Por Mauricio Polchi

“Bueno, resulta que yo fui una de las contagiadas”, dice el mensaje de whatsapp que Roxana envió el pasado 5 de julio. La primera escucha te deja en shock. La segunda, aturde. “Hola Mauri, soy Roxana de la olla colectiva ‘Nosotros la luchamos’, tú me entrevistaste y yo te dije cuál era la preocupación como mamás del barrio. Te cuento que di positivo y ahora estoy sin mi familia y aislada en un hotel”, explica, con una voz pausada y serena que sale desde el celular.

Unos días antes, esa misma mujer había denunciado ante la prensa la ausencia del gobierno de la Ciudad en el barrio Rodrigo Bueno. La posibilidad de contagio estaba latente. “Me dio fiebre, estuve entre 5 y 6 días con más de 39 grados, un dolor de músculos y hueso muy feo, la cabeza me explotaba, no sentía el olor, no sentía nada. Entonces me tuve que ir a hacer el testeo y me confirmaron el contagio. Igualmente, yo sigo preocupada porque me comunico con mis vecinos y me cuentan que todo sigue igual y no están testeando casa por casa”.

Por esas horas, en conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmaba que ya se había perforado la barrera de los 100 muertos en las villas de la Ciudad. Sobre un total de 700 fallecidas y fallecidos en todo el distrito, 105 pertenecen a los denominados barrios populares. “Este virus vino a demostrar toda la inequidad que la sociedad contemporánea tiene”, reconoció Quirós, a pesar de las críticas.

Muchas de las víctimas son referentes de los comedores y merenderos que alimentan a miles de personas de lunes a lunes. El caso más emblemático es el de Ramona Medina, de la Villa 31 de Retiro y parte de La Garganta Poderosa. El más reciente, el de Rossio Roxana Choque, militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en el Bajo Flores. Entre otros y otras, a esa lista de pérdidas dolorosas se agregan los nombres de Víctor “El Oso” Giracoy, del histórico comedor Estrella de Belén (Villa 31); Agustín Navarro, militante de la Mesa por la Urbanización y Barrios de Pie (Villa 31); Víctor Ávila de Juegotecas Barriales – Puerto Pibes (Villa 31); Pedro Condorí, de la Corriente Nacional de la Militancia (Villa 31); y Carmen Canaviri, del merendero “Lucecitas del Sur” de Barrios de Pie (Villa 1-11-14).

Por este motivo, desde hace varios meses, las agrupaciones sociales le reclaman a la Administración de Horacio Rodríguez Larreta que ese sector sea designado formalmente como trabajadores y trabajadoras esenciales. Están en la primera línea de contención del hambre, producto de la pandemia y apenas se les reconoce como “voluntarios”. No reciben ninguna remuneración, y dejan la vida en cada plato que preparan y reparten.

La Rodrigo Bueno: “Nos sentimos abandonados”

En la entrada del barrio hay un mural con los rostros de Héctor Lavoe y el Potro Rodrigo. La obra está muy bien hecha, y ellos se lucen de forma permanente. Esa postal, con los íconos de la cultura popular retratados en el ingreso, es una verdadera síntesis del ritmo musical que resuena en los pasillos de la villa. Los callejones internos son una especie de conductos que se trenzan como en un laberinto. Entre escalones y subidas, en esos ajustados pasadizos que sirven para transitar el corazón del lugar, es imposible sostener la cuarentena y el distanciamiento social. Además, a pesar de las restricciones por el aislamiento que rige en el área metropolitana, los comercios, todos sencillos, todos dispares, mantienen sus puertas abiertas y el movimiento es constante. Según el censo residían alrededor de 1800 personas en 2010. Sin embargo, otras estimaciones señalan que ya había más de 3000 en ese mismo periodo.

“Nos sentimos abandonados”, había alertado la propia Roxana Hurtado el pasado 17 de junio, ante la falta de protocolos sanitarios para la población del lugar. Todavía no tenía Covid, pero igual Roxana exponía “la falta de información oficial” que derivó en un brote local que ya tienen más de 120 casos positivos. Ella, junto a un grupo de vecinos y vecinas, cada fin de semana entrega viandas para más de 100 personas. “Lo hacemos de forma solidaria, con cosas que juntamos entre nosotros y las preparamos con mucho amor”.

Ubicado en el fondo de la Costanera Sur, en un espacio que hoy pertenece a la Reserva Ecológica, en el barrio Rodrigo Bueno predominan las casas precarias y humildes, en un fuerte contraste con las lujosas y gigantescas torres de Puerto Madero, que a pocos metros de ahí se elevan como rascacielos de cristal.

