Por: Mario Hernández Foto: Venceremos

CANALE, se constituyó cooperativa COTRAMEL  

El pasado sábado 9 de marzo, con un acto realizado en la puerta de la fábrica CANALE de Llavallol, dieron por finalizado el acampe de 130 días. Las y los trabajadores esperan que la justicia dictamine la quiebra, para proceder a la recuperación de esa fuente de trabajo. Entre su personal algunos/as de más de 30 años de antigüedad en una empresa con 80 años de antigüedad.

Sus trabajadoras y trabajadoras ya han constituido la cooperativa COTRAMEL – Cooperativa de Trabajo Metalúrgica de Llavallol, que ya está matriculada en el INAES.

Nicolás Macchi, delegado y actual presidente de COTRAMEL, en el acto expresó, “130 días de una lucha estoica de los (y las) trabajadores metalúrgicos de CANALE Llavallol, mis compañeros. El trabajo dignifica y acá vamos a seguir trabajando, de acá no nos mueve nadie”.

También se refirió al proceso de vaciamiento que llevó adelante el presidente de CANALE, Camilo Carballo, también vicepresidente de la COPAL. La planta de Llavallol es parte de un grupo empresario con plantas repartidas en todo el país que fueron cerrando o disminuyendo sus operaciones desde hace cinco años aproximadamente.

Mientras están a la espera de la decisión del juzgado comercial de Catamarca, las y los trabajadores fueron hasta allí para hablar con el síndico y los jueces y lograron obtener la custodia de las máquinas y el predio. Están a un paso de recuperar la empresa. “A partir del lunes 11 (de marzo) volvemos a ingresar a la fábrica para empezar un plan integral de mantenimiento a la espera de la resolución del juzgado y a volver a trabajar como Dios manda”, afirmó Macchi.

Y dejó un mensaje hacia delante: “Ojalá nuestra lucha sirva de referencia, sea un faro para muchos trabajadores y trabajadoras, que sepan que acá hay un lugar, un grupo de compañeros honestos y luchadores que los van a recibir con los brazos abiertos, sin importar de qué palo sean”.

Cabe destacar el trabajo de la Comisión de Mujeres de CANALE que fue un eje de la lucha, tal como ocurre en cada recuperación de empresa o lucha obrera contra los despidos.

Sport Tech, conforman la Cooperativa Textil 8 de enero

El 8 de enero fue el día en que comenzó el conflicto y la ocupación pacífica de la fábrica Sport Tech contra el cierre y por el pago de los salarios adeudados a sus 120 trabajadores y trabajadoras organizadas en el Sindicato Único de Costureros y Empleados del Vestido (SUCEV).

Después de casi un mes de ocupación pacífica, numerosas audiencias en la Secretaría de Trabajo de San Martín y una fuerte presión ejercida a través de la movilización popular, la asamblea de trabajadores y trabajadoras de Sport Tech definió la conformación de la Cooperativa Textil 8 de Enero.

Mientras las marcas Adidas, Puma y Nike se hicieron eco de la demanda popular y efectuaron depósitos para saldar la deuda con los trabajadores y trabajadoras, la Justicia determinó la quiebra de la empresa, favoreciendo una vez más a la patronal que adeuda dos meses de salarios, bono de fin de año y aguinaldo.

Finalmente las y los trabajadores consiguieron que se les pague parte de la deuda y, en asamblea, resolvieron la conformación de una cooperativa textil: “Esto es gracias a la organización que logramos en el SUCEV y con la CTA Autónoma. La burocracia sindical nos mandaba a nuestras casas, y nosotros decidimos tomar la fábrica, e ir a las audiencias junto con la CTA Autónoma”, explicaron las y los trabajadores.

Más recuperadas

• Los y las trabajadoras de la Cooperativa Gráfica El Registro (ex Pellerano) fueron desalojados, el viernes 29 de marzo, por oficiales de fuerzas de seguridad a partir de una orden judicial que dictamina la “restitución del inmueble a sus propietarios”.

La cooperativa de trabajo se había formado en noviembre de 2017, luego de que la empresa presentara la quiebra. Trabaja hace más de un año a partir de un fallo, del juzgado comercial Nº 2 a cargo del juez Hernán Segnaris, que les dio la continuidad laboral a los trabajadores.

La Cooperativa exigió que si ellos no van a poder ingresar que tampoco lo hagan los ex dueños, por el peligro de robo o roturas de máquinas por lo que se acordó que haya una custodia policial hasta el lunes 1º de abril para garantizar que nadie entre al taller.

Con un gran apoyo sindical y de organizaciones locales los gráficos de la Ex Pellerano encararon un fin de semana de acampe frente al taller.

• Los y las trabajadoras del Diario El Patagónico, de Comodoro Rivadavia (Chubut), realizaron un “desayunazo” el viernes 29. Después de un año y tres meses del intento de vaciamiento del medio de comunicación, un grupo de 50 trabajadores sostiene las fuentes de trabajo y la circulación del diario en la calle como así también en el ámbito virtual a través de El Patagónico web. Esperan una resolución al conflicto que los mantiene sin poder regularizar el pago de salarios y cargas sociales.
• Cumplidos los plazos legales, y con las presentaciones correspondientes realizadas a la justicia por parte de la cooperativa, el 1º de abril las y los trabajadores de Roux Ocefa se movilizaron nuevamente al Juzgado Nº 16 exigiendo la continuidad laboral. Ahora queda esperar que el juez vuelva a recibir el expediente para decidir si aprueba o no la continuidad.

Hace casi 3 años que las y los trabajadores del laboratorio están en conflicto y llevan ya 6 meses ocupando la planta para impedir que completen el vaciamiento iniciado por los dueños originales. Después de haber lidiado con diferentes patronales que sólo perseguían intereses individuales, consiguieron apropiarse de la fábrica y acondicionarla. Si bien los papeles están en regla y los requisitos cumplidos, todavía les faltan las habilitaciones de la ANMAT para empezar a producir.

• En una conferencia de prensa el viernes 29 de marzo frente a los portones de la fábrica,  las y los obreros de Cerámicas Neuquén, acompañados por familias y distintas organizaciones anunciaron desarrollar una gran campaña contra el remate, debido a la grave crisis que atraviesan y en defensa de las gestiones obreras ceramistas.

Sindicatos, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, estudiantiles y de artistas, manifestaron su solidaridad activa en defensa de los puestos de trabajo y contra un eventual desalojo de Cerámica Neuquén.

Entre las primeras resoluciones se acordó desarrollar una gran campaña contra el remate de Cerámica Neuquén y se realizó una actividad de difusión en el trueque del oeste de la ciudad, mientras que el lunes hubo una volanteada en el parque industrial.

El miércoles 3 de abril marcharon desde el monumento a San Martín hacia la Casa de Gobierno para exigir la continuidad de los puestos de trabajo y por la situación de las fábricas ceramistas.

• La Cooperativa de Trabajo Talleres Junín (Cottaj) dejó de producir el lunes 25 de marzo por dificultades económicas y de acceso a licitaciones acordes al esquema de la empresa.

El cierre por tiempo indeterminado se definió con el objetivo de “ahorrar energía” ya que “el costo es muy grande” e injustificado mientras no haya demanda.

“Hace 25 años que tenemos estos problemas en las cooperativas, pero los últimos años nos mató el aumento de las tarifas. Hoy por hoy, nosotros estamos trabajando para Belgrano Cargas Logística. Su forma de trabajar no es buena para las cooperativas. Hace falta un capital financiero para arrancar que es complicadísimo”, explicó Pedro Rodríguez.

Agregó la dificultad que además implican las altas tasas de interés como la sustentabilidad. “A la cooperativa nadie le va a dar un crédito por 100.000 dólares, como necesitaríamos para esas licitaciones. Queremos licitaciones más chicas. El último trabajo lo realizamos a fines de diciembre, y en una cooperativa, cuando no facturás, sos boleta”, concluyó.

Bauen

Las y los trabajadores del hotel Bauen, ícono del movimiento de empresas recuperadas, sufrieron un importante revés judicial, unos días antes de que empezara la feria judicial, el 26 de diciembre del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazara la presentación del recurso. “Lo que pensamos hacer en el plano jurídico es elaborar una denuncia contra la sentencia de la Corte en el marco de tribunales internacionales” comentó Ataliva Dinani, abogado del Bauen. “Actualmente nos encontramos abocados a estudiar si vamos a hacer una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y por su intermedio ante la ONU”.

Sus asociados/as buscarían así la tutela efectiva del derecho al trabajo, “conculcado y violado no solo por el ex empleador, sino también avalado judicialmente por el fallo, que no quiere decir que sea legítimo, por más que tenga la forma legal”.

La cooperativa se formó en marzo de 2003, el mismo mes en el que fueron recuperadas las instalaciones por un pequeño grupo de entre 20 y 30 fundadores. En este momento ocupa 90 trabajadores y trabajadoras, que llegó a tener 130.

Fuentes: Radio Gráfica, Anred, Secretaría de Comunicación de la CTA-A Provincia de Buenos Aires, Resumen Latinoamericano y La Izquierda Diario.

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El gobierno avanza con la flexibilización laboral a pesar de finalizar un año intenso de protestas, cierres, despidos y huelgas de distintos gremios.

