Por Virginia Nessi y Hebe Ailén Montenegro / Foto: Colectivo Manifiesto
Educadoras del colectivo pedagógico AulaVereda

Ya es un clásico: cuando las papas queman en la Ciudad de Buenos Aires, les pibis son el chivo expiatorio. Después de un año de pandemia, que dejó al descubierto toda la mala praxis política del GCBA, que no tuvo ni una sóla propuesta redistributiva para con quienes más lo necesitaron, y descansó sobre la militancia y las organizaciones, el vicejefe de gobierno, Santilli y atrás de él, todes en Juntos por el Cambio, en el PRO vuelven a agitar el debate por la baja de la edad de punibilidad. 

Como respuesta a un hecho que se viralizó la semana pasada, cuando un adolescente fue detenido por el presunto asesinato de un hombre en Retiro, hoy algunas voces agitan el fantasma del punitivismo hacia la infancia. Esto mismo sucedió ya en 2017 y luego otra vez en el 2019, cuando se intentó reinstalar el debate, un manotazo de ahogado de la Alianza Cambiemos en aquel año electoral. 

Así como elles no se cansan de revivir un debate que atrasa 40 años, nosotres, como organización que trabaja junto a niñes del país, tampoco nos vamos a cansar de seguir rompiendo sus argumentos basados en sentidos comunes carentes de humanidad. Sobre todo, luego de un año de pandemia declarada a nivel internacional, donde a miles de pibis en la ciudad les fueron negados derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda. Sostenemos que les pibis no son un problema a erradicar sino que son las problemáticas que les atraviesan las que deben ser resultas.

El mismo debate de siempre 

La Argentina ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ya en su artículo primero considera como niñe “a todo ser humano menor de dieciocho años de edad”.  Entonces, si bien cuando hablamos de niñes, adolescentes o jóvenes es importante comprender que son categorías construidas sociohistóricamente y por ende, con fronteras flexibles, existen ciertos parámetros compartidos. Los grados de edad se consensuan a nivel social, y revisando políticas, programas y normas a nivel nacional e internacional podemos identificar no sólo qué temporalidades se le asignan a las diferentes edades sino también qué valores se les imprimen. 

El año pasado se cumplieron tres décadas desde la sanción de la CIDN, aquel evento que ha marcado una nueva orientación sobre el lugar que ocupan les niñes en nuestro país, y fundamentalmente el trato del Estado hacia elles. La niñez comenzaba a ser mirada de otro modo desde el Estado, y con esta nueva mirada surgirían nuevas políticas destinadas a les pibis, apuntadas a la protección y la promoción de derechos. Así, dejarían de ser sujetos tutelados y objetos de intervención, para ser sujetos de derechos y con ello, el Estado y la sociedad en general debían ser garantes de que ninguno de estos sea vulnerado. El Estado argentino se comprometía a realizar todos sus esfuerzos para que les niñes accedan tanto a los derechos humanos como los derechos particulares de la niñez.

Sin embargo, cada tanto se revive el debate por la baja de la edad de punibilidad y diferentes referentes de las (ahora múltiples) derechas argentinas se pasean indignades por medios de comunicación televisivos, o dicen cosas en las redes sociales o en ciertas secciones de opinión de algunos diarios mainstream. Algunes intentan disfrazar sus opiniones de preocupación por los índices de pobreza y desigualdad, mientras que otres abiertamente piden más mano dura para les pibis, y sobre todo, los pibes. Todes, sin embargo, apuntan a lo mismo: más vulneración de derechos y más estigmatización contra los pibes de sectores populares. 

Datos de diferentes organizaciones internacionales y nacionales (que pueden encontrarse en la página de la red Argentina no Baja) sostienen que la participación de niñes menores de 18 años en delitos es casi ínfima (sólo un 4% según UNICEF), siendo que la mayoría son en delitos considerados menores: los homicidios a manos de menores de 18 años no llegan al 1%. Entonces, en términos concretos y reales, pregonar por la baja de la edad de punibilidad sólo se explica a través de motivaciones tribuneras, en momentos donde la realidad de les pibis en la ciudad carece de políticas específicas que se orienten a lo sostenido por la CIDN. Básicamente, en un contexto sistemático de negación de derechos para les pibis, y un proceso de constante estigmatización y racismo.

Es que, sobre todo, lo que sucede es que hay un uso diferenciado de la penalidad, que impacta mayormente sobre las clases populares. Porque siempre que se contempla la aplicación de la ley a quienes verdaderamente se persigue y se aprisiona es a les pobres. Más aún cuando se intersecta con la generación, es a les pibis pobres a quienes se verduguea, a quienes se tortura y a quienes sistemáticamente se persigue en instancias previas a la judicialización. Claro ejemplo de esto fue el caso de Facundo Castro, asesinado en manos de la policía bonaerense por violar la cuarentena a principios de año. De la misma manera, les cientes de pibis que han muerto de la mano del gatillo fácil perpetrado por las fuerzas de seguridad a lo largo de los años. 

La única respuesta cuando se trata de les pibis pobres es penas más largas, más duras, desde más pequeñes, de manera de aleccionarles desde bien chiques cuál es su lugar en la sociedad. De manera que si a elles no les toca pero si a su amigue, sepan que es ese el camino que les toca, estén o no cometiendo un delito.

Las otras faltas hacia les pibis

Las palabras de Santilli sobre la necesidad de repensar la Ley Penal Juvenil ante lo ocurrido en Retiro no hace más que correr el foco sobre las problemáticas que atraviesan y impactan a les pibis. La profunda pobreza en la que la alianza Cambiemos sumergió al país en los últimos cuatro años tuvo como consecuencia directa la pauperización de la infancia. Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, una de cada tres personas pobres vive en CABA, y la indigencia llegó al 11%. Cuando se especifica en les niñes, vemos que el 46% vive en hogares pobres. Sumemos a eso las estimaciones de UNICEF de un 63% de pobreza infantil para finales del este año. 

“Atras de cada pibe en la calle hay un padre desocupado”, decían en los 90s y hoy podemos decir algo similar. Pibis que viven en hogares que no alcanzan a costear la canasta básica, pibis cuyo derecho a la vida digna, a la alimentación, al hábitat se encuentra sumamente vulnerado. Consideremos los datos de la UCA que sostienen que el 40% de les pibis viven en viviendas precarias, donde no acceden a servicios sanitarios básicos. Año a año se ha bajado el presupuesto destinado a educación en CABA: si se consideran los datos de los últimos 10 años, el presupuesto destinado a educación cayó un 10% según Agustín Claus, especialista en Planeamiento y Economía de la Educación de FLACSO. Salarios docentes, becas, programas de reinserción, infraestructura, todo es impactado por la desfinanciación, teniendo efectos directos e indirectos en las posiblidades de les niñes de mantenerse dentro del sistema educativo.

Larreta se hace eco de la quita de los puntos de coparticipación que Macri le regaló como excusa para recortar inversión en esta y otras esferas claves (como salud) pero por detrás existen décadas de desfinanciamiento que no se vio mejorado en los años en los que la Ciudad recibió esos puntos extras. Mientras esto sucede, la ministra Acuña avanza contra les docentes como responsables de la debacle educativa, considerándoles como fracasades y carentes de formación como corresponde, con el claro interés de vaciar los Profesorados y meter por la ventana la UNICABA. En particular, en tiempos de pandemia, el gobierno porteño se negó sistemáticamente a invertir en conectividad y tecnología para les pibes, corriendo el foco a les docentes y directives por no apoyar la vuelta a las escuelas. El desinterés por les pibis de las escuelas públicas, siempre nos recuerda las palabras del ex presidente que sostenía que había quienes caían en la educación pública. Su extrema negligencia y odio de clase se vio demostrada con su experimento de las burbujas en las escuelas, que fue rechazado por casi la totalidad de la comunidad educativa: sólo el, 0,5% de les pibis de las escuelas públicas participaron. 

