Después de cinco años de lucha estudiantil, el gobierno chileno presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma a la educación superior. Sin embargo, para las y los estudiantes la propuesta mantiene una lógica de mercado e incumple la promesa de gratuidad universal. En esta entrevista, Daniel Gedda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, explica las razones del rechazo al proyecto oficial.

-¿Cómo es, a grandes rasgos, la propuesta de reforma educacional que presentó Bachelet y por qué fue rechazada por el movimiento estudiantil?

– La propuesta del gobierno responde a más de cinco años de movilización. Se estructura a generar una nueva institucionalidad, que permita mayor fiscalización en las instituciones privadas de educación superior, ciertos cambios al financiamiento de las instituciones y un trabajo en torno a la gratuidad bastante modesta. Para nosotros es una reforma insuficiente porque en las atribuciones de fiscalización deja la puerta abierta al lucro en la educación superior. Nosotros queremos que el lucro no sólo sea prohibido sino que se tipifique como delito, cosa que la reforma no hace.

Y en cuanto al financiamiento, vemos que la educación pública vuelve a ser el gran ausente. En Chile no tenemos educación pública y solamente el 15% de la matrícula total de la educación superior se encuentra en instituciones del Estado. No vemos en esta reforma que se avance en reconstruir la educación pública. Por último, cuando hablamos de gratuidad, vemos que esta es una gratuidad insuficiente, que no cambia el paradigma de financiamiento que es a la institución, y además queda sujeta a los vaivenes macroeconómicos del país. Estaríamos hablando de que Chile tendría educación gratuita recién en el años 2060, 2070. Nos parece una falta de respeto a las movilizaciones sostenidas por las familias chilenas todos estos años.

– ¿Cuáles son los puntos centrales que ustedes proponen y que no están contemplados en el proyecto del oficialismo?

– Nuestra propuesta gira en torno al fortalecimiento de la educación pública, para que las instituciones del Estado crezcan llegando a cubrir, por lo menos, la mitad de la matrícula en el sector universitario y la reactivación de un marco regulatorio fuerte y potente, que fiscalice a las instituciones de la educación superior privada que hoy no tienen fiscalización alguna en términos de lucro, de reinversión de utilidades y de proyecto educativo en general. Y también que estas instituciones cuenten con mecanismos democráticos de participación de la comunidad. Por último, avanzar hacia una gratuidad universal con aportes basales a las instituciones. Nada se cumple con lo que propone el gobierno, no se habla de fortalecer la educación pública.

– Bachelet defendió su propuesta argumentando que es un proyecto “realista” y que va a ir gradualmente hacia la educación superior gratuita. ¿Es realista o se pudo haber hecho más? ¿Por qué el gobierno decidió no ir a fondo con el tema?

– El gobierno en su campaña prometió alcanzar la gratuidad universal para el año 2020. Desde ya es una irresponsabilidad tremenda entregar promesas en campaña que no se van a cumplir, pero más allá de la gradualidad o que sea realista o no, el problema es otro. Acá no hay voluntad política de avanzar hacia la gratuidad, por eso se la deja amarrada. Hoy en Chile existen los recursos para financiar la gratuidad en la educación, incluso más derechos sociales como salud, previsión, etc. El problema es que Chile es un país de una enorme desigualdad, donde el 1% concentra el 30% de los ingresos. Decir que hoy no existe la plata para financiar los derechos sociales no es realista, es falta de voluntad política de cambiar la estructura de desigualdad de este país.

– ¿Qué rol vienen desempeñando los ex dirigentes estudiantiles que han tenido gran protagonismo en años anteriores y hoy ocupan bancas en el Congreso, como por ejemplo Camila Vallejo quien forma parte de la coalición de gobierno?

– Ellos ahora desde la otra vereda, que es la institucionalidad, están intentando que la reforma y los cambios sean hacia las necesidades de las grandes mayorías. Aunque hay que hacer una diferencia. Dirigentas como Camila Vallejo y Karol Cariola lamentablemente son parte de una coalición que a nuestro parecer no es el camino para avanzar en estos derechos, es una coalición con demasiados intereses creados en negocios con la educación y distintos sectores. Con esta coalición, la Nueva Mayoría, no se puede trabajar, pero no por eso hay que pensar que el Partido Comunista no quiera avanzar en la consecusión de los derechos sociales. Por otro lado, me gustaría destacar la labor de Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que desde su sector como parlamentarios han intentado levantar las demandas del movimiento social e instalarlas en la institución. Es un ejercicio muy válido y que nos permite disputar lo mismo desde veredas distintas. Eso ha fortalecido y nos ha ayudado en la disputa.