Sobre el final del año el Gobierno busca recuperar la iniciativa política ante una conflictividad extendida, pero disgregada, condicionada por la contención burocrática y el 2019.

En un año cargado de protestas contra cierres y despidos, con huelgas recurrentes de docentes, estatales y trabajadores de la salud,  teñido de verde por el movimiento de mujeres y con el anuncio de brutales tarifazos, la mayoría de los actores gremiales, sociales y políticos trabajaron para evitar un nuevo diciembre caliente.

Los niveles de crisis y descomposición del tejido social aún no han alcanzado los niveles que precedieron al estallido del 2001.Los sectores más bajos de la clase trabajadora están más organizados pero al mismo tiempo más institucionalizados y contenidos por lo que Luisina Perelmiter denomina una “burocracia plebeya”. De todos modos, la responsabilidad principal es la de la CGT. Aunque ambas apuestan al objetivo electoral futuro sacrificando la acción del presente.

Patronal al gobierno

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dejó claro esta semana que Macri quiere avanzar con la flexibilización laboral.

“Vamos a impulsar la reforma laboral. Continuaremos con el diálogo con la CGT y con los sectores empresariales para bajar los costos extra salariales que nos quitan competitividad”, dijo Sica. Como si estuviera repitiendo un guión redactado por la UIA,  dijo que “hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que terminan impidiendo las nuevas formas de contratación”.

También Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre y uno de los empresarios favoritos de Mauricio Macri, salió a respaldar la iniciativa de Cambiemos de relanzar la reforma laboral que se explicitó en las últimas horas.

Además señaló que “los países vecinos y socios comerciales, tienen un marco laboral absolutamente moderno. Cuando un inversor decide dónde poner su fábrica, en Brasil, Argentina o Chile, y compara esos marcos, tenemos muy pocas posibilidades de ganar esa competencia”.

En un reciente informe de Orlando Ferreres & Asociados elogia la reforma laboral brasileña basada en la “libertad de contratación” (acuerdos entre empleador y trabajador, en desmedro de los convenios colectivos), la reducción en la “indemnización por despido en un 30%”, y “la incorporación de autónomos que no impliquen una relación de dependencia”, entre otros puntos.

Como toda flexibilización, el objetivo final no es mejorar la situación laboral sino ejercer presión para la baja de los salarios (amenaza de desempleo mediante) y de otros costos como el de despido.

Al respecto, el FMI sostuvo que: “La agenda de reformas estructurales continúa […] Las prioridades incluyen un sistema tributario menos distorsivo, un sistema de regulaciones del mercado laboral más balanceado […], menos barreras al comercio y a la inversión extranjera”.

Es decir, el FMI brinda oxígeno durante 2019 para que el Gobierno intente generar un consenso que le permita ganar las elecciones y después ir a fondo con las reformas estructurales pendientes de acuerdo a los ajustadores.

Conflictividad laboral

Después de 24 días de huelga y 23 de ocupación de la planta Interpack,  en rechazo al despido de once trabajadores, la Secretaría de Trabajo dictó una resolución de “Conciliación Obligatoria”.

El dictamen, firmado por la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mercedes Gadea,  en otro claro gesto político contra las luchas obreras,  estableció la legitimidad de los despidos injustificados e ilegales del Grupo Zupan e intimó al sindicato, y a los trabajadores, a deponer las medida de acción directa y a prestar tareas con normalidad, bajo apercibimiento de aplicar todo tipo de sanciones.

La Comisión Interna de Interpack y la Federación Gráfica Bonaerense rechazaron formalmente la resolución y, en una importante asamblea realizada en la planta, el conjunto de las y los trabajadores resolvieron,  por unanimidad, continuar con el plan de lucha con la ocupación de la planta.

El pasado jueves 27 una delegación de diputados nacionales, provinciales y organismos de Derechos Humanos, se entrevistaron con la fiscal a cargo de UFI 6, para rechazar la pretensión de la empresa de transformar este conflicto laboral en una cuestión penal, ya que han interpuesto una denuncia por “usurpación”, absolutamente falaz.

A pocos días de retomar sus actividades laborales,  luego de haber cobrado parte de la deuda salarial que reclamaban, los trabajadores de Industrias Agrícolas Rosario SA (IARSA) de Casilda (Santa Fe) iniciaron una nueva medida de fuerza porque aún no percibieron el resto de las remuneraciones atrasadas.

Una situación similar atraviesan los y las trabajadoras de la fábrica Marani aunque, que estuvo también paralizada por la falta de pago de salarios y aunque ahora se mantiene en actividad, continúan los atrasos salariales.

El panorama no es menos preocupante, también en Casilda,  en la industria de sembradoras y herramientas manuales de ferretería, Gherardi SA, donde si bien los obreros están trabajando con jornadas reducidas, siguen con dificultades para percibir sus haberes.

La problemática de este establecimiento metalúrgico es la que mayor intranquilidad genera en la comunidad ya que se trata de la principal empleadora de la ciudad en el sector privado.

“La situación de las empresas metalúrgicas de Casilda es similar a lo que sucede con la Pymes de Firmat”, dijo Morinigo, dirigente de la UOM local, y apuntó fundamentalmente contra “las políticas económicas del gobierno nacional que no ayudan a la industria nacional ni al empleo”.

Trabajadores de Coca-Cola Femsa iniciaron un paro de actividades, con el objetivo de reclamar que la multinacional devuelva “las tareas perdidas en manos de la reventa y de cadenas de hipermercados que operan como centros de distribución”.

La medida busca que “de una vez por todas los afiliados recuperen parte del salario perdido”, según un comunicado que dio a conocer el secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano.

Miguel Herrera, titular de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), manifestó su preocupación por las más de 30 empresas de Córdoba, que desde el 1º de enero quedarán sin el subsidio de la Nación, por lo que peligran 1.500 puestos de trabajo.

Desde la Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) sostienen que es “arbitrario y discriminatorio” el trato de la Provincia para con las empresas de más de 60 kilómetros, que ya no tendrán subsidios nacionales, e indican que 300 localidades quedarán sin servicio.

En las últimas horas del jueves 27, se conoció que nuevos despidos afectarían a trabajadores de Fabricaciones Militares,  en las distintas plantas del país. La noticia fue confirmada por los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado Villa María, en una conferencia de prensa. Suman 60 cesanteados que se conocieron a través de una comunicación interna del interventor del organismo.

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, firmó con la Administración General de Puertos (AGP) que preside Gonzalo Mórtola, una cláusula anti despidos, que garantiza los puestos de trabajo durante 20 meses ante la licitación del Puerto de Buenos Aires.

Con respaldo de la CATT, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la CTA Autónoma, los y las trabajadoras de aeronavegantes movilizaron al Ministerio de Transporte para expresar su rechazo a la política aerocomercial del Gobierno.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) exigió resolver conflictos paritarios en Aerolíneas Argentinas y Austral, en medio de la conciliación obligatoria que sigue rigiendo y evitó un paro de 24 horas convocado para el jueves.

“El Gobierno apoya a las empresas de capitales extranjeros y las subsidia, que si bien es cierto que crean puestos de trabajo, son puestos precarizados, donde no hay convenios y no cumplen con la ley”, se quejó el secretario general Juan Pablo Brey sobre la política oficial para el sector.

Y agregó: “Lo que no cuentan es lo que pasa con Andes, Aerolíneas, Austral, Avianca y otras, que nos prometieron que iban a crecer y ahora están devolviendo aviones”.

“Nosotros y nosotras ya expusimos los problemas que vivimos en las asambleas que llevamos a cabo en Aeroparque el 2, 16 y 27 de noviembre, pero no tuvimos respuestas. Acá no están en juego los privilegios de los sindicatos, sino la soberanía de nuestros cielos ante un gobierno que viene a entregarlo todo”, completó.

Bauen, nueva orden de desalojo

El Consejo de Administración de la Cooperativa Hotel Bauen comunicó que este viernes 28 de diciembre, último día hábil del año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario que presentaron hace un año y medio. Esto implica que, notificación mediante a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado Comercial que lleva la causa, podría volver a dictarse una nueva orden de desalojo.

La cooperativa había presentado el recurso ante el Máximo Tribunal sosteniendo que la Constitución Nacional no prevé un plazo para que el Congreso pueda insistir con una norma aprobada por el Parlamento y después vetada por el Presidente.

En diciembre de 2016 el Senado votaba la expropiación del Hotel Bauen después de 15 años de lucha ininterrumpida, que fue vetada por Mauricio Macri. Esto fue la condición necesaria para que en marzo de 2017 la jueza María Paula Hualde ordenara la “restitución” del edificio a sus antiguos dueños de la empresa Mercoteles, estableciendo como fecha límite el día 19 de abril.

La misma llegó a solicitar al jefe de Gabinete “el apoyo de las fuerzas de seguridad” para realizar el desalojo, que finalmente fue suspendido tras una gran campaña de solidaridad y apoyo hacia la gestión de sus trabajadores y trabajadoras,  que incluyó a cientos de personalidades políticas, organizaciones de Derechos Humanos y sociales.

Los y las trabajadoras del Bauen consiguieron a través del recurso de insistencia que se mantuviera su estado parlamentario durante dos años, y al finalizar la Corte declaró abstracto el recurso, si bien curiosamente no objetó la argumentación.

