Por Daniela Valla.  La cronista comparte su experiencia tras conocer a las distintas Asambleas Ambientalistas de Vecinos y Vecinas ubicadas en la Cordillera a la altura de Catamarca. En esta entrega, la lucha de la Asamblea de Fiambalá y la importancia de su continuidad.

Nicolasa y Cacho viven hace tiempo en Fiambalá, un pueblo de Catamarca pegadito a la Cordillera. Unas cuantas banderas en la entrada de su casa llaman la atención de quienes caminan por esa calle. “Si a la vida, no a la minería” “Fiambalá Despierta”, dicen. Así es que nos acercamos, curiosas de saber de qué se trataba, de conocer que estaba pasando. Nos reciben, cálidos, con unos mates y nos cuentan un poco la historia: vienen luchando hace 10 años, desde 2007.

No son los únicos en el territorio, también se encuentran la Asamblea El Algarrobo, en Andalgalá; la Asamblea El Chañar, en Belén; la Asamblea Yokavil, en Santa María; las y loss Autoconvocados por la Vida, en Tinogasta; lxs Vecinos de Londres, en Belén; las y los Vecinos de Anquincila, en Ancasti; y el Colectivo Sumaj Kausay, en San Fernando del Valle de Catamarca; todas estas organizaciones en lucha y resistencia contra las mineras que se han instalado o proyectan hacerlo en tierras catamarqueñas.

Nicolasa y Cacho nos cuentan que hace unos años, en el pueblo de Tinogasta quisieron instalar una mina de Uranio y las y los vecinos organizaron un corte de calle, fueron reprimidos con balazos de goma por parte de la policía pero lograron hacer oír su voz e impedir la instalación de la mina. A su vez, en Andalgalá funciona desde 1997 “La Alumbrera”, una mina a cielo abierto de donde se extrae oro y cobre. Allí, desde la Asamblea el Algarrobo se viene denunciando y exigiendo el cierre de la mina, la cual no ha beneficiado al pueblo pero si le ha dejado la contaminación, provocando serios problemas ambientales y de salud.

Ahora, en Fiambalá quieren instalar una mina cerca del Pissis, segundo volcán más alto de la tierra, donde encontraron Litio en las lagunas y salares de altura. El proyecto se llama “Tres Quebrada” (3Q) y la exploración la realiza la empresa Liex S.A, aprobada por el Gobierno de Catamarca, sin licencia social para este proyecto, dado que no se realizó la debida audiencia pública en relación al mismo. Por lo tanto, las y los vecinos están organizándose para denunciar dicha situación e impedir la instalación de la mina.

Fiambalá no dice “no a la minería”, sino que plantea que la mina la tienen que trabajar las personas que viven en esas tierras, buscando maneras de extraer y tratar los minerales de forma no intensiva, sin agotar el agua y ni contaminar a los pueblos. Afirman que las vecinas y los vecinos tienen que aprender el trabajo y que el recurso es de ellxs.

También, denuncian el accionar de las empresas mineras quienes suelen pagar las regalías al Estado por la extracción de un mineral y se llevan diversos, fuera del país. Saquean la tierra. El pueblo nunca resulta beneficiado. Hay sospechas sobre la “compra” de delegados (los intendentes de los pueblos chicos) para que les digan a las personas del pueblo que la mina es buena, que no contamina y que va a generar trabajo. Prometen, de esta forma, puestos de trabajo pero contratan personas de otros lugares. Ni siquiera consumen mercadería del pueblo. Tienen sus propias proveedurías en las minas. Lo que si dejan es la contaminación.

En las minas metalíferas a cielo abierto, construyen “diques de contención” donde depositan los residuos tóxicos y químicos. Sin embargo, eso se filtra por la tierra y llega a las napas, contaminando el agua. En el caso de la extracción de litio de salares, contaminan las napas de agua dulce por las profundas perforaciones que realizan para bombear la salmuera que contiene el litio; a su vez, se evaporan millones de litros de agua a la atmósfera en las piletas de evaporación. De la cordillera es de donde llega el agua al pueblo. En el caso del proyecto “Tres Quebradas” pretenden extraer litio de un bello lugar de la cordillera, hay lagunas de hermosos colores que forman parte de un Sitio Ramsar protegido internacionalmente.

