lesbianas, si son más o menos mujeres, cuando la discusión era qué hacemos frente a la minera que no se va, qué hacemos frente a esta democracia que no nos sirve, qué hacemos frente a la educación que no llega, qué hacemos frente a la lógica racista que se reproduce en la escuela y en la universidad, qué hacemos para conseguir el pan y la comida hoy. Entonces, hay otras problemáticas estructurales que nos encuentran, ahí se construyen feminismos y luchas desde los cuerpos plurales que realmente atentan contra el sistema. La lucha solamente por los derechos o por la denominada inclusión o por la solo visibilidad o reconocimiento no alcanza para acabar con el sistema, porque nosotras realmente queremos acabar con el sistema de muerte. El rol de los feminismos y de las luchas desde los cuerpos plurales tiene que ser alimentar esa lucha antisistémica, antiestructural, de denuncia de los discursos que nos han paralizado, que nos han hecho creer que basta con derechos, que basta con inclusión, que basta con que haya una diputada que sea lesbiana o un diputado que sea gay y eso no significa ni siquiera una transformación institucional del discurso. Entonces, hay una lógica bien colonial en este discurso LGBT que elimina nuestra memoria más ancestral como cuerpos plurales que han estado siempre en la comunidad. 

–Este proyecto, además de indagar sobre la defensa de los territorios en nuestra región, intenta trazar diálogos con África, especialmente con Mozambique, y acercar problemáticas, luchas comunes y re-existencias. El racismo es uno de esos grandes temas comunes, no iguales pero sí comunes. Durante el golpe vimos una explosión de racismo, pero ¿Qué pasó después?

–Al ver cómo operan los grupos armados, el saqueo de las riquezas que hay, de los recursos, es lo mismo que vivimos en el área de Abya Yala. Entonces, un primer diálogo entre los pueblos que han sido sometidos al colonialismo, que han sido saqueados, cuerpos atentados permanentemente por el racismo, es posible y necesario porque somos iguales, porque vivimos opresiones muy parecidas en contextos distintos. Opresiones que pasan por nuestro cuerpo, por nuestro color de piel, por el territorio que habitamos. Además, por la forma en la cual hemos decidido habitar estos territorios: una forma no funcional al sistema capitalista y patriarcal. Entonces cómo operan los grupos armados y cómo es esta una señal de profundización del sistema de ocupación del territorio para todo este saqueo extractivismo, como construir corredores del narcotráfico, es una lógica similar que está pasando tanto en el África, en Mozambique como en el Abya Yala. 

Y nos encontramos con este dolor de que somos las mujeres y niñas, los cuerpos plurales, los más afectados por esa lógica de explotación, esa lógica extractivista, de destrucción del territorio. Aquí en los sectores mineros y en los sectores petroleros, donde antes de que vaya la maquinaria de explotación está el campamento donde hay alcohol, drogas y prostitución de nuestras hijas, guaguas y hermanas, es lo mismo que sucede en otros territorios. Y el racismo ahí es una herramienta, pues, de dominación de los cuerpos y de los territorios, porque cuando vos atentas contra los cuerpos estás atentando contra el propio territorio donde están lo que ha pasado en Bolivia en el golpe. 

Como plantean ustedes, ha sido un golpe racista. Ha sido un golpe de escarmiento. Y eso, por ejemplo, lo vamos a ver en los resultados del próximo censo a ver si aún más del 60 por ciento de la población se continúa reconociendo como aymara o si realmente han logrado golpearnos para restaurar este pacto colonial de negar a nuestros abuelas y abuelos, nuestra cosmovisión, nuestra decisión de vivir sin acumular. Porque ese sentido ha tenido el golpe: escarmentar a las indias e indios que hemos levantado la cabeza para la recuperación de la dignidad,a quienes hemos decidido construir un proceso político para autogobernarnos y autodeterminarnos. 

El golpe no se ha acabado, hay una continuidad de una derecha fascista presente no sólo en la política económica territorial, sino también en los comités cívicos y con autoridades dentro de los espacios institucionales. Como Camacho, que sigue alimentando esa lógica racista legitimando que las indias y los indios después del 19 de 2019 somos unos ladrones, corruptos, donde estemos. Ese es el discurso que han instaurado, incluso se ha profundizado el racismo también dentro de las organizaciones sociales, en la izquierda y el feminismo, que no confían en las indias o los indios porque defienden al gobierno, porque quieren defender al Evo. Esta es la lógica fascista que continúa y entonces hay un atentado contra los cuerpos, la violencia hacia las mujeres es también racista, porque la mayor parte de los feminicidios son de mujeres indígenas que estaban habitando la ciudad, su propia comunidad, o que estaban intentando ser alcaldesas y concejalas. Mujeres indígenas con un lugar en la política. Entonces, en Bolivia se ha consolidado un discurso político racista, donde se les ha invalidado en la política por ser india o indio. 

