Este martes 4 de septiembre Día del Inmigrante en la Argentina, distintas organizaciones, de migrantes y sociales,  aglutinadas en la campaña Migrar No Es Delito convocan al 2º Paro Migrante en la Argentina. El pasado viernes se realizó una Audiencia Pública en el Congreso Nacional donde  expusieron académicos, trabajadoras y trabajadores y referentes de organizaciones sociales frente a las políticas xenófobas impulsadas por el gobierno nacional.

Esta vez, al reclamo que desde hace más de un año se viene realizando contra la derogación definitiva del DNU 70/2017, que modificaba la Ley de Migraciones, en el que ya hubo un antecedente de inconstitucionalidad, se unen los reclamos contra las iniciativas de Ley que buscan generar políticas discriminatorias para migrantes como arancelamiento de salud y educación, el aumento de tarifas a los trámites, las trabas administrativas, además de la persecución policial que sufre principalmente la comunidad senegalesa, la precarización laboral como parte del ajuste y la recientemente  creación de una aplicación de celular para tener un registro de migrantes en situación administrativa irregular.

La movilización, que se espera cuente con una gran convocatoria, partirá desde Tribunales hasta el Congreso Nacional. La campaña impulsa la necesidad de que el Poder Judicial ratifique la inconstitucionalidad del Decreto (DNU 70/2017). Como parte de esta lucha, la distintas colectividades han venido realizando una serie de acciones informativas en los consulados y embajadas, e invitando a la Audiencia Pública que se realizó el pasado viernes 24 de agosto en el Congreso de la Nación.

Durante la Audiencia Pública, dirigida por la diputada Romina del Pla, tomaron la palabra distintas personalidades, diputados y diputadas, estudiantes, especialistas, migrantes, organizaciones de derechos humanos, quienes intervinieron alrededor de cuatro ejes: salud, educación, trabajo/sindical y DNU. Durante las intervenciones se hizo hincapié en la denuncia contra la política xenófoba y de persecución que realiza el gobierno nacional y que se refleja de forma explícita en las declaraciones de sus funcionarios.

Entre las ponentes estuvo Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), una de las organizaciones que presentó el amparo contra el DNU por su carácter inconstitucional. En su intervención, Lucía explicó la situación actual del Decreto,  luego de que el gobierno presentara un recurso extraordinario federal, con lo que la sentencia de la Cámara queda anulada hasta que la Corte no resuelva sobre esta situación. Es decir, en términos prácticos, el Decreto sigue vigente. Más allá de la situación legal. Además, destacó el carácter disciplinador del DNU y las distintas medidas administrativas que empujan a los y las migrantes a una situación irregular.

Por su parte, Pablo Ceriani, director de la especialización Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, quien hizo especial énfasis en la lógica de control social que  encierran acciones como la aplicación de teléfono que busca informar a funcionarios de gobierno sobre la situación migratoria, y la equiparó con el espíritu de la Ley 22.439, que operó durante la última dictadura cívico militar, conocida como la Ley Videla, y cuyo objetivo era la expulsión de inmigrantes.

Otra de las intervenciones fue la de Zulema Montero, abogada de la asociación Yanapakuna, quien fue parte del movimiento de Migrantes Organizadxs que impulsó la Ley 25.871,  que es la que fue modificada con el DNU. Montero contó una serie de casos como cobros indebidos, familias que se están disgregando a partir de las expulsiones, restricciones en materia de salud y educación, e hizo un llamado a la unidad de las organizaciones migrantes para frenar este retroceso en materia de derechos.

En el eje de educación, Natalia Gavazzo, antropóloga e investigadora del CONICET, cuestionó, mediante datos recopilados a través de investigaciones, el argumento que se repite sobre el abuso de los y las migrantes de los servicios de salud y educación. La investigadora explicó que el problema no es el porcentaje de migrantes, que a principios del siglo XX era del 30% y que ahora apenas supera el 4% de la población, sino que lo que más molesta a una élite arraigada,  a una ideología eurocéntrica,  es que “el 70% sea de origen latinoamericano”. Finalmente, alertó sobre la falta de herramientas con las que cuentan las y los docentes para tratar temáticas de interculturalidad en las aulas del sistema educativo y recordó que la presencia de estudiantes extranjeros le da prestigio internacional a las universidades argentinas, contrariamente a los discursos que promueven desde los medios hegemónicos en relación a que estos estudiantes serían únicamente un costo.

