Por Agustín Bontempo / Foto por Germán Romeo Pena

La situación en la Argentina previo a la llegada de la pandemia es, en términos sociales y económicos, de una escala similar a los efectos del virus. Cada persona que habita estas tierras tuvo que torearse con las políticas destructivas del gobierno de Mauricio Macri. Millones de empleos que se perdieron, miles de PyMES que cerraron sus puertas, escalada inflacionaria constante (en 2019, cerró con el 53,8%, siendo la más alta desde 1991) y su consecuente pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores que, cada vez más, vieron cómo sus salarios caían derrotados mes a mes sin siquiera poder cubrir sus necesidades básicas.

Cambiemos, la coalición que gobernó los cuatro años precedentes a la pandemia, intentó generar una transformación estructural en nuestro país que iba de lo económico, político y social hasta lo cultural. El discurso de la meritocracia como único camino de desarrollo, era el estandarte para poder avanzar en reformas como la previsional y la laboral, enfrentadas en las calles por levantamientos populares en cada rincón del país, con alternancia de resultados. Sin embargo, la perseverante debilidad política de un gobierno que fracasó en cada intento de imponer su modelo, iba acumulando derrotas tras derrotas que llevaban al país hacia un abismo inexorable. Y esa caída se inició a finales de 2017, poco después de una victoria electoral importante pero con un envalentonamiento en las urnas que no pudo traducirse en el resto de los escenarios.

Las recordadas jornadas del 18 y 19 de diciembre de aquel año que se vivieron como una pueblada que ponía un freno al ajuste macrista, coincidieron con el agotamiento de un modelo económico liberal que ponía de rodillas al país, nuevamente, frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). La historia que siguió es bien conocida. Endeudamiento a 100 años, rifando el futuro de varias generaciones y el retorno obsceno de una bicicleta financiera que fugó de nuestro país casi 90 mil millones de dólares. Este monto sería que suficiente para paliar los efectos de la crisis actual, al mismo tiempo de ir resolviendo cuestiones estructurales ,como las que aquí más nos interesa: la vivienda, la educación y la salud.

La herencia eterna

Los años pasan y hay cada vez más gente sin techo y casas sin gente. En innumerables oportunidades hemos hablado del creciente negocio inmobiliario, sustentado en un fuerte mercado de especulación, al mismo tiempo que las personas se agolpan en las villas o en las calles de a miles y millones.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en 2018, Argentina ya acumulaba 4288 barrios populares o asentamientos. En la actualidad, esa cifra ya asciende a 4416, es decir, casi 200 villas y asentamientos más en el país en apenas 2 años.

Hablar de condiciones de hábitat no debe ser una tarea sencilla. Hablamos de millones de personas que viven hacinadas, en espacios reducidos y sin servicios básicos como agua potable, gas natural o servicio eléctrico.

En particular, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 38 villas o asentamientos, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad. Allí viven más de 300 mil personas, según datos del IVC, CELS y ACIJ, así como también más de 7000 personas están en situación de calle. Hablamos de familias enteras, niños y niñas, adultos mayores, que transitan su vida entre el barro, con un Estado que garantiza su presencia por la ausencia misma.

Sin embargo, la obscenidad de la desigualdad se traduce en que: mientras vemos el escenario en la ciudad más rica del país, allí mismo alrededor de 140 mil viviendas se encuentran vacías. Estas podrían albergar al menos a 560 mil personas, es decir, a toda la población que vive en villas, asentamientos, en la calle y aún queda resto.

La Provincia de Buenos Aires, foco de la crisis habitacional recrudecida durante esta pandemia, no se queda atrás. De acuerdo al Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, en 2018 a lo largo de todo el territorio provincial había 1584 villas o asentamientos. De ese total, 981 se encontraban en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, con alrededor de 350 mil familias viviendo en estos barrios, es decir, casi 1.500.000 personas. Una catástrofe. Solo imaginemos lo que puede implicar hacer cuarentena para estos millones de habitantes, que su día a día es de precariedad habitacional, con empleos irregulares o directamente desempleados.

En materia de educación, la pandemia permitió destacar tanto el rol de las instituciones educativas como el carácter esencial de las telecomunicaciones, el acceso a dispositivos tecnológicos y conexión a internet.

La gestión macrista no hizo más que profundizar la precariedad del sistema. Desde las viandas escolares de miseria en CABA hasta el desguace en infraestructura en Provincia de Buenos Aires con, por ejemplo, la explosión en una escuela de Moreno que se cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodruíguez, pasando por la implementación de la UNICABA, las paritarias de miseria, la persecución constante.

Sobre ese terreno, el gobierno que encabeza Alberto Fernández tomó algunas medidas para poder sobrellevar la cuarentena: licencias para las y los trabajadores que tengan hijes menores y que sus instituciones educativas estén cerradas, la promoción de planes y estrategias para seguir el ritmo pedagógico desde los hogares (con una repercusión invaluable en el trabajo docente), el acompañamiento con el IFE para las millones de familias de bajos recursos (recordemos que, según el INDEC, la pobreza en Argentina asciende al 40,9% llegando a ser en los menores de 14 más del 52%), entre otras.

En este escenario, una medida trascendental que tomó el gobierno fue la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 690/20 que declaró como servicios públicos a la telefonía móvil, internet y televisión paga. En sí mismo, este DNUadquiere suma importancia en un país donde la baja regulación hace que los servicios tengan valores de lujo con prestaciones sumamente precarias. Son herramientas importantes tanto para que las y los adultos lleven adelante tareas remotas, como para que les niñes puedan seguir su proceso pedagógico.

Para dimensionar este panorama, es importante resaltar los datos: de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en el último trimestre de 2019, casi el 40% de los hogares en el país no tenían acceso a computadoras y un 17% no tenía acceso a internet (incluyendo el acceso móvil). De acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para el segundo trimestre de 2020 la cifra de hogares sin acceso a internet de ningún tipo ascendió al 36%, es decir, se duplicó en 6 meses. La situación económica es una de las grandes razones y por eso el DNU 690/20 que, entre otras cosas, prohibió los aumentos de tarifa y promovió la suspensión de cortes, es central.

Finalmente, la salud. Con la llegada de la pandemia a la Argentina se puso de relevancia el rol del conjunto de las y los trabajadores de salud en cualquiera de sus roles. Los aplausos invadieron las calles y la sociedad se animaba a reconocer que ante cada reclamo del sector por mejor infraestructura, condiciones de trabajo y salarios, requerían del apoyo de toda la sociedad.

El sistema de salud pública se encontró con el COVID19 con un escenario adverso. El gobierno saliente había degradado el Ministerio en una Secretaría en el lapso 2015-2019; el presupuesto se subejecutó en un 22%, según los informes del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no todo estaba perdido. En consonancia con los lineamientos generales del macrismo, la industria farmacológica en nuestro país tuvo un crecimiento en sus arcas económicas de casi el 12% -industria que, por supuesto, también es una de las grandes ganadoras en la pandemia-.  Un buen ejemplo de esto es que, en 2018, mientras se profundizó la crisis que afectaba a los sectores populares, Alberto Roemmers (dueño del laboratorio homónimo), tuvo ganancias por más de mil millones de pesos gracias al guiño gubernamental que le permitió aumentar sus productos en un 87%, más del doble que la inflación.

Todas estas situaciones suelen verse agravadas para las y los migrantes, que no solamente deben lidiar con la estigmatización de algunos sectores de la sociedad, sino que muchas veces las mismas instituciones vulneran sus derechos. Un ejemplo claro de esto es la lucha, ya de largo aliento, frente al DNU N° 70/17 firmado por Macri y que se mantiene vigente, precarizando la situación de las y los migrantes (por supuesto que no de cualquier nacionalidad), habilitando la posibilidad de expulsiones arbitrarias de nuestros país.

Como se puede observar, el panorama a lo largo y ancho del territorio es adverso. Las condiciones estructurales nos invitan a preocuparnos por los efectos de la pandemia. Sin embargo, allí donde el Estado no llega y los sectores privados intentan descargar sus crisis, aparecen las y los defensorxs, las organizaciones que se plantan en la primera línea y luchan día a día, codo a codo, por un mundo más justo. Hacia estas experiencias nos dirigimos.

