Por Maru Waldhuter y Camila Parodi

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sostienen que “el juicio contra Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen”  sino que también “debe proseguir para quienes son sus jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala”.

El proceso judicial lleva más de 38 días de audiencias, este martes 15 de junio se presentaron pruebas aportadas por acusaciones privadas y fue el turno de Bertha Zúniga, actual Coordinadora General de COPINH. La hija de Berta Cáceres dio su testimonio en el marco de la audiencia en el que quedó reflejada la condición de lideresa social de su madre y  se demostraron los ataques y hostigamientos que tuvo que enfrentar por su lucha contra el Proyecto Agua Zarca, dirigido por David Castillo. “Mi madre fue una luchadora social durante muchos años de su vida” sostuvo la joven durante su declaración. “Durante los años del 2013 hasta el 2016, ella dedicó gran parte de su esfuerzo a reivindicar los derechos de las comunidades Lenca y defensa del Río Gualcarque” afirmó. Berthita fue acompañada por las comunidades del pueblo Lenca que lucharon junto a su madre contra el avance de la empresa.

“Ella decía que le tenía más temor a las acciones sutiles de inteligencia de David Castillo que a las amenazas del sicario Douglas Bustillo”, afirmó Bertha Zúniga en su declaración. En el desarrollo de la audiencia se demostró científicamente la utilización de informantes utilizados por Castillo y la empresa DESA para controlar los movimientos de COPINH y Berta. “El COPINH siempre tuvo luchas difíciles, pero nunca tuvo un nivel de persecución, hostigamiento y violencia como con el proyecto Agua Zarca del señor David Castillo”, sostuvo la coordinadora del COPINH. A su vez, el peritaje pudo probar el incremento de las comunicaciones entre los informantes y la empresa en los meses previos al asesinato de Berta Cáceres. Tal como lo destaca COPINH el peritaje demuestra que el crimen se cometió en el marco de la defensa del Río Gualcarque encabezada por la comunidad de Río Blanco y Berta Cáceres. La empresa DESA tenía como finalidad apropiarse de las aguas para la construcción del Proyecto Agua Zarca. 

Durante todo el proceso judicial la Defensa intentó dar cuenta de la existencia de un vínculo previo entre David Castillo y Berta Cáceres para descartar las acusaciones existentes. Sin embargo, el testimonio de Bertha Zúniga derrumbó esta tesis y dio cuenta del hostigamiento, vigilancia y múltiples ataques dirigidos por Castillo a Berta. Finalmente concluyó: “Cuando mi madre fue asesinada recibimos las condolencias de muchas personas alrededor del mundo, pero del señor Castillo que dicen que era su amigo nunca tuvimos ni un mensaje”.

Cabe aclarar, así como sostiene el COPINH, que la imposición de la represa Agua Zarca en el territorio de la comunidad de Río Blanco fue ilegal. No se cumplió con la debida consulta previa libre e informada que hace parte del convenio 107 de la OIT que insta a las empresas a implementar a dialogar con las comunidades,de forma que se demuestra que el único objetivo de este accionar se centraba en beneficiar a DESA. Así como sostuvo la coordinadora del COPINH en su declaración “la empresa representaba la violación al derecho a la consulta de las comunidades indígenas, la afectación de las montañas y el bosque, además del impacto social con el tema de la violencia, persecución y amenazas y principalmente afectaba el rio que es sagrado para la comunidad” y el femicidio político de Berta Cáceres se enmarca en este proyecto de usurpación y saqueos de las vidas y los territorios indígenas.

Así como lo sostiene COPINH a lo largo de la difusión del juicio, se evidencia una serie de irregularidades que confirman su lectura sobre lo ocurrido. Entre ellas, manifiestan que el testigo Ramón Rosa mintió sobre el proceso de consulta en las comunidades durante su declaración. Según él, en los procesos de “consulta” las personas firmaban estar de acuerdo con el proyecto; sin embargo, existen pruebas de la falsificación de firmas por parte de DESA para beneficiar su proyecto. Según el Art. 519 del nuevo Código Penal de Honduras, el testigo que en causa judicial falta a la verdad en su testimonio, debe ser castigado con la pena de prisión de 5 a 7 años y la impunidad con la que el testigo desafía esta ley. Este accionar da cuenta de un posible proceso de complicidad político, judicial y empresarial, y obliga a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos a difundir y dar seguimiento a este hecho.