Delia Colque, trabajadora textil, integrante de la cooperativa Juana Vilca y del Bloque de Trabajadorxs Migrantes, contó las problemáticas que enfrentan las mujeres migrantes que se dedican al rubro textil y las dificultades para avanzar en propuestas cooperativas. Entre estas problemáticas se encuentran los despidos y las dinámicas de abusos y sobreexplotación en las fábricas, las amenazas de cierre en la cooperativa,  si   contratan personas sin documento y la negación de los aportes de las y los migrantes a la economía. La trabajadora cerró su intervención haciendo un llamado a acompañar el Paro Migrante este 4 de septiembre.

La sesión continuó con otras intervenciones como la de Sandra Carreño, del FPDS Ezeiza, quien hizo un llamado a reconocer el aporte de los y las migrantes y retomó la propuesta, planteada el año pasado por Evo Morales, en favor de avanzar hacia la conquista de una ciudadanía universal.

El último segmento de la Audiencia estuvo destinado a contar casos emblemáticos de violencia contra migrantes. Entre estos casos, se encuentra el de Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), quien acusó al gobierno de una ola de ataques xenófobos, machistas y racistas que sufrió en redes sociales luego de participar en la Marcha Federal por Pan y Trabajo. Frente a los ataques, Dina se encargó de dejar claro que “las mujeres pobres y migrantes no nos callamos más”.  En la audiencia también se hizo presente Patricia Ramos, del FOB, traductora de Reina Maraz, mujer quechua parlante que estuvo detenida acusada injustamente de haber asesinado a su esposo. El caso de Reina Maraz fue un caso simbólico en la lucha del movimiento feminista contra la justicia patriarcal y colonial, y que tuvo como desenlace su liberación en 2016.

Durante la jornada, más de 20 personas expresaron su opinión en relación a la política xenófoba del gobierno, desde distintas perspectivas y experiencias. El punto en común fue claro, la necesidad de avanzar en unidad y dar la mayor fuerza posible al segundo Paro Migrante en Argentina. Finalizada la Audiencia, las organizaciones (más de 40) que integran la Campaña Migrar No Es Delito hicieron un llamado a movilizar el 4 de septiembre, en un acontecimiento que promete ser un hito en la resistencia migrante en Argentina, y por qué no decirlo, en el mundo.

Source

La pelea por determinar las tarifas resulta clave para el programa económico del gobierno que, a pesar de sus declaraciones amistosas a los mercados, no logra convocar su anuencia inversora y queda atrapado en un círculo recesivo en lo económico y explosivo en lo social.

Está claro que quien no quiere escuchar, no escucha. No son pocos los que consideran que, en efecto, la suba de las tarifas es un hecho indiscutiblemente necesario, a pesar de no tener en claro las razones por las cuales se lo afirma. Pero ni el gobierno ha ido tan lejos como hiciera a través de deleznables declaraciones radiales el promotor periodístico Lanata, pretendiendo negar la relevancia de la fijación de tarifas. Es que, más allá de impericias o falta de tacto político, el “equipo” de Cambiemos tiene clara la importancia de la actual disputa por la fijación de las tarifas.

Cambiemos vino a ofrecer un nuevo marco de políticas públicas que pretendían resolver demandas del capital concentrado. El “clima de negocios” y la “previsibilidad” eran ejes centrales frente a lo que las cámaras empresariales consideraban un ambiente riesgoso e imprevisible para realizar inversiones en los años previos. Ahora bien, el nuevo gobierno, a pesar de sus declaraciones amistosas –o incluso amorosas– a los mercados, no logra convocar su anuencia inversora, y queda atrapado en un círculo recesivo en lo económico y explosivo en lo social.

Los problemas del tarifazo

La sucesión de aumentos de tarifas de agua, transporte, luz y gas se montaron sobre un momento de aceleración inflacionaria que el gobierno –repitiendo prácticas que decía venir a combatir– negó. Esto explica el impacto inmediato sobre los bolsillos: se trató de un fuerte golpe más, cuando ya la tunda estaba en marcha. Entre actores sociales –como clubes de barrio o centros de jubilados– esto apareció como un auténtico tiro de gracia. Para cooperativas, empresas recuperadas e incluso micro y pequeñas empresas, se combinó con un escenario recesivo junto a la apertura generalizada de las importaciones, una combinación fatal que puso en riesgo su sostenibilidad.

La intensa movilización y protesta por múltiples medios, así como el “activismo jurídico” de presentaciones de amparos y cautelares, lograron visibilizar el problema, que de otra manera hubiera aparecido como un tecnicismo. La Marcha Federal expresó en toda su potencia este reclamo general contra el esquema de ajuste social que lleva adelante el gobierno: lejos de ser un acto de afirmación kirchnerista –como lo fue la menos concurrida Marcha de la Resistencia–, se trató de un amplio plexo social que se expresó contra la política oficial. Lejos está aún esto de configurar una representación política clara, y el gobierno lo aprovecha para negociar su ajuste con bancadas y gobernaciones desligadas de lo que ocurre en las calles y en los barrios.

