Por Artesanos Unidos de la calle Defensa* | Foto de Hernán Vitenberg

El domingo 13 de enero, apenas comenzado el año, la tradicional feria de artesanos y artesanas de la calle Defensa amaneció convulsionada. El cuerpo de la Infantería de la Policía Federal se desplegaba sobre la Avenida Independencia, con sus vehículos y uniformados, cumpliendo la expresa misión de impedir el armado de la feria que allí funcionaba cada domingo desde hacía al menos diez años. Un emblema de identidad y cultura de nuestra Ciudad, visitado por cientos de miles de turistas de todo el mundo, estaba impedido de trabajar, avasallado en cuatro de sus más vitales cuadras, como consecuencia de la presión que los sectores más privilegiados de San Telmo ejercían sobre los poderes represivos para su desalojo, porque ya no podían tolerar que el paseo que los artesanos habíamos organizado sobre esta calle se hiciera tan popular y fuera tan visitado. No les alcanzaba con ser los dueños de los comercios y locales más fastuosos. Querían barrer la calle y ocupar el mismo espacio. No soportaban ver a un artesano vendiendo. Era inconcebible observar a un trabajador, una vez por semana, viviendo de lo que es capaz de hacer con sus propias manos.

Para desplegar este proyecto represivo, consistente en destruir la feria que históricamente armaba entre el 800 y el 1100, el Gobierno de la Ciudad acordó con la cúpula de la Cooperativa El Adoquín -conformada por Gabriela Olguín y Alberto «Beto» Cortés», articulados a la CTEP mediante el Movimiento Evita– en un pacto concertado a espaldas de la mayoría de sus integrantes, fuera de toda asamblea y participación horizontal, el desalojo de esas cuadras y el traslado de lxs artesanxs que allí trabajábamos para ser reubicadxs sobre el 700, donde ya existía otra feria que funcionaba activamente desde hacía por lo menos una década.

Si Evita supiera

El Adoquín era una Cooperativa de trabajo bastante desprolija que venía operando en el territorio desde hacía algunos años. Sus referentes ganaron cierta legitimidad entre un grupo importante de artesanxs porque a lo largo de esas cuadras la feria se organizaba horizontalmente, sin líderes ni organizaciones verticalistas que tomaran decisiones por encima del resto. Los miembros de la Cooperativa aprovecharon ese hueco para hacerse visibles. Aguantaron algunos operativos policiales que enviaba el Gobierno de la Ciudad, y también facilitaron la entrega de créditos y el cobro de los llamados salarios sociales entre lxs compañerxs que atravesaban situaciones económicas vulnerables. Sus principales referentes, los mencionados Gabriela Olguín y Beto Cortés, militaban en la CTEP y con algunos abogados prestados decían estar en diálogo con el Gobierno de la Ciudad para negociar la definitiva legalización de la feria. Esa legalización nunca llegó. Y tampoco existen pruebas concretas del supuesto diálogo que mantenían con el Gobierno. Una cantidad importante de artesanxs jamás les creyó nada. Este grupo avisó desde un primer momento que El Adoquín venía a romper la feria, a infiltrarse en el territorio, a hacer el trabajo sucio para politizar un espacio con el objetivo de utilizarlo como plataforma política para sus mezquinos intereses personales.

Leé también:

San Telmo: “No somos ilegales. Reclamamos la restitución de nuestro lugar de trabajo”

El pacto de entrega y sumisión

El acuerdo furtivo para desalojar las cuadras que van del 800 al 1100 fue disfrazado como un convenio de traslado, como la legalización formal de la feria, como un logro que favorecía a cientos de trabajadores, cuando en realidad fue la traición, fue la operación lobbista, fue la manipulación, el ultraje, la rosca, fue el apretón de manos entre quienes tejen en la sombra privilegios personales. Las oscuras partes de este convenio, supuestos enemigos en la práctica pero cínicos socios en el reparto de los privilegios, desde meses atrás pretendieron debilitar las voluntades de lxs artesanxs, quebrantar la resistencia de lxs trabajadorxs. No convocaron audiencias ni llamaron a asambleas para debatir resoluciones, compartir opiniones ni contemplar el posible destino de la feria. No. Vallaron las cuadras silenciosamente, apilaron escombros durante los días de semana y levantaron adoquines teatralizando reformas inexistentes para inutilizar el espacio, invadir el territorio y desgastar los ánimos. Para que cuando anunciaran el pacto cobarde consistente en entregar las cuadras a la oligarquía de San Telmo, la gente urgida por su necesidad de trabajo aceptara el traslado miramientos sin contemplaciones.

Cuando el 13 de enero El Adoquín llegó con la Policía e intentó armar sus puestos en el lugar de lxs compañeros desplazados del 700, la Cooperativa dejó de existir ese mismo día. La mayoría de sus integrantes rechazó el permiso que otorgaba el derecho a armar sobre el cementerio de otrxs compañerxs. Desertaron como miembros de una agrupación que se reveló traidora y sumisa de los poderosos. Aunque muchos fueron amenazados de que se les iba a quitar el salario social si no respondían a esa maniobra, decidieron sin ninguna duda abrirse del oprobio sin importar las necesidades. No iban a aceptar de ningún modo armar su puesto sobre el cuerpo de un compañero expulsado. Lxs compas del 700 no pudieron armar. Pero El Adoquín tampoco porque no pudieron entrar ni con los uniformados. Había nacido la resistencia.

Entonces fue la unión y la lucha, fue la organización. Los desertores de El Adoquín, junto a lxs afectadxs del 700 se unieron para defender sus tradicionales espacios de trabajo. Comenzaron las marchas, las asambleas, la presencia de los medios gráficos y televisivos, la difusión, los festivales, las actividades, el apoyo de gran cantidad de ferias, de numerosas organizaciones y personalidades públicas. Así estuvimos diez fines de semana, aguantando los operativos que enviaba la fiscal Celsa Ramírez, resistiendo las provocaciones de la Policía, el amedrentamiento por parte del Cuerpo de la Infantería, los atropellos del personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que desconocía profundamente las características del territorio y argumentaba razones que insultaban la inteligencia, demostrando claramente que respondían a intereses inconfesables.

