El tercer derrame producido por Barrick Gold en San Juan junto a la violación de la ley de glaciares debe ser el impulso para llevar la discusión de la minería a un plano mayor.

Durante el mes de enero, Barrick comunicó un nuevo derrame en San Juan, nada más ni nada menos que el tercero en menos de un año y medio. Esto debería demandarnos serias acciones en pos de terminar con los severos daños que se le está ocasionando al ambiente debido a la actividad minera. Sin embargo, pareciera que las grandes masas urbanas solo nos mantenemos tímidamente expectantes, gracias al pequeño e insuficiente lugar que los medios hegemónicos le dan a este tema.

A este nuevo derrame debemos sumarle la solución cianurada previamente dispersada en el ambiente, que se estima de al menos un millón de litros en cada uno de los anteriores eventos que tuvieron lugar en septiembre de 2015 y 2016.

Frente a estos hechos hay quienes creemos insuficientes las medidas tomadas por el Estado argentino, entre los que podemos mencionar la multa por 9 millones de dólares tras el primer derrame, o la denuncia presentada en la justicia de la provincia. Por este motivo, acompañamos las exigencias de las asambleas locales, la Asociación de Abogados Ambientalistas, Greenpeace, entre otras organizaciones, que reclaman el cierre definitivo de las operaciones de la Barrick en la zona, que no significa otra cosa que la simple aplicación de la ya sancionada ley de glaciares.

Además, estas actividades son ilícitas ya que se encuentran en ambiente periglaciar, por lo tanto, protegidos por esta ley. La misma, en su artículo dos, permite a las autoridades ordenar el cese de la actividad y llevar adelante las medidas de protección, limpieza y restauración que corresponda.

Sin embargo, la situación amerita llevar la discusión a un plano mayor.

¿Cuáles son los beneficios de continuar sosteniendo la actividad minera?

La minería no genera trabajo, ya que es una actividad capital intensiva que genera entre 0,5 y 2 empleos por cada millón de dólares invertidos. Esto explica como en 2014 solo el 1% del empleo en San Juan era producto de la minería. Además, como bien explican Maristella Svampa y Enrique Viale, importantes referentes a nivel nacional en esta temática, la promesa de la minería como el motor del desarrollo y el puente de las poblaciones locales hacia una mejor calidad de vida no se ha cumplido en ninguna de las provincias que desarrollaron esta actividad. Por el contrario, luego de muchos años los índices de pobreza e indigencia siguen siendo más altos que la media nacional, a lo que debe sumarse los pasivos ambientales generados.

Entonces, se arruina el espacio en donde vivimos simplemente por desarrollar una actividad que no genera empleo, que genera un 3% de ingresos para el Estado (de lo declarado por la misma empresa a boca de mina) y que solo beneficia en términos económicos a un reducido número de personas.

¿Qué sucede con el Estado?

Las señales que emite el Estado argentino no son esperanzadoras ya que, a contraposición de lo que refleja la realidad, se manifiesta que el sector minero puede ser una solución al desempleo y el progreso. Esto se ve reflejado en sus declaraciones, cuando promete a los gobernadores de empresas mineras trabajar para generar más proyectos, pero también cuando decide eliminar las retenciones a esta actividad, siendo ésta una de las primeras decisiones de la actual gestión.

Si bien se ha cobrado una multa a la empresa Barrick y se ha presentado una denuncia ante la justicia, la seriedad con la que se toma el tema en el gobierno no parece ser suficiente, o al menos así se puede entender mientras, selfie de por medio, el presidente Macri se reúne con el primer ministro de Canadá y se acepta una insignificante muestra de preocupación por parte del ministro sobre lo que está provocando la empresa canadiense en nuestro país.

No se debe olvidar que esto se da en el marco de la gestión de un ministro de ambiente y desarrollo, Sergio Bergman, que nulos antecedentes posee en el tema, lo que no deja de ser un indicio de la importancia que se le da a este Ministerio. Entre las primeras declaraciones que se recuerdan del ministro, podemos mencionar la siguiente: “No tengo demasiado conociendo técnico en el área del medio ambiente; es más sentido común”.

¿Cuánto falta para lograr una ciudadanía sostenible en la Argentina?

Hablando de sentidos comunes, el debate sobre la minería y la insostenibilidad ambiental de nuestras producciones y formas de consumo todavía se mantiene postergado.

Aun manteniendo grandes deudas sociales, durante el siglo XXI se han generado avances positivos en términos de derechos en nuestro país, no sin haber provocado grandes debates y disputas de sentidos. Lamentablemente la insostenibilidad ambiental de ciertas actividades productivas y, sobre todo del estilo de vida occidental que se ha adoptado como sinónimo de progreso, no ha tenido el lugar necesario en la agenda pública urbana.

Esto no es algo menor, ya que entre los responsables de esta situación debemos mencionar al gobierno anterior, que ha alimentado la proliferación de ciudadanos consumidores que mediante sus prácticas y proyectos están muy lejos todavía de acercarse a las problemáticas ambientales.

En términos de minería basta con mencionar al ex gobernador de San Juan, Jose Luis Gioja, actual presidente del partido justicialista, quien tiene la misma concepción que el presidente Macri sobre la minería: “hay que promover la minería, que da más plata que la soja”, “soy un fervoroso defensor de la minería” o “No hay ninguna actividad humana, para tener las cosas mínimas que necesitamos, que no produzca algún efecto o que a algunos les guste más que otros”.

Estas declaraciones no solo están erradas, sino que tampoco son menores ni circunstanciales, ya que el actual presidente del partido justicialista las ha mantenido durante toda su trayectoria política, desde que fue electo legislador hasta sus tres gobernaciones. Esto nos permite pensar que hoy en día esta postura tiene un gran peso en el peronismo, en parte porque el debate aún se mantiene alejado de los sectores populares del movimiento peronista.

Sin embargo, más allá de que no todas las actividades económicas generan los mismos impactos ambientales, la insostenibilidad ambiental de nuestro estilo de vida no se acota solo al sector minero y cruza de lleno los valores y principios que se han instalado en la sociedad actual. El acceso al consumo, desde un libro a una cerveza en un bingo, sin discriminación, se ha tomado como un avance en la inclusión, y sobre esta premisa se ha avanzado. El consumismo se enraizó en nuestra sociedad, reflejo de la cultura occidental, y ha creado ciudadanos que solo conciben la prosperidad o el progreso como el consumo de bienes materiales alimentando un modelo de desarrollo económico insostenible. En este punto el anterior gobierno tuvo como objetivo crear nuevas clases medias a partir del consumo, sin tener en cuenta, como explica Álvaro García Linera, la necesidad de volverlo consciente. Por el contrario, solo se crea una nueva clase media con capacidad de consumir, pero portadora del viejo sentido común conservador, y en este caso, economicista e insostenible.

Mientras solo se pretenda hacer responsable a una firma y no a la actividad, los problemas serán los mismos, y continuarán sucediendo los desastres ambientales como el actual derrame.

