De ese momento quedan algunas escenas imborrables. Como la de ese grupo

de estudiantes que saca de una sucursal bancaria fajos y fajos de billetes

para quemarlos en la vereda, sin guardarse uno solo en sus bolsillos.

O esos otros que buscan y queman pagarés y listados de morosos

para que nadie deba nada”.

En Agustin Tosco, el nombre del Cordobazo

Por Pablo Nolasco Flores

Hasta hace muy pocos años, cuando los grandes hechos históricos se convirtieron en efemérides, los 29 de mayo se recordaba la gesta histórica del Cordobazo. Una enorme cantidad de flyers circulaban celebrando la unidad obrero-estudiantil que dejó en tiempo de descuento a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Partidos, movimientos sociales y sindicatos -de izquierda, de centro y progresistas- celebraban la enorme voluntad de un pueblo que se animó a enfrentar en las calles a uno de los gobiernos, hasta ese momento, más violentos de la historia. Lo mismo ocurrió con el 19 y 20 de diciembre de 2001: circulaban fotos y videos de cientos de personas -con sus rostros tapados- arrojando piedras, armando barricadas y enfrentando a la policía.

 En una nota publicada el año pasado en revista Crisis (“De violencias e infiltrados”), Pablo Solana escribió:

“La sostenida violencia popular que protagonizaron las columnas sindicales y los estudiantes durante el Cordobazo, en 1969, puso en retirada nada menos que a una dictadura militar; durante diciembre de 2001, el desafío a la represión a fuerza de barricadas en los alrededores de la Plaza de Mayo provocó la huida en helicóptero de un presidente ajustador, inepto y represor, y abrió las posibilidades de un ciclo político más atento a los intereses del pueblo de ahí en más”.

 En los pasajes más significativos de la lucha de clases, la violencia popular tuvo un lugar central; pero, con el tiempo, se la fue corriendo del centro de la escena, mientras las grandes gestas comenzaban a reducirse a efemérides de redes sociales.

 Mientras circulaban estas efemérides bajo la forma de flyers, la movilización popular tenía otro color. La ocupación del espacio público no era concebida bajo la idea de conflicto y confrontación contra el orden y, en la mayoría de los casos, era pensada en tono festivo. Era una normalidad “ir a pasear” a concentraciones y marchas. Eran tiempos donde el conflicto estaba controlado desde arriba.

 Los tiempos habían cambiado. Miles de jóvenes -y algunos no tanto- aprendieron a movilizarse de esa manera. El problema es que, mientras la forma de ocupar el espacio público se daba de esa manera y, a la vez, se recordaban efemérides en forma de flyer (donde la violencia popular tenía un protagonismo central), se iba produciendo una desubjetivación de toda esa masa de personas que se iban politizando.

 Desde que gobierna Javier Milei y se aplica el protocolo antipiquetes creado por Patricia Bullrich, prácticamente todas las movilizaciones y concentraciones que no tienen un grado de masividad han sido reprimidas. Aún queda latente la violencia por parte del aparato represivo en la marcha de hinchas convocada el 12 de marzo de 2025, donde la Gendarmería le voló la cabeza a Pablo Grillo, quien por estos días continúa con su recuperación.

 No tiene sentido seguir lamentándose o indignarse por la represión del gobierno de Javier Milei. Dijeron que lo iban a hacer. Primero, que nos iban a ajustar; y luego, a reprimir si no nos dejábamos ajustar. Es preciso aceptar la realidad tal cual es. No esperemos menos. El ajuste va a seguir; las reformas y la represión -si es que elegimos salir a luchar- también.

 El problema está cuando, ante la cruel represión, vuela una piedra de alguien con la cara tapada o una molotov, y desde este lado se grita: “¡Infiltrados!”. Si la posición es esa, nos colocamos en el lugar de víctima y no estaría presente la posibilidad de defendernos. Es aquí donde se refleja esa desubjetivación como sujetos movilizados. Salimos a reclamar, nos gasean y nos vamos. Nos indignamos con la represión, sí; pero las discusiones giran en torno a si los que eligen tirar piedras, una molotov o prender fuego un patrullero son infiltrados o silvestres que solo quieren hacerse cagar a palos y luego justificar una represión. Por ese camino, la derrota subjetiva es un hecho. No habría posibilidad de resistir.

En otra nota, publicada el año pasado en Diario Tiempo Argentino, Pablo Solana cita la intervención de Mario Santucho (h) en una conversación con Alejandro Bercovich – un periodista afín que desde hace tiempo pone el foco en “los infiltrados”- donde, haciendo referencia a los hechos de represión y resistencia en la marcha de los hinchas, sostiene:

“Seguramente hay infiltrados. Pero si atribuimos cada hecho de violencia a supuestos infiltrados, lo que estamos cuestionando es la posibilidad de reaccionar cuando el poder te reprime. El otro día registramos otra actitud en la calle: menos miedo, menos sorpresa. Hubo una reacción espontánea, de hinchas. Lo que vi en la retirada, cuando nos cagaron a gases y balas de goma, es que fue la gente la que empezó a hacer barricadas”.

 En la situación actual, donde caracterizamos a este gobierno como antidemocrático y con características fascistas, lo mínimo es que, ante una situación de represión, algunos quieran hacer uso del ejercicio de la autodefensa. Pues entonces, bienvenida la discusión sobre la resistencia mediante la violencia popular.

 La violencia forma parte de la humanidad. Más aún cuando el sistema lleva en sus entrañas violencia. Quiénes somos conscientes de esto vemos a diario como se ejercita la violencia económica, política, ideológica, psicológica y hasta física. Este gobierno reúne estas cinco y más. No tiene sentido negar ni poner el foco en las movilizaciones pacíficas o que sean como un paseo. Pero tampoco -y a modo de alerta- hay que romantizarla como un acto individualista y voluntarista. Si apelamos a la historia, todo proceso de violencia de arriba encontró su respuesta, con el tiempo, en la violencia popular ejercida desde abajo.

 No somos nosotros quienes debemos poner el foco en la movilización pacífica. Repetimos que los derechos fueron conquistas, que formaron parte de luchas, de ocupación del espacio público y de enfrentamiento con el poder. Y en esos hechos, la violencia siempre tuvo un rol. Apelar al pacifismo no es más que darle vía libre al avance del fascismo.

 En un texto publicado hace semanas en ANRed, titulado “Los derechos no se consiguieron pidiendo por favor”, Ariadna Wdowiak se pregunta:

“¿A quién le beneficia negar la violencia como una herramienta más de liberación?”. En el que también agrega: “Una cosa es no estar de acuerdo con la acción directa y elegir otros caminos de lucha y resistencia, pero otra muy diferente es criminalizar las resistencias populares”.

 No hay que subestimar la violencia, pero tampoco exagerarla. En 2001, la violencia popular sirvió para decir “basta” de ajuste y represión. Lo que sucedió el 19 y 20 de diciembre en el centro político del país fue un proceso que llevó años de maduración. Quizás el Santiagueñazo, en 1993, haya sido el prefacio. La historia ha demostrado que no ha existido -y es muy probable que ni existirá- ningún proceso de transformación de la sociedad que excluya la utilización de la violencia. Entonces, por cómo se presenta este presente, si queremos generar algo, la violencia va a tener lugar. Será cuestión de amigarse un poco con ella, alejarse de cierta moral progresista y entender que, tal como planteó hace más de una década Mario Soler Enriquez en un artículo publicado en Rebelión (“La violencia como herramienta de liberación) “la violencia no es una elección subjetiva y caprichosa, sino una herramienta que el sistema nos obliga a utilizar”.

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Por Camila Parodi | Foto portada: Agencia Télam

Desde Catamarca

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestro agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este ‘mate’ del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

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y se le soltó un patín

a él, que era el rey de esta jungla,

se le soltó un patín.

Patricio rey y sus redonditos de ricota (1993)

Todo poder tiene un final, 

todo lo hecho hay que pagar.

Guillermina, (2004)

Por Pablo Nolasco Flores

I

 Es importante aclarar que las notas que uno puede tomar y luego volcar en un escrito más o menos ordenado son producto de charlas con otras personas. Si durante el 2024 nos la pasamos tratando de comprender -con altos niveles de pesimismo- como Milei llegó al poder, lo que va del 2025 puede pensarse como una transición a otro estadío que pueda alejarnos de esa impotencia y malestar. La mejor manera de poder transitar estos procesos es encontrarse en el diálogo con otros. En principios con quienes pensamos parecido y estamos convencidos de que el capitalismo no tiene nada bueno para ofrecer a la humanidad. Algunas de estas notas lograron encontrar síntesis a partir de la palabra de otros. Sergio, con más de cincuenta años de militancia, aerografista y profesor de historia en escuelas secundarias, siempre dice que cuando uno no sabe para donde ir, hay que bajar y escuchar.

II

 Lucía, una artista y estudiante del profesorado en artes visuales, comentó que andaba pesimista. “El año pasado le puse el cuerpo a todo”. Lucía está pesimista. Como muchos. El pesimismo de Lucía y de muchos tiene que ver con la sinergia de la persona con consciencia social y de clase. Apostar a las luchas. Marchar, marchar y marchar. El problema es que cuando se apuesta a la movilización sin comprender el escenario, el optimismo ingenuo de la lucha de clases nos puede arrastrar al peor de los pesimismos. Hay que decirlo. Luchamos durante todo el 2024 y el ajuste pasó. Pasó porque hubo un consenso del ajuste durante todo el año pasado. La política le daba la espalda a la lucha de clases. Este año algo se movió. Primero con la marcha anti fascista, luego con el combate de los hinchas que salieron a defender a los jubilados en marzo, el paro general de CGT, y la enorme cantidad de conflictos, sobre todo el Garrahan y la de los discapacitados. Parecerìa que hay algo en progresión. Que esto madure no solo depende de la voluntad y no surge por espontaneidad. Una de las conclusiones que sacamos con Lucía era que hay que saber cuando vale la pena hacer cagar a palos. Estas luchas lograron sumar indignaciones, masa crítica y batallas discursivas contra la crueldad. Parece que pegarles a los jubilados todos los miércoles y haberle volado la cabeza a un fotógrafo no fue gratis. Ahora estamos en un tiempo político y la disputa pasó por lo electoral. No hay dudas que algo de todo este proceso de luchas y de broncas se expresó en los resultados de ayer.   

