Por Maru Waldhüter | Fotos: Ximena Astudillo Delgado

Durante el mediodía del martes las organizaciones feministas comenzaron a llegar a las puertas del Tribunal Oral N°15 en Lavalle 1171. Entre música, abrazos y sonrisas se reunía lo mejor que supimos construir, la capacidad de acompañarnos en momentos difíciles que nos dan ese sentir de saber que “nos tenemos”. Yamila Corín, la mamá protectora de Luna, agradeció la presencia de cada organización, cada periodista, cada partido, sindicato, cada compañera y compañere que se hizo presente. Llegaron también nuestros enormes escudos de luchas históricas; una de las abogadas imprescindibles para la lucha por el derecho al aborto, Nelly Minyersky, y la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas. Junto a ellas y con la lucha acumulada durante 12 años Yama y Luna ingresaron a la última audiencia con la esperanza de obtener justicia. 

Pasado el cuarto intermedio de más de dos horas, por la tarde el Tribunal Oral N° 15 compuesto por las juezas, María Virginia Sansone y María Elisa Gaeta, y el juez Adrián Martín, dio a conocer el veredicto de absolución de Hernán González Rizzi, acusado por el delito de abuso sexual de su hija. La justicia desestimó todos los cargos, incluso los presentados por el fiscal Guillermo Morosi, que había pedido 15 años de prisión por haber evaluado que las pruebas presentadas eran contundentes. Al desestimar la acusación de la fiscalía y la querella, las juezas y el juez, se desentendieron de la historia de Luna y tanto a ella como a su mamá les dijeron, “no les creemos”, aunque un perito haya demostrado la veracidad del relato de Luna. Por eso, la abogada de la defensa, Patricia Anzoátegui, directora del Observatorio contra las falsas denuncias, salió bailando de las puertas del Tribunal para celebrar la absolución ante la perplejidad de la multitud que rápidamente abrazó una vez más a Yama y Luna. 

“No esperábamos este veredicto”, dijo Marina González, una de las abogadas, “lo absolvieron de todos los cargos, los presentados por la querella y por la Fiscalía. El Ministerio Público Fiscal entendió que había pruebas suficientes para acusarlo. No conocemos los fundamentos, pero vamos a apelar a Casación. Vamos a seguir acompañando a Luna y Yama”. 

Un cambio de época reaccionario y negacionista

La sentencia ocurrió dos días después del resultado electoral que, balotaje mediante, consagró a la extrema derecha en el gobierno. La reivindicación del Terrorismo de Estado, los discursos de odio, la violencia política, el desprecio por las políticas públicas en favor de la ampliación de derechos y el plan de sálvese quien pueda y cómo pueda forman parte de esta nueva etapa. Esa indolencia es la que se vio plasmada en el veredicto. Así lo transmitieron el viernes en la conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados convocada por la Mesa de Justicia por Luna. “No habíamos pensado en un escenario de estas características”, dijo la diputada Mónica Macha, y “por supuesto, lo ponemos en sintonía con este cambio de época. No casualmente, el fallo se transmite dos días después del balotaje. Situaciones que para nosotras son para leerlas políticamente, para poder pensar este nuevo contexto, para confirmar que este cambio de época viene por nosotras y nosotres especialmente, por todo aquello que fuimos logrando en estos años”. Quienes integran la Mesa sostienen que la defensa apuntó desde el comienzo a un cambio de gobierno que les resulte más favorable debido a las maniobras dilatorias que Anzoátegui desplegó durante los tres meses de audiencias y que el Tribunal dejó correr. “Debemos decir, aún atravesadas por el dolor más profundo, que la maniobra funcionó que no existe ninguna otra explicación que justifique el aberrante fallo absolutorio de Hernán González Rizzi que no sea este cambio de época, este presente oscurantista y reaccionario que se cierne sobre nosotras y nosotres”, sostuvo en la lectura del documento Giselle Santana. “En este caso en particular contábamos con un elemento que no se da habitualmente”, añadió, se trata de “la acusación del fiscal Guillermo Morosi, que pidió una condena de 15 años para el abusador. El Tribunal desoyó a la querella y al fiscal que tuvo perspectiva de género, de niñez y calidad humana, que fue el único en aportar algo de reparación desde el aparato judicial al considerar a Luna por primera vez como un ser humano, con derecho a que su voz sea oída. El mensaje de este fallo es claro, es contra Luna, contra las niñeces y adolescencias, contra les sobrevivientes que se atrevan a hablar de la violencia que padecen o padecieron, es contra Yama y contra las madres protectoras”. El mensaje del aparato judicial, una vez más es “no denuncien porque la búsqueda de justicia será un calvario”.

“No les vamos a regalar la impunidad”

Esas fueron las palabras de Yama Corín en la conferencia de prensa, porque aún en medio de un profundo dolor, porque “otra vez la justicia nos dio la espalda como lo viene haciendo y nos viene diciendo hace tanto tiempo que la justicia no es para nosotras, no vamos a renunciar. Vamos a seguir reclamando porque exigimos justicia”. Como lo señala en cada oportunidad, la mamá de Luna recordó que “el abuso sexual en las infancias se inscribe en la tortura, por lo tanto forma parte de la agenda de los feminismos, de los organismos de Derechos Humanos y también de las organizaciones sociales y políticas porque no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a instancias de patrocinio jurídico o acompañamiento terapeútico”. Este mensaje adquiere hoy más relevancia en este contexto político porque tal como lo expresó, a lo largo de estos doce años, “el Estado no estuvo y mucho menos va a estar en adelante para dar respuesta a todas las mujeres, niños y niñas y niñes”, entonces las redes de acompañamiento serán cruciales al momento de luchar por justicia para lograr algo de reparación a tantos años de sufrimiento. “Nos quedamos de este lado, de las madres, de las abuelas, de las niñas y de los niños que fueron víctimas de abuso sexual, de lxs sobrevivientes, de las madres protectoras. Estamos de este lado y vamos a seguir abrazadas y vamos a seguir luchando”, afirmó Yama. 

“El corte de la impunidad, la definición de que eso que se hizo está mal y tiene un responsable, un culpable para que nos permita relanzar otras instancias de nuestra vida”, reflexionó la diputada Mónica Macha y recordó que “las Madres y las Abuelas nos enseñaron con su propia experiencia la necesidad de la tenacidad, de la organización, de esa maternidad colectiva y política que hoy tiene otras formas, pero que yo creo que se nutre y tiene raíz en esa enseñanza de las Madres y las Abuelas”. Por último, sostuvo que “la tarea que tenemos por delante es inmensa, pero es fundamental poner en valor la articulación que podamos hacer entre nuestras organizaciones, sindicales, partidarias, activismos, todos los espacios que nos permitan fortalecernos, cuidarnos y construir una humanidad distinta que no signifique pagar estos precios por querer vivir dignamente y ser felices”. 

