Por Artesanos Unidos de la calle Defensa* | Foto de Hernán Vitenberg

El domingo 13 de enero, apenas comenzado el año, la tradicional feria de artesanos y artesanas de la calle Defensa amaneció convulsionada. El cuerpo de la Infantería de la Policía Federal se desplegaba sobre la Avenida Independencia, con sus vehículos y uniformados, cumpliendo la expresa misión de impedir el armado de la feria que allí funcionaba cada domingo desde hacía al menos diez años. Un emblema de identidad y cultura de nuestra Ciudad, visitado por cientos de miles de turistas de todo el mundo, estaba impedido de trabajar, avasallado en cuatro de sus más vitales cuadras, como consecuencia de la presión que los sectores más privilegiados de San Telmo ejercían sobre los poderes represivos para su desalojo, porque ya no podían tolerar que el paseo que los artesanos habíamos organizado sobre esta calle se hiciera tan popular y fuera tan visitado. No les alcanzaba con ser los dueños de los comercios y locales más fastuosos. Querían barrer la calle y ocupar el mismo espacio. No soportaban ver a un artesano vendiendo. Era inconcebible observar a un trabajador, una vez por semana, viviendo de lo que es capaz de hacer con sus propias manos.

Para desplegar este proyecto represivo, consistente en destruir la feria que históricamente armaba entre el 800 y el 1100, el Gobierno de la Ciudad acordó con la cúpula de la Cooperativa El Adoquín -conformada por Gabriela Olguín y Alberto «Beto» Cortés», articulados a la CTEP mediante el Movimiento Evita– en un pacto concertado a espaldas de la mayoría de sus integrantes, fuera de toda asamblea y participación horizontal, el desalojo de esas cuadras y el traslado de lxs artesanxs que allí trabajábamos para ser reubicadxs sobre el 700, donde ya existía otra feria que funcionaba activamente desde hacía por lo menos una década.

Si Evita supiera

El Adoquín era una Cooperativa de trabajo bastante desprolija que venía operando en el territorio desde hacía algunos años. Sus referentes ganaron cierta legitimidad entre un grupo importante de artesanxs porque a lo largo de esas cuadras la feria se organizaba horizontalmente, sin líderes ni organizaciones verticalistas que tomaran decisiones por encima del resto. Los miembros de la Cooperativa aprovecharon ese hueco para hacerse visibles. Aguantaron algunos operativos policiales que enviaba el Gobierno de la Ciudad, y también facilitaron la entrega de créditos y el cobro de los llamados salarios sociales entre lxs compañerxs que atravesaban situaciones económicas vulnerables. Sus principales referentes, los mencionados Gabriela Olguín y Beto Cortés, militaban en la CTEP y con algunos abogados prestados decían estar en diálogo con el Gobierno de la Ciudad para negociar la definitiva legalización de la feria. Esa legalización nunca llegó. Y tampoco existen pruebas concretas del supuesto diálogo que mantenían con el Gobierno. Una cantidad importante de artesanxs jamás les creyó nada. Este grupo avisó desde un primer momento que El Adoquín venía a romper la feria, a infiltrarse en el territorio, a hacer el trabajo sucio para politizar un espacio con el objetivo de utilizarlo como plataforma política para sus mezquinos intereses personales.

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El pacto de entrega y sumisión

El acuerdo furtivo para desalojar las cuadras que van del 800 al 1100 fue disfrazado como un convenio de traslado, como la legalización formal de la feria, como un logro que favorecía a cientos de trabajadores, cuando en realidad fue la traición, fue la operación lobbista, fue la manipulación, el ultraje, la rosca, fue el apretón de manos entre quienes tejen en la sombra privilegios personales. Las oscuras partes de este convenio, supuestos enemigos en la práctica pero cínicos socios en el reparto de los privilegios, desde meses atrás pretendieron debilitar las voluntades de lxs artesanxs, quebrantar la resistencia de lxs trabajadorxs. No convocaron audiencias ni llamaron a asambleas para debatir resoluciones, compartir opiniones ni contemplar el posible destino de la feria. No. Vallaron las cuadras silenciosamente, apilaron escombros durante los días de semana y levantaron adoquines teatralizando reformas inexistentes para inutilizar el espacio, invadir el territorio y desgastar los ánimos. Para que cuando anunciaran el pacto cobarde consistente en entregar las cuadras a la oligarquía de San Telmo, la gente urgida por su necesidad de trabajo aceptara el traslado miramientos sin contemplaciones.

