La falsa imagen que se construye desde los medios de comunicación poniendo al derecho penal como remedio “sanalotodo”, la percepción del ciudadano que la inseguridad consiste en “me va a ocurrir a mí”, y el oportunismo de la clase dirigente, que no cesa en construir enemigos, nos pone sobre una pendiente resbaladiza que lleva a modelos legislativos que admiten límites mínimos escalofriantes.

Existe en el imaginario colectivo una especie de mantra que consiste en asumir que ante la violencia propia de los delitos es decisivo la aplicación de penas más duras para evitarla. Bajo este poderoso influjo y un hecho de sangre a comienzos de este año en el barrio de Flores que sirvió de espoleta, el gobierno nacional avanza en la reforma al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que incluye —entre otros puntos— bajar la edad de imputabilidad penal. Tal cual el modelo español y chileno, según afirma el Ministro de Justicia, Germán Garavano, se pretende reducir la edad de imputabilidad penal de los dieciséis años a los catorce. Si bien el propio Ministro se apuró en mencionar que el objetivo de la reforma es más amplio, que apunta a reforzar mecanismos preventivos y establecer medidas de carácter socioeducativo, todo ello solo sirve para enmascarar una política criminal de corte regresivo sobre el colectivo de la infancia.

Considerando que se trata de una reforma impulsada llamativamente en un año electoral, bajo un halo de reserva y desoyendo voces de quienes advierten sobre la peligrosidad del proyecto, no resulta una tarea simple investigar sobre la racionalidad interna del proyecto. Se puede presumir que las justificaciones serán las mismas y falaces argumentaciones que se dan siempre en estos tipos de casos: la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, los cambios de valoraciones en la sociedad, la necesidad de proteger la vida y la seguridad de los buenos ciudadanos, recuperar la confianza en la administración de justicia y demás ideas similares.

Frente a ello, es necesario preguntarse: ¿existe un aumento de la criminalidad por parte de los jóvenes que justifique una expansión de tan largo alcance? ¿Realmente podemos hablar de un problema grave? ¿Se puede remediar la sintomatología que evidencia el cuerpo social con más cárcel? ¿Cuáles son realmente las razones que justifican una expansión del derecho penal sobre una franja de edad particularmente tan sensible?

Si se observan las estadísticas que brinda el propio Ministerio Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, no parecen existir razones que justifiquen una reforma de estas dimensiones. En el siguiente cuadro se exponen las cifras de las investigaciones penales abiertas menores de edad a consecuencia de outputs lesivos a terceros desde 2012 a 2015. Aún no se encuentra disponible las cifras correspondientes al año 2016. Según estos datos, producidos en el distrito más numeroso y con una mayor conflictividad, las cifras se han mantenido estable y sin variaciones significativas que permitan justificar de manera racional una ampliación del sistema penal sobre franjas etarias de jóvenes menores a los dieciséis años.

Cabe apuntar también que, de la constelación de causas, en las cuales resulten acusados menores de edad, y tomando como base el año 2015, se observa claramente que los delitos que podríamos considerar más graves ocupan una franja minoritaria del total de las causas. Por ejemplo, los delitos contra la vida representan solo un 1.1 % de la totalidad de casos. No se trata de contar vidas humanas, pero en última instancia debemos dimensionar el problema como elemento para configurar una política criminal menos frívola que la propuesta por el gobierno nacional.

Los datos aportados por el Ministerio Público Fiscal muestran que los jóvenes suelen cometer delitos de escasa entidad y que tienen que ver, en muchos casos, con hechos que podríamos calificar de hechos propios de la edad. Los delitos que con mayor reiteración aparecen en los expedientes judiciales son básicamente ataques contra la propiedad (38%), lesiones leves (13%), amenazas (8%), tenencias de estupefacientes (6%) y daño (5%). Además de ello, la experiencia demuestra que la mayoría de los delitos son cometidos dentro del mismo barrio o entorno en los cuales los pibes viven o estudian. La misma tipología delictual muestran las conclusiones de los relevamientos de Unicef. Distintos informes afirman que los delitos contra la propiedad constituyen el grupo con mayor prevalencia, representando más de la mitad de los ilícitos imputados. Entre estos, el robo calificado (generalmente mediante el uso de arma) es el tipo de hecho que se encuentra con más frecuencia.

