y se le soltó un patín

a él, que era el rey de esta jungla,

se le soltó un patín.

Patricio rey y sus redonditos de ricota (1993)

Todo poder tiene un final, 

todo lo hecho hay que pagar.

Guillermina, (2004)

Por Pablo Nolasco Flores

I

 Es importante aclarar que las notas que uno puede tomar y luego volcar en un escrito más o menos ordenado son producto de charlas con otras personas. Si durante el 2024 nos la pasamos tratando de comprender -con altos niveles de pesimismo- como Milei llegó al poder, lo que va del 2025 puede pensarse como una transición a otro estadío que pueda alejarnos de esa impotencia y malestar. La mejor manera de poder transitar estos procesos es encontrarse en el diálogo con otros. En principios con quienes pensamos parecido y estamos convencidos de que el capitalismo no tiene nada bueno para ofrecer a la humanidad. Algunas de estas notas lograron encontrar síntesis a partir de la palabra de otros. Sergio, con más de cincuenta años de militancia, aerografista y profesor de historia en escuelas secundarias, siempre dice que cuando uno no sabe para donde ir, hay que bajar y escuchar.

II

 Lucía, una artista y estudiante del profesorado en artes visuales, comentó que andaba pesimista. “El año pasado le puse el cuerpo a todo”. Lucía está pesimista. Como muchos. El pesimismo de Lucía y de muchos tiene que ver con la sinergia de la persona con consciencia social y de clase. Apostar a las luchas. Marchar, marchar y marchar. El problema es que cuando se apuesta a la movilización sin comprender el escenario, el optimismo ingenuo de la lucha de clases nos puede arrastrar al peor de los pesimismos. Hay que decirlo. Luchamos durante todo el 2024 y el ajuste pasó. Pasó porque hubo un consenso del ajuste durante todo el año pasado. La política le daba la espalda a la lucha de clases. Este año algo se movió. Primero con la marcha anti fascista, luego con el combate de los hinchas que salieron a defender a los jubilados en marzo, el paro general de CGT, y la enorme cantidad de conflictos, sobre todo el Garrahan y la de los discapacitados. Parecerìa que hay algo en progresión. Que esto madure no solo depende de la voluntad y no surge por espontaneidad. Una de las conclusiones que sacamos con Lucía era que hay que saber cuando vale la pena hacer cagar a palos. Estas luchas lograron sumar indignaciones, masa crítica y batallas discursivas contra la crueldad. Parece que pegarles a los jubilados todos los miércoles y haberle volado la cabeza a un fotógrafo no fue gratis. Ahora estamos en un tiempo político y la disputa pasó por lo electoral. No hay dudas que algo de todo este proceso de luchas y de broncas se expresó en los resultados de ayer.   

III

 El escándalo de las coimas en discapacidad generó una crisis política sin precedentes. En primer lugar, salpicó al régimen político. De hecho, en el rechazo al veto del aumento en discapacidad, el caso jugó un papel fundamental: era difícil acompañar al presidente en esta cruzada después de ver como su hermana se robaba la plata de un sector vulnerable que estaba sufriendo el ajuste. La clase política le empezó a soltar la mano. Pero además, el hecho de corrupción le pone un límite moral a la cruzada libertaria: ya no puede haber más ajuste ni motosierra. El triunfo de los discapacitados y sus familias no puede leerse sólo como producto de la lucha. Hubo algo de la crisis política que funcionó como elemento de posibilidad para el rechazo al veto. La elección de ayer, ¿terminó de confirmar la crisis política? 

IV

 Cristian, doctor en historia, asesor en temas económicos de sindicatos y docente en profesorados de la Provincia de Buenos Aires, entiende que las malas decisiones políticas aceleraron los tiempos que eran esperables en temas económicos. Lo que uno esperaba a mediano plazo, sucede en el corto. Siempre es bueno repetirlo, la economía es política. Y en el caso argentino más aún. De hecho, a Milei se le quemaron los papeles y escondió sus dogmas. La suerte de su programa económico se la dejó a una elección de medio término desdoblada. Había sido que no todo marchaba acorde a plan. El gobierno libertario transita los intentos de una estabilización inestable donde todavía la inflación no es un problema del pasado, se sostiene el superávit fiscal a costa de no gastar en nada, los dólares escasean y son pocos los sectores que pueden acceder a algunos consumos de bienes importados. Por ello, es necesario dejar de comparar a este proceso con el menemismo. Menem partió de un amplio consenso político para poder votar leyes que posibilitaron las futuras reformas económicas. La ley de convertibilidad fue aceptada por la política y las diferentes fracciones de la burguesía que operaban en el país cerraron filas y nació la comunidad de negocios. Con los primeros años de la convertibilidad, la economía argentina se capitaliza a base de privatizaciones e inversiones extranjeras directas. Las clases medias accedieron al crédito y al consumo, no había inflación, ni déficit fiscal y comercial. Es decir, la estabilización macroeconómica se combinó con la principal fuente de consenso social que tuvieron los gobiernos históricamente para construir hegemonía: consumir. Luego de los resultados de ayer, Milei habló y prometió más ajuste para sostener el esquema. ¿Habrá devaluación antes de las elecciones nacionales de octubre? ¿Cuántas devaluaciones más puede aguantar esta sociedad que ya soportó un año y medio de ajuste? Leandro Bartolotta e Ignacio Gago vienen insistiendo hace rato en que una sociedad cansada y ajustada no le regala gobernabilidad y representatividad a nadie. Mientras no se resuelva lo económico va a estar dificil gobernar.

V

 En definitiva, la elección de la Provincia de Buenos Aires terminó siendo la forma en que se dirimió el malestar económico y social. La piña electoral a Milei puede leerse como una nueva muestra de un acto defensivo de una mayoría contra algo que se eligió para repudiar a lo viejo que fracasó, pero que no funcionó. Si esto es así, el pueblo estaría acumulando una nueva experiencia de frustración. Quizás el peronismo logra aglutinar esa defensiva, pero no convoca, no enamora ni propone una alternativa. En ese marco, la izquierda no logra capitalizar el descontento. A simple vista no hay programa alternativo. No hay ideas y las nuevas referencias no surgen. Corremos peligro si la política se vuelve a comer todo como en el 2017, cuando el peronismo dijo “hay 2019”. Sin nuevas referencias políticas genuinas que salgan desde abajo ni un programa alternativo, corremos el riesgo de volver a sumarnos a la repetición de viejas recetas que nos llevaron a un Milei presidente. 