– Después de tantas idas y venidas el movimiento estudiantil sigue en las calles ¿Cómo sigue esta lucha? ¿Qué fortaleza tiene hoy para seguir peleando por estas demandas tan postergadas?

– Hoy estamos en pie de movilización, pero también guardando fuerzas para lo que serán meses posteriores que pueden ser más álgidos. No son sólo los estudiantes los que están peleando por esta reforma, hoy los trabajadores de la educación superior están movilizados, dando discusiones en los distintos espacios a nivel nacional para trabajar junto al movimiento estudiantil, en una propuesta de modelo educativo que solucione los problemas del modelo actual. También están los los rectores de las instituciones estatales. Hoy para que el movimiento estudiantil pueda seguir creciendo y seguir teniendo fuerza, tiene que consensuar las demandas con otros actores, para que lo que salga el día de mañana sea positivo y logremos aglutinar a amplios sectores sociales detrás de las demandas por una educación distinta. Ese es el trabajo en que estamos, que va dar frutos en los próximos meses y nos va a permitir pelear con más fuerza la reforma en todos los espacios posibles, tanto los institucionales como en las calles.

*Entrevista realizada en el programa “Al sur del Río Bravo” que se trasmite los jueves de 12 a 14 hs por Radionauta FM

Escuchá aquí la entrevista:

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La esperada promesa de la gratuidad en la educación superior chilena comienza a tomar forma, aunque no la esperada por el movimiento estudiantil. La ropuesta del gobierno de Bachelet no sale de la lógica mercantil del desregulado sistema de educación.

El pasado 30 de septiembre se anunció por cadena nacional el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2016. Entre otros anuncios, el más esperado era el que se daría con respecto al financiamiento a la educación superior. Las expectativas no eran pocas: el gobierno de Michelle Bachelet fue electo enarbolando las banderas del movimiento estudiantil que exigía educación pública, gratuita y de excelencia. Hasta ahora el avance había sido sólo en base a especulaciones, en medio de los conflictos que genera la demanda en la propia coalición de gobierno y las ya comunes presiones de sectores de poder interesados, como la Iglesia y el empresariado.

En este escenario, finalmente el gobierno decidió dividir la reforma de la educación superior en dos. Por un lado, la implementación de la gratuidad en ciertas instituciones a través de la Ley de Presupuesto a contar del año 2016.  Y por otro, el nuevo marco regulador de todas las instituciones de educación superior que regirá a contar el 2017, lo que también cambiará cuáles universidades quedarán dentro de la gratuidad y cuáles no a modo de ley. En síntesis, al parecer ninguna discusión está completamente zanjada y esto es sólo una aproximación de lo que se viene en los próximos años.

El modelo chileno de educación superior

En Chile existen tres tipos de instituciones de educación superior (IES): universidades, centros de formación técnica (CFT) y los institutos profesionales (IP). Las universidades, por ley, no pueden ser organizaciones con fines de lucro, mientras que los CFT e IP sí. Aunque en la práctica existen distintos mecanismos de triangulación de dinero (sociedades paralelas, externalización de servicios, arriendo de inmobiliario a mismos dueños, etc.), lo que lleva a un porcentaje importante de instituciones a operar no sólo maximizando utilidades sino que también con retiro de excedentes. Desde el estallido del movimiento estudiantil en 2011 que la justicia investiga distintos casos de lucro. Esto ha traído como consecuencia el tener a muchos estudiantes con formación académica deficiente, carreras sobrepobladas, competencia entre universidades, inestabilidad laboral tanto para académicos y como para funcionarios, entre otras dificultades.