III

 El escándalo de las coimas en discapacidad generó una crisis política sin precedentes. En primer lugar, salpicó al régimen político. De hecho, en el rechazo al veto del aumento en discapacidad, el caso jugó un papel fundamental: era difícil acompañar al presidente en esta cruzada después de ver como su hermana se robaba la plata de un sector vulnerable que estaba sufriendo el ajuste. La clase política le empezó a soltar la mano. Pero además, el hecho de corrupción le pone un límite moral a la cruzada libertaria: ya no puede haber más ajuste ni motosierra. El triunfo de los discapacitados y sus familias no puede leerse sólo como producto de la lucha. Hubo algo de la crisis política que funcionó como elemento de posibilidad para el rechazo al veto. La elección de ayer, ¿terminó de confirmar la crisis política? 

IV

 Cristian, doctor en historia, asesor en temas económicos de sindicatos y docente en profesorados de la Provincia de Buenos Aires, entiende que las malas decisiones políticas aceleraron los tiempos que eran esperables en temas económicos. Lo que uno esperaba a mediano plazo, sucede en el corto. Siempre es bueno repetirlo, la economía es política. Y en el caso argentino más aún. De hecho, a Milei se le quemaron los papeles y escondió sus dogmas. La suerte de su programa económico se la dejó a una elección de medio término desdoblada. Había sido que no todo marchaba acorde a plan. El gobierno libertario transita los intentos de una estabilización inestable donde todavía la inflación no es un problema del pasado, se sostiene el superávit fiscal a costa de no gastar en nada, los dólares escasean y son pocos los sectores que pueden acceder a algunos consumos de bienes importados. Por ello, es necesario dejar de comparar a este proceso con el menemismo. Menem partió de un amplio consenso político para poder votar leyes que posibilitaron las futuras reformas económicas. La ley de convertibilidad fue aceptada por la política y las diferentes fracciones de la burguesía que operaban en el país cerraron filas y nació la comunidad de negocios. Con los primeros años de la convertibilidad, la economía argentina se capitaliza a base de privatizaciones e inversiones extranjeras directas. Las clases medias accedieron al crédito y al consumo, no había inflación, ni déficit fiscal y comercial. Es decir, la estabilización macroeconómica se combinó con la principal fuente de consenso social que tuvieron los gobiernos históricamente para construir hegemonía: consumir. Luego de los resultados de ayer, Milei habló y prometió más ajuste para sostener el esquema. ¿Habrá devaluación antes de las elecciones nacionales de octubre? ¿Cuántas devaluaciones más puede aguantar esta sociedad que ya soportó un año y medio de ajuste? Leandro Bartolotta e Ignacio Gago vienen insistiendo hace rato en que una sociedad cansada y ajustada no le regala gobernabilidad y representatividad a nadie. Mientras no se resuelva lo económico va a estar dificil gobernar.

V

 En definitiva, la elección de la Provincia de Buenos Aires terminó siendo la forma en que se dirimió el malestar económico y social. La piña electoral a Milei puede leerse como una nueva muestra de un acto defensivo de una mayoría contra algo que se eligió para repudiar a lo viejo que fracasó, pero que no funcionó. Si esto es así, el pueblo estaría acumulando una nueva experiencia de frustración. Quizás el peronismo logra aglutinar esa defensiva, pero no convoca, no enamora ni propone una alternativa. En ese marco, la izquierda no logra capitalizar el descontento. A simple vista no hay programa alternativo. No hay ideas y las nuevas referencias no surgen. Corremos peligro si la política se vuelve a comer todo como en el 2017, cuando el peronismo dijo “hay 2019”. Sin nuevas referencias políticas genuinas que salgan desde abajo ni un programa alternativo, corremos el riesgo de volver a sumarnos a la repetición de viejas recetas que nos llevaron a un Milei presidente. 

VI

 Una última idea. Es evidente que hay un piso desde donde podemos resistir, discutir y proyectar. Hay núcleos del buen sentido común que nos pueden ayudar a pensar en futuros mejores. Pero para ello hay que quitarse el lastre de las formas de hacer política desde arriba. Hay que romper la lógica del posibilismo, animarse a transgredir con la palabra y contagiar a otros. Diego Sztulwark escribió en su último libro, El temblor de las ideas, que “la indignación sin lucidez combativa se torna complacencia”. Con Sergio venimos insistiendo en la idea de romper con el malestar politizando todo los espacios que podamos porque no alcanza con la indignación. Y la forma que encontramos es provocando. Aprovechemos este envión para que seamos una mayoría quienes empecemos a provocar y romper con esa complacencia. 

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Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el país atraviesa un proceso vertiginoso de desmantelamiento del Estado y en paralelo una crisis económica, institucional y social de gran magnitud. En menos de dos años, su gestión impulsó un programa de ajuste feroz con recortes drásticos en áreas clave como educación, salud, desarrollo social, cultura y ciencia. Bajo la consigna de combatir lo que denomina “la casta política” y reducir el llamado “gasto público”, las políticas de Milei provocaron un desplome del poder adquisitivo, un aumento acelerado de la pobreza y una paralización de la economía real que golpea particularmente a los sectores populares y a las clases medias.

A la par del ajuste económico, el gobierno desplegó una estrategia de confrontación directa contra múltiples actores sociales: trabajadorxs de prensa e integrantes de sindicatos, movimientos de feministas, cooperativas y partidos políticos de oposición. La criminalización de la protesta se convirtió en la nueva norma, así como las detenciones arbitrarias, la represión violenta en manifestaciones. El armado de causas judiciales hoy busca disciplinar a quienes se manifiestan. Mientras, el presidente ataca públicamente a periodistas, intelectuales y activistas con una retórica que niega derechos fundamentales y reproduce discursos de odio con un tono abiertamente misógino, sionista, antiderechos y autoritario.

Pero la violencia durante el gobierno de Milei no es solo simbólica: el 6 de mayo de 2024, cinco lesbianas fueron quemadas vivas mientras dormían y cuatro de ellas murieron. El supuesto agresor, Juan Barrientos fue un vecino que las insultaba sistemáticamente por su orientación sexual. El triple crimen de Barracas estremeció a la comunidad y fue un antes y un después para la sociedad argentina, ya que fue entendido como una consecuencia directa de la crueldad y el clima de desinformación, discriminación y agitación promovido por el Estado. Por eso, frente a este panorama, las calles argentinas comenzaron a convertirse en el escenario de una resistencia que es transversal pero con un fuerte componente feminista y LGBTIQ+.

Al 1 de febrero antifascista le siguieron movilizaciones masivas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 3 de junio, en el décimo aniversario del Ni Una Menos, cuando feminismos, sindicatos y movimientos sociales ocuparon el espacio público para rechazar el avance represivo y defender los lazos de solidaridad construidos tras cuatro décadas de recuperación democrática en el país. Y solo en junio, otra de las protestas más multitudinarias sacudió al gobierno, la que tuvo lugar tras el intento de proscripción de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo que reactivó una fuerte defensa frente al uso del aparato judicial con fines persecutorios.

Ante este escenario, las respuestas organizadas no se limitaron a la ciudad de Buenos Aires. En distintas provincias —de Catamarca a Córdoba, de Río Negro a Chaco— se multiplican las expresiones de resistencia: gremios, organizaciones sociales, comunidades indígenas y asambleas barriales se mantienen en estado de alerta. 

Mientras tanto, en la capital, cada miércoles, frente al Congreso Nacional, se realiza una marcha encabezada por jubilados, acompañados por trabajadores de la salud, de la educación y referentes feministas. Esa imagen, repetida semana tras semana, se ha convertido en un símbolo del presente argentino: en medio de los recortes, la represión y el abandono estatal, la población toma las calles para defender lo común y organizar la esperanza.

La violencia política contra las mujeres avanza 

“Este gobierno es profundamente antifeminista. Se encargó de desarmar todas las políticas que nos beneficiaban y amenaza con tirar atrás las leyes más importantes que conseguimos”, advierte a Truthdig, Victoria Tesoriero, socióloga y exsubsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación. Fundadora de la organización feminista Proyecto Generar, es una de las primeras que comenzó a sensibilizar y medir la violencia política patriarcal sobre activistas de los partidos políticos. 

“Este ataque tiene que ver con varias cuestiones: por un lado, el potencial de cambio del feminismo que es el único movimiento que se masificó y creció exponencialmente en los últimos años con capacidad de movilización y de instalación de su agenda; pero también, porque las mujeres somos las más perjudicadas por el modelo económico que impulsa el gobierno”, agregó.

“Este gobierno es profundamente antifeminista.”

En el informe “De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la violencia política en Argentina”, el equipo de trabajo de Tesoriero retrató que “siete de cada 10 entrevistadas dijo sufrir o haber sufrido violencia política” y advirtió que estos resultados atentan contra el ejercicio de los derechos de participación y de representación de mujeres y LGBTQI+. Se realizó en 2021, por lo que resultó una evidencia de que cuando se restringe el acceso de esta población, lo que se deteriora es el sistema democrático. “Hoy se perpetúan discursos de odio en el presidente mismo, en foros internacionales y en diferentes espacios”, reflexionó la socióloga. “Este odio es planificado, financiado por un esquema de ONGs que perpetúan estos discursos de discriminación y tratan de deslegitimar a nuestro movimiento feminista”. 

Tesoriero sostuvo que “enfrentamos una contraofensiva conservadora” y agregó que “la persecución y el aumento de la violencia contra mujeres políticas, especialmente a la figura de Cristina, tiene que ver con que es la representante más importante de la oposición a este gobierno. En la semana en que anunció que iba a ser candidata fue inmediatamente encarcelada”. La persecución judicial y política contra la expresidenta, contra militantes cercanas a su partido y los ataques del propio presidente a periodistas feministas como Julia Mengolini o María O’Donnell evidencian este escenario. Entretanto, los sectores sociales más vulnerables —particularmente las mujeres, las juventudes y los jubilados— enfrentan las consecuencias del ajuste, pero también se organizan: sostienen redes comunitarias, cuidan, resisten y defienden los derechos conquistados. 

El estilo confrontativo de Milei no es un fenómeno aislado. Su discurso y su lógica de poder encuentran fuertes paralelismos con figuras como Donald Trump, con quien el presidente argentino no ha ocultado su afinidad. Mientras Milei ataca de forma directa a periodistas, nombrándolxs y ridiculizándolxs en redes sociales y actos oficiales, Trump lo ha hecho de manera más generalizada contra los medios de comunicación demócratas, a los que ha tildado sistemáticamente de “enemigos del pueblo”. Ambos líderes alimentan una narrativa que busca desacreditar cualquier voz crítica y legitimar un clima de hostilidad y violencia hacia quienes ejercen la libertad de expresión.