“Por ahora tenemos que esperar que termine la feria judicial y ver qué pasos da el juzgado de primera instancia”, dijo Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa. “No descartamos ir a la Corte Interamericana”, agregó.

“Nosotros consideramos que el Bauen es del Estado por las deudas que había dejado la gestión empresarial. Sobre esa base, el Congreso declaró de utilidad pública el edificio. Eso vetó Macri. En el edificio además funcionan varias cooperativas, como la de trabajo Dignidad y El Descubridor, que preside el actor Manuel Callau. Con ellos firmamos un convenio para utilizar y relanzar el auditorio del edificio”, explicó Tonarelli, lo que pone en evidencia el cumplimiento del criterio de utilidad pública de la Ley,  aprobada por el Congreso,  que fuera vetada por Macri.

Tonarelli agradeció las muestras de solidaridad de distintas organizaciones y personalidades que ya se han puesto en contacto y anticipó que irán informando los pasos a seguir para enfrentar este nuevo ataque judicial.

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Hoy, jueves 10 de agosto, uno de los mayores símbolos de la resistencia del movimiento de empresas recuperadas, agotadas las instancias judiciales, recibirá una fecha de desalojo definitiva.

Al respecto señaló Federico Tonarelli, vicepresidente de la Cooperativa del Hotel Bauen en una reciente entrevista concedida a La Tinta que: “La situación actual es irreversible con relación al litigio por la propiedad del edificio. La justicia determinó que la propiedad del edificio es de la empresa MERCOTELES S.A. y dictaminó el desalojo de la Cooperativa. El interés es puramente económico de parte de la empresa MERCOTELES y el grupo BAUEN. Hablamos de una propiedad de 20 pisos y 15.000 mts2 en pleno centro de la Ciudad. El Estado es responsable desde 1977 hasta la fecha. El hotel fue construido por el grupo BAUEN (actualmente MERCOTELES S.A.) con préstamos hipotecarios otorgados por el ex Banco Nacional de Desarrollo -BANADE- en plena dictadura militar. Esos préstamos jamás fueron cancelados y ya pasaron 40 años. Dichos préstamos fueron a parar a la cartera de incobrables del banco y siendo un banco público (desaparecido en los 90), la responsabilidad es sin dudas del Estado. Con relación a los gobiernos, también existe responsabilidad en cuanto a la situación actual de la cooperativa. Al gobierno anterior le reclamamos durante años la sanción de la ley que ponía fin al conflicto, resguardando la continuidad de los puestos de trabajo a través de la cooperativa y recuperando para el Estado el edificio. Cuando se decidió avanzar con la sanción de la ley, ya era tarde. Se sancionó la ley en la Cámara de Diputados de la Nación, dejando la otra media sanción en el Senado para cuando asumiera el macrismo la presidencia. Y si bien conseguimos la media sanción en el Senado ya con Macri en la presidencia, inmediatamente después y como suponíamos, la ley fue vetada, dejándonos nuevamente a tiro del desalojo. Y con relación al gobierno de Mauricio Macri qué podemos decir… Tienen un plan de gobierno deliberadamente contrario a los intereses de los trabajadores, así que nada de lo que está ocurriendo nos sorprende. Pienso que marchamos irremediablemente hacia una situación de conflicto general y de crisis económica, política y social en breve. Vamos a esperar el resultado de la audiencia del próximo jueves. Luego vamos a evaluar detenidamente la situación, para decidir los próximos pasos. La agenda legislativa del año la determina el gobierno. Igualmente y aún sabiendo esto, trabajamos a diario para alcanzar los votos necesarios para volver a sancionar la ley. Sabemos que es difícil, pero también sabemos que no es imposible”.

Infonews celebra el primer año como cooperativa

Los trabajadores de Infonews son parte de la extensa lista de víctimas del vaciamiento realizado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, en el extinto Grupo 23. En ese momento, 800 familias quedaron sin sustento.

Tal como lo hicieron Tiempo Argentino y El Argentino Zona Norte, los trabajadores de Infonews no se resignaron y se constituyeron como cooperativa.

El 8 de agosto de 2016, se relanzó el portal de noticias infonews.com “y ese mismo día la respuesta de nuestros lectores fue la primera caricia al alma tras meses de lucha y conflictos”, destaca un comunicado publicado este martes en la misma web.

En el escrito, los periodistas explican: “La situación económica de quienes integramos Infonews Cooperativa de Trabajo Ltda. sigue siendo dura, ya que son muchas las dificultades que enfrentamos como medio autogestionado por trabajadores. Pero mucho más difícil es ser una voz disidente en medio de un universo mediático en el que impera un discurso uniforme, que sepulta las voces que se escapan de la línea bajada por el poder concentrado”.
El portal subraya que toma “como pilares la igualdad de género, el respeto por los Derechos Humanos y la justicia social”. Al mismo tiempo, denuncia que “tampoco contamos, hasta el momento, con pauta del estado Nacional o las provincias, como en cambio sí la reciben otros medios, incluso varios con mucha menor llegada”.

Finalmente, agradecen “a nuestros asociados; al Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, SiPreBA, siempre a nuestro lado; a las empresas recuperadas; a nuestras familias y allegados; a los y las artistas, militantes sociales, periodistas y comunicadores que nos alentaron; así como a las millones de personas que, mes a mes, visitan el portal”.

Prometió una cooperativa y estafó a sus empleados

Los trabajadores de la librería Adán Buenosayres denunciaron a su dueño, David Esteban de Vita, en un comunicado difundido la semana pasada, quien les propuso organizar una cooperativa para mantener la fuente de trabajo. “Lo único que pretendió y pretende es evadir el pago de impuestos, cargas sociales, sueldos, aguinaldos y registrarnos correctamente como sus empleados”, afirman.

Debido a esta situación, decidieron apostar por el armado de una cooperativa real para defender verdaderamente la fuente de trabajo. Por lo tanto, piden a la ciudadanía que los acompañe en su lucha para recuperar los puestos de trabajo y para que este tipo de maniobras empresariales dejen de suceder.

“La Nación”, miente

Estos tres ejemplos desmienten el editorial de “La tribuna de doctrina” del pasado domingo, “Anticapitalismo hipócrita”, en lo que respecta a las empresas recuperadas por sus trabajadores frente al abandono del capital privado.

Allí sostiene: “Esos casos deben ser la excepción y no la regla. Las inversiones que se necesitan para generar empleo y mantener al Estado […], no pueden provenir de estos empeñosos sobrevivientes, sino de capitales privados que aporten dinero en serio, asumiendo riesgos conforme la dura regla de las ganancias y las pérdidas”.

El Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores, en sus 14 años de existencia no ha recibido ayuda del Estado, tampoco las empresas recuperadas del ex Grupo 23 (Tiempo Argentino, Infonews y El Argentino Zona Norte), que sí la tenía y multimillonaria vía la publicidad oficial durante la administración kirchnerista.

El último “Informe recuperadas 2016” del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, consigna que existían 367 empresas recuperadas que ocupaban a 15.948 trabajadores, 43 empresas más que en 2013.

Esto es prueba de que el movimiento progresa. Si bien hubo una desaceleración entre 2005/8, a partir de ese último año vuelven a proliferar las recuperadas por el cierre de empresas en un promedio de 15 por año, siendo más numerosas que los casos registrados antes de 2008 (156) contra 133 entre 2001/4. Lo que no cambió fue la conducta empresaria tendiente al vaciamiento y el fraude laboral, a costa de los puestos de trabajo y la capacidad productiva.

A partir de diciembre de 2015 se han producido miles de despidos, pero el Estado adoptó una política agresiva hacia las recuperadas. Al aumento generalizado de los insumos, el descenso abrupto del consumo, la reapertura de las importaciones, la devaluación y, principalmente, los aumentos de la electricidad y el gas, que afectaron el funcionamiento de la economía en general y de las recuperadas en particular, hay que sumar las amenazas directas.

El Programa Trabajo Autogestionado, del Ministerio de Trabajo, equivalente al REPRO para las empresas del sector privado, que financiaba una parte del salario mensual de los trabajadores de una cantidad importante de cooperativas, fue paralizado.

La Comisión Nacional de Minicréditos (CONAMI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, redujo su presupuesto a un tercio de lo que disponía en 2015.

Tal vez lo más claro ha sido el veto sistemático a las leyes relacionadas con empresas recuperadas, al igual que durante la administración macrista en la CABA, tanto por parte de Horacio Rodríguez Larreta (La Robla) como de la gobernadora María Eugenia Vidal (Acoplados del Oeste, Depe y Hospital de Lavallol), siendo el más significativo el veto presidencial a la expropiación del Bauen en diciembre del año pasado.

También debemos anotar el cese de compras a las cooperativas por parte de los Ministerios de Seguridad y Desarrollo Social, o el caso del gobierno porteño que dilata el pago a las cooperativas proveedoras de alimentos para las escuelas del distrito y no reconoce los aumentos de precios.

Asimismo, los planes de construcción de viviendas de las cooperativas de trabajo que forman parte de la CNCT, han sido cortados o los trabajadores de las cooperativas de limpieza de espacios públicos con niveles salariales por debajo del salario mínimo.