En su declaración, Berthita confirmó que el compromiso de su madre con la defensa de las comunidades y sus territorios en ese entonces no tenía vuelta atrás: “Ella me dijo que ella iba a llegar hasta donde las comunidades quisieran y las comunidades ya habían dicho que estaban dispuestas a morir en defensa del río Gualcarque”. Y a continuación manifestó: “En la lucha de Río Blanco, Berta Cáceres puso todo el conocimiento y experiencia que había obtenido en su vida de lucha”.

“Cuando me despedí de mi madre, ella nos dijo que no tuviéramos miedo, que en este país podía pasar cualquier cosa, pero que no tuviéramos miedo” afirmó Bertha Zúniga Caceres frente a un tribunal que representa tantos años de injusticia para Berta, su familia y su comunidad. Sin embargo, el coraje y la entereza con la que la referente asumió una nueva instancia de exposición dejó a la audiencia conmovida. A pesar de las interrupciones, suspensiones e intentos de desgaste implementados desde el sistema judicial, la justicia para Berta es un hecho y se confirma día a día en las audiencias del juicio contra David Castillo. La fortaleza de su familia y de su comunidad no permitirá que atenten contra su dignidad ni contra la historia de lucha de su lideresa.

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Por Julia Zulver*

Una vida de resistencia y represión

En 2015, la activista hondureña Berta Cáceres ganó el Premio Goldman, el más alto honor internacional que se puede otorgar a un defensor del medio ambiente. Cuando un investigador del comité del premio la visitó en Tegucigalpa, Berta le preguntó qué pasaría si ella muriera antes de recibir el dinero del premio, una pregunta que ningún galardonado había hecho antes.

Sus temores no eran infundados. Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, muerta a tiros en su bungalow de La Esperanza, en el oeste del país centroamericano.

Cáceres fue la líder carismática del COPINH, una organización indígena que reunió al pueblo lenca de Honduras para defender el río Gualcarque contra el proyecto de una represa hidroeléctrica financiada internacionalmente, Agua Zarca.

En su nuevo libro – Quién mató a Berta Cáceres – la periodista Nina Lakhani va más allá de contar la historia de una mujer que defiende a su comunidad contra el proyecto de una presa: “ella era mucho más que eso, porque siempre entendió las luchas locales en términos políticos y geopolíticos.”

Más bien, la lucha de Cáceres se extendió más allá de su pequeño rincón del mundo y sirvió como un grito de guerra contra los modelos neoliberales de desarrollo económico -y la corrupción y la violencia que propagan- más ampliamente.

¿Quién mató a Berta Cáceres? sigue la vida y la muerte de una defensora del medio ambiente que contribuyó a la reactivación de los movimientos sociales de Honduras. La investigación documenta la participación de Cáceres en el FMLN en El Salvador, su resistencia contra las reformas neoliberales y su protesta por el golpe de Estado de 2009 contra el ex presidente Zelaya. El libro profundiza en los detalles de su asesinato a sangre fría, y en el largo y complicado proceso que siguió.

Deshacer un nudo gordiano

En la única entrevista que Nina Lakhani tuvo con Cáceres en la casa de su madre en el 2013, esta última dejó claro que ella era un objetivo. Le dijo a Lakhani que sabía que era vulnerable. “Cuando quieran matarme, lo harán”.

Las amenazas y el acoso eran comunes en los años anteriores a su muerte. Sin embargo, Cáceres superó sus temores y continuó movilizando a su comunidad contra quienes pretendían expropiar y destruir sus tierras y aguas, en flagrante desprecio del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El libro de Lakhani desata meticulosamente un nudo gordiano de corrupción, impunidad y violencia, para mostrar cómo la lucha contra la presa está profundamente arraigada en la dinámica histórica de poder en Honduras.

Detalla la participación de las élites económicas hondureñas, instituciones internacionales como el Grupo del Banco Mundial, políticos de alto rango, violentos traficantes de drogas y sicarios, y el ejército de los Estados Unidos, en tratos turbios que consolidan el poder y el dinero en manos de unos pocos.