Por otra parte, las IES se mantienen económicamente mediante el autofinanciamiento, ya sea vendiendo servicios y a través del arancel de sus estudiantes. Adicionalmente, tienen un Aporte Fiscal Indirecto, un apoyo que se da a las universidades por tener a estudiantes que estén entre los mejores puntajes del país en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) los que se concentran principalmente en las dos universidades más grandes del país (Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica).También existen los convenios de desempeño, que consisten en presentar proyectos de mejora institucional que se postulan de manera muy similar a un fondo concursable. Simultáneamente, las universidades del Estado y privadas que existen previo a 1981 junto sus derivadas, tienen aportes del Estado a través de aporte fiscal directo (AFD) el cual se otorga por criterios históricos.

Esto, lleva a que las y los estudiantes tengan que pagar altos aranceles, inalcanzables para la mayoría de la sociedad chilena, y por tanto se deban endeudar mediante distintos créditos que otorga tanto el Estado como privados y, si es que lo logran, cubrir un porcentaje mediante becas que en su mayoría están asociados a rendimiento académico, algo que por déficit del sistema de educación escolar chileno, ya es muy desigual entre privados, privados con financiamiento público y públicos.

La llamada mercantilización de la educación es eso: cuando el paradigma está puesto en que la educación es un bien privado por el cual cada persona deba autofinanciar o bien endeudarse. Y las universidades vistas finalmente como empresas que, con una que otra ayuda del Estado, deben ser rentables para poder sobrevivir. Además, generando incentivos para competir entre universidades (convenios de desempeño, AFI, aranceles) deben arreglárselas para poder atraer estudiantes. Y por otro lado, las y los estudiantes junto a sus familias que sueñan con mejorar sus oportunidades laborales, se deben endeudar para pagar una carrera que muchas veces ni siquiera pueden terminar.

El movimiento social y la solución de gobierno

Ya conocido es el movimiento estudiantil que el año 2011 llegó a su punto máximo en cuanto a influencia en la agenda nacional. Este, tras un largo petitorio y vaivenes propios de todo órgano de representación que cambia sus directivas una vez al año, proponía la desmercantilización de la educación, o en palabras de slogan, “una educación pública, gratuita y de excelencia”, donde el corazón de este cambio fuera el fin de los incentivos que llevan a competir a las universidades, el término de la generación casi exclusiva de conocimiento en función del mercado, se revitalizara la educación pública y se terminara con las estructuras antidemocráticas que incluso prohibían la participación de estudiantes en sus gobiernos universitarios.

Todo este cuestionamiento fue simplificado por el gobierno a lo que es gratuidad en la educación superior. Lo cual pareciera dar en clavo cuando se refiere a responder a las demandas del movimiento social. Sin embargo, en su solución no toca un ápice del modelo actual.

La gratuidad será implementada, en el caso de las universidades, para aquellos estudiantes del 50% más vulnerable del país, que se matriculen en instituciones acreditadas por al menos 4 años, cumplan con voz y/o voto de funcionarios no académicos y/o estudiantes en las decisiones administrativas; no estén asociadas a personas jurídicas con fines de lucro (¿por qué no prohibir directamente la asociación entre IES y entidades con fines de lucro?); y firmen un convenio de acceso a gratuidad de que no cobrará al estudiante un adicional. En la práctica, la gratuidad será para las universidades que deseen incluirse del llamado Consejo de Rectores: las estatales y las “tradicionales” (privadas creadas antes de 1981). A estas se sumarías las privadas Diego Portales, Católica Silva Henríquez y Alberto Hurtado. En el caso de los CFT e IP los requisitos son los mismos, salvo que no obliga la partición de académicos y/o estudiantes en la toma de decisiones administrativas y la acreditación sólo debe ser vigente.

Es decir, la “gratuidad” del gobierno no significa que las carreras no tengan costo para el estudiante. Se trata de un nuevo tipo de beca abarcada por el Estado, con la obligatoriedad que las universidades no cobren un adicional al estudiante, lo cual evitaría un endeudamiento adicional por estudiar. Esto, si bien es un avance en la mejora de las condiciones de vida muchas y muchos, se debe tener en cuenta que finalmente el modelo educacional (y de negocio) no se cambia en absolutamente nada y el corazón de la educación superior chilena seguirá siendo la competencia entre instituciones para sobrevivir. Avanzar en la demercantilización es otorgar fondos de revitalización para las abandonadas universidades del Estado, aumentar los aportes de libre disposición y el terminar con los incentivos a la competencia entre instituciones. Pasos que el gobierno no ha dado ni señales de querer empezar a dar.