“Yo sí te creo”

Mientras los abrazos y las sonrisas, a pesar del dolor, volvieron a rodear a Yama y Luna, en las puertas del Congreso se alzaban pañuelos rojos al grito de “yo sí te creo”. El 19 de noviembre pasado (el mismo día de las elecciones) fue el Día Internacional de lucha contra el abuso sexual en las infancias, por eso, diferentes organizaciones sociales y feministas realizaron un acto al finalizar la conferencia de prensa. Del mismo modo que en años anteriores se dejó en claro que no se trata de falsas denuncias por parte de las madres protectoras, sino de un sistema de encubrimiento judicial que respalda a los abusadores y que garantiza la impunidad en sentencias como las de Yama y Luna, pero también forzando revinculaciones. “Yo si te creo” acompaña la lucha de las madres protectoras por sus causas y para que nunca más una niña, niño o adolescente pase por el abuso sexual, la indolencia de la justicia o la ausencia del Estado.

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome

“Aumentaron la condena, tomaron los casos prescriptos, el proceso de cierre se acerca. Escucharon nuestros pedidos, hicimos jurisprudencia colectiva, seguimos tejiendo la historia por una vida sin abusos”. Con estas palabras y desde sus redes sociales, Ariell Carolina Luján, une de les denunciantes de las violencias sistemáticas del ex músico Cristian Aldana, comunicó que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional emitió su fallo y comienza la reparación de las personas sobrevivientes.

Hoy, y ante el planteo de nulidad efectuado por los abogados de Aldana el pasado 29 de junio de 2022, la Sala I de Casación Penal -integrada por los jueces Gustavo A. Bruzzone, Jorge Luis Rimondi y Mauro Divito- , resolvió rechazar y condenarlo, en definitiva, a la pena de 25 años de prisión como autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores reiterado en seis oportunidades. La novedad judicial se da a tres años y un día de su condena que no estaba firme y resultó en un aumento de su encierro ya que fueron consideradas dos denuncias en perjuicio del fallo de 2019.

Dialogamos con Ariell quien nos regaló sus primeras impresiones de otro día histórico.

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– ¿Cómo definirías la lucha que dieron y porqué la tenemos que reivindicar más que nunca?

La definiría como ardua, paciente, feroz, y llena de amor colectivo. Un crecimiento personal muy enorme, un desafío de cada une de nosotres, para afrontar todo lo que significa “no callar más”. Nunca pensé que luego de levantar esa pancarta en el sur, con esta proclama tan mágica y poderosa “No nos callamos más”, iba a suceder todo lo que sucedió. No son logros personales, son y siempre fueron colectivos. Y en lo personal, le dedico con mucho amor este logro de lucha por la verdad y la memoria anti abuso a mi hermana, por ella levanté esa pancarta, fue fundamental para construir la fuerza y seguir levantando la voz hasta el final.

La lucha la tenemos que reivindicar con memoria, fortaleciendo las redes, con información útil y real. Apoyando a sobrevivientes, ex víctimas y víctimas, a quienes deciden escrachar, denunciar o solo decírselo a una persona. Construir eso que han intentado arrebatarnos y convertirlo en activismo afectivo, por una vida sin abusos, una sociedad no revictimizante y un mundo no patriarcal.

– A pesar de las dificultades, ¿Quiénes te acompañaron y cuáles son esas discusiones que te hicieron más fuerte?

Me acompañó mi abogada Gabriela Conder, que me defendió de una manera muy amorosa y como una fiera activista gross y genial. Solo tengo palabras de agradecimiento con ella, por su dedicación, activismo, cariño, compromiso. Y luego, mis compañerxs denunciantes, mis amigxs, mi familia, mi terapeuta, y yo misme, me agradezco construir resiliencia, ante todo. Confío, en que el mundo macho está cayendo.

Y sobre la discusión, es siempre política, y la decisión y la diferencia, siempre, es no callar más, ningún tipo de abuso. Eso significa, no encubrir, no sostener, no reproducir abusos. Es una labor de todos los días, porque nos atraviesan las violencias, pero es una elección corrernos y repararnos.

– ¿Ahora qué sigue?

Sigue la reparación histórica y estoy escribiendo un proyecto de ley al respecto e invito a que se sumen ya que vamos a necesitar ayuda y colaboración de todes para que sea una realidad y estoy dispuesta a dejar ese registro por las niñas y adolescentes que fuimos y por les que vienen. Elles no merecen un mundo donde te violan, te abusan, te golpean, te acosan o te matan. No queremos y no somos parte del mundo macho y sus reglas. Por esa decisión, por esa elección que nos sitúa en otro lugar, en otros roles, sé que es posible. Nuestros mundos sin abusos existen y los elaboramos y los labramos día a día para romper el paradigma opresor de la cultura de la violación.

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Si bien hoy se cierra una etapa, la definición política de interpelar a los poderes sigue viva. Tras más de 10 años de organización y proceso judicial, la revictimización sobre las personas denunciantes de las violencias que ejerció Cristian Aldana requiere un nuevo nivel de responsabilidad institucional y vale para todes: la de la efectivización de una reparación histórica a sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia. Para esto, Ariell abrió un canal de recepción de aportes al proyecto de ley que está redactando. Le pueden encontrar en Instagram @ariellcarolina o a su mail: ariellcarolinalujan@gmail.com

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Por Ariell Carolina Luján* | Ilustración: Lourdes Reinaga

El 12 de julio de 2019 y tras un año y dos meses de audiencias en los Tribunales de la calle Paraguay en la ciudad de Buenos Aires, Cristian Aldana, ex músico, era condenado por “corrupción de menores reiterado” y era el veredicto del juicio que marcó una era, la del “ya no los callamos más”. Fue precisamente en esa sala de lectura de sentencia en que el Tribunal Oral en lo Criminal 25, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Ana Dieta de Herrero y Rodolfo Bustos Lambert, rechazó en primer lugar el planteo de nulidad efectuado por la defensa del condenado. Sin embargo, hoy, en la audiencia de apelación que tuvo lugar en Casación Penal, en la calle Talcahuano, esta fue una de las cuestiones a considerar.

Pero hubo más, porque la definición política de interpelar a los poderes sigue viva. Tras más de 10 años de organización y proceso judicial, la revictimización sobre las personas denunciantes requiere un nuevo nivel de responsabilidad institucional: la de la efectivización de una reparación histórica a sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia. Recuperamos el texto que se presentó hoy porque lo judicial también es político y colectivo.

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El día martes 22 de mayo de 2018, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25, comenzó la recta final de un largo proceso judicial que nos atravesó profundamente en la totalidad de las áreas de desenvolvimiento personal y social a todas y todes las y les denunciantes y testigos damnificades en la causa caratulada “Abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con corrupción de menores” contra Cristian Aldana, quien cumple una condena de 22 años lograda colectivamente luego de un gran esfuerzo psicoemocional, físico y económico por parte de todas las denunciantes y testigos.