El Poder judicial acompaña esta ofensiva como en el caso de los desalojos de la empresa Mom (Lenci impresiones), Petinari, La Aguada (La Plata) e Industrias RB, en Martínez, desde 2001 en manos de los trabajadores.

La represión a los trabajadores de Petinari (Acoplados del Oeste) es la frutilla del postre de esta política.

Este cambio no es para favorecer la inversión y el riesgo empresario como sostiene el editorial de La Nación, sino de tolerancia a los empresarios vaciadores, al mismo tiempo que facilita la tarea de oportunistas y mafiosos.

No obstante, la alternativa autogestionaria se ha ido conformando como una alternativa al desempleo y la precarización laboral, construyendo además otra forma de economía sin patrones.

El próximo VI Encuentro Internacional de la Economía de lxs trabajadorxs que se realizará en nuestro país del 30/8 al 2/9 dará cuenta de ello.

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El Panorama sindical de la semana está atravesado, además de por la lucha docente, por la resistencia de trabajadoras y trabajadores. El BAUEN pelea por la expropiación y AGR quiere revertir las mentiras del Grupo Clarín.

La cena solidaria en apoyo a las y los trabajadores de la cooperativa BAUEN reunió el martes 11 a la anoche a más de 700 referentes de la cultura, el deporte, los gremios, la política y el cooperativismo, que se acercaron para expresar su apoyo a las más de 130 familias que defienden sus fuentes de trabajo frente al veto presidencial a la expropiación del hotel y a la inminente orden de desalojo que pesa sobre el emblemático edificio de Callao 360.
En este contexto de gran acompañamiento, las y los cooperativistas reafirmaron su convicción de seguir gestionando el hotel de manera cooperativa, dándole continuidad al modelo eficiente y sustentable que impulsan desde 2003, resistiendo el desalojo e insistiendo con el trámite parlamentario.

La cena del martes se enmarca en una importante campaña que tiene como principal objetivo ratificar este año en ambas cámaras del Congreso de la Nación la ley que determina la expropiación y declara de utilidad pública el edificio y las instalaciones del hotel, una norma sancionada con el más amplio respaldo de diversas fuerzas políticas que fue vetada a fines del año pasado por el presidente Mauricio Macri.

A pocas horas del evento, la jueza volvió a expedirse ayer sobre la causa y esta vez lo hizo para requerirle al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el uso de la Policía para llevar adelante el desalojo, en caso de que fuera necesario. “Dado el interés público que reviste y la eventual necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad”, puede leerse en el escrito que lleva la firma de puño y letra de la jueza.

Mientras tanto, los trabajadores presentaron dos escritos ante la justicia para frenar el desalojo. En el primero plantean la inconstitucionalidad del veto presidencial por ir contra una ley que garantiza sus puestos de trabajo y, por tanto, vulnera tratados internacionales de Derechos Humanos que el Estado está obligado a cumplir. El planteo cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 10 a cargo de la jueza Liliana Heiland, quien sin analizar los fundamentos lo rechazó por cuestiones formales. Ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones.

El segundo fue presentado ante Hualde en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, donde se tramita la quiebra. Allí los trabajadores mencionan otros dos puntos a considerar: que no está agotado el trámite legislativo porque aún  el Congreso puede insistir en la Ley vetada y si es aprobada con dos tercios de los votos debe promulgarse; y que el desalojo es solicitado por un actor que no es parte de la quiebra. Este escrito también fue rechazado y los trabajadores apelaron a la Cámara Comercial.

Por último, los diputados Leonardo Grosso, Diana Conti y Araceli Ferreyra, los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresa Luna, y los responsables de la CTA, la CNCT, la CTEP y la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), entre otros, también presentaron un amparo donde destacan que el veto pasa por alto los derechos laborales de los 130 integrantes de la cooperativa. Su reclamo cayó en el juzgado nacional de primera instancia laboral N° 38, a cargo de María Dora González.

Allí también intervino la Fiscalía Nacional del Trabajo N° 5 a cargo de Juan Manuel Domínguez, quien respaldó con su dictamen el planteo colectivo y solicitó una “medida interina” que suspenda el desalojo hasta tanto se analice el “interés público comprometido” que, en este caso, son los derechos laborales.

No es un tema menor que una de las protagonistas de este nuevo capítulo de intereses sea Susana Beatriz Espósito, apoderada de Mercoteles SA, la empresa que aduce ser la dueña del edificio del Bauen. Espósito es comunera del PRO en el barrio de Caballito y esposa del jefe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ricardo Pedace, también ex subjefe de la Policía Metropolitana.

De acuerdo a la publicación del periodista Ricardo Ragendorfer en el portal Nuestras Voces, Espósito también es amiga de la jueza Paula Hualde, la misma que ordenó el desalojo de los trabajadores cooperativistas.

Si bien la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial postergó de manera provisoria el desalojo de este miércoles 19 de abril, a las 20 sostendrán el Festival #No al desalojo del Hotel Bauen.

Trabajadores que quieren que se los escuche

Junto al portón de una fábrica vallada con metal y alambres de púa y copada por policías y “barras”, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses, perteneciente al Grupo Clarín, celebraron tres meses de su lucha con un festival. El viernes 7 de abril, ante un inmenso operativo represivo, los trabajadores tuvieron que desalojar la planta que ocuparon por 82 días, pero inmediatamente montaron en la puerta una gran carpa donde resisten a una de las patronales más grandes del país que pretende echar a todas los operarios para contratar personal precarizado.

El miércoles 12 los trabajadores se movilizaron al Ministerio de Trabajo donde repudiaron el dictamen ministerial que avala las mentiras del Grupo Clarín, dando por cierto un cierre que es falso, tal como consta en numerosas instituciones del propio estado como en la Afip o el Anses donde el Ministerio de Trabajo puede chequear fácilmente que la empresa sigue en actividad.

Hoy se encontrarán en San Juan y Bernardo de Irigoyen para después rodear una de las empresas del Grupo Clarín. También manifestarán en la Feria del Libro, el evento más importante del multimedio, donde buscarán la solidaridad de escritores y editoriales.

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El pasado Viernes se realizó, en el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo del Hotel Bauen, el panel “Nacer Pobre, Crecer Presx” organizado por el espacio Niñez y Territorio, y el Consejo de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires, ambos parte de la campaña No A La Baja.

Este panel se inscribe en una serie de acciones que se vienen realizando desde la campaña No A La Baja surgida tras los intentos del actual gobierno de bajar la edad de punibilidad a las 14 años de edad. Quienes trabajan día a dia con pibes y pibas entienden que las políticas públicas de niñez no deben estar signadas por la represión y encierro.

En este sentido, Clarisa Gamberra, representando a Niñez y Territorio, hizo referencia a la avanzada del poder represivo en los territorios signados por la pobreza, el cercamiento en los barrios por parte de las fuerzas de seguridad y el gerenciamiento de los territorios por parte de los narcos como moneda corriente en las barriadas de todo el país. Esto implica, explica Gamberra, “la creación de cárceles a cielo abierto donde los pibes y las pibas son sacados de los centros urbanos y retenidos en las barriadas por las redes de ilegalidad apañadas por las fuerzas de seguridad de un estado represivo.” En este contexto de marginación, de generaciones de familias viviendo en condiciones precarias, “el Estado se hace presente a través de su brazo armado y la liberación de los territorios a las bandas del delito organizado”, asegura la trabajadora de niñez. En esa linea, para ella “los pibes y pibas de las barriadas crecen en un terreno de supervivencia en consonancia con la construcción social de sujetos peligrosos”.

A continuación Nadia Polanco del Colegio de Trabajo Social explicó el rol de dicho consejo como así también su definición política en las diferentes luchas sociales. “El tema no a la baja está sumamente en boga y queremos dar el debate en todos los ámbitos para evitar que avancen en este sentido”, dijo. A su lado, María José Cano, integrante del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de la Provincia de Buenos Aires como así también delegada de ATE en niñez y del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, dio cuenta de la compleja situación del sistema de protección y promoción de derechos de los niños y niñas: “su funcionamiento configura un sistema de desprotección de derechos” aseguró.

Por su parte, Alcira Daroqui, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos del Instituto Gino Germani (UBA), planteo la necesidad de entender este nuevo pronunciamiento de baja de edad de punibilidad como parte de un proceso histórico que fue construyendo esta idea de peligrosidad. En ese marco contextualizó que “desde el menemismo hasta el sciolismo, se intentaron implementar diferentes proyectos de baja de edad de punibilidad que pudieron ser echados atrás gracias a la organización colectiva”.

Entonces, manifestó que “el actual discurso macrista se instala en una serie de consenciones que los diferentes gobiernos anteriores fueron facilitando para que hoy en día se instale fuertemente en la agenda la baja y la modificación del régimen penal juvenil.” Así la investigadora afirmó que “en la actualidad se da una convivencia de acuerdo entre el populismo punitivo, la derecha conservadora y la derecha progresista”.  A su vez expresó que “la baja de edad de punibilidad no solo afectaría a los pibes y pibas de 14 y 15 años, sino que ejercería un control y recrudecimiento de medidas hacia los pibes y pibas de 16 y 17 años, los que se someterían a penas más duras”.

