Un estudio realizado por el Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur determinó que hay contaminación en las formaciones Nagoya 300 de la Línea C, en las formaciones Mitshubishi de la B y también en la E.

El trabajo se dio a conocer luego de la represión a los trabajadores del subte en la última semana del mes pasado, mientras llevaban adelante una huelga. Además, esa semana, un trabajador murió de cáncer, posiblemente relacionado con la exposición de asbesto y se han reportado otros cinco casos de esa enfermedad.

El asbesto, también llamado amianto, está conformado por un grupo de minerales metamórficos fibrosos, que debido a su bajo costo es utilizado en materiales de construcción y aplicaciones industriales por sus propiedades aislantes y de resistencia al calor. Es un material termo-eléctrico resistente que ante exposición prolongada puede provocar cáncer con una alta tasa de mortalidad. En la Argentina, está prohibido desde el año 2000, a través de las Resoluciones N° 845 y N° 823, del 2001.

El análisis, a cargo de la doctora Leticia Lescano, docente e investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, quien realizó su doctorado sobre contaminación ambiental con asbestos, contó con más de 50 muestras en diferentes flotas.

El 28 de mayo, la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) llevó a cabo una conferencia de prensa en donde se relató la situación de conflicto que lleva con la empresa Metrovías y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la paritaria del 13% en tres tramos que cerró con la UTA, gremio minoritario en el subte, y allí se reveló la presencia de asbesto en las formaciones.

El sindicato denunció que Subterraneos de Buenos Aires (SBASE), Metrovías y el Gobierno de la CABA estuvieron entorpeciendo la investigación por la compra de los trenes CAF 5000 y 6000 al Metro de Madrid. Se sospecha que tienen asbesto y se reportó que dos trabajadores del subte madrileño fallecieron por asbestosis, un tipo de cáncer causado por la exposición a las fibras de ese mineral.

“Pero nosotros, frente a la sospecha y a la certeza de que habían trenes con asbesto, fuimos por nuestra cuenta a investigar sobre los otros trenes que están funcionando en Buenos Aires. Hemos enviado a la Universidad del Sur a hacer una investigación sobre distintos componentes que tienen estos trenes”, detalló Roberto Pianelli, Secretario General de la AGTSyP. El resultado de ese estudio fue la presencia de asbesto en trenes Mitsubishi de la Línea B, Nagoya 300 de la C, General Electric Española de la E y en el techo del vestuario del Premetro.

“En vez de tratar de demonizarnos por televisión, sería más productivo que intenten sacar este material cancerígeno de nuestro subterráneo para que nosotros, nuestros compañeros y nuestros compañeros jubilados no se mueran apenas tengan la jubilación. Estamos muy indignados por la actitud que están teniendo las autoridades”, denunció Pianelli. “Tenemos dignidad y la vamos a defender hasta el último momento”, enfatizó.

Esta denuncia se suma a la que ya habían realizado los metrodelegados en febrero pasado cuando se enteraron que los trenes CAF 5000 estaban contaminados con este material cancerígeno. Esos coches habían sido adquiridos en 2011 por la administración del entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y comprados de “segunda mano” por la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) al Metro de Madrid. Esos trenes comenzaron a circular en la línea B a mediados de 2013, y en febrero de este año, luego de conocida esta noticia,  gracias a la pelea de los trabajadores fueron sacados de circulación.

Amianto en el Metro de Madrid, sus consecuencias

El Metro de Madrid está condenado a perder todas las sentencias por las demandas de los trabajadores y trabajadoras afectadas de alguna manera por la exposición al amianto. En el futuro habrá bastantes más afectadas y afectados, de enfermedades leves y graves, por la exposición al amianto a la que han sido expuestos en su trabajo, sin ninguna o pocas medidas de seguridad, en los últimos 50 años y hasta nuestros días. No en vano, la Inspección de Trabajo ya ha condenado a la empresa a pagar una multa cuantiosa (191.000 euros), al entender que no adoptaron medidas suficientes en materia de seguridad ante la presencia de amianto.