En esta instancia de apelación observo urgente expresar mi visión al respecto, dando cuenta de lo que significa para lxs sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y adolescencia que la condena aún no esté firme, y el proceso judicial no se cierre definitivamente. 

Mis primeras denuncias datan del mes de abril del año 2011, las cuales fueron desestimadas y archivadas. En septiembre del año 2015 realicé una pancarta para visibilizar el caso y meses después apareció un blog utilizando mi proclama para denunciar públicamente también los abusos sexuales, emocionales y psicológicos cometidos por el sujeto. En abril del año 2016, ingresó en la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) mi cuarta denuncia por las mismas causas anteriormente mencionadas. Al día siguiente, se sumaron 6 denuncias más en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM).

Un recorrido de más de 10 años pidiendo justicia por los hechos que vivenciamos siendo todas y todes menores de edad. Los testimonios, tanto los expuestos en el sistema judicial mediante denuncias, como los más de 100 expuestos en redes sociales, declaran en su gran mayoría que los hechos fueron consumados siendo menores de edad, entre 11 y 18 años precisamente. Hoy en día existen diversos estudios que demuestran el estado de shock y trauma que generan los abusos sexuales, específicamente en menores de edad, y las múltiples consecuencias que luego se desarrollan a lo largo de toda la vida, con dificultades diversas, psicoemocionales y físicas para un desenvolvimiento sano  en la cotidianeidad, tanto en sus áreas personales como sociales. Cito a la psicóloga social Sandra Barilari, especializada en derechos de las niñeces y adolescencias, quien en su libro “Efecto Dominó” ahonda e investiga esta problemática y sus devenires para facilitarles una mayor comprensión de lo que nos sucede frente a esta audiencia: “Traigo el concepto general de trauma psicológico para poner más luz y no perder de vista que estamos hablando de un profundo daño que ocasiona la desestructuración de la persona, por la imposibilidad de ser tramitado, sobrepasando las capacidades de la víctima de violencia sexual, en cualquiera de sus formas. Los traumas más comunes resultan en una ruptura en el sentimiento de seguridad básico. Una carencia de interacción humana necesaria. Ser objeto de expresiones excesivas e inadecuadas de agresividad y/o sexualidad. Algunas secuelas, síntomas y consecuencias del trauma por abuso sexual y violación son alteraciones en la autopercepción, como vergüenza, culpa, sentimiento de invalidez, alteraciones de la consciencia, como amnesia o hipernesia, disociación, despersonalización y alteraciones en las relaciónes sociales como aislamiento, falta de confianza, fracasos repetitivos en la autoprotección (…)”. 

Todas las denunciantes fuimos diagnosticadas en los peritos psicológicos y psiquiátricos con estrés postraumático y con ésto a cuestas nos hemos predispuesto a respetar el proceso judicial sin perjudicar de ninguna manera su desarrollo. Siendo evidente en múltiples ocasiones el caso completamente contrario con el denunciado y su representante.

En esta instancia, me parece de extrema importancia que se tengan en cuenta los niveles altísimos de revictimización constante al que estuvimos y estamos expuestas, siendo una vez más objetos de abuso psicológico por parte del condenado. No sólo hemos soportado la revictimización del extendido tiempo hasta que nuestras historias fueron escuchadas, luego el largo proceso del juicio producto de las diversas incompetencias del denunciado y su letrado, elaborar lo que conlleva volver a nombrar nuestras historias traumáticas y cruzarnos personalmente con él, sus familiares y amigos, muchísimos de ellos cómplices y coautores, lidiar con la mediatización muchas veces ultra revictimizante, la agresión continua de fans y familiares del condenado hacia todas nosotras antes, durante y aún en la actualidad, batallar en nuestra vida personal con los síntomas antes expuestos, resultados del alto grado de trauma que todas vivenciamos, y las imposibilidades para acceder a un trabajo que contemple esta situación, terminando la mayoría sin poder ir a las audiencias, o trabajando de manera informal con muy bajos ingresos para poder acceder a lo que debería ser un derecho para nuestra reparación histórica: asistir a las audiencias, obra social, asistencia psicológica y psiquiátrica, alimentos, viáticos y un hogar. 

Más allá del debate sobre cuándo, qué y cómo actuar con presos, estamos hablando especificamente de condenados por abuso sexual cuando éramos menores de edad, y en un marco social ultra patriarcal, necesitamos que el sistema judicial revise y accione frente a los diversos beneficios que el sujeto tuvo, y que aún busca perpetrar, en contraposición con las enormes e injustas dificultades que atravesamos las denunciantes, antes, durante y luego del proceso judicial. En esta oportunidad, en la que se me otorga hacer llegar mi voz y perspectiva sobre el pedido de nulidad del condenado, quisiera agregar a todo lo expuesto la problemática profunda y de variados aspectos que significa y representa que el denunciado y condenado pueda seguir accediendo sin ningún tipo de revisión (para evitar violentas revictimizaciones que detonan nuestros síntomas) a notas periodísticas donde expresa tácitamente que mentimos, entre otras actividades como realizar la grabación de un disco, consumando mensajes que ya hemos demostrado que son peligrosos porque vienen de un agresor psicológico, físico y sexual, psicópata y narcisista, diagnosticado por los propios peritos de este proceso judicial. Además de perpetrar su impunidad, trayendo una enorme desprotección y desamparo a sus víctimas, siendo ésta una de las maneras para cooptarnos cuando éramos menores de edad. Sin dejar de mencionar, lo peligroso que llega a ser que siga accediendo a la comunidad menor de edad, a través de un lenguaje artístico, en este caso, la música.

Cabe destacar que la jueza Ana Dieta de Herrero votó en disidencia y consideró que debía condenarse a Aldana a la pena de 35 años de prisión, pido que este punto sea revisado y tenido en cuenta junto con la apertura e inclusión de los dos casos desestimados por prescripción. 

Nuestra disposición para colaborar con el proceso judicial estuvo y está a la vista, pero también es importante expresar la necesidad urgente de que la condena quede firme y que éstas instancias cesen, para poder seguir con nuestras vidas sin este pesado proceso aún a cuestas. También invitamos a que puedan revisar la cantidad de falencias que existen para acompañar y proteger a denunciantes y sobrevivientes de abusos sexuales, a razón de hacer de este proceso, ya doloroso de por sí, menos revictimizante. Muchas gracias por esta oportunidad para expresarnos frente a esta apelación, con todo lo expuesto, considero que ningún beneficio debería ser dado al condenado, que el pedido de nulidad del juicio es incompetente, y por el contrario, que con urgencia este proceso termine por cerrarse.

*denunciante, activista y escritora. Corrección final del texto: Lau del Hoyo D´Onofrio

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Por Mónica Menini | Foto: Archivo

Una niña de 12 años en Las Lajitas, provincia de Salta, está embarazada producto de una violación y otra niña de 10 años de Corrientes, que también ha sido sometida al abuso sexual está pariendo por cesárea. En las dos historias, el sistema de protección del Estado aduce que “es decisión de la niña”.