Cuando el 13 de enero El Adoquín llegó con la Policía e intentó armar sus puestos en el lugar de lxs compañeros desplazados del 700, la Cooperativa dejó de existir ese mismo día. La mayoría de sus integrantes rechazó el permiso que otorgaba el derecho a armar sobre el cementerio de otrxs compañerxs. Desertaron como miembros de una agrupación que se reveló traidora y sumisa de los poderosos. Aunque muchos fueron amenazados de que se les iba a quitar el salario social si no respondían a esa maniobra, decidieron sin ninguna duda abrirse del oprobio sin importar las necesidades. No iban a aceptar de ningún modo armar su puesto sobre el cuerpo de un compañero expulsado. Lxs compas del 700 no pudieron armar. Pero El Adoquín tampoco porque no pudieron entrar ni con los uniformados. Había nacido la resistencia.

Entonces fue la unión y la lucha, fue la organización. Los desertores de El Adoquín, junto a lxs afectadxs del 700 se unieron para defender sus tradicionales espacios de trabajo. Comenzaron las marchas, las asambleas, la presencia de los medios gráficos y televisivos, la difusión, los festivales, las actividades, el apoyo de gran cantidad de ferias, de numerosas organizaciones y personalidades públicas. Así estuvimos diez fines de semana, aguantando los operativos que enviaba la fiscal Celsa Ramírez, resistiendo las provocaciones de la Policía, el amedrentamiento por parte del Cuerpo de la Infantería, los atropellos del personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que desconocía profundamente las características del territorio y argumentaba razones que insultaban la inteligencia, demostrando claramente que respondían a intereses inconfesables.

Entonces fue la represión

El 10 de marzo las autoridades del Gobierno de la Ciudad desataron la cacería y nos enviaron a todas las fuerzas de seguridad de la zona, al cuerpo armado de la Infantería, a las patrullas de Espacios Públicos, infiltraron gente de civil para provocar y legitimar su violencia. Como una estrategia militar de un régimen sanguinario y represivo, llegaban en motos, montados de a dos, con las armas largas levantadas, exhibiendo con soberbia todo su armamento y haciendo rugir los motores como estrategia para atemorizarnos. Eran como cien. Y entraron a pura tropa. Tiraron gases a vecinos y turistas, destrozaron puestos y mercadería, golpearon indiscriminadamente a las personas, causaron numerosos heridos y se llevaron detenidas a 18 personas.

Esxs 18 detenidxs sufrieron lesiones y debieron atravesar situaciones traumáticas. Pasaron la noche en una celda y fueron víctimas de causas armadas, algunxs por apoyar la lucha y otrxs sencillamente por estar ahí sin siquiera saber lo que sucedía.

Pero la resistencia no se detuvo. Pese al desgaste y las persecuciones, lxs compañerxs del 700 lograron recuperar sus puestos de trabajo en el lugar que pretendía ocupar El Adoquín. Muchos eligieron irse a trabajar a otras ferias, porque por diferentes razones no todxs estaban en condiciones de aguantar una lucha tan prolongada. Otros fueron reubicados entre el 150 y el 700 de la calle Defensa, en espacios que también generaron malestares y conflictos en los puestos de las otras cuadras.

El conflicto afectó a alrededor de 400 compañerxs que hoy siguen trabajando como pueden, en espacios repartidos en una feria que sigue sufriendo la persecución y el hostigamiento de los sabuesos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, pero que gracias a la organización y resistencia podemos seguir defendiendo nuestros puestos en el contexto de una gestión política insensible y despiadada.

Es un proceso que aún no termina. Muchxs pudieron volver a trabajar, otros continúan en estado de incertidumbre. Las cuadras que van del 800 al 1100 hoy están desocupadas. Por ahora es el territorio que perdimos a causa del pacto de sumisión y reverencia que la burocracia sindical firmó rendida ante los dueños de San Telmo.

