Las luchas por los procesos de construcción autonómica es una dinámica imparable en América Latina y en el mundo. El discurso de las autonomías, como medio fundamental para articular y plasmar las reivindicaciones políticas indígenas en el marco del Estado, ha adquirido relevancia y desplazó los debates de las últimas décadas, como la territorialidad, la jurisdicción, la interculturalidad, u otras dimensiones de los derechos colectivos que permitieran fusionar el discurso indígena.

Actualmente, esta energía es canalizada y proyectada a través del discurso autonómico. Podríamos decir, de manera burda y pedestre, que las autonomías están de moda, no hay una manera cerrada y hermética de entender las autonomías indígenas. Ellas se expresan y despliegan en función de las características, coyunturas e idiosincrasias de los diferentes pueblos indígenas. Por lo tanto, existen tantos procesos autonómicos como pueblos y dinámicas de lucha, con sus especificidades y diferencias.

Como estrategia política para la consolidación y sostenibilidad de los modos de vida indígena, el discurso autonómico viene cosechando importantes avances desde el plano colectivo. En algunos países, ha permitido replantear la institucionalidad del Estado para poder incluir sus reivindicaciones territoriales e interpretarlas como reclamos transversales. En este marco, las autonomías han dado sentido y profundidad a cuestiones tan complejas como la plurinacionalidad y la interculturalidad a través de los planes de vida indígena que vehiculan, regulan, pautan y planifican el proyecto autonómico.

El discurso de las autonomías ha cobrado protagonismo puesto que ha sido una estrategia fundamental para articular y propulsar los procesos de resistencia indígena, para visibilizar políticamente las formas de defensa y autoprotección territorial. Es un discurso más ambicioso y profundo que el mero reclamo territorial, cultural o identitario. Frente a la nueva política extractiva de las empresas y los Estados, las autonomías son un muro de contención para la desposesión territorial. Además, ayudan a la resistencia ante las múltiples expresiones de violencia y el fenómeno de criminalización indígena y su liderazgo.

Radiografía de las dificultades

Hoy los procesos autonómicos indígenas viven una lógica regresiva y una dinámica de empantanamiento en todo el continente, por eso es necesaria la autocrítica. Los procesos de construcción autonómicos se proyectan sobre el fantasma especular que significaron las dinámicas de las consultas, previas, libres e informadas. Muchos de estos procesos concluyeron en fracasos e implicaron la despolitización para los pueblos indígenas, así reverbera, de nuevo, el fantasma de la manipulación y el engaño de los derechos colectivos. ¿Serán estos procesos una repetición de la malversación que supuso la consulta indígena? Esta es una duda razonable con la que tendremos que caminar.

Un primer orden de dificultades se ubica en los Estados. De corte conservador o progresista, se empeñan en la construcción de una ciudadanía de corte cívico republicano, más que en fomentar una dinámica estatal que permita reforzar la figura de los gobiernos indígenas autónomos descentralizados. En este sentido, el discurso autonómico indígena ha funcionado como un contra discurso en la forma de entender la organización territorial del Estado al ser considerado un peligro a la unidad y la soberanía estatal.

En la forma de entender las autonomías indígenas, la política estatal ha venido desarrollando una comprensión republicana de la identidad y la ciudadanía férreamente centralizada. Esta mirada entra en contradicción con la intención de fraguar un modelo estatal de corte plurinacional, como expresan las constituciones de Ecuador y Bolivia. En este marco, las autonomías en Bolivia o las circunscripciones territoriales indígenas en Ecuador han funcionado, en cierta manera, como un instrumento para la consolidación de este proyecto de centralización estatal.

A su vez, hay que sumar la dificultad de una fuerte fragmentación institucional que impide la existencia de formas de gobierno intermedio, elemento fundamental para la coordinación y articulación intra-estatal con pueblos y nacionalidades en zonas boscosas, selváticas y muy apartadas de los centros urbanos. A esta situación se agrega la inexistencia de un sistema de competencias claro y eficaz, y un sistema fiscal obsoleto para la necesaria distribución de recursos a las autonomías indígenas. Este difícil panorama se complementa con la falta de participación indígena real en todo el proceso.

Estas dificultades son factores explicativos relevantes para entender el fracaso en la construcción de ciertas autonomías indígenas, como previamente ocurrió con la consulta previa, libre e informada. Por eso, las autonomías han quedado reducidas a un proyecto de carácter regulativo-asimilativo, sin implicar una potencia autonómica real para los pueblos indígenas.