VI

 Una última idea. Es evidente que hay un piso desde donde podemos resistir, discutir y proyectar. Hay núcleos del buen sentido común que nos pueden ayudar a pensar en futuros mejores. Pero para ello hay que quitarse el lastre de las formas de hacer política desde arriba. Hay que romper la lógica del posibilismo, animarse a transgredir con la palabra y contagiar a otros. Diego Sztulwark escribió en su último libro, El temblor de las ideas, que “la indignación sin lucidez combativa se torna complacencia”. Con Sergio venimos insistiendo en la idea de romper con el malestar politizando todo los espacios que podamos porque no alcanza con la indignación. Y la forma que encontramos es provocando. Aprovechemos este envión para que seamos una mayoría quienes empecemos a provocar y romper con esa complacencia. 

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Por Vivian Palmbaum | Foto: SADO Colectivo Fotográfico

El 2020 atravesado por la pandemia y el aisamiento fue muy difícil para todas las personas, pero para quienes están privadas y privados de su libertad es imposible de dimensionar. A un sistema penitenciario en grave crisis por la sobrepoblación, el hacinamiento, la insuficiente o inexistente asistencia en materia de salud, la falta de alimentación adecuada, solo por mencionar algunas cuestiones elementales, se sumó el incumplimiento de las recomendaciones que realizaron organismos como la ONU para mitigar y evitar el impacto del Covid 19 en contextos de encierro y que confinaron a las personas que forman los grupos de riesgo a permanecer en condiciones de hacinamiento y falta de higiene.

Las personas privadas de su libertad con graves enfermedades no pudieron acceder a domiciliarias, tampoco las y los mayores, mujeres embarazadas, mujeres con hijes, entre otras. La situación de las personas no binarias y trans fue mucho más difícil de sobrellevar sin elementos de higiene en este contexto. Una continua revictimización de quienes ya están condenadxs por el sistema.

La pandemia se hizo presente en los contextos de encierro en silencio, invisibilizada y causó consecuencias que desconocemos. En medio de estas situaciones, en la provincia de Buenos Aires se produjeron muertes inexplicables por situaciones naturales: suicidios de personas que estaban ilegalmente en buzón, brutalidad y golpizas hasta la muerte. Y a nivel nacional, según la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), desde el 20 de marzo, se produjo una muerte cada seis días en las cárceles federales del país; siendo hasta el 31 de octubre, 40 las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal; 17 de ellas, por COVID- 19.

Detrás de los muros habitan personas que privadas de su libertad esperan las visitas de familiares y amigos que ayuden a transitar estas difíciles situaciones de cumplir una condena y les asisten con alimentos y necesidades, les llevan el cariño y muchas veces con su presencia son una garantía frene a la brutalidad de las fuerzas del Servicio Penitenciario. Fueron las personas en condición de encierro quienes primero fueron privadas de las visitas, aunque el coronavirus llegó igual de la mano de guardiacárceles y personal penitenciario.

Después de 8 meses de aislamiento y soledad, se había dispuesto que se reanudaran las visitas a las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La decisión luego de ser comunicada fue suspendida, tal como informan familiares en un comunicado que cuenta que se volvió atrás con la decisión: “una vez que centenares de familiares habíamos comprado pasajes y comida, gastando nuestro escaso ingreso en la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos”. La suspensión produjo serias protestas en las cárceles de la provincia, “huelgas de hambre y las tomas pacíficas de los pabellones son la única medida que pueden tomar lxs privadxs de su libertad frente a un sistema que NO les escucha, que NO quiere siquiera reconocer como legítimos sus derechos”. Las medidas de protesta pacífica exigieron “que se otorguen los beneficios que corresponde. Que se dé solución al hacinamiento que mantiene hasta 18 presos en una celda para 6 personas de 3 mts x 2.5 mts. La superpoblación de las cárceles excede en un 100% a las capacidad real de las mismas”.

“En el centro universitario uno no está en la cárcel”

El Centro Universitario San Martín (CUSAM) es un espacio educativo creado por la UNSAM en el interior de la Unidad Penal N.° 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la localidad de José León Suárez del partido de General San Martín (Provincia de Buenos Aires). La oferta curricular está compuesta por las carreras de Sociología y Trabajo Social, dictadas por el IDAES, así como por talleres artísticos y de oficios.

Desde Marcha entrevistamos a Abel Díaz, quien cumple condena en la Unidad Penal 48, vicepresidente del CUSAM, del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor, y referente del pabellón 6, universitario. Además, coordina tareas para la universidad y otras actividades, incluidas las virtuales por la situación de aislamiento.

Abel nos contó que significa estar estudiando en este contexto: “la universidad me cambió en mi interior, me está cambiando como persona, me está purificando”. Explica que decidió estudiar, porque “era un espacio para entrenarme, para luchar frente a tanta injusticia”. Abel en sencillas palabras reveló “el ser universitario es una salida, porque te cambia la lógica de la cárcel. En el centro universitario uno no está en la cárcel, está en el centro universitario. Por eso todas las lógicas tumberas, como le llamamos acá, dejan de tener sentido en un espacio como ese, donde el par es un estudiante, no es un preso con más o menos estatus a nivel delictivo, es un estudiante”.

Además de garantizar el derecho a recibir educación de la personas privadas de la libertad ambulatoria, el proyecto del CUSAM, se propone una transformación social de las personas que allí estudian y las instituciones (la universidad, la cárcel y el territorio), a partir de la formación académica y de investigación, artística, cultural y del trabajo.

El CUSAM “es un lugar diferente”, afirmó Abel, “la entrada en un universo que está vedado por la sociedad, porque el ingreso a una universidad, por más que sea pública, a veces está vedada para ciertos sectores de la sociedad, igual que el arte”.