Sigue habiendo racismo y más bien estamos vetados como indios, como aymaras, porque quienes ahora dicen que son del pueblo, se han desplazado, han perdido la memoria, no hay una memoria de dónde venimos y de donde es nuestra lucha.  Entonces, el racismo claramente se ha profundizado al igual que el ejercicio de poder sobre cuerpos y nuestros espacios territoriales. Se ha profundizado la persecución a las compañeras y compañeros indígenas hoy. Creo que el ataque racista nunca va a acabar, es imposible que pueda acabar porque es una de las armas más importantes para lo que es hoy el ataque a todas las propuestas desde las defensoras y los defensores de la tierra que lo hacen para un bien vivir, para que aún podamos vivir en el territorio, para que no nos conviertan en ciudades solamente entonces creo que el racismo es algo que tendremos que ver cómo desarmarlo como desarmarlo y cómo proponer algo más que no sea subsumido por el sistema.

–Pensando en Francia Márquez en Colombia Marielle Franco en Brasil, Thelma Cabrera en Guatemala, las representantes de las naciones indígenas en la Convención Constitucional de Chile, y relacionándolas con esa reflexión que hacías: ¿Les parece que en Bolivia se puede disputar la institucionalidad estatal, “llenar de otro sentido la democracia”, como dice Francia? 

–Para nosotras, como feministas comunitarias antipatriarcales, el que Francia Márquez esté en ese camino electoral es un acto de dignidad para todas. Creemos que todos los espacios son un espacio de lucha y que, finalmente, cada cual lucha por las condiciones que toca. No están las condiciones perfectas, eso solo pasa en la cabeza de la Academia y de los libros; supongo aquí toca luchar en lo que se pueda en el Estado y fuera del Estado, en la alcaldía o desde las organizaciones, y yo creo que en nombre de la autonomía hay que respetarlas también. Hay que respetar la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos y los caminos que deciden tomar. Es muy importante lo que está haciendo Francia, cuando ella le dice al presidente –pero en realidad le dice a la clase política de Colombia y la región– que lo que les molesta es que la señora que les trabaja en la casa pueda ser la vicepresidenta. Es un mensaje para toda la región, como en el momento en el que Evo Morales fue presidente, es muy importante porque ha sido también parte de esa recuperación de la dignidad poder mirarnos en el que resultó ser el presidente después de dos siglos de presidentes empresarios y de oligarcas. 

Lo mismo ocurre con Marielle Franco, que ha disputado también ese espacio territorial. Ahora en cada contexto existen realidades específicas y, en el caso de Bolivia, tenemos aprendizajes específicos sobre esa disputa del Estado. En la Convención en Chile, por ejemplo, sabemos nosotras por experiencia que es importante el proceso constituyente como proceso, como debate e instancia de politización de la sociedad. Aquí en Bolivia, para la Asamblea Constituyente se hacían asambleas en las calles, en los parques, colegios, sindicatos, puestos de venta; todo era una Asamblea Constituyente. En todos los espacios que estaba discutiendo sobre algún artículo, sobre la forma de Estado, sobre los derechos fundamentales. Hay que exigirle a esa institucionalidad que se transforme, que sea distinta, hasta que logremos disminuirla, de tal forma que podamos recuperar nuestra autonomía, autodeterminación y autogobierno. Se puede, desde movimientos sociales, desde la memoria ancestral y un proyecto político sólido con fuerza social con decisión. En el caso de Bolivia, hemos estado por 10 años en las calles, en el proceso constituyente, en las luchas pensando e inventando. Hemos hecho de eso nuestra vida, pero cuando no hay esa fuerza política, son solamente intenciones. Una no hace la revolución sola, eso de que hay un caudillo que puede hacer la revolución no es cierto, se necesitan los pueblos. Para hacer eso que llaman revoluciones se necesitan los pueblos para construir el vivir bien. Desde ahí se puede disputar la institucionalidad, con esa fuerza en Bolivia lo hemos hecho. Lastimosamente, esa institucionalidad también ha podido un poco más que los propios proyectos políticos y ha fragmentado también a las organizaciones,

Pero, en todo caso, lo que yo quisiera decir es que este “llenar de otro sentido la democracia”, como dice Francia Márquez, es posible en determinados territorios según las experiencias de lucha que han vivido y es posible porque la democracia sigue siendo una palabra, una categoría. No es posible hablar de una democracia comunitaria; en Bolivia lo hemos hecho, pero no ha sido suficiente. Está esa democracia liberal. Ya no sólo como categoría, sino como realidad, donde también podría ser el candidato Duque en el caso de Colombia o Camacho acá. Entonces, es posible darle un nuevo sentido a la democracia si realmente hay un proyecto por detrás que se proponga acabar con el patriarcado, construir comunidad y realmente recuperar la vida digna.

