Por Agustín Bontempo

La gestión de Cambiemos parece no tener límites, incluso en su franca retirada. Como si no fuera poco la situación de crisis en la que se encuentra el país a partir de la destrucción del empleo, la retracción de todos los rubros industriales, la creciente inflación, la liquidación de la moneda, la precarización de la vida y un largo etcétera que ya hemos abordado innumerable cantidad de veces en este sitio, el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 669/2019 que reduce las indemnizaciones laborales en caso de accidente o muerte.

Además de empeorar las condiciones de seguridad social de cualquier trabajador o trabajadora, el DNU presidencial se agrava a partir de que es retroactivo en casos de personas ya accidentadas.

El decreto se firma solo una semana después del crimen de Ezeiza, donde al menos un trabajador murió producto del derrumbe en la obra del aeropuerto, mientras una decena más tuvieron heridas de diversa gravedad. Es decir, una contundente provocación del macrismo.

Una de las razones que se expone en la norma es la falta de solvencia que el régimen actual tiene para poder cumplir con los gastos. Frente a esto hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, estamos hablando de personas que se encuentran en posiciones desfavorables por diferentes niveles de incapacidad o, más grave aún, habiendo fallecido con el consecuente resultado -en ambos casos- de condicionar la subsistencia de una familia. Por otro lado, es llamativo el argumento de la solvencia de las aseguradoras, teniendo en cuenta que el gobierno actual se ha caracterizado por ajustar al conjunto de los trabajadores con aumentos grotescos en el sistema impositivo, al mismo tiempo que plagó de favores a los sectores patronales.

¿Cuál es el escenario?

Mucho se ha escrito –y con razón- sobre el plan integral del gobierno actual de transformar estructuralmente nuestra sociedad, ya sea en términos políticos, económicos o culturales. Esa planificación que tuvo su golpe de gracia con el sometimiento al Fondo Monetario Internacional también tuvo lugar en todo lo que respecta a los accidentes de trabajo.

Ya en 2017 y con apenas un año de haber asumido la gestión, el gobierno logró imponer una reforma en la Ley de Riesgo de Trabajo con argumentos similares a los actuales. Según aquella norma, las y los trabajadores contaban con una serie de mecanismos que les permitían judicializar fácilmente las denuncias por accidentes de trabajo, motivo por el cual el gobierno, a través de la nueva normativa, imponía una serie de mecanismos para que estos casos no lleguen a puertos favorables para las personas damnificadas. Una norma al servicio de las empresas que, efectivamente, vieron aumentar sus ganancias porque los aportes de los trabajadores y trabajadoras no se redujeron (al contrario) pero sí pudieron limitar considerablemente los gastos ante eventualidades de este tipo.

Más allá del marco legal, el escenario es más grave. En Argentina no solamente la normativa actual es adversa para las y los trabajadores, sino que las condiciones laborales son precarización incluso para quienes forman parte del universo de trabajadores registrados. Según datos oficiales, este sector está compuesto por alrededor de 12 millones de personas.

Según la campaña Basta de Asesinatos Laborales, en 2018 hubo un crimen cada 20 hs, totalizando más de 400 personas que murieron en sus puestos de trabajo por falta de condiciones para desarrollar sus tareas. Esta cifra que es alarmante en sí mismo no alcanza a las millones de personas que no forman parte del registro oficial de trabajadores y trabajadoras. Es decir, todo lo que se considera empleo ilegal, que no hay aportes en seguridad social, cobertura de ningún tipo, sin convenios sectoriales, sin marco estipulado de duración de la jornada laboral, etcétera, es un sector no alcanzado por estas cifras.

En un plano más general, por la tarde de ayer el INDEC publicó su último informe sobre pobreza e indigencia que contempla el primer semestre de 2019, arrojando la vergonzosa cifra de que en nuestro país más del 35 por ciento de las personas están en situación de pobreza. Es decir que la gestión que encabeza Mauricio Macri se retira del gobierno no solamente sin cumplir con su promesa de campaña, sino que -contemplando las consecuencias de la última devaluación-podría estar más cerca de la mitad de la población, con valores que superen el 40 por ciento.