Sindicalismo en pie

Para lxs trabajadorxs estatales, estos años bajo el gobierno de Javier Milei han significado no solo un avance del ajuste presupuestario, sino también una ofensiva directa sobre su existencia como sujetos políticos. “Somos blanco específico del ataque de este gobierno que llegó diciendo que era el topo que iba a destruir el Estado desde adentro”, advierte Clarisa Gambera, dirigente sindical de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y referente feminista. En ese escenario hostil, la respuesta fue doble: resistir en las calles, pero también sostener emocional y colectivamente a quienes se encuentran bajo amenaza constante.

La ofensiva gubernamental se expresó en despidos masivos —incluso de personas que ingresaron por cupos de inclusión laboral para identidades trans y no binarias, violando normativas vigentes— en prácticas persecutorias como exámenes arbitrarios para validar idoneidad laboral y en la estigmatización sistemática del empleo público. Frente a esto, los sindicatos impulsaron estrategias jurídicas, presentaron cautelares, acompañaron a las personas despedidas y construyeron espacios de cuidado mutuo. “Fortalecimos la agenda feminista porque no estamos dispuestas a soltarla y porque nuestras formas de hacer política son más amorosas y permiten acompañar la angustia de este tiempo”, explica Gambera.

Esa angustia tiene cifras: según la Encuesta Nacional sobre Violencias y Políticas en contexto de ajuste impulsada por ATE en 2025, el 43% de las personas encuestadas declaró consumir medicamentos para gestionar el estrés o síntomas físicos vinculados a la situación socioeconómica y laboral actual.

Pese al desgaste, la experiencia organizativa se profundiza. Espacios como la Intersindical Feminista resultaron fundamentales para articular con otros sectores y sostener una respuesta común. La marcha antifascista del 1 de febrero, por ejemplo, fue impulsada por agrupaciones de distinto origen y representó un límite claro frente a la violencia gubernamental. “Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva”, señala Gambera. En esa línea, el último 3 de junio (Ni Una Menos) también se amplió el espacio de asamblea para incorporar a sectores como los jubilados, en una consigna que hoy sintetiza el momento histórico.

Frente al aumento de la violencia política, las sindicalistas feministas también se organizan para dar respuesta. Tras la detención de Kirchner en junio, se expresaron en una asamblea unitaria con referentes políticas para denunciar el atropello a la democracia. Y hoy, ante la judicialización de militantes por participar en protestas, continúan en alerta. “Son nuestras compañeras las que están detenidas”, subraya Gambera. Y con ellas, también está en disputa la libertad de todas.

Salud en peligro: la lucha por el Garrahan y el derecho a cuidar

Entre las luchas más sostenidas y representativas se encuentra la del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico público del país, cuyxs trabajadorxs protagonizan desde hace meses una batalla ejemplar por la defensa de la salud pública y de sus condiciones laborales. Frente al congelamiento del presupuesto 2025 —que mantiene el mismo monto nominal del año anterior, pese a una inflación acumulada que supera el 117%—, el hospital sufre un vaciamiento progresivo que impacta tanto en los insumos como en los salarios. El deterioro no es abstracto: en lo que va del año, más de 220 profesionales han renunciado ante la imposibilidad de sostener sus tareas en condiciones dignas.

“Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva.”

La situación es especialmente alarmante si se considera el rol estratégico del Garrahan en el sistema de salud argentino: es el hospital de referencia para niñxs con enfermedades complejas de todo el país. Familias enteras viajan desde las provincias más alejadas para recibir tratamientos y cirugías que no pueden realizarse en sus lugares de origen. El desfinanciamiento del hospital, por tanto, no solo afecta a su personal, sino también a miles de pacientes pediátricos cuya vida y bienestar dependen del acceso a una atención de alta complejidad, gratuita y de calidad.

La respuesta del personal ha sido contundente y creativa: paros escalonados, bicicleteadas, festivales abiertos a la comunidad, abrazos simbólicos y una convocatoria nacional para marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna de defender el Garrahan, el Posadas y toda la red de salud pública. Con el acompañamiento de figuras del mundo cultural y una fuerte articulación multisectorial, lxs trabajadorxs del Garrahan insisten en que no defienden solo sus sueldos o sus puestos de trabajo, sino el derecho de toda la sociedad —y en especial de las infancias— a una atención médica de calidad. “Cuando atacaron la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por los hospitales. Nos atacan a todos”, señalan en sus acciones de visibilización.

En este entramado de resistencias, donde se cruzan las luchas sindicales, feministas, territoriales y jubiladas, se expresa una disputa de sentido que va más allá de los números del déficit: se pelea por el presente y el futuro, por el derecho a vivir, a cuidar y a ser cuidados. Y aunque el gobierno persista en su narrativa de “equilibrio fiscal” a costa de la vida, en las calles argentinas se sigue ensayando otra política: la de los vínculos, la dignidad y la persistencia.

Lxs jubiladxs, nueva “casta” del ajuste

Durante su campaña presidencial, Javier Milei prometió terminar con los privilegios de “la casta política”. Sin embargo, en la práctica, quienes están cargando con el peso del ajuste fiscal no son lxs funcionarixs ni los grandes empresarios, sino los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, lxs jubiladxs ocupan un lugar central. En nombre del “equilibrio de las cuentas públicas”, el gobierno ha recortado ingresos, eliminado medicamentos esenciales, y desmantelado políticas de protección para las personas mayores, convirtiéndolas en variable de ajuste de su programa económico.

En julio de 2025, el Congreso argentino aprobó una ley para recomponer parcialmente los haberes jubilatorios: un aumento del 7,2%, que representa apenas US$20, y la elevación del bono mensual de emergencia de 70.000 a 110.000 pesos (aproximadamente US$92), con actualización automática por inflación. Hoy, incluso con el bono incluido, la gran mayoría de lxs jubiladxs no percibe más de 379.000 pesos mensuales, es decir, unos US$320 al tipo de cambio oficial. Pero lejos de celebrar la medida, el presidente Milei la definió como “un acto de desesperación” por parte de la clase política, anunció que vetará la ley, y amenazó con judicializarla si su veto es rechazado. El argumento: ese aumento “rompe el equilibrio fiscal”. Para el gobierno, garantizar que un jubilado no caiga por debajo de la línea de indigencia representaría una amenaza mayor que mantenerlo en la pobreza.

Frente a este escenario, surgieron reacciones espontáneas y organizadas en todo el país. Una de ellas tuvo lugar en Catamarca, cuando tres militantes históricos —sobrevivientes de la represión de los años setenta— salieron a la plaza con un cartel de repudio tras conocerse el veto a un aumento anterior de apenas 17.000 pesos. Entre ellos estaba Emperatriz “Monena” Márquez, ex presa política y defensora de los derechos humanos. “Era como un caramelo por día”, recuerda a Truthdig, indignada. Esa pequeña acción fue grabada por una joven que pasaba por el lugar. El video se viralizó y fue el inicio de una movilización que hoy continúa cada semana en diversas provincias, en articulación con otras luchas populares.

Para Márquez, la lucha actual no es solo por los derechos de quienes hoy cobran una jubilación, sino también por las generaciones futuras: “Luchamos por nosotros y por los que vendrán”. Señala con claridad cómo el retroceso actual afecta sobre todo a quienes trabajaron en condiciones precarias: amas de casa, trabajadores rurales, personas que no pudieron hacer aportes regulares. La eliminación de la moratoria previsional significa para muchas de ellas quedar completamente fuera del sistema.

Más allá del impacto económico, Márquez destaca la dimensión política y simbólica del vaciamiento estatal: “Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra. Nos considera una carga, un descarte”. Sin embargo, subraya también el papel activo del colectivo jubilado: lejos de la imagen pasiva o resignada, muchas personas mayores siguen participando, organizando, proponiendo. 

“Queremos seguir viviendo con dignidad, tener una vida plena, y también una muerte digna. Por eso luchamos”, afirma. Entre sus demandas están el acceso real a medicamentos, el fortalecimiento del PAMI (obra social de jubilados), la devolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la seguridad social, y el desarrollo de viviendas colectivas para personas mayores en situación de soledad o vulnerabilidad.

La economía del despojo: cuando el ajuste se dirige contra la vida

El modelo impulsado por Milei no puede entenderse sólo como un programa de ajuste. Es, sobre todo, una reacción política al avance de los feminismos y a los derechos conquistados en la última década. La economista Candelaria Botto lo plantea con claridad: “El surgimiento y crecimiento de Milei en la Argentina se da en oposición a la marea feminista, a los movimientos feministas. Él se presenta por primera vez en 2021 como reacción justamente a todo el crecimiento que tenían los movimientos feministas y también a un gobierno que tenía, al menos en la narrativa, un discurso feminista o de inclusión. Se sustenta sobre eso”. En ese marco, no sorprende que una de las primeras decisiones de su gobierno haya sido desmantelar las políticas de género y eliminar los organismos institucionales que las sostenían.

Sin embargo, Botto subraya que este vaciamiento no se limita a la cuestión de género: “Su modelo económico es un modelo de reducción en los servicios públicos, de empeoramiento en la calidad y en la cantidad de servicios relacionados a la salud, al mundo de la educación —sobre todo las universidades— y también a las jubilaciones, en el sentido de licuar e incluso de eliminar la moratoria para nuevos jubilados y jubiladas”. 

Este rediseño del Estado no tiene como objetivo reducir el déficit, sino reorientar el gasto: “No quiero decir un sesgo de ajuste fiscal, porque no es solo eso. Estamos en un año donde se achican estas prestaciones públicas pero crece el pago en intereses de la deuda. Entonces, no es simplemente achicar el gasto público sino reorientarlo, donde los servicios públicos quedan obviamente como los primeros recortados”.

“Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra.”

En esta lógica, el bienestar colectivo deja de ser una prioridad. El acceso a la salud, a la educación y a una vejez digna se convierte en un privilegio, mientras los recursos del Estado se destinan a garantizar ganancias financieras y a sostener privilegios de los sectores más ricos. En este punto, la economista señala un rasgo que Milei comparte con otros gobiernos de extrema derecha: “Comparten una agenda que tiene que ver con la reducción de los impuestos a los ultra ricos, a las personas con más ingresos. En Argentina se dio con esta baja de Bienes Personales y en Estados Unidos también avanza con este tipo de iniciativas”.