Díaz, nos recordó que la tasa de reincidencia para quienes estudian es mucho menor. Sin embargo, los obstáculos para quienes quieren volver a reinsertarse son muchos, “si bien tenemos una ley que no se cumple, la 14.301, que es de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, que obliga al Estado a tener un porcentaje de liberados. Pero si yo me recibo de trabajador social y quiero trabajar en el Estado, me piden un certificado de antecedentes penales que me impide hacerlo y así pasa en otros lugares, como por ejemplo, la matrícula del Colegio de Abogados no puedo sacarla porque si estuve preso, el colegio me discrimina y tampoco podría ser escribano. Si bien el paso por la universidad y ese nivel educativo hace que la tasa de reincidencia baje, no es menos cierto que es muy difícil conseguir un trabajo para la persona que estuvo privada de su libertad, que lo tomen en un empleo si tiene antecedentes penales”.

La ley persigue a las personas que fueron condenadas, no solamente hasta que terminen su condena, la prescripción de una causa penal termina hasta 10 años después de haber pasado por el encierro y eso le impide hacer un monton de cosas. “Esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar en la sociedad, para que realmente baje la tasa de reincidencia”, afirmó Abel, “el complimiento de la pena, no se paga solamente con la pena, se paga con el dolor, se paga con el cuerpo, se paga con tortura dentro de la cárcel”.

Represión sin límites, también dentro del Centro Universitario

En algunas unidades penitenciarias se vivieron momentos de violencia extrema, luego que se había llegado a un acuerdo para restituir las visitas. Represión a las protestas, traslados intempestivos y ataques a los centros educativos fueron la respuesta por parte de las fuerzas del Servicio Penitenciario. Asi sucedió en la Unidad Penal 48, del Penal de José León Suárez, donde se vivió una jornada de violencia y brutalidad, contra el CUSAM, Centro Universitario San Martín, espacio dentro del penal donde funciona la Universidad de San Martín. También el espacio educativo universitario de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, donde la Universidad de La Plata tiene trabajos educativos, fue atacado.

En el CUSAM fueron los propios alumnos quienes en medio de la violencia defendieron “con sus cuerpos ese espacio”; sin embargo, parece que no fue suficiente porque “una vez en sus pabellones y engomados (sin poder salir de sus celdas), comienzan a ver humo en las inmediaciones del CUSAM”, como expresan en el comunicado. Allí comenzó una situación que ellos mismos califican de “venganza por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, que literalmente, destruyó todo lo que estuvo a su alcance”. Los agentes represivos prendieron fuego la biblioteca, la radio y el Centro de Estudiantes. Se quemaron libros, computadoras, bancos y todos los instrumentos musicales que pertenecían a “Rimas de Alto Calibre”, una banda que nació en ese espacio y que “ha podido romper cadenas en esa libertad conseguida”.

Abel Díaz, con mucho dolor, advirtió que el ataque al centro universitario “fue una reafirmación de la exclusión”, de que “estos negros no estudien ¿cómo los presos van a ser profesionales? ¿Cómo se van a educar los presos?”. Sin embargo, tiene expectativas para la reconstrucción del CUSAM y en medio de esta dolorosa situación, explicó que están haciendo una campaña y la universidad también, para reconstruir el lugar. “Después de esto vamos a tener un lugar mucho mejor que el que teníamos. No nos van a quebrar con este tipo de acciones”, esperanzó Abel.

Familiares de personas privadas de su libertad en contexto de encierro y amiguxs se autoconvocaron ayer para protestar frente a la gobernación en La Plata para repudiar la represión. Mientras, autoridades de la Universidad recorrieron junto al juez de ejecución, Alejandro David, las instalaciones del CUSAM, para constatar los daños que sufrió. El juez se comprometió a abrir una investigación para establecer las responsabilidades. La Universidad de San Martín (UNSAM) junto a estudiantes del centro universitario comprometieron sus esfuerzos para reconstruir esta posibilidad para las personas privadas de su libertad. Tras la represión llega la reconstrucción.

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome | Fotos: Amnistía Internacional Argentina / Tomás Ramírez Labrousse

Cristina Castro es una madre en búsqueda de la verdad, una dolorosa fórmula a repetición que anhela un definitivo “Nunca Más”. “En vez de estar haciendo show, debería ponerse a trabajar”, afirmó, en conferencia de prensa y en referencia al Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Cristina estuvo acompañada de Luciano Peretto y Leandro Aparicio, abogados de la familia, y Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La conferencia de prensa se realizó, además, el día en que Cirstina Castro se reunió con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y con la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y a un día del comienzo de las pericias (comienzan hoy) al cuerpo encontrado en Villarino Viejo en el marco de la causa federal por la desaparición forzada de su hijo, Facundo Astudillo Castro, de 24 años.

“Lo miré a los ojos, me ha dejado conforme y tranquila, pero eso no significa que no vaya a seguir hasta que todo salga a la luz”, contó Cristina sobre la reunión con Fernández. “Hay cosas que no puedo contar pero ha sido muy sincero”, agregó. Por su parte, Luciano Peretto, uno de sus abogados, reafirmó que “en la búsqueda de la verdad, (el Presidente) ha puesto a disposición todas las garantías para que la investigación se de con absoluta transparencia” y expresó que están conformes con el acompañamiento institucional que representa este recibimiento de dos horas.

Tras el encuentro con el primer mandatario, Cistina Castro participó de un segundo, junto a sus abogados y la Ministra Frederic: “se armó una mesa de trabajo”, contó, “la pericia comienza mañana (por hoy), a las 10. No sabemos hasta qué punto nos van a dejar, pero vamos a estar ahí”. Desde Amnistía Internacional Argentina exigieron “que se investigue de forma parcial e independiente”.

“No le voy a tener miedo”

“Yo le diría a Sergio Berni que así como me está tratando a mí, está tratando a cientos de papás a quienes sus hijos han ingresado a la comisaría y han aparecido suicidados”, dijo Cristina Castro, “no le voy a tener miedo. En vez de estar haciendo show, debería ponerse a trabajar”, agregó, “cuando Berni llame a cada una de esas familias, le voy a decir que empiece a hablar, antes no”.

El Ministro de Seguridad bonaerense también fue señalado por otro de los abogados de la familia Castro, Leandro Aparicio, “no sabe de lo que está hablando”, afirmó, y lo mencionó a la par de lo que llamó “un plan para el encubrimiento”, junto al Secretario de Seguridad de Villarino Viejo, y al intendente, Carlos Bevilacqua. También de un periodista acusado de operador, Gustavo Sasso. Mientras sucedía la conferencia de prensa donde se señalaba la responsabilidad política del ministro de seguridad bonaerense y su plan de encubrimiento, Berni hablaba con “Fantino a la tarde” y decía “bajé 4 kilos pero estoy bien”.