La Corte Suprema de Justicia ha tenido dos intervenciones en este trajín. Respecto del aumento del gas, anuló los aumentos para los hogares hasta que se realice una audiencia pública –como establece el marco regulatorio. Pero dejó firme el aumento promedio del 500% para el 70% del universo tarifario, compuesto por industrias y comercios, que sin dudas verán el impacto y lo trasladarán a precios y empleo. Sin embargo, el fallo es importante porque determinó que se habían vulnerado derechos básicos como a la información y la participación. El gobierno se vio obligado así a convocar a una audiencia pública, después de la cual deberá considerar los argumentos allí vertidos en su disposición: de lo contrario, el aumento será judicializable nuevamente. Esto significa que si no se considera –así sea para desestimar– las intervenciones en la audicencia, se podrá continuar con las acciones legales contra el tarifazo. Respecto de la luz, la Corte desconoció la representatividad de los demandantes, sin expresarse sobre el fondo de la cuestión.

El viernes 16 de septiembre se realizará la audiencia en la Ciudad de Buenos Aires. Una sola audiencia para discutir los aumentos de todo el país, realizada un día laboral de semana. Para quienes no viven en la capital, podrán verla por streaming (inscribiéndose en este enlace), pero no podrán asistir ni participar activamente. Una nueva demostración de lo que Cambiemos entiende por democracia: la mera expectación de decisiones ya tomadas.

Los vicios de la audiencia no terminan ahí. La sucesión de cuadros tarifarios que el gobierno ha promovido da toda la sensación de una completa falta de argumentos. Un factor fundamental es la ausencia de información clara sobre costos de producción de la cadena de valor o cuentas de las empresas, donde expliquen sus ganancias en los años previos o qué hicieron con los millonarios subsidios que recibieron. Existen al menos un acuerdo clave en el sector, que es el Plan Gas, instrumentado por el gobierno anterior y sostenido por este, que paga un sobreprecio por producción extra: ¡en un contexto en que la producción no creció! No existe un plan de inversiones a futuro, ni tampoco garantías que las empresas actúen acorde a lo que se les propone. Ni hablar de diversificar la matriz energética, redefinir zonas tarifarias según factores climáticos, o modificar los subsidios cruzados de los usuarios de menor consumo a favor de los usuarios de mayor consumo: nada de esto, que serían fallas de la regulación del servicio, están hoy en discusión. Todo esto permite suponer que se trata sin más de una transferencia del bolsillo de los y las contribuyentes a las empresas; no una política real para resolver el problema energético.

Y las inversiones, ¿para cuándo?

El gobierno de Cambiemos cumplió algunas tareas que el empresariado concentrado le demandó: liberalizó la cuenta capital, quitó restricciones al comercio, relanzó la toma de deuda –a cualquier costo–, incentivó los despidos –bloqueando incluso el intento parlamentario por frenarlos– y mediante la liberación general de los precios, permitió la licuación del salario vía inflación. Todos estos son logros en el haber de los capitalistas… pero no alcanzan. Más allá de cualquier afinidad política o ideológica, los empresarios resuelven con las cuentas, y tienen claro que el saldo final no está claro.

El gobierno lleva ya cerca de 5 meses lidiando con el intento por aumentar las tarifas, en lo que se suponía que era apenas la primera parte de la suba. Estas dificultades demuestran que el gobierno está lejos de poder garantizar la previsibilidad que promovía cuando asumió, o cuando visitó el foro de Davos a principios de año. Si los precios no están claros a futuro, tampoco lo están las ganancias, y por ello mismo, los capitales se resisten a invertir en el país. Macri visitó China en la reunión del G20, e invitó a los empresarios a visitar Buenos Aires la semana entrante para convencerlos en el Foro empresarial mundial de Inversiones y Negocios que organizó. En China le dejaron claro que esto no ocurrirá hasta que no se consolide el esquema de precios relativos, reduciendo la inflación: pero esto va en contra de la suba las tarifas aun no cumplida. El gobierno se enfrenta así a la profundización de la recesión, sin inversiones a la vista, y el dilema de subir precios sin subir la inflación. Un auténtico rompecabezas que explica por qué la disputa contra el tarifazo no es solo la defensa de nuestros derechos más básicos, sino también un golpe en el centro del modelo de negocios de Cambiemos.

Source