La complejidad de la plurinacionalidad

Un segundo orden de problemas ha sido la dificultad para entender e integrar, en la organización territorial e institucional, principios tan importantes como la plurinacionalidad e interculturalidad que son contrarios a la dinámica centralista y unificadora de los Estados. Además, las migraciones indígenas han jugado un papel relevante en la composición y juego de equilibrios entre el territorio y la urbe. Esto ha desequilibrado las relaciones de fuerzas para la construcción de las autonomías. También, esta situación ha supuesto una profunda y drástica metamorfosis del liderazgo indígena, de sus posibilidades, capacidades y competencias. Por eso, estos factores han coadyuvado a la gestación de nuevas maneras de entender y articular políticamente las autonomías para la construcción de un marco plurinacional dentro del propio movimiento indígena.

Un tercer orden de dificultades está relacionado con los dos planos o niveles en los que pueden y deben ser abordadas las cuestiones autonómicas. Por un lado, en el plano transversal, la plurinacionalidad es una cualidad que afecta, modula y atraviesa las principales instituciones del Estado en sus ejes legislativo, ejecutivo y judicial. Por otro lado, en el plano territorial, la autonomía implica una profunda y drástica redefinición territorial del Estado, de su gestión y de sus competencias. Por eso, si estos planos no se desarrollan en forma paralela, el proceso de las autonomías indígenas estará abocado al fracaso, a través de su instrumentalización y despolitización.

Debilidades en el movimiento indígena

Un cuarto orden de problemas está relacionado con la fractura y debilidad del propio movimiento indígena en América Latina para articular un proyecto cohesionado y consensuado de autonomía, con carácter plurinacional para todas las nacionalidades y pueblos. En este contexto, los Estados han aprovechado la debilidad del movimiento indígena para ahondar la fractura mediante prácticas de cooptación e instrumentalización de sus líderes y lideresas. La criminalización de la protesta social y el movimiento indígena añade otro factor para interpretar la propia debilidad del movimiento.

En este sentido, algunos pueblos y nacionalidades han ejercido una autonomía orientada a la profundización de modelos de gestión territorial y jurisdiccional (sistema de justicia indígena), proponiendo estrategias que implican cambios radicales en la distribución del poder en el marco del Estado, con una intención claramente plurinacional. Sin embargo, otras dinámicas han puesto el énfasis en procesos de construcción autonómica más tenues, orientados a la negociación y la concertación del poder en el marco del Estado. En este marco, resulta prioritaria la descentralización de competencias entre el Estado y las autonomías indígenas.

Un quinto orden de dificultades está vinculado a la malversación y mitificación que se ha desarrollado del discurso del Estado plurinacional e intercultural, en beneficio de ciertas élites, pero en detrimento de los pueblos indígenas. Se ha producido una inversión ideológica del contenido de las autonomías, despolitizando su potencial para la construcción de los modos de vida indígena.

Todas estas dificultades nos permiten contar con un marco estructural para comprender algunas de las debilidades en el proceso de conformación de las autonomías indígenas en América Latina. Muchos procesos autonómicos indígenas, además, han evidenciado sesgos coloniales en su estructura, organización y proceso, limitando el potencial creativo al dar prioridad a la articulación administrativa y jerarquizada como si fuesen Estados monoculturales y poco descentralizados, orillando los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Así, se deja afuera el verdadero sentido de la autonomía, olvidando la función que la territorialidad y jurisdicción indígena juegan a partir de los planes de vida de estos pueblos.

Estrategias de actuación

Partiendo de este marco de dificultades en el cual los procesos autonómicos indígenas se acercan y proyectan peligrosamente sobre la experiencia de la consulta, libre, previa e informada en América Latina, es importante desarrollar algunas estrategias de actuación para romper y limitar estas dinámicas.

En este sentido, es necesario pensar transversalmente las luchas por la autonomía indígena en América Latina. Si los reclamos indígenas son fundamentalmente políticos -y no reductivamente étnicos, culturales, territoriales o interculturales- es importante construir y diseñar una estrategia de alianzas en la lucha para ir consolidando las autonomías indígenas. Ya no es una cuestión netamente indígena, sino estructuralmente política, lo que implica diseñar prácticas de lucha y resistencia con movimientos sociales, movimiento de derechos humanos, de ecología política, el movimiento LGBTQ+, el movimiento ecofeminista y decolonial, las universidades y muchos otros actores y sectores cercanos y porosos al movimiento autonómico indígena.