La salud en la Ciudad tiene problemas similares. En tiempos de pandemia, les mediques, enfermeras, residentes se movilizaron para exigir el pago de salarios dignos, inversión en infraestructura e insumos para hacer frente a la pandemia. No obstante, pocas fureon las respuestas del gobierno porteño. Esto sin considerar que las unidades zonales fueron cerradas por varios meses, imposibilitando a les pibis acceder a la salud primaria. Esto hizo que cosas tan básicas y de primera necesidad como conseguir un par de anteojos se convirtiera en una tarea titánica para las familias y las organizaciones. 

En este contexto de negación de derechos de la infancia absoluta, las declaraciones del vicejefe de gobierno son chabacanas porque desconocen la situación a la que el GCBA de la mano del PRO ha empujado a les niñes durante 15 años. Pibis que vieron negados sus derechos y el de sus familias desde su nacimiento. Situación que inadmisible en la ciudad más rica del país, en la ciudad a la que el ex gobierno nacional de Mauricio Macri le aumentó al 3,5 la coparticipación, significando mayores recursos para el gobierno, que lejos de invertir en políticas que impliquen promoción de derechos, que el gobierno destina a deudas y propagandas.

Cambiar todo lo que deba ser cambiado

El Régimen Penal Juvenil que se sanciona con la ley 22278, y que siempre se pone en debate cuando se habla de la baja de la edad de puniblidad, data de 1980 en el marco de la última dictadura militar. La misma dictadura que desapareció a miles de jóvenes. La misma dictadura que torturó a estudiantes secundarios, a militantes y pibis trabajadores en todo el país. Las mismas organizaciones que históricamente han luchado por los derechos de la niñez, también luchan por reformar el Régimen, para que se oriente bajo la misma concepción de derechos establecida en la CIDN y la 26061. Sin embargo, siempre que se intenta abordar este debate, voces conservadoras intentan meter por la ventana la baja de la edad. Como sucedió con la ESI, un intento por transformar una ley para mejorarla, se ve frenada ante los avances de la derecha, que pide más mano dura para les pibis. Para el régimen de la dictadura, la edad de punibilidad son los 16 años. En la actualidad, quienes pregonan por su baja sostienen la necesidad de que pase a los 14 años. Es decir, proponen un retroceso incluso ante un régimen reglamentado por la dictadura militar más nefasta de nuestro país.

Diferentes activistas y referentes de la defensa de los derechos de les niñes han criticado el Regimen Penal que hoy en día dicta y condiciona las vidas de les pibis que entran en el sistema penal. Claudia Cesaroni, abogada y referente de derechos humanos, en el podcast Niñeces Libres que realizamos desde AulaVereda plantea que la sociedad a ese sector de la infancia, aun profundamente asociado con la minoridad y profundamente estigmatizado, lo trata de forma extremadamente cruda. Les damos penas de 25 años, condenandoles a pasar encerrades más años de los que tienen de vida. Marisa Graham, actual defensora de les niñes y adolescentes, en una nota de Página12 publicada hace unos días también se pronunció en contra de la actual ley que regula el régimen penal de la minoridad y la posibilidad de bajar la edad de punibilidad. Allí, propone pensar una ley más moderna que se adecúe a la perspectiva de derechos.

Además de reformar el régimen penal, tanto Cesaroni como Graham, en el podcast Niñeces Libres plantean la necesidad de que el Estado genere políticas para les adolescentes, aquellas personas de entre 12 y 17 años que, a pesar de ya no ser niñes siguen teniendo ese plus de derechos establecidos en la CIDN. Es imperante que así como el Estado construye políticas y programas para acompañar las trayectorias de vida de les más pequeñes (como lo que supo ser el plan Qunita, la AUH, la pensión Madre 7 de Hijos o la Tarjeta Alimentar) también existan políticas para “acompañar cuidado”, como dice Claudia Cesaroni, a les adolescentes. Políticas para promover sus derechos, no para limitar sus posibilidades. 

Desconfiamos y lucharemos siempre contra quienes proponen pensar como solución la baja de la edad de punibilidad. Es sesgar el debate, es reproducir la estigmatización de les pibis. Porque siempre que refiereren a la baja, piensan en les pibis pobres, les pibis de la clase, de las barriadas y las villas. Y siempre son les mismes: son les que piden mano dura, les que piden más intervención de las fuerzas de seguridad, les que las defendieron cuando mataron a Facundo. Elles, que sólo quieren como solución mayores penas y más castigos en este sistema penal que es un sistema de tortura y de muerte. Elles, que piensan que algunas vidas merecen más dignidad que otras. El transfeminismo nos enseñó a siempre buscar las respuestas desde una perspectiva no punitivista, y nuestra propuesta siempre será luchar porque las vidas de les pibis sean más dignas, y sobre todo, más disfrutables y vivibles.  

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Por Aula Vereda, Trilce Radio y Niñez Plural

Mariana Baggio y Nadia Fink nos invitan a plantarnos ante el bombardeo incesante de estímulos que ofrece hoy la cultura, entre la mercancía, las tecnologías y la inmediatez del placer y nos alientan a ver caminos alternativos que estas mismas habilitan para el disfrute de propuestas artísticas que nos lleven a mundos fantásticos y también más justos. 

¿Cómo caracterizan el campo cultural para las infancias? ¿A qué imagen de la niñez suele apelar este campo? Hoy conviven muchos campos culturales en las infancias: por un lado el “mainstream” o aquellos muñecos, películas, músicas que se ponen de moda y “se necesita para ser feliz”, una clara apuesta al consumismo que reduce la libertad de elegir. Este universo es desigual ya que sólo apela a clase media y a una mirada hegemónica de la niñez, siempre blanca, heterosexual, con estereotipos físicos y de roles que encontramos cuando, por ejemplo, paseamos por los pasillos de las jugueterías.  Pero no perdamos las esperanza: también podemos encontrar otro mundo artístico posible que apela a la imaginación a la capacidad creativa, abriendo puertas y dando opciones de vuelo que nos hacen más libres. 

¿A qué destinataries les hablan, cómo resuelven la tensión entre lo  que quieren producir y las exigencias del mercado?. Nadia nos cuenta que por ejemplo, desde la cooperativa de Chirimbote se propone recuperar a los héroes y heroínas latinoamericanas de nuestra historia, siempre con perspectiva de género y de clase. Mariana también nos canta la posta: les adultes tenemos la obligación de ser respetuosos con esos muñecos, inclusive si son el hombre araña, ya que estos son queridos por les niñes y en ellos proyectan su mundo interior. 

Por último, nos preguntamos: ¿Cuál es el lugar de la infancia en sus trabajos y cómo podríamos esperar una participación más protagónica de les niñes en la cultura? Ambas se corren de la visión adultocéntrica y nos convocan a mas protagonismo a la niñez en general, y la cultura lo debe. Lo primero es acercarse desde todos los lugares, compartir con elles y abrir caminos por fuera de la lógica del mercado. Distribuir la cultura de forma igualitaria y accesible a todes les niñes, pensar juegos para todes, incentivar y buscar vías de difusión independientes a las hermosas producciones que les niñes hacen a través de las nuevas herramientas. 

Después de todo, se trata de crear mundos fantásticos a través de los cuentos, la música, el juego y la imaginación…

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Por Agustín Bontempo / Foto por Germán Romeo Pena

La situación en la Argentina previo a la llegada de la pandemia es, en términos sociales y económicos, de una escala similar a los efectos del virus. Cada persona que habita estas tierras tuvo que torearse con las políticas destructivas del gobierno de Mauricio Macri. Millones de empleos que se perdieron, miles de PyMES que cerraron sus puertas, escalada inflacionaria constante (en 2019, cerró con el 53,8%, siendo la más alta desde 1991) y su consecuente pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores que, cada vez más, vieron cómo sus salarios caían derrotados mes a mes sin siquiera poder cubrir sus necesidades básicas.