Desde las ciencias económicas la respuesta solo puede venir desde la economía ecológica, que hace de la discusión de la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales, un elemento central para la comprensión del problema de la sustentabilidad. De aquí que debe comenzar a darse la discusión y el debate por disputar, en el sentido común de los argentinos, el modelo de país y de actividades económicas alternativas a la minería. Esto debe lograr involucrar a las grandes masas urbanas en la lucha política que acompañe a las admirables puebladas en el interior, y que siente las bases para que esta vez efectivamente la tercera sea la vencida.

* Tesista de Lic. En Cs. Ambientales – UBA

** Lic. En Comercio Internacional y Doctorando en Desarrollo Económico – Investigador UNQ

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El sábado pasado el gobierno sanjuanino reprimió a asambleístas que cortaban el ingreso a la Mina Veladero en las cercanías de la localidad de Rodeo y Jáchal. Luego de días de movilizaciones y búsquedas, liberaron a todas las personas. Una mirada con las voces de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

En el operativo que se realizó el sábado pasadas las 20 horas por fuerzas de seguridad de la policía de San Juan, Guardia de Infantería y Gendarmería Nacional, habían sido detenidas treinta personas, entre ellos tres menores, que constituían la totalidad de los que participaron del corte de ruta. Según lo informado por el gobierno provincial, los asambleístas serían imputados por resistencia a la autoridad, violación de domicilio y de la propiedad privada.

Si bien desde la Asamblea Jáchal No Se Toca no participaron en la organización de esta medida, rápidamente salieron a denunciar la falta de legalidad con la que se maneja la justicia y el gobierno sanjuanino cuando se trata de defender los intereses de la Barrick Gold. “Siendo las 2.15 (del domingo). Un grupo de compañeros junto a dos abogados estamos en la puerta de la Central de Policía, donde nos dicen que los detenidos están incomunicados y ni siquiera a los abogados los dejan entrar o informan sobre el estado de los detenidos y sus nombres. (El Juez) Oritja no atiende el teléfono”, difundía la Asamblea.

Las y los manifestantes habían iniciado el mismo sábado el bloqueo en la ruta de acceso a la mina Veladero. El corte de ruta se definió en el contexto del Primer Encuentro Interterritorial de Jóvenes en Lucha”. En un comunicado anunciaron las definiciones acordadas: “En el marco del 1er Encuentro Interterritorial de Jóvenes en Lucha, un grupo de personas de diferentes territorios junto a vecinxs jachallerxs e Iglesianxs hemos decidido pasar a la acción y dar un paso más en esta lucha contra este sistema opresor, saqueador y contaminante, realizando un corte total en la entrada del camino minero que se dirige a la Mina Veladero, la misma que en estos últimos años ha derramado millones de litros de agua cianurada sobre las nacientes del rio Jáchal, contaminando los ríos de 5 provincias y el océano atlántico”.

Si bien la decisión de quienes participaron del corte de ruta era “darle la espalda y realizar una acción directa, poniendo nuestros cuerpos al frente, entendiendo que es la única que nos queda para lograr que estos genocidas abandonen nuestros territorios”, las crónicas en el lugar de los hechos, afirman que prácticamente no hubo resistencia por parte de los asambleístas, y que las fuerzas de seguridad no dieron tiempo a la negociación con los manifestantes, que ya sabían que iba a ser muy difícil sostener el bloqueo.

Por su parte, la Asamblea Jáchal No Se Toca emitió un comunicado donde respaldó la acción llevada a cabo por los integrantes del 1er Encuentro Interterritorial de Jóvenes en Lucha y exigía a las autoridades estatales las garantías legales que corresponden para los detenidos. “Solicitamos al gobierno provincial y al gobierno nacional, en sus tres poderes, sean garantes del estado de derecho y de la seguridad de los detenidos” rezaba un nuevo comunicado de la Asamblea. A si también pedían a las demás organizaciones de derechos humanos que se informaran de lo sucedido en la provincia de San Juan y que tomaran posición al respecto.

Después de la noticia de la represión en las puertas de la mina Veladero, se sucedieron una serie de marchas y manifestaciones en distintos lugares del país en apoyo a los detenidos por el gobierno sanjuanino. El lunes alrededor de las catorce horas liberaron a la totalidad de los detenidos.

Un poco de memoria

El 23 de octubre del año pasado, efectivos de la Infantería reprimieron a los manifestantes que se encontraban hace dos días cortando uno de los pasos hacia la mina Veladero camino a la localidad de Tudcum, a setenta kilómetros aproximadamente de la ciudad de San José de Jáchal en la provincia de San Juan.

Se llevaron detenidos treinta manifestantes que se encontraban resistiendo en el corte del paso a la mina Veladero. La policía provincial del departamento de Iglesia había reprimido salvajemente a mujeres que estaba en el corte. Los manifestantes denunciaron que se les negó atención y primeros auxilios.

“Las han arrastrado por el piso, les pegaron. Una de las asambleístas está internada con politraumatismo de cráneo, aunque fuera de peligro, otra mujer con múltiples contusiones en todo el cuerpo, y otra mujer con quebradura de la muñeca”, relató Gustavo Herrmann a Marcha.

El corte se había iniciado el 21 de octubre. Cerca de las quince horas, la Asamblea Jáchal No Se Toca imprimía su primer informe donde relataba acerca de las razones del corte. “A partir de este momento queda bloqueado el ingreso a camiones a la empresa camino a Tudcum a 70 kilómetros aproximadamente del pueblo de Jáchal. Vecinos, asambleas y auto convocados nos estamos manifestando cansados de la burocracia y las mentiras a más de un mes del derrame de cianuro, de silencio y manipulación política y mediática”, afirmaba el comunicado.

Un año después, en este nuevo tiempo en que la minería a cielo abierto vuelve a ponerse en cuestión, esta vez en la discusión sobre el impuesto a las ganancias: La Barrick y el gobierno de Sergio Uñac vuelven a descargar toda su furia sobre los que luchan  contra la contaminación y el saqueo de nuestros recursos naturales.

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El miércoles pasado se cumplieron diez meses del derrame de 1.125.000 litros de solución cianurada en la mina Veladero en la provincia de San Juan, explotada por la corporación canadiense Barrick Gold. La “Asamblea Jáchal No se toca” se hizo presente en el mismo obelisco para reclamar la plena aplicación de la Ley de Protección de Glaciares.

La caravana “de los Andes al mar” inició su marcha con 18 integrantes de la Asamblea de Jáchal en un recorrido que tuvo su primera posta el lunes pasado en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) en la ciudad de Mendoza. El IANIGLIA es el responsable de realizar el inventario de los glaciares. En 2010 el Instituto definió que los glaciares deberían tener al menos una hectárea para ser tomados como tales y, a su vez, decidió relevar sólo los ambientes periglaciares, allanando así el camino a las corporaciones mineras.