A sala llena, en el mítico hotel recuperado por sus trabajadores y trabajadoras, que actualmente se encuentran peleando  por una ley de expropiación, las y los asistentes pudieron escuchar diferentes puntos de vistas y opiniones encontrada en cuanto a la baja de edad de punibilidad y la discusión de un nuevo régimen penal. Alcira fue contundente a la hora de responder que no debe darse el debate sobre la modificación del régimen penal juvenil en tanto y en cuanto el sistema penal es una herramienta del neoliberalismo que encierra y estigmatiza la pobreza. Para Daroqui “las organizaciones no deben sentarse a debatir sobre un régimen que apunta al encierro de los pibes y pibas pobres, no hay garantías dentro del sistema penal”.

En contraposición, Pablo Abramovich, perteneciente a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB),  consideró que se debe formar parte del debate de la reforma del sistema penal juvenil ya que “es un debate que está en curso y que, de otra manera, quedaría en manos de unos pocos”. Para el referente “el deterioro y pérdida de especialidad del  foro juvenil apunta a ir en deterioro si -desde los trabajadores y trabajadoras del Estado y las organizaciones sociales- no se participa del debate”. A su vez apuntó a instalar el debate del Estado como terreno de diputa donde el poder judicial no es solo conformado por jueces, sino que las y los trabajadores y algunos funcionarios se posicionan en contra del avance de la derechización. En este camino, el sábado 6 de Mayo realizarán un debate dentro del  poder judicial sobre la actualidad del Foro Penal Juvenil para abogar a la construcción de alternativas aplicables.

Para finalizar Carola Bianco, integrante del Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de La Plata, intermedió en el debate sobre la necesidad o no de instalar la discusión por la modificación del Regimén Penal Juvenil. En este sentido, planteó que si bien hay que sostener la negativa ante la intención del gobierno en responsabilizar a los pibes y las pibas pobres de la mal llamada inseguridad, “son las organizaciones sociales las que tienen el conocimiento del territorio y quienes tienen que aportar con esa mirada en esta discusión”.

A su vez desde su experiencia, Bianco aportó que si bien “el derecho civil es un derecho clasista” debemos pensarlo como una herramienta que pueda ser construida desde las organizaciones sociales. Con más preguntas que respuestas y nuevas miradas para llevar a los territorios, las trabajadoras y trabajadores en conjunto con las organizaciones sociales de niñez celebraron un nuevo encuentro de formación que construya argumentos y dispute los sentidos hegemonicos sobre los pibes y las pibas que como bien afirman “no son peligrosos, estrán en peligro”.

(*) Integrante de Niñez y Territorio

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Siguen las luchas docentes, los sectores de la economía popular pelean por la Ley de Emergencia Social, en el Ministerio de Trabajo confrontan a Triaca y en el Hotel Bauen organizan la resistencia.

El Presidente Mauricio Macri comparó la situación actual de la educación en la Argentina a la del Japón después de la II Guerra Mundial. “Para que un país pueda levantarse, la escuela nunca debe parar”, publicó en las redes sociales, acompañando la frase de una foto de un grupo de alumnos recibiendo clases de su maestro en medio de Hiroshima destruida por la bomba atómica.

María Eugenia Vidal avanza con los procesos administrativos para sancionar a los gremios que no aceptaron la conciliación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, pidió el inicio de un sumario en el Ministerio de Trabajo de la Nación para que determine si corresponde quitar la personería jurídica a los sindicatos “rebeldes”. Y también comenzó un proceso en el organismo provincial que podría derivar en multas de hasta 600 millones de pesos para las organizaciones docentes.

Mientras tanto, el viernes se cumplió el noveno día de huelga en los establecimientos públicos provinciales convocada por Suteba, Udocba y Uda. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y otras entidades menores no se sumaron, pero la FEB, en un congreso habilitó a sus dirigentes a disponer nuevas acciones directas dentro del Frente Docente.

A los gremios docentes, se sumaron el jueves judiciales de la AJB, médicos de la CICOP, auxiliares de educación y estatales de ATE que realizaron un paro de actividades en toda la provincia y movilizaron 60.000 personas a la gobernación en La Plata, para reclamar mejoras salariales y paritarias libres.

La Ciudad de Buenos Aires dio por cerrada la negociación salarial y aplicará desde marzo un piso de aumento en cuotas del 19,75%, el adelanto de las cuotas y un salario inicial de $ 13.000, según informó Soledad Acuña, Ministra de Educación porteña.

Ayer, lunes 20 de marzo, organizaciones gremiales docentes realizaron a una marcha de antorchas desde la Avenida Callao y Corrientes hasta el Obelisco. La misma se replicó en distintos distritos del conurbanos bonaerense, como Lanús y Jose C. Paz. El próximo 22 de marzo a las 15:00 en Plaza de Mayo está convocada la Marcha Federal Docente.

Finalmente, la CGT convocó a un paro sin movilización para el próximo 6 de abril, una fecha alejada del conflicto docente.

Las trabajadoras y los trabajadores dispuestos a resistir el desalojo del Hotel Bauen

Tras la nueva orden de desalojo que llegó hasta el edificio de Callao al 300, en la cual la Justicia autoriza el uso de la fuerza pública para vaciar el inmueble el próximo 19 de abril, los integrantes de la cooperativa que desde hace trece años gestiona el hotel se encuentran nuevamente planificando charlas abiertas y actividades en la vía pública, recorriendo despachos de diputados y convocando a artistas que apoyan su lucha para llegar a una nueva vigilia el 18 de abril, la noche anterior a la fecha fijada para el desalojo.

Según Carlos Heller, diputado por el Partido Solidario y uno de los autores de la ley vetada por Mauricio Macri, la única opción que queda ahora es convocar a una sesión especial y luego conseguir el apoyo de los dos tercios de ambas Cámaras. Esta vía conlleva un riesgo: si no se alcanza la mayoría especial el proyecto no podría volver a tratarse por un año y sólo quedaría la vía judicial.

El próximo 22 de marzo, habrá una movilización hacia el Congreso y el 6 de abril una cena solidaria con presencia de referentes sociales y políticos. Para el 18 y 19 de abril, fecha prevista para el desalojo, planifican un festival sobre la avenida Callao.

“Somos los mismos que te cruzaste cientos de veces en la calle defendiendo el hotel. Un hotel que el grupo Bauen construyó con la ayuda de la dictadura y que abandonó a fines de los ‘90 sin pagar una deuda millonaria y dejando a 70 familias en la calle. Somos los mismos de siempre, los que decidimos dar pelea en plena crisis de 2001”, se escucha la voz de los trabajadores del Bauen en el video que hicieron para sumar apoyo y lograr que el proyecto para expropiar el hotel logre finalmente aprobarse en el Congreso.

El sector de las pymes y las cooperativas fue uno de los más golpeados por los tarifazos en los servicios básicos. El programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, destaca particularmente la delicada situación que deben enfrentar el hotel Bauen, el restaurante La Casona, la metalúrgica Felipe Vallese y la vidriera santafesina Vitrofin, entre otros.

Con los aumentos de 2016, el hotel Bauen pasó de pagar boletas de luz de $ 24.000 a $ 100.000. En el gas, pasó de abonar $ 11.000 a $ 50.000. El peor aumento fue en el agua: de $ 65.000 a $ 218.000. La Casona pasó a pagar facturas de electricidad de $ 7.000 a $ 40.000. La metalúrgica Felipe Vallese tenía facturas de electricidad de $ 8.000, pero ahora tienen que desembolsar $ 50.000. Así muchas cooperativas vieron reducidos sus ingresos producto de los tarifazos, la baja del consumo y la retracción general de la economía, reduciendo los retiros (sueldos) de los trabajadores. A modo de ejemplos, el bar Barthó de Balvanera tuvo una baja del 50% al igual que la metalmecánica Cerraduras de Precisión. Los trabajadores de la sodería 15 de Noviembre un 25% y los de La Casona un 44%.

Conflictos en organismos oficiales

Los trabajadores de maestranza del Ministerio de Trabajo, nucleados en el SITMA, protagonizaron un corte de la Avenida Leandro Alem y una olla popular bajo el lema #TriacaHaceteCargo. El conflicto enfrenta a los trabajadores con la empresa Imantec, que se niega a pagarles los salarios, pero también contra las autoridades del Ministerio de Trabajo que actúa en complicidad con la patronal para desgastar a los trabajadores.

Así se han negado a hacerse cargo de los salarios, no han movido un dedo para intimar a la empresa y ante las condiciones insalubres de higiene producto de la retención de tareas de maestranza, ha contratado personal adicional para limpiar los edificios centrales por la noche.

A la olla popular y el acto frente a la puerta del Ministerio se hicieron presentes un importante número de trabajadores del Ministerio, que acompañaron la medida de fuerza y han aportado masivamente para el fondo de lucha.

Los trabajadores del Indec se encontraban realizando una medida de fuerza, dispuesta por la Comisión Gremial Interna de UPCN, en reclamo del pago de un plus salarial que se abonó tradicionalmente en el organismo, desde los ‘90, denominado horas censales y que se cortó desde fin de año.

El plus, de algo más de $ 1.000 mensuales, sería una forma de compensación por los bajos salarios, por lo que su eliminación se siente sensiblemente en los bolsillos de los empleados que vieron recortados sus ingresos.