Las diferencias entre Milei y Donald Trump en materia de política exterior son evidentes: “Trump tiene una visión mucho más proteccionista que la de Milei, que es una suerte de revival del Consenso de Washington de los 90”, afirma Botto. Sin embargo, más allá de los matices, ambos expresan un mismo proyecto: el debilitamiento de lo público, la deslegitimación de los derechos colectivos y una narrativa que culpa a los sectores más vulnerables —mujeres, jubilados, migrantes, pobres— de las crisis estructurales.

Frente a un gobierno que promueve el despojo como política de Estado, las calles argentinas vuelven a ser territorio de disputa y de construcción. En los cuerpos que marchan, en los hospitales que resisten, en las plazas tomadas por jubilados, docentes, trabajadoras y estudiantes, se expresa una voluntad colectiva que no se resigna. No hay épica en la miseria ni virtud en el sufrimiento: lo que está en juego es la posibilidad misma de vivir con dignidad. Y en esa lucha, que no empieza ni termina hoy, se traman vínculos, se recupera la memoria, y se defiende lo que aún no ha sido vencido. Porque mientras existan quienes resisten, también seguirá existiendo futuro.

Como afirma la sindicalista Gambera: “unir las luchas es la tarea”. Y esa tarea ya está en marcha, articulando generaciones, territorios y demandas diversas que convergen en la defensa de lo común. En esa línea, Márquez, ex presa política y referente de derechos humanos, lo resume con claridad: “Nuestra lucha es también por todos aquellos que un día serán jubilados. Porque estos derechos han costado vidas. Ningún derecho se ha conseguido sin pelea”. En sus palabras, y en los cuerpos que no se rinden, se cifra la promesa de un porvenir más justo.

* Nota publicada originalmente en Truthdig.com

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Por Carla Perelló, desde Rio de Janeiro.

“La bipolaridad nos está matando”, sostuvo en entrevista con Marcha Noticias la académica coordinadora del think tank BRICS Policy Centre, María Elena Rodríguez. En medio de la fuerte crisis geopolítica sistémica que atraviesa el mundo, Fernández analizó el rechazo del gobierno de Argentina a cargo del ultraderechista Javier Milei y su impacto en América Latina. En esa línea, la académica destacó que las propuestas que traen los países que conforman el bloque de los BRICS -que por primera vez se reunió en su versión ampliada durante una semana en Rio de Janeiro para finalizar con la XVII Cumbre de mandatarios- buscan modificar la gobernanza global construida después de la Segunda Guerra Mundial, así generar condiciones de mayor equidad para el crecimiento de los países desde una perspectiva sustentable.

Fernández es profesora de la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro, doctora en Sociología por el IESP-UERJ, es abogada por la Universidad de Antioquia y tiene una larga trayectoria en trabajos en Colombia y Brasil en temas como derechos sociales, humanos, constitucionales, acceso a la justicia y activismo judicial, entre otros.

En esta entrevista con Marcha Noticias, hizo un recorrido sobre los términos en los que se da la disputa global en donde el bloque de los BRICS se coloca como contrapeso del G20 y del G7, en donde se reúnen los países más poderosos del planeta, y como una alternativa a la iniciativa de los Estados Unidos de Donald Trump, que intenta instalar un sistema unilateral hegemónico echando por tierra la arquitectura global construida después de la Segunda Guerra Mundial. 

Los BRICS nacieron en 2009 formalmente y, desde el año pasado, aumentaron en cantidad de miembros permanentes y de socios consolidando un bloque que reúne el 39% del PBI del mundo y la mitad de la población mundial. Los socios permanentes son: Brasil, Rusia, India, China, África do Sul, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emirados Árabes Unidos e Indonesia. Mientras que sus socios son: Bielarusia, Bolivia, Kazajstán, Tailandia, Cuba, Uganda, Malasia, Nigeria y Uzbequistán.

– ¿Cómo definiría al bloque BRICS y cuál es la importancia de la participación de América Latina en este bloque? 

Creo que en las últimas discusiones de BRICS el concepto de Sur Global quedó bien fuerte y más en este contexto internacional que estamos viviendo hoy. O sea, queriéndolo o no, la posición de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump trae de alguna manera el fortalecimiento de los BRICS al amenazarlos con la imposición de tarifas a quienes tengan “políticas antiestadounidenses”. Mismo que no quiera, provocó que los países del Sur Global se sientan más fuertes, con un posicionamiento más cohesionado y más consolidado. En ese sentido, pienso que la participación de América Latina es fundamental, porque nosotros estamos en una posición bien estratégica teniendo a Estados Unidos aquí de ladito al tiempo que vuelven a traer esa idea de recuperar su “patio trasero”, como se ha dicho desde que Trump asumió. Entonces, una posición consolidada, integrada de la región es fundamental para pensar no simplemente en cuestiones geopolíticas, sino también en cuestiones económicas para enfrentar las desigualdades que estamos viviendo o para pensar los modelos de desarrollo. 

Argentina es uno de los países justamente que iba a entrar al bloque, incluso fue una apuesta del mismo Lula, pero el gobierno de Javier Milei decidió desistir del ingreso. ¿Por qué es importante para los BRICS la participación de Argentina y para Argentina estar en los BRICS? 

Bueno, Brasil no quería estar solo. Si vemos todos los continentes, ninguno está solo. (Participar del bloque) daría mucha más fuerza para la posición de América Latina. Brasil ya es un gigante por sí mismo y creo que tiene que tener mucho cuidado de no ser el representante de América Latina, no es la voz de América Latina, porque hay muchas diversidades en la región. Entonces, esa idea de conformar los BRICS con otros socios era un poco eso, mostrar que hay diferentes voces de América Latina más o menos articuladas en un propósito más global. Lamentablemente no pasó. Me parece que es un déficit para Argentina, es una falla para el país porque tiene muchas posibilidades de cooperación y muchas posibilidades de intercambio y BRICS sólo tiende a crecer. Ahí, me atrevo a decir que Milei tiene una lectura equivocada, porque no es un bloque antioccidental. Nadie está contra Estados Unidos. No se quiere ser contrario a Estados Unidos. Los BRICS mostraron una maduración, que está mostrando su posicionamiento, que no es una contraposición a algo, sino que traen un modelo propio para construir. No es un bloque occidental, no es confrontacional. Esas lecturas geopolíticas como la de Milei, con la crisis de las instituciones de después de la Segunda Guerra Mundial, nos colocan a veces en la misma discusión de la Guerra Fría y creo que esa bipolaridad nos está matando. La misma actitud de Trump de amenazar con la imposición del 10% de las tarifas, es decir eso mismo: están allá o están aquí y yo creo que el mundo es más que eso. Esa bipolaridad supuestamente acabó en 1989, pero todavía nos empujan un poco hacia ese lado. El mundo es multipolar y el mundo es multilateral. Esa lectura hace daño y creo que fue la que tuvo Milei, que hizo perder una oportunidad de mayor integración.

Dijo que Brasil no quiere estar solo, da la sensación de que ese escollo fue sorteado con la institucionalización del Consejo Civil y Popular, en donde participaron representantes de países que no están en el bloque, como Colombia (recientemente integrada al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS) y Venezuela (vetada por Brasil el año pasado luego de las elecciones, lo que generó una crisis diplomática entre ambos países). En el Consejo, incluso, hubo un pedido y un reclamo por parte de las organizaciones por Venezuela. 

Eso tiene un contexto político que es importante. También participé del Foro Civil y Popular, que nació en Rusia, no fue una iniciativa de Brasil. Fueron tres organizaciones que obviamente tienen una determinada tendencia ideológica y por eso traen esa reivindicación. Pero me parece importante contar con un espacio así, de hecho, ya era una reivindicación desde 2012 y, en 2014, cuando se hizo aquí el primer BRICS. Fue una discusión enorme y las organizaciones habían hecho propuestas para el Gobierno brasileño. Ese empujón de Rusia fue interesante. De todas maneras, es una participación muy mediada y muy indirecta. Tal vez lo más interesante, es efectivamente que algunos países realmente entren. Aquí están de invitados, está Chile, Colombia, Uruguay, México y sé que Brasil hizo tratativas para que Chile presentara una solicitud para ingresar, Colombia también. En ese momento tal vez las cuestiones políticas internas no estaban mucho para eso, pero creo que es una es una bandera de Brasil que se amplíe y que los países latinoamericanos efectivamente hagan parte. No solamente como socios, como Bolivia y Cuba, sino como miembros permanentes.

Además, en paralelo, se realizaron el Foro Económico y el de las Mujeres, en donde también participaron instituciones y líderes que no necesariamente hacen parte del bloque. Pareciera que hay una intención ahí de que exista participación más allá de los gobiernos.

Y es que una cosa son los gobiernos y, otra, las sociedades, las personas, que también hacen a las instituciones de alguna forma, que presionan y que hacen recomendaciones y que participan. Una de las cosas que discutimos siempre es que los BRICS no son los gobiernos. Lo que necesitamos en los BRICS es articulación, participación y cooperación de todos, de los ciudadanos, de las poblaciones. Detrás de ello, hay mucho trabajo porque nuestra articulación. Por ejemplo, yo coordinó el BRICS Policy Center y ahí el intercambio que tenemos con todos los países es inmenso. Antes no existía algo así con Etiopía, con Egipto, obviamente es más desde el punto de vista académico y de una forma bastante periférica, pero desde el punto de vista de las organizaciones, de los movimientos, de las personas encontrándose, eso es importante. Eso es lo que dá una verdadera integración, no simplemente las decisiones de los presidentes y de los ejecutivos. Eso que nos va a dar de verdad carne en ese proceso de integración.

Se refirió a una posición estratégica de la región respecto a Estados Unidos, pero China también aparece en la disputa y es parte de los BRICS, ¿cómo debemos entender esa participación? 

En ese sentido es que tenemos un desafío enorme con los BRICS porque la centralidad de China es bastante grande. Una de las cosas que siempre estoy diciendo es que no podemos salir de una dependencia para otra. Vos ves los países de BRICS y casi todos dependemos económicamente de China, es el primer socio comercial de casi todos los países. Los chinos dicen que es win-win, pero ese win-win a veces no es tan beneficioso para todos, sino que nos lleva a una reproducción de un modelo que ya vivimos hace mucho tiempo: somos productores de materias primas y China es nuestro socio tecnológico. A eso creo que hay que darle una vueltica. Lo que me llamó la atención de la última declaración de Lula (N de R: la que hizo en la apertura de la sesión de Ambiente, COP30 y salud global) fueron dos cosas: fue muy claro diciendo que no somos más países que vamos a sólo exportar recursos naturales, creo que eso es muy importante. Y, segundo, que la transferencia tecnológica va a ser fundamental. Esa es una agenda, al menos interna de Brasil, muy grande. Hay cuestiones estratégicas como minerales críticos y el litio, que tenemos los países del bloque, que van para China y eso es lo que tenemos que ir cambiando, la reproducción del modelo de la fuerza internacional de trabajo, de los que tienen recursos y los que tienen la tecnología y los que tienen la industria. Creo que es un objetivo fundamental. 