La vivienda es un derecho

Cuando se decretó la cuarentena en todo el territorio nacional, y gracias a un nivel de acatamiento elevado, el aislamiento en los hogares daba sus resultados, manteniendo niveles de contagios y muertes sumamente bajos mientras en otros lugares del mundo la situación se agravaba.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ponía en escena una realidad que no aparecía en los medios: la situación en los barrios populares. Aquellos lugares donde quedarse en casa no era opción, ya sea por las condiciones de hacinamiento, la inexistencia de un techo, la necesidad de salir a buscar el plato de comida. En aquella oportunidad, pudimos retratar la pandemia desde el pie, esas vivencias y batallas en los barrios, donde el COVID empezaba a diseminarse, elevando las tasas de contagios y llevándose la vida de decenas de villeros y villeras, luchadoras y luchadores como Ramona Medina o Agustín Navarro, referentes de la lucha por igualdad y vivienda digna en Villa 31. Pero pasaba también en la 1-11-14 de Bajo Flores, con reacciones ineficaces del gobierno porteño, siempre tan ajeno a las necesidades de los sectores populares.

La situación escaló a un pico insólito cuando se conoció lo acontecido en Villa Azul, un barrio del conurbano bonaerense, dependiente de Avellaneda y Quilmes. Según datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires  (2018), en el barrio vivían 3128 personas en 837 casas (un promedio de casi cuatro personas por hogar) y se estima que, para este año, la población es de casi el doble. A finales de mayo, el COVID se hizo presente, llegando a infectar a casi 350 personas en un lugar donde, como se advierte, las condiciones no eran las mejores para hacer una cuarentena estricta y saludable.

En aquella oportunidad, el gobierno provincial, de la mano de Sergio Berni, dispuso un cierre absoluto del barrio por dos semanas, medida sanitaria discutible en términos de efectividad pero que contrastaba con, por ejemplo, los brotes que se veían en los barrios adinerados de la Capital Federal e incluso de la misma provincia.

Villa Azul fue la antesala del conflicto que hoy está en todos los medios: la toma de Guernica. Allí se sintetiza el verdadero efecto de una crisis que golpea a los sectores más vulnerables.

Yamila Rodriguez, integrante de la Coordinación de Delegados y Delegadas de Guernica, nos dijo que “La situación en la que nos encontrábamos en su mayoría es que éramos trabajadores que a partir de la pandemia y la crisis económica agravada por esta pandemia, nos quedamos sin trabajo, ya que éramos trabajadores precarizados y alquilábamos. Muchos quedaron en situación de calle. En ese momento, la urgencia conllevó esta situación”. Son alrededor de 2500 familias, casi 10 mil personas luchando por vivienda digna.

La empatía debería convocar a toda la población. No es una situación entre quienes pagan impuestos frente a quienes no. Hablamos de personas en situación de suma vulnerabilidad que nos enseñan la necesidad de organizarse para ir a la conquista de derechos. “La verdad es que se formó un poco a los topetazos, más teniendo en cuenta de que esto no fue planificado, nos conocimos todos y todas ahí en el predio y bueno fuimos formando un poco lo que es el cuerpo de delegados y delegadas. Cada manzana tiene sus delegados, cada barrio tiene su delegado general, que somos cuatro. Tienen ahí asamblea feminista, coordinación de salud y de niñez también, entre otras cosas”.

A la lucha de las y los vecinos, se suma la solidaridad de quienes día a día batallan por un mundo más justo. Yamila nos cuenta que “Ahí  ingresan las organizaciones (sociales y políticas) en su rol en este momento que es de acompañamiento y de brindarnos un apoyo real del cual carecemos por parte del Estado, más teniendo en cuenta que son quienes nos acompañan y están con los abogados. Estamos haciendo una coordinación conjunta, en toda reunión con las organizaciones estamos presentes los delegados y delegadas generales y quien quiera participar de forma más activa”.

La toma en Guernica lleva más de 70 días. En ese tiempo, hubo prórrogas judiciales ante la posibilidad de desalojo. El gobierno de Axel Kicillof presentó un plan de vivienda que apuntaría al abordaje estructural del déficit habitacional en la provincia, aunque en lo concreto, Yamila asegura que “Desde el día cero lo único que proponen es el desalojo. Hace unos 20 días hizo una intervención formal el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de provincia, quienes proponen un desalojo pacífico. Yo la verdad que, a mi criterio, no tengo memoria de ver jamás un desalojo pacífico. No hay propuestas reales y concretas que impliquen de que si nos retiramos de ahí, de forma pacífica, vamos a tener una respuesta inmediata, nos van a poner en una base de datos que supone vamos a tener en algún momento una solución”.

Las y los delegados, las y los vecinos organizados, sí tienen una alternativa, una solución definitiva. “La verdad que la única solución que encontramos nosotros es tierra por tierra ya que si prima la propiedad, la falsa propiedad privada, porque la verdad que sí ellos como Estado no hacen respetar la ley y únicamente judicializan y criminalizan al pobre, a quién no tiene la posibilidad, el gobierno popular del que tanto hablan es bastante falso”, afirmó Yamila, y luego cerró: “Hay leyes que amparan este tipo de soluciones que es una ley de expropiación, con negocios inmobiliarios del 10%, la compra de algunos de los predios el cual llevaría a poder solucionar la totalidad de la situación de las familias en el predio. Acá estamos en un complejo de situaciones problemáticas bastante extenso, pero acá estamos peleando por la tierra y es lo que no se nos está solucionando”.

Educar para transformar

Hay dos noticias que recorren los medios masivos de comunicación en relación a la educación. Uno de ellos, es la presión en varios puntos del país por un retorno paulatino a las aulas, como si la comunidad científica no hubiese dado ejemplos de sobras sobre la fácil propagación del virus mediante las y los niños, y más en esta coyuntura de máximo nivel de contagio diseminado en todo el país. La situación laboral de las y los adultos y el apuro empresarial por “abrir”, juegan un rol clave.

La segunda, más específica, tiene que ver con los 7 mil niños y niñas que en CABA se quedaron sin la posibilidad de continuar sus procesos pedagógicos por la falta de acceso a internet y/o soportes tecnológicos. Según un informe de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie – SOMOS-, en barrios populares, 82.5% de niñes no tienen acceso a internet y el 70% no cuenta con PC.  Si cruzamos este dato con las 300 mil personas que viven en estos barrios, cuesta entender quiénes son y de donde provienen las y los 7 mil niños, niñas y jóvenes. La primera reacción es que posiblemente sean muchos más.

El gobierno porteño rechazó la ayuda del gobierno nacional para acceder a dispositivos y conectividad, proponiendo solamente que mientras que los sectores de mayores recursos puedan continuar sus procesos pedagógicos desde la seguridad de sus hogares, los sectores empobrecidos debían ir a exponerse. Sin embargo, cuál es la cantidad real de personas en esta situación, sigue siendo un interrogante.

Paula Shabel, integrante de Aula Vereda, una organización que tiene un proyecto pedagógico con niños y niñas, nos dice que “Nosotres trabajamos con pibis en distintos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires y todes elles tienen sus derechos vulnerados desde que nacieron, todos los derechos. Pero me gustaría hablar especialmente de uno, que es la tierra, la vivienda. O porque viven en la villa, o porque viven en casas tomadas o porque viven en barrios periféricos cerca de ríos y aires contaminados, lo que le falta a les pibes es un espacio digno donde vivir”. Además, afirma que “A veces parece que los derechos de les pibis tiene que ver con estar en la escuela y el juego y la familia y claro que es todo eso, ahora vamos a hablar, pero la vida de cada pibi con el que laburamos está conectada a las variables macroeconómicas más globales, esas que se escriben difícil y siempre parece que están en otro lugar, pero no, están acá, encarnando esos cuerpos que viven la cotidianeidad de una pobreza estructural mientras las coyunturas pasan”.

La suspensión de las clases y la interrupción de continuar procesos pedagógicos tienen diversos problemas. “Ese espacio otro, diferente al de la lógica familiar, un lugar donde ver a otres y escuchar otras opiniones para después hacer la propia. Siempre decimos que cada vez que entra un docente al aula le está mostrando a les pibis todo un mundo nuevo, una forma posible de ser adulte y de relacionarse con otres y con el conocimiento. Todo eso no está, y les pibis están completamente subsumides a las dinámicas del hogar que son siempre adultas”.

Sin embargo, la adversidad cuenta con una respuesta organizada que trasciende las fronteras de la educación. “Lo primero que salió fue la urgencia por cubrir las necesidades alimentarias. Nosotres nunca habíamos dado comida, a lo sumo una merienda, pero no teníamos comedor, nuestro proyecto iba por otro lado. Pero de repente era tan importante. Siempre pensé que así se debía sentir un poco el 2001, ¿no? La gente se estaba muriendo de hambre, chau, no hay análisis posible sobre eso, hay que resolverlo. Entonces armamos una campaña gigante de donaciones y desde el propio partido (Comunista) se distribuyeron algunas partidas, entonces nos empezó a entrar algo a AulaVereda y con eso articulamos con productores directos de acá y de allá, con la UTEP, la CTEP, la CTA y la UTT, siempre buscando los precios más baratos y las logísticas más razonables para llevar bolsones a las familias con las que trabajamos. Repartimos más de 200 por semana solo en capital”.