En el caso de las y los trabajadores, según los protocolos médicos diseñados, si se van sometiendo a revisiones preventivas periódicas les queda aún exigir coeficientes de reducción del trabajo; hacer que las enfermedades se vayan reconociendo como profesionales (si se trata de asbestosis, cáncer de pulmón, de laringe o mesotelioma); solicitar el recargo de prestaciones y pedir en los juzgados indemnizaciones apropiadas.

Las demandas penales contra los responsables, serían también recomendables, sostuvo el experto Paco Puche ante el Grupo Parlamentario de Podemos. Mientras “Los responsables del Metro aseguran que no existe ningún riesgo de exposición a este material para los viajeros”

Una epidemia silenciosa y silenciada

Como han estado expuestos tantos trabajadores y durante tanto tiempo, muchos habrán muerto (o enfermado) sin saber que ha sido por el amianto y sin percibir compensación alguna. Son las muertes ignoradas del amianto que permanecen en el olvido. Amén de las contaminaciones familiares, sobre todo en mujeres e hijos, que manejaban las ropas de sus maridos.

El amianto lleva instalado en el Metro subterráneo de Madrid más de 50 años. Los materiales que contienen amianto friable (desmenuzable), han sido una fuente permanente de desprendimiento de fibras o fibrillas invisibles, que requieren para ser vistas observarlas por microscopía electrónica de barrido, un tipo de instrumento que puede aumentar la imagen de un objeto hasta un millón de veces. Se trasladan al aire del ambiente que respiran los viajeros.

En la actualidad, los usos del Metro de Madrid son de 50 millones de visitas al mes. En un año suman 600 millones de actos de exposición a diferentes viajeros. Algunas de esas dosis mínimas terminarán haciendo su fatal efecto.

¿Y en el subte porteño

Sobre la comercialización de vagones contaminados a Argentina

Con la venta de vagones contaminados se han vulnerado dos mandatos legales. Uno la Orden de prohibición del 7 de diciembre de 2001. En ella se dice que “Se prohíbe la comercialización y la utilización de estas fibras (seis minerales) y de los productos que las contengan”.

Asimismo, se ha vulnerado el Convenio de Basilea (1989) sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, ratificado por España el 2 de septiembre de 1994 (BOE 227).

Dicho Convenio ordena que “los desechos peligrosos y otros desechos deben eliminarse en el Estado en que se hayan generado.” (Preámbulo); entendiendo por “desechos” aquellas sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional (art. 2°), e incluyendo entre los tales aquellos “que tengan como constituyentes asbesto en forma de polvo o fibras” (Anexo I, Y36).

Por lo tanto, corresponde al GCBA iniciar una querella criminal apoyada por diversos colectivos de afectados (sindicatos, usuarios, ecologistas) contra los responsables españoles de haber vendido material contaminado con amianto.

De la misma manera, ante la comprobación de la presencia de amianto en el subte de acuerdo al estudio de la UNS, implementar planes de descontaminación, que incluyan la limpieza por aspiración potente de todas las instalaciones, para la eliminación de este mineral en toda la red, tanto en el material móvil como en estaciones y otras instalaciones, aprovechando la inactividad nocturna y/o el cierre escalonado de estaciones.

El amianto en el Metro de Madrid y en los subterráneos de Buenos Aires son un par de casos más, de la grave epidemia que provoca este mineral, que ha estado ocultada, minimizada y, en muchos casos, ha quedada impune.

El descubrimiento de la gravedad de lo ocurrido nos hace pensar que es un momento oportuno para darle difusión a este grave problema, y emprender un recorrido posible de desamiantado y limpieza del subte de Buenos Aires y del resto del amianto esparcido en nuestras vidas.

Como propone el CESE (Comité Económico y Social Europeo), que trata de erradicar el amianto en toda la UE (a la que tanto se quiere parecer el gobierno de Cambiemos), con carácter prioritario, en un plazo que no vaya más allá de 2032. Imitémoslo.