Bajo Flores: “Somos esenciales. Reconozcan nuestras tareas”

Unidas entre sí, las banderas de Paraguay, Perú y Bolivia, cuelgan de los árboles que hay en la rotonda de Riestra y Perito Moreno, al filo de la cancha de San Lorenzo, en el barrio. Es 9 de Julio y en el Día de la Independencia Argentina, las y los habitantes de la Villa 1-11-14 llevan adelante otra  jornada de ollas populares. Quienes organizan el encuentro usan tapabocas, limpian el ambiente, se higienizan con alcohol en gel y tratan de mantener el distanciamiento. Desde todos los rincones (del también llamado barrio Padre Ricciardeli) salen hombres y mujeres con sus hijas e hijos, que cargan tapers o cazuelas para llevarse un guiso caliente a sus hogares.

“La situación se encrudeció porque la pandemia resaltó las necesidades de los vecinos. La falta de laburo, de agua, vivienda”, explica Ana Gamarra, del FOL. Solamente en el Bajo Flores, esa agrupación entrega más de 3 mil porciones por día. “Hay situaciones muy graves, tratamos de darle de comer a todos los que podamos, pero las raciones no alcanzan. Incluso, muchas veces nosotras y nosotros tenemos que hacer donaciones. En esta época he conocido lugares del barrio que no sabía que existían, llegamos donde no llega nadie, y menos el gobierno”, asegura Ana, mientras coordina la jornada en la placita de la rotonda. También participan sus compañeras de Barrios de Pie y la CTA Capital.

Es jueves feriado, hace frío, y mientras asoma el sol del invierno, por cuarto jueves consecutivo se monta una acción de protesta para visibilizar las tareas que las mujeres desempeñan en los comedores comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. “Somos esenciales. Por el reconocimiento de nuestras tareas. Larreta, hacete cargo”, se lee en una de las ollas, que tiene una cartulina verde pegada a mano.

“Las trabajadoras comunitarias garantizamos el cuidado en nuestros territorios, con el cuidado sanitario, el de nuestras infancias, de los adultos mayores. Y esa labor no es jerarquizada ni reconocida económicamente, por eso pedimos políticas públicas que respeten la igualdad de derechos”, remarcó María Eva Koutsovitis, del Frente Salvador Herrera.

La desigualdad a la luz del COVID

Producto de la pandemia, el golpe sobre la economía será muy duro para todos los sectores. Para las clases bajas, el 2020 será devastador. Todos los indicadores anticipan que la pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a empeorar. A casi 4 meses del aislamiento obligatorio –y con las últimas semanas en una fase de retroceso en CABA y provincia de Buenos Aires, según acordaron en la Quinta de Olivos Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof– ya hay varios números que dan cuenta de esa dramática situación: 18.400 empresas de todo el país y rubros cerraron en dos meses; 285 mil trabajadoras y trabajadores registrados perdieron su empleo entre abril y mayo, y un crecimiento exponencial de personas que pasaron a pedir ayuda estatal.

Solo en CABA, la situación es aún más desesperante: la asistencia alimentaria en comedores porteños aumentó un 200% en apenas tres meses. Pero los informes de las organizaciones sociales aseguran que la realidad es más compleja. En este tiempo, las y los representantes de esas agrupaciones políticas mantuvieron reuniones con funcionarios para dialogar sobre un plan de emergencia que proyecte un aporte para quienes, de forma gratuita y solidaria, sostienen esos espacios. Pidieron insumos y herramientas sanitarias para esos lugares. Del salario, solo hubo amagues.

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Nadia Lizet Rojas, una adolescente de 14 años de la Villa 20 de Lugano, se encuentra desaparecida desde el 9 de junio. La comunidad educativa, su familia y amigas, convencidas de que se encuentra captada por una red de explotación sexual, se organizaron para que el caso sea investigado y la joven, encontrada. Sin embargo sus rastros parecen perderse frente a la negligencia y complicidad estatal.

“Necesitamos que aparezca Nadia, pronto y salva por favor”, canta un grupo de adolescente de 14 años en la puerta de Comodoro Py el lunes 3 de julio a la mañana. Son las compañeras de escuela de Nadia Rojas, y bajo la bandera de la Escuela Media Nº1 “René Favaloro” reclaman por la aparición de su amiga con un cancionero hecho por ellas mismas. Desde el 9 de junio, en su aula hay un banco vacío. Nadia desapareció esa mañana y al día de hoy no se conoce su paradero. Desde entonces la comunidad de Lugano se puso en alerta: el caso de Nadia no es uno aislado sino que uno más dentro de una red sistemática de secuestros de chicas preadolescentes. “Hay un montón de pibas que desaparecen sistemáticamente en esa zona, entonces exigimos que la justicia y el Estado pongan las herramientas necesarias a disposición de la búsqueda”, explica Micaela de la organización Hagamos lo Imposible (HLI), una de las que acompaña a la familia y docentes en la búsqueda.