Por otra parte, el litio es toxico, los trabajadores de las minas deben tener protección en sus ropas y no deben llevar las prendas a lavar a sus hogares porque las partículas toxicas viajan en la ropa de la gente que trabaja en la mina hasta el pueblo y enferman a las personas con las que están en contacto aunque estas no trabajen en la mina. Este mineral, además de ser utilizado para la fabricación de baterías para aparatos electrónicos, es usado como medicamento para tratar desórdenes mentales, por lo cual, se han efectuado varios estudios sobre sus efectos y toxicidad en el cuerpo humano. Según el Centro Medico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, donde se estudian sus efectos terapéuticos, se señala como síntomas de intoxicación graves: problemas gástricos, como diarrea, vómito, náuseas; daños en la coordinación de manos y piernas, temblores musculares y oculares, mala pronunciación, problemas de memoria. El cuerpo trata de procesar el metal, lo que provoca fallas renales, pérdida de sales corporales y una posible tendencia a la sicosis, por esa misma causa.

Por eso, las vecinas y los vecinos se organizan. Y dicen “Fiambala.. Despierta!”, apostando a visibilizar, informar, construir conciencia en otras vecinas y vecinos del pueblo, y luchando contra la instalación de la mina en el Volcan Pissis, reclamando la soberanía sobre sus territorios, sus recursos, su vida y la de sus pueblos.

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La Corte Suprema de Justicia falló a favor de los reclamos del pueblo de Andalgalá que resiste la megaminería a cielo abierto y, en particular, el proyecto de Agua Rica. El acampe sostenido por la Asamblea El Algarrobo ya llevaba un mes en la Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema. Las repercusiones del fallo judicial.

En un fallo de 14 hojas, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia catamarqueña que había rechazado el reclamo de los vecinos de Andalgalá. Este nuevo amparo fue iniciado por Sergio Martínez, integrante de la asamblea El Algarrobo, y un grupo de vecinos contra la provincia de Catamarca, la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc. y el municipio de Andalgalá.

Los vecinos de Andalgalá exigían la suspensión de todo trabajo de instalación, transporte, construcción o preparación destinado a la explotación de las Minas de Agua Rica. También exigían el cierre definitivo de la minera “por lesionar los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de los habitantes de la región”. Según lo publicado por el Centro de Información Judicial, el órgano máximo de la justicia “resolvió que la Justicia provincial no podía rechazar un amparo sin analizar el planteo de los vecinos”.

La asamblea El Algarrobo exigía que se declarara la nulidad de la resolución 35/09 de la Secretaría de Estado de Minería de la provincia de Catamarca, mediante la cual se emitió la Declaración de Impacto Ambiental de Forma condicionada. Al respecto, en 2008 el municipio de Andalgalá encargó a la Universidad Nacional de Tucumán el “Análisis del informe de impacto ambiental de la Mina Agua Rica”, en el que se realizaron una serie de cuestionamientos. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia expresa que la Secretaría de Estado de Minería estaba al tanto de este informe y declara ilegítima la aprobación del “informe ambiental en forma condicionada” hasta tanto se resuelvan las objeciones realizadas por los vecinos. El fallo finaliza con la orden de que el tribunal catamarqueño dicte “un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado”.

El informe mencionado sentenciaba que en el mediano o corto plazo puede ocurrir “la migración de lixiviados y un avance progresivo de la pluma de contaminación hacia los niveles de acuíferos subterráneos, con contaminación no remediable”. Además, con respecto al cierre de la mina, el informe de la Universidad tucumana ratifica que el lapso de monitoreo previsto en el proyecto es muy corto, ya que dejaría un pasivo ambiental que quedará por generaciones.

Las repercusiones de un fallo histórico

Las repercusiones no tardaron en aparecer. Sobre todo en los sectores políticos provinciales, tanto del oficialismo como de la oposición. Cabe destacar que en la provincia de Catamarca la explotación minera proviene de una alianza entre una empresa extranjera con una sociedad del Estado. En el caso de la Mina La Alumbrera, la sociedad estatal se llama Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Según consta en su página web, en YMAD tienen participación la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional. En el caso de la Mina Agua Rica, el contrato se realizó entre la canadiense Yamana Gold y la Sociedad del Estado CAMYEN (Catamarca Minera y Energética).