Mientras el Gobierno, Sbase y Metrovías demonizan a las y los trabajadores, a las y los metrodelegados y a la organización gremial mayoritaria en el subte (AGTSyP) con mentiras, represión y criminalización, esta denuncia (basada en estudios realizados por iniciativa del sindicato ante la negativa de la empresa a investigar) pone de manifiesto dos cosas. Por un lado, que a los empresarios y al Gobierno les importa prácticamente nada la vida de quienes día a día trabajan y viajan en el subte. Por otro, que los verdaderos interesados en un servicio de calidad, con condiciones de salubridad y seguridad son las y los propios trabajadores. Por eso a ellas y ellos son a quienes hay que apoyar y rodear de solidaridad. Si ganan, gana toda la población trabajadora.

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La Cámara del Trabajo habia fallado en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y en favor de Roberto Fernández, sindicalista amigo del gobierno,  Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El titular de los “metrodelegados”, Roberto Pianelli, dijo que el fallo de la Corte que confirmó la nulidad de la personería gremial de su organización, “es escandaloso; es un fallo claramente político y contra la libertad sindical”.

Agregó que “viola la libertad sindical, la entierra, no es una casualidad; fue sacado por la mayoría de la Corte un día después que paramos en defensa de la salud de nuestros compañeros”, en referencia a la denuncia sobre la existencia de amianto (o asbesto) en uno de los modelos de tren, lo que fue desmentido por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
Sostuvo que “una justicia adicta al gobierno saca resoluciones de este tipo” y señaló que se beneficia a la UTA, que “no se quiso presentar a cotejar con nosotros, boicoteó el expediente y lo sigue boicoteando y le dan de por vida la garantía de que no le van a tocar la personería”.
Además recordó que la UTA firmó “una paritaria como la que quería el gobierno; es el único gremio del gobierno que se sienta junto al Ministro a anunciar los aumentos de tarifas que van a golpear a sus trabajadores y a los de otras actividades”. Pianelli aseguró que a pesar del fallo adverso van a seguir “haciendo lo que hicimos siempre: estamos comprometidos con nuestros compañeros, con la defensa de los intereses de los usuarios para tener el mejor transporte, el más seguro de todos, y tenemos derechos para hacerlo”, concluyó.

Recordemos que la Cámara del Trabajo falló en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). El trámite de personería gremial es una instancia que prevé constatar qué sindicato tiene mayor afiliación, para eso se citó a la AGTSyP y a la UTA. Este último no se presentó. Sin embargo para la Cámara no mereció sanción alguna. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia resolvió no tratar el recurso extraordinario que presentó la AGTSyP contra la sentencia de la Cámara del Trabajo.

En un comunicado, la AGTSyP señala que agotada la instancia judicial, llevará su reclamo ante la CIDH y la OIT. No obstante aclara que sigue siendo el sindicato más representativo de los trabajadores del Subte y Premetro, con la mayor afiliación y que conforme a las normas constitucionales y la doctrina de la OIT, reconocida por la Corte Suprema, tiene los derechos de representar los intereses colectivos de los trabajadores subterráneos.

Un fallo que beneficia a la UTA

Roberto Fernández desde 1984 no agarra el volante de un colectivo. Desde entonces ha ocupado distintos cargos en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), hasta convertirse en septiembre de 2006 en secretario general del gremio. Cansados de los pactos de Fernández con Roggio, el millonario dueño de Metrovías, y los gobiernos de turno, en 2008 los trabajadores del subte realizaron un plebiscito que determinó que la inmensa mayoría quería un nuevo sindicato. Primero tuvieron la inscripción simple, y en 2015 lograron la personería.

Fernández redoblaría entonces su intento de robarle a la AGTSyP la representatividad que le habían dado sus compañeros. Para eso, además del lobby ante el Ministerio de Trabajo y la Corte Suprema, la UTA no paró de hacerle favores al gobierno y los empresarios.

