A pocas semanas de las elecciones generales, el gobierno apunta a consolidarse en el marco de políticas regresivas.

El gobierno de Cambiemos salió fortalecido de las PASO, pues -de repetir la performance en octubre- se ubicaría como primera minoría en el Congreso y habría logrado expandir su alcance en las provincias, de la mano de variopintas alianzas. Todo esto en un contexto de persistente confrontación social: ya fue un éxito como no-derrota. Esta evaluación se sostiene incluso con el resultado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que el kirchnerismo blando busca estructurar bajo su liderazgo al resto del peronismo y a algunas fuerzas de centro-izquierda. El gobierno leyó esta situación con júbilo, pues le permite pensar en la continuidad de su proyecto político regresivo. Esto no era un dato antes de agosto, y constituye una novedad: según parece, el “gradualismo” del ajuste, criticado por la derecha más rancia, ha servido para ganar cierta gobernabilidad.

El mejor paralelo histórico disponible para comprender la actual deriva es el menemismo (1989-1999). Al igual que entonces, el candidato ganó con una fuerte dosis de demagogia y en el gobierno lleva adelante un proyecto social regresivo, de carácter neoliberal, todo esto logrado dentro del régimen democrático-procedimental, es decir, sin recurrir a una dictadura. Ahora bien, sobre este paralelo general, es necesario buscar precisiones que lo distingan. Lo que sigue son apenas notas preliminares en este sentido.

Proyecto pensado

En primer lugar, es importante remarcar que Cambiemos no asume en el contexto de una crisis previa. Cualquier indicador de recesión de 2015 no se compara con la larga década de estancamiento y los brotes de hiperinflación que cerraron los ’80. El miedo y la angustia del pasado inmediato no sirven de extorsión para validar cualquier medida. La denuncia de la corrupción ligada al gobierno previo tiene patas cortas, porque el actual gabinete está muy complicado. Por solo referir algunas manchas ilustres, están los Panamá Papers, Braun negociando precios minoristas con su propio tío, Aranguren y equipo aplicando un tarifazo que favorece los negocios de las empresas donde trabajaban o eran accionistas, Caputo y el equipo del ministerio de Finanzas colocando deuda a través de sus bancos, Macri condonándose a sí mismo la deuda del correo o subiendo los peajes a su propia concesionaria. La corrupción como potestad kirchnerista solo se sostiene por el blindaje mediático.

El segundo punto es que este proyecto -a diferencia de los ’90- no se da en el marco de una euforia global de reformas. El contexto actual es de una larga crisis irresuelta, que estalló en 2008 y mantiene al mundo creciendo poco, y la falta de un orden global consolidado bajo un claro liderazgo (como ejerció EEUU en aquella década). Las potencias apoyaron inicialmente a Macri, pues lo veían como la cabeza de playa de un “giro a la derecha” por la vía democrática (el voto, al menos) en la región. Pero esto no trasuntó en mayores concreciones materiales, debido por un lado a las dificultades para avanzar en el “giro” regional (derrota de Lasso en Ecuador, estancamiento de la situación venezolana), y por otro a las propias crisis de los países centrales (UE aún lidiando el Brexit y EUA con permanente cuestionamiento al gobierno).

Un tercer punto es que, aunque la agenda de reformas neoliberales es semejante, tiene el problema de que la mayoría de ellas ya fueron hechas, y solo escasamente revertidas. Esto hace que no haya un “golpe de efecto” de las reformas: no hay regalos tentadores, como el conjunto de las empresas públicas, que sirva para atraer la inversión y validar el modelo. Esto no significa que no existan negocios posibles (tenencias accionarias en manos de ANSES, rutas aéreas, etc.), sino que no alcanzan para mostrar contundencia. La liberalización de la cuenta capital y la apertura comercial fueron un hecho en el primer mes de gobierno, desmontando de un plumazo los escasos controles establecidos.

Los cuatro ejes de reformas económicas por los que el gobierno busca avanzar son la flexibilización laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria y la agenda internacional del libre comercio (en rigor, la consolidación del derecho corporativo). De allí el apremio por firmar TLCs (hasta ahora esquivos) y lograr ser sede de negociaciones multilaterales (OMC en diciembre y G20 en 2018). Los 4 ejes están ya en marcha, debatiéndose tras bambalinas o incluso públicamente.

De conjunto, el gobierno no ha logrado inflingir todas las derrotas que esperaba sobre las clases populares, aunque ha tenido algunos éxitos. Entre otros, se puede mencionar que -gracias a la inflación- redujo en términos reales los salarios, las prestaciones sociales (AUH) y las jubilaciones, precarizó algunos convenios laborales (automotrices, petroleros, construcción), logró un recorte en el sistema de ciencia y técnica, hizo realidad el absurdo blanqueo de capitales (que benefició al propio staff de gobierno), el pago a los fondos buitres, el tarifazo (aunque en cuotas, en lugar de ser súbito como buscaban), y ha desmontado o amenazado con hacerlo algunos programas sociales (quita de remedios en PAMI, los subsidios a discapacitados o las becas a universitarios/as, por ejemplo). En este sentido, se despega de la contundente derrota inflingida por Menem en sus primeros años de gobierno.

