Por Danna Urdaneta* | Foto: Colombia Informa

Este 8 de septiembre, fue asesinado del abogado Javier Ordoñez en la localidad de Engativá en Bogotá, a manos de la policía colombiana, con 11 descargas eléctricas de pistolas de electrochoque. El hecho generó una oleada de protestas contra la brutalidad policial en la capital y las ciudades principales de Colombia, incluyendo la ciudad fronteriza de Cúcuta . El informe de la necropsia realizado al abogado defensor de derechos humanos arrojó nueve fracturas en el cráneo .

¿Quién dio la orden de masacrar en Bogotá y de intensificar las masacres en el país durante el mes de agosto después de que Álvaro Uribe Vélez fuera detenido? En la madrugada el ministro de Guerra Carlos Holmes Trujillo alienta a que la policía siga haciendo su trabajo mientras que Uribe continua su campaña terrorista y xenófoba pidiendo militarizar el país, judicializar al liderazgo social y expulsar a los extranjeros .

Carlos Holmes Trujillo, asumió el tratamiento de la protesta en la capital y aplicó una política de seguridad ciudadana amparada en la genocida doctrina de Seguridad Nacional: instruyó la incorporación de 750 efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá, más 850 que vendrían de otras partes del país y 350 soldados del Ejército Nacional. 

Así, el gobierno del subpresidente Duque le da un tratamiento de guerra al descontento social cuando incorpora soldados del ejército más grande y mejor entrenado de América Latina para combatir las protestas. Desde el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 todo apunta a la creación de las condiciones de un golpe de Estado en Colombia para imponer un estado de conmoción e instaurar una dictadura fundamentada en la doctrina de Seguridad Democrática 2.0.

Policía Metropolitana de Bogotá fuera de la ley

Las redes sociales fueron testigas del nuevo modus operandi de la policía estrenado en el Paro Nacional del pasado 21 de noviembre: la policía colombiana se encapucha, usa helicópteros y armas de fuego, entra sin orden de allanamiento a casas de trabajadores, destruye las viviendas , dispara a quemarropa contra personas que no están involucradas en las manifestaciones  y contra los propios manifestantes , lleva en sus vehículos a personas armadas vestidas de negro sin ningún tipo de identificación, disparan junto a civiles no identificados en las calles al mejor estilo paramilitar .

No podemos olvidar que el parapolítico Pacho Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, está moviendo todas sus fichas para evitar que Mancuso cuente toda la verdad de su participación en el conflicto y de cómo Pacho Santos fue el ideólogo e impulsor del Bloque Capital de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, el bloque de las AUC en la capital del país .

Desde el Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 la represión en la capital colombiana ha recordado al estallido social del Bogotazo por el nivel de violencia estatal para combatir las grandes movilizaciones populares en medio de la sangre derramada. La masacre en Bogotá iniciada este 09 de septiembre de 2020 se suma a las 55 masacres en el territorio nacional registradas por Indepaz y la Defensoría del Pueblo, donde las últimas víctimas fueron jóvenes estudiantes y menores de edad que llegaron a ser torturados y degollados .

Redes sociales y terrorismo de Estado

Las redes sociales se convirtieron en el primer canal de comunicación y denuncia de manifestantes y víctimas del atropello policial. Desde la mañana de este 10 de septiembre organizaciones sociales, líderes políticos, periodistas y un sinfín de personas denunciaron en sus cuentas de Twitter que en el Día Nacional de los Derechos Humanos de Colombia hubo 248 heridos, incontables desapariciones y torturas de las cuales hasta hoy no hay cifras. Alirio Uribe Muñoz hizo un llamado para que a los jóvenes asesinados por la policía les fuera aplicado el protocolo de Minessota , así como anunció que va a representar a la familia de Juliete Ramírez, joven de 20 años asesinada con una bala en su corazón a 100 metros del Comando de Acción Inmediata (CAI) La Gaitana de la policía  y a Cristian Hurtado también asesinado por balas de policía en Soacha , ambos en Bogotá.

Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) denunció que “un niño indígena de 15 años fue obligado por la Policía a desnudarse luego de ser detenido y esposado cuando iba a comprar unas cartulinas para hacer su tarea en Jambaló Cauca” .  El exrepresentante a la Cámara Benedicto González denunció 58 heridos de gravedad y la masacre de ocho personas en la capital colombiana: Julieth Ramírez, Camilo Hernández, Jaider Fonseca, Germán Smith, Julián González, Andrés Rodríguez, Angie Vaquero, Cristian Merece .

El usuario de Twitter @WhoAn78 fue portavoz de la denuncia de Erika Yesenia Tabares, madre víctima de la policía ya que un funcionario asesinó con un rolazo (bolillo) a su bebé de meses cuando esta trabajadora informal no quiso entregarle su carro de vender café. El policía le dice que le da seis millones de pesos y una moto para que ella lo saque de la cárcel por la denuncia que hubiera interpuesto .