Esta entrevista hace parte de la serie  “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de  Marcha Noticias y  Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La entrevista fue realizada por Camila Parodi en el año 2022.

Edición: Camila Parodi y Nadia Fink.

Ilustración: Ximena Astudillo

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Por Noelia Carrazana / @noeChaska (*)

En los meses previos a los comicios de 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia fue sacudido por los incendios en la Chiquitania, los paros médicos y la movilización de la oposición, la que había ganado sólo una elección desde 2005, tras el ascenso al poder del aymara Evo Morales.

El 20 de octubre, el día de las elecciones, en medio de una polémica con la oposición por la constitucionalidad de un tercer mandato sucesivo, Evo Morales obtuvo el 47,08 por ciento de los sufragios y se proclamó vencedor.

La oposición, que sería respaldada por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, desconoció el resultado e inició una serie de movilizaciones que derivaron en la quema de tribunales electorales y alcaldías, además de agresiones a partidarios del presidente Morales, quien se fugó hacia Argentina.

Los hechos comenzaron a desencadenarse el 22 de octubre, dos días después de la votación, cuando el líder opositor Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, convocó a un paro cívico indefinido en contra de la reelección de Evo Morales, el que logró copar las principales calles del país y retener la atención de los medios de comunicación internacionales.

“Tenemos que, salvando las diferencias, sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero sólo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”, declaró Camacho el 31 de octubre, en alusión a los simpatizantes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

“Tenemos que, salvando las diferencias, sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero sólo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”, declaró Camacho el 31 de octubre, en alusión a los simpatizantes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

El 6 de noviembre, cuando Camacho ingresa a La Paz para solicitar la renuncia de Morales, el periodista Sebastián Moro, describía un estado de colapso. “Bolivia sigue semiparalizada, sacudida por protestas, bloqueos e incidentes desde hace diez días, cuando se proyectó la reelección de Evo Morales en primera vuelta”.

En esa misma fecha, el periodista Christian Velasco Rojas, miembro de la plataforma de comunicación, La Resistencia Bolivia, denunciaba amenazas en su contra en Facebook. “¿Qué democracia defienden? ¿La de la intolerancia, la del acoso, la del vandalismo? (…) Esta madrugada, a nombre de la Democracia, pintaron mi casa con insultos y amenazas, al mejor estilo del Fascismo Nazi donde marcaban las casas de los judíos para después quemarlas”.

“Recibí mensajes que llegaron a mi celular -prosiguió Velasco- que decían que ya había caído el presidente Morales y que ahora nos tocaba la muerte a nosotros. Esos mensajes le llegaron a toda mi familia”.

Mientras tanto, en Cochabamba, miembros de la paramilitar Resistencia Cochala -JCR-secuestraron a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y quemaron el edificio consistorial. Ante las cámaras, obligaron a Arce a caminar descalza por la calle, sobre vidrios. Luego, la orinaron y bañaron en pintura roja, mientras le gritaban “asesina”. “Estoy en un país libre (…). Si quieren matarme, que me maten. Por este proceso de cambio voy a dar mi vida”, replicó la alcaldesa, mientras la retenían.

El periodista Marcos Moscoso, quien fuera compañero de trabajo de Moro recuerda que los miembros de estos grupos “actuaban en connivencia con la policía.”

ATAQUE A LOS MEDIOS PÚBLICOS

Ya desde el 22 de octubre, día en que miembros de Resistencia Cochala queman los equipos de la radio Kausachun Coca en Cochabamba, la violencia se extiende hacia todos los medios públicos. Sufren ataques BTV-Bolivia TV; las radios de las organizaciones sociales, la Red Patria Nueva y la sede de la CSTUCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), donde funcionaba Prensa Rural.

En ese momento, Sebastián Moro, además de corresponsal de Página 12, era el editor de Prensa Rural, órgano de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, uno de los pilares del gobierno de Evo Morales. Aquella jornada, la página web de este órgano de prensa fue hackeada y su sede tomada.

