Por Vivian Palmbaum

El territorio ancestral de la Lafken Winkul Mapu Lof, ubicado en Villa Mascardi es disputado por poderosos intereses. Una situación que no es nueva. Recordamos que Rafael Nahuel, parte de la comunidad mapuche de Mascardi, fue asesinado hace tres años en medio de un operativo de la Prefectura, bajo las órdenes de Patricia Bullrich y su asesinato aún se encuentra impune.

El llamado a movilizarse se realizó a través de redes y los medios masivos con un perfil anti-mapuche. Desde algunos medios locales se incitaba a llevar “elementos de defensa personal, gomeras, piedras y palos para defender lo nuestro con justicia por mano propia”. También desde los medios masivos como algunos canales de noticias nacionales, se respaldó abiertamente la movilización con entrevistas a los presuntos damnificados de las recuperaciones ancestrales, que no son nuevas.

La marcha se justificaba con el argumento: “dado el abandono de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, la ciudadanía de Bariloche sale a respaldar a los vecinos y propietarios de Mascardi ante el atropello de un puñado de delincuentes que van por las reservas naturales y la propiedad privada”. Inicialmente se citó en la rotonda de Diarco, donde intersectan la ruta 40 y Juan Marcos Herman, a las 15 hs.

La gobernadora Arabela Carreras también se hizo presente en uno de los cortes, tratando de disuadir el enfrentamiento, con expresiones más cercanas a las y los manifestantes, “Ustedes son vecinos honestos y de buena voluntad. Estoy segura que quieren vivir en paz igual que yo”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se interpuso una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”, ya que temían que la situación derivara en un enfrentamiento, lo que luego fue  desestimado por el juez que entendía en la causa.

Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro se denunciaba al diario El Cordillerano por haber convocado a esta movilización, que además es violatoria del aislamiento social obligatorio en el contexto de pandemia. Desde la Coordinadora también acusan a otros medios nacionales y regionales por estar publicando noticias falsas para crear un clima de odio racial contra integrantes del pueblo mapuche.

La marcha con tintes racistas antimapuches se produce luego de reiterados hechos que vienen sucediendo en medio del aislamiento social obligatorio. Tal es el caso por el cual en el último mes de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expidió por los reiterados ataques, recomendando al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad mapuche Lof Buenuleo”[i].

Desde medios locales y nacionales se emprendía una campaña contra las recuperaciones territoriales y en defensa de las propiedades de corporaciones y magnates propietarios.

Una de las voceras de la comunidad mapuche, explicaba: “Queremos compartir desde el territorio mapuche la información sobre quiénes son los vecinos de Villa Mascardi, Bariloche, que cuida Patricia Bullrich”. La ex ministra de seguridad, que actualmente encabeza el Pro, respaldó la movilización en Bariloche, al igual que lo hizo durante su función de gobierno.

Hay una trama de intereses que la vocera de las comunidades mapuches identificó para los cuales las marchas parecen ser funcionales: “Elsztain es el director empresarial del Hotel Llao Llao que junto a (grupo) Sutton quieren levantar un nuevo hotel lujoso de cinco estrellas en la zona. El grupo Burco, con más de 20 socios de empresas anónimas de Bélgica, se apropiaron ilegalmente de más de 24 mil hectáreas a valores irrisorios para proyectos vacacionales de lujo, entre otros proyectos”. La vocería también menciona algunos nombres como los de Alfredo y Tomás Bertger, y Federico Van Ditmar que usualmente actuarían en nombre de Joe Lewis, el magnate amigo de Macri, con fuertes intereses en la zona.

En 2017 el diputado provincial por Río Negro Luis Bardeggia (FpV) denunciaba penalmente por la adjudicación directa de miles de hectáreas de tierra que, al cabo de poco tiempo, quedaron en manos del Grupo Burco SA, originario de Bélgica. “Fue una verdadera sustracción de porciones de naturaleza”,  afirmaba[ii], por una situación sin antecedentes, en cuanto a la asignación de un total de 24.543 hectáreas en tan sólo dos años y siete meses. Entonces no parecen casuales las expresiones del entonces gobernador y actual senador por Rio Negro, Wertilneck condenando la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, afirmando que están “a favor de quienes son violentos” o “es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas.”

Desde la comunidad mapuche agregaban que “los otros vecinos que están cuidando son de los Emiratos Arabes, del Grupo Roemmers –farmaceutica-, Zorreguieta que es la princesa de Holanda, hija de un militar de la dictadura, el grupo Benneton, el grupo Lewis y por ultimo Parques Nacionales. Todos estos nombres son grupos que rodean al Lafken Winkul Mapu y que están instalados en zonas de comunidades en lo que es El Bolsón, la Comarca Andina del paralelo 42”.

Las comunidades mapuches que conocen muy bien el territorio, nos esclarecen sobre el valor de lo que se disputa. “Dentro de las propiedades están: el Cerro Carreras Nevado Mayor, la división de las aguas con actividad glaciaria, las nacientes del rio Chubut, Pichileufu, Foyel y Villegas que son reservas de agua dulce con especial interés hidroeléctrico”. Agregan, “son tierras fiscales, tierras de frontera que no deben ser vendidas a extranjeros” y afirmaron que  “es increíble como hacen marchas en contra de ellos pero no dicen nada contra este grupo Burco que se está quedando con las nacientes de la zona”.

Señalan que: “Estas son las personas que defienden los medios hegemónicos de comunicación tanto nacionales como regionales. Lamentablemente se sigue instalando el relato de estigmatización hacia el pueblo mapuche, como el mapuche delincuente, el mapuche terrorista, el usurpador cuando en realidad se están cuidando los intereses de estas empresas de estos empresarios extranjeros”. La vocera de la comunidad finalizó afirmando enfáticamente: “como sigan avanzando dentro de poco nos van a vender el agua a todos”.

Derechos territoriales

La Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 reconocer “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas”. También en el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación se establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”

Por otra parte además de las garantías que establece la Constitución Nacional y el Código Civil, se encuentra en vigencia la prórroga de la Ley N° 26.160 sancionada con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional. La norma suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, elaboró un Informe Especial[iii] con fecha de abril 2020, sobre la deuda histórica que aún está sin saldar con las comunidades indígenas de nuestro país. Allí se concluye la preocupante situación dado que “el 61,35% de las Comunidades Indígenas del país aún no han concluido el relevamiento de las tierras que tradicionalmente ocupan. La segunda cuestión de gravedad es que un 42,35% del total de Comunidades Indígenas no registra tareas iniciadas de relevamiento”. La falta de ejecución del Relevamiento Territorial implica la imposibilidad de acceso a derechos legítimos por parte de las comunidades indígenas.