Cambiemos, la coalición que gobernó los cuatro años precedentes a la pandemia, intentó generar una transformación estructural en nuestro país que iba de lo económico, político y social hasta lo cultural. El discurso de la meritocracia como único camino de desarrollo, era el estandarte para poder avanzar en reformas como la previsional y la laboral, enfrentadas en las calles por levantamientos populares en cada rincón del país, con alternancia de resultados. Sin embargo, la perseverante debilidad política de un gobierno que fracasó en cada intento de imponer su modelo, iba acumulando derrotas tras derrotas que llevaban al país hacia un abismo inexorable. Y esa caída se inició a finales de 2017, poco después de una victoria electoral importante pero con un envalentonamiento en las urnas que no pudo traducirse en el resto de los escenarios.

Las recordadas jornadas del 18 y 19 de diciembre de aquel año que se vivieron como una pueblada que ponía un freno al ajuste macrista, coincidieron con el agotamiento de un modelo económico liberal que ponía de rodillas al país, nuevamente, frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). La historia que siguió es bien conocida. Endeudamiento a 100 años, rifando el futuro de varias generaciones y el retorno obsceno de una bicicleta financiera que fugó de nuestro país casi 90 mil millones de dólares. Este monto sería que suficiente para paliar los efectos de la crisis actual, al mismo tiempo de ir resolviendo cuestiones estructurales ,como las que aquí más nos interesa: la vivienda, la educación y la salud.

La herencia eterna

Los años pasan y hay cada vez más gente sin techo y casas sin gente. En innumerables oportunidades hemos hablado del creciente negocio inmobiliario, sustentado en un fuerte mercado de especulación, al mismo tiempo que las personas se agolpan en las villas o en las calles de a miles y millones.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en 2018, Argentina ya acumulaba 4288 barrios populares o asentamientos. En la actualidad, esa cifra ya asciende a 4416, es decir, casi 200 villas y asentamientos más en el país en apenas 2 años.

Hablar de condiciones de hábitat no debe ser una tarea sencilla. Hablamos de millones de personas que viven hacinadas, en espacios reducidos y sin servicios básicos como agua potable, gas natural o servicio eléctrico.

En particular, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 38 villas o asentamientos, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad. Allí viven más de 300 mil personas, según datos del IVC, CELS y ACIJ, así como también más de 7000 personas están en situación de calle. Hablamos de familias enteras, niños y niñas, adultos mayores, que transitan su vida entre el barro, con un Estado que garantiza su presencia por la ausencia misma.

Sin embargo, la obscenidad de la desigualdad se traduce en que: mientras vemos el escenario en la ciudad más rica del país, allí mismo alrededor de 140 mil viviendas se encuentran vacías. Estas podrían albergar al menos a 560 mil personas, es decir, a toda la población que vive en villas, asentamientos, en la calle y aún queda resto.

La Provincia de Buenos Aires, foco de la crisis habitacional recrudecida durante esta pandemia, no se queda atrás. De acuerdo al Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, en 2018 a lo largo de todo el territorio provincial había 1584 villas o asentamientos. De ese total, 981 se encontraban en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, con alrededor de 350 mil familias viviendo en estos barrios, es decir, casi 1.500.000 personas. Una catástrofe. Solo imaginemos lo que puede implicar hacer cuarentena para estos millones de habitantes, que su día a día es de precariedad habitacional, con empleos irregulares o directamente desempleados.

En materia de educación, la pandemia permitió destacar tanto el rol de las instituciones educativas como el carácter esencial de las telecomunicaciones, el acceso a dispositivos tecnológicos y conexión a internet.

La gestión macrista no hizo más que profundizar la precariedad del sistema. Desde las viandas escolares de miseria en CABA hasta el desguace en infraestructura en Provincia de Buenos Aires con, por ejemplo, la explosión en una escuela de Moreno que se cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodruíguez, pasando por la implementación de la UNICABA, las paritarias de miseria, la persecución constante.

Sobre ese terreno, el gobierno que encabeza Alberto Fernández tomó algunas medidas para poder sobrellevar la cuarentena: licencias para las y los trabajadores que tengan hijes menores y que sus instituciones educativas estén cerradas, la promoción de planes y estrategias para seguir el ritmo pedagógico desde los hogares (con una repercusión invaluable en el trabajo docente), el acompañamiento con el IFE para las millones de familias de bajos recursos (recordemos que, según el INDEC, la pobreza en Argentina asciende al 40,9% llegando a ser en los menores de 14 más del 52%), entre otras.

En este escenario, una medida trascendental que tomó el gobierno fue la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 690/20 que declaró como servicios públicos a la telefonía móvil, internet y televisión paga. En sí mismo, este DNUadquiere suma importancia en un país donde la baja regulación hace que los servicios tengan valores de lujo con prestaciones sumamente precarias. Son herramientas importantes tanto para que las y los adultos lleven adelante tareas remotas, como para que les niñes puedan seguir su proceso pedagógico.

Para dimensionar este panorama, es importante resaltar los datos: de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en el último trimestre de 2019, casi el 40% de los hogares en el país no tenían acceso a computadoras y un 17% no tenía acceso a internet (incluyendo el acceso móvil). De acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para el segundo trimestre de 2020 la cifra de hogares sin acceso a internet de ningún tipo ascendió al 36%, es decir, se duplicó en 6 meses. La situación económica es una de las grandes razones y por eso el DNU 690/20 que, entre otras cosas, prohibió los aumentos de tarifa y promovió la suspensión de cortes, es central.

Finalmente, la salud. Con la llegada de la pandemia a la Argentina se puso de relevancia el rol del conjunto de las y los trabajadores de salud en cualquiera de sus roles. Los aplausos invadieron las calles y la sociedad se animaba a reconocer que ante cada reclamo del sector por mejor infraestructura, condiciones de trabajo y salarios, requerían del apoyo de toda la sociedad.

El sistema de salud pública se encontró con el COVID19 con un escenario adverso. El gobierno saliente había degradado el Ministerio en una Secretaría en el lapso 2015-2019; el presupuesto se subejecutó en un 22%, según los informes del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no todo estaba perdido. En consonancia con los lineamientos generales del macrismo, la industria farmacológica en nuestro país tuvo un crecimiento en sus arcas económicas de casi el 12% -industria que, por supuesto, también es una de las grandes ganadoras en la pandemia-.  Un buen ejemplo de esto es que, en 2018, mientras se profundizó la crisis que afectaba a los sectores populares, Alberto Roemmers (dueño del laboratorio homónimo), tuvo ganancias por más de mil millones de pesos gracias al guiño gubernamental que le permitió aumentar sus productos en un 87%, más del doble que la inflación.

Todas estas situaciones suelen verse agravadas para las y los migrantes, que no solamente deben lidiar con la estigmatización de algunos sectores de la sociedad, sino que muchas veces las mismas instituciones vulneran sus derechos. Un ejemplo claro de esto es la lucha, ya de largo aliento, frente al DNU N° 70/17 firmado por Macri y que se mantiene vigente, precarizando la situación de las y los migrantes (por supuesto que no de cualquier nacionalidad), habilitando la posibilidad de expulsiones arbitrarias de nuestros país.

Como se puede observar, el panorama a lo largo y ancho del territorio es adverso. Las condiciones estructurales nos invitan a preocuparnos por los efectos de la pandemia. Sin embargo, allí donde el Estado no llega y los sectores privados intentan descargar sus crisis, aparecen las y los defensorxs, las organizaciones que se plantan en la primera línea y luchan día a día, codo a codo, por un mundo más justo. Hacia estas experiencias nos dirigimos.