Las cifras mencionadas refieren a todos los menores de edad, incluyendo a pibes de entre catorce y dieciséis años, a los cuales la reforma planea incorporar como futuros sujetos imputables. Vale remarcar que estas estadísticas muestran una magnitud sobredimensionada del fenómeno, ya que atiende al solo dato objetivo de la apertura de una causa penal e indica únicamente que un menor de edad se halla bajo investigación, solo eso, sin significar que efectivamente fueron autores o partícipes. El 70 % de estas causas culminan con cierres por sobreseimiento. Es decir, concluyen en archivos por inexistencia de elementos que permitan fundar una acusación, y sobreseimientos por menor cuantía del delito o en cambio de figuras legales graves por otras de menor entidad. Justamente, es importante saber que las calificaciones legales son siempre provisorias. La práctica cotidiana del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil demuestra que muchas de estas imputaciones, especialmente cuando resulta difusa la figura legal a aplicar, en el “juego” de encuadres, los fiscales prefieren la estrategia de acusar por las figuras legales más graves y luego, ya durante el transcurso de la investigación y ante la aparición de nuevos elementos de investigación, optar por figuras legales menos graves.

Entonces, sin ánimo de descreer de datos fiables y reconociendo la existencia de un núcleo duro de delitos —reducido, pero existente— podemos reconocer igualmente que el proyecto de reforma no encuentra anclajes firmes en el plano fáctico.

Ahora bien, para aquella proporción ¿puede una reforma de esta naturaleza reducir los hechos lesivos a terceros? Como es sabido, el rendimiento de la legislación penal en materia preventiva, ya sea general o especial, suele ser bastante escaso. En términos de libertad, una ley de este tipo da más pérdidas que ganancias. Está claro que la reforma está dirigida a criminalizar a los pibes pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población. La particular manera de entender el fenómeno que se tiene por parte de los impulsores de la reforma resulta de un anacronismo alarmante y reveladora de una política criminal de bajo vuelo.

La falsa imagen que se construye desde los medios de comunicación poniendo al derecho penal como remedio “sanalotodo”, la percepción del ciudadano que la inseguridad consiste en “me va a ocurrir a mí”, y el oportunismo de la clase dirigente, que no cesa en construir enemigos, nos pone sobre una pendiente resbaladiza que lleva a modelos legislativos que admiten límites mínimos escalofriantes. Dicho de un modo radical, el fondo de la pendiente puede ser la Crime Disorder Act inglesa (1998), la cual a partir del caso Bulger declara imputables a los menores desde los 10 años de edad o la Juvenile Justice and Delinquency Act norteamericana (1973), que no fija un mínimo de edad y por lo tanto cualquier sujeto dependiendo solo de las características del delito puede ser imputado penalmente. En la adulterada imagen que proyecta esta perversa matriz se vuelven ciertas las lacerantes reflexiones de T. Adorno, quien afirmaba que “cuanto más obtusa y complicada se torna la vida moderna, mayor es la propensión de las personas a apegarse a clichés que parecen conllevar un cierto orden en lo que de otra forma sería incomprensible”. Los medios de comunicación son en gran medida fuente de reproducción y producción de estos tópicos. Así se puede comprender como la ciudadanía identifica el problema como inseguridad y la solución es siempre la clase política (oportunista) garantizadora de una legislación penal más expansiva y como único remedio para conjurar peligros.

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En menos de quince días, Macri plantó agenda política. El blindaje mediático y la anestesia general (con honrosas excepciones) colaboraron para colocar los debates donde el oficialismo amarillo se mueve como pez en el agua. Manteros vs Benetton; dos formas de discutir el espacio público.

Las pantallas televisivas sumaron esta semana horas y horas con imágenes del conflicto en la zona de Once, donde el martes fueron desalojados los manteros sobre la Avenida Pueyrredón. Las tapas de los principales diarios dieron cuenta de la noticia, de la represión, de las declaraciones de los trabajadores ambulantes y de las y los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, de las negociaciones y del corte de calles.

En décimo lugar, o directamente ausente de los grandes medios de comunicación, quedó la información de lo que sucedía el mismo día en la provincia de Chubut. Un violento operativo de Gendarmería sacudió a la comunidad mapuche, que defiende sus tierras ancestrales en el departamento de Cushamen. El conflicto, que data de varios años, tuvo como pretexto liberar las vías del tren La Trochita, pero el debate de fondo es la disputa con la empresa Benetton por tierras que fueron recuperadas por los mapuches en 2015. Al primer operativo violento, le siguió un nuevo ataque, esta vez de Infantería de la Policía provincial que disparó sin mediar palabra, e hirió a varias personas. Aún hoy, dos integrantes de la comunidad Pu Lof se encuentran hospitalizados en estado de gravedad.