El sábado 9 de noviembre se hizo viral la imagen de José Aramayo, director de Medios de la CSUTCB, atado a un árbol. Las bandas paramilitares que habían llegado a La Paz junto al cívico Luis Fernando Camacho, fueron las responsables de la agresión a Aramayo, quien posteriormente permaneció detenido por la policía, para ser liberado horas después.

“Un golpe de Estado está en marcha en Bolivia”, fue el título de la última crónica que Sebastián Moro escribió para Página 12. “Con la policía amotinada, las Fuerzas Armadas comunicaron que no intervendrán en las calles y llamaron a una ‘solución política’. La oposición pide la renuncia de Evo Morales. Los sindicatos agrarios salen a las calles de El Alto a apoyar al presidente”, escribió.

El domingo 10 de noviembre, Evo Morales anunció por la mañana que convocaría a nuevas elecciones nacionales. La OEA, en paralelo, exigió la anulación de las elecciones presidenciales de octubre y la realización de nuevos comicios.

La cadena de TV UNITEL, así como otros canales masivos comenzaron a transmitir casi sin cortes las renuncias sucesivas de los ministros y del presidente del Congreso. Las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieron la renuncia al presidente. Finalmente, a las 17 horas, Evo Morales anunció su renuncia, después de 13 años en el poder.

Jeanine Añez se autoproclama presidente de Bolivia en una sesión de la Asamblea, sin el quórum que establece la normativa. Dentro de su gabinete, Roxana Lizárraga, es nombrada ministra de Comunicación, quien en una de sus primeras declaraciones apunta a la prensa.

“Lo que hacen algunos periodistas bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana (…) ya se tiene identificados a estos comunicadores”, advierte la nueva ministra.

En medio de esta situación, la embajada argentina comenzó a refugiar a los periodistas y camarógrafos de su país que habían llegado para cubrir la crisis y el golpe de Estado.

A Sebastián Moro no se lo buscó, ni se lo refugió. El domingo 10 de noviembre de 2019 nadie pudo ubicarlo en su teléfono. Finalmente, fue encontrado agonizando en su casa del barrio paceño de Sopocachi. Sus hermanas Penélope y Melody, Sabrina, su sobrina, y su madre, Raquel Rocchietti comenzaron ese día su calvario.

LA PAZ ES UN CAMPO DE BATALLA

La periodista argentina Gloria Beretervide, que había vuelto a su país desde Bolivia el 25 de octubre, relata sus últimas conversaciones con Sebastián Moro. “El sábado 9 de noviembre Sebastián fue entrevistado por mi para mi columna regional programa Fe de Radio de Bolivia y sobre el golpe que se venía, esa noche volví a hablar a las 22 horas ya que Sebastián debía presentarse al día siguiente a las 9 de la mañana hora de Bolivia en un conocido programa de radio con corresponsales internacionales en el mundo”.

Su hermana Penélope Moro relata que el sábado 9 de noviembre, a las 23 horas, habló con Sebastián por última vez. Le contó que debido a los bloqueos había desistido de presentarse en el programa Abya Yala TV. Sin embargo, le comentó que iba a salir caminar para tomar un poco de aire, tal como lo hacía frecuentemente. Penélope y el resto de la familia en Mendoza preocupados por la situación que Sebastián describía, pasaron una noche en vela.

La mañana del domingo 10, al no lograr comunicarse con Sebastián, la familia comenzó a llamar a conocidos y amigos que pudieran visitar la casa del periodista. Todos tenían miedo de hacerlo ante las amenazas recibidas. Finalmente, un testigo hoy protegido por la justicia boliviana, acepta el encargo y encuentra a Sebastián recostado en su cama, descompensado y aparentemente en estado de semi-inconciencia.

“Yo lo encontré en la cama, incluso me reconoció. ‘Estoy bien, hola Willy’, me dijo. Estás mal le respondí. Sebastián insistía que estaba bien, pero y yo me di cuenta que no porque todo fuertemente a orina. Cuando llegamos a la clínica Rengel, me llaman las enfermeras para que lo cambie y ahí veo los golpes en su brazo y cuerpo. Ya después vinieron los del consulado argentino y entonces yo ya lo dejé a su cargo y no fui a verlo más”, explicó el testigo.

La familia decide viajar inmediatamente mientras se comunican con el Consulado y la Embajada argentina en La Paz. Penélope logra viajar el mismo día en que la senadora Jeanine Añez asume la presidencia.

