Por Mauricio Polchi

“Bueno, resulta que yo fui una de las contagiadas”, dice el mensaje de whatsapp que Roxana envió el pasado 5 de julio. La primera escucha te deja en shock. La segunda, aturde. “Hola Mauri, soy Roxana de la olla colectiva ‘Nosotros la luchamos’, tú me entrevistaste y yo te dije cuál era la preocupación como mamás del barrio. Te cuento que di positivo y ahora estoy sin mi familia y aislada en un hotel”, explica, con una voz pausada y serena que sale desde el celular.

Unos días antes, esa misma mujer había denunciado ante la prensa la ausencia del gobierno de la Ciudad en el barrio Rodrigo Bueno. La posibilidad de contagio estaba latente. “Me dio fiebre, estuve entre 5 y 6 días con más de 39 grados, un dolor de músculos y hueso muy feo, la cabeza me explotaba, no sentía el olor, no sentía nada. Entonces me tuve que ir a hacer el testeo y me confirmaron el contagio. Igualmente, yo sigo preocupada porque me comunico con mis vecinos y me cuentan que todo sigue igual y no están testeando casa por casa”.

Por esas horas, en conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmaba que ya se había perforado la barrera de los 100 muertos en las villas de la Ciudad. Sobre un total de 700 fallecidas y fallecidos en todo el distrito, 105 pertenecen a los denominados barrios populares. “Este virus vino a demostrar toda la inequidad que la sociedad contemporánea tiene”, reconoció Quirós, a pesar de las críticas.

Muchas de las víctimas son referentes de los comedores y merenderos que alimentan a miles de personas de lunes a lunes. El caso más emblemático es el de Ramona Medina, de la Villa 31 de Retiro y parte de La Garganta Poderosa. El más reciente, el de Rossio Roxana Choque, militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en el Bajo Flores. Entre otros y otras, a esa lista de pérdidas dolorosas se agregan los nombres de Víctor “El Oso” Giracoy, del histórico comedor Estrella de Belén (Villa 31); Agustín Navarro, militante de la Mesa por la Urbanización y Barrios de Pie (Villa 31); Víctor Ávila de Juegotecas Barriales – Puerto Pibes (Villa 31); Pedro Condorí, de la Corriente Nacional de la Militancia (Villa 31); y Carmen Canaviri, del merendero “Lucecitas del Sur” de Barrios de Pie (Villa 1-11-14).

Por este motivo, desde hace varios meses, las agrupaciones sociales le reclaman a la Administración de Horacio Rodríguez Larreta que ese sector sea designado formalmente como trabajadores y trabajadoras esenciales. Están en la primera línea de contención del hambre, producto de la pandemia y apenas se les reconoce como “voluntarios”. No reciben ninguna remuneración, y dejan la vida en cada plato que preparan y reparten.

La Rodrigo Bueno: “Nos sentimos abandonados”

En la entrada del barrio hay un mural con los rostros de Héctor Lavoe y el Potro Rodrigo. La obra está muy bien hecha, y ellos se lucen de forma permanente. Esa postal, con los íconos de la cultura popular retratados en el ingreso, es una verdadera síntesis del ritmo musical que resuena en los pasillos de la villa. Los callejones internos son una especie de conductos que se trenzan como en un laberinto. Entre escalones y subidas, en esos ajustados pasadizos que sirven para transitar el corazón del lugar, es imposible sostener la cuarentena y el distanciamiento social. Además, a pesar de las restricciones por el aislamiento que rige en el área metropolitana, los comercios, todos sencillos, todos dispares, mantienen sus puertas abiertas y el movimiento es constante. Según el censo residían alrededor de 1800 personas en 2010. Sin embargo, otras estimaciones señalan que ya había más de 3000 en ese mismo periodo.

“Nos sentimos abandonados”, había alertado la propia Roxana Hurtado el pasado 17 de junio, ante la falta de protocolos sanitarios para la población del lugar. Todavía no tenía Covid, pero igual Roxana exponía “la falta de información oficial” que derivó en un brote local que ya tienen más de 120 casos positivos. Ella, junto a un grupo de vecinos y vecinas, cada fin de semana entrega viandas para más de 100 personas. “Lo hacemos de forma solidaria, con cosas que juntamos entre nosotros y las preparamos con mucho amor”.

Ubicado en el fondo de la Costanera Sur, en un espacio que hoy pertenece a la Reserva Ecológica, en el barrio Rodrigo Bueno predominan las casas precarias y humildes, en un fuerte contraste con las lujosas y gigantescas torres de Puerto Madero, que a pocos metros de ahí se elevan como rascacielos de cristal.

Bajo Flores: “Somos esenciales. Reconozcan nuestras tareas”

Unidas entre sí, las banderas de Paraguay, Perú y Bolivia, cuelgan de los árboles que hay en la rotonda de Riestra y Perito Moreno, al filo de la cancha de San Lorenzo, en el barrio. Es 9 de Julio y en el Día de la Independencia Argentina, las y los habitantes de la Villa 1-11-14 llevan adelante otra  jornada de ollas populares. Quienes organizan el encuentro usan tapabocas, limpian el ambiente, se higienizan con alcohol en gel y tratan de mantener el distanciamiento. Desde todos los rincones (del también llamado barrio Padre Ricciardeli) salen hombres y mujeres con sus hijas e hijos, que cargan tapers o cazuelas para llevarse un guiso caliente a sus hogares.

“La situación se encrudeció porque la pandemia resaltó las necesidades de los vecinos. La falta de laburo, de agua, vivienda”, explica Ana Gamarra, del FOL. Solamente en el Bajo Flores, esa agrupación entrega más de 3 mil porciones por día. “Hay situaciones muy graves, tratamos de darle de comer a todos los que podamos, pero las raciones no alcanzan. Incluso, muchas veces nosotras y nosotros tenemos que hacer donaciones. En esta época he conocido lugares del barrio que no sabía que existían, llegamos donde no llega nadie, y menos el gobierno”, asegura Ana, mientras coordina la jornada en la placita de la rotonda. También participan sus compañeras de Barrios de Pie y la CTA Capital.

Es jueves feriado, hace frío, y mientras asoma el sol del invierno, por cuarto jueves consecutivo se monta una acción de protesta para visibilizar las tareas que las mujeres desempeñan en los comedores comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. “Somos esenciales. Por el reconocimiento de nuestras tareas. Larreta, hacete cargo”, se lee en una de las ollas, que tiene una cartulina verde pegada a mano.

“Las trabajadoras comunitarias garantizamos el cuidado en nuestros territorios, con el cuidado sanitario, el de nuestras infancias, de los adultos mayores. Y esa labor no es jerarquizada ni reconocida económicamente, por eso pedimos políticas públicas que respeten la igualdad de derechos”, remarcó María Eva Koutsovitis, del Frente Salvador Herrera.