Hablemos de espacio público

Mientras el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, amenazaba a los manteros que no se sumaran al acuerdo de trasladar su trabajo a un galpón y reiteraba que “el espacio público no se negocia, ya que es para que la gente circule y disfrute”, en la Patagonia se multiplicaron los conflictos donde la comunidad salió a reclamar por el derecho a las tierras públicas.

En el caso de la comunidad Pu Lof, la recuperación de las tierras ancestrales ocupadas por el grupo Benetton, mayor propietario extranjero de tierras en Argentina, con 900 mil héctareas, como confirmó la empresa a la BBC generó un conflicto donde el poder político instó al poder judicial y a las fuerzas de seguridad a avanzar sobre la comunidad mapuche.

Luego de una mesa de diálogo que se sostuvo durante 2016, el gobernador Mario Das Neves en persona impulsó una ofensiva contra la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), acusando a sus integrantes de terroristas y exigiendo a la justicia avanzar en causas contra miembros de la comunidad.

En el mismo sentido, el debate sobre el espacio público estuvo ausente en el caso del empresario Ted Turner, de la CNN, quien cerró caminos y accesos al Lago Traful o de Joe Lewis, ex propietario de Hard Rock Café y amigo de del presidente Mauricio Macri, quien cerró los accesos públicos al Lago Escondido, alambrando e impidiendo el acceso de cualquier vecino o vecina a la zona.

El caso de Lewis se hizo conocido cuando Macri decidió vacacionar en su propiedad e incluso prestarle un helicóptero para trasladarse. En esta semana, más de diez mil personas se movilizaron en el Bolsón y lograron frenar la iniciativa de barrio privado de Lewis sobre una reserva natural al pie del cerro Perito Moreno.

Estas dos caras de un debate sobre el espacio de todos y todas, planteadas por el PRO, se repiten en el relato que fueron construyendo en su primer año de gobierno y que tomó fuerza en la primer quincena de 2017.

Las dos caras de la generación de trabajo y crecimiento económico

En el debate de los manteros nuevamente estuvo ausente la discusión sobre la generación de trabajo. Y es que el PRO tiene decidido avanzar en un nuevo relato amarillo que asocia la creación de empleo con el blanqueo laboral, la eliminación de los costos al trabajo o, con menos eufemismos, la precarización del trabajo lisa y llanamente.

Entre las iniciativas que Macri impulsará en pocos días, a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, están las de reincorporar las pasantías laborales como figura dentro del mercado y el empleo joven para quienes tiene entre 16 y 26 años que ni estudian ni trabajan, y el pago de los costos fiscales a empresas para absorber a beneficiarios de planes sociales. De esta manera, el “trabajo genuino” en empresas privadas sería “incentivado” por el Estado, que pondría el dinero para que las empresas contraten a jóvenes o a quienes perciben un plan (como ya ensayaron con McDonald’s).

Para coronar el plan de desarrollo económico y generación de empleo, el presidente Macri toma como referencia el acuerdo firmado por Vaca Muerta la semana pasada. Flexibilizar las condiciones de trabajo para aumentar la productividad y las inversiones sería el camino que deberían tomar otros gremios y empresarios para que el país crezca.

La propuesta, que implicó al gremio petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa y resigna conquistas laborales (eliminar las horas extras, el trabajo nocturno, entre otros puntos), no sería tan digerible para la conducción de la CGT ni para los sindicatos que aglutinan al sector de la construcción o el sector lechero.

Lo cierto es que el intento de discutir una reforma tributaria, la reducción del déficit fiscal, de avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo mientras el gobierno se endeuda y realiza obra públicas como parte del año electoral estarán a la orden del día, al igual que las subas en los precios y la inflación (iniciada con aumentos en la nafta, servicios públicos y peajes).

Si a esto le sumamos el nivel de inseguridad social, donde el 43 por ciento de la población de quienes viven en CABA y Gran Buenos Aires tiene miedo a quedarse desempleado, según cifras del Monitor de Clima Social, el panorama no es alentador.

Dos caras de la misma moneda

El gobierno también tuvo éxito en colocar en la agenda de verano la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Con el impacto de la toma de la Comisaría de Flores por la muerte de Brian, niño baleado en un asalto y después de que fuera detenido un adolescente de 15 acusado por haber participado del crimen, el ministro de Justicia, Germán Garavano, dio inicio a un debate, viejo en el país y propio de los años de campaña electoral y de la demagogia punitiva.