[i] Fuego en Mascardi: Continúa la avanzada territorial sobre territorio ancestral mapuche https://www.marcha.org.ar/fuego-en-mascardi-continua-avanzada-sobre-territorio-ancestral-mapuche/

[ii] https://www.rionegro.com.ar/caso-burco-la-mayor-acumulacion-de-tierras-en-rio-negro-XF2117550/

[iii] Informe Especial Endepa https://www.endepa.org.ar/contenido/INFORME-ESPECIAL-LEY-26160-4-min.pdf

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Por Redacción Marcha | Foto: Marcha

En dieciocho años de ejercicio es la primera vez que la jueza Pájaro vive una cosa así. Sebastian Escalada, un residente de Bariloche de 49 años, difunde todos los días videos y mensajes en redes sociales acusandola de haberle robado a sus hijas. Lo hace también en la vía pública, manejando un automóvil ploteado con la imagen de la jueza de familia.

En 2018 la ex mujer de Escalada solicitó un permiso para viajar a Estados Unidos, su país de origen, para acompañar a su padre que estaba muriendo. Presentó pasajes de ida y vuelta para ella y sus hijas, prometiendo regresar a los 90 días. La Dra. Pájaro le otorgó el permiso, como es habitual en situaciones así donde se presenta toda la documentación requerida. Pero no regresaron. El padre de la mujer falleció al poco tiempo, pero ella y sus dos hijas se quedaron viviendo en el estado de Texas. 

Una vez instalada allí, la mujer solicitó a la justicia una prórroga de su estadía. La prórroga fue denegada y se le ordenó que retornara junto a sus hijas al país en un plazo de 15 días, pero no lo hizo. Eso fue lo último que pasó en lo que compete a la jueza y sin embargo, las violencias contra ella por el fallo que permitió el viaje en primer lugar persisten. Escalada intentó viajar a Estados Unidos con una visa humanitaria pero le fue denegada, como así también se le denegó la acción de restitución internacional de menores. En el presente no existe ninguna tramitación de expedientes sobre el tema. 

Con una retórica similar a la que embandera a los varones organizado bajo el falso SAP, Sebastián Escalada y los hombres que lo acompañan acusan a la jueza de estar en una cruzada contra los padres y su derecho. Sin embargo, los archivos del juzgado de Pájaro muestran que sólo en los últimos 3 años se emitieron 46 autorizaciones para salir del país y en una sola, esta, se registró un no retorno. En una conversación en El Cordillerano Radio, la jueza agregó: “tenemos una frontera enorme con Chile y muchos ciudadanos tienen familia del otro lado, siempre autorizamos para salir del país, es un trámite sencillo”. 

Es que detrás de los ataques contra la jueza Pájaro hay un sistema violento que busca amedrentarla no sólo a ella, sino a todas las mujeres con poder de decisión que contradigan la voluntad de un varón. Y Sebastián Escalada tiene una historia de desacato y delitos que prueba su sentido de impunidad. En el año 1997, fue imputado en Paraguay por delitos de estupro y corrupción de menor a partir de un video que comercializó abusando de una adolescente.

Un informe de derechos humanos de ese año describe lo sucedido de la siguiente manera: “la madre de una menor inició una querella contra Sebastián Escalada, quien comercializó videos con escenas sexuales entre el mismo y la joven. El video en cuestión fue comercializado masivamente y exhibido en locales públicos en “sesiones reservadas”. El caso es llamativo por la generalizada complicidad ciudadana, ya que gran cantidad de personas admitió, privada y públicamente, haber visto el video. La protección contra este tipo de hechos es mínima en Paraguay, aunque la denuncia logró al menos que se decretara la prisión del acusado y el procesamiento de otros dos involucrados”. Y ese no es todo en su prontuario, ya que Escalada fue deportado de Estados Unidos en 2009 y estuvo involucrado en una causa por transferencias fraudulentas en ese país. 

Ahora, además, fue denunciado de forma penal y civil por los hostigamientos sistemáticos contra Pájaro luego de haberla amenazado de muerte públicamente en dos ocasiones. “El 21 de julio, el fiscal titular de la UFT°21 de delitos de violencia de género le imputó a Escalada los delitos de amenazas en contexto de violencia de género”, destaca Karina Chueri, abogada de la jueza. Los delitos que se le imputan son dos en particular, a pesar de que los hostigamientos fueron múltiples y no todos encajan en un tipo de ataque. “El primer hecho ocurrió el 12 de marzo en el marco de una charla organizada por APDH Bariloche. Allí iba a disertar Elena Naddeo y estaba invitada Marcela Pájaro. Escalada se hizo presente de forma violenta, solicitó hablar con Naddeo y la increpó. Ella respondió que ella no tenía nada que ver ni podía ayudarlo, y entonces Escalada se dirigió a la secretaria general de UnTER y le pregunta: “¿qué tengo que hacer, matar a la jueza?” Se lo invitó a retirarse”, repasa Chueri. El segundo, más reciente, fue a mediados de junio. Escalada y un grupo de hombres autoconvocados se presentaron en la puerta del juzgado en el que estaba Marcela Pájaro. Cuando les respondieron que no los atendería, Sebastián Escalada respondió: “¿qué es lo que esperan que haga? ¿que tenga que volar el edificio?”. La abogada de Marcela Pájaro agrega que estos actos de hostigamiento suceden hace tres años. “Escalada se apareció en cuanta actividad académica participara Marcela”, explica. 

Para preservar el proceso, la jueza no dará declaraciones al respecto. Pero de esta historia se desprende un esquema recurrente que habla de violencias machistas sistemáticas: en su ejercicio Marcela Pájaro falló con perspectiva de género y a favor de las demandas de la agenda de mujeres, lesbianas, travestis y trans múltiples veces. A pesar de que el Poder Judicial no se actualice al ritmo de los avances sociales, su compromiso como jueza fue de sí hacerlo. En estos años, falló a favor de la aplicación de protocolos de interrupción legal del embarazo, a favor de solicitudes de cambio de apellido paterno en el caso de situaciones de abusos intrafamiliares, preservó la seguridad de madres e hijos en situaciones en las que padres violentos solicitaban régimen de comunicación y de visitas, entre otros casos. Y la respuesta violenta de un grupo de varones organizados no es más que otra expresión del backlash contra los gestos que cumplen con una agenda de derechos. 

Apoyos y respuestas institucionales

Las respuestas institucionales contra la violencia dirigida hacia Marcela Pájaro son muchas. Por un lado, el Consejo de la Magistratura archivó una denuncia que Escalada presentó en su contra. La decisión fue unánime. En ese sentido, desde Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro (SENAF) se emitió un comunicado en el que resaltó que “se trata de una persona comprometida con los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que así lo deja plasmado en cada una de sus resoluciones judiciales”. “Queremos acompañar a Marcela Pájaro brindándole nuestro apoyo, no solo a su persona, sino a su carrera judicial, a su profesionalismo, a su ética comprometida y a sus virtudes como profesional del derecho”, agregaron. 