La construcción de las autonomías se consolida en conjunción con otras fuerzas que, en el marco del Estado, apuestan por la creación de autonomías indígenas como procesos que coadyuvan a la sostenibilidad global de los derechos. La autonomía indígena es una dinámica de lucha por la(s) vida(s) sostenible(s), una propuesta para la construcción de los comunes que tiene proyección e implicación más allá de los pueblos indígenas. De ahí su relevancia política y, también, que el propio movimiento indígena haya focalizado toda su energía en la construcción de los derechos colectivos desde las autonomías.

---

(*) Publicada originalmente en BiodiversidadLa

Sobre el autor: Asier Martínez de Bringas es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto y director del Experto de Derechos de los Pueblos Indígenas de la misma institución.

Por Ignacio Marchini*

El empresariado vinculado a los agronegocios, amparado por fundaciones, académicxs e, incluso, funcionarixs gubernamentales, viene presionando desde hace unos años por la implementación plena de las AgTech, un paquete de tecnologías “de punta” que, según ellxs, resolverían los problemas relacionados a la agricultura y la alimentación. La digitalización del campo y el uso de herramientas de la información parecerían, a simple vista, un paso más en el proceso de automatización de la agroindustria y una mejora en las capacidades de producción y rendimiento. El problema se vislumbra cuando se indaga en quienes promueven estas innovaciones, para qué y qué impactos producen.

La tecnología digital vinculada al campo abarca desde tractores sin conductor y chips insertos en animales hasta procesadores de datos capaces de almacenar una secuencia completa de ADN en un archivo para descargar. La inversión en las AgTech de gigantes de la información como Huawei, Microsoft y Amazon, entre otros, es una muestra del lugar cada vez más importante que esta rama de la industria ocupa en la consideración de los dueños de las empresas de las telecomunicaciones. Según explica el informe, el interés de intervenir en la agroindustria por parte de estas compañías es doble: por una lado, “avanzar en el control efectivo de qué y cómo se produce y se consume y dejar afuera a empresas de menor calibre” y, además, “la venta de las tecnologías, tanto de hardware y de software como de las Fintech (tecnologías financieras digitales)”.

Uno de los puntos claves de la investigación versa sobre quiénes operan política y económicamente para el desembarco definitivo de las AgTech a nuestro país; para poder desarrollar una crítica certera a estas iniciativas es necesario comprender quiénes las impulsan. Quizás lo más preocupante tenga que ver con el apoyo de políticos de alto rango que vienen cosechando desde hace varios años.

En noviembre de 2018, en un seminario titulado “Silicon Valley Forum Argentina”, uno de los expositores fue Gustavo Béliz, actual Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. El hombre que fuera Ministro de Justicia de Néstor Kirchner ocupó desde 2005, y durante 14 años consecutivos, distintos puestos para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El último fue como director del Instituto para la Integración de América Latina y El Caribe (INTAL), organismo dependiente del BID.

Ese cargo ocupaba cuando, en el seminario de 2018, el funcionario pidió “aggiornar la economía y la política de América Latina a las nuevas tendencias” y se ilusionó con las posibilidades de la inteligencia artificial para lograr “una integración predictiva e inclusiva en América Latina”. Como bien rescata el informe, poco tuvo para decir en relación a una de las principales críticas que se le hacen a los procesos de robotización: la desaparición de varios puestos de trabajo. Escudándose en “procesos inevitables”, el actual funcionario solo atinó a hacer una vaga mención de una serie de “políticas públicas para reducir los riesgos y las desigualdades”, aunque nunca dijo a cuáles se refería.

Otro de los expositores de alto perfil que se cita es Gabriel Delgado, ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante los últimos dos años del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Quizás lo más interesante de su presentación tenga que ver con la mención a la ciudad de Rosario como “un polo fundamental del cambio tecnológico”. Para justificar lo que decía, tomó como un ejemplo positivo la posibilidad de utilizar el trigo transgénico HB4 de Bioceres, aprobado para su uso en octubre del año pasado, aun después del amplio rechazo que cosechó tanto de ambientalistas y defensorxs de la agroecología como de empresas agropecuarias. Un análisis exhaustivo sobre este tema fue realizado por el mismo Frank en el informe anterior de Acción por la Biodiversidad, “El pan en mano de las corporaciones. Trigo transgénico HB4 en Argentina”.