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La protesta impulsada por empresarios de camiones y respaldad por la ultraderecha chilena muestra un nuevo actor social en la política chilena. La presión que ejercen en la región de la Araucanía para continuar con la represión a las comunidades mapuche.

El jueves 27 de agosto quedó marcado como una jornada estrepitosa para el Gobierno chileno, doblegado por la protesta de los camioneros. Por la noche de aquel día, siete camiones ingresaban a las calles de Santiago para terminar su marcha iniciada en Temuco, buscando que los recibieran las autoridades en La Moneda.

En un principio, la SEREMI de Transporte, por órdenes del Ministerio del Interior, dictó una circular en la cual se prohibía ese día el ingreso de camiones a la región metropolitana desde las 6 hs hasta las 21 hs. Esto provocó que la caravana de camiones que transportaban las maquinarias quemadas en la Araucanía se quedara en el paso de Angostura, generando bloqueos de carreteras.

Estos camioneros se autocaracterizaban como un “movimiento ciudadano”, que venía a trasmitir su preocupación por la escalada de violencia en la Araucanía y la delincuencia del país, adjudicándose a sí mismos el apoyo de toda la ciudadanía a su justa demanda. Sin embargo, este movimiento tendría poco de “ciudadano”. El líder de la Confederación Nacional de Trabajadores, Sergio Pérez, declaraba que “la intervención militar de 1973 ordenó el país… Mire cómo está Cuba, Venezuela, es una vergüenza”.

Con esta frase quedaba clara la orientación del movimiento de camioneros y sus “buenas intenciones por lograr la paz en la Araucanía”. La movilización había sido organizada por la ultraderecha chilena, especialmente por la UDI. Los parlamentarios y dirigentes de este partido no sólo asistieron a las conferencias de prensa en conjunto a los líderes de la multigremial, sino que también presionaban a través de los medios que en caso de que el Gobierno no recibiera a los camioneros estos podían generar un “desabastecimiento”.

La organización de esta movilización tendría por efecto advertir al Gobierno de Michelle Bachelet su disgusto por las reformas que estaba realizando (aun cuando de reformas tienen bien poco) y mostraban su potencial capacidad paralizadora del país mediante los camioneros.

Por otro lado, a esta ofensiva de la multigremial camionera, la Federación de los Choferes de Buses y del Transporte declaraba que se trataría sólo de una movilización levantada por los empresarios de camiones y no por sus trabajadores. Les parecía cínico que los empresarios reclamaran por la falta de seguridad de los camioneros, cuando ellos mismos son los que se niegan a contratar seguros para sus trabajadores y están en contra de toda reforma que mejore las condiciones salariales y de vida de los choferes.

Desde La Moneda, la jornada sería dirigida con absoluta propiedad por el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien desde un comienzo habría manifestado su voluntad de conversar con los dirigentes de los empresarios camioneros. Si bien rechazaba a que entraran con todos los camiones a la Moneda, encontraba justa su demanda.

Esta arremetida de los sectores conservadores dentro de la Nueva Mayoría (la coalición gobernante) se suma al cambio de Intendente en la Región de la Araucanía. Hicieron renunciar a Francisco Huenchumilla, quien se aprestaba a presentar una propuesta de solución del conflicto mapuche-chileno. Si bien los términos de esta propuesta en ningún caso representan el sentir de las comunidades, reconocía que se trataba de un conflicto político que no podía ser solucionado mediante la política de criminalización y encarcelación del pueblo mapuche.

Este cambio en la Intendencia de la Araucanía y la recepción de los camioneros en la Moneda significa que no existirá una solución al conflicto mapuche-chileno. La política del garrote seguirá tal como se viene realizando desde hace años, aun a contrapelo de los que han planteado inclusive cortes internacionales, como el fallo “Loncos” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se establece que los mapuches no son terroristas y que la situación que se enfrenta es un conflicto de dimensiones políticas donde las grandes perjudicados han sido las comunidades mapuches.

En síntesis, las grandes víctimas de esta situación, las comunidades mapuches, no verán solucionados sus problemas y seguirán enfrentando allanamientos en sus comunidades, expoliación de sus tierras por las forestales y de sus recursos acuíferos por las hidroeléctricas.