Además, expresaron su apoyo APDH, UnTER Seccional Bariloche, el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos Zona Andina y la Red de Mujeres para la Justicia.

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Por Vivian Palmbaum 

En Río Negro, al igual que en muchas provincias, el gobernador usó los fondos de IPROSS, obra social de las y los empleados públicos de la provincia, para hacer campaña política mientras hace 5 meses que no paga los haberes. Así lo denuncian los trabajadores y trabajadoras del Sanatorio Del Sol de San Carlos de Bariloche. Desde Marcha entrevistamos a la médica Luciana Ruben, una de las trabajadoras afectadas, médica de guardia y del servicio de emergencias del Sanatorio del Sol.

El Sanatorio Del Sol es uno de los tres sanatorios privados de San Carlos de Bariloche, que junto con el hospital público conforman el sistema de salud de una ciudad que es la más grande de la zona y por la cual pasan miles de turistas y habitantes de Bariloche y otros lugares de la región.

Los 185 trabajadores y trabajadoras del Sanatorio Del Sol se hallan en una grave situación, porque están en conflicto desde hace 70 días por falta de pago de sus salarios. “Hace cuatro meses que no cobramos” afirman las y los trabajadores. Parece haber poca voluntad política para solucionar un conflicto que además deja desprotegida a un sector vulnerable de la población. Así lo reveló la Dra. Ruben: “Detrás de todo esto se esconde el intento de monopolización de la salud privada de Bariloche. Las obras sociales que no pagan, están los socios que no aparecen y los representantes del Estado tanto municipal como provincial se lavan las manos”.

Las y los trabajadores denuncian que el conflicto encubre un intento de concentración del sistema. A esto se suma la situación de la salud en la provincia, que se ve desbordada por el aumento de alrededor del 40 % en la demanda al sistema público, como el propio ministro afirmaba a fines de 2018. Una situación de la que no escapa el resto del país, al mismo tiempo que se desfinancia al sistema público que tiene que vérselas hasta con la falta de vacunas.

Ni el Estado provincial ni el municipal intervienen para que se llegue a alguna solución de este conflicto. Tal como lo expresó la médica, “vemos la dilación de los tiempos, la falta de voluntad política, vemos que somos los empleados y empleadas las que estamos pagando el ajuste, la crisis. Cuando la clínica funcionó bien y daba ganancias todos se repartían la torta y se llevaban su porción y hoy que la clínica necesita de ellos, de su firma para un préstamo o que los socios se hagan presentes para buscar soluciones o directamente renuncien y nos dejen a nosotros tomar las decisiones que se necesitan, no están”.

La población que atienden es de PAMI y la obra social IPROSS, que tiene un gran retraso en el pago de las cápitas, que son un dinero fijo que pagan las obras sociales para atender a sus afiliados y afiliadas, que le garantiza al sanatorio un ingreso fijo”, explicó la médica y además agregó que “ya no atienden más a afiliados a OSECAC, con quien se hallan en litigio judicial por una deuda que lleva un monto cercano a los 30 millones de pesos”.

Un Estado como ausente

Este conflicto que lleva 70 días sin propuestas que faciliten a una solución, obligó a las y los trabajadores del Sanatorio a iniciar un plan de lucha que visibilice la grave situación. Ni el frío, ni el mal tiempo los desalentó. “Hace unos 10 días que sacamos el conflicto afuera del Sanatorio. Los primeros 60 días estuvimos haciendo un reclamo más interno y en los últimos diez días al no haber respuestas y la situación cada vez mas crítica lo sacamos afuera con un corte en la rotonda que queda sobre el ingreso de Villa La Angostura, cerca de la terminal de colectivos, con un corte parcial y panfleteado. Fuimos al acto del 9 de julio con carteles, a donde estaba el intendente y hemos ido a la municipalidad a hacer una sentada. Todo esto en los últimos diez días cuando sacamos el conflicto a la calle”.

Este miércoles 17 de julio decidieron avanzar y cortar parcialmente de 10 a 16 hs. una de las calles principales, en el km 1 de Av. Bustillo, “no solamente salimos a la calle sino que decidimos cortar uno de los accesos a Circuito Chico, porque si no podemos llegar a la Provincia necesitamos recrudecer las medidas”.

También la CGT Zona Andina y Comarca luego de un plenario de delegados y delegadas convocó al gobernador Weretilneck, al ministro Zgaib y otros funcionarios a una reunión por la situación de las y los trabajadores del Sanatorio. Muchos otros trabajadores y trabajadoras se solidarizaron junto a usuarios y habitantes de Bariloche para que se solucione este conflicto que los deja en el desamparo. Desde todo el país llegaron adhesiones para las y los trabajadores en conflicto bajo el lema: #YoApoyoALosTrabajadoresDelSol.

Trabajadores y trabajadoras de la salud

El personal del sanatorio está compuesto por 185 empleados y empleadas, es decir que afecta unas 600 personas, ya que comprende a las familias de esas personas. De esa planta, 90 son médicos y médicas que trabajan en los servicios de internación, ambulancia, guardia y consultorio que dependen del sanatorio directamente.

Detrás de todo esto se esconde el intento de monopolización de la salud privada de Bariloche, las obras sociales que no pagan, están los socios que no aparecen y los representantes del Estado tanto municipal como provincial se lavan las manos y contaba un intento de solución irrisorio e insuficiente. “Dieron la semana pasada 60 bonos de $ 1000, para compras en una tienda en Bariloche, cuando son 185 las familias afectadas y además ese monto no cubre ni la canasta básica de una semana de una familia promedio”. Una suma insignificante en una región donde el valor de todos los insumos básicos es bastante superior por las distancias.

“Nosotros y nosotras no queremos que la clínica desaparezca porque somos un sanatorio bastante popular, una gran familia, atendemos una población sensible como la de Pami y los empleados públicos, mucha gente con bajos recursos se atiende en el Sanatorio del Sol. La verdad es que nos sentimos solos y manipulados, sentimos que incluso la provincia no solo se niega en las soluciones sino que además hace reuniones clandestinas donde se reúnen ministros de la provincia con el intendente y con dueños de una de las clínicas y debaten nuestro futuro y nos sentimos muy manipulados”.

La médica Rubén explica que tuvieron que investigar sobre la situación legal y contractual del Sanatorio que es una sociedad anónima constituida por una junta directiva con ocho socios, cuyo accionista mayoritario que es Miguel González Robinson, hijo de uno de los socios fundadores. “Por estatuto las decisiones las tiene que tomar el socio mayoritario pero tiene que estar avalada por la junta; el hijo que es socio mayoritario y apoderado por el fallecimiento de su papa, no es médico, necesita de los ocho socios para poder hacer efectivo el pedido de préstamos y otras decisiones necesarias para el sanatorio”. Además señala que “actualmente los ocho socios no aparecen. Estamos los médicos hace ocho meses sin cobrar y las y los empleados de mayo para acá, tampoco se cobró el aguinaldo desde junio del año pasado, o se cobro parcialmente, luego ya no se cobró ni en diciembre ni ahora”.