Habiendo realizado una parte sustancial del ajuste en 2016, el gobierno ha puesto en marcha un esfuerzo de obra pública para impulsar el pequeño rebote económico en año eleccionario. Los sectores más beneficiados por la política económica, como el agro o la minería, se muestran incapaces de traccionar al conjunto del PBI y menos aún la contratación de fuerza de trabajo. Pero todo esto alcanza para dilatar el debate, promoviendo la idea de una recuperación en ciernes (los “brotes verdes”), mientras pasan las elecciones. Sin embargo, hasta el momento, todo este tenue rebote y las finanzas públicas está dependiendo directamente de la toma de deuda.

Vale señalar que hay una parte de la sociedad que está avalando este rumbo, que incluso se ha movilizado expresándolo en abril de este año. Algunos son presa de engaños de la posverdad, y otros solo confundidos por el bombardeo de desinformaciones, pero también hay una parte que avala con conciencia lo que se hace. Por la vía que fuera, el gobierno ha sistemáticamente instalado algunos elementos ideológico-políticos de la derecha, incluyendo la relativización del Terrorismo de Estado (en boca de ministros, secretarios e incluso el propio presidente), o el culto a la individualidad como garantía de éxito (bajo el discurso del emprendedorismo). Asimismo, se ha aprovechado muy bien del legado consumista de los ’90, para que una parte de la población se sienta a gusto con poder comprar más bienes importados o viajar más asiduamente al exterior (ninguna de ambas cosas era imposible antes). El apoyo del conservadurismo tradicional y el poder económico, claro, lo damos por descontado. Señalar estos rasgos de una minoría social favorable al gobierno no equivale a pronunciarse por una supuesta hegemonía.

El punto de resistencia

El cuarto punto es, justamente, que la experiencia histórica está disponible, y por eso mismo una parte importante del pueblo sabe de qué se trata esto, y no se deja engañar por consignas vacías. En este sentido, el acuerdo con la burocracia sindical ha resultado insuficiente, viéndose desbordado más a menudo de lo que gustaría.

Desde su inicio, Cambiemos apareció como una opción menos conciliadora, menos hegemónica, de las fracciones del capital concentrado menos dispuestas a hacer concesiones. Es una expresión político-partidaria de la confrontación del 2008. Por ese motivo, la deriva represiva era un rasgo previsible. El protocolo anti-piquetes, el encarcelamiento ilegítimo de dirigentes sociales (con la figura central de Milagro Sala) y la represión en Cresta Roja fueron hitos inaugurales, consolidada este año con la cruzada contra los docentes, el desalojo de PepsiCo y los sistemáticos hostigamientos a comunidades ubicadas en torno a territorios con recursos valiosos (en especial, por hidrocarburos, litio y soja). En este último caso se enmarca la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Pero el sentido mismo de esta deriva es garantizar un cierto orden, que incluya (sin limitarse a) algunos buenos negocios y un horizonte de previsibilidad (el “clima de negocios”). La movilización sostenida, el uso de diversas redes sociales y medios alternativos para difundir información veraz, la militancia en los lugares de trabajo y en las calles, han mostrado que gran parte del pueblo no está dispuesta a tolerar este rumbo. Y que no acepta además la falsa polarización que reduce todo acto de resistencia a un “complot” kirchnerista: en la acción de resistencia convergen las más variadas fuerzas populares y de izquierda. El poder económico detectó esto, y de hecho ha publicado un comunicado sobre el caso Maldonado pidiendo pronta resolución: comprende que continuar este rumbo está generando más riesgos que garantías.

El gobierno enfrenta en octubre el desafío de consolidarse en la política institucional, para poder avanzar con su agenda de reformas regresivas. Por suerte, la política no se reduce a los votos, y es posible que las formas de resistencia hasta ahora desplegadas pongan coto a la ofensiva oficial. Por supuesto, mejor aún sería avanzar más allá de la resistencia al ajuste.

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Los trabajadores de la Cooperativa Cueroflex ocuparon el Ministerio de Energía. Por el impacto del tarifazo, ya deben tres millones de pesos de luz y más de un millón de pesos de gas.

El micro, que está ploteado con inscripciones del sindicato de curtidores, da vuelta por las cercanías de Plaza de Mayo. Pasadas las 8 de la mañana del lunes 15 de mayo, el chofer agarra la zona del bajo porteño, pasa por el costado de Casa de Gobierno y estaciona sobre la Avenida Paseo Colón. Cuando abre la puerta, bajan los trabajadores. “Cooperativa Cueroflex”, dicen sus camperones.