Entonces fue la represión

El 10 de marzo las autoridades del Gobierno de la Ciudad desataron la cacería y nos enviaron a todas las fuerzas de seguridad de la zona, al cuerpo armado de la Infantería, a las patrullas de Espacios Públicos, infiltraron gente de civil para provocar y legitimar su violencia. Como una estrategia militar de un régimen sanguinario y represivo, llegaban en motos, montados de a dos, con las armas largas levantadas, exhibiendo con soberbia todo su armamento y haciendo rugir los motores como estrategia para atemorizarnos. Eran como cien. Y entraron a pura tropa. Tiraron gases a vecinos y turistas, destrozaron puestos y mercadería, golpearon indiscriminadamente a las personas, causaron numerosos heridos y se llevaron detenidas a 18 personas.

Esxs 18 detenidxs sufrieron lesiones y debieron atravesar situaciones traumáticas. Pasaron la noche en una celda y fueron víctimas de causas armadas, algunxs por apoyar la lucha y otrxs sencillamente por estar ahí sin siquiera saber lo que sucedía.

Pero la resistencia no se detuvo. Pese al desgaste y las persecuciones, lxs compañerxs del 700 lograron recuperar sus puestos de trabajo en el lugar que pretendía ocupar El Adoquín. Muchos eligieron irse a trabajar a otras ferias, porque por diferentes razones no todxs estaban en condiciones de aguantar una lucha tan prolongada. Otros fueron reubicados entre el 150 y el 700 de la calle Defensa, en espacios que también generaron malestares y conflictos en los puestos de las otras cuadras.

El conflicto afectó a alrededor de 400 compañerxs que hoy siguen trabajando como pueden, en espacios repartidos en una feria que sigue sufriendo la persecución y el hostigamiento de los sabuesos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, pero que gracias a la organización y resistencia podemos seguir defendiendo nuestros puestos en el contexto de una gestión política insensible y despiadada.

Es un proceso que aún no termina. Muchxs pudieron volver a trabajar, otros continúan en estado de incertidumbre. Las cuadras que van del 800 al 1100 hoy están desocupadas. Por ahora es el territorio que perdimos a causa del pacto de sumisión y reverencia que la burocracia sindical firmó rendida ante los dueños de San Telmo.

Las causas armadas

Lxs compañerxs detenidxs tras la represión del 10 de marzo fueron víctimas de causas armadas y fueron sometidos a un proceso judicial arbitrario propio de un Estado autoritario. Lxs acusaron de agresión a las fuerzas policiales y desorden en la vía pública. Las causas fueron engrosadas por denuncias hechas por los mismos burócratas sindicales que alardean defender a lxs artesanxs: los impresentables referentes de la Cooperativa de Trabajo El Adoquín e integrantes de la CTEP, Gabriela Olguín y Beto Cortés, que acusaron ante los poderes del Estado a lxs compañerxs independientes que no pudieron manipular y que eran trabajadorxs que estaban luchando por mantener sus puestos de trabajo.

Lxs encausados debieron acudir a lxs abogadxs necesarios en busca de asesoramiento y representación para ese injusto proceso. La jueza Celsa Ramírez, estrella del Gobierno de la Ciudad y enemiga de lxs trabajadorxs precarizadxs, promovía que estas causas siguieran abiertas y fueran a juicio. Pero luego de varios meses de incertidumbre, el 3 de octubre se realizó la Audiencia judicial, donde finalmente –y para alegría de todxs–, lxs compañerxs fueron sobreseídxs porque las acusaciones carecían de pruebas y argumentos.

Derechos de todxs o privilegios de pocxs

La historia es una rueda que gira, una trama que por un lado enfrenta a quienes luchan por ampliar los derechos de todxs, contra quienes se agrupan en la vereda oscura para defender los mezquinos privilegios de unos pocos.

Las cuadras del 800 al 1100 hoy están desocupadas pero no vacías. Allí hay una feria que falta. Una feria que fue traicionada por quienes decían defenderla, y que fue reprimida por un Estado policial autoritario de un Gobierno que reverencia al dinero y desprecia a las personas. Pero a pesar de la persecución, la provocación, el hostigamiento, los operativos, la represión, las detenciones y las causas armadas, es una feria que quiere volver. Porque es un hermoso y reconocido espacio de identidad que habíamos sabido construir semana tras semana.

Para algunos, el tiempo es dinero. Para otrxs, en cambio, el tiempo sólo es un camino a transitar o un camino transitado. Hay una feria que espera por nosotros. Y ese camino habita el tiempo que se viene.

*Publicada originalmente en Frente Artesanos y Artistas en Lucha

Lee la cobertura de Marcha del conflicto:

Artesanxs de San Telmo

Source

Por Ignacio Marchini – @profneurus | Fotos de Artesanos Unidos de la calle Defensa y Artistas en Defensa

Luego de los hechos del domingo pasado, cuando la Policía de la Ciudad reprimió a feriantes, turistas y a cualquiera que tuviera la mala suerte de encontrarse en el barrio porteño de San Telmo a esa hora de la tarde, los y las artesanas organizadas en Artesanos Unidos de la calle Defensa continúan presionando para que la jueza Tesone, a cargo del  Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, de lugar a los amparos y se legalicen los puestos sobre las cuadras que ocuparon durante 12 años, en la calle Defensa. El Gobierno de la Ciudad tenía que dar una respuesta integral el día viernes a los dos amparos presentados por los y las artesanas de San Telmo pero pidió una prórroga y tiene hasta el lunes para dar una solución superadora.