El reclamo por la inmediata aparición de Nadia viajó de Lugano a la puerta de los Tribunales federales al mismo tiempo que lo hizo el expediente judicial que investiga su desaparición. Luego de que días atrás, la Justicia nacional derivara en el fuero federal la investigación por considerar que se trata de de un caso de trata de personas, el lunes pasado el juez Rodolfo Canicoba Corral -a quien le tocó el caso- opinó lo contrario y lo rechazó por considerar que no había elementos suficientes para entender tal cosa. La protesta en la puerta de Comodoro Py no solo contó con docentes y compañeros de escuela de Nadia, sino también con referentes de HLI y otras organizaciones sociales, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres, el Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero (PO) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que desde hace semanas exigen juntas la inmediata aparición de la joven y trabajan, a diario, en un sistema para visibilizar la situación de vulneración de libertades y derechos en el barrio.

Por eso Elena Rojas, la madre de Nadia, acudió a la Cámara Federal de Casación para apelar esta decisión e insistir en que en que la Justicia federal lleve adelante la investigación por la desaparición de su hija. Tras salir de la Cámara, Elena se paró al lado de sus compañeras. “¡Elenasa!”, le dijeron cuando llegó. Es que desde el día cero lucha por encontrarla. Y asegura con firmeza, una vez que se anima a dar una declaración: “No voy a dejar de meter presión”.

“La comisaría está de adorno”

Las movilizaciones por Nadia se vienen sucediendo desde el día de su desaparición frente a la escuela a la que debería seguir yendo. Unas semanas antes de la manifestación del lunes frente a Comodoro Py, los vecinos del barrio, las y los docentes de Nadia, sus familiares y amigos, y miembros de las organizaciones presentes en el barrio realizaron un corte de tránsito en Callao y Corrientes, con el fin de visibilizar una situación sistemática en el barrio de Lugano y también en otros. Nadia fue vista por su mamá la mañana del 9 de junio pasado, cuando se fue de su casa hacia la escuela. Ese día tenía doble turno, por lo que  debía regresar. No lo hizo. “De su casa no se llevó los documentos ni ropa ni nada. No volvió nunca más”, afirmó el abogado de Elena, Facundo Vicente.

Desde comodoro Py, Susana, una vecina de Villa Lugano, comentó: “Es la primera vez que nos organizamos por una desaparición así en la Villa 20”. Si bien ya hubo muchas movilizaciones por temas relativos a violencias contra las mujeres, en este caso la organización viene también a suplir una ausencia estatal: “La comisaría está de adorno. No se hace cargo. Tres policías por cuadra pero no cuidan a los jóvenes”.

“Hay un montón de elementos que dan a entender que estamos frente a una red de trata”

El abogado de la familia de Nadia Rojas que lleva la causa aseguró que hay elementos que indican que la desaparición se trata de un caso de trata. Y eso fue lo que volcó en el recurso que presentó ante la Cámara para discutir la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien este lunes se declaró incompetente. “Según él, sería sólo cuestión de desaparición de una menor así que consideró que el expediente lo tenía que llevar la Justicia nacional. Pero el fiscal Delgado ni nosotros estuvimos de acuerdo, así que recurrimos. Para nosotros hay un montón de elementos en la causa que dan a entender que estamos frente a una red de trata”, postuló Vicente.

La causa comenzó a ser investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, a cargo de Anselmo Castelli, y quedó registrada en el Juzgado N° 50 dirigido por Carlos Manuel Brunard. Al principio las dirigencias de la investigación estuvieron a cargo de la Comisaría del barrio de Lugano, la 52, la que, se sospecha, está vinculada a los hechos que suceden en el boliche El Bacilón de Liniers, al que la familia y los docentes miran con más atención a la hora de hipotetizar sobre el destino de Nadia. Luego, el juez “decidió trabajar” con la División Delitos contra la Salud, perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, señaló el abogado. Brunard decidió trasladar la causa al fuero federal al coincidir con el fiscal Castelli en el análisis de los elementos que integraban el expediente que, según ellos, indican que Nadia es víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual vinculada a El Bacilón de Liniers.

“La mayor cantidad de datos fueron aportados por los vecinos que se vienen movilizando hace mucho por la desaparición de las pibas en los barrios, no sólo en Lugano sino también en Soldati y Bajo Flores, hay sistemáticamente casos de pibas menores de edad que desaparecen y no se van por su propia cuenta, con lo cual reclamamos al Estado que se haga cargo”, mencionó Juana de HLI. Entre las pruebas reunidas figura un caso previo, aportado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), de una nena que sufrió abusos en el boliche ubicado en Avenida General Paz 10838, numerosas veces clausurado en ocasiones anteriores. “Nadia fue vista por última vez el 9 de junio. De la casa no se llevó ropa, no se llevó los documentos. Está captada. No puede volver a su casa porque, como mínimo, la tienen amenazada”, añadió el abogado.