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Una mirada sobre el acontecer social en Chile con la Copa América como telón de fondo.

Ha llegado el mes de junio a Chile, el invierno se asoma a pasos agigantados y en el horizonte se divisa muy cercano el evento que muchos hinchas de nuestro continente esperan: la Copa América. Los medios de comunicación muestran la efervescencia de la población local: todos pendientes de “la Roja”, de las ofertas que ofrece el retail para renovar televisores y estar atentos a la “fiesta de América”.

Estadios renovados en varias regiones del país, la presencia de Messi en La Serena más la visita de la “verde-amarela” y Colombia con todas sus figuras al siempre frío y húmedo Temuco son las cartas del torneo para despertar la emoción y cautivar la atención de las y los chilenos. Pero algo no anda bien en los cálculos de los organizadores y el gobierno. La ya clásica anestesia futbolera, que tiene como punta de lanza la participación del combinado chileno en alguna competición internacional, no ha dado los réditos esperados y, como se diría por acá, “la Copa América no calienta a nadie”. Todo esto a pesar de ser los organizadores del torneo tras 24 años.

Chile, país que nunca ha levantado el trofeo de selecciones más antiguo del planeta, para esta edición presenta sus credenciales de candidato. El tener a dos jugadores disputando la final de la Champions League el pasado fin de semana (Vidal de titular en la Juventus y Bravo en el banco de suplentes del Barcelona), sumado a las actuaciones de Sánchez en el Arsenal inglés, llaman a la ilusión a una hinchada que espera que con la localía se acaben las victorias morales y al fin el fútbol chileno tenga una copa que mostrar al mundo. Pero con todo lo anterior, “la copa no calienta a nadie”.

¿Cómo explicamos el fenómeno? Es muy sencillo: para un número importante de chilenos la situación del país no ha sido normal durante las últimas semanas. Para empezar, a la fecha los profesores del sistema público chileno comienzan la segunda semana de paro indefinido para exigir al gobierno que retire del parlamento el proyecto de “Carrera docente”, el cual no contempla las demandas más sentidas del magisterio local (alza en los salarios, fin al agobio laboral entre otros) y se diseñó sin la participación de los mismos. Esto lleva a que miles de niños y jóvenes no acudan a sus centros de estudios, ante lo cual el gobierno ha respondido deslegitimando la acción de los profesores, responsabilizando a estos de la situación actual, incluso culpando a los docentes de la deserción de alumnos del sistema público por el exceso de “tomas y paros”. De ahí en más resulta lógico que los pedagogos sigan movilizados hasta que el gobierno retire el proyecto de ley y converse con ellos sobre la carrera profesional docente. Y de paso, que el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, deje de visitar los matinales televisivos denostando a los docentes, dejando entrever que todo la movilización es solo para “evitar la evaluación de desempeño” que propone la ley.

En el Congreso chileno también sigue en discusión la reforma laboral, proyecto emblema de la administración Bachelet, el cual también causa escozor en gran parte de la dirigencia sindical ya que en cada discusión que se da desde el gobierno y sus parlamentarios terminan estas favoreciendo el interés de los empresarios, en desmedro de la negociación colectiva por rama. Una vez más, la Nueva Mayoría (coalición gobernante) vuelve a mostrar que le interesa más mantener tranquilos a los empresarios que ponerse en el lugar de los trabajadores, quienes participan tan solo del 35,8% del Producto Interno Bruto del país.

Pero en la sede del Parlamento en Valparaíso y en La Moneda están muy lejos de vivir días felices. Los casos de corrupción suman y siguen involucrando a diputados, senadores y ministros en ejercicio o que han tenido que dejar su cargo por la presión social. Bachelet, quien sufre con la más baja aprobación de sus dos periodos presidenciales (un mísero 26%), ha buscado fórmulas para poder, según sus propias palabras, “volver a recuperar la confianza de los chilenos”.