En ese contexto, Jorge Todesca, director del organismo, increpó a los trabajadores por hacer la huelga y les reclamó explicaciones. Primero les pidió a los delegados que se callaran y luego que se retiraran. Pero en lugar de sumisión, las delegadas le retrucaron: “Primero nos tiene que dar explicaciones usted. ¿Qué pasa con las horas censales? Hace tres meses que no cobran los compañeros”.

La charla termina con Todesca saliendo, con custodios, y amenazando a los trabajadores con realizar una denuncia policial por “atentar y destruir las instalaciones” del organismo, aunque se vio claramente que no había daño alguno sobre los bienes del Indec.

Otra semana de cortes y piquetes

Esta semana se dieron dos grandes luchas desde las organizaciones que buscan conquistar derechos para los sectores más precarizados. Ante la falta de implementación de los acuerdos establecidos entre el gobierno y el triunvirato piquetero (CTEP, CCC, Barrios de Pie), este sector retornó con fuerza el miércoles pasado a las calles y puentes, sumando a su vez a otras organizaciones, como el Frente Popular Darío Santillán.

Decenas de miles de trabajadores en todo el país salieron a reclamar el funcionamiento efectivo del acordado Consejo de Emergencia Económico y Social para traducir los 30.000 millones de pesos de ese acuerdo en una paritaria integral con el Estado donde se incremente el monto del pago por los distintos programas de trabajo y un salario social complementario, entre otras demandas.

Mientras la movilización del triunvirato piquetero implicó una presión para formalizar su acuerdo con el gobierno, el acampe del martes 14 frente al Ministerio de Desarrollo Social lo sorprendió y desubicó, por la capacidad de reactivar el Frente de Lucha como protagonista del sector, restaurando la unidad interna y acordando unidad en la lucha con el Polo Obrero. Un protagonismo basado en una masividad cualitativa del Acampe, donde cerca de 8.000 trabajadores mostraron un elevado espíritu de lucha, forzó al gobierno a llegar a un acuerdo impensable hasta el día anterior. Acordó a las dos de la mañana incrementar los planes y recursos al Polo Obrero, retirándose éste del Acampe en ese momento. En cambio le costó bastante más cerrar un acuerdo con el Frente de Lucha, lo que puso en aprietos al gobierno ante la simultaneidad de la medida con los cortes a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires de parte del triunvirato piquetero.

Fueron 120.000 asistentes más a los merenderos en la provincia de Buenos Aires durante 2016. Y 20.000 más en el primer bimestre de 2017.

Los conflictos sociales empiezan a afectar la imagen del Presidente. Por primera vez hay más argentinos que desaprueban su gestión (44,2%) que los que la valoran (40,2%), de acuerdo a una encuesta de Management & Fit. También cayó 4 puntos la imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal, aunque sigue siendo la figura política con mejor imagen del gobierno.

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Luego de la intensa semana de movilizaciones, los diferentes gremios y organizaciones se van reacomodando en diversos planes de lucha que se van posicionando de cara al necesario Paro General.

Un mensaje único y por momentos ensordecedor en reclamo de un paro general fue el elemento aglutinante de la masiva y heterogénea multitud calculada en 500.000 manifestantes que se movilizó el martes pasado en el centro porteño, convocada por la CGT para repudiar la política económica del Gobierno y exigir respuestas frente a los despidos y el deterioro del poder de compra de los salarios. Desde el escenario, el triunvirato de conducción de la central obrera aceptó a medias la presión abrumadora del reclamo: anunció una huelga de 24 horas pero esquivó la definición de una fecha.

Pero la promesa estuvo lejos de conformar la expectativa de la multitud. Los insultos se multiplicaron frente al escenario. Y el final sobrevino en medio de disturbios, golpes y corridas detrás del palco mientras se retiraban las principales figuras sindicales.

Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, anticipó al día siguiente que “la semana que viene se va a saber la fecha del paro”, cuando se reúna el Consejo Directivo.

“La fecha del paro, ya en el adelanto de las declaraciones de Héctor Daer, Carlos Acuña y yo, la habíamos fijado en un paréntesis, en un tramo que va desde el 31 de marzo hasta los primeros días de abril”, remarcó Schmid.

Por su parte, la lucha de la docencia en todo el país no da tregua, en defensa de la escuela pública y por salarios. El viernes, los gremios de alcance nacional anunciaron paros el 15, 16, 21 y 22 de marzo. Por otro lado, los sindicatos mayoritarios que nuclean a las y los docentes de la provincia de Buenos Aires, también informaron que habrá paro la semana que viene.

A nivel nacional, Ctera y UDA convocaron a un paro nacional de 48 horas a cumplirse los próximos miércoles y jueves en reclamo de la convocatoria a la paritaria federal y en rechazo a los “topes salariales”. Por su parte, UDA anticipó que habrá otras 48 horas de paro la semana siguiente y se presume que Ctera acompañará esa medida.

La provincia de Buenos Aires es el epicentro donde la batalla docente adquiere mayor repercusión. El viernes, la gobernadora María Eugenia Vidal citó nuevamente a los gremios con la promesa de realizar una “oferta superadora”.

La conducción de los gremios bonaerenses había decidido levantar el paro de cara a la mesa de negociación convocada por Vidal. Luego de cuatro días de huelga, la medida de fuerza se sostuvo solo en las seccionales de los Suteba combativos, conducidos por la lista Multicolor.

Luego del encuentro con los ministros bonaerenses, los gremios anunciaron paro para el lunes, al conocer que la “oferta superadora” que tanto publicitó el Gobierno, consistía en una mejora de la oferta anterior del 1% que implicaría un aumento de $ 64.

La afirmación de que “la provincia de Buenos Aires está fundida”, por parte de María Eugenia Vidal, reforzó el argumento de los gremios sobre la necesidad de convocar a la paritaria nacional docente.

Las seccionales combativas mantuvieron el paro y varias decidieron movilizarse a la paritaria que se realizó en la ciudad de La Plata el viernes, entendiendo que no puede quedar en manos de los secretarios generales la decisión de aceptar o no la propuesta del gobierno.

Mientras tanto, el Gobierno de Vidal amenaza con descontar los días de paro y dictó la conciliación obligatoria para que las clases arranquen el lunes, en un claro acto de cercenamiento del derecho a huelga.

El miércoles y jueves adherirán los  gremios de la Ciudad de Buenos Aires y también se sumó la Conadu (docentes universitarios) que exige una paritaria nacional y rechaza “el techo salarial en el ámbito universitario”.

Movimientos sociales también reclamarán en las calles

Organizaciones de la CTEP, Barrios de Pie y la CCC realizarán cortes de calles y compartirán ollas populares el próximo 15 de marzo, a tres meses de sancionada la Ley de Emergencia Social, que todavía no se implementó. “La situación en los barrios no se aguanta más”, declaró el “Gringo” Castro, dirigente del gremio de la Economía Popular.

La CTEP tenía planificada para el próximo lunes una asamblea masiva en la Plaza de Mayo, pero decidieron posponerla y transformarla en un plan de acción con cortes de calles y ollas populares.
El Polo Obrero lanzó un plan de lucha nacional contra la pobreza y por trabajo genuino, y se movilizará hoy en todo el país.

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzará con una movilización desde Puente Pueyrredón hasta el centro porteño, donde se instalará un acampe por tiempo indeterminado.

La medida fue aprobada en un plenario de más de un centenar de delegados de Capital y el Gran Buenos Aires y en asambleas en otras veinte provincias.

La pasada semana en General Mosconi, Salta, se manifestaron ex integrantes de la Fundación Villa Saavedra, alarmados por la momentánea suspensión del SUAF que venían recibiendo y que se reemplazaba con la AUH (Asignación Universal por Hijo).  El jueves un grupo perteneciente a la Unión de Trabajadores de Gral. Mosconi (UTD) liderada por José “Pepino” Fernández, se colocó a la vera de la Ruta Nacional 34 con idéntico motivo de reclamo, pero en su caso, por la caída de planes para más de 1.000 trabajadores, que más allá del sueldo que reciben de la ONG, recibían 2.600 pesos por hijo.

En General Motors se rebelan contra despidos encubiertos

Unos 800 trabajadores participaron de la asamblea realizada en el playón de la fábrica General Motors de Rosario, la primera después de 8 años. En dicha asamblea, dirigida por el Comité de Lucha, se votó por unanimidad rechazar el acuerdo firmado por la burocracia del Smata y la patronal que deja afuera a 350 obreros, pedir que saquen la policía del predio y que cesen los aprietes de la patronal.

El acuerdo de las suspensiones fue firmado por el gremio SMATA y la empresa e incluso establece que la automotriz podrá desvincular definitivamente a los obreros a partir de diciembre. Por este motivo, los trabajadores hablan de despidos encubiertos, al tiempo que señalan la complicidad del sindicato de mecánicos. “Un sindicato debe defender a los afiliados y no a la empresa”, afirmó Germán Tonero, delegado gremial.

La movilización al gremio tuvo lugar el viernes, donde -aunque entregaron un pedido de anulación del acuerdo- se les impidió el ingreso a su propio sindicato.

Luego, los trabajadores fueron recibidos en el Concejo Deliberante de Rosario, donde lograron el apoyo del cuerpo legislativo. Desde esta dependencia, se comprometieron a tramitar ante el Ministerio de Trabajo un pedido para que se rechace el acuerdo.