Con la etiqueta #SOSMasacres y #SOSMasacreBogotá usuarios en la red social Twitter subieron las pruebas de asesinatos, brutales represiones y desapariciones forzosas. Incluso la alcaldesa de Bogotá calificó lo sucedido como una masacre, sin embargo, la policía está bajo las órdenes de las alcaldías según el artículo 315 de la constitución colombiana.

El escándalo hoy ha llegado a medios internacionales de todo color político con distintas cifras en materia de derechos humanos que buscan minimizar lo sucedido. Las etiquetas del 10 de septiembre fue #PolicíaNacionalParenDeMatar, #TodasLasVidasImportan, #ColombiaDespierta y #NosGobiernaUnPreso para denunciar las masacres en curso. Las denuncias que llevaron estas etiquetas demuestran que no existe ningún tipo de límite ni legalidad en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana.

Derechos Humanos en cifras

Corpocic HR hasta las 12:20 am de este 10 de septiembre documentó el conteo de 8 ciudadanos asesinados por el uso excesivo de la fuerza policial, 2 defensores de derechos humanos retenidos y amedrentados con armas de fuego por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para que guardaran silencio, 5 personas reportadas como desaparecidas, cortes de energía eléctrica en localidades donde las protestas fueron más fuertes. Esta Corporación denunció que no hay cifras de personas desaparecidas y alertó sobre incontables tiros de gracia con armas de fuego, la comunicación caída en Bogotá y la entrada de camionetas negras sin placas a localidades manifestantes .

El medio alternativo y popular Colombia Informa en vivo y en directo en Bogotá, Cúcuta, Medellín, Popayán y demás ciudades colombianas ha reportado estos días a través de sus redes sociales las violaciones a los derechos humanos, así como el atropello de la policía contra sus colaboradores que han sido víctimas de la represión por parte del Estado .

La Campaña Defender la Libertad publicó un tercer boletín donde informa de manera urgente que a las 10:30 pm hay confirmadas 138 personas detenidas solo en Bogotá, en las que se encuentran varios niños, niñas y adolescentes que señalan haber sido golpeados por la policía al mejor estilo sionista.

La Campaña que agrupa a diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y que sirvió de base de datos madre en las denuncias del Paro Nacional del 21 de noviembre pasado afirma en su Boletín Informativo 3 #10S que la comandancia de las estaciones de policía ha impedido el ingreso de defensores de derechos humanos para verificar la situación de las personas detenidas .

Del mismo modo, la Campaña señala que mientras la alcaldesa de Bogotá Claudia López rechaza la violencia policial, bajo su administración se desconocen las normas que promueven la labor de los derechos humanos desconociendo el Decreto 563 de 2015. Igualmente, Indepaz, este 11 de septiembre ha emitido un comunicado alegando que son inconstitucionales las órdenes Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque a los comandantes de la policía ya que estas funciones solo pueden operar por medio de la autoridad de alcaldes y alcaldesas.

Este 11 de septiembre son más claras las denuncias de golpe de Estado del gobierno nacional contra la alcaldía bogotana para cobrarle las críticas de su alcaldesa por la pésima gestión frente a la pandemia. Hoy parece que Claudia López no tiene autoridad y comienza a instaurarse un gobierno policial, mientras tanto su postura pretende estar más allá del bien y del mal estigmatizando la protesta social como vandalismo al tiempo que hace llamados a la policía para investigar las violaciones a los derechos humanos. ¡Paz para Colombia, para la guerra nada!

*Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) Venezuela

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Por Redacción Sentiido* / Foto: Archivo 

1.108.541 votos llevaron a que Claudia López se convirtiera en la primera alcaldesa en la historia de Bogotá (2020 – 2024). López obtuvo el 35,2% de los votos, mientras que Carlos Fernando Galán el 32,4%, Hollman Morris el 13,9% y Miguel Uribe el 13,5%. Fue además una votación histórica: en 2015, Enrique Peñalosa fue elegido alcalde de Bogotá con 903.764 votos y, en 2011, Gustavo Petro con 723.157.

Claudia López ganó después de superar una campaña difícil. Más de una persona expresó que no votaría por ella porque le parecía “gritona”, a manera de eufemismo para rechazar que López se salga de la delicadeza y suavidad esperada socialmente de las mujeres. De hecho, ser “gritón” nunca ha sido un argumento para no votar por Álvaro Uribe y hay que verlo en el Congreso:

El hecho de que López hable con un tono que socialmente no es el esperado para las mujeres, se convirtió para muchos en una razón para descartarla. En el fondo, la incomodad radicaba en que Claudia López se aleja del parámetro tradicional de feminidad. (Ver: Hay muchas formas de ser mujer)

De ahí que de manera despectiva acudieran a palabras como “Claudio” o a frases como “esa que ni es mujer”, pasando por alto su hoja de vida e ignorando que identificarse como mujer no es sinónimo de tener el pelo largo o hablar en voz baja y que hay muchas formas de ser mujer. (Ver: A mí no se me nota).