Peretto habló sobre las hipótesis de que Facundo hubiera podido tener un accidente: “no hay ningún elemento en el expediente para asegurarlo. Pero sí hay elementos que no van a permitir que la causa caiga, los teléfonos celulares de los policías involucrados, los diálogos, las actitudes, los ADN de los patrulleros, la falta de respaldo de sus movimientos, las contradicciones, los testigos falaces, y ahora la aparición dudosa de un cuerpo”. “Y lo de la zapatilla”, agregó Aparicio, “¿una torpeza del encubrimiento o un mensaje?”.

Para los abogados, hay un plan de encubrimiento para evitar que en la investigación sobre qué pasó y dónde está Facundo, se llegue a la verdad. Para ellos, Facundo fue fuertemente golpeado y traslado a un calabozo. Y su desaparición tiene que ver con tratar de ocultar un desenlace. “Le estamos pidiendo al fiscal y a la jueza que periten los calabozos”, agregó Peretto. Se refiere al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, de Bahía Blanca. “Quien representa al Estado, no está representando al Estado”, agregó el letrado, “no ha participado del procedimiento, no mantiene diálogo con la familia, no ha tomado contacto con allanamientos ni las testimoniales más importantes de la causa. Está haciendo esfuerzos para no llegar a la verdad”.

Para Aparicio, “hay pericias que complementar, ya que hay un contexto más amplio que investigar y hay pruebas testimoniales objetivas”, y agregó, volviendo la mirada sobre el fiscal Martínez, “es muy clara la participacion de la policía en el marco de la denuncia, podemos denunciar pero no podemos acusar, si el fiscal no lo hace, no podemos hacer otra cosa que manifestarlo”.

“Hoy me toca a mí, no lo pedí. Me gustaría estar en mi casa, con mis nietas pero no me puedo dar el lujo que esto siga pasando porque para los pibes, tener entre 18 y 24 años es un peligro. Nos los están suicidando, estamos viviendo en democracia, esto no puede pasar, no debería pasar”, y apuntó: “los derechos de la policía terminan donde empiezan los nuestros como cuidadanos”.

Finalmente, Cristina Castro agradeció la presencia de les periodistas en la conferencia virtual. “Son días difíciles pero como mamá no podemos quebrarnos”, dijo, “empezaré a gritar y si tengo que dar vuelta el mundo, lo voy a hacer”. Y volvió sobre la responsabilidad de gestión de las fuerzas represivas: “Berni está enojado porque alguien como yo (quiza en su rol masculino nadie lo hizo), pero yo sí le voy a hacer frente”.

Y agregó, “no tenemos que tener miedo porque esto no tiene que pasar Nunca Más. Cuando nos tocan un hijo, nos tocan el alma y no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir adelante para que puedan estar tranquilos; y ese cambio lo genera la sociedad. Nunca Más un Facundo, el Nunca Más tiene que ser un Nunca Más”.

La familia de Facundo Astudillo Castro pidió que la jueza María Gabriela Marrón acepte a la médica legista Virginia Creimer como perito de parte para tener “cierta participación en la cadena de custodia y las medidas de conservación de lo que queda de ese cuerpo”. El 5 de septiembre se conocerían los resultados de los peritajes de ADN que se realizarán en Córdoba.

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Por Mauricio Polchi

“Bueno, resulta que yo fui una de las contagiadas”, dice el mensaje de whatsapp que Roxana envió el pasado 5 de julio. La primera escucha te deja en shock. La segunda, aturde. “Hola Mauri, soy Roxana de la olla colectiva ‘Nosotros la luchamos’, tú me entrevistaste y yo te dije cuál era la preocupación como mamás del barrio. Te cuento que di positivo y ahora estoy sin mi familia y aislada en un hotel”, explica, con una voz pausada y serena que sale desde el celular.

Unos días antes, esa misma mujer había denunciado ante la prensa la ausencia del gobierno de la Ciudad en el barrio Rodrigo Bueno. La posibilidad de contagio estaba latente. “Me dio fiebre, estuve entre 5 y 6 días con más de 39 grados, un dolor de músculos y hueso muy feo, la cabeza me explotaba, no sentía el olor, no sentía nada. Entonces me tuve que ir a hacer el testeo y me confirmaron el contagio. Igualmente, yo sigo preocupada porque me comunico con mis vecinos y me cuentan que todo sigue igual y no están testeando casa por casa”.

Por esas horas, en conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmaba que ya se había perforado la barrera de los 100 muertos en las villas de la Ciudad. Sobre un total de 700 fallecidas y fallecidos en todo el distrito, 105 pertenecen a los denominados barrios populares. “Este virus vino a demostrar toda la inequidad que la sociedad contemporánea tiene”, reconoció Quirós, a pesar de las críticas.

Muchas de las víctimas son referentes de los comedores y merenderos que alimentan a miles de personas de lunes a lunes. El caso más emblemático es el de Ramona Medina, de la Villa 31 de Retiro y parte de La Garganta Poderosa. El más reciente, el de Rossio Roxana Choque, militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en el Bajo Flores. Entre otros y otras, a esa lista de pérdidas dolorosas se agregan los nombres de Víctor “El Oso” Giracoy, del histórico comedor Estrella de Belén (Villa 31); Agustín Navarro, militante de la Mesa por la Urbanización y Barrios de Pie (Villa 31); Víctor Ávila de Juegotecas Barriales – Puerto Pibes (Villa 31); Pedro Condorí, de la Corriente Nacional de la Militancia (Villa 31); y Carmen Canaviri, del merendero “Lucecitas del Sur” de Barrios de Pie (Villa 1-11-14).

Por este motivo, desde hace varios meses, las agrupaciones sociales le reclaman a la Administración de Horacio Rodríguez Larreta que ese sector sea designado formalmente como trabajadores y trabajadoras esenciales. Están en la primera línea de contención del hambre, producto de la pandemia y apenas se les reconoce como “voluntarios”. No reciben ninguna remuneración, y dejan la vida en cada plato que preparan y reparten.