El miércoles pasado, en lo que fue su segunda posta, la “Asamblea Jáchal no se toca” realizó una conferencia de prensa en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires en la que denunció la plena aplicación de la Ley de Glaciares sin modificaciones inconstitucionales. Saúl Zeballos, referente de la Asamblea, expresó que “el IANIGLIA tiene que hacer el inventario de glaciares porque ese inventario nosotros lo necesitamos de forma urgente, pero legal. Es decir, que se respete la ley. No puede ser que haya un protocolo en donde la extensión mínima para hacer inventariado de un glaciar tiene que ser de una hectárea de extensión siendo que la misma ley dice que un glaciar es cualquier puerto de hielo que tenga cualquier forma y cualquier dimensión”.

El referente de la asamblea de Jáchal aclaró que el ejemplo concreto que se les dio a las autoridades del IANIGLIA es la del glaciar Toro 1, que tiene menos de una hectárea y que según el “manual o protocolo” no tendría que ser inventariado. “Nosotros exigimos a través de una nota que presentamos en el IANIGLIA, y que luego se presentó ayer en el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se cumpla con la ley debidamente y no que se nos engañe y se nos trampee en función de una reglamentación que es de menor categoría que la ley”, explicó Saúl Zeballos en conferencia de prensa.

Faustino Esquivel, otro de los integrantes de la “Asamblea Jáchal no se toca”, habló con Marcha y contó su parecer acerca de la lucha que vienen llevando a cabo. En ese sentido, xpresó que ni el gobierno provincial ni el nacional ha dado ningún tipo de respuestas, por lo que “nuevamente venimos a peticionar para que por lo menos saquen la ley de glaciares, que es lo que prácticamente nos daría la razón de que la Barrick Gold estaría trabajando sobre los glaciares”.

Por otra parte, el costado judicial del conflicto tuvo un freno difícil de digerir para los asambleístas de Jáchal. Robert Moran, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, y Perito de parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, había logrado demostrar que el glaciar Almirante Brown está seccionado y cortado a la mitad por el camino minero. Además, corroboró que el Valle de Lixiviación, donde se depositan las pilas del mineral para rociar con cianuro, está dispuesto sobre la naciente del Río Potrerillos, que es un enorme ambiente peri glacial. El curso del Río Potrerillos fue desviado para pasar por debajo de todo el Valle de Lixiviación. Y a su vez, el camino a las minas Veladero y Pascua Lama está violando la ley de glaciares.

La justicia decidió frenar la causa que venía avanzando prolijamente a lugares que no le convenían al gobierno ni mucho menos a sus socios canadienses. No podían mostrar otro triunfo de la lucha popular después del amparo contra la mina Agua Rica en Andalgalá. “La Corte Suprema, una vez más jugando a favor de las corporaciones, le saca la causa de forma arbitraria al Juez Casanello y la manda a la complaciente justicia de San Juan, donde apenas llegó la causa, se fue a dormir a un cajón del Juzgado de Jáchal”, explicó a Marcha el abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Voces de apoyo

Distintas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas barriales y partidos políticos se acercaron al obelisco a solidarizarse con la lucha del pueblo jachallero. Las acciones realizadas en la gran capital se completaron con una jornada de concientización en la sede de la CTA autónoma, donde los referentes de la “Asamblea Jáchal no se toca” charlaron con organizaciones sociales de la multisectorial antiextractivista. La caravana “de los andes al mar” finalizó el día jueves acompañando la ronda de las madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Silvina Reguera llevó el apoyo de las y los miembros de la Asamblea de Andalgalá, quienes en el mes de marzo pasado consiguieron que la Corte Suprema emitiera un fallo a favor de los reclamos del pueblo de Andalgalá contra la provincia de Catamarca, la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc. y el municipio de Andalgalá.

Desde la asamblea El Algarrobo y de todas las asambleas cordilleranas expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo de Jáchal. La presencia de la asamblea de Andalgalá tiene diferentes motivos. Por un lado, el derrame de millones de litros de cianuro. Pero por otra parte, Reguera expresó a Marcha su preocupación respecto de que los habitantes de Jáchal no pueden tomar agua de la canilla y se ven obligados a comprar agua envasada. Así también, la resolución de este conflicto se hace más urgente tomando en cuenta que hay varios emprendimientos que están empezando. Según la referente catamarqueña, en la cordillera de San Juan hay más de 800 proyectos de megaminería.

Ya pasaron seis meses de la audiencia que tuvieron la “Asamblea Jáchal no se toca” con el ministro de Ambiente Sergio Bergman. Reguera, quien fue partícipe de aquella reunión, concluyó que “el ministro macrista se va en palabras, habla mucho, dice poco y hace nada”. “Ya pasaron seis meses. Les cobraron una multa [a Barrick Gold] que no va al pueblo. El dinero iba a ir un poco para sanear el río y otro poco para dar el agua a la población y no pasó eso. El agua que llegó a Jáchal fue producto de la colecta que se realizó a nivel nacional. Están en un peligro permanente y por eso están acá” agregó Reguera.

Orestes “Beto” Galeano, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la CTA autónoma, se refirió acerca de la falsa dicotomía en la que se entrelazaron los partidos del poder, macrismo y kirchnerismo, cuando reducen la megaminería a una disputa por las retenciones: “Hay un reduccionismo a la cuestión económica. Si se llevan más o se llevan menos. La consigna “el agua vale más que el oro” está absolutamente clara. Y también nos tiene que servir a los que vivimos en las pampas donde ya, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, ya no tenemos agua potable. Cavás y hace décadas que el agua está contaminada. Hay que sacar del río o del acuífero puelches. El acuífero guaraní quizás sea el próximo coto de caza de los imperios. No es solo la megaminería. La megaminería es hoy, el fracking es hoy, pero evidentemente el saqueo de todos los recursos naturales está en marcha desde hace tiempo, y los gobiernos desde el arribo de la democracia, no han hecho más que animarlo y ser cómplices de ello”, explicó Orestes Galeano a Marcha.

Diez meses después del derrame de cianuro en los ríos de la cordillera sanjuanina. Seis meses después del arribo de un nuevo gobierno que nada hizo por pensar y ejecutar nuevas políticas distintas al extractivismo imperante en San Juan y en todo el país. Con un ministro de ambiente que no dudó en aprovechar cada oportunidad que tuvo para aclarar su más absoluta ignorancia en la cuestión referente a los peligros que conlleva la explotación megaminera a cielo abierto. No hay dudas de que la “Asamblea Jáchal no se toca” tiene claro cuál es el camino: la lucha popular de los pueblos afectados y la concientización y solidaridad de los que miramos desde lejos.

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La asamblea El algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca, está realizando el Segundo acampe por la vida en la plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia.