La vivienda es un derecho

Cuando se decretó la cuarentena en todo el territorio nacional, y gracias a un nivel de acatamiento elevado, el aislamiento en los hogares daba sus resultados, manteniendo niveles de contagios y muertes sumamente bajos mientras en otros lugares del mundo la situación se agravaba.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ponía en escena una realidad que no aparecía en los medios: la situación en los barrios populares. Aquellos lugares donde quedarse en casa no era opción, ya sea por las condiciones de hacinamiento, la inexistencia de un techo, la necesidad de salir a buscar el plato de comida. En aquella oportunidad, pudimos retratar la pandemia desde el pie, esas vivencias y batallas en los barrios, donde el COVID empezaba a diseminarse, elevando las tasas de contagios y llevándose la vida de decenas de villeros y villeras, luchadoras y luchadores como Ramona Medina o Agustín Navarro, referentes de la lucha por igualdad y vivienda digna en Villa 31. Pero pasaba también en la 1-11-14 de Bajo Flores, con reacciones ineficaces del gobierno porteño, siempre tan ajeno a las necesidades de los sectores populares.

La situación escaló a un pico insólito cuando se conoció lo acontecido en Villa Azul, un barrio del conurbano bonaerense, dependiente de Avellaneda y Quilmes. Según datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires  (2018), en el barrio vivían 3128 personas en 837 casas (un promedio de casi cuatro personas por hogar) y se estima que, para este año, la población es de casi el doble. A finales de mayo, el COVID se hizo presente, llegando a infectar a casi 350 personas en un lugar donde, como se advierte, las condiciones no eran las mejores para hacer una cuarentena estricta y saludable.

En aquella oportunidad, el gobierno provincial, de la mano de Sergio Berni, dispuso un cierre absoluto del barrio por dos semanas, medida sanitaria discutible en términos de efectividad pero que contrastaba con, por ejemplo, los brotes que se veían en los barrios adinerados de la Capital Federal e incluso de la misma provincia.

Villa Azul fue la antesala del conflicto que hoy está en todos los medios: la toma de Guernica. Allí se sintetiza el verdadero efecto de una crisis que golpea a los sectores más vulnerables.

Yamila Rodriguez, integrante de la Coordinación de Delegados y Delegadas de Guernica, nos dijo que “La situación en la que nos encontrábamos en su mayoría es que éramos trabajadores que a partir de la pandemia y la crisis económica agravada por esta pandemia, nos quedamos sin trabajo, ya que éramos trabajadores precarizados y alquilábamos. Muchos quedaron en situación de calle. En ese momento, la urgencia conllevó esta situación”. Son alrededor de 2500 familias, casi 10 mil personas luchando por vivienda digna.

La empatía debería convocar a toda la población. No es una situación entre quienes pagan impuestos frente a quienes no. Hablamos de personas en situación de suma vulnerabilidad que nos enseñan la necesidad de organizarse para ir a la conquista de derechos. “La verdad es que se formó un poco a los topetazos, más teniendo en cuenta de que esto no fue planificado, nos conocimos todos y todas ahí en el predio y bueno fuimos formando un poco lo que es el cuerpo de delegados y delegadas. Cada manzana tiene sus delegados, cada barrio tiene su delegado general, que somos cuatro. Tienen ahí asamblea feminista, coordinación de salud y de niñez también, entre otras cosas”.

A la lucha de las y los vecinos, se suma la solidaridad de quienes día a día batallan por un mundo más justo. Yamila nos cuenta que “Ahí  ingresan las organizaciones (sociales y políticas) en su rol en este momento que es de acompañamiento y de brindarnos un apoyo real del cual carecemos por parte del Estado, más teniendo en cuenta que son quienes nos acompañan y están con los abogados. Estamos haciendo una coordinación conjunta, en toda reunión con las organizaciones estamos presentes los delegados y delegadas generales y quien quiera participar de forma más activa”.

La toma en Guernica lleva más de 70 días. En ese tiempo, hubo prórrogas judiciales ante la posibilidad de desalojo. El gobierno de Axel Kicillof presentó un plan de vivienda que apuntaría al abordaje estructural del déficit habitacional en la provincia, aunque en lo concreto, Yamila asegura que “Desde el día cero lo único que proponen es el desalojo. Hace unos 20 días hizo una intervención formal el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de provincia, quienes proponen un desalojo pacífico. Yo la verdad que, a mi criterio, no tengo memoria de ver jamás un desalojo pacífico. No hay propuestas reales y concretas que impliquen de que si nos retiramos de ahí, de forma pacífica, vamos a tener una respuesta inmediata, nos van a poner en una base de datos que supone vamos a tener en algún momento una solución”.

Las y los delegados, las y los vecinos organizados, sí tienen una alternativa, una solución definitiva. “La verdad que la única solución que encontramos nosotros es tierra por tierra ya que si prima la propiedad, la falsa propiedad privada, porque la verdad que sí ellos como Estado no hacen respetar la ley y únicamente judicializan y criminalizan al pobre, a quién no tiene la posibilidad, el gobierno popular del que tanto hablan es bastante falso”, afirmó Yamila, y luego cerró: “Hay leyes que amparan este tipo de soluciones que es una ley de expropiación, con negocios inmobiliarios del 10%, la compra de algunos de los predios el cual llevaría a poder solucionar la totalidad de la situación de las familias en el predio. Acá estamos en un complejo de situaciones problemáticas bastante extenso, pero acá estamos peleando por la tierra y es lo que no se nos está solucionando”.

Educar para transformar

Hay dos noticias que recorren los medios masivos de comunicación en relación a la educación. Uno de ellos, es la presión en varios puntos del país por un retorno paulatino a las aulas, como si la comunidad científica no hubiese dado ejemplos de sobras sobre la fácil propagación del virus mediante las y los niños, y más en esta coyuntura de máximo nivel de contagio diseminado en todo el país. La situación laboral de las y los adultos y el apuro empresarial por “abrir”, juegan un rol clave.

La segunda, más específica, tiene que ver con los 7 mil niños y niñas que en CABA se quedaron sin la posibilidad de continuar sus procesos pedagógicos por la falta de acceso a internet y/o soportes tecnológicos. Según un informe de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie – SOMOS-, en barrios populares, 82.5% de niñes no tienen acceso a internet y el 70% no cuenta con PC.  Si cruzamos este dato con las 300 mil personas que viven en estos barrios, cuesta entender quiénes son y de donde provienen las y los 7 mil niños, niñas y jóvenes. La primera reacción es que posiblemente sean muchos más.

El gobierno porteño rechazó la ayuda del gobierno nacional para acceder a dispositivos y conectividad, proponiendo solamente que mientras que los sectores de mayores recursos puedan continuar sus procesos pedagógicos desde la seguridad de sus hogares, los sectores empobrecidos debían ir a exponerse. Sin embargo, cuál es la cantidad real de personas en esta situación, sigue siendo un interrogante.

Paula Shabel, integrante de Aula Vereda, una organización que tiene un proyecto pedagógico con niños y niñas, nos dice que “Nosotres trabajamos con pibis en distintos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires y todes elles tienen sus derechos vulnerados desde que nacieron, todos los derechos. Pero me gustaría hablar especialmente de uno, que es la tierra, la vivienda. O porque viven en la villa, o porque viven en casas tomadas o porque viven en barrios periféricos cerca de ríos y aires contaminados, lo que le falta a les pibes es un espacio digno donde vivir”. Además, afirma que “A veces parece que los derechos de les pibis tiene que ver con estar en la escuela y el juego y la familia y claro que es todo eso, ahora vamos a hablar, pero la vida de cada pibi con el que laburamos está conectada a las variables macroeconómicas más globales, esas que se escriben difícil y siempre parece que están en otro lugar, pero no, están acá, encarnando esos cuerpos que viven la cotidianeidad de una pobreza estructural mientras las coyunturas pasan”.