Las y los trabajadores en su conjunto expresan que el dueño de uno de los tres sanatorios de Bariloche, parece que va a ser su próximo Ministro de Salud y “por eso nos ahogan económicamente para que ese sanatorio monopolice la salud privada de Bariloche”, afirman teniendo en cuenta el modo de gestión que vienen llevando adelante los Estados nacionales, provinciales y municipales con el gerenciamiento de lo público.

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Por iniciativa de las organizaciones que componen el Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes se firmó un acta de acuerdo, con siete puntos, para proteger a las niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas se vienen vaciando de contenido. Cada vez hay menos profesionales idóneos para la contención de los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, se realizan acuerdos corporativos que transfieren la concesión de los negocios vinculados al Cerro Catedral para su explotación. Entrega de los recursos más represión, la fórmula que se repite.

Fuerzas de (in)seguridad

En Bariloche, la violencia que ejercen las fuerzas de (in)seguridad contra las niñas, niños y adolescentes no es nueva y se profundiza. Hace pocos días, estudiantes de la Escuela Amuyén de Bariloche, en el km 7 de Pioneros, denunciaron que fueron agredidos mientras esperaban en la parada del colectivo.

Tal como consignan desde el Colectivo Al Margen, esta semana, por iniciativa de organizaciones sociales, se logró consensuar un acta de acuerdo de siete puntos destinados a terminar con la violencia institucional e implementar políticas públicas. El mismo se originó en la sesión ampliada del Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó en la sede de la Fundación Gente Nueva del barrio Virgen Misionera. A esta institución concurren los y las adolescentes que denunciaron violencia institucional el viernes pasado a manos de personal policial de la comisaria 27 de Melipal.

El acuerdo compromete a la obligatoriedad de la identificación del personal policial, la apertura del Centro de Atención y Derivación de adolescentes demorados, la formación de la policía en perspectiva de derechos humanos, la presencia del ministro de Seguridad Pérez Esteban y el compromiso para la atención psicológica de los chicos que fueron golpeados, entre los más destacados. El acta lleva la firma de la Legisladora oficialista Silvia Paz, el Comisario de la regional tercera Daniel Bertazzo, el Comisario Ricardo Fuentes de la Jefatura Zona 1 de esta ciudad, el Defensor de Menores Javier Ospital, de Jimena Palópoli delegada del área de Derechos Humanos, Carlos Sánchez, Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad y la directora de la Senaf en Bariloche, Daiana Salussoglia; además de las organizaciones y demás miembros del Consejo de Infancia local.

Los padres de las y los jóvenes agredidos por el personal policial, que se encontraban presentes, enfatizaron sus quejas contra este accionar de las fuerzas de (in)seguridad, al tiempo que denunciaban que esta situación produjo que “sus hijos no estén viniendo a la escuela, ni quieran salir de su casa porque tienen miedo”. Al mismo tiempo, en la sesión del Consejo se destacó que se han reducido la cantidad de psicólogos. El efecto es la falta de contención en situaciones como la sucedida y tantas otras. La violencia institucional tiene como contenido concreto prácticas de estigmatización, represión y criminalización de las infancias y jóvenes de los sectores populares.

Allí, frente a los funcionarios de gobierno, organizaciones sociales, concejales y referentes gremiales se pronunciaron contra la ausencia de políticas públicas para los sectores más vulnerables. El 14 de mayo será la próxima sesión del Consejo de Infancia y fue convocado el titular de la cartera de Seguridad provincial Gastón Pérez Estevan y la titular de la Senaf Roxana Méndez para abordar la implementación del Centro de Atención y Derivación de Adolescentes.

Sombras de Bariloche

Bariloche es la ciudad más grande de la provincia de Rio Negro y con mayores denuncias por violencia institucional. Desde hace dos años la violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes se viene incrementando, hasta con denuncias de torturas en comisarías, como la de la Comisaría 42 del Barrio 2 de Abril.

Tal es la violencia policial que a partir de la cantidad de casos que se vienen sucediendo,  desde el año pasado el Movimiento de Infancia implementó un Registro de Violencia Institucional para facilitar que las y los jóvenes y adolescentes puedan hacer denuncias en los barrios, ya que por temor no se animan a acercarse a la Fiscalía. La violencia institucional en los barrios de Bariloche tiene nombre: detenciones irregulares, torturas, hostigamiento por parte del personal policial. Algunos de los barrios donde denunciaron son Virgen Misionera, Nahuel Hue, San Francisco, Unión, Malvinas, Abedules, 28 de Abril, Villa Llanquihue y 10 de Diciembre.

Negocios corporativos

Mientras la policía reprime y hostiga a niñas, niños y jóvenes de los sectores populares, en Bariloche se cocinan negocios.

En los medios locales se pudo leer una noticia que pasó prácticamente desapercibida a nivel nacional, y que muestra la misma lógica en los distintos lugares donde el Pro tiene diferentes alianzas de gobierno. Sin licitación previa se aprobó la extensión por 38 años del contrato de concesión sobre la explotación del cerro Catedral. A pesar de las 3354 firmas pidiendo el referendo y las irregularidades del proyecto se aprobó con la mayoría automática de Juntos Somos Bariloche (JSB) y el PRO. Vecinas y vecinos se hallan movilizados para juntar firmas que impulsen una consulta popular.

Este contrato de concesión del área Catedral a la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. hasta el año 2056 beneficia no sólo con la concesión del área sino que además conlleva un megaemprendimiento inmobiliario que implica una transformación de la naturaleza en paisaje urbano. La llamada modernización llegó hasta las montañas para quedarse.

Mientras, en Bariloche se firma la paz con la policía para que no siga reprimiendo a las y los pibes, con un acuerdo donde uno de los puntos destacados y consensuados hasta por las cúpulas policiales es que los efectivos lleven identificación.

Las fuerzas de seguridad no paran de darnos ejemplos, que se han intensificado en los últimos dos años. En Rio Negro, la historia que compromete a las fuerzas lleva las marcas de nombres como Daniel Solano y Lucas Muños (en Bariloche) entre otros. El más reciente y triste ejemplo lleva el nombre de Rafael Nahuel, ajusticiado por la espalda por la prefectura en Villa Mascardi (Bariloche).

La zona patagónica se halla a merced de la voracidad de los negocios corporativos sin frenos y sin límites por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales que se benefician con acuerdos que se hacen a espaldas del pueblo. Mientras tanto la fórmula sigue siendo la misma: represión, criminalización, meterle miedo a los sectores populares como único modo de seguir haciendo negocios. Las organizaciones y movimientos comunitarios parecen constituir el recurso para poder frenar las violencias institucionales cotidianas.