Seguramente hay muchísimas otras situaciones idénticas en el país, pues ya sabemos que cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar en Argentina.

Todas las causales legales para abortar entran en juego cuando estamos frente al embarazo de una niña. Porque existe grave abuso sexual, porque el embarazo fruto de una violación es de alto riesgo para su salud física, según la evidencia científica al respecto, y porque es un peligro para su salud mental y social.

En el 80% de las historias, el abuso sexual es intrafamiliar y en el análisis de expedientes judiciales notamos que en un porcentaje del índice restante, el abuso sexual está naturalizado en la familia y/o en la sociedad, pues se dice que “es el novio” y que hubo consentimiento.

Estamos ante la situación de una niña que tiene 10, 11, 12 años y “el novio” abusador tiene 30 años o más en la mayoría de los casos, y por supuesto es delito. A su vez, esos abusos sexuales son mayormente develados en el sistema de salud. Pues otro adulto responsable termina llevando a la niña al centro de salud u hospital cuando la niña refiere el abuso mismo o que se siente descompuesta, o porque “la vieron con pancita”.

El centro de salud u hospital es el que recibe en primera instancia a una niña abusada. Y ahí comienza una nueva victimización. Pues en hospitales de provincias como Salta, Corrientes y en casi todo el país, el sistema de salud no está trabajando de acuerdo al derecho vigente. Nos enteramos por las mujeres adultas que viven en lo que mal se denomina “el interior de la provincia”, que no encuentran respuesta en sus centros de salud cercanos cuando asisten en busca de hacer efectivo el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), derecho desde 1921.

Las mujeres adultas que reclaman su derecho y buscan ayuda en los grupos feministas, terminan derivadas a otros hospitales; muchas veces en la capital de las provincias teniendo que trasladarse, incluso en plena pandemia, y vivir la práctica de la ILE lejos de sus familias y amistades.

El sistema de protección de infancia no puede seguir aceptando que esos equipos de salud que niegan el derecho a una persona adulta y que incluso se autodenominan “objetores”, sean quienes aseguran haber dado “consejería en opciones” y que concluyen que “la madre y la niña deciden continuar” con esos embarazos riesgosos. ¿Deciden? ¿Cómo es posible que las adultas que si deciden no tengan acceso y son derivadas a más de 500 km de su centro de vida para acceder a una ILE y las niñas de 12 años, todas, deciden continuar el embarazo?

El sistema de protección de infancia, así como el sistema de salud y de derechos humanos de las provincias hacen oídos sordos a las campañas de #NiñasNoMadres; no existen sumarios por la falta de comunicación interna de los embarazos producto de violación que se encuentran protocolizados, mucho peor cuando ni siquiera existen protocolos.

En definitiva, el camino de la re victimización de las niñas abusadas está institucionalizado, es sistemático; y por lo tanto, es una tortura en manos del Estado que obliga a gestar, parir y criar en la infancia. Es entonces, fuente de toda injustica.

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Por Eva Del Rosario / Foto: Clau a los dos años

Sé de qué se trata el libro. Lo quiero leer hace semanas. Cobro el sueldo. Salgo de terapia y lo compro. Lo voy hojeando por el camino. Leo el epígrafe de la madre de Clau. Tengo que cerrar el libro “¡qué fuerte!” me digo, casi en voz alta a pesar de estar caminando sola.

Voy a la parte de atrás (recorro el libro caótica, ansiosamente, como solemos hacer les lectores) y veo esas fotos. Clau niñe. Clau preadolescente. Una madre que regaló un libro que informaba sobre los cambios en la pubertad… un libro que debió formar parte de una proto-ESI-inexistente: un mensaje de amor y cuidado, que buscaba transmitir seguridad.

Ya en casa, chateo con Clau, me duermo dos minutos y despierto con el corazón en un ritmo acelerado: había soñado una pesadilla. Un bebé estaba en peligro. La sordidez del abuso lo rondaba. Me desperté con mucho miedo y angustia.

Pares de opuestos

A lo largo de todo el libro hay una fuerte dicotomía entre “el ocultar” y “el decir”, donde lo oculto es lo que pasaba, el deseo, la homosexualidad, el dolor, lo “prohibido”. En el lado del decir aparecería el hecho de visibilizar lo sucedido, el nombrar, el rol del arte (el canto, el grito, el clown, la improvisación) definido como un “canal expresivo, mesiánico”.

La presencia de José, denominado afectivamente por la familia como “tío”, es definida como “omnipresencia” y esto se contrapone con el género intimista, en primera persona del singular que tiene todo el libro, y con la ausencia de la figura paterna, plasmada y explicitada en el significado del apellido “Bidegain”: ausencia, inexistencia, carencia. La infancia fue el momento en el cual se experimentó de lleno la violencia adultocéntrica.

Coincidencias poéticas

El año 2019 porta una serie de coincidencias. Se lanza el disco Ruido de La Prohibida, banda de electro-pop español de la cual Clau es muy fan y cuyos versos usó para este libro. De los versos que eligió como separador de la primera parte, me gustaría destacar los siguientes: “Perdónate y aceptarás quién eres…”, “Perdónate y encontrarás la libertad…”.

En el mismo año, Clau decide publicar “Algo no funciona” y liberar/asumir/dar a conocer su no-binaria identidad. Decide abandonar una mascarada que -tal vez- nunca sintió como propia: la mascarada del varón, cuya mitad de significado etimológico se corresponde con la de “hombre burdo y grosero”.

Más allá de esa segunda persona que atormenta(ba)

Referidos a José, esa persona que encarna el constante “vos” del libro, encontramos frecuentemente palabras que aluden a “arrebato”, “saqueo”, todo lo que nos remite a falta de consentimiento, “incitación”, “perversión”. Conceptos que cuadran muy bien con las lógicas adultocéntricas y patriarcales.

Como obedeciendo a una perversa y paradójica dialéctica patriarcal, José entra cuando sale Luis -la pareja de la madre de Clau- “¿Es que las casas sin hombres son espacios de ocupación macha?”, se pregunta lx autorx. Esa persona cuya aparición traza un antes y un después en la vida de Clau. Antes y después que se representa muy claramente en el libro: lo previo y lo posterior a José fue lo bueno. El durante, ese “entre los 12 y los 19” estuvo signado por secretos, silencio y dolor.

Pero José murió en el año 2012, y esa segunda persona de todo el libro se siente muy presente. ¿Es solo José o es alguien más? ¿Es un concepto? ¿Es el abuso patriarcal mismo -todavía no erradicado- a quien se le habla directamente? Abuso que sigue y sigue, ante el cual el libro Algo no funciona se yergue como un gesto apotropaico, como antídoto contra esa bestia patriarcal, adultocéntrica y burda que se alimenta de secretos, temor y silencio.