Dichas medidas comenzaron con la salida del gabinete de su ministro del Interior y brazo derecho Rodrigo Peñailillo, acusado de recaudar ilegalmente fondos para la campaña presidencial a través de la empresa del ex yerno del dictador Augusto Pinochet. El cambio de gabinete no le dio los resultados esperados a Bachelet, ya que uno de sus nuevos ministros, el hasta su nombramiento diputado Jorge Insunza, había realizado estudios a empresas mineras, mientras era el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. El evidente conflicto de interés provocó que Insunza tuviera que renunciar a tan sólo 28 días de asumir. La falta de prolijidad en su elección y la evidente corrupción que significa ganar dinero realizando estudios a empresas mineras que él mismo debió fiscalizar, deja aún más instalada la sensación de que “ningún político se salva” entre la mayoría de los chilenos.

Pero la ola de corrupción no para. Estas semanas ha quedado en evidencia que la ley de pesca, aprobada durante la administración Piñera, fue discutida y aprobada por diputados y senadores que paralelamente estaban siendo financiados por los grandes consorcios pesqueros como Corpesca. Por lo anterior, el senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi (ambos del conservador partido Unión Demócrata Independiente) están siendo acusados y juzgados por el delito de cohecho. Por lo perjudicial de ley y lo sucio de su origen, los pescadores artesanales han comenzado a reunir firmas para exigir la derogación de la normativa pero, como cuento repetido, el gobierno sigue haciendo oídos sordos a dichas peticiones.

¿La Copa prende o no prende? Hoy comienza a rodar la pelotita. El gobierno y los parlamentarios esperan con ansias el inicio del torneo con la esperanza de que Chile alce la copa y la gente olvide el gris panorama político actual.

Docentes, estudiantes, pescadores y un número cada día más grande de chilenos y chilenas comienza a cantar, como si estuvieran en una de las canchas de la Copa América, un grito que atemoriza a muchos pero que esperanza a miles: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

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La crisis que se desató en Chile tiene como trasfondo la corrupción, que desde el primer gobierno de Bachelet fue denunciada por algunos sectores. El posible “impuesto al titulado” y la nueva Constitución en el blanco de las discusiones.

El diario La Tercera lo tituló así: “Bachelet lanza ambicioso plan de medidas contra la corrupción”. Y en la bajada decía: “Los anuncios de la Presidenta apuntan sobre todo a darle mayor transparencia en el uso de fondos públicos por parte de las autoridades e impedir el intervencionismo electoral”. Resulta que la semana pasada la mandataria chilena anunció en cadena nacional una serie de medidas para enfrentar los distintos casos de corrupción que tienen sacudida a la clase política chilena. Pero la portada de La Tercera a la que referimos no es del día siguiente al anuncio sino del 24 de noviembre de 2006, durante el primer mandato de Bachelet.

No todos los días se encuentran dos noticias distintas que puedan ser tituladas de la misma forma, pese a haber nueve años de diferencia entre ellas. Y menos que traten sobre la corrupción en Chile, ese país miembro de la OCDE, el “jaguar de Latinoamérica”, el que destaca en rankings internacionales como un paradigma de la transparencia.

Lo cierto es que la cadena nacional de la presidenta es la respuesta del gobierno a una situación que, a veces, parece incontrolable, como una verdadera caja de pandora de la relación entre la política y el dinero que se abrió a fines de 2014.

Hoy, las encuestas muestran que las instituciones de la democracia post dictatorial están en crisis. La desconfianza en el Congreso supera el 75 por ciento y el gobierno tiene una desaprobación histórica del 62 por ciento. Los partidos tampoco se salvan: la Nueva Mayoría (la ex Concertación que gobernó entre 1990 y el 2010, más el Partido Comunista) tiene un rechazo del 63 por ciento y la derecha de un 74 por ciento. Los casos Penta, Caval y SQM tienen a la clase política de cabeza. Ha sido esta última empresa y su financiamiento ilegal a la política la que provoca respuestas como la de Bachelet. No sólo por los 11 millones de dólares de boletas sin respaldo –que llegaron a campañas de todo el espectro político- sino que también porque el dueño de SQM es Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, un hombre quien hizo su fortuna y adquirió la mayor empresa no metálica del mundo cuando fue privatizada por el Estado en 1987. Y como buen símbolo de la transición pactada, Ponce Lerou tejió sus redes de influencia tanto con la derecha como con la Concertación.