En La Paz, el Consulado argentino informa a la familia que no puede proveerles respaldo económico. La Embajada, debido supuestamente a la violencia callejera, rechaza proporcionarle ayuda para salir del aeropuerto de El Alto hacia La Paz, ciudad donde estaba Sebastián internado.

Penélope Moro explica que la falta de colaboración de las autoridades diplomáticas argentinas se dio desde el principio. Esta situación es denunciada por la familia en la prensa y consta además en la causa sobre la muerte de Sebastián Moro

Penélope, con la ayuda de amigos, logra salir de la terminal aérea y sortear los enfrentamientos. “No había forma de salir de El Alto por los bloqueos con fuego; en ese contexto no servía para nada la credencial de periodista. Fuimos y volvimos varias veces, había lugares donde teníamos que bajarnos para sacar las piedras muy pesadas que estaban colocadas en las calles para bloquear. Nos camuflamos con banderas blancas como las que usaban las ‘pititas’ (golpistas) y así tardamos sólo seis horas en llegar a la clínica Rengel”, recuerda ella.

Una vez en la clínica, Penélope logró ver a su hermano después de horas de espera. Allí le entregan un parte médico donde le señalan que había tenido varios accidentes cardiovasculares e incluso le informan que su hermano ingreso en estado alcohólico, así incluso figura en algunos testimonios del personal del nosocomio en la causa que está cursando en Bolivia. Esa jornada llegan a Bolivia Raquel Rocchietti y Melody Moro, madre y hermana de Sebastián, respectivamente.

LA LEJANÍA CON LA EMBAJADA

“El 14 de noviembre de 2019, el embajador argentino Normando Álvarez García, dio una conferencia de prensa donde afirmó que los periodistas argentinos estaban bajo el amparo de la embajada, pero se olvidó que en la clínica estaba muriendo un periodista argentino”, sostiene Raquel Rochietti, madre de Sebastián. Penélope, por su parte, cuenta que cada vez que entraba a la clínica Rengel del barrio de Sopocachi, era requisada por los pititas y que en ningún momento se sintió resguardada.

El día de aquellas declaraciones, los periodistas argentinos efectivamente lograron salir de Bolivia, como muchos otros corresponsales.

Pero la violencia no cedía, el viernes de aquella semana se produce la Masacre en Sacaba, Cochabamba, y cuatro días después la de Senkata en la ciudad de El Alto, con un resultado de más de treinta personas muertas y centenares de heridos, según el último informe del grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH – OEA).

El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estuvo investigando los hechos bajo la gestión de Añez por más de seis meses, concluyó el 17 de agosto de 2021 que “durante ese tiempo, los insultos al periodismo fueron habituales y, como ocurrió en otras ciudades y eventos incluidos en este informe, las periodistas mujeres recibieron injurias de marcado tono sexista que se sumaron a los agravios dirigidos a todos los agentes de prensa.

“Muchos profesionales -ahondó el reporte- fueron expulsados de los lugares en los que estaban informando o se les impidió transitar por espacios públicos que habían sido bloqueados (…) no solo pusieron obstáculos a su tarea, sino que les requisaron o destruyeron equipos, les borraron sus grabaciones o confiscaron sus teléfonos”.

“Un caso particularmente grave fue la muerte, en circunstancias aún no aclaradas, del periodista argentino Sebastián Moro”, remarcó aquel documento. “Se le identificaron politraumatismos en todo el cuerpo”, concluyó.

Tras el informe del GIEI, el presidente boliviano, Luis Arce, mencionó por primera vez a Sebastián Moro como parte de las víctimas del golpe de Estado.

Asimismo, en julio de 2021 su caso fue recogido por algunos medios masivos, luego de que el nuevo gobierno boliviano denunciara el envío de armas desde Buenos Aires a La Paz, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, en las horas posteriores al golpe de Estado.

Por su parte, un informe elaborado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, advirtió que resultaron “preocupantes las declaraciones públicas por parte de autoridades, que afirmaron que algunos periodistas habrían cometido el delito de sedición”.

“Afirmaciones como esas podrían alentar la violencia en contra de periodistas y personas que trabajan en medios de comunicación, generar autocensura e inhibir coberturas independientes”, subrayó ACNUDH.

VOLVER CON LAS CENIZAS

La familia de Sebastián recuerda aquellos días, como de extrema precariedad. “La clínica no tenía nada; le entregaba recetas a Penélope con medicación que cualquier centro de salud de emergencia primaria tiene. Le pedían insumos hospitalarios que mi hermana no encontraba en la farmacia. Nosotras mismas llevamos una gran cantidad de medicación e insumos: agujas, sondas, cintas que nos pedían todo el tiempo. Hay una investigación sobre ese tema ya que se trata de una clínica privada que nos cobró miles de pesos y tenía todo tercerizado. No podían hacerle ningún estudio a Sebastián”, explica Melody Moro.