Esta es solo una pequeña parte de todo el entramado de políticos, empresarios y lobbistas que el informe se encarga de exponer. Al apoyo explícito de funcionarios públicos es necesario sumar los extensos trabajos presentados por observatorios e investigadorxs afines a los intereses del mercado agroexportador que se deshacen en alabanzas a las nuevas tecnologías y omiten los efectos profundamente negativos y las limitaciones estructurales del modelo extractivista de producción; o la participación de gigantes empresariales como Microsoft, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que busca “ampliar sus mercados en el Cono Sur, con la Argentina como puerta de entrada”, según desarrolla el informe.

Las conclusiones del trabajo de Acción por la Biodiversidad echan luz sobre muchos de los rincones oscuros de la agroindustria. Mediante el empleo de datos y fuentes, desmonta los mitos del agronegocio como “generador de trabajo” y muestra los procesos de precarización y desplazamiento de las poblaciones rurales que producen este tipo de emprendimientos empresariales. También descubre el rostro monstruoso de la “economía 4.0” o “de datos”: el uso de procesadores de alto nivel tecnológico que analizan la Big Data generada a partir de los aportes involuntarios de información privada de agricultores y agricultoras.

El uso de estas tecnologías no solo implica una violación a la privacidad de las personas, sino un gasto descomunal de energía, que incluso ha motivado proyectos para emplazar en la Patagonia argentina parques eólicos o represas hidroeléctricas que puedan proporcionar el suministro eléctrico necesario para alimentar estos servidores de datos extraordinariamente grandes.

Por último, es necesario destacar una de las críticas más importantes del informe: el rol de las instituciones y lxs académicxs al servicio de los agronegocios. Como bien explica Guillermo Folguera, biólogo e investigador del CONICET, “desde hace algunas décadas, las ciencias, junto con las tecnologías, han sido adoptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria, centrada en la innovación y en la intensificación del control social, bajo la lógica dominante de la eficiencia”. El uso de un lenguaje publicitario y contrafáctico, que tuerce los hechos para justificar el uso de monocultivos transgénicos que tienen efectos devastadores en el medio ambiente, la salud y la economía, se ha vuelto moneda corriente en el ámbito de las ciencias y la investigación.

Las críticas a la falta de regulaciones y el otorgamiento de subsidios enormes a las empresas del agronegocio completan el panorama exhaustivo y crítico que brinda este informe. Ante un modelo extractivista de producción que busca aumentar la tasa de ganancia, a costa de destruir nuestros suelos, nuestros ecosistemas y hasta nuestras vidas, Fernando Frank señala hacia dónde es necesario torcer el rumbo: “Estaremos en el buen camino si en vez de drones y pantallas escuchamos cada vez más hablar de suelos vivos, semillas locales y organizaciones comunitarias, populares, integrales, ágiles y sensibles”.

*Publicada originalmente en BiodiversidadLA

Por Nicolás Esperante para Biodiversidad

En octubre de 2020, los medios confirmaban una noticia que ya se temía desde hacía tiempo: la aprobación del trigo HB4, de la empresa Bioceres. Apenas unos meses después de que el presidente anunciara que la expropiación de Vicentin (de la que se retractaba días después) era un paso hacia la soberanía alimentaria, este término regresaba con fuerza a la agenda pública al conocerse que Argentina sería el primer país del mundo en aprobar un evento transgénico de este cultivo, fundamental para la alimentación de nuestros pueblos.

La aprobación del HB4 sumaría al trigo a los otros tres cultivos transgénicos que ya se producen masivamente en el país: soja, maíz y algodón. La principal diferencia radica en que estos otros cultivos se utilizan para fabricar productos de consumo indirecto: alimento para animales, jarabe de alta fructosa (endulzante presente en la mayoría de los alimentos ultraprocesados), productos textiles sanitarios, etc. Es decir, llegan al consumo humano de forma indirecta. El trigo, en cambio (en tanto base del pan, alimento primordial) sería el primero en producirse para el consumo directo por parte del ser humano. En el caso de la región, esto se agrava por la cantidad de trigo incluida en la dieta de nuestros pueblos. En el informe se indica que “el trigo es consumido, en promedio, en cantidades que superan los 85 kg por persona por año. Este número muestra cómo, por nuestra cultura, historia y economía, nuestra población consume mucho más trigo, en promedio, que casi todas las culturas del mundo”.