En el barrio de Lugano y alrededores no hay quien no conozca al Bacilón. Nadia le había comentado a su mamá, Elena, algo de todo lo que las versiones de vereda dicen que sucede allí con los chicos y chicas que acuden fin de semana tras fin de semana: venta de drogas y prostitución además de escuchar música, bailar y divertirse. Sin ir más lejos, la estructura del boliche se conecta, desde adentro, con otra construcción que cuenta con 15 habitaciones en donde “las chicas tienen sexo por dinero”, indican fuentes sin identificar entre las fojas del expediente.

Las sospechas sobre lo que ocurrió con Nadia dibujan el recorrido de “captación” de adolescentes que llevan adelante los regenteadores del boliche: “Les ofrecen hacer presencia por dos pesos, luego pasan a ser camareras, de ahí las tientan para hacer bailes eróticos y vender estupefacientes; el último paso es la prostitución”, enumeraron fuentes judiciales que, además, señalaron que “a las nenas las amenazan con que van a lastimar a sus familiares si cuentan algo”. Mientras se espera que defina la Cámara a qué fuero corresponde, el expediente sigue en manos de Canicoba Corral, aunque “no tomó ninguna medida”, remarcó Vicente.

“A nuestras pibas las desaparecen”

Este recorrido aceitado como una maquinaria y conocido por los vecinos y vecinas organizadas/os en Lugano parecería ser ignorado por los agentes estatales destinados a impedirlo. “Las villas están repletas de policías que no cuidan a los jóvenes de los barrios”, aseguraba Susana en Comodoro Py. La comunidad educativa, junto a sus amigos y familiares seguirá movilizándose para que Nadia aparezca y para visibilizar la realidad que viven sus barrios. “Reclamamos al Estado que se haga cargo, consideramos que es responsable. Tienen que explicar por qué una nena hace 20 días no está en su hogar”, exclamó Juana de HLI.

Las y los docentes de la escuela “René Favaloro” se manifestaron, además de las movilizaciones, en varias cartas desde que la joven desapareció: “Son cientos las pibas que nos faltan. Queremos traspasar los muros de la escuela, que se conozca lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, queremos a todas nuestras pibas en donde tienen que estar: estudiando, con sus profesoras y profesores y en sus casas, con sus familias”. En esta zona hay al menos quince historias registradas de jóvenes que desaparecen y sus casos no son investigados. “Nuestras pibas no se pierden, a nuestras pibas muchas veces las desaparecen”, aseguran las docentes de Nadia decididas a continuar la lucha.

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Elba Chura Gutiérrez está desaparecida desde el lunes 2 de enero a las 7.40. Tiene 17 años. Su hermana Laura la vio bajarse del colectivo 46 en la esquina Perito Moreno y Varela, justo frente a la cancha de San Lorenzo. Vestía musculosa negra, calza gris y ojotas negras.

Elba vino hace poco más de un mes desde Sucre, Bolivia. Estaba yendo a acompañar a su otra hermana  embarazada, Adriana, durante la mañana, en su casa del bajo Flores. Laura la acompañaba todas las mañanas en el colectivo y la pasaba a buscar por la parada por la tarde. Hacían el mismo recorrido todos los días.  El lunes, Elba se bajó del colectivo y ya no se la volvió a ver.  

Laura se acercó a la comisaría 34 de Pompeya para pedir asistencia, con la esperanza que la ayudaran a buscar a su hermana. El personal policial del lugar le dijo que no podían hacer nada, ni siquiera dejar asentada la denuncia por desaparición, y que debía esperar 24 horas.

Laura se fue pero volvió, porque tras insistir con desesperación y preguntar, entendió que no sirve esperar. Esta vez, la policía le dijo que “estaban en reunión” y que no podían atenderla.  Ya pasaron más de 24 horas y Elba sigue desaparecida.

La  Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), trabaja en conjunto con la línea 145 desde julio de 2015. Desde entonces y hasta febrero de 2016, fueron más de mil las denuncias recepcionadas en la línea y todas ellas tuvieron un seguimiento particular. Del total de las denuncias,  el 45 por ciento fueron casos de desaparición de mujeres con fines de explotación sexual. El informe de la Protex, lamentablemente no define en ningún lugar cuantas de esas mujeres aparecieron y fueron restituidas a sus hogares.