Catástrofe social
El Indec informó recién que la pobreza se disparó al 35,4% en el primer semestre, unas décimas por encima incluso de lo que adelantaban las estimaciones privadas. Entre menores de 15 años, llega al ¡52,6%!
Por el estallido de la corrida, empeorará este semestre. https://t.co/UJMbMlj1eo

— Juan Strasnoy Peyre (@JuanStrasnoy) September 30, 2019

Falta menos de un mes y esta será una demanda que escalará en importancia para la posible gestión de Alberto Fernández. Mientras tanto, el gobierno nacional hace campaña prometiendo suspender aportes patronales a empresarios y las y los trabajadores siguen muriendo tratando de vivir dignamente.

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El viernes pasado fallecieron por lo menos cuatro trabajadores en el país. Un genocidio silencioso que en 2015 se cobró casi 800 vidas, mientras gobierno y empresarios hablan de “bajar costos laborales”.

En General Alvear, Mendoza, un trabajador municipal perdió la vida luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza al caer de una tarima. Estaba realizando reparaciones en el predio de la Universidad Cooperativa. En el barrio porteño de Villa Crespo, falleció un obrero de la construcción luego del derrumbe de una medianera, que tenía una denuncia por irregularidades desde hacía meses. Un trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) murió a causa de quemaduras, que fueron resultado de una explosión en la sede de Castelar. Finalmente, un electricista de la Línea 60 de colectivos fue aplastado por una unidad como resultado de la ausencia de las medidas de seguridad correspondientes, lo que determinó la paralización del servicio resuelto en forma unánime por una asamblea de trabajadores.

El paro afecta a unos 250.000 usuarios que diariamente utilizan los servicios de la Línea 60, con amplio recorrido en la ciudad de Buenos Aires y el norte del conurbano.

Ayer, martes, se llevó a cabo una inspección integral sobre el estado de las instalaciones de la Línea 60, de la que participaron todos los organismos que tienen relación con el transporte público y, además, el Ministerio de Trabajo convocó a agentes del Ministerio de Seguridad para que garanticen dicha inspección. Frente a esto, los trabajadores siguen en estado de asamblea permanente y han decidido involucrar a un técnico de su parte para que participe de la inspección.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sólo en 2015 fallecieron 792 trabajadores. Además, según el informe oficial de 2014, se constataron 670.000 accidentes y enfermedades laborales al año. En el sector de la construcción, hubo 67 muertes. Haciendo un repaso de las causas, se constata que la mayor parte de los llamados “accidentes” surgen de problemas evitables, ligados a la falta de indumentaria apropiada y medidas de higiene o seguridad así como a los ritmos intensivos relacionados a las necesidades de productividad que las patronales imponen: 178.574 accidentes fueron a causa de pisadas; 130 mil caídas por pisadas; 84.342 por “esfuerzo excesivos”; 22.579 por caídas de objetos; 7.875 por “exposición a temperaturas extremas” y 1.301 por “exposición a la corriente eléctrica”. También se produjeron otros incidentes por choques y golpes de objetos.

En 1996, el menemismo sancionó la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557) que aún rige, la cual dispone que, a cambio del pago de una indemnización y de la contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los empresarios directamente se desentienden de su responsabilidad por los “accidentes”, independientemente de su culpabilidad.

Por otro lado, la “Ley De Mendiguren”, sancionada por el kirchnerismo en 2012, limitó abiertamente las posibilidades de los trabajadores de reclamar mejores indemnizaciones.

En los últimos días, los medios de comunicación ligados al macrismo y las cámaras empresariales se dedicaron a escribir editoriales en las que exigen una mayor regulación que permita bajar lo que definen, cínicamente, como “la industria del juicio”. Se trata de los juicios laborales que emprenden los trabajadores y las trabajadoras ante accidentes de trabajo o enfermedades directamente no reconocidas por las patronales y aun por la misma legislación vigente.