Los policías advierten el movimiento y cercan la entrada del Ministerio de Energía, pero no logran bloquear el acceso. A los empujones, los operarios entran por la esquina de Alsina y ocupan el hall central. Gritan, aplauden, cantan. La seguridad del lugar cierra las puertas. El ruido de los bombos retumba en cada rincón del gigantesco edificio público.

Jorge Reich, vocero y presidente de la Cooperativa Cueroflex de San Martín, tiene una boleta en la mano. La última factura de luz llegó con una deuda acumulada de tres millones de pesos. La de gas, con un monto por pagar de un millón y medio. “Que este gobierno venga a sacarnos el trabajo, no lo vamos a permitir”, lanza.

“Un Presidente que le saque el trabajo a un trabajador…”

–¿Cuántos trabajadores son en la Cooperativa?

–Ochenta.

–¿Tienen miedo de perder el laburo?

-Ya te dije. Que este gobierno venga a sacarnos el trabajo, no lo vamos a permitir.

–¿Está ocupado ahora el Ministerio de Energía?

-Lo tomamos, nos estaba esperando la policía pero se lo tomamos igual.

A las 10 de la mañana se acuerda una reunión con funcionarios del Ministerio que encabeza Juan José Aranguren. Para representar a los laburantes, suben a las oficinas del organismo Jorge Reich, de Cueroflex, y Eduardo Montes, de Gráfica Patricios. Bajan a los cinco minutos. Evidentemente, fracasó el primer contacto. En diciembre ya se había firmado una resolución que jamás se cumplimentó. “Estos tipos nos están robando, nos venía una boleta de 40 lucas por mes y ahora tenemos una deuda de 3 millones de pesos”, describe Reich.

–¿Qué pasó con la resolución firmada en diciembre?

– Nada. Nada de nada.

–¿Por eso hoy vinieron y ocuparon?

– Y qué vamos a hacer. Un Presidente que le saque el trabajo a un trabajador. Yo no lo puedo entender. No me entra en la cabeza.

–¿Y la boleta de gas les vino con una suba importante?

-Esa vino con carta documento. Debemos un millón y medio de pesos. Estos tipos (el gobierno) están todos locos.

–¿Qué paso recién? ¿Por qué subiste y bajaste?

-Sí, nos atendió un empleado de acá pero no sirve. Todo bien, pero vinimos a ver a Andrés Chambouleyron (Política Tarifaria). Dicen que está en Córdoba. Que venga que lo esperamos.

“Si el pueblo no consume, nosotros tenemos que cerrar igual”

La protesta se mantiene activa adentro del Ministerio. El portón sigue cerrado y varios policías vigilan la zona desde la vereda y los pisos intermedios. Hay varias cooperativas participando del reclamo. Cerca del mediodía, se arma una tregua y se pacta otro encuentro. Desde el gobierno, avisan que Chambouleyron se sentará en la mesa de negociación. “Nosotros somos 147 familias que estamos en riesgo de quedar en la calle”, tira Oscar Huidobro, de Frigocarne Máximo Paz, de Cañuelas.

–¿A ustedes también los afectó el tarifazo?

-Y, claro. Antes la boleta era de 40 mil pesos, y ahora llegó una de 335 mil. Es decir, un 700% de aumento.

–¿Y cómo hacen?

-Pagamos de forma parcial, tenemos voluntad de pago. Pero debemos casi 2 millones de pesos en el acumulado.

–¿La ven difícil?

-Pasa que todo este costo productivo nosotros no lo podemos llevar al mostrador de la carnicería. Porque el vecino no lo puede consumir. Y si el pueblo no consume, nosotros tenemos que cerrar igual.

–A ustedes en Cañuelas los conoce todo el mundo…

-El 82 por ciento de la planta vive a menos de 5 kilómetros de la fábrica. Estamos como cooperativa hace 14 años.

A las 3 de la tarde, con una nueva resolución, los trabajadores dejan el Ministerio. “Se acordó el compromiso por parte de la Subsecretaria de Coordinación de Política Tarifaria” de ejecutar “las medidas que se requieran” a fin de “solucionar la problemática planteada por esas cooperativas”. Señala, entre otras cosa, el documento, que tiene dos firmas. Una es la de Jorge Recih, y la otra de Andrés Chambouleyron. Compromiso en mano, la siguiente parada es de regreso al laburo. Un poco menos deudores, un poco más firmes en que el costo productivo no tendrá que absolverlo el pueblo ni las cooperativas.

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Un análisis sobre el presente y futuro en materia de energía para nuestro país. La elevada tarifa del gas que afecta a usuarios y favorece a las empresas bajo la lupa atenta de un especialista en la materia.