Las causas armadas

Lxs compañerxs detenidxs tras la represión del 10 de marzo fueron víctimas de causas armadas y fueron sometidos a un proceso judicial arbitrario propio de un Estado autoritario. Lxs acusaron de agresión a las fuerzas policiales y desorden en la vía pública. Las causas fueron engrosadas por denuncias hechas por los mismos burócratas sindicales que alardean defender a lxs artesanxs: los impresentables referentes de la Cooperativa de Trabajo El Adoquín e integrantes de la CTEP, Gabriela Olguín y Beto Cortés, que acusaron ante los poderes del Estado a lxs compañerxs independientes que no pudieron manipular y que eran trabajadorxs que estaban luchando por mantener sus puestos de trabajo.

Lxs encausados debieron acudir a lxs abogadxs necesarios en busca de asesoramiento y representación para ese injusto proceso. La jueza Celsa Ramírez, estrella del Gobierno de la Ciudad y enemiga de lxs trabajadorxs precarizadxs, promovía que estas causas siguieran abiertas y fueran a juicio. Pero luego de varios meses de incertidumbre, el 3 de octubre se realizó la Audiencia judicial, donde finalmente –y para alegría de todxs–, lxs compañerxs fueron sobreseídxs porque las acusaciones carecían de pruebas y argumentos.

Derechos de todxs o privilegios de pocxs

La historia es una rueda que gira, una trama que por un lado enfrenta a quienes luchan por ampliar los derechos de todxs, contra quienes se agrupan en la vereda oscura para defender los mezquinos privilegios de unos pocos.

Las cuadras del 800 al 1100 hoy están desocupadas pero no vacías. Allí hay una feria que falta. Una feria que fue traicionada por quienes decían defenderla, y que fue reprimida por un Estado policial autoritario de un Gobierno que reverencia al dinero y desprecia a las personas. Pero a pesar de la persecución, la provocación, el hostigamiento, los operativos, la represión, las detenciones y las causas armadas, es una feria que quiere volver. Porque es un hermoso y reconocido espacio de identidad que habíamos sabido construir semana tras semana.

Para algunos, el tiempo es dinero. Para otrxs, en cambio, el tiempo sólo es un camino a transitar o un camino transitado. Hay una feria que espera por nosotros. Y ese camino habita el tiempo que se viene.

*Publicada originalmente en Frente Artesanos y Artistas en Lucha

Lee la cobertura de Marcha del conflicto:

Artesanxs de San Telmo

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“El objeto artesanal guarda impresas,

real o metafóricamente,

las huellas digitales del que lo hizo”

Octavio Paz

Los artesanos y artesanas de la calle Defensa, del barrio porteño de San Telmo, siguen sin poder trabajar. Se cumplieron más de dos meses desde que el Gobierno de la Ciudad los desalojó, policía mediante, de la histórica feria. Cerca de 300 familias se quedaron sin esa fuente de sustento.

El patrón de los adoquines de la calle Defensa se ve interrumpido por carteles que recuerdan que hace no mucho tiempo hubo un puesto en ese lugar. Lo que alguna vez fue la histórica feria de San Telmo se ha convertido en un desfiladero de policías y funcionarios públicos. Los y las artesanas, que durante más de 10 años llenaron de vitalidad las calles del barrio porteño, no se resignan a aceptar la decisión unilateral del Gobierno de la Ciudad y también se les puede ver por todos lados: marchando todos los domingos, fiscalizando los puestos afectados, llenando de música el ambiente, haciendo intervenciones artísticas. Exigiendo, de todas las maneras posibles, que las y los dejen volver a trabajar.

El conflicto surgió el 13 de enero de este año, cuando a los y las artesanas de la cooperativa El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Gobierno de la Ciudad (GCBA) les ofreció 220 permisos de trabajo sobre la calle Defensa al 700. El reconocimiento del trabajo artesanal como una actividad comercial legítima es un derecho que vienen reclamando desde que la feria de San Telmo se estableció hace 12 años. Lo que no les dijeron a las y los miembros de El Adoquín es que los permisos obtenidos eran sobre los lugares de trabajo de los y las artesanas de Defensa al 700, que se encontraban por fuera de la cooperativa y del arreglo. El Gobierno de la Ciudad pretendía que las y los miembros de la cooperativa usurparan el lugar de otros trabajadores y trabajadoras. Engañados, pero con la dignidad intacta, las y los trabajadores de la calle Defensa al 800, 900 y 1000 se rehusaron a ocupar los puestos de otros compañeros y compañeras. La cooperativa se fracturó y buena parte de sus integrantes se retiraron y formaron Artesanxs Unidxs de la calle Defensa.