Además de garantizar el plato de comida y en el medio de tanta vorágine, Paula cuenta que “Entonces reinventamos todo, como siempre el campo popular sudaca tan creativo, tan capaz de todo con tan poco. Y nos empezamos a encargar del colegio. Por un lado a hacer tarea con les pibis, ayudarles en lo que no entendían, hacemos videollamada con cada une por materia o como haga falta […]. Algunes ni sabían dónde buscar las tareas, nunca habían enviado un mail en su vida y las familias son analfabetas, todo el sistema estaba hecho para que abandonen a los 3 días”.

Como advertíamos algunas líneas atrás, un porcentaje enorme de niños y niñas no tenían acceso a equipos y computadores, base sustancial para continuar sus procesos en esta coyuntura. “Hicimos otra campaña de donaciones enorme, de celus y tablets. Las recibíamos y las chequeaba un compañero que es programador, para entregar todo en las mejores condiciones”, cuenta Paula.

Las y los defensores de la educación nos hablan de sus compromisos integrales, que van desde las niñeces hasta la idea de poder transformarlo todo. “También empezó a funcionar un espacio de asamblea de niñas, que es un intercambio epistolar con las adolescentes, donde vamos laburando diferentes temas, ahora estamos preparando algo para lo que sería el encuentro plurinacional. Ahí salieron varias cuestiones de maltrato y abuso que seguimos acompañando. Lo importante siempre es acercarnos a las casas y verles la cara a les pibis, no perder eso, siempre saber cómo están elles, cómo están atravesando esos momentos, cuáles son sus miedos y sus deseos en medio de esta vorágine”.

Promover la salud organizada

Si bien el inicio de la pandemia y las medidas preventivas como la cuarentena permitieron dotar al sistema público de salud de varios recursos necesarios, la situación es cada vez más compleja. No solamente porque los recursos se van agotando, las camas de terapia intensiva se van llenando, sino porque las y los trabajadores del sistema sanitario colapsan ante tanta demanda y tan poco descanso, porque el sector privado de salud no juega roles destacados en apoyo a la comunidad. Y como ya hemos dicho, la pandemia golpea fuerte en los barrios.

En este marco, hablamos con Tamara Killsen, del equipo de Promotorxs de Salud del Frente Popular Darío Santillán de Lanus, quien nos dijo que “Además de la dificultad económica truncada por los despidos, por el no poder salir a changuear y no poder salir con el carro a juntar cartones, plásticos, botellas, cobre, para venderlo y hacer un mango, se juntaron otra situación que también fueron dificultando el poder quedarse en casa como una posibilidad ante los contagios. ¿En qué condiciones de salubridad e higiene me quedo en casa cuando tal vez comparto el espacio con otras familias, casas donde hay 4 familias conviviendo y comparten espacios en común, como el baño y la cocina”.

Por este motivo, entre tantos otros, Tamara comentó que “La propuesta de generar un grupo de promotoras y promotores de salud surge en este contexto pandémico -aunque era una idea que ya veníamos teniendo hace un tiempo-, cuando nos vemos en la necesidad de que exista un grupo que se encargue de hacer seguimiento de nuestros compañeros y compañeras que se fueron contagiando a medida que fueron pasando los meses y fuimos tomando tareas tanto de promoción de la salud como de prevención del contagio. Nos pareció una necesidad poder generar un grupo que a partir de esta situación se conforme para poder seguir en el futuro trabajando la salud de manera comunitaria, pensando una salud para los vecinos, las vecinas y les vecines del barrio, para las niñeces, para abordar situaciones de violencia patriarcal también”.

Tamara cuenta que en los barrios populares del distrito, la situación se fue agravando. “La situación epidemiológica en el distrito fue variando desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, como en todos. Lo que nosotras y nosotras estuvimos notando fue un aumento de la cantidad de los contagios. Desde un comienzo que eran 1, 3, 10 por día hasta llegar a 200 contagios por día”. Sin embargo, allí también la organización se pone en primera línea: “Esta situación particular que nos trajo la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el equipo de salud que fuimos conformando empezó a realizar un intento de monitoreo de la situación de los contagios, tanto en el distrito para tener un panorama como en los barrios en donde tenemos construcciones. Con nuestros compañeros, compañeras y sus familias generamos una línea de teléfono para difundir y que les compas que tuviesen dudas, que tuviesen síntomas, que tuviesen la sospecha de ser un contacto estrecho, pudiesen saciar sus dudas. Reducimos los grupos de trabajo de todos los comedores a lo esencial para qué se sostengan, grupos que rotaran cada 15 días para que si algune llegara estar contagiade se podía aislar a todo el grupo sin que eso significará cerrar el comedor”.

Tamara cuenta que esta tarea gigante se da en un escenario adverso, donde a la pandemia se le suman diversas problemáticas. “Actualmente no hemos recibido respuestas ante la situación que estamos atravesando de crisis extrema de gobierno local ni del gobierno provincial. No solamente en relación al abastecimiento de los comedores, de las copas de leche, de los merenderos, del abastecimiento de los productos de higiene necesarios para seguir sosteniendo la tarea cotidiana en nuestros espacios de alimentar a más de 2000 personas del distrito, sino también desde otras áreas que entendemos han sido afectadas o llevadas a su extrema vulnerabilidad, situaciones de violencia patriarcal, situaciones de salud que no tienen que ver con la pandemia, sino con otras situaciones que atraviesan la vida de los vecinos y las vecinas, la situación de las niñeces, que se ven en este contexto desterrados y desterradas de la posibilidad de seguir sus procesos educativos”.

Pero como adelantamos, allí donde existe una necesidad, también está la organización para dar respuesta. “Estamos pudiendo proyectar y articular acciones de salud comunitaria donde la salud pueda llegar a todos y todas les habitantes de los barrios populares también, lo cual a veces se hace difícil en un sistema de salud hegemónico y expulsivo. Donde tal vez hay salitas o espacio de salud cerca de donde una vive, pero se ven vaciadas, se ven con pocos recursos, con pocos profesionales que son mal pagos, que no tienen sus derechos garantizados. Entonces son un conjunto de situaciones que hacen que el servicio de salud público que se ofrece no pueda abarcar las necesidades del territorio, que sea expulsivo, que no contenga. Y pensamos y queremos proyectar acciones en conjunto con trabajadores y trabajadoras de la salud dispuestos a abrirse a la comunidad y las promotoras de salud que estamos encontrándonos, agrupándonos,  formándonos para que todo el mundo pueda tener acceso a una salud digna e integral”.

Migrar es un derecho

Las y los defensores trascienden fronteras virtuales y allí nos encontramos con la tarea del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM). Como advertíamos, la situación de la comunidad migrante en nuestro país, que ya era compleja, se vio afectada por el macrismo ante la modificación de la Ley de Migraciones vigente.

Al inicio de la pandemia, la situación empeoró. Mariana Brito Olvera, referente del BTM nos cuenta que “En lo que respecta a la comunidad migrante un tema de mucha gravedad es el desempleo. Según relevó la Agenda Migrante 2020, quien realizó una encuesta a distintas personas migrantes, alrededor del 60% de las personas migrantes se quedaron sin ningún tipo de ingreso a partir del inicio de la pandemia. Con el paso de los meses ha sido una situación realmente grave”.  A esto se suma que “si bien el gobierno extendió el Ingreso Familiar de Emergencia para aquellas personas que se quedaron sin sus ingresos por causa de esta coyuntura, mucha de la comunidad migrante no pudo acceder a ese apoyo porque por las mismas restricciones que se ponían para poder acceder al IFE como que se pudiera comprobar 2 años de residencia regular en el país”.

Sin embargo el BTM pudo organizar respuestas y así surgió La Tiendita Migrante Japoo Door Warr, “que es una frase en Wolof, una lengua que se habla en Senegal y esta frase significa ´Agarrarnos para trabajar´. Este proyecto es colectivo y autogestivo, impulsado por compañeras y compañeros estudiantes de los cursos de español para migrantes del BTM. Es una manera de responder colectivamente a esta situación debido a que, como ya mencioné antes, las y los compañeros de Senegal se dedican principalmente a la venta ambulante y en todos estos meses no han podido recibir ningún ingreso. Así que Japoo Door Warr, La Tiendita Migrante fue una respuesta colectiva ante esta situación”.

La experiencia de La Tiendita Migrante dio lugar a otras experiencias. Mariana cuenta que “Eso ha dado pie a que se piense el surgimiento de otros proyectos de ese estilo, como de organizaciones de las comunidades que se autogestionan como por ejemplo el llamado emporio migrante, qué es otra iniciativa donde las y los compañeros de Senegal venden comida”.