Durante la represión del domingo pasado, 18 personas fueron detenidas. Ahora pesa sobre ellas las imputaciones de atentado contra la autoridad, resistencia y lesiones. La causa se encuentra en mano de la fiscal Celsa Ramírez. Desde Artesanos Unidos de la calle Defensa aseguran que Ramírez es quien dispuso las detenciones del domingo y los operativos de las manifestaciones previas y que “se agarró de una causa y un operativo viejo para disponer las detenciones”, ya que hoy en día San Telmo no se encuentra más dentro de su jurisdicción.

Defensa y Justicia

Las y los artesanos de San Telmo están presionando por todas las vías legales. Por un lado, el jueves por la mañana se acercaron a la legislatura porteña para pedirles a los y las legisladoras que firmen un Hábeas corpus Colectivo Preventivo que garantice su integridad física. Dentro del recinto también se trató un proyecto para repudiar el accionar de la policía durante el pasado domingo y fue respaldado por el FIT, Unidad Ciudadana, Autodeterminación y Libertad, el bloque Peronista y el Partido Socialista. El oficialismo, que tiene mayoría en la Legislatura, votó en contra y el proyecto no prosperó aunque sí se aprobó un pedido de informes sobre el accionar de la Policía de la Ciudad. Por su parte, el legislador porteño de Vamos Juntos, Claudio Romero, respaldó el accionar policial y atribuyó los sucesos del domingo a la “cultura de la violencia de unos pocos artesanos”. En ese sentido se expresó también el Vicejefe de Gobierno Porteño y actual Ministro de Seguridad de la Ciudad, Diego Santili, quien aseguró en un programa de radio que unos “20 artesanos con cuchillos atacaron a los puesteros de la calle Chile”. Marcha estuvo presente el domingo y no sólo no se vio ningún tipo de armamento, sino que la totalidad de la protesta fue en paz. Además hay un enorme registro fotográfico y audiovisual de la represión del domingo y no hay ninguna evidencia que sustente los dichos del Ministro, lo cual vuelve muy grave la acusación, tratándose del principal responsable político del operativo junto con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Artesanos y artesanas de San Telmo en la Legislatura porteña, exigiendo el fin del hostigamiento policial

Los y las artesanas de la calle Defensa están a la expectativa de lo que suceda con los amparos presentados. Desde Ferias y Mercados dicen que esas cuadras no se encuentran contempladas dentro de la Ley de Ferias n° 4121, sancionada el 7 de diciembre de 2011. En el artículo 2 se establece el emplazamiento de varias ferias de la Ciudad, entre ellas la de la calle Defensa. En el texto se puede apreciar que las cuadras comprendidas entre el 100 y el 150 y entre el 200 y el 600 inclusive de la calle Defensa se encuentran legalizadas para la venta de manualidades. ¿Qué pasa con ese hueco de Defensa entre el 150 y el 200?

El conflicto se expande

Luciana, una de las artesanas que no puede trabajar hace más de dos meses, contó en diálogo con Marcha, que “el gobierno pretende ponernos en Defensa del 0 al 600. Hasta agosto estaban completas esas cuadras. Ahora hay 70 lugares”. ¿De dónde salieron?

Ana es fotógrafa y fue una de las primeras en llegar a la Feria de las Artes II que se estableció en el barrio de San Telmo en el año 2003. Ubicada en un primer momento en la plazoleta San Francisco, en la esquina de Defensa y Alsina, hace cerca de 10 años que la Feria de las Artes II se mudó a la calle Defensa entre el 150 y el 200, justamente el espacio que la Ley de Ferias deja por fuera de la normativa. “Cerca de 40 artistas trabajamos ahí desde hace 16 años: pintores, escultores, grabadores, fotógrafos, dibujantes, un montón de ramas artísticas. Ahí vendíamos nuestras obras. Hay extranjeros, argentinos de todas partes del país. Tenemos gente premiada, una compañera expuso en Londres hace poco, otra ganó un premio nacional de pintura y otro compañero un premio nacional de grabado. Es una feria artística de muy buen nivel”, explicó a Marcha la fotógrafa.

“Nosotros no dependemos de Ferias y Mercados sino del Museo de la Ciudad, que está ubicado ahí en Defensa al 200. Este a su vez depende del Ministerio de Cultura”, desarrolló Ana, integrante del recientemente conformado grupo de Artistas en Defensa que, al igual que los y las artesanas, fueron expulsadas de sus históricos lugares de trabajo. “En la Ley de Ferias hay un hueco. Legaliza los puestos de ferias del 0 al 150 y del 200 al 600. Ese espacio en el medio es el nuestro, figura como vacío, no como si estuviera la Feria de Arte. Ese era el paso siguiente que debía tramitar el Museo de la Ciudad y nunca lo hizo”, desarrolló la fotógrafa.

Hoy, Ferias y Mercados se quiere quedar con esos metros para reubicar a algunas de las personas que están involucradas en el conflicto de la calle Defensa entre el 700 y el 1000. Ricardo Pinal Villanueva, actual Director del Museo, nunca logró la legalización de la Feria de las Artes II. “El 10 de febrero fue la última vez que pudimos armar todos los puestos. Se hizo una asamblea donde nuestro delegado de ese momento nos avisó que teníamos que trasladarnos y unificarnos con la Feria de las Artes I, que es la que está en Humberto Primo y Bolívar. Nos dijeron que había muchas presiones y que probablemente nos trasladen. Al otro día, el lunes 11, nos dicen que nos mudan, sin posibilidad de réplica. No nos dicen nada tampoco, todo lo que fuimos averiguando fue por otros lados”, contó la artista. Los próximos dos domingos solo algunos puestos se animaron a armar pero ante las amenazas de que les decomisen la mercadería, el domingo 24 de febrero fue la última vez que trabajaron ahí. “Desde el domingo 3 de marzo estamos visibilizando el conflicto, haciendo carteles, intervenciones, juntando firmas. Los artesanos del 700 vinieron a dar su apoyo porque es general el hostigamiento y el acoso de los funcionarios del Gobierno”, contó Ana.