Desde ese domingo, las cuatro cuadras de la calle Defensa, entre Chile y Carlos Calvo, se encuentran ocupadas por fuerzas policiales que amenazan e impiden trabajar a artesanos/as, artistas y músicos/as. Las únicas personas habilitadas se encuentran sobre la calle Chile, esquina Defensa, custodiadas por fuerzas policiales y un patrullero. Se trata de quienes se quedaron en la cooperativa El Adoquín, presidida por Gabriela Olguín, escrachada en numerosos carteles a lo largo de las calles, acusada de traidora y de que era plenamente consciente del acuerdo que había firmado.

Confianza legítima

86 artesanos y artesanas de la calle Defensa al 700, que nunca formaron parte de la cooperativa, presentaron una acción de amparo contra el GCBA ante el Juzgado N°1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido es claro: la nulidad de la disposición N°10/DGFER del 9 de enero, es decir, la resolución del Gobierno de la Ciudad, dictada por el Director General de Ferias, Carlos Gabriel Kuasñosky Somozala, que otorgó los 220 permisos precarios sobre la calle Defensa entre el 701 y el 799.

El 31 de enero, la primera jueza actuante, Patricia G. López Vergara, tuvo definiciones contundentes en relación al conflicto. Defendió la noción de espacio público como el lugar de “lo común, de la cultura y la política común”, un “lugar de materialización de las relaciones sociales y la expresión colectiva”. Su concepción de las calles y las plazas como un punto de encuentro nodal en la construcción de la identidad ciudadana y de la expresión comunitaria respalda el reclamo de los y las artesanas, que defienden no solamente su lugar de trabajo, sino también la identidad cultural del barrio de San Telmo y el ejercicio pleno del derecho a la Ciudad.

Además de remarcar la acuciante necesidad de trabajar en un contexto de asfixia económica en todo el país (desde el 13 de enero que la mayoría de los y las trabajadoras de la feria no pueden vender sus artesanías), la jueza López Vergara instó al Gobierno de la Ciudad a brindar una solución real al conflicto, apelando al principio jurídico de “confianza legítima”. Marcha dialogó al respecto con el defensor público Ramiro Dos Santos, de la Defensoría General adjunta Nº5, encargado de presentar el amparo en el que se sumaron las y los 117 artesanos que integran Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, quienes durante 12 años trabajaron entre Defensa al 800 y el 1000.

“Hay una cuestión técnica que se llama ‘confianza legítima’, que es que cuando durante muchos años el Estado reconoció o permitió una actividad, no puede de un día para el otro desconocerla. Eso pasó en las cuadras del 800, 900 y 1000. Después de más de 10 años de estar trabajando ahí, de un día para el otro los desalojaron violentamente. A esto se suman las normas de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que protegen el derecho a la cultura, a las actividades culturales, a la identidad cultural de los barrios. Todas esas manifestaciones culturales y artísticas están protegidas por la Constitución”.

Las dos presentaciones son complementarias, ambos abogados buscan lo mismo: que les den permiso para trabajar a los artesanos, artesanas y manualistas que están hace 12 años. La causa ahora se encuentra en manos de la jueza Romina Tesone, titular del Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, que sigue una línea muy similar a la jueza López Vergara y que dictaminó hace dos semanas que el Gobierno de la Ciudad tiene que plantear una propuesta superadora para que todas y todos los artesanos puedan trabajar.

Desde el gobierno se niegan a revisar la disposición que dio origen al problema, los permisos para la cooperativa El Adoquín. “Por lo pronto, estamos en una etapa de conciliación, tratando de acercar las partes y que el Gobierno haga alguna propuesta superadora. Los artesanos no quieren tener permiso en cualquier lado. Quieren los permisos donde venían trabajando, donde ya los conocen, donde ya se organizaron. Les ofrecieron a algunos otras cuadras pero esa solución no es aceptable porque no respeta su historia.”, puntualizó Dos Santos.

Para dimensionar la falta de voluntad del Gobierno, una de las propuestas es trasladar a los y las artesanas que rompieron con El Adoquín al pasaje San Lorenzo, que está cortado a mitad de cuadra y que tiene una afluencia de gente infinitamente menor que la calle Defensa. Para solucionar este problema, proponen poner unas vallas “que obliguen a la gente a meterse al pasaje”. Como si fueran ganado.