Antes y después de liberar la palabra

El libro está escrito en clave retrospectiva y también prospectiva. Donde se señala un antes que se vuelve universal y donde fue omnipresente el silencio. Donde puede haber un hoy, un presente, donde todo se saca a la luz. Donde se piensa y anhela un mañana donde no existan más abusos, ni complicidades ni silencios, a la vez que se depositan esperanzas en esas nuevas generaciones encarnadas en les estudiantes de secundario y terciario con les que se topó Clau siendo profe de Educación Sexual Integral.

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Por Laura Salomé Canteros, Lucía Cholakian Herrera, Florencia Gordillo, Agustina Grasso y Solana Camaño

Madre y único sostén de cinco niños, Flavia Saganias fue condenada a 23 años de prisión el pasado 27 de noviembre, dos días después del 25, día global de lucha contra las violencias patriarcales. Así lo decidió un jurado popular integrado por 12 personas, en consonancia con el voto de los tres jueces técnicos que integran la Cámara del Crimen de Cruz del Eje en Córdoba. La sentencia da cuenta de la desprotección de las víctimas y la condena penal para la resolución de problemáticas sociales complejas y la ausencia de capacitación y de una mirada integral del poder poder judicial para contemplar las múltiples violencias que se ejercieron sobre Flavia y su hija, en vez de investigar hechos aislados.

Flavia fue encontrada culpable de ser la instigadora de los delitos de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real“. Para la Justicia, Flavia instigó a la violencia contra Gabriel Fernández -ex pareja y denunciado penalmente por abuso sexual en contra de su hija- a partir de un posteo en las redes sociales que realizó entre el 8 y el 13 de agosto de 2017. Según se desprende de la causa, los comentarios que se hicieron en la publicación habrían sido el puntapié inicial para que ella ideara un plan contra su ex pareja que finalmente cometieron su madre y su hermano, también condenados a 23 años de prisión por los mismos delitos que Flavia pero en calidad de autores.

De la elevación a juicio surge que no hay precisión sobre el momento en que Flavia publica en las redes sociales ni que se comunica con los familiares para manifestar la angustia y la preocupación que le produjo realizar una denuncia contra su ex pareja y no recibir respuesta favorable: esperaba que la Justicia garantice la protección de su niña y otrxs hijxs. Los mecanismos judiciales no detectaron huellas de abuso sexual, aunque Flavia observaba a diario los episodios que atravesaba su hija.

Una historia de violencias y desprotección

A mediados de 2017, la niña tenía pesadillas y mientras dormía pedía que la soltaran. Tal como explica la trabajadora social e integrante de A.S.I. (Abuso Sexual Infantil) NO Capilla del Monte, la niña estaba muy enojada, no hablaba y en la escuela le recomendaron que se expresara con dibujos, en los que se reflejaba que algo sucedía a nivel sexual. Entonces, Flavia denunció a su ex pareja por supuesto abuso sexual contra la hija de seis años que ella había tenido con otra pareja. La causa ingresó en la Fiscalía de Cosquín, en su momento a cargo de Martín Bertone, pero fue archivada por falta de pruebas.

El 11 de agosto Flavia estaba desesperada. Ante la frustración de la respuesta judicial hizo un posteo en la red social Facebook para advertir a la comunidad de Capilla del Monte lo que estaba sucediendo: “Un pedófilo más en Capilla del Monte, se llama Gabriel Fernández y vive en… Por favor, cuidemos a nuestros hijos porque la Justicia no hace nada”. Una publicación que duró pocas horas porque fue denunciada y se bajó.

Pero antes de que el posteo desapareciera lo vieron Emiliano Saganías y Graciela Bonifacio, hermano y madre de Flavia. Impulsivamente decidieron viajar de Isidro Casanova en Buenos Aires a Capilla ese 12 de agosto. Fueron al domicilio de Fernández y lo atacaron físicamente, lo dejaron atado y luego prendieron fuego su casa. A partir de ese momento quedaron detenidos por homicidio en grado de tentativa doblemente calificado, abuso sexual gravemente ultrajante, privación ilegítima de la libertad e incendio.

Lo que aparece después en la causa son chats con compañeras en los que dice que se dio cuenta que su pareja abusaba de la niña y decidió hacer una denuncia. “La denuncia está hecha… la verdad que en ese momento me desequilibré, perdí la calma, me invadió la ira… impotencia… ya que él sigue como si nada”, le contaba a una amiga. Del material jurídico se desprende también que Flavia era ya víctima de otro tipo de violencias por parte de Fernández: psicológica y económica. El padre de los mellizos no le pasaba el dinero correspondiente para su manutención.

Las conversaciones de Whatsapp evidencian también algo que el jurado parece haber pasado por alto en su análisis: en los días posteriores a los ataques contra Fernández por parte de la madre y hermano de Flavia, ellos intentaron establecer contacto con ella y uno de sus hijos respondió: “Ella no quiere [ir a vivir con ustedes]. Empeoraron todo”, refiriéndose al ataque contra el acusado de abuso que Mónica Bonifacio y Enrique Saganías ejecutaron el 12 de agosto.

Más que probarse su culpabilidad, en el proceso jurídico no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que Flavia dirigió un “plan premeditado de ajusticiamiento por mano propia contra el abusador de su hija”. Sin embargo, fue condenada a pasar los próximos 23 años de su vida en prisión. Los jueces, aún sabiendo que es madre de 5 niñxs, ordenaron su inmediata detención. Salió esposada de la sala, mientras gritaba: “¿Con quién quedan mis hijos? ¿Con quién quedan mis hijos? ¡Por favor que nadie se lleve a mis hijos!”. Lloraba produciendo estupor en la sala de audiencia.

Los prejuicios sociales y del jurado no se agotan solamente en la condena a Flavia sino en la victimización de su ex-pareja, ya que se refieren a él como “inocente”, “víctima”, “hay que ayudar a que reconstruya su vida”. Tanto la Justicia como gran parte de la cobertura de los medios de comunicación contribuyen a la desprotección de la niña y dan un mensaje de impunidad para quienes son denunciados por abusos sistemáticos contra las infancias que difícilmente son llevados a juicio y más difícilmente son condenados. La criminalidad de las mujeres se construye con más facilidad y pocas veces se empatiza cuando son victimarias o acusadas de un delito. Mujeres como Flavia que hasta el último minuto antes de ingresar a las cárcel de Cruz del Eje se preocupó por el cuidado y la integridad de sus hijxs.