En 2013, dos días antes del traspaso del subte de la Nación al intendente Macri, la UTA firmó con Metrovías un acuerdo para la “adecuación de las condiciones laborales necesarias para mejorar el servicio” incluyendo una cláusula de paz social y numerosas medidas “a fin de aumentar eficiencia y productividad”. Era una devolución de favores a Macri, que había adelantado un mes antes que sólo reconocería a la UTA como el gremio con injerencia en el Subte: “los metrodelegados se arrogan una representatividad que no les corresponde”, afirmó.

Roberto Fernández nunca se olvida de sus amigos. Como cuando ofreció aquella postal inédita en la historia argentina: un sindicalista anunciando un tarifazo en el transporte. Fue el 31 de marzo de 2016, cuando participó del anuncio del aumento de tarifas junto al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El 18 de diciembre de 2017, se conoció el comunicado que señalaba que “la Unión Tranviaria Automotor no adhiere al paro del 19 de diciembre”, cuando miles manifestaban en las calles contra la reforma previsional. Por último, fue la firma de la paritaria del gremio por el 15%, en tres cuotas y sin cláusula gatillo, como propone el gobierno. Un día después llegaría el fallo de la Suprema Corte.

El paro del 13

El pasado 13 de marzo, los trabajadores del subte anunciaron un paro en todas las líneas desde las 20:00 y hasta el fin del servicio, en reclamo de medidas de seguridad ante la presencia de material cancerígeno en las formaciones usadas de la Línea B, que fueron compradas a España.

“El plenario de delegados de AGTSyP del Subte resolvió un paro desde las 20 hasta el cierre exigiendo que se elimine toda pieza con asbesto de las formaciones que lo contienen. Se trata de un material prohibido, cancerígeno, detectado en el metro de España, en los mismos trenes que el gobierno de Macri compró allí como material de rezago”, informaron los metrodelegados.

Los trabajadores del subte pidieron que “todo el material rodante sospechado” sea revisado y reformado para eliminar el asbesto antes de ponerlo nuevamente en circulación. También reclamaron la implementación de protocolos de seguridad eléctrica, cuyo incumplimiento costó la vida de cinco trabajadores. “No se puede confiar en una patronal que adolece de negligencia criminal sistemática en materia de la seguridad de trabajadores y usuarios”, opinaron.

Ver nota relacionada: El subte B, en riesgo para pasajeros y trabajadores

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 El pasado 13 de marzo, los trabajadores del subte anunciaron un paro en todas las líneas desde las 20:00 y hasta el fin del servicio, en reclamo de medidas de seguridad ante la presencia de material cancerígeno en las formaciones usadas de la Línea B, que fueron compradas a España.

“El plenario de delegados de AGTSyP del Subte resolvió un paro desde las 20 hasta el cierre exigiendo que se elimine toda pieza con asbesto de las formaciones que lo contienen. Se trata de un material prohibido, cancerígeno, detectado en el metro de España, en los mismos trenes que el gobierno de Macri compró allí como material de rezago”, informaron los metrodelegados.

Ya fueron retiradas 3 formaciones por contener asbesto y otras 10 se encuentran bajo revisión. Son 18 coches CAF 5000 que tienen asbesto en un componente eléctrico. Estos vagones circulaban desde 2013 cuando se compraron 36. Pero se sospecha que los CAF 6000 también podrían contenerlo ya que en España el material fue encontrado en uno de los coches. Sbase compró 84 coches CAF 6000, de los cuales circulan 60 que conforman 10 trenes.

Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP, señaló: “Los CAF 5000 eran chatarra y los 6000 no se usaban en España. No se fabrican más repuestos para esos coches”.

Agrega Dellecarbonara: “Desde 2003 hay un decreto que permite que las empresas no cumplan con el plan de mantenimiento que ordenan los manuales de los trenes. Cada 350.000 kilómetros hay que sacarlos de circulación, desarmarlos y reemplazar las piezas gastadas. Pero eso no se está haciendo”. Desde Sbase afirman que se realizan cada 600.000 kilómetros.