La suspensión de las clases y la interrupción de continuar procesos pedagógicos tienen diversos problemas. “Ese espacio otro, diferente al de la lógica familiar, un lugar donde ver a otres y escuchar otras opiniones para después hacer la propia. Siempre decimos que cada vez que entra un docente al aula le está mostrando a les pibis todo un mundo nuevo, una forma posible de ser adulte y de relacionarse con otres y con el conocimiento. Todo eso no está, y les pibis están completamente subsumides a las dinámicas del hogar que son siempre adultas”.

Sin embargo, la adversidad cuenta con una respuesta organizada que trasciende las fronteras de la educación. “Lo primero que salió fue la urgencia por cubrir las necesidades alimentarias. Nosotres nunca habíamos dado comida, a lo sumo una merienda, pero no teníamos comedor, nuestro proyecto iba por otro lado. Pero de repente era tan importante. Siempre pensé que así se debía sentir un poco el 2001, ¿no? La gente se estaba muriendo de hambre, chau, no hay análisis posible sobre eso, hay que resolverlo. Entonces armamos una campaña gigante de donaciones y desde el propio partido (Comunista) se distribuyeron algunas partidas, entonces nos empezó a entrar algo a AulaVereda y con eso articulamos con productores directos de acá y de allá, con la UTEP, la CTEP, la CTA y la UTT, siempre buscando los precios más baratos y las logísticas más razonables para llevar bolsones a las familias con las que trabajamos. Repartimos más de 200 por semana solo en capital”.

Además de garantizar el plato de comida y en el medio de tanta vorágine, Paula cuenta que “Entonces reinventamos todo, como siempre el campo popular sudaca tan creativo, tan capaz de todo con tan poco. Y nos empezamos a encargar del colegio. Por un lado a hacer tarea con les pibis, ayudarles en lo que no entendían, hacemos videollamada con cada une por materia o como haga falta […]. Algunes ni sabían dónde buscar las tareas, nunca habían enviado un mail en su vida y las familias son analfabetas, todo el sistema estaba hecho para que abandonen a los 3 días”.

Como advertíamos algunas líneas atrás, un porcentaje enorme de niños y niñas no tenían acceso a equipos y computadores, base sustancial para continuar sus procesos en esta coyuntura. “Hicimos otra campaña de donaciones enorme, de celus y tablets. Las recibíamos y las chequeaba un compañero que es programador, para entregar todo en las mejores condiciones”, cuenta Paula.

Las y los defensores de la educación nos hablan de sus compromisos integrales, que van desde las niñeces hasta la idea de poder transformarlo todo. “También empezó a funcionar un espacio de asamblea de niñas, que es un intercambio epistolar con las adolescentes, donde vamos laburando diferentes temas, ahora estamos preparando algo para lo que sería el encuentro plurinacional. Ahí salieron varias cuestiones de maltrato y abuso que seguimos acompañando. Lo importante siempre es acercarnos a las casas y verles la cara a les pibis, no perder eso, siempre saber cómo están elles, cómo están atravesando esos momentos, cuáles son sus miedos y sus deseos en medio de esta vorágine”.

Promover la salud organizada

Si bien el inicio de la pandemia y las medidas preventivas como la cuarentena permitieron dotar al sistema público de salud de varios recursos necesarios, la situación es cada vez más compleja. No solamente porque los recursos se van agotando, las camas de terapia intensiva se van llenando, sino porque las y los trabajadores del sistema sanitario colapsan ante tanta demanda y tan poco descanso, porque el sector privado de salud no juega roles destacados en apoyo a la comunidad. Y como ya hemos dicho, la pandemia golpea fuerte en los barrios.

En este marco, hablamos con Tamara Killsen, del equipo de Promotorxs de Salud del Frente Popular Darío Santillán de Lanus, quien nos dijo que “Además de la dificultad económica truncada por los despidos, por el no poder salir a changuear y no poder salir con el carro a juntar cartones, plásticos, botellas, cobre, para venderlo y hacer un mango, se juntaron otra situación que también fueron dificultando el poder quedarse en casa como una posibilidad ante los contagios. ¿En qué condiciones de salubridad e higiene me quedo en casa cuando tal vez comparto el espacio con otras familias, casas donde hay 4 familias conviviendo y comparten espacios en común, como el baño y la cocina”.

Por este motivo, entre tantos otros, Tamara comentó que “La propuesta de generar un grupo de promotoras y promotores de salud surge en este contexto pandémico -aunque era una idea que ya veníamos teniendo hace un tiempo-, cuando nos vemos en la necesidad de que exista un grupo que se encargue de hacer seguimiento de nuestros compañeros y compañeras que se fueron contagiando a medida que fueron pasando los meses y fuimos tomando tareas tanto de promoción de la salud como de prevención del contagio. Nos pareció una necesidad poder generar un grupo que a partir de esta situación se conforme para poder seguir en el futuro trabajando la salud de manera comunitaria, pensando una salud para los vecinos, las vecinas y les vecines del barrio, para las niñeces, para abordar situaciones de violencia patriarcal también”.

Tamara cuenta que en los barrios populares del distrito, la situación se fue agravando. “La situación epidemiológica en el distrito fue variando desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, como en todos. Lo que nosotras y nosotras estuvimos notando fue un aumento de la cantidad de los contagios. Desde un comienzo que eran 1, 3, 10 por día hasta llegar a 200 contagios por día”. Sin embargo, allí también la organización se pone en primera línea: “Esta situación particular que nos trajo la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el equipo de salud que fuimos conformando empezó a realizar un intento de monitoreo de la situación de los contagios, tanto en el distrito para tener un panorama como en los barrios en donde tenemos construcciones. Con nuestros compañeros, compañeras y sus familias generamos una línea de teléfono para difundir y que les compas que tuviesen dudas, que tuviesen síntomas, que tuviesen la sospecha de ser un contacto estrecho, pudiesen saciar sus dudas. Reducimos los grupos de trabajo de todos los comedores a lo esencial para qué se sostengan, grupos que rotaran cada 15 días para que si algune llegara estar contagiade se podía aislar a todo el grupo sin que eso significará cerrar el comedor”.

Tamara cuenta que esta tarea gigante se da en un escenario adverso, donde a la pandemia se le suman diversas problemáticas. “Actualmente no hemos recibido respuestas ante la situación que estamos atravesando de crisis extrema de gobierno local ni del gobierno provincial. No solamente en relación al abastecimiento de los comedores, de las copas de leche, de los merenderos, del abastecimiento de los productos de higiene necesarios para seguir sosteniendo la tarea cotidiana en nuestros espacios de alimentar a más de 2000 personas del distrito, sino también desde otras áreas que entendemos han sido afectadas o llevadas a su extrema vulnerabilidad, situaciones de violencia patriarcal, situaciones de salud que no tienen que ver con la pandemia, sino con otras situaciones que atraviesan la vida de los vecinos y las vecinas, la situación de las niñeces, que se ven en este contexto desterrados y desterradas de la posibilidad de seguir sus procesos educativos”.