Otra de las respuestas organizadas del BTM fue en el ámbito de la educación, donde la enseñanza y aprendizaje del idioma español se volvió una herramienta clave. “Desde el Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, desde agosto de 2018 veníamos llevando a cabo los cursos de español para migrantes los días martes y jueves en el Ex Centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti. Ese proceso se vio interrumpido este año a partir de la cuarentena, así que ante esta situación surge un nuevo proyecto que son los videos de enseñanza del español, que se llama Damay Jaangë Español, que sería algo así como “Aprendiendo español” y justamente está pensado como un curso a distancia para a hablantes de Wolof que quieren aprender español”.

La situación de las y los migrantes es compleja y estos niveles de organizaciones son, sin duda, una respuesta. La necesidad de que se derogue el DNU N° 70/17 es clave y se suma a la demanda de regularización de todas las personas migrantes. Con la confianza en la lucha organizada, Mariana afirma que “Con el BTM y la Campaña Migrar no es Delito, formamos parte de la agenda 2020 qué es un espacio de diálogo con el gobierno y lo que esperamos es que en este espacio se puede avanzar con políticas públicas para las y los migrantes”.

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Por Iván Martín Barrera / Foto destacada por Luis Adrián Cobos

Japoo Door Warr: agarrarnos para trabajar

Ocupar, producir, resistir, esa bandera de lucha levantada por trabajadores y trabajadoras de fábricas recuperadas se reinventa en tiempos de pandemia. Hoy la ecuación cambia de orden: primero resistir, luego producir.

La migrantada seneglesa sabe de resistir: la gran mayoría comienza desempeñándose en la venta callejera, y a las inclemencias climáticas y a las crisis económicas que mantienen los bolsillos flacos deben sumarles los embates de la policía, represiva per se y racista en adición. Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio esta resistencia encontró nuevos desafíos: sobrevivir sin la única fuente de ingresos. Sobrevivir ellos y ellas y sobrevivir su familia que desde el otro lado del Atlántico esperan la moneda.

A partir de esta resistencia nace Japoo Door Warr, la tiendita migrante. “Japoo Door Warr significa en lengua wolof agarrarnos para trabajar. Somos un grupo, significa agarrarnos las manos y trabajar juntos” nos cuenta Penda, migrante senegalesa y trabajadora de la tiendita, quien también nos daba su testimonio en el especial La pandemia desde el pie. “Es un proyecto de migrantes para poder darnos las manos y trabajar juntos para desarrollar una tienda de venta y así poder hacer algo en este momento complicado”.

Japoo Door Warr es un proyecto en conjunto que nace a partir de la necesidad de resistir en momentos donde el COVID 19 es pandemia y donde también lo es el racismo. El primer producto de la tiendita migrante es un kit antirracista y su lema es  “protégete del invierno, el coronavirus y la discriminación racial”. Te protege del invierno porque ofrece una ruana, te protege del coronavirus porque incluye alcohol en gel y barbijos y de la discriminación racial porque propone un consumo descolonizado: “existen empresas grandes que dominan el mercado y concentran el dinero en pocas manos, favoreciendo la exclusión. Al destinar tu dinero a colectivos chicos organizados, contribuyes a crear un reparto más equitativo de los recursos” explican desde La tiendita. “Pensamos muchas veces el producto, lo cambiamos muchas veces, pero pensamos que es importante tener productos esenciales como el alcohol y los barbijos, porque la gente los necesita. También estamos en período de frio y pensamos que la gente necesita abrigo, por eso las ruanas” agregó Penda.

“En este momento, con la situación del COVID 19, nada es fácil. Nosotros no podemos trabajar en este momento y no podemos a ayudar a nuestra familia, que nos está esperando. Tampoco podemos traer nada. La situación es muy complicada, nosotros allá tenemos hijos, hijas, madres y padres esperando. No tenemos trabajo, no tenemos dinero, entonces necesitamos agarrarnos y hacer algo juntos” nos cuenta Penda. Germain, otro de los trabajadores de la tiendita, agrega “la situación con el COVID está muy complicada, para mí y para todos los chicos. Por tres meses no pudimos salir, no pudimos trabajar, no podemos hacer nada. Es muy complicado, muy difícil. Tenemos que comer, tenemos que pagar alquiler, tenemos que ayudar a nuestra familia en África y se pone muy complicado.”

La tiendita migrante nace como una respuesta necesaria de organización y producción a este momento. “En este momento somos 11 senegaleses trabajando y la gente del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM) que nos está ayudando mucho. Todos tenemos nuestra tarea. Yo me encargo de tomar los pedidos y comunicarme con los clientes. Hay otros dos compañerxs que se encargan de comprar los productos, dos que manejan los pedidos, todos tenemos una tarea dentro”.

Migración y racismo

Japoo Door Warr es una tienda migrante. Es un proyecto integrado por migrantes y apoyado por migrantes, quienes entienden en carne propia los desafíos de llegar a este país, enfrentarse a la burocracia legal, poder trabajar, alquilar para tener un techo y enfrentarse a leyes que prometen expulsarlos casi a voluntad del poder a cargo. “Yo personalmente pienso que los y las migrantes somos buena gente, que se van de su país a otro país para buscar una mejor vida. Migrar no es un delito, es un derecho. Los y las migrantes somos gente que no pedimos nada más que trabajar para vivir bien y mejorar nuestra vida” nos cuenta Penda, “hoy tenemos que vivir todxs como humanxs, nadie debe ser discrimnada”.

Sobre quiénes integran el proyecto, Penda nos agrega “nosotras y nosotros somos de Senegal, hombres y mujeres de Senegal. Los y las senegaleses venimos a Argentina a trabajar, para buscar una mejor vida, para poder vivir bien y poder apoyar a nuestras familias que están al otro lado del mundo esperando nuestra ayuda. Nuestro objetivo es trabajar, somos trabajadores”. Sobre su llegada al país, Germain nos explica “Nosotros somos muchos y muchas y cada uno viene acá por distintos motivos. Cada uno tiene distintas razones para salir de su país y para venir a este país en particular. Yo siempre escuché hablar de Argentina, de Messi y Maradona, siempre quise venir a este país para conocer más”.

En estos momentos, donde el antirracismo parece haber tomado bandera en todo el mundo a partir del movimiento Black Lives Matter nacido en Estados Unidos a partir del asesinato de George Floyd en manos de la policía de Minnesota, les preguntamos a Penda y a Germain sobre cómo lo viven desde acá. “El racismo es algo muy malo. En la vida nadie elige lo que es. El blanco no le pide a Dios nacer blanco, los negros no pedimos a Dios nacer negros. Nacimos iguales, nadie tiene derecho a odiar a nadie por su color, nadie tiene derecho a matar a nadie por su color, nadie tiene derecho a maltratar a nadie por su color. Somos gente civilizada, estamos en el Siglo XXI, esto tiene que parar, no puede continuar. Todos tienen derecho a vivir su vida plenamente”, nos cuenta Penda. Germain agrega “el racismo me duele en el corazón. La encargada de cuidar a la gente debería ser la policía y el mayor racismo viene de la policía. Es lo más complicado. Hay gente racista pero siempre la policía es siempre peor. Es muy terrible lo que está pasando en el mundo. Si todos somos iguales ¿por qué hay tanto racismo?”.

Organizarse, producir y resistir

“Nosotros empezamos a organizarnos gracias a la ayuda de lxs profesorxs de español del BTM. Nosotros tenemos nuestro grupo donde nos organizamos y nos informamos”, nos cuenta Penda como el inicio de este proyecto. El BTM, entre muchas actividades que realiza, coordina cursos de español para senegaleses. Estos se desarrollan desde 2018 en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Automotores Orletti, ubicado en Floresta, a metros del centro Bacacay, recientemente revelado. Automotores Orletti fue uno de los pilares del Plan Cóndor, por allí pasaron más de 300 personas, la gran mayoría migrantes, y funcionaba también como centro de paso donde se intercambiaban personas secuestradas y desaparecidas en las distintas dictaduras de América Latina.

Los talleres de español proponen algo tan necesario como que migrantes que no hablan el idioma puedan acceder a él de forma gratuita, popular y desarrollado por otres migrantes. El idioma es una barrera para la migrantada senegalesa, no solo para desarrollarse plenamente, sino también para defenderse de los abusos policiales y judiciales. A su vez, realizarlos en un lugar como el Orletti, resignifica un lugar donde tantos militantes internacionales fueron torturados y desaparecidos, devolviéndoles los derechos que por tanto tiempo fueron vulnerados.