Carteles que reclaman el lugar que hace no mucho le pertenecía a los y las artistas de San Telmo

Desde Artistas en Defensa contaron que del Museo de la Ciudad les dijeron que tienen muchas presiones desde Ferias y Mercados y que no pueden sostener más esa feria. A medida que pasa el tiempo, el Gobierno de la Ciudad trata de arreglar el conflicto ubicando a unos trabajadores sobre los puestos de otros, lo que está generando que el conflicto se expanda y que cada vez más gente se quede sin la posibilidad de trabajar ya que nadie acepta sacarle el puesto de trabajo a otro compañero o compañera. “Estamos hace mucho tiempo, tenemos derecho de preexistencia y es un ataque a la cultura y la identidad del barrio. Menos de la mitad de mis compañeros se fueron a la Feria I porque tenían miedo de quedarse sin trabajo. Y de cualquier manera, esa feria tampoco está legalizada, por lo que el día de mañana puede volver a pasar lo mismo”, concluyó la fotógrafa.

Paredón y después

En dialogo con Marcha, Luciana, una de las artesanas que hace más de 10 años trabaja en la Feria de Artesanos de San Telmo, expresó su enorme malestar por lo que está pasando. “Estamos muy preocupados por lo que pueda pasar porque ya es la segunda vez que la Policía de la Ciudad nos reprime. Siempre fuimos pacíficos y tratamos de intervenir mediante el arte”.

Los y las artesanas sacaron un comunicado convocando a mañana domingo 17 de marzo a una jornada de apoyo pacífica a su reclamo de 13 a 16 horas en Defensa e Independencia. Abogados y abogadas populares, la Garganta Poderosa, la CORREPI y organismos de Derechos Humanos se sumaron a la convocatoria y dictarán una clase abierta sobre el derecho al trabajo y la protesta.  En ese mismo comunicado, Artesanos Unidos de la calle Defensa expresaron su “repudio a la feroz represión sufrida el pasado domingo” y exigieron “el sobreseimiento de lxs detenidxs y la resolución inmediata del conflicto. Pedimos que el Gobierno de la Ciudad garantice la regularización de todxs lxs trabajadorxs que históricamente trabajan en la calle Defensa”.

Source

En el día de ayer, la Policía de la Ciudad reprimió a los y las artesanas de la feria de San Telmo. Detuvieron a 18 personas y hoy las liberaron de la Fiscalía PCyF Nº 35, a cargo de la Dra. Celsa Victoria Ramírez. Hace más de dos meses que se encuentran en conflicto con el Gobierno de la Ciudad y desde el 13 de enero que no pueden trabajar. ¿Qué pasó ayer y cómo se llegó a esta situación?

Las imágenes de la violenta represión de ayer en el histórico barrio porteño tuvieron una enorme repercusión. Los y las artesanas de la Feria de San Telmo se manifestaron en Defensa al 1000, el lugar que ocuparon durante más de 10 años. Desde el 13 de enero no pueden trabajar y es la segunda vez que la Policía de la Ciudad lxs reprime, contando los hechos del domingo 3 de febrero.

La agrupación Artesanos Unidos de la calle Defensa exige desde hace más de dos meses que les restituyan sus puestos de trabajo sobre la calle Defensa del 700 al 1000, entre Chile y Carlos Calvo. Si bien tienen dos amparos interpuestos en la justicia porteña, en el Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario a cargo de la jueza Romina Tesone, la lentitud del proceso judicial no se condice con la necesidad imperante de trabajar. Con el día de ayer se cumplieron nueve domingos desde que no pueden vender sus artesanías.

Luis Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado por la policía bonaerense en 2002 junto con Maximiliano Kosteki, estuvo presente ayer apoyando a los y las artesanas de San Telmo. “Acá estamos nosotros, así como estaba Darío totalmente desarmado, pero conscientes que es el lugar donde tenemos que estar”

Durante las manifestaciones pacíficas de ayer, que consistieron en desplegar algunos de sus productos en las calles que les niegan y acompañar con cantos y batucadas, una vidriera blindada de un local de antigüedades estalló. Como se ve en la foto, el vidrio cayó sobre la vereda, lo que indicaría que el impacto vino desde adentro. Marcha estuvo presente en las manifestaciones y en ningún momento hubo alguna muestra de hostilidad de los y las artesanas. Los anticuarios son grandes promotores del desalojo de la Feria de Artesanos, acusandolxs de “competencia ilegítima”.

Esta fue la excusa para que el comisario Benítez (que se lo puede ver en un video prepoteando a algunas personas), a cargo del operativo, ordenara la disposición del cordón policial y le explicara a los y las artesanas que de continuar en las inmediaciones de la calle Defensa al 1000 podrían haber personas detenidas y se les podría imputar un ataque a la propiedad privada por la rotura del vidrio, lo cual implicaría una causa penal.

Los y las artesanas se retiraron pacíficamente y fueron a manifestarse a Defensa y Chile, en frente de la feria de la cooperativa El Adoquín, que integra la CTEP y que está presidida por Gabriela Olguín. Artesanos Unidos de la calle Defensa tiene varios miembros que se fueron de la cooperativa a raíz de la denuncia contra Olguín, a quien acusan de haber arreglado unos 220 permisos con el Gobierno de la Ciudad en la calle Defensa al 700, lo que implicaba sacarle el lugar de trabajo a otrxs feriantes organizadxs por fuera de la cooperativa. Cuando se enteraron de esta situación, más de la mitad de las y los miembros de El Adoquín se negaron a usurparles el lugar a otras personas y se fueron de la cooperativa. Ese arreglo fue el desencadenante del conflicto.

Cuando ayer quisieron retornar a Defensa al 1000, donde se estaban manifestando originalmente, se desató la represión policial que se viralizó en las redes sociales y fue noticia en los medios masivos de comunicación. El accionar policial, una vez más, incluyó la presencia de agentes de civil, como pudimos registrar en Marcha.