La desigualdad a la luz del COVID

Producto de la pandemia, el golpe sobre la economía será muy duro para todos los sectores. Para las clases bajas, el 2020 será devastador. Todos los indicadores anticipan que la pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a empeorar. A casi 4 meses del aislamiento obligatorio –y con las últimas semanas en una fase de retroceso en CABA y provincia de Buenos Aires, según acordaron en la Quinta de Olivos Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof– ya hay varios números que dan cuenta de esa dramática situación: 18.400 empresas de todo el país y rubros cerraron en dos meses; 285 mil trabajadoras y trabajadores registrados perdieron su empleo entre abril y mayo, y un crecimiento exponencial de personas que pasaron a pedir ayuda estatal.

Solo en CABA, la situación es aún más desesperante: la asistencia alimentaria en comedores porteños aumentó un 200% en apenas tres meses. Pero los informes de las organizaciones sociales aseguran que la realidad es más compleja. En este tiempo, las y los representantes de esas agrupaciones políticas mantuvieron reuniones con funcionarios para dialogar sobre un plan de emergencia que proyecte un aporte para quienes, de forma gratuita y solidaria, sostienen esos espacios. Pidieron insumos y herramientas sanitarias para esos lugares. Del salario, solo hubo amagues.

Source

El mismo día que el presidente anunciaba la baja en el índice de pobreza, distintas organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en dos acciones distintas por el sostenimiento de planes sociales y políticas de empleo genuino.

El gobierno de Mauricio Macri quiso anunciar una buena noticia de su gestión de gobierno. El dato, en términos concretos, dice que 1.900.00 personas dejaron de ser pobres y 600.000 salieron de la línea de indigencia en el segundo semestre de 2017. De todas formas, un dato preocupante reflejado en La Nación, refiera a que aún “El 39,7% de los chicos menores de 14 años son pobres”.

¿Bajó la tasa de pobreza durante 2017? Sí.

¿Es comparable este 25,7% con el 32,2% de abril de 2016? No. Macri intenta disimular el salto que pegó cuando asumió.

¿Es comparable con 2015? Tampoco. Distintas series.

¿Es una baja sostenida? Los datos INDEC de 2018 sugieren que no.

— Alejandro Bercovich (@aleberco) March 28, 2018

El presidente señaló que crecieron el empleo registrado, la industria y los créditos pero lo cierto es que los trabajadores y trabajadoras informales, “en negro”, o no registrados subieron del 33,6% al 34,2% (INDEC). Además, se refiere a que la desocupación bajó en general, pero para las mujeres aumentó del 8,4 al 8,7%. De esta forma se esconde la feminización de la pobreza.

Macri realizó el anuncio acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Entre las hipótesis, se la nombra como una posible candidata para la vicepresidencia en caso de que Cambiemos apueste a la triple reelección de Macri, Larreta y Vidal. También el ministro Jorge Triaca, de la cartera de Trabajo, acompañó la “buena noticia”; el gesto responde a la buena “performance” del ministro en el cierre de paritarias por debajo del 15%, como exige el gobierno.

Jornada de movilizaciones

Mientras el gobierno anunciaba el retroceso de la pobreza, dos movilizaciones se preparaban en el centro de la Ciudad para desmentir esas cifras y denunciar los anuncios, porque los recortes en las políticas sociales y asistenciales, como las medidas económicas implementadas por el gobierno, no solo no resuelven la pobreza sino que, por el contrario, se incrementan familias sin trabajo y la demanda en los comedores populares.
Dos semanas atrás, bajo la consigna “Sin trabajo no hay futuro”, distintas organizaciones sociales rechazaron la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referida a la eliminación de los programas sociales “Ellas Hacen”, “Desde el Barrio” y “Argentina Trabaja”, con la idea de amparar a todos los y las beneficiarias en un nuevo programa llamado “Hacemos Futuro”.

“Sí al trabajo, no al ajuste”

En el día de ayer, se desarrollaron dos movilizaciones con un similar objetivo: denunciar las políticas del gobierno y reclamar por trabajo digno y genuino para los sectores populares.

Desde las 11 de la mañana, y convocada por el “Triunvirato Piquetero” (CTEP, la CCC y Barrios de Pie) se comenzaron a agrupar trabajadores y trabajadoras de la economía popular de toda la región metropolitana con el lema “Sí al trabajo, no al ajuste” para marchar hacia el Ministerio de Trabajo. Esta acción se replicó en las delegaciones en todo el país y como señalan las y los organizadores, en CABA fue acompañada “por representantes de la Juventud Sindical, ATE, CTA, SUTEBA, La Corriente Federal, AEFIP, Polo Obrero, MST, FPDS y FOL”, mostrando un importante arco de unidad en las calles con el objetivo de “exigir al gobierno que cumpla su palabra de no recortar los programas de trabajo que dejarían sin sustento a miles de familias de los sectores más vulnerables del país”.

El acto en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo contó con la participación y la palabra de todas las organizaciones presentes. Según expresó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP en el cierre, fue la primera vez que hay más voceras que voceros.

Entre las organizaciones que acompañaron la movilización y fueron parte del cierre, Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán saludo la jornada de lucha y advirtió que “vendrán muchas más si este gobierno sigue insistiendo en hacer oído sordos a los reclamos de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”. “Hoy volvimos a salir a la calle en unidad, como debe de ser, para denunciar a este gobierno, y su modelo de ajuste” explicó y detalló que el gobierno busca “eliminar los Programas de Trabajo Autogestivo, cuando todos y todas sabemos que es una fuente laboral para miles de personas”. “Estamos convencidos que sin trabajo no hay futuro”, concluyó.

Castro, por su parte, en el cierre del acto denunció que “hoy el presidente Macri va a plantear que bajó 2 puntos la pobreza, no le creemos nada. Si bajó la pobreza en este país es porque subió la indigencia, que no sean miserables, que no nos mientan en la cara”. Además adelantó que de no resolverse las situaciones denunciadas, en la segunda semana de abril se realizará una “jornada nacional de lucha” junto a las organizaciones sindicales.

No al recorte salarial. Apertura de los programas de trabajo

Aunque algunos medios de comunicación masiva intentaron instalar la idea del caos de tránsito en la ciudad, lo que aconteció es que no solo hubo demandas al gobierno nacional, sino que alrededor de 4 mil personas nucleadas en las organizaciones y cooperativas de trabajadores y trabajadoras precarizadas de la ciudad, llevaron adelante una intensa jornada contra las políticas del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

Es así, que desde las 7.30 se desarrolló un corte parcial en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, convocado por MTR Votamos luchar, Movimiento Barrios de Pie, Frente Salvador Herrera y la Agrupación Germán Abdala de la CTA-A, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero, Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, Movimiento Resistencia Popular, Agrupación Villera Piquetera y la Federación de Organizaciones de Bases (FOB), para visualizar la compleja situación que atraviesa el sector. Sebastián Zubizarreta, del FOL, aseguró que “Por tercer año consecutivo, el gobierno porteño pretende reducir los salarios de nuestros compañeros y compañeras de por sí precarios, que van de 4 mil a 8 mil pesos, es decir que además son salarios que están por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. Esto, en respuesta a la propuesta del 15% en cuotas para el sector, representando una suma muy insuficiente.