El asbesto fue prohibido por el Ministerio de Salud nacional en 2003. Pero como se lo utilizó durante décadas como aislante, sigue presente en muchos lugares. En el caso de la Línea B, según Sbase, está en componentes eléctricos que no están en contacto con los pasajeros. Hace 10 años, una investigación del INTI lo detectó en el 15 % de las muestras tomadas en 30 edificios de la Capital Federal y Conurbano.

SBASE anunció la creación de una comisión conformada por representantes de la empresa estatal, Metrovías, los gremios, la Agencia de Protección Ambiental, la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud para descartar que los CAF 6000 tengan asbesto entre sus componentes.

En la última sesión de la Legislatura Porteña el diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano reclamó que la Legislatura sea parte de la revisión de los vagones que realizará la Subsecretaría de Trabajo.

Esta comisión deberá hacer una inspección exhaustiva, en las partes fijas y móviles, y sacar un censo del amianto, incluido el que posiblemente esté ya libre, en el aire o en los suelos.

Hacer un plan de desamiantado integral, con fecha de terminación y presupuesto.

Montar una querella criminal contra el Metro de Madrid ya que el delito es un atentado doloso y continuado contra la salud pública y de los trabajadores.

Pero no lo menos importante, es el atender especialmente a los trabajadores y usuarios expuestos.

De allí que la huelga del pasado 13 de marzo fue acertada a pesar de la complicación a miles de personas ya que sacó a la luz este verdadero crimen social al que son expuestos diariamente los trabajadores y usuarios. Una situación que la empresa y el gobierno porteño mantuvieron oculta.

El caso del Metro de Madrid

En una reciente publicación de rebelión.org, “A propósito del metro de Madrid. Con la exposición al amianto no hay dosis mínima segura” podemos leer que:

La peligrosidad del amianto no es solo por su reconocido carácter cancerígeno y por suponer más de la mitad de todos los tumores ocupacionales, sino porque cualquier dosis, de cualquier tipo de fibras, puede causar un mesotelioma a los 40 años de esa fatídica exposición. Esta propiedad del mineral la hace alarmante, por eso las administraciones, empresas e interesados claman contra las “alarmas sociales” y de forma continua tratan de calmar al personal. Advierten que: “si no se maneja ni perturba, no hay fibras al ambiente y no hay peligro” (sic).

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó en 2002, “Lecciones tardías de alertas tempranas: el principio de cautela, 1896-2000”. Allí se puede leer, en su página 4, que la primera alerta temprana clara y verosímil acerca de los daños a la salud que podría causar el amianto se produjo nada menos que en 1898. Solo cien años después se empezó a prohibir el amianto en algunos países.

En cuanto a formas, tamaños de los distintos minerales y de los distintos tipos de fibra (crocidolita, amosita, crisotilo, etc.), las afirmaciones de un relevante miembro de la International Agency for Research on Cancer (IARC), nos quitan todas las dudas. Sostiene que:

“Todavía hay controversias sobre hasta qué punto hay diferencias en la potencia de las diferentes formas de amianto (por ejemplo, el crisotilo opuesto a los anfíbolos) y los diferentes tamaños (fibras largas y cortas). Sin embargo, estos asuntos no alteran la conclusión fundamental de que la evidencia epidemiológica indica que TODAS LAS FORMAS Y TAMAÑOS DE FIBRAS DE AMIANTO COMERCIAL SON CANCERÍGENAS PARA LOS SERES HUMANOS”. (Kurt Straif. “Update of the scientific evidence on asbestos and cancer” IARC. Asturias, 17 March 2011).

El gerente del metro de Madrid, se defiende diciendo que: la sola presencia no supone un “riesgo para nadie”, sino “solo” cuando una manipulación provoca su “inhalación”. A continuación, se despacha diciendo que retirar el amianto de las estaciones costaría bastante más que la de los trenes (unos 100 millones de euros); se deduce pues que los lugares de los usuarios están ahítos de amianto, hasta al menos en más de 30 estaciones. Estas estaciones subterráneas son de difícil evacuación de fibras sólidas, por pequeñas que sean. Más bien permanecen revoloteando en el recinto sin descanso pues son indestructibles. Muchos usuarios han tenido a su disposición millones, quizás billones, de dosis mínimas. Si se pudiese hacer un seguimiento de las ingentes exposiciones al mineral, no cabe duda de que saldrían a relucir (de antes y en el futuro), cantidades de enfermos por el amianto en usuarios del metro.