De igual manera, al menos dos de los competidores de López hicieron especial énfasis en sus campañas en un aspecto que en una sociedad como la colombiana es casi un valor agregado: tener una pareja (bajo matrimonio) del sexo opuesto y unos hijos que mostrar. Claudia, por su parte, resaltó su familia (hermanos y sobrinos) y la figura materna, también muy relevante en el contexto colombiano.

A todo esto se sumó el clasismo latente en algunos sectores que apoyaban a otro candidato, quienes se referían a López por su segundo nombre, “la Nayibe” en tono burlón y despectivo. A manera de respuesta, López convocó a varias Nayibe para decir en grupo que se sienten orgullosas de su nombre.

Después de una larga campaña, Claudia López ganó y eso, se supone, es lo único que ahora debería importar. Pero una vez fue confirmada la noticia, ella abrazó y besó a su pareja, la senadora Angélica Lozano, tal cual como lo hacen muchas parejas en un momento de celebración. Desde entonces, no han faltado las críticas de algunos sectores conservadores que señalaron este gesto como “un acto desafiante” con las personas que se oponen a las parejas del mismo sexo. También hubo quienes dijeron que estas muestras de afecto deben ser privadas y no públicas.

Lo raro es que consideren los gestos de afecto entre personas del mismo sexo como un asunto privado mientras que los besos entre hombre y mujer sí son  públicos como se ve a diario. El tema llegó a ser “tema del día” en la W Radio, cuando las muestra de afecto entre personas heterosexuales no son tema de discusión radial.

La pregunta es: ¿la orientación sexual y la vida afectiva de los aspirantes y gobernantes heterosexuales sí es pública y las de las mujeres lesbianas como Claudia López debe ser privada?

Además, ya algunos líderes de sectores conservadores-religiosos, inconformes con el hecho de que la ciudadanía no eligió a su candidato, están apelando a sus estrategias de siempre: despertar el miedo, decir mentiras de frente y difundir rumores infundados sobre lo que será la alcaldía de López. Desde ya están acudiendo a su viejo truco de crear pánico.

Para completar, a López también se le avecina otro reto: aunque todos los alcaldes han tenido aciertos y desaciertos en su gestión, a ella muy seguramente la oposición le cobrará más duro un posible incumplimiento en algunas de sus propuestas de campaña, teniendo en cuenta, además, los contratos amarrados que le deja su antecesor Enrique Peñalosa.

Es más, hasta el simple hecho de continuar con los programas de inclusión LGBTI y diversidad de las administraciones pasadas, puede ser utilizado en su contra por cuenta de su orientación sexual. Es decir, cualquier iniciativa que la alcaldía de López decida continuar o implementar al respecto, podrá ser usada por estos sectores conservadores–religiosos para hablar de “tiranía de las minorías”.

Algo así fue lo que le pasó en 2016 a la entonces ministra de educación Gina Parody cuando por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional que le correspondió cumplir, sectores conservadores-religiosos dijeron que ella estaba “imponiendo la ideología de género”, utilizando entre sus argumentos que Parody es lesbiana. (Ver: 5 claves para entender el enredo de los manuales de convivencia).

En todo caso y aunque es un hecho que aún falta mucho camino por avanzar en materia igualdad e inclusión, no se puede desconocer que fue un gran paso elegir a una alcaldesa con una destacada hoja de vida, lesbiana. Pero los retos que se avecinan son enormes, teniendo en cuenta que hechos como este implican intentos de retroceso por parte de quienes se niegan a reconocer que la diversidad propia de la realidad debe estar presente en todos los espacios, incluida la Alcaldía de Bogotá.

*originalmente publicada en Sentiido

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Ya se cumplió un año, desde que 13 líderes sociales fueron detenidos y acusados, en primera instancia, de ser los responsables de  las detonaciones ocurridas el 2 de julio de 2015 en las instalaciones de una sede del edificio de Porvenir en la ciudad de Bogotá y de pertenecer a las milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Aunque la medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación fue levantada, el proceso sigue y las organizaciones sociales continúan llamando el hecho como un “falso positivo judicial”.

Los hechos

Fue la mañana del 8 de julio de 2015, cuando el entonces Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, despertó al país con la noticia de que se habían realizado 15 capturas a milicianos del ELN, y los señaló como responsables de las detonaciones ocurridas días antes a las instalaciones de la sede del Edificio de Porvenir en la ciudad de Bogotá.