En ese discurso, Lula también se refirió a un nuevo paradigma de desarrollo como respuesta a la crisis sistémica global, ¿es posible ya empezar a visualizar algunas características de esa construcción que se está llevando adelante? 

Ese punto me pareció interesante porque hasta ahora no se había dicho tan claro. Sabemos que tenemos una crisis sistémica, una policrisis o el término que queramos usar, pero llegamos a un punto crítico. Y vuelvo a lo de Trump: quedó en evidencia que efectivamente ese modelo moldeado por ese norte global, que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, no está funcionando y hay que tener cambios radicales. Las normas de ese modelo liberal, como se planteó, ya no dan cuenta. En esa línea, los BRICS fueron muy asertivos desde el comienzo en esa propuesta para la mayor participación en la gobernanza global, de proponer pensar un nuevo multilateralismo. Es imposible que países como India, Indonesia o Brasil no participen de las decisiones globales. Sobre todo, porque esos mecanismos se paralizaron y están paralizando el mundo. Quedamos en suspenso. La Organización Mundial del Comercio no funciona desde 2001, el Consejo de Seguridad es una tragedia y muchas otras organizaciones de Naciones Unidas no funcionan simplemente porque tienen el poder hegemónico de un “soberano” que decide que no está a favor de ellas y quiere cambiar las reglas de juego solito. Entonces, eso está mostrando realmente la crisis y, lo cierto, es que ya no era más tiempo de esperar y de sólo hacer discursos bonitos y una cosa simbólica. Ahora, un nuevo modelo hay que pensarlo, porque insisto: no podemos pasar de una hegemonía para otra, porque no es ese el tránsito que queremos y espero que ellos no lo estén pensando así. Me imagino que no. 

Lo que proponen parece una combinación con lo ya construido, porque plantean recuperar las instituciones que fueron creadas….

Exacto. Es un “vamos a recuperar, que renazca ese multilateralismo con unas nuevas bases”. Pero efectivamente hay que hacer muchos cambios también, porque la asimetría dentro de BRICS es fundamental. Eso hay que verlo. Hay que trabajarlo y no sé hasta qué punto también las hegemonías dentro de los BRICS están dispuestos a esos cambios, pero creo que es un proceso. Ahí creo que hay un acomodamiento, digamos, de lo que entendemos y de lo que puede ser BRICS, porque de alguna manera hay un fortalecimiento de ese grupo. Una cosa que me llamó la atención es que el consenso se dio a pesar de las heterogeneidades. Claro que no coincidimos en puntos muy críticos, pero al menos los puntos fundamentales llegamos a un consenso. 

Otro punto que se puede destacar del último discurso de Lula antes de la conferencia de prensa de cierre es que trajo los derechos humanos y se refirió a los derechos sexuales y reproductivos, esta última una agenda que no suele abordar…

Fue muy interesante y una sorpresa porque trajo una cosa que no es banal, que es derechos sexuales y reproductivos, que es una agenda muy cara para Brasil. Obviamente, tuvo consenso, porque eso fue discutido meses y meses y meses más allá de las interpretaciones que pueda hacer cada país después. Pero traer ese tema de la igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos, me pareció interesante e innovador.

Brasil sigue al frente de la presidencia hasta fin de año, el año que viene pasará a India, ¿qué podemos esperar a partir de lo visto y consensuado en esta Cumbre?

India tiene algunas agendas importantes, en algunas cosas son parecidas con Brasil, como el tema de la desigualdad y de salud. India es una potencia en salud, en vacunas, en genéricos y patentes y eso ha sido muy importante. Entonces, creo que esas agendas van a continuar. Lo que me parece que es un interrogante es geopolíticamente cómo va a ser. India también es equilibrado como Brasil, sólo que va un poco más para el otro lado porque tiene relaciones muy fuertes con Estados Unidos y Francia… hace parte de un grupo que se llama Quad (o Diálogo de Seguridad Cuadrilateral) en el que están Australia, Japón y Estados Unidos que se articulan para contener China en la región. Habrá que ver cómo se va a equilibrar en ese caso, porque la relación con China no es buena y (el primer ministro hindú, Narendra) Modi no es el más democrático que tengamos, pero no sé si esos consensos que salieron ahora pueden ser un norte para esa discusión. Por lo menos son un antecedente.

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Por Romina Pesalaccia

El departamento de Ancasti, un paraíso catamarqueño ubicado a 90 km de la ciudad capital, es un lugar donde la naturaleza, en su estado más puro y con escasa intervención humana, conforma uno de los espacios con mayor biodiversidad de Catamarca. Con vastas extensiones de monte y bosque, se preserva como un pulmón verde indispensable en estos tiempos. Sin embargo, hay una realidad ineludible: desde hace años, esta región está siendo despojada de su agua. Tal es la gravedad de la situación que 2025 marca el tercer año consecutivo sin crecientes, con lluvias tan escasas que apenas logran aumentar el caudal de los ríos. El calor extremo de los últimos años, en directa relación con el aumento global de las temperaturas debido a la crisis climática, y la falta de recuperación hídrica por la ausencia de precipitaciones, dejan a estos ríos con apenas unos días de vida antes de convertirse en charcos estancados.

Ancasti y su población han mantenido una trayectoria de resistencia en defensa del agua. Desde la amenaza de la megaminería de litio hasta el desalojo de un feedlot que contaminó el cauce de uno de los arroyos más importantes de la zona, la sierra no está exenta de los extractivismos que saquean y envenenan los territorios. Manipular las lluvias es una forma más de explotación que asfixia al planeta y a la vida que sostiene.

“Cuando era chico, el río Anquincila no se podía ni cruzar. Había que ingeniárselas de todas las maneras posibles para atravesarlo”, relata Edgardo, vecino de Anquincila, una de las localidades serranas. “Las vertientes brotaban por todos lados, había meses en los que ni se podía salir de las casas en vehículo por la cantidad de barro”, recuerda, mirando al cielo. Nunca antes se había vivido un desequilibrio climático tan severo como el actual. Aunque de vez en cuando había alguna temporada seca, siempre llegaba la creciente para calmar tanta tierra agrietada.

El ciclo que ya no se renueva

La Sierra de Ancasti, con un clima predominantemente templado y húmedo en las zonas más altas, se caracterizaba por tener veranos cálidos y lluviosos e inviernos fríos y secos. Desde finales de noviembre hasta finales de febrero, ocurrían al menos tres grandes crecientes, con millones de litros de agua capaces de saciar la sed de la sierra. A partir de marzo, las lluvias otoñales saturaban la tierra. Incluso hubo años en los que el sol apenas se asomó en toda la temporada. Así, el Ancasti se cubría con la “nuboselva”, como se le llama en el lugar a la densa niebla que domina el paisaje.

Este ciclo de humedad daba paso a inviernos sin lluvias, pero con ríos cargados. En primavera, los vientos intensificaban la sequía, aunque el ciclo natural se renovaba, devolviendo vida a los veranos colmados de agua.  Y lo más importante es que estas condiciones climáticas alimentaban el ciclo de la vida, permitían a sus habitantes, cultivar hortalizas, maíz e incluso trigo, además de sostener la crianza de animales de pastura como vacas, ovejas y cabras, una actividad fundamental para la economía local.

Sin embargo, desde hace casi 20 años, estos ciclos dejaron de renovarse. Las causas son muchas y están relacionadas: fenómenos climáticos globales como El Niño y La Niña, la deforestación para el monocultivo en zonas limítrofes, que altera el clima de la región, y la crisis climática. Pero hay algo más que afecta a los cielos: la modificación del clima 

“Nos están cortando las lluvias”

Tras una gran sequía que alcanzó su punto más crítico en 2012, las vecinas y vecinos de la zona empezaron a movilizarse a través de diferentes asambleas y encuentros, realizando los primeros reclamos sobre la manipulación del clima que estaban viviendo. A principios de 2013, el ciclo del agua comenzó a recuperarse y, hacia finales de 2016, volvieron a fluir vertientes que llevaban años secas. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de esas vertientes se han vuelto a secar por completo.

“Una noche, a eso de las 2 de la mañana, estábamos en el patio viendo cómo se formaba la tormenta, con rayos y relámpagos, cuando de repente se escuchó el avión y, al minuto, el cielo se abrió”, cuenta Juan Manuel Carrizo, recordando un episodio de enero de 2024 mientras visitaba a su familia en la Villa de Anquincila. Agregó que esa no es la primera ni la única vez que se escucharon aviones desarmando tormentas. Este testimonio se repite una y otra vez; es una realidad innegable que está transformando el clima y la vida de toda una región que depende de las lluvias.

Este año, las y los vecinos de Ancasti fueron testigos de la formación de grandes tormentas. Mientras localidades vecinas sufrían temporales, como en Capayán y Fray Mamerto Esquiú, en Ancasti, entre los truenos, se escuchaban los motores de los aviones, y las tormentas desaparecían, a veces sin caer ni una gota de agua, y otras veces con lluvias extremadamente escasas. El panorama de este verano ha sido desolador: ríos completamente secos en plena temporada de lluvias, los cultivos reducidos a pequeñas plantas por la falta de humedad, o campos completamente agrietados y áridos. Los balnearios naturales que se forman en la temporada turística dejaron de existir, afectando gravemente la economía regional. Además, los cortes de agua también se hicieron presentes este verano, obligando a muchas localidades serranas a depender de camiones cisterna que recorren grandes distancias para entregar agua.

La manipulación del Clima: una realidad innegable

La manipulación del clima se produce en diferentes escalas globales. En nuestro país, se ha llevado a cabo principalmente a través de la siembra de nubes con el supuesto objetivo de mitigar el granizo. Esta técnica consiste en introducir yoduro de plata en las nubes, con el fin de reducir el tamaño de las gotas de lluvia y evitar la formación de granizo. En Mendoza, por ejemplo, el Sistema de Mitigación de Granizo ha empleado esta práctica durante décadas, dispersando el yoduro mediante aviones y generadores terrestres. Aunque algunos agricultores consideran que ha ayudado a proteger sus producciones, la efectividad a largo plazo es cuestionada. Además, existe preocupación por el posible impacto ambiental, ya que las intervenciones podrían estar alterando los ciclos naturales de lluvia y acumulando compuestos no deseados en los ecosistemas.