“Hubo mucha manipulación en la clínica -prosigue-. Un día nos hicieron preparar para desconectar a mi hermano y cuando después llegamos, nos dicen que no estaba en condiciones de ser desconectado. Estamos hablando de médicos, de cardiólogos, de especialistas. No nos permitían tocarlo o verle la espalda porque nosotras ya habíamos advertido algo raro. Habíamos visto golpes en el cuerpo de mi hermano; la clínica nunca nos devolvió su ropa”, cuenta su hermana Melody.

Normando Álvarez, quien fuera el embajador de Argentina en Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri, es acusado por la familia de Moro de indiferencia y descuido. “Él venía siempre como saliendo de un partido de tenis o algo así (…) cuando nos enteramos que la embajada estuvo implicada en el envío de armas, sentí que estuvimos mi mama, mi hermana y yo en manos de un criminal ya que no solo nos negó el avión sanitario, declara la hermana de Sebastián, Penélope.

También explica que el embajador “se llevó las recetas con los medicamentos que mi hermano necesitaba y nunca me las devolvió ni trajo la medicación”. Desde la embajada lo único que se nos ofreció fue un descuento para hospedarnos en un hostal”, recuerda Penélope Moro.

Esa semana del 11 de noviembre no había bancos debido a las protestas masivas que ocurrían en todo el territorio boliviano. Esto impedía cambiar el dinero argentino a pesos bolivianos para comprar la medicación que necesitaba su hermano. Desde la clínica “nos hacían pagar por día el oxígeno y comprar todos los insumos en el momento, cosa que veíamos que no ocurría con todos los pacientes”, relata la también periodista Penélope Moro.

Sebastián muere el sábado 16 de noviembre a la medianoche. “Yo siento que esa hora marcó una muerte para comenzar a renacer cada día”, afirma su madre.

Raquel también evoca que “el embajador (Normando Álvarez García) apareció con las recetas, pero sin haber comprado los medicamentos, cuando ya se llevaban el cuerpo de Sebastián”.

“Melisa Campitelli, la cónsul argentina en La Paz -prosigue la madre- nos acompañó más que el embajador, y nos dijo que para volvernos más rápido lo mejor era cremar el cuerpo de Sebastián, y la Cónsul se apresura a hacer todos los trámites. Se nos pasa por alto, ante la situación de haber visto marcas en el cuerpo de Sebastián, el hacer una denuncia policial porque el informe médico continuaba diciendo ACV y politraumatismos. Entonces, hay negligencia por parte de la Cónsul y de la clínica. La Cónsul, la abogada Melisa Laura Campitelli Mayor, en su doble rol de abogada y autoridad consular no podía ignorar que al cremar un cuerpo se pierde la mayor evidencia al momento de averiguar el porqué del deceso”.

Por ello, la madre de Sebastián indica que “hay responsables de todas estas situaciones. “El 14 de noviembre, cuando llega el avión Hércules con el material bélico (desde Argentina) para reprimir al pueblo boliviano, en ese Hércules, Normando Álvarez a la madrugada del 15 envía a los periodistas argentinos de los grandes medios para protegerlos. A nosotras nos había dicho que no era posible que llegara un avión sanitario por el contexto que se estaba viviendo. Al enterarnos posteriormente de la causa de las armas argentinas a Bolivia, eso también fue un golpe para nosotras”.

El 29 de noviembre, en la embajada argentina de La Paz, el embajador Álvarez García, realizó un agasajo a los golpistas, en una ceremonia a la que asistió el ministro de Defensa de Áñez, Fernando López, quien en la actualidad se encuentra prófugo de la Justicia por casos relacionados al golpe de estado de 2019.

El diario digital argentino El Destape Web en una investigación con fotografía incluida da cuenta que también estuvieron militares estadounidenses, brasileños y ecuatorianos.

MUJERES QUE LUCHAN POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

“A mí la cultura ancestral no me alcanza para sanar, será porque acá somos diferentes, la muerte para nosotras es la ausencia de alguien a quien no vamos a ver nunca más y cuando se trata de una muerte que no es natural tenemos la necesidad y la urgencia de hacer el camino de justicia”, testimonia Raquel, la madre de Sebastián.