Mariana forma parte del grupo que organiza los talleres y nos cuenta: “Desde el BTM iniciamos el proyecto de cursos de español para migrantes cuya lengua materna no es el español, en agosto de 2018. La finalidad de este proyecto era poder encontrarnos entre migrantes que hablamos distintos idiomas, así como también proporcionar el elemento de la lengua como una herramienta de lucha y de resistencia, de organización y de defensa de nuestros derechos”.

Respecto a los desafíos que presenta la etapa de aislamiento y el inicio de este proyecto agrega: “En marzo de este año estábamos por arrancar los cursos nuevamente, pero se vieron interrumpidos por el aislamiento. Ahora muchos y muchas de las profesoras del proyecto estamos apoyando esta iniciativa impulsada por los y las compañeras de Senegal que formaban parte de estos cursos, desde un papel de apoyo, como facilitadores. En términos de educación popular ha implicado nuevos retos. Ya veníamos con muchos desafíos en torno a cómo enseñar, sobre todo cuando el wolof y el español son tan distintos. Ahora a ese reto de la comunicación se le suma el de la alfabetización digital y, en el caso de las entregas de los productos, la necesidad de conocer la ciudad. Se ha hecho necesario sentarnos con un mapa y ver los barrios, siendo que los profesores migrantes a veces tampoco conocemos en detalle la ciudad. Son muchos los desafíos pero estamos muy contentos y contentas de ver que el proyecto está avanzando y que mucha gente lo está apoyando”.

Japoo Door Warr, la tiendita migrante se puede visitar online desde sus redes sociales en facebook e instagram . “Pienso que cuando todo esto termine tenemos que estar más unidos, para seguir mejorando. Tenemos una comunidad muy fuerte.” cierra Germain.

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Por Papa Diaw y Penda* | Fotos de Rony Martínez

Papa Diaw es un migrante senegalés. Trabaja en la calle Avellaneda, en el barrio de Flores. Estudia los cursos de español que dan en el Bloque de Trabajadorxs Migrantes.

Nosotros vivimos acá en Flores, trabajamos en Flores también. Yo ahora estoy en casa, sin salir, sin trabajo y muy aburrido. Ayer hablaba con mi familia de Senegal, están tristes por nosotros. Para mí lo más importante es mi familia. Mi principal problema es que si yo no trabajo, no les puedo mandar plata, y si nosotros no enviamos plata, ellos no tienen nada para comprar. Ése es el problema. Yo estoy bien, gracias a Dios, pero yo quiero que mi familia esté bien.

Recién pude hablar con mi esposa, ella me dice que allá también tienen cuarentena, pero no todo el día. En el día podés trabajar, salir a comprar algo, pero en la noche no se puede salir allá. Sí hay coronavirus allá en Senegal pero no hay muchos casos, gracias a Dios.

Acá vivimos en un departamento con mis amigos. Hay muchos de mis paisanos que no tienen nada para comprar, para vivir. Algunos sí tienen poco pero tenés algunos que no tienen nada, como el 70% no tiene más nada. Nosotros usualmente juntamos plata, por ejemplo. Cuando nosotros compramos las cosas, como la alimentación, cada uno saca plata. Si tenés 500, pones 500; si tenés 1000, pones 1000 o si no lo que tengas. Si no tenés, no pagás, los otros te van a ayudar, te van a dar la mano. Pero es muy difícil, porque en un momento se va a terminar la plata y no hay más nada.

Penda es de Guinea y es miembro de la comunidad senegalesa, también trabajadora de la vía pública en el barrio de Flores. Junto con Papa Diaw es estudiante de los cursos de español impartidos por el Bloque de Trabajadorxs Migrantes.

La situación es muy complicada para todo el mundo y más complicada para nosotros los senegaleses que estamos en Argentina y para todos los extranjeros. No estábamos preparados para esta cuarentena. Hay muchos muchachos que no tienen nada en casa porque nosotros siempre estamos enviando la plata a África para ayudar a la familia. Siempre estamos en el Western Union para enviar un poco. Y cuando viene el decreto, nosotros no estábamos preparados, así que es muy complejo este momento. Gracias a Dios estamos en casa, pero no podemos ayudar a la familia, porque no estamos trabajando y no podemos enviar nada. Ellos también están muy preocupados por nosotros, quieren saber cómo estamos.

Los senegaleses acá viven juntos y se organizan por casa. Hay casas donde viven cuatro, cinco, seis o dos. Es muy raro que veas una casa donde vive uno solo, así que la comida la comparten siempre entre ellos, pero como nadie trabaja ahora, es muy complicado. Hay unas casas donde los muchachos no tienen nada para comer. Nadie puede decir: “esto quiero comer”, “esto no quiero”. Lo poco que tengan lo deben comer a la fuerza, para vivir. Los muchachos están muy cansados y no hay nadie para ayudarlos.

Yo estoy en casa con mi marido y no salimos. Antes de esta situación, tenía muchas cosas para comer, pero ahora ya casi no me queda nada. Mi mayor problema es Bamba, mi hijo de 2 años; es muy chiquito, no puede saber si hay o no hay, él no sabe nada de eso. Él, cuando necesita, lo reclama. Él no sabe.

Hoy acabo de hablar con mi mamá, ella está más o menos bien, está en casa. En África es muy difícil la situación. En Senegal también está la enfermedad, pero el gobierno sabe que no puede hacer cuarentena general, porque todos trabajan al día: lo que trabajas hoy, comés hoy. En la mañana salen para buscar qué traer a la familia y luego vuelven, pero la gente no tiene nada, no hay trabajo y nosotros no estamos pudiendo ayudar. En la noche ya no se puede salir y los mercados cierran al mediodía. Desde las 7 de la tarde hasta la mañana no hay nada, solamente la policía, que camina, que controla, como acá.

*Penda y Papa Diaw nos brindaron sus testimonios por audio y fueron transcritos por el Bloque de Trabajadorxs Migrantes para las crónicas barriales de Marcha. El BTM está recibiendo donaciones en solidaridad con la comunidad senegalesa en Buenos Aires. Para más información, seguílos en Instagram (@bloquemigrante) y Facebook (Bloque de Trabajadorxs Migrantes).

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La pandemia desde el pie

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Por Vivian Palmbaum

El pasado 2 de abril, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, expulsó a 62 personas, en su mayoría turistas de nacionalidad extranjera, a las que subió a un micro y envió a Buenos Aires. Acciones que no son nuevas en la provincia desde que es gobernada por Cambiemos.

Morales, ya en febrero de 2019, en consonancia con las políticas anti migrantes de la gestión Cambiemos, impulsó en la provincia el cobro de servicios de salud a las personas de origen boliviano y fueron una constante sus dichos y políticas xenófobas contra personas de la comunidad boliviana.

Desde Marcha entrevistamos a la abogada Zulema Montero del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM) sobre la situación que debieron atravesar las 62 personas discriminadas.

¿Qué opinan desde el BTM sobre la expulsión de lxs 62 migrantes por decisión del gobierno de Jujuy?

Repudiamos la actitud del gobernador Morales quien, en forma totalmente arbitraria, ha expulsado a 62 migrantes de nacionalidad colombiana, peruana, venezolana y boliviana poniendo en riesgo la vida de los propios ciudadanos.  Es un acto de discriminación y xenofobia que no nos extraña, pues sacó una disposición para que los extranjeros paguen por la salud. Además, últimamente aplica restricciones de ingreso a los que viven en frontera.

Consideramos que no tiene derecho de tomar semejante decisión. Más bien como gobernador su deber es protegerlos y cautelar su salud y su integridad física, en cumplimiento además del decreto 297/2020 que establece el aislamiento social preventivo, que ha incumplido con esa actitud.

Desde el Bloque haremos seguimiento de la investigación que ha iniciado el Dr. Ercolini a los efectos que se esclarezca la situación y se establezcan las responsabilidades que ameritan porque sabemos que existe una autorización escrita que está firmada por Pablo Fernando Palomares que es el Secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la prov. de Jujuy.

Además, el Gobernador ha manifestado en varios medios de comunicación que mantuvo conversaciones con los embajadores tanto de Colombia como de Perú. Esta situación ha sido desmentida enfáticamente por el embajador Álvaro Pava Camelo, de Colombia, que dijo que en ningún momento sostuvo y autorizó para que estas personas puedan ser trasladadas desde Jujuy a Buenos Aires.

Cuarentena y después

La decisión del Ejecutivo provincial sorprende, ya que en la misma orden donde se dicta el traslado compulsivo, se expresa que estas personas han cumplido la cuarentena, por lo que es difícil atribuir el motivo al temor al contagio.

¿Qué intervención tuvieron los poderes Legislativo y Judicial de la provincia?