Con la consigna “Andalgalá, un pueblo que no descansa”, el pueblo catamarqueño está reclamando que los jueces de la corte se expidan acerca del amparo ambiental presentado a principios del año 2010 donde solicitan que se cumpla con el derecho a vivir en un ambiente sano, el acceso al agua como un derecho humano fundamental, y que se respete la ley de protección de glaciares.

Rosa Farías, integrante de la asamblea El Algarrobo, en diálogo con Marcha, expresó que “el amparo ambiental que interpusimos tiene el propósito de que el proyecto minero Agua Rica no se lleve a cabo”. Agua Rica se encuentra a diecisiete kilómetros de la ciudad de Andalgalá, donde nacen los ríos con los que se alimenta el pueblo catamarqueño. El proyecto minero pretende explotar cobre, oro y molibdeno y sería tres veces más grande que la mina Bajo La Alumbrera, actualmente en ejecución.

Los integrantes de la asamblea El algarrobo tienen en claro que el amparo ha pasado por todos los despachos de los distintos ministros de la corte de la era kirchnerista. En el año 2014 realizaron un primer acampe donde lograron que el amparo pasara de la Procuraduría a la Corte Suprema donde descansa hasta el día de hoy. Rosa Farías contó que “se mantuvieron activos con las gestiones para que el amparo sea una realidad. Durante el año pasado distintos integrantes de la Asamblea vinieron desde Catamarca a establecer diversas reuniones con los secretarios privados de los jueces de la Corte”.

Asimismo se amplió el pedido de amparo a la Corte Suprema de Justicia donde el margen de acción excedería a la provincia de Catamarca y el partido de Andalgalá. “No solo se pretende que se pare Agua Rica. Tampoco queremos que se inicien otros emprendimientos, como sería el de Cerro Atajo y que se respete nuevamente la Ley de Glaciares” expresó Rosa Farías. La integrante de la asamblea amplió su exposición advirtiendo que la Ley de Glaciares ya en su artículo 6º expone que en ambientes glaciares y periglaciares no debiera haber emprendimientos mineros y petroleros. “Los argumentos por los cuales nosotros estamos en la defensa están en la ley, no estamos inventando nada” expresó.

El amparo impulsado por el pueblo de Andalgalá ha sido denominado como de trascendencia institucional, social, económica y política. Por lo tanto, si el fallo saliera favorable, el gobierno nacional se vería obligado a realizar ciertos cambios en la política de trabajo y en la política minera. Con este amparo “Agua Rica se frenaría seguro, pero a su vez sentaría un precedente político legal. Por ejemplo, la Barrick Gold no puede empezar Pascua Lama. Está parado por un amparo ambiental desde el lado chileno” expresó Farías.

Por otro lado, también duermen en la Corte Suprema de Justicia otros recursos de amparo de Andalgalá. Una de las causas es de la familia Cruz, que es la dueña de los terrenos de La Alumbrera. Rosa Farías expresó que La Alumbrera nunca le pago un peso por los terrenos “que ya destrozó y que el año que viene ellos se van a ir”. El segundo recurso presentado por la familia Cruz tiene que ver con el emprendimiento de Bajo El Durazno “donde la Alumbrera también avanzó”, expresó.

Macri amenaza con un nuevo Pacto Federal Minero

El cambio de signo político en el gobierno nacional no significó ningún cambio relevante en el diagnóstico de la Asamblea El Algarrobo. Farías expresó su preocupación y repudio a que el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello, haya manifestado que “tienen que volver a enamorar al pueblo argentino de la minería”. Concretamente la asamblea entiende dichas expresiones como una puñalada. Y a su vez, que el CEO de la Shell, Juan José Aranguren, haya sido elegido como ministro de Energía, son interpretadas como señales muy negativas ya que ellos insisten en reafirmar el Pacto Federal Minero.

Al respecto, después de que se conocieran las declaraciones del Subsecretario Capello se difundió un comunicado denominado como el “Pronunciamiento de los pueblos cordilleranos y patagónicos” en repudio al pacto federal minero. En este comunicado las asambleas ciudadanas denunciaron con total claridad su postura, lo cual amerita que sea citado textualmente: “Desde ya le decimos que estamos enamorados de la vida, de nuestro territorio de nuestras culturas y que a fuerza de represión, contaminación, destrucción de las economías regionales y saqueo de los recursos naturales, hemos aprendido, nos hemos informado y estamos unidos y de pie para defender nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir. Estamos cansados de que nos tomen el pelo, que nos mientan en la cara, que subestimen a los pueblos, que nos declaren pueblos sacrificables”.

En la etapa de los doce años en que el kirchnerismo estuvo en el poder, la lucha de las asambleas ciudadanas contra la megaminería a cielo abierto se ganó un espacio en el mapa de la resistencia política y social. En estos cincuenta días de gobierno macrista, desaparecieron rápidamente las dudas de que las luchas se irán intensificado. La resistencia a la megaminería tiene que volver a enamorar al pueblo argentino.

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“Gane quien Gane” es el lema que impuso la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) para dejar en claro que la lucha por los derechos socio ambientales no se detendrá, independientemente de quien resulte ganador de las elecciones nacionales y provinciales.

La tierra cruje ante el escenario de balotaje donde tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri han manifestado un apoyo explícito a la continuación de las políticas extractivas llevadas a cabo en la década kirchnerista. Cabe destacar que la depredación de los recursos naturales tuvo sus primeros impulsos en la alborada neoliberal bajo el gobierno de Carlos Menem en la década del 90. Casualidad o no, el pueblo argentino también decidió que la elección que se viene se defina entre dos personajes que se iniciaron en la política de la mano del expresidente riojano.

La megaminería a cielo abierto en la cordillera, el glifosato y el uso de agrotóxicos en los campos del norte y la pampa argentina son dos grandes temas que se destacan por su casi nula presencia en la campaña electoral. Hemos asistido a un proceso de extranjerización de la tierra, una entrega de los recursos naturales a las grandes corporaciones y un proceso de deterioro, contaminación de los ríos, el suelo y las poblaciones que por proximidad están expuestas a estos procesos extractivos. Claramente la tierra va a crujir el próximo 22 de noviembre.

La Megaminería sale de campaña

El mayor porcentaje de minas a cielo abierto que se explotan en nuestro país utilizan el sistema de explotación minera por lixiviación. Estamos hablando de inyectar productos químicos para filtrar y separar el metal del resto de los minerales. Por lo tanto, la minería sustentable que pregonan los candidatos es imposible poner en práctica en este escenario.

El caso de la contaminación del río Jáchal en la provincia de San Juan es un caso paradigmático. No impacta únicamente en la imposibilidad de los pobladores para tomar el agua de la cuenca del río. También afecta por la contaminación de las tierras cultivables y destruye la posibilidad de que las economías regionales puedan desarrollarse. Un vecino de allí nos advertía acerca de cómo la Barrick Gold y el gobernador José Luis Gioja laceraron la marca “Jáchal” debido a las dificultades de comercialización de sus productos regionales desde que se conoce su proximidad a la Mina Veladero.