El comisario Benítez, a cargo del operativo, agarra de los pelos a una mujer que se manifestaba pacíficamente

La decisión que ha tomado el Gobierno porteño de no permitir a un grupo de 400 artesanos y artesanas ubicarse entre las calles de Defensa del 700 al 1000 acaba por afectar al resto de las y los feriantes, entre ellxs a lxs artistas plásticos que desde 2003 ocupan un espacio a la altura de Defensa al 100. Héctor Huaman, un peruano que llegó en 2009 con sus obras, es uno de ellxs. “El problema que tenemos nosotros es con respecto al espacio público en el que estamos hace muchos años. La razón es que el gobierno porteño busca rédito económico y nos están sacando del lugar para poner en reemplazo nuestro a otros artesanos -a lxs artesanxs que estaban al 700- porque en lugar de ellos van a poner puestos de comida y a los artesanos que estaban del 800 al 1000”, explicó a Marcha.

Son más de 30 artistas plásticos a quienes las autoridades les ofrecieron permanecer en la feria, pero no de manera conjunta sino “diseminados”, como contó Huaman: “Lo más dañino es que se está atentando contra la cultura. No olvidemos que el arte cumple un rol fundamental que es de sensibilizar, humanizar y hermanar pueblos a partir de la cultura. Estamos acá luchando para reivindicar nuestro lugar de pertenencia y defender nuestro derecho al trabajo, que es lo que nos hace iguales a todos”.

La postura inflexible del Gobierno de la Ciudad no tiene sustento legal. Primero, porque si otorgaron 220 permisos para la calle Defensa al 700 quiere decir que los y las artesanas son plenamente legalizables. Segundo, porque obvia el principio jurídico de “confianza legítima”, como explicó a Marcha el defensor público Ramiro Dos Santos, uno de los abogados que presentó un amparo ante la justicia porteña en representación de los y las artesanas.

Ahora, en cuanto a las y los detenidos, es probable que durante más de un año sobre ellxs pesen causas por resistencia a la autoridad y violación a la propiedad privada. Mientras tanto, aún quedan las expectativas de que esta semana la jueza Tesone se pronuncie sobre las dos cautelares presentadas y emita una cautelar que permita retrotraer la situación previa al 9 de enero, fecha en la que el gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta decidió emitió la resolución otorgando los permisos que originaron el conflicto. Artesanxs y artistas aguardan en pie de lucha. Como exclamaban ayer con sus cánticos, “por el trabajo y en defensa de la cultura popular”.

Notas relacionadas

San Telmo: “No somos ilegales. Reclamamos la restitución de nuestro lugar de trabajo”

Artesanxs de San Telmo: “Ni un domingo más sin trabajar”

Source

“El objeto artesanal guarda impresas,

real o metafóricamente,

las huellas digitales del que lo hizo”

Octavio Paz

Los artesanos y artesanas de la calle Defensa, del barrio porteño de San Telmo, siguen sin poder trabajar. Se cumplieron más de dos meses desde que el Gobierno de la Ciudad los desalojó, policía mediante, de la histórica feria. Cerca de 300 familias se quedaron sin esa fuente de sustento.

El patrón de los adoquines de la calle Defensa se ve interrumpido por carteles que recuerdan que hace no mucho tiempo hubo un puesto en ese lugar. Lo que alguna vez fue la histórica feria de San Telmo se ha convertido en un desfiladero de policías y funcionarios públicos. Los y las artesanas, que durante más de 10 años llenaron de vitalidad las calles del barrio porteño, no se resignan a aceptar la decisión unilateral del Gobierno de la Ciudad y también se les puede ver por todos lados: marchando todos los domingos, fiscalizando los puestos afectados, llenando de música el ambiente, haciendo intervenciones artísticas. Exigiendo, de todas las maneras posibles, que las y los dejen volver a trabajar.

El conflicto surgió el 13 de enero de este año, cuando a los y las artesanas de la cooperativa El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Gobierno de la Ciudad (GCBA) les ofreció 220 permisos de trabajo sobre la calle Defensa al 700. El reconocimiento del trabajo artesanal como una actividad comercial legítima es un derecho que vienen reclamando desde que la feria de San Telmo se estableció hace 12 años. Lo que no les dijeron a las y los miembros de El Adoquín es que los permisos obtenidos eran sobre los lugares de trabajo de los y las artesanas de Defensa al 700, que se encontraban por fuera de la cooperativa y del arreglo. El Gobierno de la Ciudad pretendía que las y los miembros de la cooperativa usurparan el lugar de otros trabajadores y trabajadoras. Engañados, pero con la dignidad intacta, las y los trabajadores de la calle Defensa al 800, 900 y 1000 se rehusaron a ocupar los puestos de otros compañeros y compañeras. La cooperativa se fracturó y buena parte de sus integrantes se retiraron y formaron Artesanxs Unidxs de la calle Defensa.

Desde ese domingo, las cuatro cuadras de la calle Defensa, entre Chile y Carlos Calvo, se encuentran ocupadas por fuerzas policiales que amenazan e impiden trabajar a artesanos/as, artistas y músicos/as. Las únicas personas habilitadas se encuentran sobre la calle Chile, esquina Defensa, custodiadas por fuerzas policiales y un patrullero. Se trata de quienes se quedaron en la cooperativa El Adoquín, presidida por Gabriela Olguín, escrachada en numerosos carteles a lo largo de las calles, acusada de traidora y de que era plenamente consciente del acuerdo que había firmado.

Confianza legítima

86 artesanos y artesanas de la calle Defensa al 700, que nunca formaron parte de la cooperativa, presentaron una acción de amparo contra el GCBA ante el Juzgado N°1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido es claro: la nulidad de la disposición N°10/DGFER del 9 de enero, es decir, la resolución del Gobierno de la Ciudad, dictada por el Director General de Ferias, Carlos Gabriel Kuasñosky Somozala, que otorgó los 220 permisos precarios sobre la calle Defensa entre el 701 y el 799.