Se ha iniciado en la Argentina un nuevo ciclo de creciente mercantilización de la energía. En este sentido, realizar un balance de las transformaciones del mercado del gas durante el gobierno de Macri contribuiría en prevenir y alertar a los sectores populares sobre este fenómeno. Ya que, por medio de diversas resoluciones, el ministro Aranguren no sólo llevó a cabo transformaciones cuantitativas de aumentos de tarifas y precios, sino que también trastocó las reglas de juego del mercado de gas en detrimento de los usuarios y a favor de las empresas.

Las transformaciones del segmento residencial en el mercado de gas son un claro ejemplo de mercantilización, y se le agrega una serie de características inéditas en su regulación. La Resolución 212/2016 E establece ajustes semestrales del precio de gas de este segmento, y tiene como meta pasar de 1,6 U$S/MMBTU a 6,8 para octubre de 2019. Este último valor corresponde al precio de importación del Gas Natural Licuado de octubre de 2016. De esta forma, se constituirá a este último como precio de referencia del mercado.

Al mismo tiempo, el precio del gas producido internamente se encuentra en claro ascenso desde los tarifazos de marzo, llegando a 3,53 U$S/MMBTU en junio.  Si sumamos los subsidios del Plan Gas I y II este se eleva a 4,72 U$S/MMBTU. El precio del gas natural más barato en el mercado proviene de la importación de Bolivia, que asciende a 3,94 U$S/MMBTU.

Por lo tanto, se escogió como valor de referencia de mercado al precio más caro: el Gas Natural Licuado de importación. Esto se debe a que el Ministro piensa el mercado con el manual de microeconomía neoclásica en la mano; es decir, en términos de cuánto cuesta agregar una unidad adicional de gas al mercado. Desde ya, las empresas petroleras se aprovechan de esta situación ya que percibirán un precio cada vez mayor. Además, este arreglo institucional iguala en condiciones de precios el valor agregado de una actividad extractiva, con la mayor industrialización que incorpora la producción de Gas Natural Licuado en sus países de origen.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación.

El precio del gas en la boleta posee dos características que deberán ser corregidas en cada uno de los ajustes semestrales. Por un lado, se encuentra en dólares. Por lo tanto, todo ajuste en el tipo de cambio deberá ser reflejado en aumentos al usuario. Por otro lado, el precio del Gas Natural Licuado forma parte de un mercado competitivo a nivel mundial. Es decir, su precio oscila dependiendo las fuerzas de mercado. Tales movimientos también repercutirán en la boleta. El hecho de alcanzar los 6,8 U$S/MMBTU comprende un escenario hipotético que no se encuentra fijo. Por ejemplo, en abril de 2014 el precio del Gas Natural Licuado se encontraba en 18 U$S/MMBTU, unas casi tres veces más caro que en la actualidad. Además, hay que tener en cuenta que su precio se encuentra en alza desde junio de 2016.  Seguramente, el ajuste semestral de abril de 2017 cargará con un aumento en dólares mayor al previsto en octubre de 2016.

Equilibrio fiscal sobre la base del desequilibrio social

El principal objetivo del gobierno de Mauricio Macri consiste en disminuir el gasto estatal. Por ello, el Ministerio de Energía y Minería acredita una baja nominal del 17,9% en sus partidas en el presupuesto de 2017, ubicando a tal ministerio con el mayor recorte de la cartera.

Esto se debe a que el segmento residencial de gas se encuentra co-financiado tanto por el Estado Nacional como por los usuarios. El aporte del Estado nace del diferencial de precios entre el precio del gas importado y el precio del gas en boca de pozo. Es decir, la empresa estatal ENARSA adquiere gas importado a un precio superior al cual es inyectado en el punto de ingreso del sistema de transporte (PIST).

En consecuencia, el gobierno de Macri busca quitar este co-financiamiento, al dejar que el mercado sea solventado únicamente por los usuarios. Este plan de gobierno se llevará a cabo en el momento en que los precios internos (PIST) se igualen con el precio de importación del Gas Natural Licuado en 2019.

Sin embargo, no todos los subsidios del Ministerio se encuentran a la baja. Los planes Gas I y II, constituidos por los subsidios a las petroleras con el fin de aumentar la producción, crecieron un 62% en materia presupuestaria, y pasaron de $8.733 mil millones en 2016 a $14.182 mil millones en 2017.

Boletas explosivas

Realicemos un ejercicio práctico. Comparemos los cuadros tarifarios y de precios de 2015 con la nueva actualización de octubre de 2016. Para ello, tomemos el consumo promedio anual de un/a neuquino/a, que ascendía en 2015 a 3.672m³. La pregunta sería: ¿cuánto deberá abonar nuestro/a neuquino/a promedio anualmente con la nueva actualización de octubre de 2016 en comparación con el cuadro de tarifas de 2015? La respuesta: su factura anual ascendió de $744 a $8.857.