Scioli no es sustentable

“Tendrá el lugar que quiera en mi gabinete” expresaba Daniel Scioli defendiendo al gobernador Gioja del bombardeo mediático al que estaba siendo sometido por el derrame de solución cianurada en la cuenca que desemboca la mina Veladero. No se trata de un ingenuo apoyo necesario. El Sciolismo considera que la minería es una actividad que debe consolidarse como una política de estado que involucre a todo el sector público en sus diferentes niveles. Según la plataforma de la Fundación Desarrollo Argentino (DAR) dirigida por José “pepe” Scioli, muchas provincias que carecían de desarrollo lograron recuperar las esperanzas en las poblaciones locales gracias a la minería.

Asimismo, Scioli empujó a Buenos Aires a transformarse en la única provincia no cordillerana que se incorpora a la Organización de Estados Mineros (OFEMI). Esta decisión debemos entenderla, exclusivamente, como un mensaje a los gobernadores que vienen siendo jaqueados por la lucha de los pueblos que resisten la megaminería a cielo abierto y la represión de las policías provinciales.

El amarillo y el oro

En la misma sintonía que su contendiente peronista, Mauricio Macri expresó durante la campaña que la minería es buena pero hay que saber administrarla. “El objetivo es generar recursos que tengan una fuente de inversión a futuro: edificios, escuelas. Hay que saber invertir para cuando se termine el ciclo y que en las provincias no se produzca una crisis social”, explicó. El referente del Pro expone al electorado a una falsa elección entre escuelas y contaminación, un balotaje entre hospitales y megaminería.

El día después de las PASO, el dirigente del Pro decidió que hablar de las economías regionales es hablar de la megaminería. En un acto para nada ingenuo, Macri eligió el programa del periodista de TN y La Nación Joaquin Morales Solá para expresar que “el mundo está esperando que enviemos nuestros minerales”. Las luces de alarma se encienden cuando se equiparan las economías regionales con la megaminería, cuando se iguala a un pequeño productor con el canadiense Peter Munk, Ceo de la Barrick Gold.

En consonancia con su líder, Gabriela Michetti en su rol de candidata a vicepresidenta, expresó en una visita a San Juan que al igual que se otorga “una rentabilidad al empresario” también las empresas deben pagar “impuestos razonables para que el Estado pueda devolverle al ambiente lo que produce el desgaste”. Al igual que Daniel Scioli los dirigentes del Pro caen en el facilismo de explicar su posicionamiento desde la idea de una megaminería sustentable, la cual como hemos expresado, es imposible de desarrollar.

La nueva Revolución Verde

El próximo 14 de marzo se cumplirán veinte años del decreto del entonces ministro de agricultura Felipe Solá, donde habilitaba el ingreso de la soja transgénica y el glifosato. Después de doce años, es imposible esconder las relaciones carnales con Monsanto a pesar del relato melancólico y alejado de la realidad, el cual reza acerca de una lucha contra las corporaciones en el año 2008.

La fundación DAR organizó un seminario donde disertaron especialistas del Mercosur acerca de la “Industria y el Desarrollo Sustentable”. El comunicado de prensa difundido por la fundación de “Pepe” Scioli informó que “se ha comprendido en que las economías deben basarse en el desarrollo sustentable, la bioeconomía, es una nueva revolución industrial verde”. Una vez más, la figura de Daniel Scioli refleja y representa el sentir y el pensar del “Gran Capital”. Casualidad o azar, el director tecnológico de Monsanto Robert Fraley expresó que “La próxima revolución verde reforzará las herramientas de la anterior” en referencia a la década del 70.

Por estos días diversas organizaciones sociales están difundiendo y organizando la resistencia contra el proyecto firmado por el senador Carlos Alfonso Areco Coll, donde se intenta modificar la Ley de Agrotóxicos. El proyecto proclama reducir la distancia de las fumigaciones aéreas de 2km a 500 metros con respecto al perímetro urbano. Al mismo tiempo, hace desaparecer la distancia para las fumigaciones terrestres. El senador Areco Coll se alejó de las filas del massismo para incorporarse al Frente para la Victoria. En cambio, los coautores del proyecto siguen reportando al intendente de Tigre.

No hay que olvidar que el glifosato fue declarado como potencialmente cancerígeno por la OMC y en nuestro país se ha demostrado cómo los pueblos que están expuestos a las fumigaciones han visto incrementado, en forma exponencial, la cantidad de enfermos de cáncer en poco tiempo.

El agronegocio es Pro

La familia Macri, históricamente, ha diversificado sus inversiones y el agronegocio no ha quedado fuera de sus intereses. En el año 2014 fueron blanco de las denuncias de Greenpeace que los responsabilizaban por los desmontes para la explotación de productos agrícolas en la provincia de Salta. La finca “El Yuto” (de la empresa Yuto S.A.) está ubicada en el departamento San Martín y abarca unas 20.000 hectáreas; de las cuales fueron desmontadas cerca de 6.000, donde producen soja, poroto negro y granada.

En el marco más estrictamente político, es conocida la posición del Pro con respecto al campo. Han repetido hasta el cansancio su idea de reducir las retenciones a las exportaciones de algunos productos. Receta para nada original ya que también era propuesta por el Frente Renovador y fue anunciada por Daniel Scioli junto a otras medidas como respuesta para salir de la parálisis que se encontraba el Frente para la Victoria luego de la victoria con sabor a derrota en las elecciones generales.

Elisa Carrió, principal promotora de la alianza Cambiemos, se pronunció abiertamente en contra de un proyecto de una legisladora de su propio espacio que intentaba prohibir el uso del glifosato. Mediante un comunicado difundido desde su cuenta de facebook, la diputada expresaba que el proyecto presentado por la senadora Odarda “no responde a la plataforma política de la Coalición Cívica”.

No alcanzó con que el frente Cambiemos se posicione a favor de mantener el status quo intensificado por el kirchnerismo en esta década. Los días posteriores a las elecciones nos enteramos que la electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decidió que su principal asesor en temas agropecuarios y futuro ministro de Asuntos Agrarios sea el ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquis. La noticia ha puesto en alerta a las diferentes organizaciones sociales y asambleas de vecinos que vienen resistiendo el avance voraz de Monsanto, sus aviones y mosquitos llenos de glifosato.

Gane quien gane, los pueblos deberán responder al rugido de la tierra resistiendo su depredación.

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Cerca de las cuatro de la mañana, efectivos de la Infantería reprimieron a los manifestantes que se encontraban hace dos días cortando uno de los pasos hacia la mina Veladero camino a la localidad de Tudcum, a setenta kilómetros aproximadamente de la ciudad de San José de Jáchal en la provincia de San Juan. Esta mañana, un nuevo grupo iniciaron un nuevo corte en la zona de Niquivil.