Cecilia Sustersic es Licenciada en Comunicación Social y docente en la Provincia de San Luis, especialista en Ambiente y Geoingeniería e integrante de la organización CLAMA (Cielos Limpios en América Monitor Ambiental), para ella, “empresarios agrícolas, mineros y otros sectores económicos recurren a estas herramientas para adaptar el clima a sus necesidades, lo que agrava la desigualdad y profundiza el impacto en comunidades vulnerables”. CLAMA es un movimiento integrado por personas de diferentes partes del país, y que trabaja en conjunto con organizaciones internacionales. Sus integrantes, que desde el año 2009 investigan y denuncian la manipulación climática, están acompañando a las comunidades afectadas de Argentina, especialmente en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.

Una posibilidad ante tanto yoduro

En otras provincias como San Juan y San Luis, se han implementado leyes que regulan o prohíben la manipulación artificial del clima, especialmente en lo que respecta a la siembra de nubes y el uso de cañones antigranizo.

En mayo de 2024, la Legislatura de San Juan aprobó una ley que suspende por 30 meses el uso de cualquier técnica destinada a alterar artificialmente el ciclo hidrológico durante las etapas de condensación y precipitación. Antes de esta ley, el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo (MIPAC) expresó su preocupación ante los legisladores sobre el uso de tecnologías como los “rompetormentas”, que alteraban las precipitaciones en favor de ciertos intereses agrícolas, afectando a pequeñas comunidades y sus producciones.

En noviembre de 2024, San Luis también promulgó la Ley IX-1148, que prohíbe el uso de cualquier técnica, actividad, mecanismo, sistema o tecnología destinada a alterar o modificar artificialmente las fases atmosféricas del ciclo hidrológico, especialmente durante las etapas de condensación y precipitación. 

Estas leyes se lograron gracias a los esfuerzos articulados de las agrupaciones vecinales y comunidades que, hasta el día de hoy, siguen resistiendo para proteger los cielos limpios. Con este antecedente, en 2024, los habitantes de los Departamentos de Ancasti y Portezuelo, en Catamarca, llevaron a cabo un extenso monitoreo de sus cielos y denunciaron ante la Policía Aeroportuaria de Catamarca la presencia de aviones en la región en momentos previos a una precipitación, que luego fue desarmada. En ese contexto, realizaron un pedido de información, pero hasta el momento no han obtenido respuestas.

Con la sequía en la Sierra de Ancasti cada vez más acuciante, vecinas y vecinos organizaron dos charlas informativas junto a la Licenciada Cecilia Sustersic, programadas para los días 28 y 29 de marzo en la Villa de Ancasti y Anquincila. Estas reuniones surgen con la urgencia de abordar de manera colectiva las alternativas para enfrentar esta grave problemática y evitar que las lluvias continúen siendo interrumpidas.

La situación en la Sierra es crítica, con un impacto que va más allá de lo local. La falta de lluvias y la disminución de las reservas de agua ponen en riesgo el acceso al agua potable en ciudades como Icaño y Recreo, que dependen directamente de las cuencas hídricas de la región. Ante esta realidad, es fundamental que las comunidades se informen, se organicen y actúen de manera colectiva. La manipulación climática es una realidad y forma parte de la serie de extractivismos que azotan nuestros territorios. Despojar a los pueblos del agua, interrumpiendo sus lluvias, es parte de una agenda de saqueo y entrega. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir las comunidades antes de que sus ríos se sequen por completo? Es urgente frenar este avance, encadenado como siempre a un sistema que agota los recursos vitales, la tierra y el agua.

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Por Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Nadia Fink | Fotos: Lizbeth Hernández, Mariano Dalaison y Pepe Mateos

En cada crisis, en cada represión, en cada escenario de injusticia, la pregunta es la misma: ¿quiénes nos cuidan? Y, al mismo tiempo, ¿quiénes son los que ejercen la violencia?

Nos quieren hacer creer que la violencia está del lado de quienes protestan, de quienes cortan una calle, de quienes cubren sus rostros, de quienes llevan una bandera de su club. Pero los hechos muestran otra cosa: la violencia es estatal. El cuidado es popular.

El miércoles, en la Plaza Congreso, lo vimos con brutal claridad. La represión feroz desatada contra jubiladas y jubilados que se movilizan contra el ajuste se convirtió en una cacería indiscriminada. Pero no estaban solos ni solas. Hinchas de distintos clubes de fútbol llegaron para sostener la lucha, para gritar junto a ellas y ellos que una jubilación de 290 mil no alcanza para vivir. Antes de que la marcha pudiera siquiera consolidarse, la policía arremetió con gases, palos y balas de goma.

En medio de ese humo, en medio de la brutalidad, hubo quienes se quedaron, quienes pusieron el cuerpo para resistir y cuidar. Son los conocidos de siempre.

Nos repiten que los encapuchados son los violentos, que los piqueteros generan caos, que las hinchadas son el problema. Pero quienes estaban reprimiendo no eran ellos. Eran las fuerzas federales que responden al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich. Eran las mismas que en cada movilización cargan contra el pueblo, las mismas que golpearon a una mujer de 87 años y la dejaron tirada, las mismas que dejaron en coma a un fotógrafo con una granada de gas lacrimógeno.

Es urgente disputar la narrativa. Porque la violencia no está de este lado. Porque quienes cuidan son les que ponen el cuerpo.

Genealogía del cuidado: de Fuentealba a Darío y Maxi

Pablo Grillo hoy podría estar muerto, aunque su pronóstico continúa incierto. Le dispararon una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, como a Carlos Fuentealba en 2007. Pero sobrevivió porque alguien corrió a auxiliarlo en los primeros segundos. Un encapuchado lo sacó de la línea de fuego, lo estabilizó, sostuvo su cabeza y acompañó hasta que pudiera recibir atención médica en el hospital Ramos Mejía.

Lo registró Pepe Mateos, el mismo fotógrafo que en 2002 capturó la imagen de Darío Santillán quedándose junto a Maximiliano Kosteki, en plena masacre de Avellaneda. La policía los cazaba; Darío no huyó. Se quedó para intentar salvar a Maxi y lo mataron por eso.

Sus manos intentando parar las balas son íconos de toda una generación militante.

Nos repiten que los encapuchados son violentos, pero en los momentos críticos son quienes ponen el cuerpo. Nos dijeron por más de tres décadas que los movimientos piqueteros eran el problema, cuando fueron y son quienes organizan la resistencia contra el hambre y la miseria. Nos quieren convencer de que las hinchadas son el enemigo, cuando son quienes estuvieron ahí el miércoles, defendiendo a las y los jubilados, enfrentando la represión.

La policía dispara. La calle cuida.

Así en la plaza como en el tablón

Imaginemos que María Elena Walsh nos susurra al oído una canción: “Vamos a ver cómo es el reino del revés”, mientras volvemos a ver, en un loop obsesivo, las imágenes de la represión de ayer. Ahora dejemos de imaginar, porque ya estamos ahí.

La jornada de protesta prometía ser masiva. La convocatoria de hinchas, que comenzó con Chacarita el miércoles pasado, creció con fuerza. La presencia de distintos clubes anunciaba una foto histórica: hinchas de equipos rivales, juntos, defendiendo a las jubiladas y los jubilados. Pero el gobierno decidió que esa imagen no debía existir. Como tantas veces en la historia, el operativo represivo fue preventivo: romper, pegar y dispersar antes de que la protesta se consolidara.

Con la tragedia de Bahía Blanca aún resonando y la solidaridad de todo el país volcada en las calles, se hubiera pensado que el gobierno evitaría otro escándalo generado motu proprio. Pero adictos a la atención eligieron la represión. Y, con la complicidad de las empresas de comunicación, instalaron un escenario de combate contra un enemigo fabricado: “los barrabravas”.

Argentina es un país donde el fútbol mueve multitudes, donde las hinchadas son comunidades enteras. Es cierto que las barras bravas se vinculan con los poderes políticos y policiales, que controlan negocios turbios y que, incluso, han sido infiltradas por el narcotráfico. Pero la hincha y el hincha son otra cosa.

Y de eso se pobló la plaza y las inmediaciones del Congreso ayer: de amor a la camiseta, de deseo de comunidad y de tolerancia. Pero también de quienes saben, desde siempre, lo que es la represión. Porque la violencia policial en el fútbol no es nueva. Desde la “maldita policía” de los 90, que armaba cordones montados para bastonear al azar, hasta el asesinato de hinchas en las tribunas mientras inventaban junto a sus socios políticos un enfrentamiento entre equipos.

Hoy, con el público visitante prohibido, la represión sigue en los estadios, contra hinchas y familias que solo quieren ver un partido. Por eso, ¿cómo no iban a estar en la plaza defendiendo a las jubiladas y jubilados si conocen en carne propia la violencia policial?

Las genealogías de resistencia y solidaridad se entretejieron ayer. Cantaron y se abrazaron más allá de sus camisetas solo un rato. Hasta que todo fue humo, gas pimienta y cacería despiadada.

¿Y si las capuchas fueran feministas?

Las capuchas tienen una historia. Nos quieren hacer creer que son sinónimo de delito, de caos, de peligro. Pero, en realidad, son símbolo de resistencia y protección.

Encapuchadas fueron las que resistieron al terrorismo de Estado, en la clandestinidad, en las brigadas internacionalistas. Encapuchadas fueron las trabajadoras que tuvieron que ocultarse para no ser despedidas por sus ideas políticas. Encapuchadas fueron las Madres y Abuelas que se cubrían para seguir buscando a sus hijxs sin ser identificadas.

Encapuchadas son las que sostienen los cordones de autocuidado en las marchas feministas, las que organizan la seguridad en las manifestaciones, las que enfrentan la represión protegiendo a otras. Las que trascienden fronteras.

Nos dicen que la capucha es violencia, pero el miércoles, como tantas veces, la capucha fue cuidado.

Lo que pasó en la Plaza Congreso no fue un hecho aislado. Es parte de una historia más grande, de una disputa por el sentido de la violencia y el sentido del cuidado. Quedó claro: quienes luchan son quienes sostienen la vida.

Que en este país, la policía nos mata y la calle nos salva.