Se trataba de David Camilo Rodríguez, Heiler Lamprea, Gérson Yacumal, Paola Andrea Salgado Piedrahita, Lorena Romo Muñoz, Luís Daniel Jiménez Calderon, Félix Mauricio Ariza, Víctor Orlando Ariza, Daniel Eduardo Hernández Muñoz, Sergio Segura, Andrés Felipe Parra y los hermanos Lizeth Johana y Jhon Fernando Acosta.

Luego de que transcurrieron horas y el proceso de legalización de capturas hizo su efecto, los medios de comunicación en Colombia realizaron un show mediático en el que felicitaban al presidente Juan Manuel Santos por la efectividad y contundencia con los que detuvieron a los responsables del atentado “terrorista”. Mientras el día avanzaba los grandes medios radiales, escritos y televisivos resaltaron el hecho de que tres de las personas detenidas fueran contratistas del distrito pertenecientes a la administración  de la “Bogotá Humana”, además castigaban sobremanera que una de ellas fuera un reconocida abogada defensora de los derechos de las mujeres, Paola Andrea Salgado Piedrahita.

Esa noche, dos de esas personas fueron puestas en libertad y 13  continuaron en el proceso de imputación de cargos. Con el pasar de los días, el escándalo mediático continuaba y la Fiscalía aún no presentaba la primera prueba contundente, que indicara la responsabilidad directa de los detenidos con los atentados de Porvenir, tal y como lo señalaron el vicefiscal y el mismo presidente Santos el día de las detenciones.

En medio del proceso, la Fiscalía presentó como material probatorio, fotografías y seguimientos, que según el ente acusador, fueron realizadas meses atrás, así como interceptaciones telefónicas, libros de pensamiento crítico, computadores portátiles, USBs, agendas, celulares, banderas pertenecientes al proceso del Congreso de los Pueblos y de la Red Revuelta e Identidad Estudiantil, procesos estudiantiles, etc., dichas pruebas fueron presentadas por la Fiscalía como contundentes para acusar a los detenidos, ya no de los atentados a la sede Porvenir, sino de participar en un disturbio ocurrido el 20 de mayo de ese en la Universidad Nacional de Colombia, y otras explosiones en 2013.

En medio del proceso, la fiscalía señaló que de los detenidos, 10 de ellos ya no fueron acusados de pertenecer a las milicias urbanas del ELN y tampoco los culpablizaron de los atentados en Porvenir, sólo se les acusó de participar de los disturbios del 20 de mayo en la Universidad Nacional. Para el día 13 de julio la fiscalía, imputó cargos por rebelión, daño en bien ajeno y lesiones personales a David Camilo Rodríguez y Heiler Lamprea.

Ante la acusación inicial, los movimientos sociales y sociedad en general señalaron que si la Fiscalía no tenía ninguna prueba sobre los hechos de Porvenir, ¿quiénes habían sido los verdaderos responsables de este hecho y por qué el Vicefiscal y el Presidente habían presentado a las y los detenidos como responsable de los atentados? Ante este hecho ni el Gobierno Nacional, ni la Fiscalía –y mucho menos la policía– admitió su error.

¿Falso positivo judicial?

Desde el momento en el que se presentaron las detenciones, las organizaciones sociales, movimientos políticos, medios de comunicación alternativos, grupos de mujeres, periodistas, etc., mostraron su solidaridad y organizaron plantones frente a los juzgados de Paloquemao, donde expresaron su descontento frente a los hechos y no dudaron en tildarlo como un “falso positivo judicial”. Se solicitó a la Justicia que respetara el debido proceso, y los nombres de “Lxs 13”, como se los denominó en ese entonces, se popularizaron en las redes sociales con mensajes tales como #LibertadSonInocentes y #LeerNOesundelito, entre otros. Las columnas de opinión del primer fin de semana siguiente a las detenciones giraron en torno al tema, allí importantes personalidades como Alfredo Molano y la misma editorial del periódico El Espectador advirtieron sobre la ‘cacería de brujas’ y las evidentes similitudes de este caso con el contexto de los años 70, en medio de la vigencia del Estatuto de Seguridad de Turbay.

Lo propio hicieron los Senadores y Representantes a la Cámara, Alberto Castilla, Iván Cepeda y Alirio Uribe, quienes  señalaron el hecho como un “falso positivo judicial basado en montajes para demostrar resultados”, e incluso indicaron que había sido un juicio “más político que jurídico, dados los perfiles de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes de las personas implicadas en los hechos”.

Uno de los focos estuvo en el accionar de la jueza 72 de garantías, Irma Francisca Cifuentes, quien, luego del irregular proceso imputación de cargos, envió a la cárcel a las y los 13 detenidos. Incluso la defensa solicitó realizar una compulsa contra la jueza por posible prevaricato, pues se supo que minutos antes de que tomara la decisión, había sostenido una reunión con un general de la Policía, de lo que se infirió que dicho general posiblemente había indicado la decisión.