Desde el Frente Cívico y Social catamarqueño salieron a afirmar que el fallo de la Corte suprema significa el certificado de defunción del contrato Camyen – Yamana Gold. La diputada Marita Colombo expresó a medios de la capital provincial que lo resuelto por el máximo tribunal “afecta gravemente las posibilidades de supervivencia del contrato entre Yamana Gold con Camyen”. Desde el gobierno provincial salieron rápidamente a responder tanto el fallo de la corte como las afirmaciones de la oposición. El secretario de minería de Catamarca, Rodolfo Miccone, expresó a FM Ancasti que las actividades de la mina Agua Rica fueron suspendidas en 2009 por el juez Cerdá para “preservar la paz social”. Además el ministro Miccone expresó que “la empresa sabe que tiene que realizar un nuevo informe de impacto ambiental. No es un tema nuevo para nosotros tampoco”.

Tanto el Frente para la Victoria como partido gobernante y el Frente Cívico y Social en calidad de principal partido opositor, eligieron encolumnar su postura dentro de la ya vieja falsa propuesta de una megaminería sustentable. Desde el FCyS plantean una minería de excelencia con el mayor rigor científico y profesional. A su vez, desde el FPV reivindican una minería responsable partiendo de una falsa premisa que supone que con más controles la megaminería dejará de ser contaminante, destructora del suelo, el agua, las actividades y producciones regionales. El gobierno va por más cuando plantea la necesidad de que Yamana Gold presente un nuevo informe de impacto ambiental sin reparar en el reclamo de sus habitantes.

La postura de la asamblea El Algarrobo es clara y fue ratificada en la conferencia de prensa que realizaron para anunciar el levantamiento del acampe en Plaza Lavalle luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia. “Sabemos que Agua Rica se va. Y sabemos también que con la presión de todos, y con la fuerza de los que queremos defender la vida, se van también las megamineras”, expresó con firmeza Alejandro.

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Las asambleas ciudadanas socio ambientales que luchan contra la megaminería a cielo abierto expresaron su repudio absoluto al Pacto Federal Minero impulsado por el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello.

En el comunicado “Pronunciamiento de los Pueblos Cordilleranos y Patagónicos afectados por el Extractivismo en Repudio al Pacto Federal Minero” expresaron su absoluto repudio a una nueva reorganización del “Estado minero” que se va perfilando con la noticia del lanzamiento de un nuevo Pacto Federal Minero. Este pronunciamiento que difundió La Asamblea El Algarrobo, también tiene el apoyo de más de treinta firmas que van desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, la Asamblea Jáchal No se toca de San Juan y la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, hasta Miguel Teubal y el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto.

Las declaraciones realizadas por el Subsecretario Mario Capello a comienzo de este año encendieron las voces de alarma en las asambleas socio-ambientales. La Asamblea El Algarrobo se pronunció remarcando que los funcionarios de turno demuestran una vez más que las políticas mineras están hechas “a favor de las trasnacionales, en detrimento de los pueblos y los territorios”. La quita de las retenciones a la minería anunciada semanas atrás acompaña el sentir de la asamblea catamarqueña.

Cada nuevo avance del lobby minero, esta vez encarnado en la personalidad de Mario Capello, recibe su correspondiente rechazo por parte de las asambleas que luchan para resistir la megaminería a cielo abierto. Un ejemplo de ello son las declaraciones realizadas por el funcionario macrista cuando afirmó que su “principal preocupación es hacer que vengan inversiones para minería sustentable para todas las provincias mineras”. Para la Asamblea El Algarrobo ya es motivo de repudio que los llamen “provincias mineras” ya que la diversidad y riqueza de su producción excede la categoría que quieren imponer los empresarios, lobbistas y políticos “mineros”.

Los pueblos que luchan a diario contra la megaminería saben que tienen en la puerta de la casa el peligro de la contaminación y el riesgo de enfermedades producto de los tóxicos utilizados. Pero cuando se acerca el final de una explotación, la incertidumbre se intensifica. Las Asambleas ciudadanas expresaron que en Andalgalá no tienen “idea de qué pasará con el dique de cola tras el cierre de operaciones, no hay ninguna presentación en los organismos correspondientes del informe de impacto ambiental. No se hacen cargo de los diversos informes que indican contaminación ambiental producida entre otros varios factores por la rotura del mineraloducto y fisuras en el dique de colas, violando efectivamente tanto la Ley de Ambiente como el Código Minero”. La Mina La Alumbrera finaliza sus actividades el año que viene y corresponde resaltar que es explotada por una UTE suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) denunciada por el delito de contaminación ambiental.