El 31 de enero, la primera jueza actuante, Patricia G. López Vergara, tuvo definiciones contundentes en relación al conflicto. Defendió la noción de espacio público como el lugar de “lo común, de la cultura y la política común”, un “lugar de materialización de las relaciones sociales y la expresión colectiva”. Su concepción de las calles y las plazas como un punto de encuentro nodal en la construcción de la identidad ciudadana y de la expresión comunitaria respalda el reclamo de los y las artesanas, que defienden no solamente su lugar de trabajo, sino también la identidad cultural del barrio de San Telmo y el ejercicio pleno del derecho a la Ciudad.

Además de remarcar la acuciante necesidad de trabajar en un contexto de asfixia económica en todo el país (desde el 13 de enero que la mayoría de los y las trabajadoras de la feria no pueden vender sus artesanías), la jueza López Vergara instó al Gobierno de la Ciudad a brindar una solución real al conflicto, apelando al principio jurídico de “confianza legítima”. Marcha dialogó al respecto con el defensor público Ramiro Dos Santos, de la Defensoría General adjunta Nº5, encargado de presentar el amparo en el que se sumaron las y los 117 artesanos que integran Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, quienes durante 12 años trabajaron entre Defensa al 800 y el 1000.

“Hay una cuestión técnica que se llama ‘confianza legítima’, que es que cuando durante muchos años el Estado reconoció o permitió una actividad, no puede de un día para el otro desconocerla. Eso pasó en las cuadras del 800, 900 y 1000. Después de más de 10 años de estar trabajando ahí, de un día para el otro los desalojaron violentamente. A esto se suman las normas de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que protegen el derecho a la cultura, a las actividades culturales, a la identidad cultural de los barrios. Todas esas manifestaciones culturales y artísticas están protegidas por la Constitución”.

Las dos presentaciones son complementarias, ambos abogados buscan lo mismo: que les den permiso para trabajar a los artesanos, artesanas y manualistas que están hace 12 años. La causa ahora se encuentra en manos de la jueza Romina Tesone, titular del Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, que sigue una línea muy similar a la jueza López Vergara y que dictaminó hace dos semanas que el Gobierno de la Ciudad tiene que plantear una propuesta superadora para que todas y todos los artesanos puedan trabajar.

Desde el gobierno se niegan a revisar la disposición que dio origen al problema, los permisos para la cooperativa El Adoquín. “Por lo pronto, estamos en una etapa de conciliación, tratando de acercar las partes y que el Gobierno haga alguna propuesta superadora. Los artesanos no quieren tener permiso en cualquier lado. Quieren los permisos donde venían trabajando, donde ya los conocen, donde ya se organizaron. Les ofrecieron a algunos otras cuadras pero esa solución no es aceptable porque no respeta su historia.”, puntualizó Dos Santos.

Para dimensionar la falta de voluntad del Gobierno, una de las propuestas es trasladar a los y las artesanas que rompieron con El Adoquín al pasaje San Lorenzo, que está cortado a mitad de cuadra y que tiene una afluencia de gente infinitamente menor que la calle Defensa. Para solucionar este problema, proponen poner unas vallas “que obliguen a la gente a meterse al pasaje”. Como si fueran ganado.

Desnudar un santo para vestir otro

Luciana, ex integrante de la cooperativa El Adoquín, trabaja la vitrofusión desde hace más de 10 años y con su trabajo y el de su pareja mantienen a sus dos hijos. Es sólo una de las cerca de 300 familias que se quedaron sin esa fuente de ingreso. El agotamiento de haberse levantado a las 6 de la mañana, como cada domingo desde hace 2 meses, se hace evidente en sus ojos. La fatiga y la tristeza, productos de un Estado hostil que cercena su derecho a trabajar, no le impiden aplaudir y esbozar una sonrisa ante cada banda musical que toca en apoyo a su lucha y a la de tantos otros y otras. Mientras hace de guía por las calles de San Telmo, narra por centésima vez la serie de eventos que llevaron a la situación actual.

“Nosotros ya contamos que somos más de 90 que estamos fuera de El Adoquín. Al gobierno le planteamos que como se fueron más de 100 personas (contando las que están de vacaciones o haciendo temporada en otros lados), que los de El Adoquín se queden en Chile, que les alcanza para la cantidad de gente que quedó dentro de la cooperativa. Que dejen liberado Defensa al 700, que se queden quienes estaban originalmente, y que a nosotros nos dejen trabajar entre Defensa al 800 y el 950”.

En un primer momento, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decía que esa cuadra (la del 700) no se podía legalizar. Al darle los permisos a la cooperativa se contradijo, demostrando que sí era posible. Por lo que queda la duda de por qué ciertas personas son legalizables y ciertas no. Desde la organización Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, de la cual es parte Luciana, piden que los y las integrantes de El Adoquín resignen su derecho sobre la calle Defensa, ya que acusan a la conducción de la cooperativa de haber firmado un acuerdo sin el consentimiento de las bases ni de las partes involucradas y que fue el que originó todo el conflicto.

“Nosotros tratamos de presionar mediante la CTEP, de la cual El Adoquín es parte. Tuvimos una reunión muy trucha con Juan Grabois (referente de la CTEP y del Frente Patria Grande) que, muy astuto, nos citó en un bar, nos escuchó a todos, nos dijo que nos iba a dar una respuesta en 24hs. Nos contestó con una carta diciéndonos que las cooperativas de la CTEP son autónomas, que él no se puede meter en eso, que cree que el acuerdo está mal pero que lo deja en manos del ‘Gringo’ Castro”, narró Luciana. Esteban “Gringo” Castro es el Secretario General de la CTEP y respaldó públicamente, durante la marcha contra los tarifazos del 26 de febrero, el acuerdo logrado entre el Gobierno de la Ciudad y la cooperativa El Adoquín.