En ese marco, alrededor de las 11 hs. las organizaciones y las y los cooperativistas se movilizaron al Ministerio de Espacios Públicos para exigir la apertura de programas de trabajo, además de que “Se pueda cumplir la Ley de Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires que desde su aprobación no llega a los barrios más humildes”, aseveró Zubizarreta.

Además, se entregó un petitorio con propuestas de trabajo, incluyendo ampliación de las cuadrillas de recolección de residuos, creación de puntos verdes, capacitaciones, entre otros puntos, con el fin de abrir mayores puestos de trabajo, además de abordar un tema complejo en los barrios más humildes en relación a los residuos.

Finalmente, Zubizarreta aseguró que “Rechazamos el discurso del gobierno de la ciudad que dice que ya no hay posibilidades de ampliarlos programas de trabajo, ya que es  el distrito con mayor presupuesto del país, donde no hay emergencia o dificultad presupuestaria y donde estamos hablando que se cumplan leyes existentes”.

El gobierno recibió las propuestas en lo que será, sin duda, una etapa más de un año complejo y de profundas exigencias por los sectores populares, cada vez más golpeados por el ajuste de Cambiemos.

Source

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, encabezado por Carolina Stanley, propuso la eliminación de los programas sociales “Ellas Hacen”, “Desde el Barrio” y “Argentina Trabaja”, con la idea de amparar a todos los y las beneficiarias en un nuevo programa llamado “Hacemos Futuro”. Los movimientos sociales denuncian que buscan desfinanciarlos y romper con la organización colectiva.

La propuesta tiene como principal modificación que la contraprestación que den los y las beneficiarias del nuevo programa sea educativa y no laboral, como venía siendo con los proyectos anteriores. Un requisito excluyente para poder acceder a la remuneración que otorga el Estado es el de la “Educación Formal Obligatoria”, es decir, es necesario que la o el beneficiado acredite que se encuentra inscripto y cursando en alguna institución educativa reconocida por el Estado. El objetivo es “empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad social, promoviendo su progresiva autonomía económica y potenciando sus posibilidades de inserción laboral e integración social”. Por lo menos así figura en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social.

La medida generó mucho repudio en los movimientos sociales, que consideran que la resolución firmada por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley y el secretario de Economía Social, Matías Kelly, constituye un claro ataque contra sus organizaciones y un intento de avasallar su autonomía. Por lo menos así lo consignaron dirigentes de las principales centrales de trabajadores de la economía popular, como Juan Grabois de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Daniel Menéndez de Barrios de Pie o Emilio Pérsico del Movimiento Evita. Los dos primeros agregaron, además, que es una medida revanchista por haber aportado cerca de la mitad de los concurrentes a la movilización del 21F convocada por el dirigente camionero Hugo Moyano.

Ante esta medida adoptada por el gobierno nacional, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el FPDS – Corriente Nacional, la Izquierda Latinoamericana Socialista, la Corriente Surcos y la Corriente Popular Juana Azurduy cortaron el día de ayer el cruce de las avenidas Corrientes y Callao de la Capital Federal a las 7 de la mañana. Horas más tarde movilizaron hacia el Obelisco.

En diálogo con Marcha Cristóbal Cervera, militante del FPDS, explicó qué implicaría esta reformulación: “Este nuevo programa viene a anular todo lo que representaba “Argentina Trabaja”, que nos permitía a las organizaciones sociales generar fuentes de trabajo, sobretodo en lugares donde la descomposición del tejido social en los últimos dos años se pronunció abruptamente. No entendemos la lógica de capacitar a los beneficiarios porque estos ya se capacitan. No sólo con el trabajo, porque eso capacita en sí, sino además con las unidades educativas como los bachilleratos populares, construidos por nosotros mismos”.

La lógica de Cambiemos resulta contradictoria. Por un lado, exigen la capacitación formal de los y las beneficiarias del plan en instituciones educativas y, por el otro, cierran escuelas, desfinancian la educación pública y desamparan a los bachilleratos populares (que en la actualidad representan un tercio de la oferta educativa de jóvenes y adultxs en la Ciudad de Buenos Aires). Por lo menos así lo considera Dina Sánchez, vocera del FPDS. “Le miente a la gente diciendo que se trata de capacitarnos y de poder estudiar, si nosotros dentro de la cooperativa ya estamos capacitados y estudiamos. Muchas compañeras y compañeros terminamos el secundario en los bachilleratos populares de los movimientos sociales. Si tanto quiere que estudiemos, ¿por qué quieren cerrar los bachilleratos populares? ¿Por qué cerraron escuelas públicas?”.

La historia del oficialismo con las “reformas” en concepto de planes sociales no es nueva. Todavía fresco está el fracaso en que derivó el programa “Empalme”, lanzado con bombos y platillos en un acto por el Día del Trabajador del año pasado. Al presidente Mauricio Macri lo acompañaba el ahora difunto Gerónimo “Momo” Venegas, del gremio de peones rurales (Uatre). La idea era reconvertir a las y los beneficiarios de los planes sociales en empleados del sector privado, insertándolxs en el mercado laboral mediante pasantías de 3 meses en empresas privadas que eventualmente derivarían en trabajos formales. Más allá del beneficio extraordinario que esto implicaba para las empresas, que podían acceder a mano de obra barata (ya que el Estado seguía aportando los 4000 pesos por beneficiado/a en concepto de pago parcial del salario), los números tampoco acompañaron. La propuesta era reconvertir unos 400 mil planes sociales en empleo en el sector privado. 4 meses más tarde, sólo 78 personas habían accedido al mercado laboral formal. Incluso con los cálculos más optimistas del Ministerio de Trabajo de la Nación, que estimó unos 6.814 beneficiados/as, el objetivo quedó notoriamente trunco.

De por sí, la idea de la obligatoriedad educativa suena progresista. Sin embargo, hay problemas con este planteo que Felipa Azurduy, vocera del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional (FPDS-CN), se encargó de aclarar. “Este gobierno ahora cambia el acceso a los proyectos, haciendo obligatorio el estudio. No nos parece que esté mal pero directamente nos cierran las obras que estábamos haciendo en los barrios. No nos van a bajar más materiales para las obras, como las veredas o pinturas en salitas, escuelas. Ahora sostenemos huertas y viveros para poder mantener los comedores donde se alimentan niños y personas adultas, para que puedan tener un plato de comida. Con la obligatoriedad educativa pasaríamos a recibir una beca y no trabajaríamos”.