Pero como adelantamos, allí donde existe una necesidad, también está la organización para dar respuesta. “Estamos pudiendo proyectar y articular acciones de salud comunitaria donde la salud pueda llegar a todos y todas les habitantes de los barrios populares también, lo cual a veces se hace difícil en un sistema de salud hegemónico y expulsivo. Donde tal vez hay salitas o espacio de salud cerca de donde una vive, pero se ven vaciadas, se ven con pocos recursos, con pocos profesionales que son mal pagos, que no tienen sus derechos garantizados. Entonces son un conjunto de situaciones que hacen que el servicio de salud público que se ofrece no pueda abarcar las necesidades del territorio, que sea expulsivo, que no contenga. Y pensamos y queremos proyectar acciones en conjunto con trabajadores y trabajadoras de la salud dispuestos a abrirse a la comunidad y las promotoras de salud que estamos encontrándonos, agrupándonos,  formándonos para que todo el mundo pueda tener acceso a una salud digna e integral”.

Migrar es un derecho

Las y los defensores trascienden fronteras virtuales y allí nos encontramos con la tarea del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM). Como advertíamos, la situación de la comunidad migrante en nuestro país, que ya era compleja, se vio afectada por el macrismo ante la modificación de la Ley de Migraciones vigente.

Al inicio de la pandemia, la situación empeoró. Mariana Brito Olvera, referente del BTM nos cuenta que “En lo que respecta a la comunidad migrante un tema de mucha gravedad es el desempleo. Según relevó la Agenda Migrante 2020, quien realizó una encuesta a distintas personas migrantes, alrededor del 60% de las personas migrantes se quedaron sin ningún tipo de ingreso a partir del inicio de la pandemia. Con el paso de los meses ha sido una situación realmente grave”.  A esto se suma que “si bien el gobierno extendió el Ingreso Familiar de Emergencia para aquellas personas que se quedaron sin sus ingresos por causa de esta coyuntura, mucha de la comunidad migrante no pudo acceder a ese apoyo porque por las mismas restricciones que se ponían para poder acceder al IFE como que se pudiera comprobar 2 años de residencia regular en el país”.

Sin embargo el BTM pudo organizar respuestas y así surgió La Tiendita Migrante Japoo Door Warr, “que es una frase en Wolof, una lengua que se habla en Senegal y esta frase significa ´Agarrarnos para trabajar´. Este proyecto es colectivo y autogestivo, impulsado por compañeras y compañeros estudiantes de los cursos de español para migrantes del BTM. Es una manera de responder colectivamente a esta situación debido a que, como ya mencioné antes, las y los compañeros de Senegal se dedican principalmente a la venta ambulante y en todos estos meses no han podido recibir ningún ingreso. Así que Japoo Door Warr, La Tiendita Migrante fue una respuesta colectiva ante esta situación”.

La experiencia de La Tiendita Migrante dio lugar a otras experiencias. Mariana cuenta que “Eso ha dado pie a que se piense el surgimiento de otros proyectos de ese estilo, como de organizaciones de las comunidades que se autogestionan como por ejemplo el llamado emporio migrante, qué es otra iniciativa donde las y los compañeros de Senegal venden comida”.

Otra de las respuestas organizadas del BTM fue en el ámbito de la educación, donde la enseñanza y aprendizaje del idioma español se volvió una herramienta clave. “Desde el Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, desde agosto de 2018 veníamos llevando a cabo los cursos de español para migrantes los días martes y jueves en el Ex Centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti. Ese proceso se vio interrumpido este año a partir de la cuarentena, así que ante esta situación surge un nuevo proyecto que son los videos de enseñanza del español, que se llama Damay Jaangë Español, que sería algo así como “Aprendiendo español” y justamente está pensado como un curso a distancia para a hablantes de Wolof que quieren aprender español”.

La situación de las y los migrantes es compleja y estos niveles de organizaciones son, sin duda, una respuesta. La necesidad de que se derogue el DNU N° 70/17 es clave y se suma a la demanda de regularización de todas las personas migrantes. Con la confianza en la lucha organizada, Mariana afirma que “Con el BTM y la Campaña Migrar no es Delito, formamos parte de la agenda 2020 qué es un espacio de diálogo con el gobierno y lo que esperamos es que en este espacio se puede avanzar con políticas públicas para las y los migrantes”.

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Por el Colectivo de Educadorxs de AulaVereda* / Foto: Juan Pablo Barrientos

Desde que la pandemia del covid-19 arribó a nuestro país y se decretó el aislamiento social obligatorio para todo el territorio nacional, diversos sectores del campo popular venimos advirtiendo sobre la necesidad de evitar el ingreso del virus en los barrios populares, villas y diversas formas de vivienda precaria. Intuíamos que su multiplicación e impacto serían mucho mayores allí donde las injusticias y las desigualdades son moneda corriente. Con el correr de los días, empezó a ser cada vez más evidente que esto no era una prioridad para muches, y el ingreso del SARS Cov2 en los barrios populares se convirtió en una realidad. La toma de medidas específicas para frenar esta avanzada es hoy nula y, por tanto, no podemos esperar más que una catástrofe sanitaria que se llevará cientos de vidas.

Tomando el caso de la Villa 31, donde aproximadamente viven alrededor de 45 mil personas, se estima que hoy en día hay más de 1.100 casos confirmados positivos de Covid, con una tasa de duplicación que ronda en los cuatro días, o sea que un 2% de la población de la villa se encuentra contagiada (lo que equivaldría a unas 900 mil personas si hacemos el paralelo a nivel nacional). La tasa de duplicación nos permite estimar que si todo sigue igual, en una semana, nada más, tendríamos allí alrededor de cuatro mil casos.

Sin duda, entonces, la situación de la 31 y de otros barrios populares debería estar bastante arriba en la lista de prioridades del Gobierno de la Ciudad, así como también del Estado Nacional. La ya conocida y renombrada dicotomía entre salud y economía en estos barrios resulta falsa desde sus propias premisas, porque no hay margen para elegir entre una y otra. Ninguna se les presenta como un horizonte de lo posible, producto de las décadas de ausencia del Estado y de la negación sistemática de los reclamos de les vecines. Mientras que ya por estos días en los programas del prime time televisivo comienza a exigirse la apertura de la cuarentena utilizando las necesidades de les trabajadores como excusa, queremos traer la atención sobre estos barrios, y elaborar una pequeña reflexión respecto de lo que allí está sucediendo para no caer en visiones simplistas o soluciones mágicas de un conflicto que tiene una larga historia.

Problemas antes de la pandemia

En la villa 31, el problema del agua, que gracias al grito de Ramona cobró visibilidad, viene desde hace años por la desidia y el abandono del Gobierno de la Ciudad. Es su responsabilidad que los distintos puntos del barrio tengan acceso al agua potable de las redes de AYSA garantizando una conexión de calidad, y no las conexiones precarias que existen hoy, que a cada rato deber ser emparchadas. La superposición de actores institucionales genera inconvenientes a la hora de realizar reclamos y exigir el cumplimiento de los derechos esenciales, a lo que se suma el histórico tira y afloje que existe históricamente entre Ciudad y Nación respecto de este territorio.

A esta altura no quedan dudas de que si estos problemas existen en el barrio Padre Mugica y en otros barrios popular de la CABA, la responsabilidad es de la gestión del PRO, partido que gobierna desde hace 15 años la Ciudad. La falta de respuesta frente a las múltiples movilizaciones que año a año se vienen sucediendo frente a la Legislatura porteña (donde Cambiemos tiene, actualmente, mayoría automática) da muestra de que la actual gestión está más preocupada por hacer negocios inmobiliarios con las villas del norte de la ciudad (31 y 31bis, Rodrigo Bueno y Fraga) que por resolver los conflictos en los barrios populares del sur. Esto tiene consecuencias gravísimas para miles de familias no solo frente a esta nueva pandemia, sino frente a tantas otras enfermedades que afectan a les más pobres como el dengue, el sarampión y la desnutrición, que son moneda corriente.