Más allá de los enormes rechazos que generó la iniciativa en amplios sectores de la sociedad y los sobrados motivos para desestimar bajar la edad de imputabilidad, entre ellos los destacados en este portal y en otros, tal vez lo central es que el debate por la baja dejó nuevamente ausente la discusión sobre las mafias policiales, los comisarios imputados por enriquecimiento ilícito y las zonas liberadas en amplios territorios de la Ciudad y el gran Buenos Aires.

Mientras tanto, los principales editorialistas de Clarín y La Nación le pidieron al Gobierno en su edición dominical que avanzara con la reforma del Estado, que achicara la planta y redujera el gasto. A su vez, abordaron el caso Arribas, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia acusado por cobro de coimas. Algunos pidieron la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Presunción de inocencia que se le negó a Milagro Sala, quien hoy cumple un año presa y será motivo de movilizaciones en todo el país en reclamo de su libertad.

Sin anestesia

El fin de primer año de Macri dejó en evidencia su capacidad para avanzar sobre los derechos de los sectores populares, más allá de algunas pequeñas victorias y resistencias conseguidas con movilizaciones multitudinarias como la del Bolsón hace pocos días. Pero aunque Macri se tome vacaciones, el gobierno nacional sigue trabajando y está decidido a avanzar, sin prisa pero sin pausa, aun con el año electoral y la asunción de Trump esta semana, que le cambia el panorama económico.

La respuesta ante los intentos de avanzar en la precarización laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la represión en el sur del país y la saturación de la nueva Policía de la Ciudad en las calles porteñas merece una respuesta sin anestesia, de mayor contundencia y unidad.

La solidaridad del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el CELS y otros organismos de derechos humanos tras la represión en Chubut, la convocatoria del espacio Niñez y Territorio para impulsar acciones contra el No a la baja, la convocatoria a movilizarse mañana contra la criminalización de la protesta, son algunos de las respuestas inmediatas, necesarias y urgentes para rechazar la agenda veraniega avasallante de Cambiemos. Pero será preciso aglutinar mayores esfuerzos unitarios y propuestas concretas para dar vuelta la moneda.

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Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) emitieron una declaración “El derecho a ser condenado” en relación al debate propuesto por el Presidente de la Nación por la baja de la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años. Conversamos con Lucía, parte de la Coordinadora, para conocer los detalles que implican bajar la edad de imputabilidad: desde el acceso a la justicia hoy que tienen los menores, el caso Luciano Arruga y los temas que no se debaten como la educación, el trabajo y la ocupación de los territorios por parte de las fuerzas de seguridad

-¿Cuáles son los ejes del comunicado que emitieron?

-Los ejes fundamentales son los que decimos siempre que se trata este tema, porque obviamente no es la primera vez que un gobierno intenta establecer el consenso acerca de la baja de la edad de imputabilidad. El macrismo lo hace con una desfachatez y un consenso importante por parte de sus votantes.

Hay un debate planteado de una manera falaz, lo que nadie dice es que hoy por hoy los menores que delinquen y tienen menos de 16 años reciben una condena de parte del Juez de menores y muchas veces terminan en un instituto o un reformatorio –que son lo mismo que una cárcel pero para menores–. Entonces, es mentira que a los pibes que tienen 15 o 14 años los usan de “mano de obra de chorros” como dijo ayer Lilita Carrió y después no pasa nada, porque si hay alguien en este país que no tiene derechos frente a un Juez es un pibe de 14 años que salió a robar. Es importante aclararlo porque el sentido común que se ha impuesto es que a un pibe de 14 años que sale a robar y lo agarran, va frente al Juez y éste no hace nada. Eso es mentira, eso no pasa, terminan en un reformatorio. Hoy en la Argentina hay menores de 14 años condenados.

–En lo estadístico, hoy hay 72.693 adultos presos en cárceles y 4.305 en comisarías, estamos hablando de casi 77.000 presos, de los cuales 1.142 son adolescentes, pero de ellos solamente 96 tienen entre 14 y 15 años. Las cifras no son significativas…

–Ese es otro punto que omiten decir. Sucede lo mismo que cuando hablan de que hay personas de otros países que vienen a robar cuando sabemos que dentro del sistema penal la cantidad de personas nacidas fuera del país son ínfimas, lo mismo pasa con los menores. Son muy pocos los menores que están sufriendo un proceso penal en relación a la fuerza con que se instala este debate, como si hubiera hordas de pibes de 14 y 15 años saliendo a robar aprovechando su edad. No es así.