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En el mediodía del lunes el juez Villanueva hizo lugar al pedido de extradición de Chile contra el lonko mapuche Facundo Jones Huala. Una sentencia que se leyó en ausencia del imputado, con una restringida presencia de testigos y que suscitó hondo pesar en la comunidad mapuche que aguardaba.

La lectura de la sentencia no pasó inadvertida. Las fuerzas de seguridad presentes en la ciudad de Bariloche, comenzaron con una feroz represión -tal como vienen haciendo- con gases y balas de goma mientras se llevaban detenidas a unas 15 personas, de las cuales 7 eran mujeres y una era menor. En la Ciudad de Buenos Aires la noticia generó una rápida convocatoria de Nora Cortiñas y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia para manifestarse en la Plaza de los dos Congresos, al poco tiempo de sucedidas las detenciones. En las últimas horas del día de ayer, fueron liberados las y los detenidos, donde había varios y varias periodistas.

Una detención anunciada

Con gran pesar la comunidad mapuche recibió la noticia de la extradición para el lonco Facundo Jones Huala. Una decisión que ya estaba anticipada por los poderosos intereses que se disputan por la posesión de la tierra y sus recursos, entre el poder económico y las comunidades originarias. Una decisión judicial aleccionadora para amedrentar futuras iniciativas. Someter a los pueblos originarios por el uso de la fuerza del Estado, las fuerzas de seguridad parapoliciales que responden a los grandes grupos económicos y si no fuera suficiente el poder judicial, que ya sin disimulo se muestra funcional al poder político de turno. Apropiarse de las tierras con el aval del gobierno nacional, una nueva muestra de las políticas de estado en vigencia.

Isabel Huala, madre de Facundo, se mostró afligida pero con gran fortaleza. Expresó: “nosotros los mapuches peleamos por nuestros derechos porque somos preexistentes a este Estado que pidió su extradición. Habrá que seguir esperando, queremos que le den la excarcelación y que pudiera volver a su territorio”. Además, agregó que “Ante la confirmación de la extradición de Facundo tenemos mucha bronca y dolor pero hay que quedarse tranquilas porque esto tiene cuestiones legales por lo que puede llegar a tardar tiempoy revertirse”. Además fue enfática al afirmar que la represión había sido ordenada por el juez Villanueva. “Esperaba poder presenciar la sentencia al lado de la abogada, pensando que el juez Villanueva iba a estar en Bariloche, pero no fue así”. “Este fallo fue un circo muy bien armado, un juicio público en un gimnasio donde entraban 1000 personas entre las que había 800 soldados y solamente entramos 23 y se logró que entraran más medios porque se presionó”.

La madre de Jones Huala, continuó: “Esta injusticia que está pasando con el pueblo mapuche, con muertos, desaparecidos, fusilados por la espalda, Facundo detenido más de 8 meses. Como mapuche me duele mi pueblo y como madre me duele mi hijo, es un dolor muy grande para mi, parí 6 hijos y son esos hijos los que el Estado está manoseando, porque no es solamente contra Facundo, Fausto perdió el oído izquierdo por la represión, Nico fue abusado por la policía que entró al Pu Lof, Fernando también tiene causas por este estado que no quiere reconocer la preexitencia del pueblo Mapuche”. Isabel además dijo: “Que esta ciudad siga creyendo que vienen de los alemanes, de los italianos, porque les duele la cara mapuche, duele que ver que se rían de los indios cuando en su sangre llevan sangre india, nuestra sangre mapuche, nuestra cultura, duele ver a los jóvenes enterrados en el alcoholismo y la droga por este sistema, duele que los maten por la espalda en los barrios, duele ver la gente que perdió la vida esperando un trabajo, remedios, cosas de este sistema que les es negado, duele lo que va a venir más adelante, por eso le pedimos a la Mapu que mande terremotos, volcanes a ver si se les acomoda la cabeza. Tenemos que masticar la bronca y seguir luchando por el pueblo mapuche, seguir esperando que le den la libertad a Facundo”.

Tal como lo señaló Isabel Huala “la policía fue persiguiendo a los manifestantes que se iban desconcentrando para reprimir y detener”, las imágenes son elocuentes. Entre las y los 15 detenidos había 7 mujeres que fueron particularmente sometidas a situaciones de maltrato, algo que cuesta ser interpretado como causal en el marco del reclamos por el derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, pero especialmente de cara al Paro Internacional de Muejres del 8 de marzo. Pareciera que cualquier represión también es una buena excusa para reprimir a las mujeres que se organizan. Tal es el miedo de las fuerzas represivas, sumamente machistas.

Además, tal como denunció Sipreba, además había 2 periodistas. Las y los detenidos pasaron la noche privados de su libertad, lo que produjo un inmediato reflejo en Bariloche, con movilización y vigilia. Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, donde se convocó a una movilización frente al Congreso para visibilizar la situación, mostrar la solidaridad y el apoyo. Al anochecer las y los detenidos fueron liberados.

Acusaciones infundadas

El lonco mapuche Facundo Jones Huala es acusado en el país chileno con escasas pruebas y en base a muchas suposiciones, la construcción del enemigo que luego facilite la apropiación de sus tierras. Las tierras patagónicas tanto de un lado como del otro de la frontera tienen riquezas naturales incalculables: agua, gas, petróleo, entre otros. El escollo para la explotación son los pueblos originarios habitantes de estas tierras desde tiempos ancestrales y que no están dispuestas a abandonar. Resistir y defenderse es la única estrategia posible frente al poder económico y a un Estado que mira con los ojos de los poderosos.

La comunidad mapuche viene siendo hostigada, atacada y despojada ancestralmente, una situación que no reconoce límites y que cuenta con iniciativas políticas a un lado y otro de la cordillera. Una comunidad originaria que no tiene la identidad de los estados nación, tal como lo conocemos. Los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel muestran el peso de lo que está en juego: preservar los intereses privados en contra del bien común, es la política de estado que se acompaña del despliegue de las fuerzas de seguridad con represión y muerte. La organización para resistencia popular y la solidaridad hoy son las armas para resistir.

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Al grito de “Alen presente, hoy y siempre” y “queremos justicia”, los y las manifestantes expresaron su rechazo a la decisión que en los últimos días tomó el juez Miguel Gaimaro Pozzi de otorgarle domiciliaria a Diego Maldonado, el femicida de Alen, . La causa, caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”, deja entrever la ideología patriarcal y retrógrada de un juzgado que se niega a reconocer el evidente carácter femicida del accionar de Maldonado.

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Cobertura Colectiva del Juicio contra Facundo Jones Huala

por Marcha y Colectiva de Fotografía a Pedal.