Justicia feminista para Flavia

La justicia con perspectiva de género es uno de los pendientes más importantes a la hora de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo y modalidad de violencias. ¿Aplicar todo el peso de la ley sobre una mujer acusada de cometer un delito sin contemplar que es madre de cinco hijxs y que previamente hizo una denuncia por violencia sexual en perjuicio de una de sus niñas es juzgar con perspectiva de género? La desigualdad estructural que ubica a las mujeres en una situación desprivilegiada y el rol de cuidadoras que asumen para la Justicia son detalles que no importan a la hora de dictar sentencia. En ese sentido, la defensa presentó al día siguiente el pedido de prisión domiciliaria para que Flavia pueda cuidar a sus cinco hijxs. En el comunicado que elaboraron cuentan que solicitaron a “la Cámara del Crimen que condenó a Flavia a 23 años de prisión, que el cumplimiento de esa medida de coerción sea en su domicilio, en contacto con sus niñes, hasta que la sentencia sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba”.

“Entendemos a este caso como paradigmático, un caso explícito de justicia patriarcal, volviendo a la víctima en victimaria”, expresó la colectiva de madres protectoras A.S.I. (Abuso Sexual Infantil) NO Capilla del Monte, de Córdoba. Además, convocaron a marchar en pedido de absolución para Flavia este viernes 29 de noviembre a las 18 en la Plaza San Martín de esa localidad serrana.

La convocatoria de repudio al accionar judicial se replicará en varias ciudades del país y ya tiene fechas en Córdoba capital, Villa Carlos Paz, Cosquín, Junín y ciudad de Buenos Aires. Desde la colectiva hacen referencia a una problemática no menor: “La condena de Flavia deja a sus hijxs menores sin su único sostén, su madre”. Para el espacio A.S.I. NO Capilla del Monte, “Flavia representa a todas aquellas personas que ante un sistema judicial ineficiente, buscan advertir a la sociedad, buscando contención mediante las redes sociales”; agregando que el sistema judicial “revictimiza a lxs sobrevivientes y pone en duda su palabra, dejando en libertad a violentos, abusadores y pedófilos”. Por eso dicen: “Ya no nos callamos más. Lxs niñxs no mienten. Justicia para Flavia”.

Por su parte, para AboFem (Abogadas Feministas) Argentina, la sentencia condenatoria contra Flavia, vulnera derechos. “La justicia abusó por enésima vez de la víctima condenando a su madre por creerle, por defenderla y archivando la causa por el delito contra la integridad sexual por falta de pruebas por un sistema de contención deficiente”. Afirman que la sentencia es “violatoria de todas las garantías previstas en la Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos del Niño y en Tratados sobre la eliminación de discriminación y violencia contra las mujeres”. Agregan además que “es ejemplificadora como bozal legal para las víctimas de abusos” y “un mensaje de represión patriarcal”.

Mientras tanto, Flavia cumple una prisión preventiva por decisión del jurado y los jueces.

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El 19 de noviembre es el Día Mundial para la prevención del abuso sexual en las infancias (ASI) y se realizó en Congreso una jornada de visibilización que se denominó “Yo Si Te Creo”. Sólo uno de cada mil casos de abuso infantil que llega a la Justicia tiene una sentencia firme.

El lunes 12 de noviembre, Yohana escucho a su hija de 11 años. La escucho y le creyó. Gustavo Díaz, de 47 años, abusó de ella en reiteradas ocasiones. Por ese hecho fue denunciado en la Comisaría de la Mujer y La familia de Merlo y la investigación quedo a cargo de la Fiscalía 10 de Morón: el proceso legal sigue su curso, a la menor se le realizó la pericia psicológica y será indagada la familia esta semana. El abusador, está en libertad.

Yohana y su compañero Lito son la mamá y el papá de la niña y de otres 5 niñes. Trabajan y están organizados en el Frente Popular Darío Santillán de la localidad de Merlo. Junto a compañeros, compañeras y vecinos fueron a la casa de Díaz para exigir justicia. Ese día la policía lo fue a buscar y  tuvo que ser protegido por la fuerza policial con casco y chaleco antibalas para poder trasladarlo, supuestamente para ser detenido.

Según el expediente nunca estuvo detenido. De hecho, tuvo que ser citado a declarar por la Fiscalía. A raíz de esta denuncia, otros casos salieron a la luz, lo que demuestra que no fue un caso aislado. Este es un caso de miles, donde los derechos de los pibes y las pibas son vulneradas y silenciados. Como muchos de esos casos, la organización es fundamental para poder enfrentar estas situaciones.

Karen forma parte del Espacio Feminista de Mujeres y disidencias del FPDS de esa localidad y nos contó que no es la primera historia. “Siempre nos juntamos con las familias, es lo primero que hacemos. La palabra de nuestros niños y niñas valen, para nosotras es lo primero. La policía y la justicia desoyen a nuestros pibes pero nosotras no. Juntarnos, organizarnos es fundamental, es la única manera. Otra herramienta que tenemos es escrachar, que el barrio sepa que convive con abusadores, que tenga conciencia. Porque no nos callamos más, porque les creemos a nuestros hijos e hijas”.

Yo sí te creo

El 19 de noviembre es el Día Mundial para la prevención del Abuso Sexual en las Infancias (ASI) y en ese marco, el martes 20 se realizó en Congreso una jornada de visibilización. En la actividad, se lanzó el pañuelo rojo del colectivo que lucha contra el A.S.I.  “Yo Si Te Creo” y se realizaron actividades lúdicas para las infancias, culturales y un acto.

Natalia Aldrey es mamá protectora, fue a pura experiencia que tuvo que inmiscuirse en esta temática que afecta a muches pibes y que además es sistemáticamente silenciada.  Sólo uno de cada mil casos de abuso infantil que llega a la Justicia tiene una sentencia firme.

Ella participó activamente de la organización de la Jornada y en comunicación con Marcha, nos contó: “La actividad fue organizada de manera conjunta con la Red y organizaciones, fue muy colorida, la convocatoria fue amplia y estuvo llena de pibes y pibas. Hubo juegos y actividades para niños y niñas y durante toda la jornada se estuvo dando información para concientizar y visibilizar la problemática. Terminamos tarde y movilizadas, y vinieron muchísimas personas para participar, fue una actividad masiva y emocionante”.

Sobre la participación de organizaciones destacó: “Participaron grupos feministas, mamás protectoras, colectivas culturales, editoriales feministas, de infancias libres, serigrafistas y organizaciones sociales… vinieron muchas madres y eso es un buen síntoma, porque somos quienes debemos activar estas redes, quienes en definitivamente ponemos el cuerpo cuando se trata de nuestros hijas e hijos. La actividad nos sirvió para sumar muchas mamás y abuelas a la lucha. Fue muy productiva y salimos todas fortalecidas. Nuestro objetivo fundamentalmente era poder mostrar que existe otro tipo de construcción, que las infancias libres, felices y desestereotipadas son posibles, aun cuando el abuso se hizo presente. Que son posibles otras infancias. Es fundamental construir todos los días otras infancias”.

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Una historia de violencias y de poder institucional en Formosa. La indiferencia de la sociedad y un interrogante, ¿los delitos sexuales se deben medir con la misma vara que el resto? Quienes luchan contra el abuso sexual infantil sostienen que  “hay un gran vacío de políticas públicas”.