La Rodrigo Bueno: “Nos sentimos abandonados”

En la entrada del barrio hay un mural con los rostros de Héctor Lavoe y el Potro Rodrigo. La obra está muy bien hecha, y ellos se lucen de forma permanente. Esa postal, con los íconos de la cultura popular retratados en el ingreso, es una verdadera síntesis del ritmo musical que resuena en los pasillos de la villa. Los callejones internos son una especie de conductos que se trenzan como en un laberinto. Entre escalones y subidas, en esos ajustados pasadizos que sirven para transitar el corazón del lugar, es imposible sostener la cuarentena y el distanciamiento social. Además, a pesar de las restricciones por el aislamiento que rige en el área metropolitana, los comercios, todos sencillos, todos dispares, mantienen sus puertas abiertas y el movimiento es constante. Según el censo residían alrededor de 1800 personas en 2010. Sin embargo, otras estimaciones señalan que ya había más de 3000 en ese mismo periodo.

“Nos sentimos abandonados”, había alertado la propia Roxana Hurtado el pasado 17 de junio, ante la falta de protocolos sanitarios para la población del lugar. Todavía no tenía Covid, pero igual Roxana exponía “la falta de información oficial” que derivó en un brote local que ya tienen más de 120 casos positivos. Ella, junto a un grupo de vecinos y vecinas, cada fin de semana entrega viandas para más de 100 personas. “Lo hacemos de forma solidaria, con cosas que juntamos entre nosotros y las preparamos con mucho amor”.

Ubicado en el fondo de la Costanera Sur, en un espacio que hoy pertenece a la Reserva Ecológica, en el barrio Rodrigo Bueno predominan las casas precarias y humildes, en un fuerte contraste con las lujosas y gigantescas torres de Puerto Madero, que a pocos metros de ahí se elevan como rascacielos de cristal.

Bajo Flores: “Somos esenciales. Reconozcan nuestras tareas”

Unidas entre sí, las banderas de Paraguay, Perú y Bolivia, cuelgan de los árboles que hay en la rotonda de Riestra y Perito Moreno, al filo de la cancha de San Lorenzo, en el barrio. Es 9 de Julio y en el Día de la Independencia Argentina, las y los habitantes de la Villa 1-11-14 llevan adelante otra  jornada de ollas populares. Quienes organizan el encuentro usan tapabocas, limpian el ambiente, se higienizan con alcohol en gel y tratan de mantener el distanciamiento. Desde todos los rincones (del también llamado barrio Padre Ricciardeli) salen hombres y mujeres con sus hijas e hijos, que cargan tapers o cazuelas para llevarse un guiso caliente a sus hogares.

“La situación se encrudeció porque la pandemia resaltó las necesidades de los vecinos. La falta de laburo, de agua, vivienda”, explica Ana Gamarra, del FOL. Solamente en el Bajo Flores, esa agrupación entrega más de 3 mil porciones por día. “Hay situaciones muy graves, tratamos de darle de comer a todos los que podamos, pero las raciones no alcanzan. Incluso, muchas veces nosotras y nosotros tenemos que hacer donaciones. En esta época he conocido lugares del barrio que no sabía que existían, llegamos donde no llega nadie, y menos el gobierno”, asegura Ana, mientras coordina la jornada en la placita de la rotonda. También participan sus compañeras de Barrios de Pie y la CTA Capital.

Es jueves feriado, hace frío, y mientras asoma el sol del invierno, por cuarto jueves consecutivo se monta una acción de protesta para visibilizar las tareas que las mujeres desempeñan en los comedores comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. “Somos esenciales. Por el reconocimiento de nuestras tareas. Larreta, hacete cargo”, se lee en una de las ollas, que tiene una cartulina verde pegada a mano.

“Las trabajadoras comunitarias garantizamos el cuidado en nuestros territorios, con el cuidado sanitario, el de nuestras infancias, de los adultos mayores. Y esa labor no es jerarquizada ni reconocida económicamente, por eso pedimos políticas públicas que respeten la igualdad de derechos”, remarcó María Eva Koutsovitis, del Frente Salvador Herrera.

La desigualdad a la luz del COVID

Producto de la pandemia, el golpe sobre la economía será muy duro para todos los sectores. Para las clases bajas, el 2020 será devastador. Todos los indicadores anticipan que la pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a empeorar. A casi 4 meses del aislamiento obligatorio –y con las últimas semanas en una fase de retroceso en CABA y provincia de Buenos Aires, según acordaron en la Quinta de Olivos Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof– ya hay varios números que dan cuenta de esa dramática situación: 18.400 empresas de todo el país y rubros cerraron en dos meses; 285 mil trabajadoras y trabajadores registrados perdieron su empleo entre abril y mayo, y un crecimiento exponencial de personas que pasaron a pedir ayuda estatal.

Solo en CABA, la situación es aún más desesperante: la asistencia alimentaria en comedores porteños aumentó un 200% en apenas tres meses. Pero los informes de las organizaciones sociales aseguran que la realidad es más compleja. En este tiempo, las y los representantes de esas agrupaciones políticas mantuvieron reuniones con funcionarios para dialogar sobre un plan de emergencia que proyecte un aporte para quienes, de forma gratuita y solidaria, sostienen esos espacios. Pidieron insumos y herramientas sanitarias para esos lugares. Del salario, solo hubo amagues.

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Por  Lisandro Silva Mariños*

Tras escuchar la conferencia de prensa me ha surgido una gran impotencia. No esperen leer una cataratas de críticas o exigencias sanitarias-económicas sobre que debería hacer el gobierno (para eso merecemos una nota a aparte), o teorías conspiranoides que mezclan a Soros, con el 5G y los antivacunas, en un digno terreplanismo de la política que se reúne todos los sábados en el obelisco contra la cuarentena.

Lo que ha dado mucha impotencia (y bronca también) fue que a la hora de mencionar a diferentes actores sociales que vienen haciendo un esfuerzo para dar pelea contra la pandemia, se ha invisibilizado, y en efecto, desvalorizado y no reconociendo, a les trabajadores de la economía popular, quienes en las barriadas y villas son la primera línea contra el COVID-19. Se mencionó y revalorizó el esfuerzo del personal de la salud, las llamadas fuerzas de seguridad, limpieza y hasta empresarios, pero del sector que en su territorio deja hasta la vida, nada.