En referencia a la preocupación latente de qué pasará cuando finalice la explotación, Silvina Reguera, integrante de la asamblea El Algarrobo charló con Marcha y expresó que “es un tema de mucha preocupación. Porque también es sabido que en todas partes que las grandes empresas mineras abandonaron los diques de cola, están fisurados. Y eso a su vez, trae aparejados montón de problemas de contaminación”. Silvina Reguera, junto a otros integrantes de la asamblea de Andalgalá están acampando en la Plaza Lavalle reclamando que la Corte falle a su favor en un amparo que haga frenar el emprendimiento Agua Rica. Este proyecto, que se encuentra a diecisiete kilómetros de la ciudad de Andalgalá, está pensado que sea tres veces más grande que la Mina La Alumbrera y se emplaza donde nacen los ríos con los que se alimenta el pueblo catamarqueño.

La asociación casi natural que se va instalando de que la megaminería a cielo abierto nos lleva indefectiblemente a la contaminación, la enfermedad y la muerte, no es casual. En pocos meses, los casos del derrame de cianuro en Jáchal y el desastre ambiental y las muertes producidas por la rotura del dique minero en el Departamento de Minas Gerais en Brasil el año pasado, sirvieron de fundamento a lo que siempre fue una convicción en los luchadores ambientalistas y que ahora se transformó en una violenta realidad.

Los gobernantes de los sucesivos gobiernos, desde la década del 90 a esta parte, se vieron en la necesidad de ahondar en sus mentiras para encontrarle algún beneficio a su rentable asociación con las empresas mineras trasnacionales. Al respecto, Mario Capello es el encargado de esta función en el gobierno de Mauricio Macri. Cabe recordar que cuando sólo cumplía funciones como Secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, afirmaba que la mina Bajo la Alumbrera en Catamarca, luego de 14 años en operación, “puede constatarse el aumento de las hectáreas cultivadas en Andalgalá, Santa María o Belén”. Tres años después, el derrame de cianuro en Jáchal, la filtración del mineraloducto en la Alumbrera y el genocidio ambiental de la minera Samarco en Brasil modificaron el pensar de mucha gente, pero no es el caso del ahora Subsecretario Nacional de Minería.

Tres años después, Mario Capello, en su afán por obtener un buen recibimiento de la prensa nacional sobre el anuncio de un Nuevo Acuerdo Minero, ratificó “Que le sirve al agro, a la forestación, a todo el desarrollo sustentable y al desarrollo social”. Al respecto, el pronunciamiento difundido por las asambleas socio-ambientales expresó que ese cuento ya lo vienen escuchando hace veinte años y que no sólo han comprobado que las economías regionales han desaparecido sino también que “todos estos tipos de planes responden a los intereses de las transnacionales”. Silvina Reguera expresó a Marcha que ese tipo de frases impactan en la gente que no conoce del tema pero no tiene ningún significado real. Sólo ellos creen que la megaminería va a pasar a ser sustentable porque lo mencionen. “Sustentable es un trabajo que se autogenera, que no tiene fin. Se vuelve a generar con los mismos recursos que te da la tierra. La Megaminería jamás va a ser sustentable” sentenció Reguera.

La asamblea El Algarrobo de Andalgalá acampa frente a la Corte Suprema reclamando que se resuelva el amparo que frene la Mina de Agua Rica y los demás emprendimientos que se aprestan a atacar la cordillera argentina y el agua de nuestro territorio. A su vez, en una causa que lleva catorce años citaron a declarar a directivos de Minera la Alumbrera por el delito de contaminación ambiental. Mientras tanto, el gobierno de Macri haciendo oídos sordos como lo hiciera antes Cristina Kirchner, impulsa con vehemencia un nuevo Pacto Federal Minero. No hubo Licencia Social la década pasada. Tampoco la hay en la actualidad. Los pueblos siguen resistiendo.

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