De cualquier manera, en ese momento la defensa sostuvo que este caso jamás debió desencadenar en una medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, por la ilegalidad en la captura y por prejuzgamiento por el escándalo mediático y la información que obtuvieron los grandes medios de comunicación, en medio del proceso. A los escándalos e irregularidades se sumó el del entonces General de la Policía, Rodolfo Palomino –quien actualmente renunció a  su cargo– por trata de personas y prostitución sexual al interior d ella Policía.

El entonces General señaló al equipo de abogados y abogadas de la defensa como “sospechosos” y ante las críticas de la sociedad –pues nunca se comprobó la culpabilidad de las y los 13 frente a los delitos endilgados relacionados con las explosiones de Porvenir–, respondió: “No hemos generado capturas de ángeles. Que tengan trece abogados me llama la atención y también que haya una abogada que fue la que defendió a un sujeto que se llevó a la novia y la entregó al ELN”.

Los delitos endilgados

Finalmente los detenidos fueron enviados a las cáceles de El Buen Pastor y La modelo. En el momento de la imputación los cargos se individualizaron y fueron desde “Rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público” hasta “fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso privativo  de las Fuerzas Militares y violencia contra servidor público”.

No obstante, luego de cerca de dos meses en prisión, y debido a las irregularidades de las capturas y acusaciones, el pasado 11 de septiembre fueron puestos y puestas en libertad, aunque quedaron asociados a la investigación.

Sin embargo, el caso aún no está cerrado: a pesar de que la Jueza Cifuentes ya había dejado el caso para fin de año, se determinaron los días 1 y 2 de agosto como nueva fecha para la audiencia preparatoria del juicio. No obstante aún no se tiene fecha para la nueva audiencia de medida de aseguramiento, por lo que este caso deja puertas y heridas abiertas para 13 militantes sociales, estudiantes, abogadas y periodistas que esperan una resolución mientras la justicia aún cubre irregularidades y desavenencias.

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El domingo, y junto a tres países latinoamericanos que definían su destino en las urnas, con preocupantes resultados en Bogotá y en Colombia la derecha se impuso de manera aplastante. El ciclo  de cambio que hace más de una década parecía abrirse se está cerrando y tiene su correlato en la capital colombiana.

Desde el 1 de enero del año 2004 Bogotá fue gobernada por sectores alternativos a la politiquería tradicional que ha regentado el país, desde los inicios de la República. Tres períodos a cargo del Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Movimiento Progresistas, que terminarán el próximo 31 de diciembre.

Con algo más de 900 mil votos triunfó Enrique Peñalosa (nacido en Washington y alcalde de Bogotá entre el año 1998 y 2000), representante de la clase política más espuria, patética y antipopular. Con un discurso de “independencia” y de “recuperar Bogotá”, ganó unas elecciones luego de cinco intentos fallidos entre los cuales hay varios de retomar la alcaldía de la capital. El segundo lugar lo ocupó Rafael Pardo, con casi 800 mil votos, miembro del Partido Liberal y representante de una centro derecha decimonónica, vinculada en el pasado reciente a la creación de autodefensas y cooperativas de seguridad, sustento del paramilitarismo en Colombia.

Estos casi dos millones de votos (sumados los 300 mil de Francisco Santos, candidato explícito del paramilitarismo y de Álvaro Uribe) no acompañaron a la izquierda ni a las propuestas alternativas como lo habían hecho las tres elecciones pasadas. Clara López con casi medio millón de votos quedó en tercer lugar y sufrió una inesperada derrota electoral. En un preocupante contexto de abstención donde la mitad de la población bogotana no asistió a las urnas, se ratifica una vez más el descreimiento de un sector muy importante de la sociedad respecto de los ejercicios políticos electorales.

Se cierran así doce años de gobiernos que recibieron diferentes calificativos: progresistas, de izquierda o alternativos. Doce años en los cuales la oposición política al gobierno nacional llevó los rumbos de la capital del país estando en el segundo cargo más importante por su peso en la política nacional, la cantidad de recursos manejados y la cantidad de población bajo su gobierno (alrededor de 8 millones de personas, que es casi el 20% de la población nacional).

Una derrota para la izquierda que debe ser evaluada y valorada de manera juiciosa. Algunas de las lecciones y retos que quedan de esta jornada electoral, las compartimos a continuación con ánimo de aportar al debate que estamos dando como sectores democráticos y revolucionarios, sobre las tareas para esta nueva fase de lucha que se abre.

¿Qué pasó con la opinión crítica e ilustrada de la ciudadanía bogotana?

De manera previa a esta elección, en una conversación con Raúl Zibechi, el uruguayo confiaba que la opinión crítica e ilustrada de Bogotá iba a mantener a la izquierda en el gobierno. Éste era un consenso aparente sobre el cual se explicaban los triunfos de la izquierda en Bogotá, a pesar de los constantes ataques contra sus partidos, ideas y personalidades. No obstante, parece que esta opinión, esta vez no operó… ¿desapareció, cambio de perspectivas y preferencias?