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Por Jenny Durán* | Foto: Cobertura Asamblea Antifascista Antirracista LGBTIQNB+

Para analizar el concepto de confianza el sociólogo alemán Niklas Luhmann -referente indiscutido de la teoría de los sistemas-, describe que en las sociedades complejas la confianza es un estado presente con miras hacia el futuro. En sus palabras, la política como sistema, toma una problemática externa (económica, ambiental, etcétera) para traducir ese “ruido” dentro de su propio código y devolverlo como credibilidad o desconfianza al propio sistema, según la acción que de desarrolle, en tanto esa acción disminuya o no la certidumbre en el futuro.

Acontecimientos como el que comenzó a conocerse el viernes pasado y que tiene como protagonista al presidente del país, traen este concepto que para la política es clave en términos de gobernabilidad, orden o caos. Luhmann también afirma que no se puede confiar en el caos. Y claro que estos acontecimientos vienen demostrando que Argentina vive un momento de gran cuestionamiento social hacia. Y si de sistemas hablamos, traemos a estas líneas el binomio gobierno/oposición. Ésta última llegó a serlo por el alto grado de desconfianza que reflejaba. Entonces las mayorías prefirieron al distinto, a quien tras triunfos legislativos, bravuconadas en Davos, se intenta posicionar como referente de la derecha a nivel mundial y la imposición cotidiana de su propia agenda hace aparecer un cisne negro.

Tal como lo describe el trabajo realizado por la consultora Zuban Córdoba, a partir de la publicación del presidente Javier Mil3i en la red social X que hace explotar el Criptogate. Un estudio realizado con la urgencia del caso, entre el 18 y 19 de febrero, contempla una muestra de 1.200 casos, a partir de un cuestionario estructurado mediante llamadas telefónicas y respuestas por mail. La consultora adelanta que aún es difícil dimensionar la crisis política desatada, pero los principales resultados del estudio nos dicen que el 87,9% de los encuestados escuchó sobre el tema y el 67% acuerda que se trata de la mayor crisis del gobierno.

El trabajo también muestra que el 83% de los encuestados refieren que Mil3i debería actuar como presidente y no como un influencer, siendo que el 56,4% está en desacuerdo con que actuó como ciudadano desde su cuenta personal, (la cual es una cuenta institucional, en tanto pertenece a un presidente de la Nación).

Los participantes afirman en un 59,9% que hubo estafa a los inversores que compraron $Libra, promocionada por Milei. El clivaje de género dio la nota sobre esta pregunta, un 62,6% de mujeres respondieron afirmativamente, los varones consultados un poco menos, el 56,7%. En todos los rangos etarios la mayoría coincide en que sí hubo estafa, entre el 54 y 60%, fue la variación.

Varios consultores opinaron que el abordaje sobre la crisis política desatada fue defectuosa. Volviendo a Luhmann, ninguna acción del gobierno se traduce en certidumbre. Lo cual, en términos de tiempo, la credibilidad sobre el gobierno puede ir disminuyendo. Además, las denuncias contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por el cobro de coimas resquebraja el binomio que conforma junto a su hermano. Y si de grupalidades hablamos, la santísima trinidad de la que Santiago Caputo es el otro vértice, también se resintió tras la entrevista con Viale.

Al respecto, los resultados de la encuesta muestran un 54,3% cree que la hermana del presidente recibió coimas. Por otra parte, un 81,8% opina que el periodismo político de nuestro país es poco confiable.

Actualmente, conceptos como creer o confiar parecen resignificar solo en términos negativos cuando hablamos de instituciones. Aun así, un 41,5% cree que el denominado criptogate lo debería investigar el poder judicial y el 33.3% el Congreso de la Nación, mientras que la propuesta del propio Milei, de ser investigado por la oficina anticorrupción, que depende de él mismo, sólo obtuvo un 10,3% de acuerdo y un 10,2% cree que no debe ser investigado por nadie.

Los datos tomados al calor de la sucesión de hechos a cada minuto abren nuevas crisis. La reacción del gobierno que en un principio pensó que no iba a pasar nada porque “la gente común no entiende nada de las criptomonedas” o, que esto se solucionaba con una entrevista operada responde a su visión de mundo volátil, virtual, en que hay una hoja de ruta trazada en una app de cálculo. La realidad tangible nos deja jubilados gaseados, presos por protestar y una desconfianza que puede transformarse en amplio rechazo, lo que en el barrio llamamos “picada de boleto”.

Faltan ocho días para que el presidente inaugure las sesiones ordinarias del Congreso; un escenario montado para tomar la temperatura y ver si el gobierno sigue echando culpas ajenas o poniéndose como víctima al enunciar que desconocía los pormenores de la meme moneda, ambas tácticas erróneas que pueden explicar esta situación. Aun así, los elementos catalizadores que empujan al gobierno hacia la ruptura del contrato con los votantes están lejos de las instituciones. No solo porque no se vislumbran estrategias claras en la oposición legislativa, que rechazó la creación de una comisión investigadora en el Senado y los proyectos de juicio político no tienen cauce en una parte de la oposición para que prospere.

Lo que sí aparece claramente es la resistencia en la calle, habiendo conceptualizado a este gobierno como fascista, lo cual también ayuda a construir estrategias que nos permitan llegar a otras certezas que mejoren la situación cotidiana. Es cuestión de tiempo y acción política.

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Por Redacción Marcha | Foto portada: Julianite Calcagne

El 23 de enero de 2025 desde el atril del Foro Económico de Davos, en Suiza, el presidente de la Argentina Javier Mil4i emitió un discurso que agredió a poderosos inversionistas y a los pueblos del mundo. Sus palabras, necias y sobregiradas, consiguieron su objetivo e instalaron al mandatario antiderechos como un enemigo global. 

Esa misma noche, desde la glorieta del Parque Lezama, en Buenos Aires, activistas de la comunidad LGBT+ realizaron un análisis colectivo del contexto y convocaron a una asamblea que, 48 horas después, reunió a más de 5 mil personas bajo la bandera antifascista. Allí decidieron la realización de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTIQNB+ el 1 de febrero en todo el país. 

Le siguió la historia en acción: debate para la unidad política y organización territorial. Las asambleas feministas abrazaron las resoluciones de la comunidad y definieron en el país y en el exterior 200 convocatorias con la adhesión de 800 organizaciones. Un mapamundi de fueguitos encendidos donde antes hubo miedo o indignación. 

Es que, como publicamos desde Marcha en “Un llamado a la desobediencia narrativa”, cuando el jefe de Estado con el monopolio del uso legítimo de la violencia incurre en discursos de odio, es una amenaza institucional que pone nuestras vidas en riesgo. Y ya aprendimos que ninguna agresión patriarcal debe quedar sin respuesta. 

Porque a contramano del versito para redes sociales sobre el respeto irrestricto a la libertad, la opresión de quienes históricamente detentaron el poder y delinearon las instituciones recayó sobre las mismas: las olvidadas, las silenciadas, las clandestinas, las travas pobres, les no binaries. Para elles no hubo ministerios ni privilegios; solo una vida de lucha en el corazón de las calles y de los pueblos.

La amenaza fascista, la construcción de un “otro” y las ansias de destrucción de la comunidad –que son discurso y política económica de extermino de este gobierno–, se evidenciaban desde comienzos de 2023. El año electoral que construyó como opción popular a un panelista de TV ante la ausencia de candidaturas reales que representaran al pueblo organizado por parte de los partidos políticos tradicionales.

“Somos estéticamente superiores”, concluía una draga en la última asamblea LGBTIQNB+ en Parque Lezama. Había coordinado la comisión de performances rumbo a la marcha y micrófono en mano leía los acuerdos de la misma forma que organiza la supervivencia en el día a día. 

¿Cómo fue posible tanta organización en tan poco tiempo? Es más simple de lo que parece: sabemos hacerlo desde hace tanto que sólo bastó una amenaza para activar todo eso que supimos conseguir y que no dudamos en defender.

Además, también somos políticamente mejores.

Sacudir la historia

Y es que nuestra historia está ahí. Nos late. La antigua, sí, pero también la reciente. En nuestro país hay una larga tradición de resistencias ante la ultraderecha y el terrorismo de Estado, pero la marcha del sábado inauguró un pacto colectivo al levantar por primera vez una declaración de orgullo antifascista, antirracista y LGTBIQNB+. 

Detrás de esa bandera, una multitud marchó una tarde de sábado en pleno verano con una sensación térmica que, en la Ciudad de Buenos Aires, levantaba el calor del asfalto de la Avenida de Mayo pero también la cantidad de cuerpos que caminaban, bailaban, gritaban y cantaban. 

Desde jubiladxs; trabajadorxs de la salud que fueron despedidxs del Hospital Bonaparte por el vaciamiento planificado por el gobierno; la bandera de Palestina en alto para denunciar y exigir el fin del genocidio; trabajadorxs y organismos de Derechos Humanos que luchan para impedir el cierre de los espacios de memoria; hasta aquellos gremios que nunca imaginamos que podrían acompañar una declaración de orgullo antifascista y antirracista impulsada por la comunidad LGTBIQNB+.

Esa mixtura de luchas que encontró su unión ante la amenaza real y la idea de la imposición de un nuevo desorden mundial tiene, también, sus orígenes ancestrales. Cuando hablamos de ancestralidad solemos pensar en antepasadas remotas, en comunidades antiguas. Son las que nos traen toda esa información que se nos despierta de golpe, que nos enciende la chispa. Pero también hay una un poco más cerca: somos las ancestras de las nuevas generaciones. 

En este 2025 se cumplen 20 años de la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una consigna que empezó en susurro y terminó siendo ley y construyendo una popularidad de millones en las calles; se cumplen 10 años del primer Ni Una Menos que nos empujó a las calles y nos hizo plantar la palabra feminismo en cada pedacito de la tierra toda. En diciembre fueron 24 años de aquel estallido de 2001 donde las travas llegaron a Plaza de Mayo cargando toda la experiencia de la lucha contra los edictos policiales y esos abrazos eran retribuidos con el calor del pueblo. Son sólo algunos de los ejemplos de nuestra historia cercana, donde la defensa, en definitiva, es la misma: por el derecho a la decisión y la libertad de los cuerpos y sentires. 

Antifascismo para vivir

Desde luego, no pensamos que el fascismo –como tampoco otro momento de la historia– puede repetirse como un calco. Sabemos que hay continuidades y adaptaciones de época de parte de un poder cuyo objetivo es acumular y concentrar riqueza aunque eso le valga la vida a la mayoría. Hoy el brutalismo neoliberal se expresa a escala global con estrategias ideológicas y económicas que disuelven cualquier análisis posible y cuentan con lo efímero de la comunicación para obviar justificaciones y bases que sustentan su accionar. 