“Cuando llamamos al ‘Gringo’ Castro, que ya a esta altura no queríamos saber nada con la CTEP, no nos contestó la llamada. Castro fue uno de los que ayudó a negociar el acuerdo”, puntualizó la artesana. Antes se habían contactado con Rafael Klejzer, Secretario General de la CTEP Capital. Klejzer reconoció hace poco más de dos semanas en la AM 530 que “si el acuerdo deja afuera a la mitad de los laburantes, entonces no es un acuerdo feliz”. Esperanzados/as por sus declaraciones, la desilusión fue mayúscula cuando la respuesta de él fue proponer una reunión con Gabriela Olguín. “Ahora estamos sólo en la vía judicial. Hay dos juezas que nos reconocen y le piden soluciones rápidas al gobierno, lo cual lo vemos como algo muy positivo. Nadie quería una reunión con Olguín que fue la que hizo este acuerdo”, explicó Luciana.

Por su parte, Gabriela Olguín, Presidenta de El Adoquín, se negó a dar declaraciones a Marcha.

“No somos ilegales, queremos trabajar dignamente”

Después de 8 domingos sin trabajar, y ante la evidente dilatación por parte del Gobierno con el objetivo de que se agoten y se marchen de San Telmo, lxs Artesanxs Unidxs de la calle Defensa convocan este domingo 10 de marzo a marchar desde las 12 del mediodía en la calle Defensa al 1000 “por nuestro lugar de trabajo, por la dignidad de nuestro reclamo, porque la calle es de quien la trabaja, porque el arte es cultura y la cultura es identidad colectiva”.

Notas relacionadas

San Telmo: “No somos ilegales. Reclamamos la restitución de nuestro lugar de trabajo”

Source

Hace un mes que cerca de 400 familias están sin poder trabajar en la feria de la calle Defensa en San Telmo. El conflicto surgió a partir de un acuerdo firmado por el Gobierno de la Ciudad y El Adoquín, una cooperativa de trabajo que integra la CTEP. Dejaron fuera del arreglo más de 120 puestos.

Paños vacíos y turistas preguntando por la mítica feria. Una marcha de resistencia que recorre Defensa y el color de siempre, el del barrio, olvidado. Una juntada de firmas que crece como la solidaridad con las y los feriantes. Una familia venezolana que se acerca a Humberto, el trabajador que amablemente nos contó el proceso de lucha que llevan por el reconocimiento de la cultura popular.

El desalojo y la represión policial del último domingo a los y las artesanas de la histórica Feria de San Telmo fue la cara más visible (y violenta) de un conflicto de largo arrastre. Cerca de 400 familias se quedaron sin trabajo desde hace un mes, dejando vacío un espacio que ocupan, sobre la calle Defensa entre el 700 y el 1000, hace más de 10 años. Todo a partir de un arreglo que varios y varias trabajadoras denuncian espurio.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) firmó un acuerdo con la cooperativa de trabajo El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Hace varios años que vienen habiendo negociaciones (con amenazas de desalojos y denuncias en el medio) para legalizar a los cientos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que hace más de 10 años ofrecen sus productos manufacturados en la feria del barrio porteño de San Telmo, sobre la calle Defensa, a lo largo de las cuatro cuadras entre las calles Carlos Calvo y Humberto Primo.

Este acuerdo pareció lograrse el 11 de enero de este año, cuando en una asamblea de la cooperativa El Adoquín, la presidenta Gabriela Olguín anunció que después de 12 largos años de lucha, el Gobierno de la Ciudad les había legalizado, otorgándoles un permiso oficial para poner sus puestos y reconociendo sus derechos como trabajadores y trabajadoras de la vía publica. El acuerdo no había sido discutido en asamblea pero en principio parecía un enorme triunfo de los y las artesanas de San Telmo.

El conflicto surgió cuando los y las trabajadoras que integraban la cooperativa fueron a ubicarse a los puestos designados en la calle Defensa al 700. Allí se encontraron con que los y las artesanas de esa cuadra no sólo no estaban de acuerdo con el arreglo, sino que tampoco habían arreglado su reubicación, como les habían dicho a las y los integrantes de El Adoquín. Ese sector de trabajadoras y trabajadores de Defensa al 700 se encontraban por fuera de la cooperativa, aunque organizados y organizadas hace más de 10 años. Incluso presentaron un proyecto para su legalización en la Legislatura porteña.

Luciana es ex integrante de la cooperativa El Adoquín. Se dedica a la vitrofusión y junto con su compañero Marcial, que trabaja el cuero, viven de su trabajo artesanal desde hace casi 10 años. Trabajo con el cual mantienen a sus dos hijos. Una de las tantas familias que se quedó sin fuente de sustento a partir de este arreglo. En diálogo con Marcha, Luciana contó los detalles de este acuerdo inconsulto. “Fue una trampa, nos dijeron que ellos (lxs trabajadorxs de Defensa al 700) iban a ser reubicados y que estaban de acuerdo. En ese momento se fracturó El Adoquín, ya que varios de nosotros no queremos poner nuestro puesto de trabajo en el lugar de otro trabajador. Los pocos que quedaron dentro de la cooperativa pusieron sus puestos sobre la calle Chile”.

Hasta este momento la situación sigue así. Lxs trabajadorxs del 700 presentaron un amparo. Quienes se fueron de la cooperativa estuvieron visibilizando el conflicto, además de presentar un escrito pidiendo la nulidad de ese acuerdo que no tiene respaldo mayoritario y que fue acordado por la cúpula de la cooperativa que comanda Olguín. “Quisimos armar y nos mandan a la policía. Nos prohíben armar en nuestras cuadras y en la cuadra de Defensa al 700 está prohibido armar tanto para los artesanos que estaban ahí originalmente como para los integrantes del Adoquín”, agregó Luciana, por lo que la mayoría de los y las artesanas se encuentran sin poder trabajar desde el domingo 13 de enero.