Si hay algo particular de la presente crisis es que pareciera que nadie se salva. Con el caso Penta, la derecha quedó en el suelo. Y con SQM, la Nueva Mayoría parece seguir el mismo camino. El histórico recaudador de dineros de campaña de la Concertación, Giorgio Martelli, es investigado por 250 millones de pesos que habría recibido de parte de SQM. Y peor: se encontraron boletas ligadas a una empresa de Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior y mano derecha de Bachelet, diversos asesores de La Moneda y nada menos que el director del Servicio de Impuestos Internos, el órgano estatal encargado de fiscalizar los impuestos en Chile.

La respuesta del poder

Entre los anuncios de Bachelet estaba el término del financiamiento reservado a la política y paso a un financiamiento público, reducción de propaganda electoral y tipificar como delito la corrupción y fiscalización entre la política y los negocios. Y lo más importante, el inicio de un nuevo proceso constituyente para septiembre.

Más allá de un paquete de medidas, muchas de las cuales son necesarias, hay algo que Bachelet no puede obviar: su propia coalición está cruzada en su seno por los intereses del capital financiero. Así lo demostró durante la tramitación de la Reforma Tributaria. Tenían la capacidad y los votos en el Parlamento para aprobar una reforma de verdad, pero la imagen terminó con gran acuerdo con la derecha y el empresariado.

Hoy se dudan si esos recursos alcanzarán para financiar la prometida gratuidad universitaria, de la que todavía no se sabe mucho. Incluso se ha hablado de un “impuesto al titulado”, es decir, que el estudiante estudie “gratis” y cuando empiece a trabajar pague a través de un impuesto. Los costos de una reforma que no quiso tocar los bolsillos de los empresarios lo pagaría la ciudadanía.

Y en paralelo, como parte del gran paquete de reformas para acabar con la desigualdad, se presenta ahora un proyecto que “moderniza las relaciones laborales”, que ha sido duramente criticado por los trabajadores pues no termina con el Plan Laboral creado en dictadura. La negociación colectiva a nivel de ramal, sindicada por expertos como una herramienta concreta para combatir la desigualdad, no es abarcada.

Nueva Constitución

Indirectamente, Bachelet descartó el martes convocar a una Asamblea Constituyente. “Daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberán desembocar en la Nueva Carta Fundamental”.

Los llamados “diálogos ciudadanos” que se llevaron a cabo en 2014 para la reforma educacional pueden ser una referencia para este proceso de consulta con la ciudadanía. Entonces, el gobierno convocó a organizaciones sociales para discutir sobre una reforma que, en paralelo, se tramitaba en el Congreso, sin ninguna posibilidad de darle a cualquier resolución que se tomara en los diálogos el carácter de vinculante. Un juego mediático o ilusión de participación.

En este Chile de la Nueva Mayoría, el Chile de las reformas, habrá que esperar a ver cómo decanta el proceso constituyente. Una vez más, la ambigüedad de la presidenta provoca que el debate público se centre en si descartó o no la Asamblea Constituyente. Hablar de la nueva Constitución resulta una buena estrategia para que no se siga hablando de temas incómodos. Por ejemplo, que después de un mes en prisión preventiva, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner (condenados por caso Penta) ahora están con arresto domiciliario, pese a los reclamos de la Fiscalía. O que cada vez son más los funcionarios de gobierno con boletas a SQM, o que en la investigación ya aparecen indicios de que el mismo mecanismo también se utilizó en las elecciones presidenciales de 2009.

Pero el más incómodo de todos los temas es que probablemente serán los mismos políticos financiados por el pinochetismo quienes decidan el contenido de la nueva Constitución. La crisis de legitimidad que hoy vive la clase política en Chile está lejos de solucionarse con un paquete de medidas, porque esta coyuntura refleja algo más que un par de empresarios o políticos que se escapan de la regla. Es una condición estructural del Estado neoliberal chileno. Una relación de dependencia tan estrecha entre la política y los intereses económicos provoca que la corrupción sea parte del juego. Pinocheques, Chispas, MOP-Gate, La Polar, Cascadas, Penta, Caval y SQM, todos casos de corrupción que ha visto la sociedad chilena en el último tiempo pero que terminan, casi siempre, con una clase política que hace grandes acuerdos para esconder la basura debajo de la alfombra.

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