Mientras buscamos a Elba, aún desaparecida, mientras la policía de la Ciudad le niega a la familia de Elba la radicación de la denuncia por su desaparición, hoy martes 3 de enero, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, realizó en la Comisaría 30 de Barracas, el acto de lanzamiento de la nueva Policía de la Ciudad, que ya comenzó a funcionar integrada por unos 25 mil efectivos fusionados entre la Policía Federal y la Metropolitana. Uno de los ejes del acto fue el cambio de uniformes de los efectivos policiales.  Rodríguez Larreta destacó el cambiar de imagen que comienza con en la Policía: “El camino es traumático, pero tomamos una decisión historia. Es un cambio integral, necesario”. Además hizo hincapié en la incorporación de más efectivos y de tecnología.

En los hechos, la cantidad de efectivos, la tecnología y el color o diseño de los uniformes, realmente no modifican el trato y la inoperancia con que las fuerzas de seguridad y el estado manejan este tipo de casos, así como los casos de violencia de género.

Luego de mucho andar, y con el aporte del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la familia de Elba ha podido entablar la búsqueda a nivel nacional, tras la denuncia en el 145 y el seguimiento en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Numero 7, a cargo del caso.

En diálogo con Marcha, Florencia, del espacio de mujeres del FPDS que está acompañando a la familia, aseguró: “Es incalculable la bronca cuando la policía no quiere tomar la denuncia de las desapariciones de las pibas en los barrios. Parece que lo hacen a propósito, todos y todas sabemos que las primeras horas son fundamentales para encontrar a las chicas que son desaparecidas. Es una vergüenza.”

En relación a la famila de Elba, Florencia destacó: “Están todas las hermanas muy angustiadas, con mucha incertidumbre pero con mucha fuerza; no están solas, somos muchas las mujeres que estamos organizándonos para encontrar a Elba”

Terminando el 2016, la violencia machista se despedía y hacia la entrada el 2017 con  los femicidios de Lorena Dávalos, de 22 años, en la Villa 21-24. María Lucía Argüello, de Hurlingham, asesinada a puñaladas. Daniela Iara Soledad Rodríguez, de 15 años en Pablo Podestá. Diana Rivero, de 34 años. Y ahora mismo, una joven de 20 años lucha por su vida, tras haber sido prendida fuego por su pareja.

Pero el 2016 dejó una herencia importante en relación a la organización de las mujeres. Quedó claro que somos miles, millones en todo el país tendiendo redes, lazos. Que no hay una mujer sola, ni una que deba sentir miedo, porque acá estamos todas.  

Acá estamos todas, buscando a Elba, hasta encontrarla.   

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Tras 19 días de su desaparición, y sin que se produjera ninguna búsqueda, ayer se realizó una presentación en la Fiscalía N° 44. Su familia, docentes e integrantes de organizaciones sociales sospechan que fue secuestrada por una red de explotación sexual que opera en el Bajo Flores.

“Yo me fui a trabajar, cuando volví ella no estaba. No había vuelto de la escuela. Desde ese día nos falta”, dice Mabel y rompe en llanto. Como cada día, el 30 de junio Jennifer “Erika” Benítez salió de su casa para ir a la EMET Nro 4 de Flores, pero jamás llegó al colegio y jamás regresó a su casa en la villa 1- 11- 14 de la Ciudad de Buenos Aires. “La policía no hace nada, nos movemos nosotros y los vecinos. No paramos de buscarla”, agrega la mamá de la piba de 16 de años.

Este martes de 19 de julio, junto a la abogada de CORREPI, María del Carmen Verdú, y la “Red de familias, docentes y organizaciones del Bajo Flores”, Mabel se presentó ante en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°44, sobre la calle Tucumán al 900.

En conversación con Marcha, la abogada explicó los motivos: “a 19 días de la desaparición de Erika, no ha habido todavía contacto de la Fiscalía con la familia, por eso hemos venido acá para subir una delegación de organismos y organizaciones a acompañar a Mabel a presentarse a la Fiscalía y hacer una serie de reclamos, básicamente para que se lleve adelante la investigación con la premura que el caso requiere. También vamos a implementar  la presentación de Mabel como parte en la causa para que pueda tener impulso propio más allá de la Fiscalía”.

Ante la consulta por la inacción policial, Verdú fue clara: “Naturalmente y como decimos siempre, “sin policía no hay trata”; por eso el primer reclamo a la Fiscalía es el apartamiento de las fuerzas de seguridad de la investigación y que esto sea manejado directamente por el Poder Judicial”.