Más allá de esta concepción asistencialista sobre el desarrollo social, que resulta contraproducente con el deseo de “empoderamiento” expresado por la cartera de Stanley, para Azurduy esta reforma tiene otras consecuencias negativas. “La estrategia del gobierno es fragmentar a las organizaciones. Van llamando a cada una de las compañeras individualmente para convencerlas de que dejen de estudiar. Ofrecen capacitaciones de oficios y, una vez capacitada, te ponen en una bolsa de empleo y te llaman para ofrecerte trabajo. Hoy por hoy vos ves cómo aumentan los despidos y te prometen trabajo a futuro, es sospechoso. Además te dicen que tenes que anotarte para cursar en una escuela de adultos pero no hay vacantes. Y al mes, si no estás inscripto en ningún lado, te dejan de pagar”.

Peligran los puestos de trabajo de 260.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Las organizaciones sociales exigen una mesa de diálogo con la ministra Carolina Stanley, donde den respuestas a los reclamos de la economía popular. “No vamos a permitir que este gobierno de derecha siga avanzando sobre nuestros derechos. Sin trabajo no hay futuro”, afirmó Dina Sánchez, vocera del FPDS.

Source

Ayer se llevó adelante el Migrantazo, impulsado por la campaña Migrar No Es Delito, bajo la consigna “Migrar es un derecho humano, la salud y la educación también”. Se exige la anulación de un decreto presidencial por considerarse xenófobo y estigmatizante.

A eso de las 15hs en la Plaza de los Dos Congresos. Escondidos entre colectivos estacionados y multitudes docentes en desconcentración, se empezaban a juntar las y los participantes de lo que sería la segunda jornada de lucha organizada por la campaña “Migrar No Es Delito”. Hacía poco más de un mes que en esa misma plaza había tenido lugar su lanzamiento público. Migrantes latinos de todo el continente, fundían el reclamo por la derogación del decreto presidencial 70/2017 que permite al Estado argentino tomar medidas judiciales express para la deportación de población migrante de manera arbitraria.

El miércoles pasado en la mutual Sentimiento del barrio de Chacarita, se realizó una reunión abierta de casi un centenar de personas para conversar sobre la reciente propuesta discriminatoria impartida por sectores del radicalismo, integrantes del frente Cambiemos. Gerardo Morales abrió la discusión sobre arancelar la salud para la población migrante, por lo menos en la provincia de Jujuy donde oficia de gobernador. Posteriormente el diputado nacional por el mismo partido, Luis Petri, presentó un proyecto de ley en el congreso nacional para arancelar tanto la salud como la educación a nivel país. Más allá de que finalmente el polémico proyecto de ley no prosperó, el debate ya se encontraba abierto. De la reunión convocada nació la necesidad de expresarse, de movilizarse.

“Teniamos que desmentir los argumentos que el gobierno utilizó. El trabajador migrante, humilde, que vive en los barrios, que viene a trabajar, que sostiene la agricultura, la economía de su familia, que trabaja precarizado, no es el que se está choreando la plata. Nosotros y nosotras tenemos todos los derechos de percibir los servicios sociales, de salud y educación porque también somos parte de la población que aporta al mantenimiento de esos servicios. En eso el gobierno está perdido, quiere culpar a gente que no tiene que culpar, quiere quitarle recursos a quien no hay que quitarle recursos. Es lo que venimos viendo en varios ámbitos de la sociedad”, nos expresó Pablo Cossio, integrante de origen chileno del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM)

Migrantazo

Pasadas las 16 hs, comenzó el evento programado. Se formó un semicírculo entre las principales columnas de organizaciones como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero, Barrios de Pie. “En el fondo lo que quieren hacer es que una persona tenga que pagar por utilizar los servicios públicos en la Argentina, ir en contra del sistema universal de salud. Es nada más y nada menos que la privatización del sistema, primero vamos a empezar pagando nosotros, después lo vamos a hacer todos”, afirmó Juan, trabajador boliviano, micrófono en mano delante de la multitud. En diálogo con él, nos comentó jocoso “En la campaña estamos expresados casi todos los países latinoamericanos, creo que nos falta Guyana Francesa, nada mas. Las asambleas son buenísimas porque hay tonos de todos lados”. Además, agregó que “Nosotros empezamos a plantearnos de otra forma, estamos hablando de la necesidad de un paro migrante, el pedir que no nos discriminen, el acusar al otro de ser malo, realmente no funcionó. Mirá, todo lo que nosotros hacemos acá, todo lo que servimos, todo lo que aportamos en esta economía, en esta sociedad, eso se tiene que reconocer. Queremos ser parte de la discusión sobre la política migratoria”.

En una de las última intervenciones nos habló Chana del movimiento centroamericano “2 de Marzo”, organización formada a partir del asesinato de la militante feminista e indigenista Berta Cáceres en Honduras. Ella conforma el espacio “Ni una migrante menos” al interior del BTM: “Entendimos que hay una gran feminización de la migración a nivel latinoamericano y nosotras sufrimos bastante toda la discriminación y xenofobia, siendo nosotras las que estando a cargo de los cuidados, tenemos que acudir los hospitales públicos y las escuelas con nuestros hijos. Muchas compañeras no se están animando a ir a los hospitales por la situación discriminatoria, otras de interactuar con las docentes y directivos de los colegios”. Y sentenció que “Todo apunta a desorganizarnos como migrantes. No nos quieren echar, nosotros somos una parte importante de la producción nacional, nos quieren precarizar. Es un paquete neoliberal”.

Cerrado el evento, las columnas se desplegaron en una vuelta a toda la plaza Congreso, se marchó agridulce. Se sentía la alegría de ver como la cosa estaba creciendo, tomando voz y forma, haciéndose cada vez más grande. A veces las coincidencias atacan, será que cuando estamos hablando de una cosa, en realidad estamos hablando de todo. Esa misma tarde se sentenció la extradición a Chile del mapuche Fernando Jones Huala, en fin. Seguimos hablando de fronteras.

Source

Apenas asumió el nuevo gobierno el jefe de gabinete Marcos Peña dijo que se había terminado “la guerra del Estado contra el periodismo”. Pero lo que empezó fue una guerra contra los trabajadores de prensa, asediados por despidos, balazos de goma y las detenciones arbitrarias.

El mismo día que se cumplía un nuevo aniversario del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el jueves 25 de enero pasado, un policía de civil realizó un seguimiento a un equipo de periodistas de la agencia Télam que venían de cubrir una marcha del movimiento Barrios de Pie. Cuando volvían hacía la agencia en un auto ploteado con el logo de la empresa notaron que los seguían en otro vehículo. El perseguidor, que estaba de civil, se puso a la par. La persona que conducía el auto se presentó como policía y les preguntó si eran de Barrios de Pie.