El Poder Legislativo intervino con la autorización. Además proveyeron el vehículo para el traslado y antes de esto ellos estaban muy enterados de esta situación, puesto que los ciudadanos extranjeros estuvieron en cuarentena. Extraoficialmente, tenemos conocimiento de varios maltratos y arbitrariedades que han recibido antes de ser trasladados para Buenos Aires.

El Poder Judicial también tuvo conocimiento porque tenemos la certeza de que presentaron un amparo el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes), organismos de derechos humanos, para impedir que este bus salga para Buenos Aires. Lamentablemente este recurso fue declarado improcedente y actualmente se encuentra en apelación. Ni el Poder Judicial cuando tuvo en sus manos evitar este traslado lo hizo.

Con olor a dictadura

La situación reactualiza el proceder del tristemente célebre genocida Antonio Bussi, cuando primero en dictadura expulso de la provincia de Tucumán a mendigos e indigentes a los cerros catamarqueños y luego como gobernador electo en democracia subió a un micro a desocupados y trabajadores golondrina, para limpiar la imagen de la provincia, y los dejó en la provincia de Mendoza librados a su suerte.

Recordamos que el gobernador Gerardo Morales formó parte de la coalición Cambiemos, durante cuyo gobierno se promulgo el DNU 70/2017 que impulsaba la expulsión de extranjeros como política de Estado.

¿Cuál es la situación actual de las personas que fueron violentadas de esta manera?

Estos ciudadanos pasaron a disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se hallan alojados en dos hoteles en el barrio de San Cristóbal. Muchos de ellos están manifestando su angustia y desesperación por la falta de recursos económicos y desean retornar a sus países de origen. Muchos de ellos llegaron de turistas y otros están en condición de refugiados. Lo que pretendían era retornar a su país y la cuarentena se los impidió, pero ellos lo que quieren es retornar a sus países de origen.

Entre las personas que fueron trasladadas de manera compulsiva se encontraban personas solas y familias con niñes que estaban alojadas en La Quiaca, ciudad fronteriza, y San Salvador de Jujuy. Una parte de ellas eran refugiadas por razones políticas, con necesidad de protección internacional. Recordamos que Bolivia se halla atravesando una dictadura donde se persigue a opositores, disidentes y personas que puedan resultar sospechosas de no estar en acuerdo con el gobierno, con una gran cantidad de presos y presas políticas, tal como venimos reportando desde Marcha.

Los organismos intervinientes, el CELS, CAREF y ANDHES ((Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), expresaron en un comunicado que “esperamos que la Justicia analice esta situación que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad ambulatoria, así como una transgresión de todas las normas nacionales vigentes que preservan la salud pública en el contexto del COVID-19”.

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Por César Saravia y Vivian Palmbaum  / Foto: Marcha

En el marco del Día Internacional de lxs Migrantes y en el contexto de la asunción de un nuevo gobierno en Argentina, se realizó la actividad “La Agenda Migrante 2020”, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para discutir sobre las principales necesidades. A la reunión se convocaron académicxs e integrantes de organismos de derechos humanos y de organizaciones migrantes.

Tras cuatro años de gestión de Cambiemos, caracterizados por la persecución, estigmatización y criminalización de las personas migrantes, el cambio de gobierno genera expectativas entre las organizaciones que participaron del encuentro. Así lo señaló Pablo Cossio, integrante del Bloque de Trabajadorxs Migrantes, al señalar que: “se ve con esperanza y expectativa a la nueva gestión. Se hizo una evaluación de que es una gestión con la que se puede dialogar y en donde las organizaciones migrantes tienen la intención de aportar para solucionar los innumerables problemas que dejó la gestión macrista en cuanto al tema migratorio en Argentina”. 

El discurso oficial del gobierno de Cambiemos construyó la imagen del migrante como delincuente, pese a que los datos siempre mostraron la poca validez  de ese imaginario racista. Fue una política que se instaló en consonancia con las de otros gobiernos de la región y con discursos xenófobos como el del mismo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que persigue a lxs migrantes. 

Leer más: “Los gobiernos para ocultar los problemas económicos culpan a las y los migrantes”

En este sentido, el cambio de gobierno ofrece la posibilidad de revertir retrocesos en materia de derechos de la población migrante. Pero además, abre la posibilidad de avanzar en demandas que hace años están pendientes en las agendas de los sucesivos gobiernos. 

La agenda 2020: expectativas, demandas y urgencias 

Entre las demandas a las nuevas autoridades nacionales aparece como central la derogación urgente del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, que ha sido la principal bandera de las organizaciones migrantes  y que representó un retroceso en la Ley de Migraciones 25.871. El DNU ha sido fuertemente cuestionado por distintas instancias judiciales a nivel nacional. También fue señalado por distintos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes instaron a la Argentina a derogar este decreto por considerarlo violatorio de los derechos humanos.

Entre las demandas urgentes, aparecen algunas como la necesidad de revisar el Sistema de Radicación a Distancia (RADEX), que trajo innumerables problemas, como destaca Pablo Cossio, ya que “más que apuntar a la regularidad fue una gran caja de recaudación que tuvo Migraciones, que se centró más en la cuestión económica que en la cuestión regulatoria. Quedó claramente establecido que fue un sistema para juntar plata del bolsillo de lxs migrantes”.

En este sentido, las organizaciones plantearon una serie de puntos necesarios para establecer una política que tenga como foco la regularización y no la persecución. Entre estos puntos se encuentran: restablecer el Programa de Abordaje Territorial, suprimido durante la gestión macrista; abrir nuevas delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, que respeten el carácter federal del país; asegurar la coexistencia de dos sistemas de radicación, uno presencial y otro virtual, cuya elección sea optativa; reducir las tasas migratorias y ajustarlas a la inflación; eliminar disposiciones administrativas como la de “nacionalidades sensibles” que estigmatizan según origen; eliminar la Disposición de falso turista, impulsada por el actual Ministro Seguridad bonaerense, Segio Berni, durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández Kirchner, entre otras. 

Otro de los temas centrales y de amplia preocupación refiere a las expulsiones, el racismo y la violencia institucional. En cuanto a las expulsiones, el documento a presentar demanda como medida urgente la suspensión de todas las órdenes de expulsión mientras siga vigente el DNU, así como la revisión de todas expulsiones realizadas durante la vigencia de este decreto ilegítimo, de tal forma en que se pueda retroceder sobre ellas, como ocurrió en el caso de Vanesa Gómez, una joven quien regresó al país luego de haber sido expulsada junto a su pequeño hijo. 

Leer más: Mujeres, migrantas y pobres expulsadas del país

En lo que se refiere al racismo y la violencia institucional, principalmente la sufrida por la comunidad senegalesa, las organizaciones exigen que se ponga  fin al uso excesivo y racista de la fuerza policial en contra de lxs vendedorxs ambulantes y se promueva la capacitación de las fuerzas de seguridad en derechos humanos de las personas migrantes. Así mismo, se debe garantizar la presencia de un traductor desde el primer momento de una detención.

Resistir y construir

La resistencia de los y las migrantes fue clave en estos años para frentar proyectos como la Cárcel de Migrantes y el cobro de servicios fundamentales como la salud y la educación a nivel nacional. La nueva coyuntura abre la posibilidad no solo de recuperar lo perdido durante los años macristas. En este sentido, las expectativas pasan por garantizar la derogación de la Ley 6.166 en Jujuy y el decreto 488/2000 en Misiones, que garanticen la gratuidad de la salud a lxs migrantes en tránsito. También la necesidad de adecuar la normativa de pensiones y asignaciones familiares a los estándares internacionales y dar un debate amplio por la aprobación del voto migrante a nivel nacional. 

Fue la organización migrante la que permitió que en 2004 Argentina se convirtiera en el primer país en el mundo en reconocer constitucionalmente la migración como un “derecho humano”, y la que consiguió una de las leyes más progresistas a nivel mundial, en materia de política migratorio. La expectativa de las organizaciones pasa por la creación de una mesa permanente de diálogo, en la que nunca más la política migratoria sea utilizada como instrumento de persecución y creación de un enemigo interno. Frente al avance de discursos xenófobos y racistas en el mundo, los movimientos sociales demandan la construcción de sociedades que respeten los derechos más allá de las fronteras. Donde el odio construye muros, la lucha social construye puentes.

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Por Asamblea de Chilenxs en Buenos Aires, Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM)

Contra la amnesia social instalada desde los diferentes gobiernos de turno, post-dictadura, desde la Concertación hasta la derecha, quienes han sembrado en las bases sociales de nuestro país; en los barrios más humildes, en las capas medias y en la estructura social y política de Chile, el olvido. Contra este olvido es que luchamos, porque creemos necesario recordar y reivindicar a la Unidad Popular, al compañero presidente Salvador Allende, y a compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos que lucharon y se organizaron para construir una nación que entregue derechos sociales a sus protagonistas: las los trabajadores.