“Cuando volvimos de Bolivia, a pesar del dolor, nos sentábamos las tres, y con lápiz y papel, nos poníamos a pensar cómo íbamos a denunciar. A nosotras nadie nos calló desde que volvimos, nosotras dimos nombre y apellido y no sabemos a dónde nos va a llevar el proceso judicial. Nosotras lo vimos golpeado (a Sebastián)”, denuncia.

En Argentina hay dos causas abiertas, en las que se pide la investigación para el esclarecimiento de la muerte del periodista, una radicada en Córdoba en la que la familia Moro es querellante, por delitos de Lesa Humanidad.

Esa causa contra algunos funcionarios del gobierno de Jeanine Añez, se presentó ante la Justicia Federal Argentina. La segunda causa se abrió en Mendoza y está a cargo del patrocinio legal de la abogada Viviana Beigel. Ambas demandas se presentaron invocando el concepto de jurisdicción universal.

También en Bolivia existe una denuncia que instruye la fiscal Dubravka Jordan Velázquez. “La causa está calificada como ‘homicidio’, pero no se detuvo a nadie, no se produjeron pruebas ni se reconstruyeron los hechos; hay poca seriedad en la investigación”, criticaba Beigel antes de los últimos testimonios de testigos clave y de la verificación del lugar del hecho que tuvo lugar el mismo día del aniversario de la muerte de Moro, el 16 de noviembre de 2021 en La Paz.

“Hay sospechas muy serias que nos llevan a suponer que (Sebastián) podría haber sido asesinado a golpes a partir de un ataque que se produce hacia la población civil, en el marco de un ataque generalizado a la población. Estamos esperando los resultados de la justicia boliviana”, señala la abogada mendocina.

Por su lado, la nueva abogada boliviana del caso Moro, Mary Carrasco sostiene que el escenario judicial es complicado, debido a que el cuerpo fue incinerado, pero aclara que existen muchos testimonios y fotos que pueden ser analizados por expertos, para finalmente llegar a la verdad.

El 16 de noviembre de 2021 se realizó la pericia del lugar donde vivía Sebastián, Carrasco explica: “quisimos reconstruir sus últimas horas: ha habido actos de tortura, su brazo tenía rastros de haber estado envuelto con alambre de púas, su rostro estaba golpeado, su muñeca estaba inflamada, sus piernas de la misma forma, pero algo que ha sido letal y contundente fue el golpe en el pulmón que ha logrado su desplazamiento. Entonces eso no era evidente a los ojos de quien lo socorrió, pero en la clínica dan cuenta que ese fue el hecho más grave”.

“El Ministerio Público -detalla la jurista- ha pedido materiales de esa clínica, se han pedido testimonios de los médicos que han visto a Moro. Llamativamente están todos becados, haciendo cursos en el exterior, pero sí hemos obtenido declaraciones de las enfermeras. Es una investigación compleja por el tiempo, pero tenemos que establecer cómo y porqué matan a Sebastián; para ello el derecho procesal boliviano tiene muchas herramientas: la prueba documental, la prueba testimonial, las fotografías, las filmaciones, pero sustancialmente la pericia nos ayudará. Tenemos un historial médico, las placas de los órganos de Sebastián y el primer diagnóstico errático en el que indican que él se auto infringió los golpes porque estaba en estado alcohólico o drogado, sin hacerle las pruebas que corresponde. Esa tesis se desplomó no solo por lo que estamos viviendo hoy, sino por todos los testimonios que se están llevado adelante”.

La penalista denuncia, al igual que la familia, que muchos médicos eludieron denunciar estas agresiones. Y no solo eso, según ella. “Hay víctimas -del gobierno de Añez- que manifiestan que en esos momentos cuando entraban a las clínicas, los médicos avisaban a los policías, pero no para hacer una averiguación, sino para amedrentarlas”.

“La historia clínica está llena de errores, controversias, evoluciones de Sebastián que no tienen nada que ver con lo que nosotras vimos como testigos, y el no tener el cuerpo es un delito grave, culpa de la embajada y de la clínica, ya que nosotras desconocíamos la ley boliviana. Cuando un centro de salud recibe un paciente en el estado de mi hermano tiene la obligación de denunciar el hecho, nosotras no tuvimos ni siquiera la asesoría de las autoridades consulares y la clínica no denunció el hecho; seguramente el cuerpo habría tenido una autopsia correspondiente y lo único que se nos dio como opción desde la Embajada, fue la cremación porque un avión sanitario era peligroso que aterrizase en La Paz”, recuerda Penélope.