En el día de mañana comienza el juicio contra el Lonko Facundo Jones Huala que lleva como objetivo último lograr su extradición a Chile. Si bien en el anterior proceso de extradición fue declarado nulo por el juez Otranto, debido a que distintos testigos fueron torturados durante el período de declaraciones. El proceso se volvió a solicitar con el fin primero de sostener a su vez la construcción de sentido negativa sobre su persona a pesar de las irregularidades con las que cuenta.

Esta nueva instancia se funda bajo la misma lógica injusta y de criminalización del pueblo mapuche. Se trata de una nueva detención que esta vez fue impulsada por el mismo Juez Villanueva, quien hace no más que tres meses ordenó el desalojo del Lof del Lago Mascardi donde resultó asesinado por la espalda Rafael Nahuel.

En este marco de persecución a la Nación Mapuche tanto en Chile como en Argentina, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, denuncian que la realización de este juicio, impulsado por el estado argentino en connivencia con el de Chile como “un atropello a los legítimos derechos del pueblo mapuche. Ambos estados pretenden asegurar esas tierras para negocio de las petroleras y las multinacionales” y exigen la libertad y la no extradición de Facundo Jones Huala.

Durante la mañana de hoy se realizó la conferencia de prensa previa a la realización del juicio, allí se denunció nuevamente el intento de censura a los medios populares y alternativos para la participación del mismo por lo que se presentó un corpus colectivo para que el juez Villanueva modifique esta cláusula.

Por su parte, Silvia Ivanoff, abogada de Jones Huala manifestó ante el caso “estamos en un retroceso muy profundo a las leyes que se han consagrado en la Constitución Nacional justamente en la reforma del año 94 en la que se reconoce el hábitat, del medioambiente y de la tierra para las comunidades mapuches”. A su vez, remarcó “estamos acá pidiendo otra vez al Gobierno provincial que no haya ninguna intimidación ni represión y lo seguiremos atentamente. Queremos la libertad de Facundo y el cese de todo tipo de intimidación en plena vigencia de los derechos democráticos por la convivencia de nuestros pueblos”.

Isabel Jones Huala, madre de Facundo, también participó de la conferencia allí explicó “no puedo esperar nada de este sistema, de esta justicia cuando ni siquiera respetan sus propias leyes ya que se trata de un segundo juicio por la misma causa. Se suponía que iba a estar 30 días detenido y hace muchos meses que se encuentra en esa situación” y en ese sentido ante las preguntas de la prensa afirmó “ni Villanueva ni ningún gobernante provincial de turno se acercó a hablar conmigo. Facundo está bien esperando el juicio juntando mucha fuerza para seguir dando la lucha como pueblo mapuche por nuestra tierra”.

Mientras se instala el acampe de defensa de la lucha mapuche por parte de las distintas organizaciones que oficiaran de veedoras contra cualquier irregularidad, la ciudad de Bariloche se encuentra militarizada. La presencia mapuche en las calles vuelve a ser una molestia para quienes pretenden mostrar al a ciudad como una escenografía para el turismo. Pero la lucha por la tierra y los derechos de los pueblos no se esconden y nuevamente como desde hace más de 500 años el pueblo mapuche se posiciona contra cualquier avance en sus territorios.

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El sábado por la tarde la Prefectura reprimió a un grupo de Mapuches y asesinó a Rafael Nahuel, un joven de 22 años. Breve recorrido de un estigma que se sostiene a sangre y fuego.

Mientras se pretende cerrar el caso Santiago Maldonado, las fuerzas de seguridad asesinaron a un mapuche durante la tarde del sábado. Se trata de Rafael Nahuel de 22 años.

Insistimos en la palabra “asesinó” porque los hermanos mapuches bajaban pacíficamente de la montaña, del territorio recuperado Lof Lafken Winkul, para visitar a sus familias. No hubo enfrentamiento. No hubo piedras ni palos contra las balas de plomo del comando de Albatros de Prefectura.

Desde allá, Moira Millán envía un audio en el que aclara: “Hay rehenes y un gran operativo policial en la zona de conflicto, que rodea el río Mascardi. El juez Gustavo Villanueva había asegurado que a las 23 horas se iba a parar el operativo policial por la noche, sin embargo hay desaparecidos, además de nuestro hermano asesinado. Y también hay heridos de gravedad, que no están bajando de la montaña por miedo”.

Durante la noche nuevas denuncias comenzaron a circular. Javier Milani, Secretario General de Ate de El Bolsón, fue detenido junto a su compañera sin explicaciones. De misma forma, desde el gremio denuncian que desconocen el paradero de otros dos compañeros sindicalistas, quienes se encontraban en la comunidad en el momento de la represión. Tampoco se sabe la situación de las y los mapuches que se volvieron a la montaña para protegerse de la balacera.

En camino a Bariloche, Sonia Ivanoff, abogada de Facundo Jones Hualas, explicó a su vez que hay dos detenidos en calidad de incomunicados a disposición del juez Villanueva. Se trata de Fausto Jones Hualas y Lautaro Alejandro González. “Mientras que el juez había negado que hubiera detenidos, a la una de la mañana se pudo confirmar llamando a la comisaría”, denunció la abogada. Además, Ivanoff manifestó “Es importante saber los nombres de los detenidos porque son los testigos de cómo murió Rafael Nahuel”.

Para finalizar la abogada recordó “Sepan ustedes que desde el 30 de agosto del año pasado el gobierno ha largado un plan de estigmatización para que se entienda que los mapuches al intentar poner sus ideas por la fuerza son un peligro”. A su vez, explicó que compañeras de los detenidos quisieron llevarles su ropa y pertenencias pero que se las ha imposibilitado. Un claro ejemplo disciplinador que intenta acabar con la cultura y los símbolos del pueblo mapuche con el objetivo de “limpiar” y “despejar” el territorio sureño de su historia tras una nueva campaña de genocidio.

Según Alejandro Palmas, integrante del Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen, “En la tarde de hoy (por ayer) se realizó la inspección cuyos resultados trasmitió uno de los integrantes de la comisión que visitó la comunidad Relmu Lafken, (Lago Mascardi), Furilofche (Bariloche), integrada por el juez junto con organismos de DDHH, abogados, comunidades para constatar el estado de salud de algunos integrantes de la comunidad. Para ver en qué situación se encontraban las personas que estaban en el lugar, y poder ver a las personas heridas, allí se encontraron a dos personas con herida de bala, Johana herida de bala en un hombro con orificio de entrada y salida, que se encuentra en buen estado, y el otro herido en el brazo izquierdo, también con orificio de entrada y salida, también se encuentra en buen estado”.

Además, Palmas agregó que “Luego de esa situación los peñi deciden permanecer en el lugar, entonces se vuelve a charlar con el juez Villanueva con la idea de encontrar alguna vía de salida al conflicto, allí se propuso crear una instancia de diálogo de carácter urgente, con la intervención de parques nacionales y otros organismos que tengan capacidad de resolver en lo inmediato capacidad de resolver situaciones de estas características”.