Nos negamos a olvidar a ese Chile que centraba sus esfuerzos en la educación y la salud como derechos humanos inalienables para la vida del pueblo, y que era obligación del Estado garantizar dicho acceso. Nos negamos a olvidar a ese Chile que pretendía nacionalizar sus recursos naturales para terminar con la dependencia económica de los países centrales, desarrollando su propia industria con control obrerx y comunitario. Nos negamos a olvidar a Miguel Henrriquez, a Salvador Allende, a Víctor Jara, a Violeta Parra. Actores y actoras de un proceso único en el mundo, en donde el poder popular y el protagonismo de las comunidades sociales y los territorios tenían centralidad estratégica.

La llegada de la Unidad Popular al poder, la llegada de las bases sociales de Chile al centro político, fue quizás el intento más importante de la historia reciente, intento por dejar atrás la sumisión, presente en la historia pasada de nuestro pueblo. El laboratorio estadounidense, aplicado en nuestro continente, diseñó un modelo neoliberal para Chile, que terminó potenciando la matriz social del siglo XIX, un modelo de subordinación a los dictados de las clases dominantes, obediente a la nueva dictadura económica, instalada desde el golpe de Estado en adelante.

La dictadura genocida de Pinochet, y la contrarrevolución neoliberal instalada a sangre y fuego, tuvieron dos principales objetivos: violar los derechos humanos de todos aquellos y aquellas disidentes de la dictadura, e instalar un modelo político, social y económico neoliberal importado desde Estados Unidos con Milton Friedman, los Chicago Boys y compañía, que privatizaron los bienes públicos y los sectores estratégicos del país. Esto tuvo consecuencias correlativas: la desarticulación de las organizaciones sociales, sindicales y políticas; la privatización de la vida pública y comunitaria; el predominio del individualismo apático y la desintegración de los lazos sociales anteriormente construidos.

A pesar de que a mediados de la década del 80 y 90 se reactivaron las luchas populares en contra la dictadura, la hegemonía neoliberal siempre estuvo presente en la columna vertebral del Estado Chileno y sus respectivos gobiernos. Los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría -coalición de partidos que se hacen llamar de centro izquierda-, gobernaron continuamente durante 20 años, administraron el modelo político-económico de Pinochet sin generar transformaciones estructurales.

En la tan aplaudida democracia chilena, no hubo, ni ha habido cambio de la constitución vía asamblea constituyente, derecho a la educación, salud, vivienda, pensiones y condiciones laborales dignas. Solo introdujeron cambios cosméticos que no modificaron la raíz de la herencia dictatorial. Además contribuyeron significativamente a la despolitización de la sociedad, tecnificando y reduciendo la política a los partidos del establishment local y a los supuestos expertos internacionales, despojando el carácter social, comunitario y popular característico de la vida política chilena. La supuesta transición en realidad fue un pacto entre la junta militar y la oposición para mantener el legado de Pinochet, fue un pacto inter-burgués exitoso a diferencia de otros procesos latinoamericanos.

En la actualidad, la herencia del modelo neoliberal pinochetista es claramente visible: toda la vida social está mercantilizada, y encausada a las ganancias de los especuladores financieros y corporaciones empresariales dueñas de todo. La salud, la educación, las jubilaciones, las viviendas, la comida, son un negocio y sus acciones están en Wall Street, mientras tanto la mayoría de las familias chilenas trabajan para consumir y endeudarse, endeudarse y consumir. En este círculo vicioso entre trabajo, consumo y ganancias solo se benefician los mismo de siempre.

Ahora bien, donde hay represión y falta de acceso a derechos sociales, hay también resistencia. La repolitización de la sociedad chilena, desde los 2000 en adelante, comenzó y continúa desde la organización social, desde las bases, es decir, desde abajo y a la izquierda. Los movimientos sociales por la educación-secundarios, universitarios, profesores y apoderados-, el movimiento feminista, los sindicatos, el pueblo mapuche, las organizaciones socioambientales, han sosteniendo las luchas sociales hasta la actualidad, en pos de una sociedad mejor.

Sin embargo, la escasez de unidad y dirección política han obstaculizado el acceso a conquistas concretas y derechos humanos fundamentales. Sobre todo en un gobierno derechista, neoliberal y represor como lo es el de Sebastián Piñera, quien en este año y medio de gestión ha orientado principalmente sus políticas a precarizar las condiciones sociales y materiales de la clase trabajadora, las mujeres, los niños y niñas, el pueblo mapuche, las disidencias sexuales, entre otros sectores en lucha.

Este modelo de saqueo instalado a partir de la dictadura de Pinochet, basado en el extractivismo y la agroindustria, con el saqueo de los recursos naturales, están llegando a un punto de crisis social, política y ambiental nunca antes vista. Este nuevo escenario abre una nueva etapa de crisis y luchas sociales, en el marco de conflictos orientados a defender las condiciones de vida, en cuestiones tan básicas como el derecho a un entorno libre de contaminación, derechos laborales, educación pública y gratuita, salud pública y de calidad, jubilaciones por encima de la línea de pobreza, entre otras tantas luchas reivindicativas que tiene por delante el pueblo chileno.

En este sentido, es una necesidad urgente que las organizaciones chilenas estén a la altura de las circunstancias y puedan articular una resistencia y ofensiva lo más organizada posible para poder frenar la inevitable crisis social, no solo en Chile sino también en Latinoamérica. El laboratorio gringo está por estallar, y la lucha en el terreno institucional y no institucional, la síntesis de estos dos métodos, harán la diferencia en esta nueva etapa. Chile, sus trabajadores y trabajadoras, necesitan salir del lugar de subordinación y convertirse, de una vez por todas, como lo que se merecen: un pueblo digno, un pueblo libre, un pueblo con todos los derechos, recuperando toda la rica tradición de su historia y luchas sociales.

Ver más: Asamblea de Chilenxs en Buenos Aires

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Tal y como ocurrió hace dos años con la aprobación del DNU 70/2017, el gobierno argentino vuelve a sacar la carta de la xenofobia como una de sus principales apuestas para publicitar su política de seguridad de cara a sus votantes, que ya comienzan a dudar de su capacidad para sacar adelante la economía del país.

El día lunes, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en conferencia de prensa, confirmó lo que horas previas había sido anunciado por el periódico Clarín: el gobierno tiene preparada una lista de 1000 extranjeros para ser expulsados en los próximos meses. Un número redondo y hasta poco creíble, pero lo suficientemente llamativo como para ocupar la portada de un medio aliado al gobierno. Con esto, Cambiemos sigue instalando en el imaginario la idea de que habría una relación causal entre migración y delincuencia, pese a que, según datos de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), la población carcelaria de origen extranjero se mantiene constante desde 2002.

Ofreciendo una estadística que sólo considera al Sistema Penitenciario Federal (SPF), Bullrich afirmó que el 20% de la población penitenciaria es extranjera. La Ministra obvió señalar que esto se debe a que es en el SPF donde son alojados los reclusos por narcotráfico, en la que hay una representación mayor de extranjeros en todo el mundo, dada las modalidades de este delito, pero que no se refiere a personas efectivamente asentadas y residentes en Argentina. Las cifras, además, se caen al considerar las prisiones provinciales que representan el 84% de la población carcelaria del país y en la que los extranjeros son apenas el 3,2%.

Cabe destacar que en Argentina la población migrante representa apenas el 4,5% del total del país y, de ese porcentaje, únicamente el 0,24% está en prisión, lo que equivaldría a 4307 extranjeros, según datos de 2015. Una cifra que pone bajo cuestionamiento el nivel de prioridad que el gobierno ha decidido darle al tema.

Con encuestas en mano, Cambiemos inicia un año electoral en el cual un aumento en la dureza de su política de seguridad es una de sus principales banderas. Es en esta lógica que este anuncio se complementa con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 15 años, propuesta que la oposición señaló no acompañaría, y la compra de pistolas taser, que han sido declaradas como armas de tortura por Naciones Unidas.

Desde las organizaciones la reacción no tardó en llegar. En un comunicado compartido el día martes, el Bloque de Trabajadorxs Migrantes denunció el uso de una campaña de mentiras contra los y las migrantes. Reafirmaron el rol fundamental que juega la migración en la vida social, cultural y económica de la Argentina, resaltando los 1500 millones de dólares anuales que los y las migrantes aportan con su trabajo al país.

En los próximos días veremos si efectivamente estas expulsiones se concretan. A dos años de la aprobación del DNU 70/2017 y a la espera de que la justicia resuelva la apelación del gobierno, Cambiemos refuerza su ofensiva contra la migración. En esta lista, seguramente, no veremos a los Benetton y a los Lewis, mucho menos a Cristine Lagarde, pero si se trata de extranjeros peligrosos para el pueblo, sin duda deberían ocupar los primeros lugares de la lista.