Tarifazo

El Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dio a conocer que el Gobierno nacional impulsaría una suba apenas superior al 200 % para las tarifas de gas. El aumento sería del mismo porcentaje para todo el país y regiría a partir de octubre próximo y hasta marzo de 2017.

De esta forma, el Gobierno anuncia una propuesta que se encuentra muy por debajo de la que había sido limitada (400 %) por la misma Corte Suprema de Justicia cuando emitió el fallo que obligaba a la realización de audiencias públicas previa a la suba de las tarifas.

Después de ese golpe político, todo parece indicar que el oficialismo busca evitar que las audiencias públicas terminen profundizando una discusión donde el Poder Ejecutivo tiene poco consenso a su favor.

La propuesta de aumentar las tarifas en un 203 % está siendo consensuada con gobernadores, legisladores de todos los bloques parlamentarios, organizaciones de defensa del consumidor y sindicatos del sector energético, entre otros sectores.

Tras el encuentro que mantuvieron con los Ministros de Trabajo y de Energía, Jorge Triaca y Juan José Aranguren, los referentes de la Confederación de Trabajadores de la Energía se mostraron a favor del nuevo cuadro tarifario.

El sindicalista petrolero Antonio Cassia dijo que “el gobierno ha revisado su propuesta sobre tarifas y lo que vimos nos parece bastante razonable; qué pena no se hizo bien desde el principio porque se perjudicó el propio gobierno, nuestro sector y todos los ciudadanos”.

Sin embargo, la Audiencia Pública (AP) que tratará el tarifazo al gas está en tela de juicio.

En ese sentido, Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC), expresó: “Estamos a cuatro días hábiles y no tenemos la información para prepararnos. A cuentagotas informaron sobre Precios de Transporte y Distribución y no hay información de gas en boca de pozo (GBP). Cuestionamos ese precio que dan por sentado. La Corte dejó en claro que se debe discutir”. En la misma dirección, Mariano Przybylski, abogado de la Multisectorial contra el Tarifazo, planteó que esos datos “tienen que estar en el expediente y ser precisos. La AP debe ser un espacio para debatir y el gobierno la quiere usar para informar. Si eso es así, vamos a pedir la nulidad”.

También Gabriel Solano del FIT-PO cuestionó la AP porque el gobierno “no da la información necesaria para que haya debate en regla. ¿Cuál es el costo real del GBP? Además, está valuado en dólares, o sea, cuando se devalúe el dólar, la tarifa aumentará aún más”, señaló.

Estatales

Los médicos de hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, nucleados en la Cicop, anunciaron la realización de tres días de paro, a partir del próximo miércoles, en demanda de mejoras salariales y condiciones de trabajo.

La medida de fuerza se cumplirá en 80 hospitales bajo la jurisdicción bonaerense y se repetirá el 22 y 23 de este mes, según anunció la entidad gremial en un comunicado.

Los médicos pararán el miércoles 14 junto con los estatales de ATE y ese día participarán de una movilización hacia la Casa de Gobierno, en La Plata.

Este sector había concretado el jueves pasado el primer paro del semestre para reclamar que el gobierno de María Eugenia Vidal reabra las negociaciones paritarias, algo que por el momento parece más que lejano.

El próximo 27 de septiembre habrá un paro nacional en los hospitales públicos convocado por 30.000 médicos y profesionales de la salud del gremio nacional FESPROSA. Reclamarán por el 82% móvil y los derechos previsionales.

También trabajadores de ATE provincia de Buenos Aires convoca a un paro con movilización a la Casa de Gobierno de la provincia para el próximo miércoles 14, en defensa del salario, de los puestos de trabajo y por políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de los millones de bonaerenses.

La jornada es convocada conjuntamente con AJB (judiciales), CICOP, Federación Nacional Docente, gremios del sector privado y distintas organizaciones sociales como Barrios de Pie, CCC y CTEP.

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