Al día siguiente se dieron a conocer los procesamientos de 40 personas, entre ellas el de la periodista Estefanía Cámera Da Boa Morte, integrante de FM Mundo Sur y de Mundo Villa. El 14 de diciembre último se encontraba filmando la represión contra manifestantes que repudiaban la ley de Reforma Previsional, cerca del Congreso. Sin que mediara ninguna otra razón, fue detenida por la gendarmería, que la tuvo encerrada 24 horas. A pesar de que no cuenta con ninguna prueba el juez Claudio Bonadio acaba de procesarla por “intimidación pública y resistencia a la autoridad”.

A fin de año pasado se realizó un camarazo con la consigna “no disparen contra la prensa”. Al cierre de medios y a la pérdida de no menos de 3000 puestos de trabajo se le suma una ola de violencia policial y judicial contra la prensa. El año pasado dejó un tendal de agresiones policiales contra la prensa: al menos 37 fotógrafos, camarógrafos y periodistas heridos con balas de goma, mientras que 13 sufrieron detenciones arbitrarias. Golpes, amenazas y gases completan el panorama sombrío que padeció la prensa en 2017. Es el Protocolo en acción. Sin embargo, casi no se habla de esta realidad y las autoridades no parecen muy preocupadas por las denuncias. Desde las redacciones, se comienza a romper el cerco.

Veamos por ejemplo qué pasó con el caso de Télam. En un principio, los directivos optaron por el silencio. Al día siguiente, los trabajadores convocaron a una conferencia de prensa en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la presencia del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Barrios de Pie, la Correpi, el Cels y la adhesion de varias decenas de organizaciones.

Ante la difusión del caso, se hizo presente en Télam el subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, Juan Pablo Arenaza. Ya era imposible obviar el incidente, por lo que la gerencia periodística autorizó a que un redactor escribiera un cable.

Según podemos saber gracias a la denuncia de la Comisión Gremial Interna, en la versión que salió por el servicio de la agencia pública se mutilaron las palabras del delegado Esteban Giachero. También fue cercenada la voz de Daniel Menéndez, dirigente de Barrios de Pie.

“El hecho es grave, se trate de un seguimiento con un móvil policial no identificado a periodistas o a compañeros en lucha”, fueron las palabras de Giachero que la gerencia censuró.

“Entendemos que hay una escalada represiva en el borde del estado de derecho y que estamos frente a un hecho ilegal y torpe. Llamamos a los funcionarios de los gobiernos nacional y de la ciudad a que cesen estas prácticas que, lejos de resolver la conflictividad social, la van agravar”, fueron los dichos de Menéndez que los directivos de la agencia no toleraron ver publicadas.

Es un ejemplo claro de la disputa entre trabajadores que defienden la libertad de expresión y funcionarios que se aferran a un concepto gubernamental de medios públicos que nada tiene que ver con el pluralismo. Nótese este detalle: el cable original del redactor estaba titulado de forma ecuánime. “SiPreBa denunció ´seguimiento´ y el gobierno porteño atribuyó el hecho a una ´confusión’”. El cable publicado por el gerente periodístico tenía un título que desmentía algo que nunca había sido informado por la agencia: “El gobierno porteño aseguró que no hizo seguimiento a periodistas de Télam”.

“Lecciones prácticas sobre la pluralidad de voces”, resumieron irónicamente desde la comisión interna al difundir este hecho de censura. No es la primera vez que trabajadores de prensa en lucha le enseñan periodismo a gerentes, carneros y escribas del poder, como por ejemplo han hecho desde la comisión interna de Clarín en oportunidad de los conflictos de AGR y en el juicio a la interna de Perfil.

La disputa de los trabajadores de Télam no sucede en cualquier contexto: el pasado martes 23 de enero un multitudinario abrazo a la TV Pública se plantó contra el ajuste y el vaciamiento, en defensa del noticiero. Allí, quedó planteada la importancia del trabajo periodístico. “Nos duele lo que pasa con los medios. Nosotras gracias a los medios pudimos difundir el horror que se vivía en la Argentina”, dijo la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, solidarizándose con los trabajadores de canal 7, radio Nacional y la agencia Télam. La lucha en defensa de los puestos de trabajo es en el fondo una pelea por defender la libertad de expresión del pueblo.

*Secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires 

Notas relacionadas: No estamos dispuestos a liberar la zona a la represión

Source

El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 358/17 por el cual se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), luego de un relevamiento de villas y asentamientos de todo el país, que alcanza a 4100 barrios. Las organizaciones sociales reconocen allí una gran conquista para los habitantes de los barrios más pobres de nuestro país. Beneficios y la trastienda de una medida en la que los sectores populares se sienten cobijados.

RENABAP

En un breve comunicado conjunto que emitieron las organizaciones CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Techo se expresa que: “las organizaciones sociales peleamos y trabajamos durante meses en la construcción del primer Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Este relevamiento, realizado por los propios vecinos y vecinas,  arrojó el dato escalofriante de 4100 barrios, en donde se alojan millones de personas pobres en la República Argentina”.

No hay un mapa en el que figuren las villas y asentamientos de la Argentina, tal como lo expresan: “somos una mancha”. Y agrega que “Hay casas, calles, familias, pero no hay ninguna ley nacional, organismo público o plan urbano que reconozca nuestra existencia”.

Con el Decreto N° 358/17 se reconoce la existencia de estos barrios y se crea el Certificado de Vivienda Familiar. Se trata de un documento público que “legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad”, tal como afirman. Esto permitirá acceder de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública (agua, electricidad, cloacas, etc.)  y además exigir la prestación de otros servicios públicos básicos como transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos y todos los servicios necesarios para un buen vivir. Un reconocimiento en donde los sectores populares se sienten reconocidos como ciudadanos, tal como ellos expresan “aunque no tengamos el título de propiedad”. El Certificado facilita el horizonte de la integración urbana, anhelada por los habitantes de los barrios marginales y excluidos de nuestro país.

En el Decreto  se prevé la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan identificar a los tenedores de viviendas, con el objeto de aplicar las políticas, normas y procedimientos que oportunamente se definan, a los efectos de implementar la regularización dominial. Sin duda que de concretarse es una conquista cuya contracara es la incorporación territorial al mercado del suelo, formal y voraz. La posesión certificada podría permitir transacciones de manera más formal y las disputas que de ello se derivan, que hasta ahora quedaban en la total informalidad.

Antecedentes

En noviembre de 2016 se publicaba un relevamiento realizado por la Ong TECHO, que había impulsado la Jefatura de Gabinete de la Nación y que arrojaba como dato que 1 de cada 10 personas vive en un asentamiento informal.