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Este viernes 22 de junio, bajo la convocatoria de la campaña “Migrar no es delito”, diversas organizaciones se dieron cita en la embajada de EE.UU. para denunciar las fuertes políticas anti- migratorias de Donald Trump.

Entre el lunes y miércoles pasado comenzaron a circular por redes las imágenes y videos de niñxs encarceladxs en centros de detención en la frontera sur de Estados Unidos. Las noticias, que rápidamente se convirtieron en un escándalo internacional, visibilizaron que alrededor de 2 mil niñxs habían sido separadxs de sus padres y madres en la frontera con México entre abril y junio del presente año.

Las condiciones de estas detenciones le valieron al gobierno estadounidense numerosas acusaciones por parte de organismos internacionales y organizaciones sociales en materia de violación a los derechos humanos. Esta medida, es parte de una política que se maneja bajo “tolerancia cero”, que implica acciones más agresivas contra todxs aquellxs que intentan cruzar la frontera sin documentos.

El miércoles 20 de junio, a partir de las numerosas críticas recibidas, Donald Trump firmó un decreto bajo el cual teóricamente ya no se separará a lxs niñxs de sus familias, sin embargo, una cosa que fue señalada frente a la embajada, es que ese decreto no enmienda la violación a los derechos humanos que ya han sufrido lxs niñxs detenidxs ni se aclaran las condiciones en que serán reunificadxs con sus familias, además de que este decreto no significa que lxs niñxs no vayan a ser detenidxs: ahora lxs detendrán y estarán en la misma jaula que sus padres. El presidente estadounidense declaró que este decreto no cambia su política de “tolerancia cero” y que, al contrario, aumentará esfuerzos por mantener resguardada la frontera.

Mexicanxs, salvadoreñxs, bolivianxs, peruanxs, colombianxs, paraguayxs, venezolanxs, tomaron la palabra frente a la embajada de EE.UU en Argentina, que horas antes había sido vallada y rodeada por fuerzas policiales, para denunciar estas medidas y para brindar su apoyo a lxs migrantes centroamericanxs y mexicanxs.

“Nosotrxs somos trabajajadorxs, no venimos a robar, venimos a trabajar, no somos criminales”, dijo una compañera peruana en su intervención. “Como migrantes también nos duele lo que les pasa allá, ver a lxs niñxs separadxs de su familia, tratados de manera inhumana”, dijo alguien más. Se señaló, además, que las políticas anti-migratorias de Trump son la punta de lanza para que otros gobiernos neoliberales sigan el mismo camino, tal como se ha visto en la Argentina con Mauricio Macri, quien desde la emisión del decreto 70/2017 -cuya finalidad es modificar la ley de migración actual-, ha seguido una política xenófoba, racista y criminalizadora de los y las migrantes.

En las últimas semanas se ha visto un fuerte ataque a compañerxs de la comunidad senegalesa, a quienes han desalojado de sus viviendas, detenido y despojado de sus mercancías de trabajo y atacados fuertemente por las fuerzas policiales, como el caso de Serigne Dame Kane, quien además de severos golpes, sufrió un corte en el antebrazo derecho.

“Vienen por el mismo camino y no los vamos a dejar”, se escuchó decir en el acto de ayer. “Lo que estos gobiernos quieren es despojarnos de todo, es un ataque a lxs trabajadorxs, a lxs pobres, a lxs más explotadxs, a lxs que queremos un futuro mejor para nuestras familias, a lxs que decidimos migrar”. Al cierre del acto, se volvió a escuchar: “Vamos a seguir gritando que Migrar no es un delito, migrar es un derecho humano. No queremos niñxs sin familias, no queremos más violaciones a los derechos humanos de los migrantes. ¡Basta Trump!”.

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El mejor tereré es el de Lila. En verano, cuando todxs vamos un poco cortos de respiración por el calor y la humedad de Buenos Aires, Lila siempre viene fresca a tu encuentro con un tereré. Le pone al agua fría unas hierbitas, que nunca sé lo que son, pero cuando bebo, me doy cuenta de cómo una simple ramita cambia todo el sabor de litros y litros de agua. Luego deja caer lentamente el hilo de agua sobre la yerba, y al sorber se te pone toda la boca llena de sabores que nos recuerdan otras épocas del año menos calurosas.

Lila tiene zapatos, pero no los usa. Esa es una cosa que nunca voy a entender. Porque hay más de treinta y seis grados centígrados y Lila va caminando con los pies pelados sobre el asfalto. Le preguntamos si no se quema y ella dice que no, que así se siente más cerca de su tierra. La primera vez que la vi no pensé que estuviera descalza. Estábamos creo en Plaza de Mayo, caminando en círculos allí una vez tras otra, acompañando a las mujeres fuertes y memoriosas. Me había dado mi primer tereré y caminaba al lado nuestro. Después se adelantó y ahí vi que traía los pies desnudos. Lila tiene los pies duros y fuertes. Mis zapatos se rompen a veces y son frágiles, pero los pies de Lila son como una suela protectora de cualquier vidrio o piedra que haya en el suelo.

Lila tiene una relación secreta con el sol. No sé si tendrá algo que ver con los amplios caminos andados, pero hay algo en la forma en que se deja acariciar naturalmente por él, como si hubiera un lenguaje oculto entre la luz y el cuerpo en que se posa, la frente amplia y tostada, las piernas gruesas y atezadas. Si tiene sombrero, no lo usa, y prefiere cerrar los ojos y hacer un poquito la cara para arriba, y entonces sus pestañas se rizan y parece que también se comunican con el sol.

Pero Lila tiene otros secretos además del sol, otras cosas que no puedo conocer de ella y que me hacen verla lejana como alguien de quien sólo alcanzas a escuchar un eco. Porque nosotras hablamos mucho. Es lo que hacemos, nosotras, principalmente. Hablamos. Hablamos de su vida y de la mía. Hablamos de las luchas de aquí, de allá y de allá. Hablamos de nuestras familias, de amores y de comidas y nos antojamos con el chipa guasú, los tamales y el mole. Hablamos de su español y del mío y del de aquí, y nos asombramos y también nos reímos y poco a poco empezamos a hablar con palabras de todas las tierras. Pero a veces, cuando hay otras gentes, ella comienza a hablar con palabras que no entiendo, así, muy rápido, en una lengua misteriosa que no se me revela y que al mismo tiempo está dicha con una sensibilidad cercana a la mía, entonces pongo mucha atención, y aún así sigo sin descifrar su contenido exacto y el eco de esas palabras se me queda como el recuerdo de una tonalidad conocida y misteriosa.

Tal vez es por el misterio de su lengua que a mucha gente del país de Lila no la quieren. Tal vez también por los rizos de su cabello y sus pestañas y por su secreto con el sol. No lo sé. Tal vez por la diferencia. Porque Lila me contó un poco eso. Me contó cómo fue cuando llegó. Cuando laburaba en el hotel tendiendo camas que nunca le pertenecían a nadie, me contó de los turnos nocturnos, de las noches que se extendían largas durante el invierno, cortas durante el verano. Me contó cuando trabajaba en una casa ayudando a la limpieza. Había entonces que limpiar y limpiar muy bien, también había que cuidar al nene, hacer de comer, pero no el chipa guasú que me gusta comerme cuando Lila lo prepara, porque la señora le dice que al nene no le dé de comer esas cosas. Me contó de esa vez, esa vez que pasó una hora buscando la calle shanshoré para recoger la tarta de cumpleaños del nene, de cómo regresó a la casa con las manos vacías y la señora no hacía más que gritarle que le había pedido la cosa más simple y que ni eso podía hacer bien, igual que toda su gente. Jean Jaurès. Shanshoré. Yanyoré para otrxs. Yanyogué para los franceses. Entonces Lila había pasado esa noche en su habitación llorando y extrañando.

Cuando Lila me cuenta esas y muchas historias más nunca dejo de sorprenderme de que es a ella a la que le haya pasado todo esto. El hermano asesinado, el ex novio violento, la salida como refugio, el éxodo hacia nuevos horizontes. Porque yo la veo frente a mí y lo que más veo son sonrisas, energías, una ternura latente que cruza todos los lazos que va tejiendo, conmigo, con sus amigxs, con sus compañerxs, con Dami, al que ama, cuida y acompaña en ese trayecto indescifrable de la infancia. Hay una cosa que no se pierde, a pesar de todo, y es el amor por la vida.

La lila es una flor que crece en grandes arbustos y en pequeños árboles. Sus orígenes son lejanos, pero hoy crecen en todas partes, y su estación favorita para florecer es la primavera.

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