Cinco varones fueron investigados por el asesinato de la joven de Martín Coronado, provincia de Buenos Aires, pero sólo uno de ellos será llevado a juicio oral. El abogado querellante remarcó la falta de elementos probatorios en torno al resto de los imputados y puso en duda las declaraciones de M. Organizaciones de mujeres acompañan a la muchacha que apareció cómo “testigo clave” y que hoy está en el centro de la escena.

El jueves 19 de noviembre se confirmó que Joel Fernández, hoy de 20 años, será llevado a juicio por el feminicidio de Melina Romero. La caratula con la que el juez de Garantías de San Martín, Mariano Porto, elevó la causa es la de “homicidio doblemente calificado por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas, violación seguida de muerte y privación de la libertad agravada por resultado muerte”. Fernández podría ser condenado a prisión perpetua.

Melina desapareció el 23 de agosto de 2014 luego de salir del boliche Chankanab al que había ido a festejar su cumpleaños. Su cuerpo apareció un mes después en un arroyo, envuelto en bolsas de residuos. Durante el período de búsqueda apareció una testigo clave (M) quien aseguró haber estado en un encuentro en el que circularon drogas y alcohol y en el que Melina había sido golpeada luego de negarse a tener relaciones sexuales con varias personas. A raíz de este testimonio se produjeron las detenciones de tres varones adultos, quienes fueron sobreseídos.

En diálogo con la agencia de noticias Comunicar Igualdad Marcelo Biondi, abogado querellante en representación de la familia de Melina, quien afirmó que por las declaraciones testimoniales, las pericias y otras medidas realizadas durante el proceso investigativo, “sólo hay elementos para llevar a juicio a Joel Fernández, por lo que no voy a apelar el sobreseimiento del resto de los imputados”. Remarcó que “de toda la prueba colectada y con la declaración de los médicos, se pudo dejar en claro que nos encontrábamos ante un hecho homicida –lo que  había sido puesto en duda por la Cámara de Garantías de San Martin en diciembre del año pasado cuando resuelve la falta de mérito de los imputados – y que la muerte de Melina se produce por un infarto agudo de miocardio producido por una situación de extremo stress anterior”.

Vale mencionar que Fernández había sido el primer detenido en la causa. Para Biondi no quedan dudas de su participación: “Las personas que estuvieron con Joel manifestaron que éste les había realizado una descripción clara de cómo había sido el hecho en el que había participado, como había sido la muerte de Melina con sometimiento sexual después de una reunión y una negativa de ella, que se la termina golpeando hasta dejarla inconsciente y posteriormente se descarta el cuerpo”.

Además de los tres mayores, estuvo imputado también un menor de edad respecto al que el fiscal de menores pidió el sobreseimiento, medida que fue avalada por el fiscal de cámara y por el mismo Biondi: “No pedimos la requisitoria de elevación a juicio porque consideramos que la prueba que se había colectado no alcanzaba y no nos daba para llevar a ese imputado a juicio oral”. Para el querellante está claro que del hecho participaron más de dos personas, mínimo tres, pero considera que “la justicia debe seguir investigando y buscándolos”. Con esto puso en duda el testimonio de la joven M, a partir del cual se habían producido en su momento el resto de las detenciones: “Lo vengo definiendo desde hace unos 60 días a la fecha y se lo he comentado a Ana María, la mamá de Melina: Joel Fernández tiene un compromiso procesal claro con la causa y participó del homicidios de Melina y creo que respecto de la testigo presencial – que es M.C- en el juicio oral vamos a poder develar si es un testimonio creíble o si sus dichos tienen por objeto favorecer a quien era su amigo de la infancia que es el primer detenido, porque da la casualidad que no se pudo acreditar ninguna participación de las personas que señaló”.

Organizaciones de mujeres que acompañan a la testigo protegida prefirieron no hacer declaraciones a Comunicar Igualdad, señalando que la causa se encuentra en un momento complejo y que priorizan la integridad de M. Hay que recordar que en marzo de este año fue asesinado Martin Piquar, uno de los efectivos policiales que había sido designado cómo custodio de la testigo. El crimen del policía ocurrió frente a la casa de M y, pocos días después, fue baleada la vivienda de Marta Nuñez, otra de las oficiales encargada de la protección de la joven.

“Creo que tenemos una persona que participó en el hecho  pero que la justicia tiene que seguir investigando porque hay personas que evidentemente han participado y no han sido encontradas todavía”, enfatizó Biondi.  “Acá está claro que hubo un homicidio agravado por femicidio y por la participación de más de dos personas, el tema es que a raíz de que es una causa compleja, con un cuerpo que aparece en un estado putrefacto a más de 30 días del fallecimiento, ha dificultado mucho la investigación”. Sobre el testimonio de M., concluyó señalando que “tenemos que corroborar bien la veracidad de sus dichos y la mejor situación va a ser el juicio oral”.

Joel Fernández es el único imputado que queda del crimen de Melina, y el único hasta el momento que será llevado a juicio. Las audiencias se realizarán el próximo año, mientras que la justicia sigue buscando a los otros partícipes del femicidio de la joven de Martín Coronado. De ser encontrado culpable, Joel podría recibir la pena máxima de prisión perpetua.