Desde la Asamblea “Jáchal no se toca” informaron que se llevaron detenidos treinta manifestantes que se encontraban resistiendo en el corte del paso a la mina Veladero.  “La policía provincial del departamento de Iglesia reprimió salvajemente a mujeres que estaba en el corte. Se les negó atención y primeros auxilios” expresaba el comunicado de la Asamblea.

Empezaron a pegar a las mujeres relató a Marcha Gustavo Herrmann. “Las han arrastrado por el piso, les pegaron. Una de las asambleístas está internada con politraumatismo de cráneo aunque fuera de peligro, otra mujer con múltiples contusiones en todo el cuerpo, y otra mujer con quebradura de la muñeca”. Entre las mujeres golpeadas, se encuentra Sofía Gatica, de las madres de Ituzaingó que hace tres años que vienen resistiendo la instalación de una planta de la corporación Monsanto en la provincia de Córdoba.

El pueblo que resiste en Jáchal responsabiliza a la corporación minera Barrick Gold, a  la policía provincial y al gobierno de José Luis Gioja por la represión sufrida por los manifestantes. En diálogo con Marcha, Gustavo Herrmann manifestó que todo lo ocurrido va a ser motivo de acciones penales a partir de la semana que viene.

A su vez, desde la Asamblea informaron que los detenidos fueron llevados a la Comisaría 22 de Rodeo. Esta mañana cerca de las 12 del mediodía largaron a todos los detenidos. Salvo dos de los asambleístas que se quedaron en Rodeo porque es su lugar de residencia, el resto fueron trasladados a la ciudad de Jáchal. Herrman manifestó a Marcha que “por consejo de los abogados los hicimos revisar nuevamente en el hospital de Jáchal por médicos de la confianza nuestra”.

Desde el gobierno provincial justificaron el accionar policial expresando que los detenidos no permitían ni el ascenso ni el descenso del personal de la mina. A los manifestantes se les imputa la obstrucción de una vía de servicio, contemplado en el artículo 194 del Código Penal. Por tal razón, el juez Oritja dictó el jueves un oficio que ordenaba desalojar el ingreso a la mina Veladero.

48 horas de tensión

El corte se había iniciado el 21 de octubre. Cerca de las 15 hs la Asamblea imprimía su primer informe donde relataba acerca de las razones del corte.  “A partir de este momento queda bloqueado el ingreso a camiones a la empresa camino a Tudcum a 70 kilómetros aproximadamente del pueblo de Jáchal. Vecinos, asambleas y auto convocados nos estamos manifestando cansados de la burocracia y las mentiras a más de un mes del derrame de cianuro, de silencio y manipulación política y mediática”, asentaba el comunicado.

La idea era cortarles completamente el suministro. Gustavo Herrmann contó a Marcha que “ellos suben todos los días seis o siete camiones con combustible, un par de veces sube el recambio de gente, permanentemente están subiendo maquinaria, repuestos, provisiones”. Desde el gobierno provincial, al recibir la denuncia en la comisaría por parte de la empresa, enviaron a la gendarmería.  “Gendarmería no tiene injerencia si no es una ruta nacional o un área de frontera” manifestó Herrmann.

El primer día del corte pedían desde la Asamblea todo el apoyo posible de la comunidad. Se iba acercando la noche y crecía la preocupación que las fuerzas policiales bloquearan el acceso a los nuevos manifestantes que quisieran llegar al corte de ruta.

Esa misma noche, las personas que se encontraban en el corte informaron que se había acercado al lugar el Juez Pablo Oritja y les había expresado que se encontraban en una propiedad privada. Desde la Asamblea Jáchal no se toca expresaron que “esa ruta ya no es ni provincial ni nacional porque está al servicio de la Barrick”. El magistrado va a esperar que Barrick nos denuncie para el librar la orden de desalojo habían relatado desde la Asamblea.

El segundo día en un informe urgente los manifestantes expresaban que habían llegado la patota pro minera. Un grupo de mujeres que subían al corte vieron cómo llegaron seis camionetas y se instalaron unos kilómetros más abajo. “Acá no pasa nadie. Si tenemos que usar la fuerza la vamos a usar, aunque sean mujeres arrojó la patota de la Barrick” relataron los integrantes de la Asamblea “Jáchal no se toca” presentes en el incidente.

Gustavo Herrman relató a Marcha como era la situación que se vivía montaña arriba, donde el clima es muy adverso con una temperatura que suele alcanzar los diez grados bajo cero a la noche. “Nos encontramos con que habían cortado el acceso principal a ese camino, hay un par de caminos alternativos que también los habían cortado, cuestión que los de la minera metieron a todos en un embudo. Dejaron a los asambleístas de un lado, a los que estaban bajando a mitad de camino y  a los que estaban subiendo les cortaron el corte y ahí entraron los gremios mineros y las cámaras de servicio mineros del departamento” manifestó Herrmann.

Al llegar la madrugada se desató la represión. Fruto de la casualidad o no, el candidato a presidente del Frente para la victoria ayer dio por finalizado abruptamente una entrevista con un periodista del programa Perros de la Calle emitido por la FM Metro. El enojo de Scioli se desencadenó cuando el periodista preguntó sobre su postura acerca de la megaminería en general y particularmente en relación al derrame de cianuro en la Mina Veladero en la provincia de San Juan.

Daniel Scioli es el principal aliado del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien gobierna la provincia desde diciembre del 2003 y suena como uno de los candidatos a ocupar un ministerio en el caso de que el gobernador bonaerense sea electo. Al parecer, Gioja y Scioli decidieron inaugurar la veda electoral dejando claro que si el pueblo los elige, no se van a oponer al saqueo del suelo argentino por parte de la Barrick Gold.

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Conversamos con dos integrantes de la Asamblea Ciudadana de Jáchal, donde un mes atrás se produjo un derrame de cianuro en el río cercano a la mina sanjuanina que explota la Barrick Gold.

En el marco de las actividades convocadas para el taller “Territorio y maldesarrollo” organizado los días 7 y 8 de octubre por la Fundación Rosa Luxemburgo en la recientemente creada oficina de Enlace Buenos Aires, pudimos dialogar con integrantes de las diferentes asambleas ciudadanas en lucha contra la mega minería de múltiples ciudades y localidades argentinas: como Mendoza, Jáchal (San Juan), Esquel (Chubut), comunidad Winkul Newen (Neuquén), las 33 Comunidades de Salinas Grandes y Salinas de Guayatayoc (Salta y Jujuy) y la Mesa Provincial “no a las represas” (Misiones).

Entre los diferentes testimonios de los presentes resaltaremos aquí la palabra de los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Jáchal, Domingo Jofré y Saúl Ceballos, habitantes de la localidad sanjuanina donde un mes atrás se produjo el derrame de solución cianurada sobre el río Potrerillos.