¿Pudieron ver el decreto que menciona las 24 actividades esenciales al cual volvemos desde el 1° de julio? Ahí dice que todes tenemos que abstenernos de circular e ir al trabajo. Pero exceptúa a ciertas actividades entre las cuales están las “personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos”. ¿Y saben qué? En el orden de actividades, ocupan el octavo lugar, ya que sin lugar a duda hay una jerarquía que va desde los trabajadores de salud, las fuerzas armadas, autoridades del poder ejecutivo, judicial y legislativo, pasando por los afectados a comedores, hasta llegar al veinticuatro, que nombre a los que trasportan dinero en camiones de caudales y rellenan los cajeros de bancos.

¿Quién iba a decir que en la emergencia, son más esenciales las compañeras migrantes que paran la olla, antes que otros cientos de trabajos que pensamos “productivos”? Quizás sea porque hasta hoy lo que entendemos por trabajo- o lo que nos quieren hacer entender- sea un puñado de ocupaciones que no reflejan el sinfín de tareas no remuneradas (y otras muy mal remuneradas y precarizadas) que a cotidiano realizan fundamentalmente mujeres.

Es sobre estas personas que hoy son esenciales, se le ha construido la categoría insultante de planeros. Y no lo hace solo la derecha y sus medios de comunicación, ya que hay veces que en las propias filas del gobierno abonan a ese concepto, cuando por ejemplo el ministro Arroyo dice que el objetivo de su ministerio es que la gente “pase del plan al trabajo”. ¿Acaso ya no trabajan esos miles de laburantes a los cuales se les paga por una tarea complementaria? ¿No es eso el Salario Social Complementario que hoy no llega a los $9.000?

Según el propio ministro, hoy 11 millones de personas comen en comedores populares, los cuales están abiertos de 7 a 15 hs. Es decir que un 25% de nuestra población, come de lo que cocinan (entre otros sectores) les trabajadores de la economía popular a los que algunos tienen el tupé de llamarlos planeros.

Pero volviendo. Más y más impotencia generó escuchar cuando se le agradeció a “Rodríguez Larreta por hacer el Operativo Detectar en las villas de capital”. ¿Saben por qué? Porque las y los trabajadores de la economía popular no sólo cocinan (haciendo malabares con lo que tienen), y distribuyen raciones en los comedores y ¡hasta llevan puerta por puerta las viandas a adultos mayores y personas aisladas!, sino que también han puesto el cuerpo para hacer los operativos DETECTAR. Se han formado como promotores y promotoras de salud durante años, y son quienes toman la temperatura corporal, detectan casos sospechosos, acompañan a personas a ser hisopadas, y hasta se encargan de aislar a contactos estrechos. No figura en ninguna estadística oficial, pero el 70% de los casos que se registran en las villas de CABA los han relevado las organizaciones sociales en su territorio.

Todo esto lo hacen arriesgando su vida. Basta con mirar el ejemplo de Ramona Medina, integrante de la organización La Garganta Poderosa en la Villa 31 de CABA; Víctor Giracoy, referente del comedor “Estrella de Belén” en el Barrio Mugica (CABA); Carmen Canaviri y Agustín Navarro, coordinadores de comedores de la organización Barrios de Pie; y Rossio Roxana Choque, del Frente de Organizaciones en Lucha, de la villa 1-11-14.

La pandemia nos está dejando muchos balances que entran en la frase ya trillada de que “el mundo no va a ser el mismo después del COVID-19”. Pero hoy nos dan la oportunidad de poner sobre la mesa estas tareas que no son reconocidas, las cuales han sido esenciales para la reproducción cotidiana de la vida, e incluso han salvado la existencia de muches.

Por último, una alerta.

El reconocimiento no puede quedar en el heroísmo, el sacrificio y la valentía de quienes desarrollan estas tareas. Tampoco en que en las próximas conferencias de prensa se los nombre. No alcanza con eso, ni con foros de debate, encuentros virtuales o reuniones de funcionarios para escuchar a las organizaciones sociales. Se necesitan medidas concretas para dar un valor real a eso que hoy se llaman actividades esenciales. Y a fin de cuentas hablamos de remuneraciones, de ingresos que saquen a estas personas de la línea de pobreza e indigencia, para alcanzar algo tan elemental como poder comprar una canasta básica de alimentos, al tiempo que son reconocidos derechos plenos como trabajadores. Entonces ni medidas simbólicas, ni bonos extraordinarios, ni refuerzos alimentarios, sino que ingresos pues hablamos de trabajadores que han demostrado su utilidad social ligada al territorio.

Pero la cosa no termina ahí, ya que reducirse a pedir un ingreso puede soslayar la necesidad de avanzar en la puesta en marcha de una política real y masiva de infraestructura pública para tener un piso de vida digna en los barrios populares de la Argentina. El virus golpeó ahí, donde el hacinamiento es moneda corriente, y el agua llega a cuenta gotas. Ingresos, derechos laborales e infraestructura. Tres (de muchas otras reivindicaciones) que permitirían decir que lo esencial no es invisible al Estado.

*Docente e investigador UNDAV-CONICET

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Por Redacción Marcha / Foto: Jorge Colás del Documental “La Visita”

El encierro como política preventiva y como sentido común ante la resolución de conflictos socio- culturales complejos llegó lejos. En la provincia de Buenos Aires, la situación de las personas privadas de su libertad, es de emergencia ya que a las condiciones edilicias y las torturas sistemáticas ejercidas por las y los agentes del Servicio Penitenciario, se suma la falta de decisiones alternativas al encarcelamiento como castigo ya que más de la mitad de la población carcelaria se encuentra con prisión preventiva y encerrados sin condena firme.

Según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en los últimos 4 años, la población detenida aumentó en más de 14 mil personas, un crecimiento del 42%. Desde 2015, el incremento en comisarías fue del 124%. Esto refiere a que, si tomamos en cuenta el cupo declarado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, que sería de 28.810 plazas, la sobrepoblación actual en la provincia de Buenos Aires es del 137%.

Esta situación produjo reacciones desde todos los sectores. Por ejemplo, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia bonaerense sugirió al Poder Ejecutivo, mediante la resolución 3341/19, trasladar algunos de los casi 50 mil presos/ as de las unidades penales a las prisiones federales o de otras provincias a efectos de atenuar el hacinamiento en las cárceles, calificado por la justicia como una “crisis humanitaria”. Sin embargo, para las y los presxs y lxs familiares, si éstos son compulsivos, suelen romper los vínculos de cercanía.