“Venimos a San Telmo cada domingo, venimos desde provincia, desde todo el país para sumar al patrimonio cultural del barrio y a buscar nuestro sustento ofreciendo lo que sabemos hacer”, nos cuenta Humberto, que hace más de 10 años vende platería mapuche a quienes pasen por el barrio. Está a cargo de la planilla de firmas y relata a quienes se acercan cómo es el conflicto. “Realizamos un montón de peticiones para que se nos incluya, cuando esto pasó el Gobierno nos vetó dejándonos afuera”, dice un cartel a su lado, “reclamamos la restitución de nuestro lugar de trabajo. No somos ilegales”.

El acuerdo

Ex integrantes de la cooperativa denuncian que la decisión de firmar el acuerdo fue de Gabriela Olguín, presidenta de El Adoquín, sin llamar a asamblea ni consultar a las bases. En declaraciones al diario La Nación, Olguín sostuvo que “no tenemos ninguna condena con los otros trabajadores que aún no se han sindicalizado. El acuerdo no implica que se desaloje a otros trabajadores, por eso no estamos trabajando en Defensa, todavía, somos respetuosos de eso. Estamos conversando con ellos para que se integren”.

Luciana cuenta otra versión de los hechos. “El domingo 13 de enero empezamos a darnos cuenta de cómo había sido el arreglo. Hasta ese momento pensábamos que era una trampa del Gobierno para que ocupáramos el lugar de otros trabajadores. Cuando fuimos nos dimos cuenta de que no, que la cúpula de El Adoquín sí estaba al tanto de lo que sucedía y que pensaban que nosotros igual íbamos a ocupar el espacio. Hasta el Gobierno nos preguntaba si nosotros dábamos el ok para que “limpien” la calle para que nos establezcamos nosotros. Por supuesto que dijimos que no”.

“Olguín dice que trató de hablar muchas veces con ellos para incluirlos en el acuerdo. Lo que ella omite es que mediante ese acuerdo pretendía que de la cuadra que ellos ocupan y por la que luchan hace más de 10 años, les pretendía dar 30 puestos. Ellos son más de 150. Los demás fíjense donde pueden ser reubicados en las propuestas del Gobierno en otras ferias”, agregó la trabajadora.

El Adoquín había conseguido 220 puestos. Varixs no se habían unido a la cooperativa porque decían que El Adoquín iba a terminar estafándolos. “Nos usaron políticamente. Los acompañamos, estuvimos ahí para llegar al acuerdo y cuando llegamos resulta que firmaron algo que no nos consultaron, sin asamblea de por medio. Ese día vaciamos las cuadras pacíficamente, sin ninguna resistencia”, explicó Luciana.

Los Anticuarios

“No nos vamos nada, que nos echen a patadas”. Era un domingo atípico en San Telmo. Hace un mes lo es. La marcha que llevaba la bandera de “Artesanos unidos de la calle Defensa en lucha. Unidos” recorría las cuadras donde el desalojo mostraba paños vacíos en resistencia. Las y los turistas filmaban, parecían ya acostumbrados a un país de conflictos latentes. Las y los trabajadores de la cultura popular se detienen sobre el 1000, a poco de llegar a la Plaza Dorrego, y tiran amablemente unos panfletos en dos anticuarios: “Calvaresi” y “Alberto Roldán”.

Otra arista del conflicto viene por parte de los anticuarios, históricos ocupantes de esas cuadras que detentan el mayor poder de negociación con el Gobierno de la Ciudad. Según Luciana, “quieren hacer un proyecto inmobiliario de food trucks en la zona del 800, 900 y 1000 de la calle Defensa. Este conflicto empezó hace más de 4 meses, nos empezaron a poner vallas en distintas cuadras de la calle. Se suponía que era provisorio”.

Los anticuarios trabajan allí desde que arrancó el mercado de pulgas en 1970. Hace años que vienen exigiendo que retiren a los y las artesanas de la zona, argumentando que obstruían los negocios y bajaban las ventas, además de generar el rechazo del público. Para Norberto Medrano, presidente de la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo, a partir del desalojo violento ahora “todos podremos vivir en armonía y trabajar en paz”.

El proyecto de extranjerizar la zona no sólo perjudica a los y las artesanas que perdieron su puesto de trabajo, sino que implica un golpe doble tanto para los comerciantes de la zona, que vieron bajar sus ventas un 60%, como para la cultura popular del barrio de San Telmo. La feria forma parte de la esencia del barrio hace más de 10 años.

Según la ex trabajadora de la cooperativa, el enfrentamiento no es tal. “Nosotros trabajamos y vivimos de nuestros productos. Siempre propusimos una convivencia pacífica y que trabajemos todos, incluso los anticuarios. Los comercios normales están de nuestro lado porque saben que llevamos gente. Nos conocen en todos lados, la gente pregunta por la feria de artesanos de San Telmo y esta gente nos quiere sacar diciendo que somos manteros. Es cuestión de clase. Los que están ahí son los que siempre quieren estar ahí y no quieren compartir ese espacio con otra parte de la sociedad”.

Respuestas de la comunidad

Ante el desamparado del Estado, los y las artesanas están visibilizando el conflicto. En la web www.tvsantelmo.com.ar puede verse su trabajo, en el programa Ferias y Mercados, donde se visualiza la economía social. Lxs artesanxs piden el apoyo de la comunidad no sólo por ellos y ellas, sino en defensa de la cultura popular.

En plena recesión, con tarifas que aumentan periódicamente hasta precios impagables, un mes sin trabajar es un golpe letal para la economía de cualquier familia. Si a eso se suma la violencia policial y el abandono estatal, la situación se vuelve sinceramente angustiante. “Cuando quisimos armar el último domingo nos tiraron gas pimientas, nos atacaron. Nadie vino a negociar con nosotros. Lo bueno es que tuvo mucha repercusión, nos llaman de otros medios, nos llaman de otras ferias. Y sale a la luz el acuerdo nefasto que firmaron”, desarrolló Luciana. Y concluyó: “Nosotros tenemos códigos, tenemos dignidad y sostenemos a nuestras familias de lo que hacemos con nuestras manos”.

Source