Los segmentos de la cadena más explosivos se encuentran constituidos por el precio del gas de las petroleras con un aumento de 1.204% (de $278 a $3.623). Le sigue el aumento de 1.061% (de $446 a $5.174) a las distribuidoras, y muy por detrás se encuentran las transportistas con un aumento de 188% (de $21 a $61).

 Fuente: Elaboración propia con datos de ENARGAS

Cabe aclarar y resaltar varias cosas. En primer lugar, los $8.857 representan más de dos tercios del ingreso de una familia para no ser considerada pobre. Es decir, las empresas del mercado de gas se quedarán con dos tercios de uno de los doce ingresos de una familia que roza la pobreza. Este escenario inaugurará un nuevo concepto en la Argentina: la pobreza energética.

En segundo lugar, tal importe no se ha hecho sentir ya que rige a partir de octubre. En este sentido, en el año 2017 se prevén aumentos en los meses de abril y octubre en el precio de gas, así como actualizaciones en las tarifas. Por lo tanto, tal cifra quedará prontamente desactualizada.

Por último, se encuentra en vigencia la Resolución 99/2016 del Ministerio de Energía la cual establece topes de 400% en los aumentos de la factura de gas al consumidor residencial. Desde ya, desconocemos cómo se aplicarán tales topes y cómo se distribuirán al interior de la cadena.

* Lic. en Economía, Doctorando en Desarrollo Económico, Becario del CONICET, miembro de la Sociedad de Economía Crítica y de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental.

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La semana entrante el gobierno anunciará su nuevo esquema de tarifas para el gas, en respuesta a la audiencia pública. En noviembre habrá una nueva revisión integral.

El tarifazo era (y es) integral al programa económico de Cambiemos. Lo anunciaron en campaña, bajo el eufemismo de “corrección” de las tarifas, y lamentablemente, en ese brío coincidieron los tres principales candidatos, cuyas fuerzas políticas no han ofrecido mayores trabas a su aplicación. En el esquema de gobierno de Cambiemos, elevar las tarifas significaba la promesa de restituir los precios que consideraba “naturales”, los de mercado, aun si esto implicaba vulnerar derechos. Para los funcionarios del gobierno, que el pueblo tenga derechos “no era normal”.

Fue la presión social el factor que puso cota a esta ofensiva, extendiendo en el tiempo la completa aplicación del ajuste. Mediante movilizaciones, actos, manifestaciones y demandas por la vía judicial se terminó forzando –por vía de la Corte Suprema- a llamar a una audiencia pública, contra la voluntad del gobierno. Debe destacarse que el gobierno nacional esperaba, a esta altura del año, tener resuelto el problema de las tarifas y esta serie de traspiés le ha implicado una demora que abre disputas al interior del propio gabinete respecto de los plazos del ajuste. Los empresarios reunidos en Buenos Aires la semana pasada le reclamaron una falta de transparencia y previsibilidad en la materia, afirmando que ello amenaza sus inversiones.

Audiencia pública y después

La falta de argumentos consistentes produjo al menos 3 propuestas de aumento para el caso del gas, ninguna de las cuales explica la necesidad del tarifazo, dejando la discusión tan solo en los plazos del incremento. Aunque el llamado a audiencia pública, tarde y forzado por la Corte, fue presentado como la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, lo cierto es que no parece haber alterado el programa original. Además de haber ocultado información y evitado que algunos actores se pronuncien, la propuesta del ministro Aranguren en la audiencia no difiere sustancialmente de lo antes buscado. Luego del primer intento de aumento, el gobierno puso una cota de 400% a usuarios residenciales y de 500% para PyMEs, aunque el fallo de la Corte dejó sin efectos al primero hasta la realización de la audiencia. Por ese motivo, las empresas distribuidoras de gas no han podido refacturar sino hasta ahora, contemplando un severo incremento de los impagos por falta de información clara. El silencio contemplativo de los entes reguladores es un evidente signo de complicidad. Estos argumentos fueron discutidos en el III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se realizó en Tucumán la pasada semana.

El gobierno debería presentar a principios de octubre su revisión, fundada en los planteos realizados en la audiencia, pero no se esperan grandes cambios. El ministro anunció que contemplará la situación de los clubes, cooperativas y PyMEs, a pesar de que estos actores no eran contemplados de manera directa por la audiencia. La propuesta es prorratear el aumento del precio del gas en boca de pozo, llevándolo de 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares, actualizando cada 6 meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. De esta forma, y fuera de toda razonabilidad, se propone un sendero de aumento en dólares para los próximos 3 años. A esta suba es necesario agregarle el impacto de las devaluaciones, que el propio gobierno prevé.