Así, el genocidio en Palestina, el plan de exterminio de quienes no entren en el modelo rancio de heteronormatividad, la violencia estigmatizante a quienes apuestan a migrar para sobrevivir, la aniquilación de los territorios y las comunidades indígenas, son algunas de las aberraciones hoy expuestas al mundo sin eufemismos. 

En Argentina, el imitador del poder central resolvió las propias políticas de ajuste –es la economía, estúpidos– para financiar el recorte a costa de los haberes de las jubilaciones, pero también dejar sin protección a víctimas y sobrevivientes de femicidios, pretender sacar del Código Penal la figura de femicidio, terminar la Educación Sexual Integral, dejar a miles de personas sin acceso a medicación oncológica, vaciar la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis y Tuberculosis al despedir al 40% del personal, entre otras medidas. 

Frente a tantos ataques, el pueblo tomó un término que pocas veces se popularizó tan rápidamente: se trata de fascismo y, entonces, el tiempo es ahora para anteponer el cuidado de la vida que las políticas del gobierno están poniendo en riesgo. 

Después de un 2024 donde las luchas parecían separadas porque una de las estrategias del gobierno nacional fue emitir una política de despidos o de represión fragmentada, podemos decir que un 25 de enero de 2025, desde la plaza rebautizada Néstor Perlongher, salió una proclama de orgullo antifascista, antirracista y LGBTIQ+ para Argentina y el mundo. 

En una semana la señal de alerta se activó y volvimos a sentir aquello de lo que somos capaces cuando estamos juntxs, aun cuando el discurso hegemónico vende un mercado que no solo no es libre sino que no libera, por el contrario, oprime y reprime. Estas banderas se levantaron y ya no se pueden bajar. Caminarán hacia la organización del 7, 8 y 24 de marzo. 

Será una bandera plena de colores y derechos. Pero no será ingenua: el baile, la música, los tambores, las plumas y los abanicos son elementos de resistencia, pero también de goce. Es ese tejido invisible (y no tanto) que nos lleva de generación en generación y de punto del mundo a otro a marcar los límites necesarios ante la sensación de peligro pero también, y siempre, a destellos del mejor de los disfrutes. 

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Por Andhes (*) | Foto: Maira López

Sobre el DNU: ni necesidad ni urgencia 

Cuando hablamos de comunidades indígenas, las razones de necesidad y urgencia y el uso indiscriminado de DNUs nunca estuvo a favor de la ampliación de derechos. No es urgente ni necesario derogar una ley que, si bien lleva muchos años, tiene la finalidad de brindar cierta seguridad jurídica a las comunidades indígenas, quienes desde la instauración del Estado Nación son las que en realidad se encuentran en una constante inseguridad jurídica y lo vienen manifestando como tal. Partimos de una noción de sentido común donde derogar no resuelve los derechos de nadie, sino que evidencia la falta de mecanismos de gestión de esa conflictividad cuando ciertos derechos entran en tensión, complejidades que son propias de un estado federal e intercultural. 

Esta utilización del lenguaje de derechos no se corresponde con la construcción normativa armónica dentro de un sistema demócratico. Con esta derogación, se corre el riesgo de que esta conflictividad, típica de un Estado con diversas naciones y culturas, se aborde sin tener en cuenta la vulnerabilidad por la que atraviesan las comunidades indígenas,y desconoce la responsabilidad Estatal en relación a la posición de desigualdad en la que se encuentran frente a la propiedad privada y a los intereses que esta protege.

Sobre el derecho a la propiedad y los derechos absolutos 

Por otro lado, los derechos no son absolutos, por lo cual no es argumento razonable ni legítimo, en nombre de la propiedad privada, vulnerar otros derechos como el de la propiedad comunitaria y el derecho a la vida digna de los pueblos indígenas. En ese sentido, si bien las condiciones para restringir derechos están en los considerando de la derogación, no queda claro cuáles son los criterios que se utilizan para respaldar unos derechos y abandonar otros. El decreto que deroga la única protección que tenían las comunidades indígenas hasta hoy, cuando establece su restricción en base a los criterios de legitimidad, proporcionalidad, razonabilidad, contradice lo que en niveles normativos y jurisprudenciales se viene sosteniendo en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Este decreto, de esta forma, tira por tierra toda la construcción normativa respaldada por acuerdos y compromisos internacionales que asumió el Estado y, a la vez, refuerza la discriminación y la vulneración histórica de derechos de los pueblos indígenas.

El artículo 17 de la Constitución Nacional (referido a la protección de la propiedad privada), que menciona en los considerando el decreto, tiene que ser leído e interpretado de manera integral con los articulados de nuestra carta magna. Ese artículo se interpreta en relación al 75 inc. 22 por el cual nuestro Estado incorpora los tratados de derechos humanos y le otorga jerarquía constitucional y, en ese sentido la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos), mediante la interpretación evolutiva de su art. 21, también referido a la propiedad privada, otorga la misma protección jurídica a la propiedad comunitaria indígena. Por lo tanto, ambas tienen la misma protección constitucional.  

De hecho, la Corte IDH viene sosteniendo que la propiedad comunitaria indígena, es la que debe prevalecer en un conflicto de tensión de derechos, ya que los derechos territoriales de los pueblos indígenas están basados en su relación especial con la tierra, territorios, bienes naturales y culturales, necesitan de ellos para su supervivencia como tal. Estas tierras son esenciales para su identidad cultural, su forma de vida y su subsistencia, por lo que tienen un valor que trasciende lo material. Los pueblos indígenas han sido históricamente marginados y despojados de sus tierras. Reconocer y proteger sus derechos busca corregir estas injusticias históricas y garantizar un trato igualitario. Instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos, y establecen que estos derechos tienen un carácter colectivo que debe ser respetado. En el actual contexto de crisis climática, los territorios comunitarios suelen tener un papel crucial en la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Al priorizar los derechos indígenas, no solo se protege su cultura, sino también los ecosistemas que benefician a toda la humanidad.

Atraer inversiones a costa de cualquier consenso “democrático” y “legítimo”

Entre los argumentos para la derogación, el gobierno pone foco en “atraer las inversiones necesarias”, y pondera el derecho de propiedad privada para garantizar la estabilidad económica y atraer inversiones. Como adelantamos más arriba, este derecho no puede ser considerado absoluto, más bien, debe coexistir y equilibrarse con otros derechos igualmente importantes, como los derechos colectivos de las comunidades indígenas y los principios de justicia social. En otro orden de ideas las metas económicas no deben ser argumento para desandar consensos legales necesarios para vivir en sociedad. 

Esto trasciende a la problemática que atraviesan las comunidades indígenas, estamos frente a un debate democrático ya que en una sociedad plural, los derechos individuales, como la propiedad privada, deben ser armonizados con los derechos colectivos y sociales. En este caso, los derechos territoriales de los pueblos indígenas tienen una base constitucional e internacional, lo que les otorga un nivel de prioridad en contextos específicos. Por otro lado, la protección de los derechos de las comunidades indígenas no solo es un acto de justicia histórica, sino también una medida que beneficia al interés general. Las tierras indígenas suelen ser esenciales para la biodiversidad y el desarrollo sostenible, lo que tiene repercusiones positivas para toda la sociedad.

Sobre bienes naturales 

Las comunidades indígenas vienen exigiendo la participación en la gestión y decisión en relación a los bienes naturales. En este sentido, existen mecanismos como la consulta y el consentimiento libre, previo e informado que tienen como fin establecer un diálogo democrático e intercultural entre las partes involucradas en acciones, medidas legislativas o administrativas, proyectos o programas que de alguna forma afecten a sus derechos. Los gobiernos locales deberían estar ocupados en establecer y poner en práctica medidas que tengan como objetivo cumplir con el mecanismo de la consulta libre, previa e informada de manera respetuosa a la hora de promover acciones destinadas a gestionar los recursos naturales. 

Sobre el carácter declarativo de las personerías jurídicas 

En relación a la “sucesivas  inscripciones” de comunidades indígenas que hace mención el decreto, no es más que el ejercicio del principio de autodeterminación y el derecho de autopercepción. El otorgamiento de la personería jurídica y su inscripción no es constitutiva sino declarativa de derechos. El Estado, mediante los registros creados para la inscripción, no es quien define y decide quiénes son o no indígenas o quiénes pueden o no ser conformadas como comunidades indígenas, la potestad del Estado, en ese sentido, es declarativa y no constitutiva de derechos. 

El hecho de que hayan aumentado la cantidad de comunidades indígenas inscriptas no significa un uso abusivo de derechos sino una realidad intercultural dinámica, un Estado que en la práctica institucional reconoce y garantiza derechos. El cómo lleva adelante esta tarea es un debate en el que podemos participar todas y todos, e incluso en el que deben participar las comunidades indígenas y no mirar desde lejos cómo se regresiona en sus derechos sin haberse saldado la cuestión territorial fundamental de fondo y sin haberles consultado.  

Además, antes del surgimiento de nuestro Estado como tal, las comunidades indígenas existían, antes incluso que nuestro derecho constitucional. El recorte temporal que hace el DNU entre sus considerando indicando 17 años de vigencia de la emergencia y las sucesivas inscripciones que se llevaron a cabo, es un recorte sesgado en relación a la dimensión de la reparación histórica pendiente hacia los pueblos indígenas. 

El reconocimiento de la identidad cultural es un proceso dinámico e histórico. Muchas  comunidades indígenas empezaron sus procesos de reconstrucción y reorganización en virtud de que hace poco tiempo se reconoció su pre-existencia en los marcos normativos y, en ese sentido, el Estado se encuentra obligado a tal fin. Argentina reconoció la pre-existencia indígena recién en 1994.

Los pueblos y comunidades indígenas han existido mucho antes de la formación del Estado argentino. Desde su constitución, este Estado ha intentado forjar una ciudadanía y una patria que invisibiliza la realidad indígena. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, y a pocos días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llame a la Argentina “a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas”(1), el Boletín Oficial ha publicado la derogación de una ley que, aunque de manera vaga, intentaba reconocer la existencia, la posesión y el derecho a una vida digna para las comunidades indígenas, que también han contribuido a la construcción de esta patria. Una vez más, el Estado argentino pretende que los pueblos indígenas sacrifiquen sus cuerpos, su tierra y su identidad para edificar un “país sin indios”.

1) CIDH, 4 de diciembre del 2024, Argentina: CIDH llama al Estado a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas

(*) Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

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