Es importante señalar que la categoría de “menor” es una categoría judicial o policial donde biológicamente hasta el habla hay una postura. Porque no son menores, son chicos de 14 años, que tendrán un montón de problemas, seguramente si hubieran podido elegir no hubieran elegido la vida que tienen. Pero lo que nos interesa dejar en claro es que a los pibes que salen a robar a los 13, 14 años no les pasa nada, lo que sucede es que no se los juzga ni se les aplica una pena, porque son inimputables, eso es cierto, pero el Juez que toma el caso tiene la potestad de decidir qué va a hacer con la vida de ese pibe, donde la mayoría de las veces van a un instituto de donde salen peor de como entraron y donde muchas veces esperan a tener 16 años para enfrentar un juicio con la posibilidad de una pena.

“Las leyes y su cumplimento está enfocado hacia los que menos tienen”

-En algunos países donde la imputabilidad es a los 12 años, como el caso de Venezuela, El Salvador, México y Honduras, tienen las tasas de criminalidad más altas del mundo, o sea que esta medida tampoco garantiza desde el punto de vista estadístico un efecto práctico sobre el tema de la criminalidad.

–Siempre que hablamos de medidas que endurecen las penas en cuanto a los hechos delictivos o los hechos que afectan a la propiedad privada o a la vida de otras personas, llegamos a la conclusión que acabás de marcar: no sólo bajar la edad de imputabilidad no tiene ningún efecto en la cantidad de hechos delictivos que hay en una sociedad, sino que eso sucede con el resto de las penas. En países donde hay pena de muerte, como en algunos estados de Estados Unidos, está comprobado que eso no ha ayudado en nada a bajar la cantidad de asesinatos.

Cuando uno ve ese panorama general lo que se evidencia es, primero, que las leyes están hechas para un lado y no para el otro. Recordemos que muchas veces estos asaltos son organizados por la policía y hay un caso paradigmático que es el de Luciano Arruga, que se negó a robar para la policía y la consecuencia no fue que terminó en un instituto de menores, estuvo varios años desaparecido y antes de eso fue detenido y torturado en el destacamento de Lomas del Mirador.

Los pibes de 13/14 años que llegan a la situación de no tener un mango, no saber qué hacer y un conjunto de situaciones que pueden llevar a “elegir” esa opción, no se plantean si son o no imputables, este es un debate de la sociedad de clase media para arriba. Alguien que está en esa situación de vida no se va a ver afectado por la posibilidad de una condena más dura o no, porque lo que pasa en ese momento es que te cruje la panza, tenés hambre, pasan otras cosas que son anteriores a la ley.

Por otro lado, siempre que hablamos de la baja de imputabilidad la figura que instalan los medios son de pibes de estas edades robando carteras, entrando a supermercados, etc. Obviamente, ahora por el asesinato del pibe de 14 años de Flores a manos de un chico de 15, por ese tipo de delitos, cuando todos sabemos que hay otros delitos como andar con un cuatriciclo en Pinamar y causar destrozos o vender o tener drogas que muchas veces llevan a cabo hijos de personas con dinero, esos pibes no terminan en ningún instituto. Una vez más las leyes y el cumplimento de las mismas está enfocado hacia un solo lugar, hacia los que menos tienen porque los que escriben la ley no tienen hijos que puedan pasar por esa situación.

–Mi propuesta sería dedicar un año de debate al acceso a la escuela, al deporte, al trabajo, a la salud que sería más productivo que embarcarnos, como pretende el Presidente de la Nación, en este debate que el único objetivo que tiene es mediático y que no por casualidad se retoma en Argentina siempre en vísperas de elecciones, esto ha sido sistemático desde hace muchos años. También hacer referencia a toda la problemática de los jóvenes con la policía, que es una fuerza de ocupación en los territorios…

–Más allá del momento previo a elecciones, si bien es cierto que no hay ningún momento en el que dejen de hacer campaña, me parece que viene con todo un paquete de consensos que se quieren instalar en este caso acerca de los menores de 16 años, pero que también viene de la mano del espacio que tenemos o no que darle a las personas que vienen de Bolivia, Paraguay y otros países limítrofes. Es importante tener el panorama general, porque los medios hegemónicos lo presentan fragmentado, como si fueran debates separados. Esto no es menor, son todas medidas peligrosas para el resto de la sociedad y en el día de hoy tenemos una nueva fuerza policial actuando en la Capital Federal. Hoy decía en una nota Clarín que esta nueva fuerza llegó justo cuando no hay piquetes, entonces también hay un ataque sistemático a la organización y a la que decide estar en la calle. Todo responde a la misma política de represión estatal que no se puede llevar adelante sin cierto consenso.

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