El informe destaca también que el HB4 se promociona simplemente como “un nuevo trigo resistente a la sequía”, evitando cualquier referencia a su resistencia a agrotóxicos. En este caso, el cultivo es resistente al herbicida glufosinato de amonio, más nocivo incluso que el conocido glifosato. El Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur explica que los cultivos transgénicos, insertados en la región en la década de 1990, tienen como principal característica la resistencia a productos químicos fabricados por las mismas empresas que desarrollan las semillas modificadas genéticamente, y que producen efectos nocivos tanto en los propios cultivos como en el medio ambiente: suelos, agua, cultivos aledaños y poblaciones cercanas sufren envenenamiento por pesticidas y herbicidas fabricados por las mismas empresas (y en muchos casos, con los mismos principios activos) que desarrollaron las armas químicas aplicadas en las guerras del siglo XX, como el agente naranja. Los resultados son tan trágicos como elocuentes, y muestran notables aumentos en casos de cáncer, malformaciones, mortalidad infantil, abortos espontáneos y otras graves enfermedades. En este sentido, el informe es claro: “La liberación comercial del trigo transgénico traerá graves consecuencias. La masificación del cultivo implicará una mayor exposición a agrotóxicos, principalmente al glufosinato de amonio, que crecerá en presencia en aire, aguas, suelos y alimentos”.

La aprobación de este trigo se da también en un marco de irregularidad. La Conabia (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria), un ente mixto formado tanto por funcionarios públicos como por empresarios, tiene la función de asesorar al Estado en cuestiones de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Hasta 2020, el Estado había aceptado todos los eventos aprobados por Conabia, menos los de trigo. Ese parecía ser el límite. Hasta ahora. Tras años de intenso lobby por parte de empresarios, periodistas e investigadorxs funcionales al agronegocio, el Ministerio de Agricultura aceptó, finalmente, la aprobación del trigo HB4 que la Conabia había sugerido en 2015.

Sin embargo, la aprobación definitiva queda sujeta a un hecho particular: “El día 9 de octubre de 2020 se publica la Resolución 41/2020 de la Secretaría de alimentos, bioeconomía y desarrollo regional (dependiente del Ministerio de Agricultura) en el Boletín Oficial. Lo llamativo fue una característica inédita, insólita e inesperada: la aprobación definitiva quedaba sujeta a la evaluación por parte de Brasil. De esta forma, una tecnología que no había logrado el consenso durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se aprobaba, con una discusión muy cerrada y sesgada, durante el gobierno de Alberto Fernández. Y en pandemia”. Es decir que la decisión de producir oficialmente el trigo transgénico dependerá del principal comprador de trigo argentino, Brasil; un hecho diametralmente opuesto a representar un avance en dirección a la Soberanía Alimentaria.

Por otra parte, el cultivo del trigo transgénico no solo es rechazado por ser considerado perjudicial para la salud y la biodiversidad: también un importante sector de productores industriales (entre los que se incluyen la Sociedad Rural, la Federación Agraria y Coninagro) rechaza su aprobación. Incluso “la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo) se opone a la aprobación de productos de trigo transgénico, aduciendo que esto encarecerá las importaciones del cereal y tendrá un impacto en los precios en el mercado doméstico”. Ante el argumento empresario que dice que es una tecnología opcional, y no exclusiva ni obligatoria, existen evidencias que demuestran el altísimo riesgo de contaminación genética, tanto por polinización como por la mezcla de granos en centros de acopio e industrias, además de la contaminación de productos químicos rociados por los aviones fumigadores que se da de un campo a otro.

En definitiva, los intereses que mueven la aprobación del trigo transgénico son, indudablemente, económicos, y sus argumentos son fácilmente refutables. La solución a la sequía no es cambiar la composición genética de las semillas, sino -entre otras cuestiones- detener la emisión de gases de efecto invernadero; los mismos que se multiplican con el paquete tecnológico que los transgénicos traen de la mano. Para esto, es esencial garantizar la posibilidad de producir trigo en forma agroecológica, tal como nuestro clima y nuestro suelo nos permiten, donde campesinxs y agricultorxs familiares sean protagonistas de un modelo que respete la salud y la biodiversidad. Un modelo que incluya políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra y las semillas en manos campesinas, con circuitos locales de comercialización y vinculación directa del productor con el consumidor, y con la posibilidad de decidir qué alimentos llevamos a nuestra mesa. “Avanzar en esa dirección es el gran desafío. En caso de confirmarse, el cultivo comercial del trigo transgénico será un obstáculo más en el camino hacia la Soberanía Alimentaria y en el cuidado del ambiente”.