Un relevamiento que parece preliminar al total que parece haberse alcanzado en este mes de mayo de 2017. Tal como se expresa en el Decreto: “existen más de CUATRO MIL (4.000) barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Con este instrumento del Poder Ejecutivo Nacional, se expresa la necesidad de solucionar el déficit habitacional que favorece las condiciones precarias de vida de las personas”.

Una expresión que no se condice con las políticas públicas que cotidianamente empobrecen a la población a la vez que hay sectores que se enriquecen exponencialmente. Mientras muchos pierden pocos ganan, parece la ecuación matemática del momento.

Detrás de escena

Mientras se anuncia esta conquista de los sectores populares y el gobierno nacional intenta mostrar su iniciativa hacia ellos, en un año electoral el portal del Banco Mundial puede hacernos inferir otras conclusiones.

Tal como puede leerse, las políticas públicas no están impulsadas por el gobierno sino que están promovidas por el financiamiento del Banco Mundial. Así parece indicarlo un documento que está fechado el 27 de febrero de 2017, en Washington. En él se afirma lo siguiente: Más de 110.000 personas en Argentina se beneficiarán del acceso a viviendas económicas y de la transformación de barriadas urbanas gracias a dos nuevos proyectos aprobados hoy por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Con unos US$400 millones, los dos proyectos apuntan a mejorar los servicios básicos en barrios urbanos desfavorecidos y mejorar el acceso a la vivienda formal en todo el país.

A nivel nacional, el Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda mejorará el acceso a la vivienda formal a través del primer programa nacional de subsidio a la vivienda del gobierno (Línea Solución Casa Propia).Simultáneamente, buscará mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales a través de mejor infraestructura, servicios públicos y programas sociales. El proyecto comenzará a ser implementado en cinco grandes áreas metropolitanas (Gran San Miguel de Tucumán, Gran Córdoba, Gran Mendoza, San Salvador de Jujuy – Palpalá y Mar del Plata-Batán). Alrededor de 3000 hogares se beneficiarán de acceso a la vivienda, mientras que unos 18.000 hogares también se beneficiarán de mejores condiciones de vida como resultado de inversiones en infraestructura.

Casualmente el relevamiento del mes de noviembre 2016,  presentado por Techo y difundido por el gobierno nacional, arrojaba cifras para las áreas para las cuales el Banco Mundial dará su financiamiento.

No se puede desconocer que el FMI trabaja en estrecha colaboración con el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional lo expresa con gran claridad: “El personal técnico del FMI y del Banco colabora estrechamente en la asistencia a los países y en cuestiones de política económica relevantes para ambas instituciones. A menudo realizan paralelamente misiones a los países, en las que participan funcionarios de ambas instituciones. La evaluación que realiza el FMI acerca de la situación económica general de un país y de su política económica se utiliza como referencia cuando el Banco considera posibles reformas o proyectos de desarrollo. Análogamente, cuando el FMI asesora acerca de la política económica tiene en cuenta asimismo la asesoría del Banco en materia de reformas estructurales y sectoriales”.

Las políticas de endeudamiento y transferencia de recursos al sector financiero global,  en las que avanza la actual gestión de Cambiemos, necesita argumentos sostenibles que lo permitan. El estado de creciente necesidad de los sectores populares y más pobres necesita de políticas activas que los tomen en cuenta. La creación del Registro de Barrios Populares, es una real necesidad  que, de concretarse, garantizará la estabilidad, aunque sea con precarias condiciones de habitabilidad que amenazan con empeorar.

Source

Luego de la intensa y masiva semana en materia de movilizaciones, en lo que fue una sucesión de reclamos en el ámbito de la educación, el trabajo y el paro internacional de mujeres, marzo sigue sin darle tregua al gobierno y no sin razones. Las demandas de las y los trabajadores se hacen carne y se viven en la cotidianeidad.

Avanzaba la jornada de lucha y los más de 300 cortes en todo el país. Alrededor de las 11, y tras provocaciones de parte de las fuerzas represivas que pretendían no permitir el acceso de las cuatro columnas que ingresaban por el sur del conurbano bonaerense, el Puente Pueyrredón volvió a ser de las y los integrantes de los movimientos sociales. Así, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, avanzaron sosteniendo el corte y dando paso a la organización del almuerzo popular.

Mientras, en el Acceso Oeste y en el corte de la zona norte sobre la Panamericana, la Gendarmería seguía amenazando con reprimir a quienes protagonizaban la protesta social y política. Los cortes y las movilizaciones se hicieron sentir en ciudades como Mar del Plata, Clorinda, Tucumán, Resistencia y en Alto Valle de Neuquén.

A la vez que se repetía en vivo la clase de organización y lucha de los movimientos sociales, los medios hegemónicos repetían la desinformación y la apología de la violencia sobre las y los más vulnerables. “Los cortes mandan”, decía un zócalo en correspondiente rojo; “Les regalaron el Puente”, concluía una conductora de renombre en piso; “Las fuerzas de seguridad absolutamente pasivas”, decía una cronista pidiendo el desalojo a través de la represión viendo pasar a miles por el Puente; “Han enviado mujeres con chicos en todos los cortes”, decía un opinador que pretende dirigir desde un estudio de TV el país, a los jueces y los movimientos sociales.

Relatos de una jornada de lucha

Fabiana es integrante de la Javier Barrionuevo, de Esteban Echeverría, al sur del conurbano bonaerense. Dice que se acercó a la jornada de lucha “por la implementación de la ley de emergencia social”, para que “no haya despidos y que haya más programas”. Agregó que “todo lo que está sucediendo” afecta de forma directa en la calidad de vida de los niños y las niñas en los barrios: “se empiezan a sentir las necesidades, los padres se quedaron sin trabajo, no tienen para la comida, entonces los chicos se acercan a los comedores, almuerzan y participan en las murgas”.

“Estamos por la mejora de los sueldos, la canasta familiar y el aumento del Argentina Trabaja”, relató Alicia, integrante del MTL, “para mas empleo”, resumió, “son varias cosas por las que estamos luchando. En los barrios la situación es bien precaria, yo vivo en un asentamiento que lucha por que el municipio lo reconozca”.

La jornada de lucha de los movimientos sociales ante la precarización de la vida, se organizó ya que las y los trabajadores de la Economía Popular están en la primera línea de afectados por el rumbo económico del gobierno de Cambiemos. Millones que perciben ingresos por debajo del salario mínimo y que ven agravadas sus condiciones de subsistencia por el aumento de la inflación y los sucesivos tarifazos a los servicios. Se exigió, entre varios reclamos, uno fuerte: la implementación de la Ley de Emergencia Social, la posibilidad de conformar un Registro de Trabajadores/as del sector y la implementación de un Salario Social Complementario que daría “respiro hacia abajo” como lo plantean algunas vocerías de las organizaciones. Esto dependerá de varios factores, entre ellos la conformación (en proceso) de un Consejo de la Economía Popular con representación de ambos lados (organizaciones populares y Estado) para monitorear la implementación de la ley.