En 2010, Hermenegildo Alarcón Gutiérrez violó a un niño de cinco años en un barrio de Clorinda, provincia de Formosa. La Justicia lo comprobó y lo condenó a 8 años de prisión. El 21 de marzo próximo – a seis años del hecho-, este hombre va a comenzar sus salidas transitorias porque en la cárcel mantuvo “perfil bajo y buena conducta”.

El niño, al que vamos a llamar “Pablo”, quedó inválido por un periodo de 5 meses e incontinencia por las heridas y el trauma de la violación. Aún hoy sigue con secuelas. La Justicia nunca le designó ningún/a abogado/a. La mamá de Pablo, Olga Insfrán, nunca fue indemnizada de modo alguno.

Olga cuenta atragantada de rabia que le llegó una citación del Juzgado de Formosa. En el papel, le avisan que le otorgarán las salidas transitorias al hombre que violó a su hijo, y que les marcó la vida para siempre. Ella vive en Clorinda, a más de 100 kilómetros. No sabe aún si podrá ir, cómo, y tampoco queda claro para qué. “Si ya le dieron las transitorias, yo no sé siquiera si puedo hacer algo, qué hacer, si hay tiempo”, dijo.

Suena lógica la duda, cuando quienes deberíamos sentirnos protegidos/as de pronto nos encontramos con evidencia que nos deja expuestas: la desinformación, la falta de alguien que explique cómo va la causa y qué significa cada cosa.

Ella nos explicó que nunca supo nada. “A mí me mandaban. Para allá, para acá. Yo hacía lo que me iban diciendo. Muchas veces mi hijo estuvo reunido con la psicóloga, a raíz de esas charlas se comprobó el hecho. Nunca me informaron que pasaba ahí dentro, a mí nunca me dijeron que lo habían condenado, por ejemplo. Nada. Nunca me reuní con ningún abogado, ni una sola vez”.

El día del hecho, Pablo estaba jugando en la vereda con las hermanas. Ella estaba adentro, haciendo las cosas que generalmente se hacen en una casa. Los chicos y chicas se oían desde adentro, eran varixs niñxs vecinxs. Un llanto desgarrador irrumpió la escena: era Pablo que lloraba en la vereda del vecino bañado en sangre de la cintura para abajo. “Me mordió el perro” gritaba. Olga salió disparada con su hijo en brazos, pidiendo ayuda. Le pidió a la vecina – esposa de Hermenegildo y dueña del perro que supuestamente había mordido a Pablo- que lo lleve al hospital. La señora se negó rotundamente.

Fue en el hospital que contradijeron la historia. Pablo no había sido mordido por ningún perro. Las heridas no habían sido provocadas por ninguna mordida.

El personal del hospital Cruz Felipe Arnedo radicó la denuncia en la Comisaría local, que tardó aproximadamente 12 horas en realizar el allanamiento en la casa de Hermenegildo, dando tiempo para ocultar las pruebas.

Así y todo, la justicia accionó y Hermenegildo Alarcón Gutiérrez fue acusado, procesado y condenado por “abuso sexual con acceso carnal” (*) contra Pablo, un niño de 5 años.

Condena versus secuelas

Marcha habló con Sebastián Cuattromo, presidente de “Adultxs por los derechos de la infancia”, una ONG que trabaja sobre la víctima y quienes acompañan; y la organización como método de lucha: “Nos gusta citar este proverbio para entender que es lo que hacemos y como pensamos: Para criar un niño hace falta una aldea.”

Sebastián se presenta como un adulto que fue víctima de abusos. “Te lo aclaro porque todo lo que nosotros y nosotras decimos y hacemos parte desde la experiencia personal. Teniendo en cuenta que del 20 al 25 por ciento de la población sufrió algún tipo de abuso de esta índole durante la infancia, y que la mayoría de los casos sucede en el ámbito intrafamiliar, lo que queremos es visibilizar, entendiendo esta pata fundamental para poder empezar el proceso de lucha. No puede quedar suscripto al ámbito familiar sino que es una cuestión social. Es en un espacio colectivo, donde poder compartir con otras y otros, cambia mucho la perspectiva, los sentires: te das cuenta que no estás solo/a, que no te pasó a vos sola, no estás loca, lo que nos pasó es común en otros/as”.

Cabe aclarar: no se conocen datos específicos de abusos en Argentina, pero hay estadísticas surgidas de la línea 137, donde se denuncian casos que se conocen o sospechan, y que van en aumento año a año.

Hablando de la historia de Pablo -sorprendido-, nos aclara que la mayoría de las veces los casos quedan impunes, si es que se logran denunciar. Sobre la llamada “reinserción” de violadores a la sociedad, opinó: “Nuestra experiencia nos dice que detrás de los abusadores hay muchas más víctimas. El abusador es un abusador primero de poder, se relaciona con la víctima como si ella fuera un objeto que puede tomar, y si, la mayoría son varones teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad patriarcal, machista y adulto-céntrica. Los abusadores vuelven a abusar”.

Consultado sobre el beneficio de las salidas transitorias, Sebastián opinó que uno de los problemas radica en que “hay un gran vacío de políticas públicas. En principio, la Justicia revictimiza y maltrata a las víctimas y a los familiares que llegan a esa instancia. Por ejemplo, que el acusado (y condenado en este caso) no vuelva a tener contacto con niños, pasa solo cuando el abusador es docente. No puede volver a ejercer el cargo. Eso surge a raíz de la modificación del Código Penal sobre la prescripción de los delitos de abusos, en 2015. Si no hubiese sido por la insistencia de las organizaciones esto hubiera seguido igual. Es un gran cambio, pero falta mucho, hay muchos vacíos”, concluyó.

Justicia patriarcal

Marcha se puso en contacto con el abogado Juan Ignacio Maurin, de la agrupación Mundanas, quienes también tiene un trabajo vinculado al abuso sexual infantil. “La condena que le dieron a este hombre fue de la más bajas, siendo 6 años la mínima y 15 años la máxima en casos de abuso sexual con acceso carnal, y pudiendo haber sido agravada -de 8 a 20- si se acreditaba, por ejemplo, un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Cumpliendo poco más de 5 años de prisión podría acceder a la libertad condicional, por la reducida pena que recibió”.

Sobre la Ley y sus alcances, en 2013 se promulgaron algunas modificaciones en el Código Penal, Ley Nº 24.660. Una de ellas vinculada al beneficio de las salidas transitorias; unos de sus artículos establece que: “En los casos de las personas condenas por los delitos vinculados a (abuso sexual), antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna manifestación. También se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o su representante legal, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación. El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio informe”.

Le consultamos cuales son las causales de condena en estos casos, y explicó: “En caso de una violación así, fue un hecho muy puntual. Lo que queda en el olvido generalmente son los abusos sistemáticos, intrafamiliares, los abusos más ocultos que se establecen en una relación de confianza”.