Seiscientos efectivos policiales desalojan empresa recuperada

Desde las 4 de la mañana del viernes 3 de marzo, un par de horas antes de iniciar la jornada laboral, centenares de efectivos policiales desalojaron a los trabajadores de la fábrica recuperada Acoplados del Oeste.

Con casi 600 policías, entre los que se encontraban quince camionetas del Cuerpo de Infantería, Infantería Montada, policía local y provincial, cercaron la planta de la ex Petinari, al costado de la ruta 200 en Merlo, para evitar el ingreso de los trabajadores y permitir el de los antiguos dueños, con el peligro que implica esta medida para la continuidad productiva y la fuente de empleo de más de un centenar de familias.

La empresa es una cooperativa desde el 2015 en la que trabajan 120 operarios que fabrican carrocerías chicas.

Los dueños adeudaban sueldos y aguinaldos y los trabajadores iniciaron una inhibición de bienes en el 2014. Diputados y Senadores aprobaron una Ley de expropiación, pero la gobernadora Vidal la vetó, dos horas antes de que se terminara de convertir en ley, poniendo como argumento que el estado provincial no tenía plata para solventar una cooperativa, a pesar que los trabajadores le respondieron que no querían plata, porque la cooperativa era solvente. “Nosotros poníamos la antigüedad de cada uno de nosotros y el resto pedíamos un plan de pago. Al gobierno provincial de Vidal no le interesó nuestra propuesta”, sostuvo Nahuel Méndez, que trabaja hace 5 años en el lugar.

Actualmente, los trabajadores junto a familiares se encuentran acampando en las inmediaciones del predio de la fábrica en avenida Balbín 2951, de la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.

Ahora van por el desalojo del BAUEN

Tras el veto de Macri a la Ley que expropiaba el emblemático hotel recuperado, la jueza de la causa dictó una orden de desalojo para el viernes 14 de abril.

El Jefe de Estado rechazó que el edificio situado en pleno microcentro porteño pase a manos de la cooperativa de trabajadores que lo autogestionan tras su proceso de vaciamiento.

En línea con el veto presidencial, la jueza Paula Hualde dictó una orden de desalojo dando poco margen a las y los trabajadores que buscaban que la Ley de Expropiación vuelva a tratarse en el Congreso y dispuso un operativo policial para un feriado, el Viernes Santo.

Los empleados autogestionan el hotel desde que los empresarios lo abandonaron, sin pagar una deuda millonaria con el Estado argentino y dejando a todos los trabajadores a la deriva, hace 15 años.

Ante la resolución judicial y el veto de la expropiación realizado por el presidente Mauricio Macri antes de fin del año pasado, los trabajadores anunciaron que seguirían la “lucha para que este año el Congreso Nacional vuelva a acompañarnos, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, para rechazar el veto presidencial”.

Revocan la personería gremial al sindicato de los “Metrodelegados”

El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la resolución 1601/2015, firmada el 26 de noviembre de 2015, que otorgaba la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), que nuclea a los Metrodelegados. Según señalaron, esta revocación se da por “irregularidades formales” durante la gestión de la personería.

Cabe señalar que la personería gremial de la AGTSyP había sido objetada judicialmente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyo secretario general es Roberto Fernández. La UTA era el sindicato que concentraba la representación gremial en el subterráneo hasta el surgimiento de los Metrodelegados.

Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo del sindicato de los trabajadores del subte, afirmó que “es un fallo claramente político, detrás del cual están el Gobierno y la UTA. A nadie le caben dudas de que la AGTSyP es la representación legítima y aplastantemente mayoritaria de los trabajadores del subte. Se trata de un ataque a nuestra organización, en momentos en los que comienza la discusión paritaria. Le quieren dar una mano a la burocracia sindical de la UTA y a Metrovías. Tampoco es casual el momento del fallo, es otra prebenda más que el Gobierno y su Justicia amiga le dan a la burocracia sindical para intentar frenar un paro general. Nosotros vamos a apelar el fallo en la Justicia y en los próximos días nos vamos a reunir para discutir qué respuesta damos desde la AGTSyP en todos los terrenos. Desde hace años que venimos luchando y lo seguiremos haciendo. El Gobierno kirchnerista nos dio miles de vueltas para darnos la personería y ahora lo hace el Gobierno de Macri. Pero la lucha y organización democrática de los trabajadores será más fuerte que ellos”.

Desde la AGTSyP, informaron que además de apelar el fallo, la próxima semana convocarán a una conferencia de prensa.

Finalmente, los trabajadores de AGR-Clarín, en el día 54 de la ocupación de la imprenta gráfica más grande y moderna del país llamaron a un estado de alerta y movilización al conjunto del pueblo trabajador, y a las organizaciones obreras, sociales, políticas y de DDHH que vienen acompañando la lucha, ante noticias de una inminente provocación de las fuerzas represivas y lúmpenes al servicio del Estado.

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Seiscientos efectivos policiales desalojaron la empresa recuperada Acoplados del Oeste generando la pérdida de 120 fuentes laborales; Mauricio Macri vetó la expropiación del Hotel Bauen y el desalojo ya tiene fecha para abril.

“De ahora en más es como al principio, resistir del lado de afuera hasta volver a retomar la producción”

Desde las 4 de la mañana del viernes, un par de horas antes que los trabajadores llegaran, centenares de efectivos policiales desalojaron a los trabajadores de la fábrica recuperada Acoplados del Oeste.

“La orden de desalojo viene de mayo del 2016 y pudimos prorrogarla. Terminaron los plazos del no desalojo y vinieron. Los abogados se comunicaron con los Ministros de Trabajo y de Seguridad de la Provincia y ellos nos dijeron que no tenían noticia. Y nos dan excusas que no pueden intervenir ahora porque están ocupados con el paro docente”, dijo el presidente de la cooperativa, Jorge Gutiérrez.

Con casi 600 de policías, entre los que se encontraban quince camionetas del Cuerpo de Infantería, Infantería Montada, policía local y provincial cercaron la planta de la ex Petinari, al costado de la ruta 200 en Merlo, para evitar el ingreso de los trabajadores y permitir el de los antiguos dueños, con el peligro que implica esta medida para la continuidad productiva y la fuente de empleo de más de un centenar de familias.

“No sabíamos del operativo. Nos tomó de sorpresa. Cuando llegamos a la planta nos encontramos con un ejército, no era un operativo, porque eran mil efectivos policiales. No nos resistimos, éramos 20. De ahora en más es como al principio, resistir del lado de afuera hasta volver a retomar la producción”, agregó Gutiérrez.

La empresa es una cooperativa desde el 2015 en la que trabajan 120 operarios que fabrican carrocerías chicas y hacía un par de días, con un gran esfuerzo, pagaron $ 60.000 de luz. Los insumos y los materiales los pagan también.

Los dueños adeudaban sueldos y aguinaldos y los trabajadores iniciaron una inhibición de bienes en el 2014. Diputados y Senadores aprobaron una Ley de expropiación, pero la gobernadora Vidal la vetó, dos horas antes de que se terminara de convertir en ley, poniendo como argumento que el estado provincial no tenía plata para solventar una cooperativa, a pesar que los trabajadores le respondieron que no querían plata, porque la cooperativa era solvente. “Nosotros poníamos la antigüedad de cada uno de nosotros y el resto pedíamos un plan de pago. Al gobierno provincial de Vidal no le interesó nuestra propuesta”, sostuvo Nahuel Méndez, que trabaja hace 5 años en el lugar.

Actualmente, los trabajadores junto a familiares se encuentran acampando en las inmediaciones del predio de la fábrica en avenida Balbín 2951, de la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.

Ahora van por el desalojo del BAUEN

Tras el veto de Macri a la Ley que expropiaba el emblemático hotel recuperado, la jueza de la causa dictó una orden de desalojo para el viernes 14 de abril.

El Jefe de Estado rechazó que el edificio situado en pleno microcentro porteño pase a manos de la cooperativa de trabajadores y trabajadoras que lo autogestionan tras su proceso de vaciamiento.

En línea con el veto presidencial, la jueza Paula Hualde dictó una orden de desalojo dando poco margen a las trabajadoras y los trabajadores que buscaban que la Ley de Expropiación vuelva a tratarse en el Congreso y dispuso un operativo policial para un feriado, el Viernes Santo.

Los y las empleadas autogestionan el hotel desde que los empresarios lo abandonaron, sin pagar una deuda millonaria con el Estado argentino y dejando a todas las trabajadoras y los trabajadores a la deriva, hace 15 años.

Ante la resolución judicial y el veto de la expropiación realizado por el presidente Mauricio Macri antes de fin del año pasado, las trabajadoras y los trabajadores anunciaron que seguirían la “lucha para que este año el Congreso Nacional vuelva a acompañarnos, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, para rechazar el veto presidencial”.

Un comunicado emitido por las trabajadoras y los trabajadores sostiene: “Con el objetivo de delinear un plan de acción para la defensa del Bauen, convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales a una reunión abierta el próximo jueves 9/3 a las 18:00”.

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Tratado sobre tablas, el Senado dio la media sanción faltante para expropiar el BAUEN y ceder su uso a la cooperativa.