*Periodista de la agencia de noticias Comunicar Igualdad de donde es originaria la nota

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A partir de la publicación del monitoreo de medios “Ellas tienen derechos” de la asociación civil Comunicación para la Igualdad, actualizamos las situaciones judiciales de la búsqueda del esclarecimiento de los femicidios de Ángeles Rawson, Melina Romero y Lola Chomnalez. Historias paradigmáticas que bien podrían merecer investigaciones y penas ejemplificadoras.

En septiembre de 2015, el portero Jorge Mangeri fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de la joven del barrio porteño de Palermo. La sentencia indicaba que el portero llevó a Ángeles con engaños a algún sitio dentro del edificio en el que vivía, allí quiso atacarla sexualmente y, ante la resistencia, terminó ahorcándola. El fallo fue apelado por el abogado defensor, quien reclamó para Mangeri el beneficio de la duda, y por tanto la sentencia aún no está firme.

“No tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi“, esas fueron las palabras que Jorge Mangeri eligió decir antes de que se conociera la sentencia en el juicio que se realizó en su contra por el feminicidio de Ángeles Rawson.  Eligió llamarla por su apodo, casi como una burla ante los oídos de la familia de la joven que se encontraban en la sala de audiencia. La condena: prisión perpetua por ser “penalmente responsable de los delitos de femicidio en concurso ideal con los delitos de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y homicidio agravado por su comisión criminis causae”.

La sentencia contra el portero del edificio donde vivía la joven se conoció el 15 de septiembre pasado y fue casi un cierre para uno de los casos de femicidio adolescente más difundidos por los medios nacionales. Durante el juicio que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal 9 –integrado por Fernando Ramírez, Ana Dieta de Herrero y Jorge Gettas- quedó en evidencia que Mangeri (de 47 años) había matado a la muchacha para ocultar el intento de abuso sexual.

Comunicar Igualdad mantuvo un breve diálogo con Pablo Lanusse, abogado querellante en la causa en representación del padre de Ángeles, Franklin Rawson. Al ser consultado acerca de la importancia de haber llegado a una condena en este hecho, y el precedente que sienta para la justicia, el letrado prefirió no hacer declaraciones. “Prefiero no emitir valoraciones hasta tanto la sentencia quede firme”, indicó. Hace tiempo también que ni Franklin, ni Jimena Anduriz –mamá de Ángeles- hacen más declaraciones a la prensa… Quizás en busca de la calma que les falta desde la pérdida de su hija.

Ángeles Rawson tenía apenas 16 años cuando despareció en junio de 2013 cuando volvía de una clase de gimnasia en el barrio porteño de Palermo. Su búsqueda fue intensa, pero breve. El cuerpo de la joven fue hallado en las cintas de separación de residuos del predio del Ceamse, ubicado de José León Suárez.

Durante los días posteriores al feminicidio, los medios de comunicación hegemónicos –cubriéndose detrás de fuentes judiciales y policiales- se encargaron de desparramar sospechas sobre la familia: primero sobre el padrastro, luego sobre uno de los hermanos… Pero apenas cinco días más tarde llegó la propia confesión del portero: “Yo la maté, soy culpable”.  Mangeri estuvo preso hasta el día del juicio, y se fue del mismo en iguales condiciones. Pese a su declaración inicial y lejana, durante todo el juicio sostuvo su inocencia… Lo hizo hasta el final, hasta animarse a llamar a Ángeles por su apodo.

Para el Tribunal, el portero llevó a la joven con engaños a algún sitio dentro del edificio en el que vivía (no se pudo determinar con certeza cuál). Allí quiso atacarla sexualmente pero ella se resistió por lo que el femicida terminó ahorcándola; la autopsia reveló lesiones paragenitales en una rodilla, en la ingle y en la cara interna de los muslos.  Durante el ataque mortal, Mangeri le fracturó cinco costillas, la clavícula y una vértebra. Luego descartó su cuerpo en una bolsa de residuos. Así mató a Ángeles, que sólo tenía 16 años.

Sentencia apelada

Adrián Tenca, responsable de la defensa de Jorge Mangeri, apeló a fines de septiembre la condena a perpetua y reclamó la absolución por el beneficio de la duda. El abogado pidió que se declare nula la revisión corporal a la que fue sometido su defendido en la fiscalía la noche de su detención –tal como lo había hecho en las audiencias del juicio oral-, los actos procesales posteriores a eso, así como la nulidad de los estudios de ADN. Sobre el primer punto cuestionó cuando la fiscal de instrucción Paula Asaro le tomó declaración por primera vez a Mangeri y le pidió que exhibiera el torso, no fue porque el hombre había relatado que había sufrido “apremios ilegales”, sino porque “sospechaba de él”.

Asimismo, Tenca consideró que no hubo abuso sexual, por lo que no se trató de un homicidio agravado por críminis causa (ocultamiento del delito) y cuestionó en ese marco que se haya configurado el delito de “femicidio“. De prosperar en ese planteo, la acusación quedaría reducida a “homicidio simple”, que tiene una pena mínima de 8 años de cárcel. La resolución final está ahora en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones.

*Periodista de la agencia de noticias Comunicar Igualdad de donde es originaria la nota

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