La Justicia no tiene, en ningún tipo de delito, la obligación de poner un abogado para la víctima, es decir, para la persona querellante; pero sí para el acusado. Maurin detalló “esto tiene lógica cuando se trata de delitos contra la propiedad privada o de lesiones leves, por ejemplo, para evitar así el revanchismo entre particulares. Como el Estado tiene el monopolio del poder punitivo, es una garantía básica que el imputado cuente con una defensa técnica y gratuita. Considero que ciertos delitos como los sexuales y los de violencia machista, también justifican que el Estado acompañe a las víctimas y las haga partícipes reales en los procesos judiciales”. Esto deja al descubierto otras fallas en lo que respecta al accionar de la (in)Justicia: mide todos los delitos con la misma vara, desde el robo de un teléfono hasta el abuso sexual.

Entendemos que si el Estado invirtiera dinero en un/a abogado/a para alguien que denuncia por el robo de un bien a otra persona, es un gasto desproporcional para el Estado por un delito vinculado a la propiedad privada. Sin embargo, en situaciones como abusos sexuales y denuncias por violencias machistas, el Estado debería garantizar la defensa de la víctima, ya que se está poniendo en juego la integridad física, mental y la salud de las personas que denuncian, además de que los términos legales son ajenos a quien realiza la denuncia y se hace fundamental garantizar protección y acompañamiento a la querella.

Mientras tanto, la organización sigue siendo el camino para que la impunidad no sea, y la Justicia sea nuestra.

*Esta definición de la carátula del delito por el que fue acusado y condenado el violador, es una consecuencia del análisis entre el abogado y las periodistas de la nota, de acuerdo a las citaciones recibidas por la familia, ya que nunca fue informada ni documentada sobre la condena.

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“Estamos preparadxs en alguna medida para que los ataques lleguen de afuera, pero cuando vienen de adentro, la realidad es devastadora”, asegura Paula Wachter, Directora Ejecutiva de Red por la Infancia, en entrevista con Marcha.

Red por la Infancia es una organización que se creó a partir de la necesidad de un grupo de madres en circunstancias en que denunciaron al abusador de sus hijos e hijas y se encontraron con un sistema que no les creía, no las protegía y que revictimizaba a los niños y niñas. En esta situación, ellas fueron conectándose hasta armar un tejido de cobertura nacional que articula acciones con profesionales preparados en la temática para llegar a tener mejor acceso a la justicia.

“El agresor es alguien que queremos e incluso con el que formamos una familia; el mundo como lo conocemos se desmorona y hay que empezar a construir otro”, manifiesta Watcher, “es necesario describir la soledad de las mamás denunciantes, porque no hay un programa dentro del Estado que acompañe a estos niños, sus madres o adultos protectores, hay un vacío legal, donde las mujeres tienen que no solo sostenerse a sí mismas y a sus hijos, sino que son obligadas a entender un sistema que es confuso y contradictorio”.

En muchos de estos casos los niños y las niñas son revinculizadas con sus agresores, en varias ocasiones a través del inexistente y llamado Síndrome de Alienación Parental -rechazado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) hace ya 15 años por no cumplir con los criterios clínicos para ser catalogado como tal-. Mediante este proceso, que se utilizó en Argentina y que fue invalidado por dictámenes del Congreso de la Nación, pero que aún en la actualidad sigue siendo fundamento de fallos judiciales –si bien no se manifiesta abiertamente-, se desconfía de lo expresado por las niñas y los niños y se invierte la carga de la prueba, por lo que la mujer que denuncia es acusada como madre maliciosa, que contamina a sus hijxs con recuerdos falsos en contra de su padre por venganza hacia él.

“Solamente el 12 % de los niños y las niñas abusados obtienen ayuda”

“La piedra angular del abuso es la coacción, al niño o a la niña se le impone el silencio obligado, se lo amenaza con que si lo cuenta le va a pasar algo malo a él, a la madre, o a quien lo denuncie”, asegura Wachter.

El nuevo Código Civil y Comercial proporcionó un avance al jerarquizar la potestad del o la menor a ser oído y a ejercer su derecho a revincularse, o no, con su progenitor; y con la implementación de la figura del abogado del niño o la niña. De este modo, niñas y niños empiezan a tener su propia voz en el proceso y a expresarse sobre cuestiones que afectan su vida, en un conflicto que antes se consideraba solo de adultos, cuando en realidad son ellos los más afectados.

En la actualidad, existe un protocolo diseñado para las escuelas, con el propósito de que las y los docentes tengan un rol más activo, especialmente en lo que se refiere a la denuncia, dado que se debe generar conciencia sobre lo importante de su observación, dado que muchas veces los niños y las niñas confían fuertemente en sus maestrxs o son lxs docentes quienes pueden percibir comportamientos abusivos a través de manifestaciones de sus alumnxs; con la premisa de que el niño o la niña suele hablar una vez, la calidad de la escucha de aquella persona con quien se encuentra va a condicionar su futuro, porque “si observa que alguien juzga o ignora su relato de abuso, posiblemente no lo vuelva a repetir”, sentencia la Directora Ejecutiva de Red por la Infancia.

Uno de cada cinco niñxs es abusado antes de los 18 años

Todo funcionario/a público tiene la obligación indelegable de poner en conocimiento de las autoridades si sabe sobre el abuso hacia un niño o niña, por lo que el hecho de estar preparado para responder en estas situaciones, disminuirá el impacto inicial frente a la parálisis emocional que podría provocar el mandato de actuar.

La Guía de orientación y recursos sobre abuso sexual en la infancia es un material de consulta que la Red por la Infancia presentó  en agosto junto con FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer) y Salud Activa, con fondos de la embajada de Canadá, con el objetivo de acompañar a madres y a niñxs a lo largo de la ruta crítica de la denuncia.

Se estima que de cada 100 abusos, solo uno recibe condena, por eso desde el 2015 la ley contempla los plazos para la prescripción del delito a partir del momento en que la víctima decide realizar la denuncia, ya que las personas abusadas deben romper con barreras como la estigmatización, la acusación a un familiar cercano, y la propia dificultad de revivir un relato que les resulta demasiado doloroso. Sin embargo, es a través del pedido de justicia como finalmente pueden reparar ese capítulo de sus vidas. “Devolverle la voz a estos adultos que a su vez fueron niños abusados y que lo digan cuando quieran y  puedan”, relata Paula Wachter.

“Todos tenemos un caso en la familia o entre nuestras amistades, y en la medida en que se derribe el mandato de que de eso no se habla, vamos a lograr una mejor respuesta institucional. Darle voz a estos niños y sostener a las familias que estén pasando por esa situación, es tarea de todos; el proceso resulta arduo, pero con el apoyo adecuado se puede cambiar el futuro”, afirma Paula.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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