Es decir que, a pesar de que se trata de instalar una idea de terroristas irracionales, a pesar de la violencia del Estado, la salida que el pueblo mapuche busca sigue siendo por la vía de la paz.

Terroristas, RAM y la construcción de sentido

Según la Real Academia Española, terrorismo es “Dominación por el terror” o “Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. También tiene una aseveración más arriesgada: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.

Cuando pensamos en la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la supuesta orientación como un grupo terrorista, ¿somos capaces de identificar de qué dominación hablamos? ¿Tenemos presente cuáles fueron los actos violentos sucesivos para infundir terror? ¿Cuáles fueron los crímenes reiterados e indiscriminados?

Sabemos, según dicen los medios masivos, que este grupo es violento, algunas veces anarquista y que pretende robarle a Benetton. Los mismos medios, avalados por el gobierno nacional, plantaron el terrorismo mapuche como respuesta al crimen de Santiago Maldonado por parte del Estado, pero sirvió de garantía para represiones pasadas y por venir.

Sin embargo, es Benetton quien se instaló a inicios de la década de 1990 en la patagonia Argentina y ha sido el Estado quien garantizó su presencia, vulnerando el derecho ancestral y de preexistencia a la conformación del estado argentino de los pueblos originarios, tal como lo indica la Constitución Nacional.

Pero hablando de terrorismo y construcción de sentido, la estrategia del enfrentamiento no es nueva. Más allá de lo improbable que 20 supuestos terroristas expertos no haya podido ni siquiera rasguñar a 4 integrantes de la Prefectura que, según voces oficiales, estaban rodeados, la excusa de la actuación en defensa propia contra sectores desarmados y con mecanismos cobardes, es habitual para justificar cualquier represión.

Y si de terrorismo hablamos y volviendo a las afirmaciones de la RAE, ¿no es este gobierno el que defiende a sangre y fuego su posición, reprimiendo cualquier reclamo popular? No es el pueblo mapuche víctima de la sistematización de actos violentos para infundir miedo y desolación en sus comunidades por parte del gobierno? Acaso, ¿no es este gobierno una banda organizada que de manera reiterada e indiscriminada, genera una alarma social con cada bala, con cada preso, presa, con cada muerto con el único fin político de sostener sus intereses y los de su clase?

El discurso oficial y sus defensores de la opinión publicada saben bien que es importante la manera de decir las cosas, la frecuencia con la que se hace y la construcción de verosimilitud. Pero es indispensable tener la osadía de reflexionar y entender que el gobierno nacional, en este aspecto, es certero y letal.

¿Quién era Rafael?

Rafael Nahuel no era terrorista, no tenía 27 años ni usaba armas. Tenía 22, era carpintero y participaba del Colectivo Al Margen (CTEP Bariloche), tal como sus compañeros lo cuentan.

“Rafa caminaba por los bordes, como tantos pibes de los barrios que le disputan una revancha a la dura vida que les tocó en las barriadas humildes del alto de Bariloche. Conseguir laburo piola con apellido mapuche y dirección en el Nahuel Hue es casi una utopía. Por eso el Rafa andaba por los bordes y caminaba los espacios que lo esperanzaban con un cielo azul en el horizonte gris de Bariloche”, inicia el comunicado.

Sobre el final, agrega: “Ayer mientras esperábamos ver el cuerpo para poder confirmar que se trataba del Rafa la única imagen que pude ver, es su sonrisa, sus ganas de encontrarle un atajo a tanta miseria planificada. Su sueño de quizás rescatarse en la espesura del monte, de volver tras los pasos al despojo del pueblo mapuche y rescatarse con una forma de vida cerca de la tierra y los animales. Ese. El sueño del pibe tigre se fue para siempre. Nos queda su sonrisa, su sueño trunco y el abrazo que me hubiera gustado darle antes de su último viaje”.

Cumpliendo con la tradición: Estado asesino

La represión contra el pueblo mapuche no se detiene. El sábado falleció, producto de las balas de la Prefectura, Rafael Nahuel, un jóven de 22 años, en un hecho que los medios hegemónicos intentan construir como defensivo, y que sin embargo terminó con la vida de aquellos que pelean por la tierra. El hecho se inscribe en la continuidad de situaciones que se vienen produciendo y que el jueves pasado llegó al extremo de haber llevado encarcelado a niñas y niños pequeños de la comunidad mapuche, en clara violación de nuestras leyes más elementales y de humanidad. Al igual que Santiago Maldonado, hoy nuevamente tenemos que llorar la sangre derramada de un joven. La criminalización de las infancias y la juventud en nuestro territorio austral esconde la defensa de intereses oscuros en alianza con el poder gobernante de turno. Las tierras que ancestralmente le corresponden a los pueblos originarios, hoy son ocupadas ilegalmente, en una acción avalada por el Estado, sea quien sea el gobierno. Hablamos de Lewis, Benetton y compañía.

En la tarde de ayer, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia se convocó junto a diferentes organizaciones populares en la Plaza de Mayo para marchar en repudio y protesta por el asesinato de Rafael Nahuel, un pibe pobre de las barriadas de Bariloche, que se había movilizado en defensa de los territorios ancestrales. También se sucedieron manifestaciones en otras plazas del país como en Bariloche, donde la comunidad salió a repudiar el hecho. En Córdoba capital se realizaron manifestaciones en repudio de un nuevo hecho de represión y asesinato por parte de las fuerzas del Estado.

Nora Cortiñas, oradora del acto en Plaza de Mayo enunciaba: “Le decimos al gobierno basta de matar y matar, vamos a seguir en las calles todo lo que sea necesario, el pueblo está cansado ya, basta de esta persecusión y en todos los niveles, basta de la persecución a los periodistas y a los trabajadores, de despedir a la gente, de dejar en la calle, transformar la Argentina en un país de desocupados y hambre, y perseguidos políticos, porque le decimos al gobierno que vamos a seguir en la calle todo lo que sea necesario hasta lograr toda la verdad, toda la justicia y que pare esta situación que estamos viviendo”. Además, agregó que “No queremos vivir la Argentina como años atrás, no queremos volver atrás, no queremos volver a épocas que creemos que nunca más íbamos a volver. Seguiremos andando para lograr parar toda esta situación que estamos viviendo de criminalizar la protesta, judicializar a todos las y los trabajadores. Basta decimos porque el pueblo un día se cansa, hoy estamos ya empezando a cansarnos”.

La escalada represiva del gobierno no se detiene. Reprimir, incluso hasta el asesinato, es política de Estado. Estas decisiones tienen nombre y apellido. Es el gobierno que encabeza Mauricio Macri el que quiere terminar con las voces disidentes. Son las estrategias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las que planifican la represión y el crimen organizado a gran escala. Es la mano de fierro de Pablo Noceti la que encabeza estos asesinatos temerarios en nuestra patagonia.