Respuestas puede haber varias y de diferente tipo, pero hay una que es central: no hay opinión crítica que tolere un ataque mediático tan grande, tan intenso y tan mal intencionado, como el que ha sufrido la izquierda en Bogotá los últimos doce años. Más allá de la evaluación real de los errores, que no es una discusión menor, es cierto que los medios masivos, canales de televisión, emisoras de radio y la prensa, atacaban día a día, sin tregua y sin pausa a las administraciones alternativas.

Teniendo claro el monopolio de los medios de comunicación por parte de las familias Santo Domingo y Sarmiento Ángulo, no es difícil concluir que el empeño de convencer a la opinión pública bogotana de la perversidad de la izquierda, logró su cometido.

Si de malos gobiernos se tratara, hace rato la clase política colombiana debería estar exiliada por vendepatrias y entreguista, por enriquecerse a costa de la población y por nunca construir un país serio para los más de 40 millones de personas que habitamos este territorio en condiciones indignas.

Los errores de la izquierda cuestan más que los de la derecha

Aun así, es importante reconocer que la izquierda en Bogotá sí cometió errores. Por supuesto, no se trata de darles la razón a los derechosos constructores de opinión pública, pero en un ejercicio autocrítico es importante reconocer las dificultades.

Errores de comunicación de los logros y ganancias de los tres gobiernos, que no fueron pocos. Errores al implementar políticas equivocadas en temas cruciales para la ciudadanía. Sectarismos, peleas y disputas en las dirigencias de los diferentes sectores, que se expresaban en distancias a la hora de aterrizar las políticas en los barrios y comunidades.

Pero si hay algo que le ha costado a la izquierda, fue el escándalo de corrupción, por el cual fue destituido Samuel Moreno Rojas. Luego de los hechos que llevaron a la candidata derrotada Clara López a asumir la alcaldía de forma temporal en el año 2011, el PDA no logró recuperar su imagen de alternativa en Bogotá.

No obstante, y sin querer minimizar estos errores que muchas veces fueron deliberadamente cometidos y con altos niveles de gravedad, es importante tener en cuenta que, en un contexto reaccionario, los errores que comete la izquierda son más visibles que los que comete la derecha. Portavoces de una forma diferente de hacer política, al PDA le salió muy caro permitir la corrupción en su interior.

Aunque es muy claro que los escándalos de corrupción del Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y Partido de la U, han sido mucho peores, mucho más graves, y mucho más extendidos en el tiempo y en el territorio nacional, es verdad que el PDA nunca debió permitir que nuevos delfines, como el agringado Samuel Moreno, tiraran por la borda este importante proyecto histórico de transformación y unidad.

Maquinarias contra la construcción de poder popular en los territorios

Otro asunto importante es el alcance y extensión en los territorios populares del proyecto de transformación. La clase política tradicional, que Pacho, Pardo y Peñalosa representan, han perfeccionado por décadas los métodos clientelares y las maquinarias expertas en ganar elecciones, para legitimar un proyecto en el que solo caben los amigos de los elegidos y sus financiadores.

La izquierda y los sectores sociales populares tenemos la tarea de mejorar nuestra relación e incidencia política en los territorios populares, donde las mayorías aun cambian su voto por un regalo, una comida, una cerveza o un mercado.

No obstante, a pesar de la derrota distrital, hubo importantes ejercicios, algunos victoriosos, otros no, que muestran la importancia de articular la construcción de poder popular en los territorios, si se quiere prefigurativa, y su expresión electoral. Muy importante el ejercicio de la Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar que en cabeza de Cristian Robayo, mantiene al PDA como fuerza política viva y en disputa. De igual manera distintos sectores en varias partes de la ciudad lograron posicionar al concejal Álvaro Argote, quien consolidó su presencia en el Concejo al servicio de las necesidades de los sectores populares.

Éste deberá ser también el camino a seguir en estos cuatro años, articulando la organización territorial, las movilizaciones y la preparación de nuevos ejercicios que permitan al proyecto de transformación y cambio avanzar de manera integral, en las instituciones y en las calles.

El modelo de ciudad… y ¿entonces para dónde va Bogotá?

Dice la revista Semana (gran responsable de la salida de la izquierda del gobierno distrital) que uno de los errores por los cuales la izquierda perdió la alcaldía es por no darle continuidad a las políticas adelantadas por Mockus y Peñalosa entre 1995 y 2003, años en los cuales se perfiló Bogotá como una ciudad de servicios y perfilándose los proyectos de ciudad-región.