Una noticia buena en un año de retrocesos: se aprobó la ley que expropia el inmueble del hotel BAUEN, a expensas de créditos nunca pagos con el Estado, y los cedió a la cooperativa de trabajadores y trabajadoras que hace casi 14 años la opera. Ícono del proceso de recuperación de empresas, el BAUEN es un ejemplo de lucha, que permite contar también una historia del país.

El hotel fue originalmente construido durante la última dictadura cívico-militar, de cara al nefasto Mundial de Fútbol de 1978. Para acelerar la construcción, el entonces Banco Nacional de Desarrollo (Banade) realizó suculentos préstamos a favor del empresario Iurcovich. Este préstamo, claro, no fue nunca devuelto. Con la apertura de los noventa, llegaron cadenas hoteleras internacionales al país, desplazando al BAUEN del perfil de hoteles de lujo. A partir de 1997, Iurcovich acrecentó las maniobras fraudulentas, incluyendo el traspaso de manos al grupo chileno Solari. Pero esto no resolvió ningún problema. Se acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con el plantel trabajador, declarando la quiebra durante esos escasos días del gobierno ilegítimo de Adolfo Rodríguez Saá en 2001.

En marzo de 2003 se inicia otra etapa, en la que los y las trabajadoras decidieron cambiar el rumbo de la disputa, y tomar la gestión en sus manos. A partir de entonces pelearon por dar continuidad a su fuente laboral, creando la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional Limitada. No pocas disputas atravesaron, incluyendo varios intentos de desalojo, disputas judiciales para permitir el uso del inmueble, y por supuesto, la disputa por la propia propiedad. Una pelea que prácticamente todas las empresas recuperadas debieron transitar durante los 12 años del kirchnerismo, en los cuales muy pocas lograron soluciones estables.

La conversión de la empresa como cooperativa recuperada implicó grandes desafíos para aprender nuevas herramientas de gestión y organización, y desaprender viejos vicios empresariales –que incluyen fomentar la desconfianza entre compañeros. Desandar esos caminos era y es tan difícil como construir los nuevos. Rápidamente el BAUEN comprendió que debía apoyarse en las organizaciones sociales y en el movimiento popular para blindarse de los abusos y extorsiones siempre presentes. El BAUEN se convirtió, de alguna manera, en la casa de las recuperadas del interior del país, cuando venían a reclamar y peticionar a la capital del país. Allí se cruzaban con sindicatos, organizaciones sociales, proyectos autogestivos y otras iniciativas que dieron forma a una amplia solidaridad política. Este año, el BAUEN ha sido la casa de la Multisectorial de CABA contra el tarifazo y el ajuste.

La derrota electoral de las presidenciales de 2015 dio impulso a múltiples agendas detenidas por falta de voluntad política. Entre ellas, se logró apurar el proyecto de Carlos Heller por la expropiación del inmueble, a cargo del Estado, a cuenta de créditos impagos, y la cesión a la cooperativa BAUEN. El 26 de noviembre de 2015 se logró la media sanción en Diputados de esta ley. La mayoría de los diputados opositores evitaron presentarse, pretendiendo bloquear así lo inevitable, pues el kirchnerismo contaba con mayoría propia. El de Heller fue el último de una gran cantidad de proyectos presentados en el mismo sentido, cuyo estado parlamentario caía por falta de tratamiento.

Ese era el riesgo con este proyecto con media sanción: quedar cajoneado y volver a foja cero. Por eso, la noche del 30 de noviembre de este año, nuevamente los trabajadores y las trabajadoras del BAUEN se presentaron en el Senado a reclamar el tratamiento –sobre tablas- del proyecto con media sanción, tras la extensa jornada de debate por el presupuesto de 2017. Y aunque el bloque Cambiemos buscó dilatar el tratamiento con excusas variopintas, no pudieron evitar la votación. El senador radical Luis Naidenoff dijo que no sabían con exactitud cuál era la deuda o quién era el titular del inmueble, mostrando su falta de interés en averiguarlo o siquiera escuchar los 14 años de lucha. La senadora PRO Laura Machado pretendió usufructuar una carta federal señalando que el costo de la expropiación lo pagarían todas las provincias, como si eso los hubiera detenido de otras acciones. Pero la clave la dio el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al señalar que “No podemos votar esto porque el valor del inmueble es enorme y los beneficiarios son poquísimos”. El problema, para el PRO, era cómo echar mano de una gran renta inmobiliaria, de la que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sabido aprovechar para sus negociados.

Nada de esto tenía fuerza luego de las largas tratativas del presupuesto. Gran oportunidad para la oposición para pasar un proyecto favorable a los intereses populares, luego de aprobar el proyecto económico 2017 de Cambiemos. A avanzadas horas de la noche, se aprobó el proyecto que declara de utilidad pública y sujetos de expropiación a los inmuebles e instalaciones del hotel, otorgando el uso a la cooperativa. Esto mejora las condiciones de casi 140 trabajadores y trabajadoras, que ahora podrán establecer contratos, ser sujetos de crédito, proveedores inscriptos del Estado, entre otras mejoras. Queda en espera la reacción de Macri, que puede promulgar o vetar la ley en las próximas semanas. El lunes 5 se realizará un encuentro de Multisectoriales, donde se abrazará simbólicamente al hotel.

María Eva Losada, presidenta de la Cooperativa BAUEN, señaló que esto es “el fruto de una lucha de los trabajadores y de las organizaciones y espacios que apoyaron”. Federico Tonarelli, trabajador del BAUEN y presidente de la Federación FACTA, reforzó la misma idea: se trató de trabajo consecuente, permanente, con el movimiento obrero, las cooperativas, los movimientos sociales y organizaciones populares, construyendo una amplia unidad.

Eva resaltó además, respecto del gobierno, la incomprensión de quienes ven todo desde la mirada empresarial, y por eso “no entienden cómo un grupo de simples trabajadores puedan expropiar y quedarse con una empresa”. Para todos quienes no lo comprenden, aquí uno de tantos ejemplos de coraje e hidalguía: el BAUEN para quienes lo trabajan.

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A pesar del rechazo del oficialismo, la Cámara de Senadores sancionó la ley que permite expropiar el tradicional edificio de la Avenida Callao. La legislación declara de “utilidad pública” al inmueble y así se mantendrán los 140 puestos de trabajo. Natalia, María Eva y Patricia, integrantes de la cooperativa, conversaron con Marcha.

En medio del debate caliente y confuso que se desató en la noche del miércoles 30 de noviembre en la Cámara Alta, el senador del PRO, Federico Pinedo, lanzó: “no podemos votar esto porque el valor del inmueble es enorme y los beneficiarios son poquísimos”. Sin embargo, el rechazo de la alianza Cambiemos no pudo frenar la conquista de la clase trabajadora. En un año 2016 recargado de ajustes, despidos y tarifazos, este hecho se convierte en uno de los pocos triunfos que puede anotarse el movimiento obrero bajo la gestión macrista.

Por 39 votos a favor y 17 en contra, el Senado convirtió en ley la expropiación del hotel Bauen, emblema de las de fábricas recuperadas, ubicado sobre Callao al 300, casi esquina Corrientes, de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa había recibido media sanción de Diputados en noviembre del 2015, pero no había sido tratada en este periodo. De esta manera, seguirá al frente el emprendimiento la cooperativa que recuperó el hotel tras la crisis de 2001 y se sostendrán los 140 puestos de trabajo.

La legislación declara de “utilidad pública” al inmueble –sobre el que pesaba una orden judicial de desalojo- y lo cede en comodato a quienes hace 14 años se hicieron cargo del manejo de sus propias fuentes laborales. Además, establece que se entregará el uso del inmueble a la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional Limitada, quienes deberán “destinar y crear espacios de promoción cultural y realizar actividades educativas, artísticas y sociales”.

Las trabajadoras

“Estamos muy felices, fue muy dolorosa y traumática la angustia que estuvimos viviendo. Nosotros siempre quisimos seguir trabajando, no queríamos ni queremos que vengan a sacarnos, ya demostramos mucho. No sólo por los puestos de trabajo, también directa o indirectamente, lo que generamos con los proveedores o las organizaciones sociales y políticas”, explica María Eva Lossada, presidenta de la cooperativa.

“Yo estoy desde el 94 acá, primero trabaje bajo patrón, y ahora hace 14 que seguimos administrando todo nosotros. No nos llevamos mucho dinero a casa, pero nunca imagine que podíamos poner en marcha y hacer funcionar un hotel”, agrega María, sobre el lugar que es explotado en cooperativa desde el año 2003 cuando los dueños abandonaron la empresa.

“Ya estoy hace 9 años y la verdad este va a ser el primer fin de año que vamos a estar tranquilos, va a ser el mejor de todos. Los anteriores no sabias si te ibas a encontrar con el desalojo, con la policía en la puerta para sacarnos. Ahora tenemos el trabajo y no tenemos que pedirle a nadie”, explica Patricia, secretaria del consejo de Administración.

“Yo hace 10 años trabajo acá. Y a mí me salvó porque me agarro en una etapa muy crítica de mi vida. Yo con este laburo, como madre al frente de la familia, pude darle de comer a mis hijos”, sentencia Natalia, una de las responsables del área de cocina.

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