Consecuencias de un servicio dolarizado

Según afirman los funcionarios oficiales, de esa forma se establecería un precio equivalente al costo de oportunidad de importarlo, fomentando así la producción local. Ahora bien, dado que no hay plan de inversiones asociado, no existe garantía de que esto efectivamente ocurra. El costo de “sacar” el gas en Argentina está muy por debajo de ese precio. El problema indefinido es qué nivel de ganancias requieren las empresas para, además de extraer el recurso, explorar para poner nuevos pozos en funcionamiento. Las tarifas de gas dolarizadas de los noventa no fomentaron mayor exploración y puesta en funcionamiento, sino el desarrollo del mercado de exportación que vació de reservas el país mediante la exportación de un recurso escaso. Sin compromisos claros, mayores precios solo se traducen en mayores ganancias, pero no en mejor servicio. Las principales beneficiarias de este aumento –por su participación en el mercado- son YPF, Total Austral, Petrobras y Tecpetrol.

Por otra parte, en 2008, las tarifas de diversos usuarios en el Gran Buenos Aires subieron hasta 75%, aumentando entre 3 y 7 veces desde ese año a 2014. Estos aumentos –que el gobierno “olvida” mencionar- se combinaron con planes específicos –el Plan Gas- que pagaron por incrementos en el abastecimiento. Es decir, las tarifas, tanto como los subsidios, venían creciendo: la pregunta es qué hicieron las empresas con esos recursos; algo que Aranguren se niega a auditar.

Desde 2012, la producción creció de manera paulatina, centralmente por la inversión de YPF, que disminuyó en términos relativos la remisión de utilidades –recordemos que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York- y utilizó parte de esos fondos para la exploración. Este año, la nueva “administración”, en flagrante demostración de inconsistencia, decidió remitir mayores ganancias a los accionistas, disminuyendo las inversiones en un contexto de falencias de abastecimiento. Se trata de la misma práctica de vaciamiento que promovió REPSOL (por el que luego fue “recompensada” por el kirchnerismo con un pago por encima del valor contable de su participación en YPF). La expectativa de nueva producción está centrada en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación requiere de altos precios que cubran los costos de extracción –se trata de shale gas. El gobierno espera tentar a otras petroleras a invertir, otorgando privilegios como los acuerdos secretos con Chevron.

El tarifazo no se detiene aquí. En noviembre deberá realizarse una nueva revisión integral de la tarifa, que incluya no solo el traslado del precio en boca de pozo, sino que sumen aumentos en los tramos de transporte y distribución. Debe enfatizarse que además del gas, el aumento del transporte y el agua están firmes, quedando aún en debate el eléctrico, para el cual se estaría llamando a una audiencia pública específica.

El gran resultado del tarifazo ha sido una transferencia de recursos desde los consumidores a las petroleras. Se abandona la idea del abastecimiento energético como un derecho, para suponerlo–erróneamente- como un commodity, una mercancía. Falta de argumentos, ostensible intencionalidad ideológica (fomento a un mercado que de libre no tiene nada) y oportunidad de magníficos negocios, son la trama de este tarifazo que, aun en ciernes, el gobierno no termina de estructurar.

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La actual crisis por las tarifas echó luz sobre el flagrante doble discurso del gobierno: mientras se realzan las figuras del mérito y del éxito social, se escudan en los ‘errores pedagógicos’ cuando sus propios ministros fracasan.

En la presente columna de análisis sustento dos hipótesis acerca del actual gobierno nacional: en primer lugar, el resultado actual de la economía no responde a ‘errores’ o falta de preparación, sino a la aplicación de políticas económicas concretas, con previsibles resultados; la segunda, que el gobierno ostenta un grosero doble discurso en función de relativizar sus fracasos, el cual choca con la prédica meritocrática que propone hacia la sociedad.

¿Equipo de exitosos o banda de improvisados?

Apenas ocho días lo separaban de su asunción en la Casa Rosada. El lugar elegido fue el coqueto Jardín Botánico del porteño barrio de Palermo. Allí fue cuando en diciembre pasado Mauricio Macri presentó a su futuro gabinete, y espetó sin titubear: “Es el mejor equipo en 50 años”. A nadie se le ocurrió pensar que el guarismo elegido, implicaba que Macri consagraba al gabinete de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía como el inmediatamente mejor antes que el suyo. Pero más allá de las efemérides que pasaron inadvertidas, aquella frase de diciembre retumba como un karma sobre el presente que atraviesa el gobierno nacional.