La lucha de Cáceres por el territorio de su comunidad implicaba necesariamente luchar contra estos poderosos actores. De hecho, como un entrevistado le dijo a Lakhani: “Berta era inaceptable para las élites cuyo poder desafiaba.”

Informar con integridad

El libro está escrito con esmero; el reportaje de Lakhani incluye las voces de un largo elenco de personajes, desde una campesina  hasta el presidente derrocado Manuel Zelaya, pasando por lxs amigxs y colegas activistas de Berta, hasta los hombres acusados de su asesinato.

En 2016, Lakhani publicó un artículo en The Guardian en el que exponía que el nombre de Cáceres había estado en la lista de éxitos de una unidad militar hondureña entrenada por las fuerzas especiales estadounidenses. El ministro de defensa hondureño hizo pública su foto, acusándola de difamar falsamente a los militares, y el embajador hondureño en Londres pidió oficialmente una retractación de la historia. El embajador de los Estados Unidos en Honduras tomó medidas para desacreditarla, en particular en la medida en que su historia vinculaba a los asesinos de Cáceres con los entrenamientos militares de los Estados Unidos.

En 2018, mientras informaba sobre el juicio – la única periodista extranjera que lo hacía – fue acusada falsa y públicamente de tener vínculos con conocidos narcotraficantes y grupos paramilitares, y de “utilizar a la periodista como fachada para incitar a la insurgencia violenta y ayudar al crimen organizado”.

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y para las mujeres. Por lo tanto, este libro sirve como testimonio del compromiso de Lakhani de decir la verdad al poder, a pesar de los riesgos personales que tuvo que correr para hacerlo.

¿Qué nos dice este libro sobre la justicia ambiental?

Un hilo que recorrió todo el libro, tejiendo décadas de historia, es la cuestión de la justicia.

En diciembre de 2018, un tribunal hondureño dictaminó que el asesinato de Cáceres había sido ordenado por ejecutivos de DESA – la empresa de la presa contra la que luchaba Berta cuando fue asesinada – debido a las pérdidas que el proyecto había sufrido a causa de las protestas de COPINH.

El libro termina con siete hombres acusados y sentenciados por su participación en su asesinato. A lo largo del libro, sin embargo, Lakhani nos hace una importante pregunta sobre si se hizo o no justicia. Desde el asesinato de Cáceres, al menos otros veinticuatro activistas por los derechos de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras. La corrupción continúa, el poder corporativo no tiene límites y reina la impunidad.

Es importante destacar que el libro no se centra en Cáceres en cuanto a su singular identidad como defensora del medio ambiente. Más bien, Lakhani tiene claro que su posición como mujer y como indígena fue un factor importante en su asesinato. A pesar de las amenazas de muerte y el acoso sexual, Cáceres se negó a guardar silencio. En un país gobernado por las reglas del machismo, esta no es una manera aceptable de comportarse para una mujer, llevando a una de sus amigas más cercanas a categorizar su asesinato como un “feminicidio político”.

La cuestión de la justicia – para lxs defensores del medio ambiente, para las mujeres y para lxs indígenas – está vinculada a la cuestión del poder: “la verdad requiere coraje… y el verdadero coraje significa luchar a pesar de los propios temores”.

Al subir al estrado después del juicio, las hijas de Berta Cáceres destacan cómo sigue la lucha de su madre y cómo nos corresponde a todas continuar la lucha de Berta por un mundo más verdadero, justo y digno. Al escribir este libro, Lakhani ha contribuido significativamente a este objetivo.

Presentación del libro: Who Killed Berta Cáceres: Dams, Death Squads, and an Indigenous Defender’s Battle for the Planet, Nina Lakhani (Verso, 2020), está disponible a partir del 2 de junio.