El derecho a la salud es sólo uno de los tantos que cotidianamente la población ve vulnerados. La falta de planificación, la inexistencia de un proyecto integral de urbanización que tome en cuenta sus perspectivas y la disputa entre los diversos actores que gestionan, controlan y regulan estos procesos hacen a un problema estructural que requiere voluntad política y años de inversión para que las y los habitantes de estas zonas logren tener una vivienda digna y segura.

Desde sus inicios, el hacinamiento es unos de los principales problemas de las familias que residen en las villas. En una sola vivienda conviven varios hogares, donde la cantidad de metros cuadrados por persona es menos de lo recomendado y el baño es compartido por un batallón. La dificultad de circulación es otro gran problema ya conocido por muches: los estrechos pasillos impiden el acceso de ambulancias e incluso autos particulares, a lo que se suman las calles de tierra que se embarran con la lluvia, y dificultan el paso.

Por ello, el problema del acceso al agua fue la punta del iceberg para que quienes nos gobiernan pusieran el foco en las problemáticas de las y los habitantes. La denuncia de Ramona puso en cuestión esta realidad, que repercute en las posibilidades de cumplir el aislamiento. Para conseguir un poco de agua, las familias debían salir de sus casas e ir a un punto más o menos cercano, más o menos concurrido y más o menos higiénico donde conseguían uno o dos baldes para el día. Esto dificultaba prácticas esenciales de prevensión del SARS Cov2, como lavar las verduras e higienizarse las manos.

Cuando el trabajo no te encuentra en casa

Muchas de las personas que residen en las villas continúan asistiendo a sus trabajos porque no cuentan con un empleo en blanco que les permita quedarse en su casa mientras perciben su salario, haciendo home office, para lo que además es necesario disponer de una computadora propia y accesibilidad a Internet. Generar ingresos cuando se trabaja por día o a destajo empuja a que las opciones se encuentren entre quedarse en su casa y no percibir ingresos, o salir a buscarlos y exponerse al contagio. Muches de les vecines trabajan dentro de los mismos barrios, lo que implica una circulación diaria por sus calles. El no contar con un salario mensualizado les imposibilita realizar las compras semanales como se recomienda, teniendo que salir cotidianamente a comprar el alimento. Esto sumado a la falta de bancarización tanto propia como de los negocios de cercanía que se torna otro impedimento más para evitar salir de sus hogares. Así, una vez que comenzó a haber contagios de covid-19 dentro de los barrios, la exposición al virus fue recurrente.

La falta de bancarización también impacta negativamente en quienes cobran la IFE, ya que muchas familias que deben acceder al cobro por cajero automático han tenido diversos inconvenientes para quienes no cuentan con un correo electrónico propio o un número de celular a su nombre. Para ellxs la única opción es cobrar a través del Correo Argentino, lo que significa hacer horas de cola para poder tener el dinero en sus manos. La IFE otorga unos pocos $10.000 que resultan insuficientes para saldar la falta de trabajo de los miembros del hogar, si se toma en cuenta que sólo se puede cobrar uno por familia. Por otro lado, podríamos hacer una pequeña reflexión acerca de cómo el Estado Nacional se encontró con dimensiones impensadas de la informalidad, probablemente acrecentadas durante los últimos cuatro años de macrismo. Y si bien la política se va transformando en función de llegar a estos sectores, lo cierto es que a dos meses de iniciada la cuarentena hay muchas personas que no han podido cobrar aún este Ingreso ni ninguna otra ayuda.

Mención aparte merece la situación de les niñes en cuarentena: hace casi dos meses que muches no tienen contacto con sus escuelas porque carecen de conectividad o han cambiado el número de teléfono que la institución tenía de contacto y ya nadie pudo comunicarse. La continuidad pedagógica es imposible para muches niñes que viven en casas en donde hay un solo dispositivo, que debe ser compartido entre todos sus habitantes. El reparto de comida en las escuelas es otro problema más que se les suma a las familias: deben hacer cuadras de cola para recibir un bolsón para dos semanas pero que es insuficiente, si es que no les llega solamente el refrigerio con dos leches y galletitas por algún supuesto error administrativo. Como dato de color podemos contar que en el bolsón a veces incluyen una cajita de flan instantáneo para el que se necesita utilizar un litro de leche del que las familias no disponen, lo que da cuenta de la falta de conocimiento sobre la situación que están viviendo miles de personas.

La pandemia y el aislamiento social son potenciadores de las necesidades básicas insatisfechas que existen desde mucho antes que este virus se esparza por el mundo, y que probablemente se prolonguen mucho más una vez finalizada la cuarentena. Lo que logra la excepcionalidad de las circunstancias actuales es poner de manifiesto aquellas desigualdades históricas que existen en CABA (y en el resto del país), y visibilizan múltiples derechos vulnerados que generan que esta crisis sanitaria no impacte a todes por igual. Muy lejos de esto, corremos el riesgo de que esta pandemia termine afectando, como ya sucede en otros países del mundo como Estados Unidos y Brasil, únicamente a los sectores populares, mientras el resto de la sociedad mira hacia otro lado.

A pesar de que ya es un dato irrefutable el hecho de que en los barrios populares de la Ciudad es donde hay mayor multiplicación del virus, aún no existe un protocolo sanitario para cuidar a las personas que se contagian de covid-19 ni a quienes estuvieron en contacto con ellas. Hasta hoy, si un miembro de la familia presenta síntomas y da positivo, al resto se les aísla en el hogar pero no se les testea. Luego de la denuncia de Ramona, el GCBA anunció con bombos y platillos la desinfección de las calles de las villas con lavandina, como si eso pudiera frenar la circulación, o fuera un cambio significativo frente a la falta de elementos de higiene básica en los hogares. Cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio se torna cuesta arriba cuando salir a trabajar, buscar un plato de comida o asistencia médica por fuera del hogar es imperante. El Estado sigue siendo el gran ausente, y esta responsabilidad recae sobre las organizaciones sociales y barriales que a través de donaciones logramos acercar aquello que el gobierno les niega.

Las organizaciones y las necesidades que vemos desde el barrio

Somos, entonces, las organizaciones sociales las que estamos día a día trabajando en los barrios para acompañar en estos contextos. Sin embargo, sin una ayuda del Estado las limitaciones frente a la situación crítica son cada vez mayores. Los comedores, que antes de la pandemia recibían comida, no vieron un aumento en la cantidad de alimento, y aquellos que no recibían nada siguen teniendo que gestionar con sus propios recursos el plato de comida para les vecines. Además, el GBCA no provee elementos básicos de higiene y seguridad (como barbijos, guantes, alcohol en gel) a quienes están trabajando en los barrios, propiciando así más contagios aún.

Dada la tasa de multiplicación y la inacción del GBCA, no se espera más que un estallido en las villas porteñas que será casi imposible de contener. Aún hoy, sin haber entrado en el famoso pico de contagios, las salas de los hospitales empiezan a estar atestadas, y no podemos esperar un mejor panorama si no empieza a haber una transformación radical del plan de acción en los barrios populares. Resulta, entonces, necesario que se tomen medidas que contemplen las realidades territoriales de los sectores populares. En la villa 31, desde las organizaciones se viene exigiendo que se pongan a disposición los múltiples hoteles que hay en la zona para aislar a las personas que estuvieron en contacto con quienes están contagiades, o en caso de que tengan que aislarse en sus casa, que desde el GCBA se garanticen los alimentos y elementos necesarios para que no tengan que salir de sus casas. Esto no solo no está sucediendo, sino que ni siquiera se les hace un seguimiento a los contactos estrechos sobre los síntomas que van teniendo.

En materia educativa, se exige que el gobierno garantice el acceso a las TICs de les niñes para que puedan continuar con sus tareas y en contacto con sus maestres y profesores, algo que está implementándose incipientemente y sin certitud de que alcance a todes les niñes. También se exige que se implemente la tarjeta alimentaria para todes les niñes de escuelas públicas para que puedan mantener la alimentación diaria sin que sea necesario movilizarse de su casa.