Jofré y Ceballos relataron que fue el domingo 13 de septiembre cuando los habitantes del poblado comenzaron a recibir mensajes por Watsap, donde se les informaba que había ocurrido un accidente en la empresa Barrick Gold, por el cual se había producido la rotura de una válvula que es parte de un caño que traslada agua cianurada al llamado valle de lixiviación, parte del proceso de explotación de oro de la mina Veladero. Los pobladores sintieron que el horror los invadía.

Un poco después, la plaza del pueblo era sede de una reunión auto convocada de 100 personas que querían hablar con el Intendente. Al no recibir respuesta satisfactoria, a la mañana siguiente los movilizados ascendían a 500 personas. En asamblea decidirían los cursos de acción, pedidos de informes, monitoreos, controles y programación de actividades con el objetivo de conscientizar a los ciudadanos. Mientras tanto, representantes de la Barrick Gold salieron de manera inmediata, a comunicar que se había tratado solamente de un “problema técnico”, específicamente en una válvula, pero que de ninguna manera se había producido contaminación del agua. El mismo gobernador, José Luis Gioja, ratificó por esos días el mensaje de la contingencia técnica que fue rápidamente controlada.

Sin lograr conciliar tranquilidad, los Jáchalinos continuaron exigiendo la realización de estudios y peritajes sobre los niveles del agua. El martes 15, el Gobierno provincial informó que se iniciaría una denuncia penal por el derrame de cianuro generado por la Barrick Gold, pidiendo además a las comunidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto estricta precaución con el consumo de agua.

Pero tuvieron que pasar varios días hasta que la empresa canadiense elevara un informe preliminar para el Ministerio de Minería de San Juan. En concreto, se habrían vertido 224 metros cúbicos (224 mil litros) de solución cianurada por el lapso de 1 hora y 45 minutos, tiempo en el cual se identificó el derrame y se cerró la compuerta del canal norte, que es el que conduce el agua a un sistema de piletas más abajo y termina en el río Potrerillos, uno de los afluentes de la cuenca del río Jáchal.

Verdades que salen a la luz

En adelante, una serie de informes de diferentes entidades y organismos públicos determinarían valores y conclusiones contradictorias sobre los riesgos para el consumo humano. Pero los habitantes de Jáchal se rehúsan a consumirla.

Uno de los informes mencionados es el de la UNOPS, organismo dependiente de la ONU, para el cual el gobierno de San Juan desembolsó una cifra estipulada en 2.147.346 dólares más un costo de “administración” de 64.420 dólares en 2011, provenientes del Fondo de Regalías Mineras del Ministerio de Minería de la Provincia.

El director Regional de América Latina y el Caribe de UNOPS, Fabricio Feliciano, comentó que los primeros informes estarán para el mes de octubre (aunque pasados 16 días del mes todavía no estén). A su vez, afirmó que aunque no fue presentado el informe, el proceso de “auditoría en campo para los proyectos Lama y Veladero” están concluidos, pero no los de Gualcamayo y Casposo. Por último, el representante solicitó una prórroga para la vigencia del proyecto hasta junio de 2016. La realidad es que, pese a las enormes cifras invertidas en este organismo, los resultados del trabajo de ese equipo son aún desconocidos, así como la responsabilidad que le compete en la prevención del derrame de solución cianurada.

Por otra parte, la Universidad Nacional de Cuyo presentó en su portal web un informe en el que asegura que el Río Jáchal tiene una contaminación con metales “en dosis de hasta 1400 % por encima de los valores tolerables”; lo cual revela que sí hubo contaminación del suministro local de agua en la localidad de Jáchal. El trabajo se realizó por encargo de la Municipalidad de Jáchal y las muestras fueron tomadas al día siguiente del derrame. El informe de la Universidad describe que “se encontraron aluminio y manganeso (en gran proporción), además de arsénico, boro, cloruros y sulfatos, peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona. Además, se detectaron bacterias muy nocivas y difundidas, como la Escherichia coli, en el fluido en la zona donde se originan los ríos montañosos”. Las razones avalan, así, la preocupación y la denuncia de los vecinos.

El juez civil en la causa que investiga la negligencia de la empresa imputó al jefe de Procesos de la mina Veladero. Leandro Poblete habría sido uno de los responsables que firmó el acta de apertura de la compuerta del canal del Norte, sitio por donde se filtró la solución cianurada hacia los cauces del río.

El fin de los discursos bonitos

Efectivamente, lo que está pasando en Jáchal es un claro ejemplo de uno de los por qué de las luchas y resistencias sociales contra los proyectos de minería que abundan en todo el territorio argentino. Así lo cuentan Jofré y Ceballos: “Nosotros tenemos dos objetivos: por un lado, en lo urgente, clamar un plan de remediación y que se escuche a nuestro pueblo cuando se hable de un nuevo proyecto[1]. Es en este sentido que exigimos ¡remediación ya! El segundo objetivo que tenemos es el de contar nuestra experiencia a otras comunidades que están amenazadas por este tipo de emprendimientos, para que de ninguna manera den la ‘Licencia social’ a las empresas, para que nunca les ocurra lo que nos acaba de ocurrir a nosotros”.

Como si faltaran más argumentos, los asambleístas continúan explicando que los proyectos mineros les ganan la licencia social a los pueblos bajo la promesa de la generación de empleo y del desarrollo sustentable. “Nosotros podemos decir que el desarrollo sustentable es tan solo un discurso bonito para algunos, porque no lo tenemos, no se ha dado la generación de empleo genuino en forma permanente en la población de Jáchal y ahora tenemos un problema ambiental que quién sabe cuánto tiempo lleve reparar y hasta dónde se extienda”, explican.

Y también amplían diciendo que la empresa “llegó con la promesa de generación de pleno empleo mientras se iniciaba la explotación de Veladero. Hoy la mina ya ha cumplido 10 años, le deben quedar pocos años de vida útil y lo primero con lo que se quiere argumentar la llegada de ‘nuevos’ emprendimientos es, otra vez, que se generaran puestos de empleo de forma permanente. Se produce, así, una suerte de encadenamiento de mentiras que mantiene a los pueblos sacrificados prácticamente de rehenes. La gente acepta por la pobreza y porque no tiene otras alternativas, lamentablemente nosotros somos el ejemplo de lo que verdaderamente ocurre”. Y cierran de forma contundente: “Jáchal, como muchos pueblos empobrecidos, sistemáticamente se tragó la minería, pero se la tragó de la misma manera que el pez se traga la carnada, por hambre y por inocencia”.

[1] Si bien se dice que ya se está trabajando sobre el proyecto del Carmen y el proyecto Chita, que son muy cercanos a este proyecto minero, existen además muchísimos proyectos “en carpeta” en el territorio de la provincia de San Juan.

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Una fuga de cianuro afectó la cuenca del río Jáchal en San Juan, producto de la rotura de un caño que transporta cianuro a la mina Veladero, explotada por la Barrick Gold. La justicia ordenó suspender las actividades de la mina por cinco días, tras un amparo presentado por los vecinos.