La Boca se movió por la Emergencia Social

En sintonía con la masiva jornada realizada en el Puente Pueyrredon, en el barrio de La Boca se llevó adelante un corte del puente Nicolás Avellaneda, acompañado por ollas populares impulsadas por diversas organizaciones sociales y sindicales. De la actividad participaron el Frente Popular Darío Santillán, , la Organización Social y Política Los Pibes, el MP La Dignidad, entre otros.

Rosana, de la OsyP Los Pibes afirmó que el reclamo “Afecta a todos, trabajadores formales y también las y los excluidos. Buscamos una forma en la economía social”. Y Agregó que en el contexto político actual “Se nos está haciendo imposible sobrevivir. Esa cuestión de solamente trabajar para poder pagar nuestros impuestos. Queremos que nuestros chicos puedan estudiar, queremos tener una vivienda digna. Somos muchas organizaciones y copperativas que se van sumando al reclamos”.

Por su parte, Jesica, que integra el FPDS, destacó que “Estamos exigiendo que se implemente la Ley de Emergencia Social. Somos millones de trabajadores que estamos bajo el nivel del salario mínimo”.

Por su parte, las organizaciones que integran la Mesa 19 y 20 de la CTEP formularon un pliego de peticiones adicionales que están afectando a las y los trabajadores de la economía popular. La implementación de la Ley de Emergencia Social, reivindicación común y transversal de todos los sectores se suma la necesidad que cese la persecución y criminalización de la protesta social, Cese del ajuste y los incumplimientos del Ministerio de Trabajo, que sistemáticamente obstaculizan el acceso a los programas sociales, suspensión de los desalojos en la CABA y reapertura de la operatoria Ley 341 que permite la autogestión comunitaria de la vivienda, cese del ahogo económico sobre los medios comunitarios a través del incumplimiento en el pago de deudas atrasadas de la ENACOM. Cese de los incumplimientos del Ministerio de Desarrollo que obstaculiza la llegada de alimentos a merenderos y comedores populares.

Además de las organizaciones convocantes, decenas de vecinos y vecinas de la zona estuvieron participando activamente de la jornada.

Un reclamo en contexto

La masiva jornada de ayer se dio un día después del acampe que se desarrolló en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí, diversas organizaciones como el MTD Anibal verón, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Arde Rojo (FAR), Corriente Clasista René Salamanca, entre otras, expresaron diversas demandas de las y los trabajadores: salario mínimo igual de 13 mil pesos de acuerdo con la canasta básica, apertura de programas de trabajo, impulso a las cooperativas, entre otros. Razones que engrosan lo evidente, el Paro General.

Marianela Navarro, referente del FOL, señaló que “Le hemos presentado al gobierno numerosos programas y proyectos para generar empleo y aumentar nuestros ingresos y sin embargo hasta el día de hoy no solo que no hay una respuesta concreta, en este sentido, sino que además se han caído numerosos programas de empleo en distintas provincias del país”.

Celia, del barrio Paraná en Florencio Varela, también integrante del FOL, comentó que “Le damos de comer a 60 personas, todos los días. Y todos los días se suman más personas, familias con chicos, gente que por primera vez pisa un comedor, y van porque no tienen, o se quedaron sin trabajo. Hasta hace un tiempo venían 30, ahora el doble”.

La medida se extendió hasta el día de hoy, en lo que fue la continuidad de planes de lucha que la clase trabajadora seguirá llevando adelante, mientras la precarización de las vidas sea la única garantía que otorga el gobierno.

Source

Repasamos el panorama sindical luego de la masiva movilización de la CGT y organizaciones y el posterior acuerdo de algunos espacios involucrados.

En el Ejecutivo salieron el jueves a congelar la revisión de los convenios colectivos de trabajo anunciada por Mauricio Macri. La advertencia fue minimizada por miembros del gabinete. Explicaron que no hay una iniciativa firme para renegociar los convenios sino que se trató, para Macri, de una respuesta política a la marcha que la CGT llevó a cabo la semana pasada al Congreso junto con organizaciones sociales.

En tanto, el Ministerio de Trabajo sí avanzará sobre el análisis de convenios puntuales, como los del sector energético y el de la construcción, en el ámbito abierto de la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo.

Los funcionarios consultados admitieron que, más allá de aquella movilización, que la central obrera encaró a media máquina, a Macri y su equipo les preocupa la alianza entre los sindicatos peronistas y los grupos piqueteros.

Con ambos sectores, de todos modos, el Gobierno anudó el miércoles sendos acuerdos para garantizarse -o apuntalar- un fin de año sin sobresaltos en el frente sociolaboral. El entendimiento incluyó un “pacto antidespidos” hasta marzo entre la CGT y las principales cámaras empresariales, como segundo capítulo de la mesa de diálogo que ya había dado como primer fruto el bono de $ 2.000 de base en el sector privado, que más de la mitad de las empresas asegura que no podrá pagar, según una encuesta de Sel Consultores sobre la base de 680 entrevistas efectivas a gerentes y responsables de Pymes y grandes empresas.

Además, el compromiso de limitar los despidos será de cumplimiento voluntario por parte de las principales cámaras empresarias, representadas por el G6 (Unión Industrial, Comercio, Construcción, Bolsa, Bancos y Sociedad Rural).

Un día antes, el Gobierno nacional transfirió a los gremios $ 1.784 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) en el marco de la compensación a las obras sociales por las prestaciones de alto costo.

El gesto del Poder Ejecutivo con la CGT no es menor, ya que el manejo del dinero del FSR, fue uno de las principales temas de enfrentamiento entre la central obrera y el kirchnerismo durante los últimos años del Gobierno de Cristina Fernández.

Mientras tanto, el acuerdo entre el gobierno nacional y los movimientos sociales se firmó formalmente en el Congreso. Las autoridades de Cambiemos en el Parlamento plasmaron en un acta las medidas para paliar la emergencia social, sumaron más organizaciones sociales al acuerdo y se comprometieron a aprobarla antes de fin de año. “Vamos a tener un diciembre tranquilo”, señaló el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, destacó en la misma línea que “sin duda será un fin de año en paz”, uno de los objetivos que se planteó el macrismo ante la crisis social generada por su política económica.

Además participaron referentes de las agrupaciones que se sumaron al acuerdo: MP La Dignidad, MTE, Los Pibes, OLP, Mocase VC, Garganta Poderosa, Oktubres, Movimiento Villero Alberto Balestrini, y MTD Aníbal Verón, entre otras.

El acta acuerdo firmada establece la elaboración de un nuevo Proyecto de ley que declarará la Emergencia social a partir de la promulgación de la ley y se mantendrá hasta diciembre de 2019. El nuevo proyecto será tratado en sesión extraordinaria el próximo 6 de diciembre.