La abogada de CORREPI se refirió a la situación que se da desde hace casi un año en el Bajo Flores: “Lo muy preocupante es que se trata de 14 casos en 9 meses, todos de similares características, todos de víctimas muy jóvenes, pibas del barrio que desaparecen sin dejar rastros y con información muy concreta y precisa que aportan los vecinos respecto de quién sería el responsable”. La reflexión de Verdú deja abierta la reflexión sobre la quietud del Estado, que se refleja en las Fuerzas de Seguridad cómplices o en la inactividad de la Fiscalía.

A partir de esta presentación se logró que la familia de Erika se constituya como querellante y que la búsqueda pase al cuerpo de la Policía Federal contra delitos de menores. Por otra parte el fiscal Pablo Reccini asumió el compromiso de dar intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Otro de quienes vienen llevando adelante el acompañamiento y la denuncia por la búsqueda de Erika es Augusto, docente y parte de Ademys. En charla con Marcha, se refirió a la situación de muchas familias y pibas del barrio. También detalló el pedido de intervención a PROTEX: “Tiene que ver con que las madres vinieron a pedir ayuda porque no sabían cómo actuar porque a las hijas las estaban amenazando  por Facebook, les pedían fotos, las acosaban sexualmente y además tuvimos el caso de desapariciones de nenas como Layla (A fines de octubre del año pasado, Layla Sainz Fernández de 13 años estuvo desaparecida por 11 días. Su secuestro se dio en un contexto de denuncias de hostigamientos y amenazas de parte de algún o algunos varones violentos a través de las redes sociales sobre niñas y adolescentes de la zona de la villa 1- 11- 14.), que estuvo desaparecida y fue un caso muy mediático y de Ester a principio de año; todo en el Bajo Flores y en un radio muy chico de manzanas de la 1-11-14”.

Como parte de la Red de docentes, explicó las consecuencias de que cada caso se tome como aislado del resto: “Por lo tanto, una vez que aparece la nena se le resta importancia, la Policía trata de mostrar que la nena se escapó de la casa y la verdad es que tantos escapes de casas en tan poco tiempo muestran que es obvio que está pasando algo más que no quieren investigar”.

“Nos parece muy llamativo que haya tantos casos de índole sexual, que a las chicas las amenacen, que les pidan videos, que desaparezcan, que sean cooptadas por perfiles de Facebook que parecen ser chicos de 17 años y después han demostrado que son mayores, en algunos casos mujeres y en otros, hombres,  que intentan convencer a las chicas de que se vayan de las casas”, agregó Augusto, y cerró de manera contundente: “Entonces, parece obvio que los que tienen que investigar no lo están haciendo”.

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Familiares, docentes e integrantes de organizaciones sociales realizaron el sábado una concentración frente a la Comisaría 38 de CABA para exigir la aparición de Erika de 16 años. No es la única, desde septiembre del año pasado fueron al menos 15 las historias de secuestros y acoso sexual de parte de varones violentos sobre niñas en el Bajo Flores. En la 1-11-14 sospechan de una red de explotación sexual. El reclamo llegará a la Fiscalía 44.

Jennifer Benítez, “Erika”, tiene 15 años. Es estudiante del EMET Nro 4 de Flores y vive en la villa 1- 11- 14. Tiene 3 hermanos y una madre para quien salir a buscar el mango se traduce en exponer a su hija adolescente a las violencias machistas, síntomas de la sociedad capitalista, heteropatriarcal y racista en la que vivimos que condena a las niñas y mujeres y más si son de clases populares.

Erika, tal como se autodenomina, está desaparecida desde el 30 de junio. Su familia, docentes e integrantes de organizaciones sociales sospechan que fue secuestrada por una red de explotación sexual que opera en la zona utilizando como modalidad de captación el engaño y la manipulación a través de las redes sociales.

La explotación sexual en Argentina afecta principalmente a las mujeres (el 98% de las víctimas lo son). Vulnera el derecho de las personas a vivir una sexualidad sin violencia dentro de relaciones de igualdad y placer mutuo independientemente que se configure o no el delito de trata.

Si bien existen condiciones de vulnerabilidad previas que facilitan la captación de niñas y mujeres y siendo las desigualdades de poder por razones de género las principales, el discurso de violencia simbólica de los medios hegemónicos y las instituciones del Estado que promueven que las niñas y mujeres no son dueñas de sus territorios cuerpo también suma a que sobrevivan redes de complicidad -policiales, judiciales, políticas- delictiva que hacen a que naturalicemos el que haya pibas secuestradas para ser prostituidas.

Es por eso que bajo la consigna “Ni una piba menos. Basta de desaparecernos”, la familia de Erika, docentes e integrantes de organizaciones sociales se congregaron el sábado pasado a la tarde frente a la Comisaría 38, en Esteban Bonorino al 200 en Flores, para reclamar que se investigue y dé curso a la denuncia del delito de secuestro que causó la desaparición de la joven y que se realizó la primera semana de julio.