Esta vez coincidimos con la revista Semana. Si el PDA y el Movimiento Progresistas, hubiesen continuado con las políticas que les servían a los empresarios amigos de los medios de comunicación, tal vez las elecciones ayer no se hubiesen perdido. Había que darle continuidad al gran descubrimiento del Transmilenio, hecho con cemento de mentiras, que la revista Semana y Darío Arismendi (de Caracol Radio) destacan del hoy electo alcalde Peñalosa.

Con todas las dificultades que hubo en estos últimos doce años, las administraciones alternativas se concentraron en buscar mejoras para las condiciones de vida de la población bogotana, lo cual llevó a que los empresarios y los grandes capitales desataran enormes campañas de desprestigio y desinformación sobre la izquierda en la ciudad.

Es por eso que lo que se pierde ayer es sobre todo la posibilidad de seguir construyendo un modelo de ciudad que priorizaba la vida y la naturaleza sobre el capital. Pero la tarea de construir de ese modelo de ciudad, para la vida digna y en defensa de los bienes naturales, no es sólo, ni principalmente de los gobiernos. Cuatro años de organización territorial y sectorial, de movilizaciones barriales y distritales, de asambleas, incidencia política y de oposición al gobierno de un norteamericano que se hace pasar por colombiano, son algunos de los ejercicios que nos esperan.

Por eso podemos afirmar que aunque es mucho lo que se pierde, con el triunfo de este conato de político, ganamos la posibilidad de volver a mirarnos a los ojos, reconocer los errores mutuos, hermanarnos en la lucha y hacer de Bogotá la capital de la paz, tal como el PDA lo anunció en la campaña electoral.

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El pasado domingo, en Colombia en general y en Bogotá en particular la derecha se impuso de manera aplastante. Así, el ciclo de cambio que hace más de una década parecía abrirse en la región, hoy parece cerrarse y tiene su correlato en la capital colombiana.

Desde el 1º de enero de 2004, Bogotá fue gobernada por sectores alternativos a la politiquería tradicional que dirigió el país desde los inicios de la República. Fueron tres períodos a cargo del Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Movimiento Progresistas, que terminarán el último día de este año.

Con algo más de 900 mil votos, triunfó Enrique Peñalosa, nacido en Washington, alcalde de Bogotá entre 1998 y 2000 y representante de la clase política más espuria, patética y antipopular. Con un discurso de “independencia” y con la consigna de “recuperar Bogotá”, ganó unas elecciones luego de cinco intentos fallidos. El segundo lugar lo ocupó Rafael Pardo, con casi 800 mil votos, miembro del Partido Liberal y representante de una centro-derecha decimonónica, vinculada a la creación de las autodefensas y cooperativas de seguridad, sustento legar del paramilitarismo en Colombia.

Estos casi dos millones de votos (sumados a los 300 mil de Francisco Santos, candidato explícito del paramilitarismo y de Álvaro Uribe) no acompañaron a la izquierda como lo habían hecho las tres elecciones pasadas. Clara López, candidata del PDA, quedó en tercer lugar con casi medio millón de votos y sufrió una inesperada derrota electoral. En un preocupante contexto de abstención, donde la mitad de la población bogotana no asistió a las urnas, se ratifica una vez más el descreimiento de un sector muy importante de la sociedad respecto de los ejercicios políticos electorales.

Se cierran así doce años de gobiernos que recibieron diferentes calificativos: progresistas, de izquierda o alternativos. Doce años en los cuales la oposición al gobierno nacional llevó los rumbos de la capital del país, manejando el segundo cargo más importante por su peso en la política nacional, el número de recursos y la cantidad de población bajo su gobierno (alrededor de ocho millones de personas, casi el 20% de la población nacional).

Una derrota para la izquierda que debe ser evaluada y valorada de manera juiciosa. Aquí algunas de las lecciones y retos que dejan esta jornada electoral para los sectores democráticos y revolucionarios en relación a la nueva etapa que se abre.

¿Qué paso con la opinión crítica e ilustrada de la ciudadanía bogotana?

Previo a la elección, el escritor uruguayo Raúl Zibechi confiaba que la opinión crítica e ilustrada de Bogotá iba a mantener a la izquierda en el gobierno. Este era un consenso aparente, sobre el cual se explicaban los triunfos de la izquierda en Bogotá, a pesar de los constantes ataques contra sus partidos, ideas y personalidades. No obstante, parece que esta opinión, esta vez no operó… ¿desapareció?, ¿cambió de perspectivas y preferencias?

Respuestas puede haber varias y de diferente tipo, pero hay una que es central: no hay opinión crítica que tolere un ataque mediático tan grande, tan intenso y tan mal intencionado, como el que ha sufrido la izquierda en Bogotá los últimos 12 años. Más allá de la evaluación real de los errores, que no es una discusión menor, es cierto que los medios masivos atacaban día a día, sin tregua y sin pausa, a las administraciones alternativas. Teniendo claro el monopolio de los medios de comunicación por parte de las familias Santo Do-mingo y Sarmiento Ángulo, no es difícil concluir que el empeño de convencer a la opinión pública bogotana de la perversidad de la izquierda logró su cometido.