La resolución, señaló a los magistrados que deben mantener la prohibición de alojamiento en comisarías de jóvenes, enfermos y mujeres embarazadas y priorizar el vaciamiento de las dependencias policiales clausuradas. Además, reiteró la importancia del uso racional de la prisión preventiva, en base a los estándares dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky” y el uso de medidas alternativas a la prisión.

Según el CELS, “para revertir esta situación una de las cuestiones fundamentales es que los jueces adopten las propuestas de la Suprema Corte Bonaerense para favorecer las libertades ante delitos leves o que las personas pueden ser investigadas en libertad”. Se insta al poder judicial a “activar mecanismos urgentes para revertir la crisis humanitaria en la que se encuentra el sistema de encierro penal de la provincia de Buenos Aires”.

También el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, en octubre de este año, en la resolución 2301/18 reconocía que “las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento. La fuente de esta realidad se vincula seriamente con un fuerte incremento del encarcelamiento”.

Como consecuencia de estas políticas durante la gestión que acaba de terminar de Cambiemos, se produjo lo que se conoce como la Masacre de Pergamino, en la Comisaría 1 de esa ciudad, donde perdieron la vida el 2 de marzo del 2017 Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre. Muertos por asfixia y por la sobrepoblación de las cárceles en comisarías.

En su discurso de asunción, el pasado 11 de diciembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Frente de Todxs), tomó la problemática y afirmó que “hay una sobrepoblación notoria, y además ha habido un fuerte crecimiento, la cifra se elevó unos treinta y tres mil presos” (…), “es una cifra jamás registrada en la historia del sistema penitenciario argentino, que duplica la estadística nacional”.

El gobernador recibió en La Plata el viernes pasado a un grupo de familiares que están acompañando la huelga de hambre que realizan presxs de diferentes cárceles. Allí acordaron la creación de una mesa de diálogo -avalado mediante un decreto firmado por Kicillof- para buscar soluciones al problema de la superpoblación carcelaria en la provincia.

Sin embargo, las soluciones propuestas aún quedan en el nivel institucional, ya que las y los delegados de los penales en lucha, en voz de sus familiares, exigen sentarse frente a las autoridades provinciales para relatar en primera persona las violencias ejercidas por un sistemático torturador Servicio Penitenciario. Un gesto más que simbólico y que comenzaría a reparar tantos años de abusos, silenciamientos y criminalización de la pobreza.

El reclamo sigue y la disyuntiva está del lado del nuevo gobierno. Mientras en los penales las y los presos exigen que quienes están en huelga de hambre sean pesados y atendidos por personal médico particular, las mesas de trabajo se conformarán recién en febrero. El reclamo es urgente pero también histórico. Si no hay respuestas claras de parte del poder ejecutivo y judicial, se irá a una huelga general. Y sino, a un acampe frente al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. No están todas las voces, faltan lxs presxs.

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Por Reverso* | Foto de YPF

Días atrás, el usuario “Sushiplanero” posteó en Facebook un mensaje en el que señala que por “culpa” del precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, la Argentina “deberá pagar US$ 3.000 millones por la expropiación de YPF”.

Sin embargo, esa afirmación no puede ser probada, puesto que trata sobre un proceso judicial en marcha ante los tribunales de Nueva York, en el que actualmente se discute la jurisdicción en el que debería ser tratado. La cifra, en tanto, no fue confirmada oficialmente por ninguno de los organismos nacionales públicos encargados de la defensa de la Argentina, ni tampoco fue reclamada formalmente por el fondo Burford Capital, quien inició la demanda.

A continuación, un repaso por los principales aspectos del juicio, los fundamentos de la demanda, la defensa argentina y la respuesta del entorno del precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos.

El disparador

El post de “Sushiplanero” cuenta con más de 83 mil compartidos y 1.500 mensajes, y fue publicado el 24 de junio último. “Axel Kicillof quiere ser Gobernador. Hagámosle acordar a la gente, quién es Kicillof y que gracias a él, Argentina deberá pagar US$ 3.000 millones por la expropiación de YPF, que según él, ‘no nos iba a costar un peso’. Caradura”, reza el mensaje viral (para más precisiones sobre esta afirmación, también se puede consultar esta nota).

“Sushiplanero” es una cuenta con 18.800 seguidores en Facebook, cuyo nombre real no se conoce, y que manifiesta en sus posteos apoyo al actual Gobierno, aunque en algunos casos incurre en la difusión de desinformación, como puede verse aquí.

La publicación se realizó en medio del proceso judicial que el fondo Burford Capital mantiene en Nueva York contra el Estado argentino por la estatización de YPF y la posterior quiebra de dos empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

El proceso se sustancia en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, bajo las órdenes de Loretta Preska, la jueza que reemplazó a Thomas Griesa, conocido en nuestro país por llevar adelante el reclamo de los denominados “fondos buitre” contra la Argentina.

En diferentes medios de comunicación se consignó que, de perder el litigio, el país estaría obligado a desembolsar US$ 3.000 millones como compensación a Burford. Sin embargo, esa cifra no fue confirmada por ninguno de los organismos argentinos que intervienen en la defensa jurídica de los intereses del país, ni tampoco fue solicitada formalmente por los demandantes, según pudo comprobar Reverso.

¿Por qué Burford Capital?

Burford es lo que se denomina un hedge fund o fondo de cobertura, que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores. En otras palabras, funciona a nivel judicial del mismo modo que los llamados “fondos buitre” lo hacen con la compra de títulos de deuda de alto riesgo.

Concretamente, este fondo compró el proceso de quiebra de dos empresas del Grupo Petersen: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que poseían acciones por el 25% de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en dos operaciones en 2008 y 2011.

Los Eskenazi adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales, y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. En su estrategia de defensa ante la Justicia de los Estados Unidos, la Argentina considera “fraudulenta” esta operación, por lo que alega que no debería continuarse con el litigio.

El pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol. A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.

La quiebra de las dos compañías del Grupo Petersen recayó en el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas.

Consultados al respecto, voceros del Grupo Petersen señalaron que con la estatización “se modificaron las condiciones con las que el grupo había entrado y devolvía los créditos, y al no poder hacerlo, muchas acciones se las quedaron los bancos acreedores, y por otra parte quedaron un montón de créditos impagos, por eso las empresas se presentan en quiebra en Madrid”.