En suma, la exigencia es por un Estado que trabaje para les más necesitades, de manera articulada con las organizaciones sociales y barriales, con las familias y vecines de los barrios para evitar no sólo que la pandemia se lleve miles de vidas, sino también que el aislamiento no profundice los niveles de empobrecimiento. La gestión de la ciudad tiene que dejar de ser un negocio para los contratistas y comenzar a ser pensada para todes sus ciudadanes según sus necesidades.

Y después del coronavirus, ¿qué?

La cuarentena es al día de hoy la única medida para luchar contra la pandemia. La eficiencia es indiscutida a nivel nacional e internacional por los principales exponentes en materia de salud y epidemiología.

No negamos que sostenerla es la manera de evitar que se profundicen los contagios y muertes. Pero queremos poner en cuestión la dicotomía entre salud y economía, que viene sobrevolando los debates de la sociedad desde el inicio de la cuarentena. Desde el gobierno nacional se afirma que es falsa pensándola, a nuestro entender, en una dimensión nacional y estatal: un Estado no puede elegir su economía por sobre la salud de su población, porque eventualmente ella se enfermaría de a cientos de miles, desplomando la economía en el corto plazo (como está sucediendo, de hecho, en países que tomaron otros rumbos).

Pero dicha dicotomía tampoco existe para estas familias de los barrios, porque tener que elegir entre salir para comer y no salir para no contagiarse es un escenario imposible. Sin un plato sobre la mesa no se tiene salud, y sin un trabajo digno tampoco. Lejos de ignorar, de negar o moralizar estas realidades, el Estado debería contemplarlas para construir políticas con anclaje territorial real que acompañen estas situaciones. Es urgente para que el virus no siga propagándose en estos barrios, donde tiene mayor circulación y donde la población está más vulnerada. Basta con escuchar lo que las organizaciones sociales que trabajan en los barrios tienen para decir y proponer.

No es cierto que esta pandemia nos iguala, como se escuchaba allá por el inicio de esta crisis. No es verdad que tenemos las mismas posibilidades frente al virus. Porque en una sociedad profundamente desigual, las injusticias no se suspenden ni siquiera en una crisis mundial. Al contrario, se profundizan aún más, y cuando termine este caos, cuando se invente finalmente una vacuna, aunque la comunidad internacional decida patentarla libremente y que toda la población acceda a ella, la desigualdad social seguirá profundizándose.

La urbanización real y participativa de los barrios populares de la Ciudad es una necesidad imperante y urgente que ya no puede esperar. La falta de cloacas, de agua y electricidad es un incumplimiento estatal con el derecho al hábitat y a la salud. Esta es una crisis mundial, pero no queremos que cuando termine y podamos observar sus efectos, nos demos cuenta de que nuevamente quienes más afectades se vieron fueron los sectores populares, racializados y oprimidos. Urge que las medidas se tomen ahora, no esperar a datos sobre cómo afecta la pandemia y la cuarentena a las familias, tenemos los ejemplos de otros países, tenemos el conocimiento científico acumulado en materia sanitaria y epidemiológica, hace falta que el Estado se haga cargo.

* AulaVereda es una organización que trabaja con niñxs desde la educación popular en CABA, PBA, Mendoza y Entre Ríos. En CABA trabaja en Almagro, Boedo y la Villa 31.

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Por  AulaVereda | Foto: Julianite

Con el movimiento feminista aprendimos a ser lo que somos y también vamos aprendiendo a destruir todo eso para forjar formas nuevas de ser y hacer. No sabemos bien ya cuántas veces nos desarmamos y nos volvimos a ordenar para llegar a ser esto que somos. Siempre nos cuesta y siempre celebramos el viaje. Y por suerte esta vez el viaje es acá cerca, en La Plata no más, que otra vez 800 kilómetros en micro era un montón. Tantas veces hicimos esas distancias, dormimos en cualquier parte, tuvimos frío y mucho calor, rodeadas de amor compañero y danzas guerreras. Tantas veces viajamos al Encuentro llenas de deseos, curiosidades y miedos, casi nos hacemos pis de la risa y lloramos a borbotones de tristeza.

Y sin embargo, este año vuelve a ser diferente. Porque este año viajamos por primera vez con las niñas de las organizaciones al Encuentro. Se nos vuela la cabeza, se nos salen las ganas del cuerpo de la emoción. ¿No era obvio que teníamos que viajar juntas, si estamos todo el año construyendo los espacios de militancia colectivamente? No, no era obvio, el patriarcado y el adultocentrismo vuelven confusas las cuestiones más evidentes y, otra vez, necesitamos andar un largo trecho para llegar a entender que no solamente ellas tenían que estar en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, sino que también tenían que organizarlo con nosotras.

Y fue así que comenzamos la odisea de armar un taller de niñeces y juventudes, que será una realidad este fin de semana en La Plata. Nos llevó muchas reuniones, le dimos más vueltas que a la calesita, fuimos a proponerlo a la comisión de contenidos del Encuentro y nos bancamos que las miradas más conservadoras se horroricen de solo pensar que las más chicas tuvieran su espacio autónomo de debate y resolución. La peleamos, insistimos, la ganamos. Y hasta hoy mismo seguimos craneando las mejores formas de implementar esto que nunca se había hecho antes.

¿Acaso no había niñxs en el Encuentro antes? Claro que había, muchísimxs. Lxs niñxs son parte de esta compleja realidad que nos toca vivir y por ello habitan los espacios sociales más diversos, aunque se lxs quiera invisibilizar. Lxs niñxs están en el Encuentro y en la casa de cada mujer que asiste, y también están en el piquete al que se moviliza la familia a pedir por la emergencia alimentaria. Ellxs están acompañando el trabajo de lxs mayorxs o haciendo sus propias changas, están en los centros de estudiantes y frente al Congreso reclamando la ley de aborto legal.

Asumir su presencia es un primer paso fundamental para vomitar de adentro de nuestros cuerpos el adultismo que tenemos tan instalado. Pero no es suficiente. Además, como educadorxs y como movimiento feminista, tenemos la responsabilidad de construir con las infancias esta ola insurrecta que viene a cambiarlo todo, también los privilegios generacionales.

Por eso nos pareció, tanto a AulaVereda como a muchas otras organizaciones amigas que vienen trabajando desde esta perspectiva, que este año uno de los talleres del Encuentro tenía que ser hecho por y para las pibas. Alto desafío.

Pero las pibas en los barrios ya estaban prendidas fuego, llenas de ganas de hablar del aborto y de sus derechos, con experiencias de participación en las marchas del #Niunamenos y muchas actividades vinculadas a estas problemáticas. Por eso no fue tan difícil armar el Pre Encuentro de Niñas y Jóvenas de septiembre, para definir entre todas lo que queríamos que suceda finalmente en La Plata. Si bien no es una planificación cerrada, es un bello puntapié construido colectivamente para iniciar un proceso de participación y visibilización de aquello que las pibas tienen para decir en el marco del Encuentro Plurinacional.

El espacio es para niñas y adolescentes mujeres y también para infancias y juventudes trans, no binaries, intersex y todas las disidencias que quieran manifestarse. Habrá espacio de taller con debate, algunas dinámicas lúdicas, un momento de fútbol para todxs y una pintada de carteles engliteriariados para llevar a la marcha. Y todo lo que quieran sumar, porque el espacio es abierto a todxs lxs que quieran seguir construyendo un feminismo no adultista.

Nos vemos en el Taller para niñeces, en la Facultad de Ingeniería, espacio M11. Sábado de 15 a 18hs y domingo de 14 a 17hs

Hasta la ternura siempre

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