Si de malos gobiernos se tratara, hace rato la clase política colombiana debería estar exiliada por vendepatrias y entreguista, por enriquecerse a costa del pueblo y por nunca construir un país serio para los más de 40 millones de personas que habitamos este territorio en condiciones indignas.

Los errores de la izquierda cuestan más que los de la derecha

Aun así, es importante reconocer que la izquierda en Bogotá sí cometió errores. Por supuesto, no se trata de darles la razón a los derechosos constructores de opinión pública, pero en un ejercicio autocrítico es importante reconocer las dificultades.

Errores de comunicación de los logros y ganancias de los tres gobiernos, que no fueron pocos. Errores al implementar políticas equivocadas en temas cruciales para la ciudadanía. Sectarismos, peleas y disputas entre las dirigencias de los diferentes sectores, que se expresaban en distancias a la hora de aterrizar las políticas en los barrios y comunidades.

Pero si hay algo que le ha costado a la izquierda fue el escándalo de corrupción, por el cual fue destituido Samuel Moreno Rojas. Luego de los hechos que llevaron a la candidata derrotada Clara López a asumir la alcaldía de forma temporal en el año 2011, el PDA no logró recuperar su imagen de alternativa en Bogotá.

No obstante, y sin querer minimizar estos errores que muchas veces fueron deliberadamente cometidos y con altos niveles de gravedad, es importante tener en cuenta que, en un contexto reaccionario, los errores que comete la izquierda son más visibles que los que comete la derecha. Portavoces de una forma diferente de hacer política, al PDA le salió muy caro permitir la corrupción en su interior.

Aunque es muy claro que los escándalos de corrupción del Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y Partido de la U han sido mucho peores, mucho más graves, y mucho más extendidos en el tiempo y en el territorio nacional, es verdad que el PDA nunca debió permitir que nuevos delfines, como el agringado Samuel Moreno, tiraran por la borda este importante proyecto histórico de transformación y unidad.

Maquinarias contra construcción de poder popular en los territorios

Otro asunto importante es el alcance y extensión en los territorios populares del proyecto de transformación. La clase política tradicional, que Pacho, Pardo y Peñalosa representan, han perfeccionado por décadas los métodos clientelares y las maquinarias expertas en ganar elecciones, para legitimar un proyecto en el que sólo caben los amigos de los elegidos y sus financiadores.

La izquierda y los sectores sociales populares aún tienen la tarea de mejorar nuestra la relación e incidencia política en los territorios populares, donde las mayorías todavía cambian su voto por un regalo, una comida, una cerveza o un mercado.

No obstante, a pesar de la derrota distrital, hubo importantes ejercicios, algunos victoriosos, otros no, que muestran la importancia de articular la construcción de poder popular en los territorios, si se quiere de forma prefigurativa, y su expresión electoral. Muy importante fue el ejercicio de la Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar, que en cabeza de Cristian Robayo, mantiene al PDA como fuerza política viva y en disputa. De igual manera, distintos sectores en varias partes de la ciudad lograron posicionar al Concejal Álvaro Argote, quien consolida su presencia en el Concejo al servicio de las necesidades de los sectores populares.

Este deberá ser también el camino a seguir en estos cuatro años, articulado la organización territorial, las movilizaciones y la preparación de nuevos ejercicios que permitan al proyecto de transformación y cambio avanzar de manera integral, en las instituciones y en las calles.

El modelo de ciudad… y ¿entonces para dónde va Bogotá?

Con todas las dificultades que hubo en estos últimos 12 años, las administraciones alternativas se concentraron en buscar mejoras para las condiciones de vida de la población bogotana, lo cual llevó a que los empresarios y los grandes capitales desataran enormes campañas de desprestigio y desinformación sobre la izquierda en la ciudad.

Por eso, lo que se perdió ayer es sobre todo la posibilidad de seguir construyendo un modelo de ciudad que priorizaba la vida y la naturaleza sobre el capital.

Pero la tarea de construir ese modelo de ciudad, para la vida digna y en defensa de los bienes naturales, no es sólo ni principalmente de los gobiernos. Cuatro años de organización territorial y sectorial, de movilizaciones barriales y distritales, de asambleas, incidencia política y de oposición al gobierno de un norteamericano que se hace pasar por colombiano, serán algunos de los ejercicios que nos esperan.

Podemos afirmar entonces que, aunque es mucho lo que se pierde, con el triunfo de este conato de político, se gana la posibilidad de volver a mirarnos a los ojos, reconocer los errores mutuos, hermanarnos en la lucha y hacer de Bogotá la capital de la paz, tal como el PDA anunció en la campaña electoral.

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