El juicio

La demanda principal del hedge fund se sostiene en que según el Artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Además, se alega perjuicio porque tras entrar en la compañía (los primeros interventores fueron los entonces viceministro de Economía, Kicillof, y ministro de Planificación Federal, Julio de Vido), el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó en que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.

Burford Capital utiliza como argumento la intervención de Kicillof ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, y Minería, Energía y Combustibles del Senado, el 17 de abril de 2012, cuando se debatía la expropiación de YPF (versión taquigráfica completa).

Entonces, Kicillof, que se desempeñaba como viceministro de Economía, se refirió al artículo 7° del estatuto de la compañía, al señalar que “en ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como al propio Estado… Porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’” (acá se puede ver un fragmento de la exposición).

En defensa de esta posición, Santiago Pérez Teruel, abogado que forma parte del equipo de Kicillof, indicó respecto al reclamo sobre el artículo 7° que “lo que decidió el Congreso fue aplicar la Constitución, que es superior al estatuto privado de la empresa, y lo que correspondía hacer era el proceso constitucional vigente de expropiación. Esta decisión se toma porque hay un interés público comprometido, que, en este caso, era el control de una empresa que es clave para el desarrollo estratégico del país”, señaló.

En ese contexto, Pérez Teruel sostuvo que “se está discutiendo si se aplica una regulación comercial o si el Estado tiene capacidad soberana para expropiar un bien cuya utilidad reporta un beneficio para los argentinos”.

Respecto de la prohibición del giro de dividendos, el abogado respondió que “la decisión de repartir dividendos o no en una empresa la tiene la mayoría. Un socio minoritario no puede decidir que se repartan los dividendos”. Y aclaró que “en lo que se estaría agraviando Petersen es en la imposibilidad de cumplir compromisos privados respecto de los cuales el Estado nacional ni YPF tienen que ver. Si apalancaron la compra de acciones con un contrato privado con un banco, es un riesgo empresario que corrieron ellos”. 

La defensa argentina

La estrategia de defensa de la Argentina, encabezada por la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Bernardo Saravia Frías, tiene varias aristas, que podría simplificarse en dos puntos centrales: la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue “fraudulenta”; y la jurisdicción donde deben zanjarse este tipo de conflictos es la argentina, porque aquí está radicada la empresa YPF.

Este último punto fue rechazado el 24 de junio último por la Corte Suprema de Estados Unidos, que confirmó la jurisdicción neoyorquina. Sin embargo, el 11 de julio último la jueza Preska decidió evaluar la cuestión ante un nuevo pedido de la defensa del país, rechazando una moción de Burford para iniciar prontamente el juicio. 

En este recurso de “forum non conveniens”, el país alega que “los demandantes no pueden demandar a la Argentina en este Tribunal porque el control de las disputas de ley argentina que surjan de los estatutos de una corporación argentina deben ser llevadas a la jurisdicción donde la corporación mantiene su domicilio social, que en este caso es la Ciudad de Buenos Aires, Argentina” (ver página 19 del alegato de defensa, en inglés).

En otro punto fuerte de la defensa, la Argentina alega que el juicio debe sustanciarse en el país porque “las reclamaciones y las defensas afirmativas presentadas en este documento también se basan abrumadoramente en conductas y acciones que tuvieron lugar en la Argentina y requieren la evaluación de las leyes argentinas y las acciones del gobierno argentino. Además, varios testigos clave están encarcelados en la Argentina o de lo contrario no pueden viajar a los Estados Unidos, y la mayoría de los documentos relevantes se encuentran en Argentina y están escritos en español” (página 21 del alegato). 

¿Por qué resulta clave este párrafo? Porque introduce a la principal y más polémica carta de defensa del país: la Argentina sugiere que la compra de las acciones por parte de la familia Eskenazi fue “ilegal” y llega a sugerir que tienen alguna conexión con funcionarios argentinos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (a quienes refiere cuando señala sobre “testigos encarcelados”).

En ese punto, afirman que “fuentes periodísticas argentinas informaron que una cantidad significativa de dinero recibido por la Provincia de Santa Cruz en regalías de petróleo y la privatización de YPF en 1993, que más tarde ´desapareció´ (los llamados “Fondos de Santa Cruz”) en su lugar podrían haber sido utilizados para facilitar y pagar el acuerdo Repsol-Petersen” (página 24 de alegato).

Más allá de este punto, la Procuración del Tesoro, a través del estudio Skaden, Arps, Slate, Meagher & Flom de Estados Unidos, sostiene que el Grupo Petersen y Repsol “celebraron un conjunto altamente dudoso de acuerdos falsos para adquirir sus acciones de YPF, basadas en una transacción de autosuficiencia que usó de forma inadmisible el capital propio de YPF para permitir que los demandantes ‘compren’ sus acciones y ‘reembolsen’ a Repsol. Debido a la naturaleza impropia de los Acuerdos Repsol-Petersen (que causaron daños al Gobierno y al Pueblo argentino), deben anularse ab initio y, por lo tanto, los demandantes no tienen legitimidad para demandar a la Argentina” (página 27 del alegato).

Para la defensa, el Grupo Petersen compró las acciones sin riesgo alguno, ya que pagaría los créditos con los dividendos de la compañía, los cuales tenía asegurados porque gracias a la posición mayoritaria que contaba en sociedad con Repsol, habían decidido distribuirse el 90% de las ganancias. 

“Para garantizar que Petersen pueda pagar los ‘préstamos’ que recibió de Repsol, Petersen y Repsol también acordaron incorrectamente que distribuirían como dividendos el 90% de las ganancias de YPF, en lugar de reinvertir esas ganancias en YPF, y además acordaron pagar una cantidad adicional como dividendo especial de $ 850 millones, independientemente de las ganancias reales” (página 24 del alegato). 

Voceros del grupo Petersen se defendieron al sostener que “la operación está registrada en la SEC de Estados Unidos (la Comisión de Bolsa y Valores), en la Bolsa de España, tiene el aval de los bancos internacionales… Tendría que haber una conspiración internacional, pasó por muchos filtros”.

*Autor: José Giménez | Agencia DIB. Edición: Juan José Domínguez y Laura Zommer

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