Nuevamente la impunidad de las mineras provoca daños ambientales y contaminación en ríos. De nuevo la “fiebre del oro” pone en alerta a poblaciones y vecinos sin ningún tipo de protección ni resguardo legal. El gobierno de José Luis Gioja y la Barrick Gold otra vez cómplices de un incidente de contaminación en la cordillera sanjuanina. La movilización y asamblea popular vuelven a convertirse en símbolo de lucha y resistencia para la protección del ambiente.

Idas y vueltas en las declaraciones oficiales que tratan de minimizar el derrame y encubrir las consecuencias ambientales reiteran el debate público sobre las mineras en la Argentina y la protección que poseen de los gobiernos provincial y nacional.

Derrame y primeras voces

Domingo 13 de septiembre, 10 de la mañana. A través de mensajes de whatsapp comenzó la alerta a los vecinos de San José de Jachal, una pequeña localidad ubicada a 170 kilómetros al norte de la capital de San Juan. El mensaje alarmaba sobre un grave incidente en el yacimiento Veladero por la rotura de una cañería que traslada solución cianurada desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación (lugar donde se realiza la separación del mineral útil del estéril mediante el uso de solución cianurada). 15 mil litros de cianuro habían sido derramados al río Taguas proveniente de la mina de oro.

Por la noche, unas 300 personas se autoconvocaron frente a las puertas del municipio de Jáchal, donde el intendente Jorge Barifusa aseguraba que “los técnicos consideran que no se había producido contaminación del Río Jáchal”.

Por su parte, los vecinos reunidos en asamblea acordaron conformar una comisión para que reclame y supervise la realización de análisis de las aguas por parte de la Universidad Nacional de San Juan. A la vez que decidieron presentar un amparo ambiental ante la justicia.

Comunicado de la impunidad

El lunes 14, la empresa Barrick Gold emitió un comunicado en el que reconocía parcialmente el suceso: “Ayer Veladero reportó un incidente derivado de la rotura de una cañería que conduce solución cianurada, desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación”, pero aseguró que “NO HUBO CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS QUE CORREN EN LA CUENCA DEL RÍO JÁCHAL”. Sino que “sólo hubo daños materiales en una cañería que transporta cianuro, sin verse afectada la salud de los trabajadores”, y remarcó que no hubo contaminación en los ríos, información que circuló por las redes sociales y whatsapp”.

La minera indicó que frente al problema “se procedió a actuar de acuerdo al Plan de Manejo de Emergencias de la Mina Veladero y se tomaron todas las medidas para dar solución a la contingencia ocurrida” y agregó: “Queremos dejar absolutamente claro que solo hubo daños materiales en una cañería sin verse afectada la salud de los trabajadores” y que “se está investigando las causas del incidente y monitoreando todas las variables ambientales en la zona”.

La Barrick Gold confirmaba así que el conducto estaba pinchado, pero negaba que el cianuro haya llegado al río Jáchal. Por su parte, la Cámara Minera de San Juan salió a asegurar que es seguro tomar “hasta medio vaso” de agua mezclada con el líquido tóxico. Según Jaime Bergé, titular de la entidad minera de la provincia, “el cianuro en el manejo de las minas está en proporciones tan bajas que está alrededor del 7% al 8% en el agua. Hasta podes tomar medio vaso que no va a hacer nada. Está sumamente diluido”.

El Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione, explicó que se trató de “una falla técnica en una válvula” y que inconvenientes de este tipo no se registraron en los últimos 15 años. Según dijo, “el material salió del valle de lixiviación y fue hacia el rió Taguas, pero rápidamente se diluyó y actualmente el problema está solucionado”.

“No hay peligro para la población, se puede tomar agua en todos lados, y estamos haciendo los controles pertinentes para que no vuelva a pasar. Esto fue una falla mecánica, posiblemente de fabricación”, confirmaba ingenuamente el funcionario provincial.

El mismo gobernador, José Luis Gioja, principal lobbista de las empresas mineras en Argentina, ratificaba las declaraciones de los empresarios mineros “Fue contingencia técnica que fue controlada y que no generó problemas. Hay que llevarles seguridad a todos. Están todos los recaudos tomados, son cosas que pueden llegar a pasar”.

Rectificación oficial y Desmentida a la Barrick

El martes 15, a través de un comunicado oficial, el gobierno provincial informó que impulsará una denuncia penal por el derrame de cianuro en Veladero generado por la Barrick Gold.

Ratificando lo revelado por los vecinos de Jáchal sobre la contaminación de la cuenca del río Taguas, el propio gobierno comunicó a las comunidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto que eviten y/o limiten el consumo de agua proveniente del Río Blanco.

Antes de esto, se había comunicado oficialmente que “ya pasó el problema, que se controló los residuos en el río y que su agua es apta para la vida humana y acuática”.

Suspensión de las actividades en Veladero

Finalmente, este miércoles 16, Pablo Nicolás Oritja, juez de Jáchal, dio lugar al amparo presentado por los vecinos y ordenó suspender las actividades en el yacimiento Veladero de la empresa Barrick Gold. Además se establece que se distribuya agua apta para el consumo humano a todas las localidades afectadas de Jáchal e Iglesia a costa de la empresa minera.

El letrado ordenó también la inspección ocular de la mina Veladero a fin de constatar las condiciones de seguridad de los procedimientos de explotación que tengan relación con los hechos puestos en conocimiento.

Se designó al ingeniero en minas Daniel Hugo Cabrera, de la Universidad Nacional de San Juan, para que elabore un informe técnico y para constatar si hubo alguna afectación a la fauna silvestre, y al veterinario Mauro Pedernera, “con el objeto de que extraiga muestras cadavéricas de los órganos blandos de posibles animales muertos en la zona de la explotación minera”.

Asimismo, se solicitó la extracción de muestras de tierra de los lugares involucrados para que luego de su análisis, informe si se encuentran rastros de elementos químicos contaminantes y en su caso enumere y cuantifique las proporciones de los mismos.

Finalmente, el amparo que dio lugar el juez Oritja establece “Suspéndase el proceso de lixiviación que se realiza en la mina Veladero por el término de cinco días, plazo este en el que se deberá acreditar por parte de la empresa y constatar por el consultor técnico designado por este tribunal y demás organismos de control, el funcionamiento seguro del proceso de lixiviación reseñado”.

Veladero y Pascua Lama en San Juan, La Alumbrera en Catamarca, Mina Navidad en Chubut, Cerro Vanguardia en Santa Cruz, Calcatreu en Río Negro, Andacollo en Neuquén, Mina Pirquitas en Jujuy, San Jorge en Mendoza y Famatina en La Rioja. Algunos de los yacimientos megamineros a cielo abierto en Argentina. En cada uno de ellos, el lobby de los gobiernos provinciales y la complacencia del gobierno nacional han generado el deterioro del ambiente y el avasallamiento de los derechos ciudadanos a costa de las regalías mineras.

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