Además de aquella frase iniciática, durante los primeros días de gobierno se suscitaron una serie de declaraciones y debates públicos acerca del carácter de los principales ministros del gobierno nacional. El principal asunto tuvo que ver con la capacitación que los elegidos y elegidas tendrían para encarar la función pública. Desde el gobierno se resaltaron las características excepcionales de los y las elegidas, cuyos laureles vendrían siendo cosechados en el campo empresarial. Haber alcanzado el grado de CEOs de grandes empresas como Shell y LAN, haberse constituido como administradores de grandes fortunas como la de la familia Fortabat y llegar a ser pujantes team leaders formados en los think tanks de la derecha continental, fueron los principales méritos de los y las elegidas.

Así, el gobierno ponía en marcha una maquinaria narrativa donde se resaltaba la ‘formación de equipos’, la conducción política a cargo de personas exitosas en el ámbito privado, y otros lugares comunes que manan de cualquier manual de marketing político de las derechas contemporáneas.

Sin embargo, y luego del creciente malestar social por los indiscriminados aumentos tarifarios, una serie de llamativas declaraciones de ministros nacionales buscó hacer hincapié en que se habían ‘cometido errores’ en la aplicación de las tarifas. El ministro de energía Juan José Aranguren, ex CEO y actual accionista de Shell, confesó ante los periodistas que cuestionaban los inconmensurables aumentos tarifarios: “Estamos aprendiendo sobre la marcha”. Marcos Peña, jefe de gabinete de ministros declaró textualmente unos días después: “Como todos, estoy aprendiendo esto del tema del gas”, y finalmente Alfonso Prat-Gay, quien jamás erró un balance para su ex jefa María Amalia Lacroze de Fortabat, reconoció: “Nos equivocamos en pensar quién podía pagar y quién no la tarifa de gas”.

Ahora bien, este rosario de mea-culpas a cargo de los ministros evidencia un escandaloso doble discurso del gobierno nacional. Es decir: o se trata de un equipo de expertos, que con sus méritos deslumbran por su capacidad de gestión, o bien se trata de un humilde grupo de amateurs que está aprendiendo sobre la marcha.

Demostrado el doble discurso, queda por aclarar que de ninguna manera se trata de errores de gestión o de falta de aprendizajes. Los resultados de la actual carestía de la vida y del malestar social respecto de los incrementos de las tarifas (que en algunos casos superó el %2000), tiene que ver con una política consciente y audaz del gobierno, que no hace otra cosa que aplicar la vieja receta neoliberal del ajuste fiscal, a cuenta de las necesidades básicas de las mayorías más necesitadas.

No se puede catalogar de “error económico” a un plan sistemático de transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía. Una muestra de ello es que por primera vez en varios años, el auto 0km más vendido durante los primeros seis meses de 2016 fue la camioneta Toyota Hilux, cuyo modelo básico ronda los $500.000. Desde los propios medios hegemónicos se reconoció abiertamente que este dato demuestra que el sector agropecuario está atravesando su mejor momento, devaluación mediante. Claramente, quien no puede pagar su boleta de gas, difícilmente decida actualizar su parque automotor con una camioneta de ese porte, lo que demuestra que estos meses no fueron de austeridad para todos, sino de enormes beneficios para unos pocos, y agudas penurias para la mayoría.

Aplazos en las primarias, más plazos en los gabinetes

Pero la ironía que destila el doble discurso macrista no termina ahí. Como vimos, desde la asunción del gabinete se pretendió construir una narrativa “meritocrática”. Es consabido que este concepto alude al gobierno basado en el mérito. Con este marco teórico de fondo, el gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires tomó una polémica medida meses atrás: el retorno de los aplazos en 4to, 5to y 6to grado de las escuelas primarias.

Desde 2014 en las escuelas bonaerense se venía evitando el aplazo directo para los estudiantes de primarias, en virtud de fortalecer mecanismos de inclusión y evitar los alarmantes números de abandono escolar y repitencia. Lejos de las recomendaciones de la UNESCO, el ministro de Educación de la provincia Alejandro Finocchiaro reafirmó la necesidad de aplazar a estos niños y niñas, y de promover la “cultura del esfuerzo”.

Y he aquí entonces una nueva arista del doble discurso del gobierno nacional. Mientras se predica acerca de la importancia del mérito, y se legisla en materia pedagógica en virtud de ello, cuando los resultados en términos del humor social no son los esperados en función de medidas indefendibles (por caso el impuestazo a universidades y clubes de barrio), allí a los ministros del gobierno no se los aplaza, sino que se les otorga más oportunidades.

Aprendizaje forzado, en seis meses

Claro que aprender de los errores y brindar mayores oportunidades forma parte de una interesante mirada pedagógica. Tanto el constructivismo de la década del `60 como la pedagogía crítica más reciente apostaron al aprendizaje desde los errores cometidos por los sujetos y los grupos sociales. Pero en la narrativa del gobierno nacional el constructivismo pareciera operar únicamente para los ministros, que con sus decisiones políticas perjudican a las mayorías, mientras que para los niños en edad escolar rige todo el peso de la sanción y la exclusión.