“No están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas”, cantaban en las afueras. La respuesta de los integrantes de la fuerza represiva, que se suma a la inacción estructural, fue salir con cámaras a filmar, en actitud amenazante, a quienes exigían se deje de vulnerar la libertad y los derechos de las pibas del barrio.

“La denuncia se realizó la primera semana de julio y desde entonces la policía no hizo nada”, sostuvo Silvina Herrera, docente integrante de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. El de Erika “no es un caso aislado”, afirmó, “sin embargo la policía salió a filmarnos a quienes estábamos haciendo la medida de reclamo por su aparición”.

A la situación de vulnerabilidad social, mundialización de delitos asociados al narcotráfico, feminización de la pobreza y la falta de información para afrontar las violencias, a las niñas y adolescentes que viven en las villas, se suma la debilidad institucional para hacer frente de forma rápida, articulada y federal a las denuncias y búsquedas. El prejuicio y la violencia institucional que reciben las familias y amistades de estas niñas de clases populares cuando van a las comisarías también es algo a mencionar. “Seguro se fue con el noviecito, ya va a volver”, se escucha. Mientras, pasan las horas y aumenta el dolor. Y por eso se organizan.

“Desde la Red de Docentes acompañamos a las familias porque vemos como actúa la policía cuando van a hacer las denuncias”, afirmó Silvina Herrera, “en el caso de Erika creemos que se trata de una red de explotación sexual”.

Cabe recordar que según la Ley 26.842, hay explotación sexual cuando “se promueve, facilita o comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; y/o se fuerza a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho”.

En la búsqueda de Erika intervienen además la Defensoría General de la Nación, el programa ATAJO del Ministerio Público Fiscal y en las próximas horas se realizará una presentación ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dependiente de la Procuración General de la Nación.

La historia de Layla y organizarse contra el miedo

A fines de octubre del año pasado, Layla Sainz Fernández de 13 años estuvo desaparecida por 11 días. Su secuestro se dio en un contexto de denuncias de hostigamientos y amenazas de parte de algún o algunos varones violentos a través de las redes sociales sobre niñas y adolescentes de la zona de la villa 1- 11- 14.

Quienes realizaron el entrecruzamiento y relevamiento de los testimonios de las jóvenes -y quienes siguen haciéndolo- fueron las y los docentes de las escuelas de la zona que crearon, junto a familiares e integrantes de organizaciones sociales de trabajo territorial, la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores.

“Venimos acompañando muchas situaciones de jóvenes víctimas de persecución, manipulaciones, explotación y abuso”, expresan en un comunicado difundido a partir de la búsqueda de Erika desde la Red el pasado 15 de julio.

“No es la primera vez que escuchamos que las pibas se ´van´ de sus casas”, explicitan, aludiendo a los discursos que se escuchan en las comisarías; “son cada vez más comunes los abusos por internet a niñas y adolescentes, seguidos de amenazas, persecución y secuestros. Sabemos que la situación es compleja y que la manipulacion esta a pie de cañon para que la cooptacion pase como si fuese decisión propia de las jóvenes”, argumentan en clara descripción al modo de captación para las opresiones, violencias machistas y explotaciones del mercado a las que están expuestas las jóvenes de la 1- 11- 14.

La presión de las manifestaciones y la difusión en las redes desde el 22 de octubre hasta el 2 de noviembre pasado para nacionalizar la búsqueda de Layla fue efectiva. Y por eso, la importancia de organizarse para “que el miedo no nos paralice”, como dicen desde la Red.

“Organizarnos para que las pibas concurran a nuestras escuelas sin temor a que les pase algo en el camino; para realizar las denuncias y que los que tienen que investigar hagan algo; para que las denuncias que ya se hicieron no queden archivadas en una fiscalía; para que la problemática se visibilice; para que todxs sepan que la lucha no es individual sino colectiva”.

En las barriadas, en las villas, que las mujeres puedan vencer obstáculos simbólicos y materiales necesarios para organizarse y romper con el eje cultural patriarcal que determina sus destinos únicos es vital para romper con la reproducción y naturalización de las violencias machistas. Y en eso están cuando anteponen solidaridad a la falta de respuestas e innacción.

Por Erika se evalúa la realización de una concentración frente a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°44, a cargo de Pablo Recchini. Mientras, se esperan respuestas sobre la investigación. Porque en ella nos siguen faltando muchas más.