Como se está viendo, a medida que pasa el tiempo y los responsables están cada vez más atrapados en sus mentiras, primero aparece en los vagones y máquinas, después en las cocheras, más tarde en las escaleras mecánicas, al fin en los techos y bóvedas de estaciones.

Desde 1977 la IARC ya dice oficialmente que todo tipo de amianto es cancerígeno seguro para los humanos (de tipo 1), y que no hay dosis mínima segura. En Turín tuvo lugar la causa criminal contra los dos magnates del amianto en el mundo, Stephan Schmidheiny y el barón De Cartier, por una demanda de 3.000 muertos y afectados por sus fábricas en Casale Monferrato, en el norte de Italia. La fábrica cerró en 1986, el amianto se prohibió en Italia en 1993, y el hecho de estar permitido en la época que la fábrica estaba abierta no libró a los encausados de un juicio penal, que en primera y segunda instancia fue condenatorio (16 y 18 años, respectivamente).

Queda pendiente el asunto de los expuestos, y más tarde posibles afectados, por enfermedades graves y menos graves. Hay que tener en cuenta los períodos de latencia que median entre la exposición y la incidencia de las enfermedades del amianto, que están, por término medio, entre 20 años para la asbestosis y el cáncer de pulmón y de 40 años para el mesotelioma. Los pocos casos conocidos actuales se deben a exposiciones pasadas. Quedan muchos futuros enfermos que atender y muchos otros que indemnizar. Si tomamos los datos de la tesis reciente (2015) de la Dra. Carmen Diego, relativa a las enfermedades causadas en los astilleros de El Ferrol, de un total de 681 trabajadores investigados, el 71% padecen o han padecido algún tipo de enfermedad derivada de su exposición al amianto, de ellos más del 7% (50) son casos graves.

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Frente a la suba de las tarifas del subterráneo, Claudio Dellecarbonara, dirigente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), comentó en entrevista radial con La Revancha (FM La Tribu) las características del amparo que presentó junto al legislador porteño por el FIT, Patricio del Corro, para frenar el aumento previsto.

-Por qué tomaron la decisión de presentar el amparo, teniendo en cuenta que desde el Gobierno y la empresa Metrovías se decía que el aumento del 67% solo se daba por el aumento de los costos?

-Lo presentamos porque estamos muy preocupados por este aumento. Entendemos que es un ataque muy profundo contra el bolsillo y la economía de los trabajadores, que somos en definitiva quienes usamos el transporte público, en el marco de tarifazos en todos los servicios, aumento en los precios y devaluación, todas medidas que han afectado muchísimo el poder adquisitivo de la clase obrera, de la clase más baja de nuestra población. Por esto presentamos el amparo, viendo que no había otra posibilidad, luego de haber participado de la audiencia pública que no fue vinculante: más allá que el 100% de los que intervenimos allí lo hicimos en contra del aumento de las tarifas, el Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de aumentarlas y publicó en el Boletín Oficial que dicho aumento se realizaría hoy miércoles. Si bien no creemos que la salida sea judicial, presentamos el amparo junto a Patricio del Corro, legislador del Frente de Izquierda, para tratar de frenar el tarifazo, pero entendiendo que hay que hacer una gran acción del movimiento obrero, llamando a una huelga general nacional, que es la forma de parar estos ataques. En principio tuvimos una buena noticia porque se habilitó la feria judicial, donde presentamos argumentos relacionados al cuestionamiento a la tarifa técnica, con la cual calculan luego la tarifa al usuario. Pero también cuestionando mucho de fondo la concesión con la empresa Metrovías, que desde 1994 ha sido beneficiada con subsidios y con grandes negociados por todos los gobiernos hasta el presente. Desde nuestro punto de vista, este es el costo mayor para todos quienes utilizamos el transporte público a través de la tarifa: mantener a esta empresa que ha convertido al subterráneo, que es un servicio público o debería serlo, en un gran negociado, con la complicidad de los gobiernos.