Con ello, no se trata entonces ni de errores de improvisados, ni de negarle segundas oportunidades a los funcionarios. Se trata de identificar qué tipo de políticas concretas producen efectos inevitables, más allá de cualquier supuesto daño colateral. Por lo demás, señalar estas aristas del doble discurso macrista, forma parte de una tarea inmediata, en virtud de clarificar y horadar las bases de legitimación de un proyecto político del todo excluyente y elitista.

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Durante la tardecita de ayer, se produjo la primera movida en todo el país contra los ajustes del Gobierno de Macri. En el Obelisco, te lo cuentan en primera persona.

¿Por qué viniste? ¿Por qué vinieron? La pregunta recorría los alrededores del Obelisco y encontraba eco a pesar de las lluvias. Todas y todos querían contar lo que les parecía obvio, pero cuando encontraban oídos atentos aprovechaban para dejar su queja asentada.

“Los tarifazos nos perjudican” era la respuesta más general, aunque llamó la atención la idea de un “nosotros y nosotras”: la protesta no estaba direccionada a un interés propio, sino, más bien, a un bien común que, contaban, ven esfumarse a diario.

Después de 6 meses de gobierno y ya ingresados en famoso segundo semestre donde bajaría la inflación y la economía empezaría a mejorar. Pero con los miles de despedidos y despedidas en la espalda, las tarifas de los impuestos que cuadruplican sus valores y la inflación que sigue en ascenso, la idea fue hacer ruido organizado para que desde Cambiemos empiecen a escuchar al pueblo trabajador, que sufre las consecuencias. Desde las 18 y hasta las 21 organizaciones sociales, partidos de izquierda y autoconvados y convocadas medorearon por el centro porteño, y se replicó en decenas de otros, además de en todo el país.

Cámara en mano y pregunta inquieta, salimos a la calle para contar lo que se veía y lo que se decía bajo la lluvia y con el ruido de cacerolas y bocinas…

Alberto, 72 años, Monserrat: “Vengo porque soy jubilado de mínima, actor, y se nos cayó todo terriblemente. El mejor equipo de los últimos 50 años es el mejor equipo para joder a los pobres y laburantes”. 

Adriana: “Vengo desde Ezeiza. A mí no me afecta sinceramente, pero creo que tenemos que pelear por otros, por un país con igualdad”.

Gustavo: “Vengo por la gente que me roda, la tomo como mi familia, que no puede ahorrar nada. ‘Moscas verdes para el charlatán’, porque es basura…”.

Pepe y Carlos: Venimos por las tarifas. Antes lo pagaban los sojeros y ahora lo pagamos nosotros. Los sojeros son el cáncer de este país desde que tengo uso de razón.

Julia, Maestra jubilada, Paso del Rey: “Estoy acá porque si seguimos así sólo vamos a tener más hambre. Veo mucha gente que no puede comer”.

Néstor y Verónica: “El tarifazo no nos afecta sólo a nosotros, sino al conjunto de ciudadanos, que se están quedando sin trabajo, se están fundiendo”.

Adriana y Graciela: Venimos porque en una época las tarifas estaban subsidiadas por el Estado. Y nosotros somos el Estado. Esto es un abuso.

Fabiana de Longchamps: “Por estas razones del cartel. Me cansé de no poder comprar, me cansé de no tener más nada. Macri me fundió, me fundió este señor”.

Estela: Vengo por todo lo que está la mayoría, el tarifazo. Quiero que se termine este Gobierno lo más pronto posible.

Luis: “Soy parte de ‘Macri pará la mano’. Estuve en las Asambleas de 2001 y hoy venimos a meterle presión a la Corte. Estamos en manos de Lorenzetti, que no sabe de economía ni de justicia social”.

Luis, Josefa y Jésica: “Macri dijo que el aumento de tarifa era “una salida a cenar”, y yo nunca salí a cenar en mi vida. Dormimos vestidas en la misma cama con mi hija para no gastar gas”.

Francisco y María: Vinimos a apoyar contra el tarifazo porque afecta a todo el mundo. Cada vez somos más pobres porque está todo más caro.

Carmen, Flavia: Venimos contra el tarifazo. Nos afecta a los pobres, a los que menos tenemos. Además, tenemos que pagar el alquiler, los impuestos, y no tenemos trabajo. Kiara: Yo porque mi abuela me dejó de comprar leche y yogurt.

Juan Carlos, empleado, Villa Ballester: “Me llegaron 1500 pesos de gas y 2000 de luz con un sueldo de 8000 pesos en un sanatorio, no llego a fin de mes. No pensé nunca que iba a pasar esto”. No voté a Macri”.

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