La hermana de Sebastián culmina explicando que “la pericia que se realizó en noviembre del año pasado fue muy importante; es la primera que se hace en dos años con la Fiscalía y el equipo de investigación. Estuvieron presentes mi madre y mi hermana aportando testimonio en la causa. Lo más novedoso de esa verificación de hechos como le llaman allá, es que vino la persona que ayudó a mi hermano y lo llevó a la clínica, y dio su testimonio. Allí con la fiscal, los investigadores, y nuestra abogada Mary Carrasco, ingresamos a la casa de Sebastián”.

CAMPAÑA POR JUSTICIA PARA SEBASTIAN

En la cultura aymara, el Ajayu es el alma que forma parte del cuerpo de las personas. Según esa creencia, cuando una persona sufre un accidente o un hecho de violencia, el ajayu se va del cuerpo físico y recién vuelve cuando el cuerpo está en armonía. En el caso de Sebastián ya no hay cuerpo adonde volver, pese a lo cual amigos de Sebastián invitaron a su familia a un ritual similar.

“Algunos compañeros de Sebastián nos llevaron a hacer un quitapena (ceremonia de despedida) al Montículo, un lugar que a él le gustaba mucho. Compramos salteñas (empanadas) y nos hicieron poner una foto en el medio, junto a una manta, unas hojas de coca, tabaco. Armamos una ronda y allí cada uno comenzó a hablar de cómo lo habían conocido, de la música que le gustaba (…); le agradecían mucho a mi mamá porque lo había traído a la vida, le decían gracias porque nos ha enseñado a contar las historias, porque nos ha pasado autores. Fue muy fuerte”, cuenta Melody.

Raquel Rocchietti en su declaración ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (PARLASUR) sostuvo que la muerte de Sebastián “fue un mensaje aleccionador para la prensa libre. Él se convirtió en la primera víctima de la dictadura que se instaló en Bolivia. Hubo inteligencia sobre sus actividades. Negarlo, callarlo, ocultar pruebas, constituye un delito de lesa humanidad”.

“En el caso de Sebastián las responsabilidades caen en la policía, porque en ese momento estaban amotinados, pero no estaba aún el gobierno de facto de Añez, ni tampoco estaban aun los militares y al día de hoy no hay nadie preso o imputado por la causa de mi hermano, por eso es que pedimos que estas causas se empiecen a juzgar como crímenes de Lesa Humanidad, hasta ahora solo hay imputados por delitos por causas de corrupción y delitos económicos”, indica su hermana Penélope.

En los últimos meses, la Justicia boliviana comenzó a emitir condenas contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, incluido Roger Revuelta Villaroel condenado justamente a doce años de prisión por el delito de tentativa de asesinato y lesiones graves contra el periodista Adair Pinto.

El hecho ocurrió en 2020 cuando Revuelta ingresó a un bar y junto a un grupo de la Resistencia Juvenil Cochala -RJC-, insultó al periodista que había denunciado públicamente en un medio radial, a Jeanine Añez por el golpe de Estado. Revuelta amenazó con violar a su hermana menor de quien tenía una foto. Luego de 20 minutos, cuando Pinto salía del local e intentaba subir a un taxi, fue interceptado por Revuelta quien lo acuchilló en el corazón, en el muslo y en el abdomen.

En ese marco, el actual Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, Wilfredo Chávez, dijo a la periodista argentina, Gloria Beretervide, luego de conocido el informe del GIEI, que el caso de Sebastián Moro “tiene que ser investigado”.

“Todo apunta que fue un asesinato, directo y con ejecución”, subrayó.

El caso de Sebastián Moro quedará abierto para su familia, sociedad latinoamericana y organismos de derechos humanos para siempre, al igual que muchos otros asesinatos, violaciones y vulneraciones de derechos humanos por parte de dictaduras cívico, militar, policial, eclesial, en países empobrecidos por unos pocos que detentan el poder económico que oprimen al pueblo haciendo abuso de la figura de partidos políticos en nombre de la “democracia”, enmascaran sus propios intereses mezquinos.

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Fotos: Alejandro Calizaya Godoy

Un recorrido de siete días que partió desde Caracollo en Oruro y llega hoy a La Paz en apoyo a la legitimidad de un gobierno que se impuso en las urnas por un 55,1% de los votos.

Dicen que a pesar de lo duro de la marcha, las sonrisas no fueron difíciles de encontrar. La fuerza de las warmis está presente y avanzan al grito de ¡Mujeres de pie nunca de rodillas!

Cuando el pueblo se sabe poderoso, camina con alegría y no hay quienes lo detengan. ¡Qué vivan los pueblos que luchan por su liberación!

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