Desnudar un santo para vestir otro

Luciana, ex integrante de la cooperativa El Adoquín, trabaja la vitrofusión desde hace más de 10 años y con su trabajo y el de su pareja mantienen a sus dos hijos. Es sólo una de las cerca de 300 familias que se quedaron sin esa fuente de ingreso. El agotamiento de haberse levantado a las 6 de la mañana, como cada domingo desde hace 2 meses, se hace evidente en sus ojos. La fatiga y la tristeza, productos de un Estado hostil que cercena su derecho a trabajar, no le impiden aplaudir y esbozar una sonrisa ante cada banda musical que toca en apoyo a su lucha y a la de tantos otros y otras. Mientras hace de guía por las calles de San Telmo, narra por centésima vez la serie de eventos que llevaron a la situación actual.

“Nosotros ya contamos que somos más de 90 que estamos fuera de El Adoquín. Al gobierno le planteamos que como se fueron más de 100 personas (contando las que están de vacaciones o haciendo temporada en otros lados), que los de El Adoquín se queden en Chile, que les alcanza para la cantidad de gente que quedó dentro de la cooperativa. Que dejen liberado Defensa al 700, que se queden quienes estaban originalmente, y que a nosotros nos dejen trabajar entre Defensa al 800 y el 950”.

En un primer momento, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decía que esa cuadra (la del 700) no se podía legalizar. Al darle los permisos a la cooperativa se contradijo, demostrando que sí era posible. Por lo que queda la duda de por qué ciertas personas son legalizables y ciertas no. Desde la organización Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, de la cual es parte Luciana, piden que los y las integrantes de El Adoquín resignen su derecho sobre la calle Defensa, ya que acusan a la conducción de la cooperativa de haber firmado un acuerdo sin el consentimiento de las bases ni de las partes involucradas y que fue el que originó todo el conflicto.

“Nosotros tratamos de presionar mediante la CTEP, de la cual El Adoquín es parte. Tuvimos una reunión muy trucha con Juan Grabois (referente de la CTEP y del Frente Patria Grande) que, muy astuto, nos citó en un bar, nos escuchó a todos, nos dijo que nos iba a dar una respuesta en 24hs. Nos contestó con una carta diciéndonos que las cooperativas de la CTEP son autónomas, que él no se puede meter en eso, que cree que el acuerdo está mal pero que lo deja en manos del ‘Gringo’ Castro”, narró Luciana. Esteban “Gringo” Castro es el Secretario General de la CTEP y respaldó públicamente, durante la marcha contra los tarifazos del 26 de febrero, el acuerdo logrado entre el Gobierno de la Ciudad y la cooperativa El Adoquín.

“Cuando llamamos al ‘Gringo’ Castro, que ya a esta altura no queríamos saber nada con la CTEP, no nos contestó la llamada. Castro fue uno de los que ayudó a negociar el acuerdo”, puntualizó la artesana. Antes se habían contactado con Rafael Klejzer, Secretario General de la CTEP Capital. Klejzer reconoció hace poco más de dos semanas en la AM 530 que “si el acuerdo deja afuera a la mitad de los laburantes, entonces no es un acuerdo feliz”. Esperanzados/as por sus declaraciones, la desilusión fue mayúscula cuando la respuesta de él fue proponer una reunión con Gabriela Olguín. “Ahora estamos sólo en la vía judicial. Hay dos juezas que nos reconocen y le piden soluciones rápidas al gobierno, lo cual lo vemos como algo muy positivo. Nadie quería una reunión con Olguín que fue la que hizo este acuerdo”, explicó Luciana.

Por su parte, Gabriela Olguín, Presidenta de El Adoquín, se negó a dar declaraciones a Marcha.

“No somos ilegales, queremos trabajar dignamente”

Después de 8 domingos sin trabajar, y ante la evidente dilatación por parte del Gobierno con el objetivo de que se agoten y se marchen de San Telmo, lxs Artesanxs Unidxs de la calle Defensa convocan este domingo 10 de marzo a marchar desde las 12 del mediodía en la calle Defensa al 1000 “por nuestro lugar de trabajo, por la dignidad de nuestro reclamo, porque la calle es de quien la trabaja, porque el arte es cultura y la cultura es identidad colectiva”.

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