-¿En qué se destinó el dinero que ingresó a Metrovías a partir del aumento del 600% en las tarifas desde el 2013 hasta el presente? ¿Ayudó a mejorar el servicio, a aumentar el salario de los trabajadores?

-Ningún trabajador consiguió un aumento del 600% en su salario desde el 2013 hasta el día de hoy. Esto demuestra despropósito y la profundidad del ataque contra el salario y el poder adquisitivo de quienes utilizamos el transporte. Todo el dinero que se recauda por venta de pasajes y por los subsidios que recibe Metrovías no va de la mano de mejoras que permiten que el servicio sea más eficiente o seguro, que es lo que más nos importa a nosotros. Tampoco va en beneficio de construir 10km más de subte que era promesa de campaña de Macri, no ha permitido tener mejores frecuencias, ni mejorar nuestras condiciones de trabajo, que somos quienes movemos el subte cotidianamente. La falta de inversión que significa falta de mecanismos de seguridad ha provocado que tengamos que sufrir la muerte de varios compañeros en estos últimos años. Pero esto no es exclusivo del gobierno de Cambiemos, sino de todos los gobiernos desde el ’94 que han mantenido esta configuración, con una empresa llenándose de dinero y con un servicio que se va deteriorando. Seguramente esto va a seguir así si no podemos conseguir que haya una gran respuesta de los usuarios junto a los trabajadores.

-¿Por qué creés que todavía desde el movimiento obrero no se da una respuesta a los tarifazos?

-Porque las conducciones de las centrales sindicales obviamente tienen intereses propios. Como casta burocrática tienen también intereses políticos, tanto quienes apoyan al gobierno actual como quienes se dicen oposición comparten características muy similares. En un clima de gran pasividad, se les está dando una tregua a este gobierno, y el movimiento obrero, tanto el que está representado en los sindicatos, que solo es una parte del total (casi el 40% de los trabajadores está precarizado con contratos basura sin la herramienta sindical para defenderse), debe salir a las calles. Si las centrales sindicales tuvieran otra visión, tratarían de unir, de romper el aislamiento del movimiento obrero para poner toda esa fuerza en las calles para poder pararle la mano al gobierno. El problema es que este no es su objetivo, el que se visibiliza cuando la CGT intenta reunificarse desde arriba, apelando a sus intereses como burócratas. No están haciendo asambleas en los lugares de trabajo para votar qué clase de conducción queremos, sino que lo discuten entre veinte personas que están al frente de algunas centrales hace casi treinta años. Estamos hablando de una casta que tiene intereses políticos y materiales propios que no responde a las necesidades de la clase obrera. Una persona que hace 30 años que no trabaja no puede saber lo que vive un trabajador que se levante a las 4 de la mañana para trabajar 12 horas para cobrar un sueldo que no le alcanza para pagar un alquiler. Estas son las cosas que nosotros desde abajo estamos intentando cambiar, no solo para superar en el terreno sindical a las burocracias tradicionales, sino también en el terreno político, impulsando una alternativa independiente política como es el Frente de Izquierda, que junto a otras fuerzas de izquierda y trabajadores organizados en los sectores más combativos, somos los únicos que estamos impulsando medidas alternativas a las que toma el Gobierno. Lamentablemente, quienes se dicen de oposición vienen acompañando estas medidas, y ajustando en las provincias donde sí son gobierno. Vemos que hay mucha bronca acumulada y ganas de pelear en los lugares de trabajo, los barrios, los centros de estudiantes, por eso es que hoy vamos a estar protagonizando una gran jornada de protesta y repudio en los subterráneos, tratando de generar una respuesta organizada desde los sectores populares a estos ataques.

Audio completo: http://www.larevanchaprograma.com.ar/subte-los-argumentos-del-amparo-cuestionan-el-aumento-de-la-tarifa/

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