Ayer fue una nueva movilización contra estas políticas de Estado. No es suficiente. El grito de justicia y juicio a los culpables, así como también por el fin de esta violencia estatal, solo será oído si los reclamos y la organización se multiplica de a miles.

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Al finalizar los festejos de carnaval en la ciudad de Bariloche, en los que participaron distintos sectores de la comunidad, jóvenes pertenecientes al barrio de El Alto fueron perseguidos y amedrentados por fuerzas policiales y de seguridad que se presentaron encapuchados para arrojarles gas pimienta, golpearlos y detener a uno de ellos.

San Carlos de Bariloche es una de las capitales de nuestra Patagonia que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años. De la mano del turismo, año a año se generan importantes recursos en la ciudad. Al mismo ritmo de crecimiento, también se expandió la población de los barrios periféricos llamados El Alto, ubicados en la ladera de las montañas, y donde se alojan las familias más carenciadas. Para los porteños la imagen puede ser la de una villa de emergencia de Buenos Aires, con más espacio, pero con las mismas condiciones de precariedad en viviendas, servicios, gran pobreza y vulneración de derechos.

En ese contexto, la organización social Al Margen viene dedicando su trabajo en los últimos diez años a la promoción de derechos e inclusión para los sectores más carecientes de esta sociedad tan desigual. Participan y forman parte del Foro de niñez y adolescencia y el trabajo con los chicos está dirigido a la promoción de derechos, la promoción en el acceso al arte, la cultura, talleres de oficios y educación popular para los pibes, que están afuera del sistema educativo formal y de los servicios de salud.

En entrevista con Marcha, Alejandro Palmas, vicepresidente del Consejo Municipal de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes e integrante del colectivo Al Margen, nos relató la situación de vulneración de derechos que sufrieron los jóvenes, quienes una vez más son estigmatizados por las fuerzas de inseguridad por su pertenencia a los sectores populares.

El último día del fin de semana largo se celebró carnaval en el velódromo de Bariloche. Al finalizar la última jornada, un grupo de 12 jóvenes de Unión, barrio de El Alto de Bariloche, tomó el colectivo 81 en la calle Onelli para volver a sus hogares. Allí también se subieron cinco policías que les pidieron a los pasajeros que les mostraran sus boletos. La situación generó malestar con los adolescentes, que además se negaron a que los hicieran bajar del vehículo, tras lo cual los policías descendieron. Cuando el colectivo llegó a la rotonda de entrada del barrio 2 de Abril, fue detenido por policías encapuchados que hicieron bajar a los adolescentes, les arrojaron gas pimienta, y luego fueron golpeados y trasladados a la comisaría del barrio, donde estuvieron detenidos por unas horas. Las fuerzas que actuaron pertenecen al Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía de Río Negro (C.O.E.R.). La hipótesis es que la policía local dio aviso al grupo comando cuando los pasajeros habían descendido del colectivo.

El rati horror show

Palmas continúa relatando que no es habitual que la policía pida documentos, pero lo que sí es frecuente es que los pibes de los barrios sean detenidos arbitrariamente, que les peguen, los maltraten, los bajen del colectivo o los manden a su barrio cuando están en el centro. La violencia policial hacia los pibes es reiterada en la zona.

En general, los casos toman trascendencia cuando los pibes tienen pertenencia a una organización, lo que permite que las situaciones pasen a la agenda pública.

En este caso, los jóvenes que fueron víctimas de esta violencia participan desde hace tres años en los Foros de jóvenes y adolescentes que se organizan desde el Consejo local de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. También son parte de las actividades que se realizan todos los años en el marco de la “Semana x los Derechos de Bariloche”.

Fueron los propios chicos los que con sus celulares filmaron y sacaron fotos, lo que permitió la identificación de uno de los efectivos policiales que fue rápidamente apartado para ser investigado.

Respecto del C.O.E.R., tal como puede leerse en la web: “El Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la Policía de Río Negro es el grupo de funcionarios policiales preparado física e intelectualmente en forma permanente, táctica y operativamente, para realizar acciones donde la capacidad de respuesta operativa de las unidades de orden público se han visto superada. Estos uniformados están preparados para intervenir en allanamientos de alto riesgo por hechos delictivos de distinta gravedad, narcotráfico, secuestros, capturas de evadidos, recupero de víctimas de la trata de personas”.

Nada se puede agregar.

Última parada

Cuando regresaron, los jóvenes comentaron en sus hogares lo sucedido, y también lo hicieron con los operadores territoriales en la promoción de derechos. Ellos convocaron a una reunión con las familias, que estaban atemorizadas, para tratar de impulsar la denuncia. Mientras se celebraba esta reunión, que había tomado alguna trascendencia, la policía local circulaba para amedrentarlos con gestos e impedir la denuncia, que finalmente se efectuó en la Fiscalía. Es de destacar que uno de los padres fue el que tomó coraje y se animó a ponerle su apellido a la denuncia, lo que alentó a las demás familias a seguirlo con la firma en la Fiscalía. A continuación también el Ministerio de Desarrollo Social Provincial decidió impulsar esta acción a nivel de gobierno, por la trascendencia que tomó, después de una negativa inicial. El impulso de la causa tomó tal magnitud que el Ministro de Seguridad Provincial tuvo que reunirse con el primer padre que había firmado la denuncia.

La sanción

Un efectivo policial pudo ser identificado y fue suspendido por estar involucrado en el procedimiento que derivó en la agresión a los 12 jóvenes del barrio Unión. El subcomisario de la Unidad Regional III, Manuel Poblete, informó que la medida es “provisoria” y aclaró que es independiente a la causa judicial en la que se investiga lo sucedido.

Consultado acerca de la intervención de Al Margen, Alejandro contó: “Nosotros estamos metidos en el tema de derechos de niño, niña y adolescentes y no podíamos quedar al margen de acompañar a estos pibes y poner en agenda la violencia institucional”.

Las repercusiones mediáticas

La noticia tuvo poca visibilidad en los medios y una disimil respuesta social, ya que mientras se estigmatizaba a los pibes diciendo: “por algo habrá intervenido la policía” la sociedad comenzaba a comprender con las imágenes del policía encapuchado agarrando por el cuello a un pibe. Al mismo tiempo, afirma A. Palmas, “se produjo una operación de prensa, donde se mostraba a los pibes apedreando a un patrullero, lo cual le daba alguna legitimidad al oscuro accionar de las fuerzas que debieran estar al servicio de la ley”. Y cierra: “Aún parecen estar arraigadas las prácticas que vienen de la oscura noche de la dictadura con persecución sometimiento y amedrentamiento”.

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