Nota relacionada:

Nos falta Layla Sainz Fernández

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Un nuevo caso de violencia policial. En este caso, la Gendarmería Nacional avanzó sobre la murga Auténticos Reyes del Ritmo en la Villa 1-11-14

El viernes 29 de enero a las 21, la murga Auténticos Reyes del Ritmo, practicaba sobre la calle Bonorino, entre Riestra y Ana Maria Janner, del Barrio Illia, en Bajo Flores. En el mismo lugar apareció la Gendarmería Nacional, que se disponía a improvisar un operativo para secuestrar dos autos robados. El saldo: 16 heridos, dos de ellos internados y muchos menores de edad. El Hospital Piñero absorbió las urgencias, pero uno de los médicos echó a los pibes aludiendo que la policía le había notificado un enfrentamiento. Las víctimas no pudieron ni hacer la denuncia y el hecho fue difundido como un enfrentamiento entre bandas.

“No voy a contarles algo que les pasó a otros, ni algo que me contaron, ni algo que me parece: voy a contarles algo que nos pasó a nosotros… Sinceramente nunca habíamos vivido algo así, hasta el último viernes”, narra Gustavo Marola González, director de la Murga. “No alcanzó con decirles ‘por favor’… Avanzaron, sin importarles que hubiera menores. Y así fue como lastimaron a los dos primeros nenes, rozándolos con el coche, mientras pasaban de prepo por el medio”, agrega al hacer la crónica de la represión sufrida en el barrio la noche del viernes.

Los vecinos y vecinas testigos del hecho confirmaron que no existió motivo ni provocación alguna que explicara el accionar irracional de los gendarmes. La murga, formada por más de 100 personas, la mayoría de ellos niños y niñas, es reconocida por la comunidad por su trabajo cultural y la contención que provee a sus integrantes. “La murga es una familia, imaginate…”, cuenta Gabriela, vecina y mamá de uno de los chicos que es parte de la murga, en conversación con FM 99.7 Che Barracas.

A tan sólo una semana del feriado del carnaval, la Gendarmería Nacional decidió sembrar el caos al ir, nuevamente, en contra de una manifestación de cultura popular. Luego de que entrara en el barrio y cuando la gente de la murga comenzaba a correrse, llegaron 15 móviles más , además de la grúa instalada por la Policía Federal. El despliegue comenzó con balas de gomas sobre los cuerpos de los pibes y unos minutos después despacharon los fusiles con balas de plomo. El operativo contó con la participación de la Comisaría 36, denunciada en varias oportunidades por violaciones a los derechos humanos.

La versión de los efectivos de la Gendarmería intenta justificar la reacción oficial y el uso de armas de fuego, alegando un supuesto operativo en marcha. Sin embargo, las filmaciones obtenidas de los celulares de los vecinos, muestran cómo el director de la murga intenta entablar un dialogo con los oficiales y es recibido con catorce impactos de goma en su cuerpo.

Con una banda de 16 chicos heridos a cuestas, las familias comenzaron a cargarlos -ya que las ambulancias no entran a los barrios populares- y los trasladaron hasta el Hospital Piñero, ubicado al Sur de Flores, el más cercano. “Cuando llegaron al hospital un doctor les ordenó que se fueran porque la policía le había dicho que se trató de un enfrentamiento armado entre bandas. Se tuvieron que ir”, contó Leonardo Demonty, integrante de la murga y aclaró que será denunciado también el médico que actuó contra todos los protocolos impidiendo que los familiares y heridos hicieran la denuncia de lo ocurrido.

Con la solidaridad de los vecinos y allegados, la ayuda de las redes sociales, murgas y las organizaciones que acercaron su solidaridad, los hechos pudieron difundirse. La murga contó, también, con la asistencia de legisladores y abogados que hicieron posible la presentación de la denuncia correspondiente.

“Ahora, lógicamente muchos quedaron muy afectados y tienen miedo de volver a salir. Imagínense el horror que fue todo esto… Ven a la Policía y se asustan”, cuenta Gabriela, y señala una vez más el apoyo recibido por los vecinos y vecinas y allegados mientras señala la discriminación sufrida por los medios masivos de comunicación hegemónicos, que una vez más eligieron el camino de la estigmatización. “Acá no hubo guerra, ni allanamiento, desde ya, pero utilizan impunemente esa versión, para no hablar de la verdadera represión que sufrió nuestra murga, nuestro barrio, nuestra gente. Y como de costumbre, para tapar el impresentable accionar de estas Fuerzas de Seguridad, que se repite cada dos por tres, sin pagar ningún costo, ni rendir ninguna explicación, porque los ampara el silencio”, remata Gustavo.

Represión, gatillo fácil, detenciones arbitrarias, y criminalización de la pobreza parecen ser la nueva moneda corriente de un cambio que propone retroceder el futuro hacia el pasado. Sin lugar a dudas, una forma muy poco feliz de recibir el carnaval y festejar la cultura popular.

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