*Publicada originalmente en openDemocracy

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Por Camila Parodi y Zoe PC Foto Copinh

En el día de hoy se conocerá la sentencia que señalará la culpabilidad de siete de las personas que estuvieron implicadas en el asesinato de la defensora de los ríos Berta Cáceres. Entre ellos se encuentra un empleado y ex empleado de la empresa hidroeléctrica DESA, como así también miembros de las Fueras Armadas de Honduras activos hace un año. Por su parte el Tribunal ya declaró que los ejecutivos de DESA conocían y dieron su consentimiento para asesinar Berta e hicieron referencia a otras personas participantes en el crimen. En ese sentido, desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización lenca a la que pertenecía Berta Cáceres y desde la que se sostiene el proceso de búsqueda de justicia integral, se espera que la sentencia escrita contenga lo dicho en este fallo. Se entiende que el Tribunal tiene la responsabilidad ahora de ordenar más investigaciones y diligencias para capturar los autores intelectuales.

Durante la sentencia, el Tribunal deberá individualizar la responsabilidad de cada una de las personas condenadas, como así también ordenar nuevas investigaciones sobre el hecho que se esclareció en el debate oral y público. De forma tal que esto incluye otros actores que ordenaron y pagaron por su asesinato. Si bien desde el Ministerio Público se ha anunciado públicamente en repetidas ocasiones que siguen investigando el caso, hasta la fecha, no se han realizado más órdenes de captura por la autoría intelectual, aparte de David Castillo, quien lleva más de un años y medio en prisión preventiva, sin que avance su caso a la etapa de juicio.

En diálogo con Peoples Dispatch y Marcha, Bertha Zúniga, la actual coordinadora del Copinh, e hija de Berta Cáceres, reflexiona sobre esta nueva jornada de juicio y sus posibles desenlaces.

¿Porque es importante esta sentencia para el Copinh?

La importancia de esta sentencia es que dentro de la misma y sobre todo no solo se señala la culpabilidad de personas que estuvieron vinculadas con el hecho del asesinato, o sea los ejecutores materiales. Expresa que ese hecho tenía que ver con los intereses de la empresa DESA, del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y que hubo una orden desde ese lugar hacia esas personas que simplemente fueron peones o personas contratadas y que además Berta Cáceres fue asesinada por su lucha. Entonces eso es la importancia de esta sentencia, que no solamente juzga a esas siete personas sino que también abre la puerta hacia otras responsabilidades dentro de la empresa. Y que entonces el Estado tiene que comprometerse a seguir en esta línea y no cerrar el caso solo por dar algún tipo de resultado después de casi cuatro años de estas exigiendo que alguien se reduzca responsabilidad o a algunas personas o a algún estructura criminal se le reduzca responsabilidad por este hecho tan trágico.

¿Por qué consideran que demoró tanto en salir la sentencia?

Demoró porque supuestamente se escudaron en algunos amparos, pero realmente porque en todo ese proceso ha habido una serie de irregularidades e irrespeto incluso a los plazos que están establecidos en la ley hondureña,  que simplemente están yendo en contra del camino de la justicia y a favor de la impunidad. Nosotros recordamos que este camino no ha terminado aquí sino que hay una deuda inmensa con la justicia verdadera y que retrasar el proceso y dilatarlo ha sido la estrategia del Estado para quitarle presión por la causa a la justicia. Entonces esas son parte de las irregularidades del proceso, de no aceptación de prueba, de no inclusión de algunos peritajes, que van más allá de los autores materiales, y que amarran este hecho de los autores materiales con esa voluntad política de esta estructura criminal de asesinar a Berta Cáceres y asesinar su lucha.

¿Cómo continúa la causa ahora respecto a la captura de los autores intelectuales?

Solo hay un caso abierto,  que también ha sido bastante retrasado, el de David Castillo, el presidente de la empresa. Sin embargo, siempre decimos que David Castillo es el lado más débil dentro de los intereses que tomaron la decisión y apoyaron económicamente para que este hecho se materializara,  por eso es una de nuestras peticiones y exigencias es la captura de los máximos responsables, de los que ya se ven algunas pruebas y de los que se ha podido determinar algún tipo de participación, con nombres y que papel jugaban dentro de la estructura criminal.

El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras anunció que dará lectura a la sentencia hoy a la 1:30, hora de Honduras. El Copinh llama a una concentración en las afueras del Tribunal para exigir una vez más justicia verdadera para Berta.

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