Los puntos acordados comprometen cerca de treinta mil millones de pesos para los próximos tres años. En diciembre próximo el aumento de los ingresos para cooperativistas a cuatro mil pesos, un aguinaldo de 2.030 pesos, un bono para los hogares beneficiarios de la Asignación Universal por mil pesos más 250 pesos por cada niño de la familia y un incremento de fondos para comedores comunitarios de casi el 60 %. Se creará un Consejo para discutir el Salario Social Complementario y un registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, institucionalizando a los sectores marginados y sus representantes.

“Va a haber un diciembre tranquilo” porque “las fiestas están cubiertas, ya que en el programa ‘Argentina Trabaja’, que está más localizado sobre las villas del conurbano, los compañeros van a recibir en diciembre cerca de diez mil pesos”, pronosticó Emilio Pérsico comenzando a disipar la nube del conflicto que se avecinaba si no se llegaba a un acuerdo. Pérsico agregó que “esto implica movimiento y recursos para las fiestas y que todos los argentinos tengan un pan, un pollo y una sidra para festejar”. Por su parte, Stanley destacó que “hoy por hoy todos estamos de acuerdo en que diciembre no debería ser un mes conflictivo” y dejó un mensaje de advertencia al señalar que así quedará “expuesto aquél que quiera abusar políticamente de diciembre para generar una situación de conflicto”.

No obstante, el Polo Obrero rechazó el acta y anuncia que este jueves 1 de diciembre se movilizará en Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Chaco, Mendoza, Misiones, Formosa, Mar del Plata e impulsará decenas de piquetes en todo el país.

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo que “La paz social firmada por la CCC, Barrios de Pie y la CTEP con el gobierno, a cambio de menos de $ 700 por mes para el millón de desocupados que ellos mismos mencionan, favorece a la política de ajuste y crecimiento de la pobreza. No es solo por la miseria de los montos, sino porque siguiendo el camino de la CGT, este ‘triunvirato’ aliado al Papa que no fue elegido por nadie, acuerda con el gobierno ajustador abandonar cualquier tipo de reclamo de los sectores más empobrecidos y se convierte en una garantía en favor del macrismo, que está pensando en las elecciones 2017. Esta cooptación, a cambio de acceder personalmente a la montaña de plata de las obras públicas que llevan adelante los cooperativistas, es opuesta a la política que debemos llevar adelante las organizaciones de lucha, en defensa de los desocupados y trabajadores.

Llamamos a todas las organizaciones y a los militantes honestos de todas las corrientes piqueteras a jugar un papel independiente en la situación política y enfrentar el ajuste en unidad con los trabajadores.”, cerró Belliboni.

También el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a todas los sindicatos, comisiones internas, delegados y agrupaciones independientes y de lucha del movimiento obrero, organizaciones sociales, estudiantiles y de la lucha de la mujer a realizar una reunión el miércoles 30 a las 17:00 en la cooperativa Hotel Bauen. La finalidad de esta reunión es la necesidad de organizar colectivamente una gran movilización a la Plaza de Mayo el día 20 de diciembre.

“Entendemos que esta política de contención encarada por el Estado y las cúpulas sindicales, pretenden evitar que el movimiento obrero salga a la pelea por sus reivindicaciones. En este sentido, entendemos necesario que el clasismo y las organizaciones obreras recuperadas por sus trabajadores sean la punta de lanza de la lucha de todo el movimiento obrero. Entendemos que tenemos esta responsabilidad frente a miles de trabajadores que quieren salir a la calle a pelear por sus reivindicaciones”, señala en la convocatoria a 15 años de la rebelión popular en la Argentina.

A pesar de “la tregua” continúan las suspensiones y despidos

Los dueños del laboratorio fotográfico Triángulo Color de Rosario decidieron cerrar las puertas de sus tres sucursales sin previo aviso y así dejaron en la calle a 36 empleados.

Las y los trabajadores de Guilford (Comodoro Rivadavia), llevan ya dos meses de lucha en defensa de sus puestos de trabajo. Este grupo empresario, con plantas en Comodoro Rivadavia, San Luis y Mercedes, está dejando 280 familias en la calle.

La empresa Bahco Argentina propuso suspender a los 200 empleados que trabajan en la planta de Santo Tomé (Santa Fe) como consecuencia de la caída de las ventas en el mercado interno, en el marco del concurso preventivo de crisis que presentó en los últimos días en el Ministerio de Trabajo provincial.

Telefónicos marcharon por el microcentro porteño por la reincorporación de 86 despedidos. Al respecto el secretario General de la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTel-CTA) y Secretario Gremial de la CTA Autónoma bonaerense, Jorge Castro, explicó: “El conflicto se inició cuando la empresa subsidiaria Chick S.A. envió una notificación a los trabajadores diciendo que Telefónica de Argentina ya no le enviaba más tareas, en ese marco nos notifican que estamos todos despedidos y empezamos un proceso de salir a la calle a pelear por la fuente de trabajo”.

El Ministerio de Trabajo de la Nación otorgó una conciliación obligatoria que los trabajadores cumplieron a rajatabla, según el dirigente telefónico: “Atravesamos muchas audiencias pero no pudimos llegar a ponernos de acuerdo, porque la empresa solo ofrece retiros voluntarios con indemnizaciones y nosotros estamos defendiendo el trabajo de cada uno de los compañeros. La verdad es que hablan de cifras de mucha plata, pero nosotros queremos sostener la estabilidad laboral, sin confrontar con algún compañero que quiera dejar su trabajo”.

Hace un mes sigue la toma del local de comidas “La Lechería” en el microcentro porteño en reclamo de las indemnizaciones adeudadas por el cierre.

Elecciones en los gremios

El 24 de noviembre se realizaron las elecciones internas de Ademys. Los afiliados decidieron por mayoría reafirmar la conducción del Frente Multicolor (con el 71,7% de los votos) por un nuevo período de tres años.

De un total de 1.109 votos, el Frente Multicolor obtuvo 793 y el Frente de Unidad Docente 313.

De acuerdo con los resultados, Jorge Adaro seguirá siendo el Secretario general del sindicato y, según lo establecido por el sistema D´Hont, el Consejo Directivo estará conformado por 11 miembros del Frente Multicolor y 4 del Frente de Unidad Docente.

El Congreso de FESPROSA mostró una vez más que un nuevo modelo sindical es posible. La contundencia de la votación fue el resultado del esfuerzo realizado para incluir a todas las corrientes de opinión y todas las regionales. De los 100 delegados que representan a los 30.000 afiliados de 22 regionales, participaron 89. La lista 1 Naranja obtuvo 87 votos.

Pese a la actitud claramente antisindical de la empresa (Grupo Olmos) y con gran participación en Revista Veintitrés eligieron Comisión Interna con la presencia solidaria de dirigentes sindicales y compañeros de otros medios.

Source