Paülah Nurit Shabel

Odio a la policía. Y también le temo. Sé que de un momento a otro cualquier rati puede sacar su arma y, con absoluta legitimidad oficial, apuntar las balas contra mí cuerpo. Porque fui a una marcha, porque cortamos la calle, porque pegué un cartel o porque sí. Porque para eso existe la yuta, como un grano uniformado clavado en la esquina de la piel de los barrios, que duele cada vez que nos movemos demasiado y sutura pus para recordarnos que en este mundo lo único importante es la propiedad y que quienes no la poseemos estamos vivos de casualidad. Pura suerte.

Militando con lxs pibxs en la calle aprendí a hacer jugar esa suerte a nuestro favor. Cómo correr, para dónde, de qué modo esfumarse en plena multitud y cuándo conviene quedarse quietx con cara distraída mientras los polis se desconciertan en el apuro de apresar cualquier bulto, recorriendo con estupidez un suelo del que se creen emperadores, pero que los aborrece a cada paso. Ninguna estrategia es infalible pero aumenta las chances de sobrevivir y al final todo se trata de multiplicar los futuros posibles.

Un punto fundamental en esta intemperie a la que nos expone la violencia estatal es siempre tener a dónde ir tras la huida. Una práctica que tiene memoria en nuestras guerrillas urbanas de otras décadas y que siento reavivarse con fervor cada vez que lxs pibxs se juntan a ranchiar en alguna vereda. Porque en cualquier momento cae la yuta y hay que pegarse un pique hacia alguna parte.

Por eso me armé mí propio mapa de refugios, corazoncitos incrustados en la tierra porteña donde vive cada unx de mis amigxs, donde sé que puedo caer sin invitaciones y que, sin pedirme explicación alguna, me darán cobijo y una birra fría para bajar cualquier angustia. El hilo rojo que une todos esos puntos en el cemento de la ciudad es la forma de mí corazón.

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Por Vivian Palmbaum | Foto: SADO Colectivo Fotográfico

El 2020 atravesado por la pandemia y el aisamiento fue muy difícil para todas las personas, pero para quienes están privadas y privados de su libertad es imposible de dimensionar. A un sistema penitenciario en grave crisis por la sobrepoblación, el hacinamiento, la insuficiente o inexistente asistencia en materia de salud, la falta de alimentación adecuada, solo por mencionar algunas cuestiones elementales, se sumó el incumplimiento de las recomendaciones que realizaron organismos como la ONU para mitigar y evitar el impacto del Covid 19 en contextos de encierro y que confinaron a las personas que forman los grupos de riesgo a permanecer en condiciones de hacinamiento y falta de higiene.

Las personas privadas de su libertad con graves enfermedades no pudieron acceder a domiciliarias, tampoco las y los mayores, mujeres embarazadas, mujeres con hijes, entre otras. La situación de las personas no binarias y trans fue mucho más difícil de sobrellevar sin elementos de higiene en este contexto. Una continua revictimización de quienes ya están condenadxs por el sistema.

La pandemia se hizo presente en los contextos de encierro en silencio, invisibilizada y causó consecuencias que desconocemos. En medio de estas situaciones, en la provincia de Buenos Aires se produjeron muertes inexplicables por situaciones naturales: suicidios de personas que estaban ilegalmente en buzón, brutalidad y golpizas hasta la muerte. Y a nivel nacional, según la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), desde el 20 de marzo, se produjo una muerte cada seis días en las cárceles federales del país; siendo hasta el 31 de octubre, 40 las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal; 17 de ellas, por COVID- 19.

Detrás de los muros habitan personas que privadas de su libertad esperan las visitas de familiares y amigos que ayuden a transitar estas difíciles situaciones de cumplir una condena y les asisten con alimentos y necesidades, les llevan el cariño y muchas veces con su presencia son una garantía frene a la brutalidad de las fuerzas del Servicio Penitenciario. Fueron las personas en condición de encierro quienes primero fueron privadas de las visitas, aunque el coronavirus llegó igual de la mano de guardiacárceles y personal penitenciario.

Después de 8 meses de aislamiento y soledad, se había dispuesto que se reanudaran las visitas a las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La decisión luego de ser comunicada fue suspendida, tal como informan familiares en un comunicado que cuenta que se volvió atrás con la decisión: “una vez que centenares de familiares habíamos comprado pasajes y comida, gastando nuestro escaso ingreso en la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos”. La suspensión produjo serias protestas en las cárceles de la provincia, “huelgas de hambre y las tomas pacíficas de los pabellones son la única medida que pueden tomar lxs privadxs de su libertad frente a un sistema que NO les escucha, que NO quiere siquiera reconocer como legítimos sus derechos”. Las medidas de protesta pacífica exigieron “que se otorguen los beneficios que corresponde. Que se dé solución al hacinamiento que mantiene hasta 18 presos en una celda para 6 personas de 3 mts x 2.5 mts. La superpoblación de las cárceles excede en un 100% a las capacidad real de las mismas”.

“En el centro universitario uno no está en la cárcel”

El Centro Universitario San Martín (CUSAM) es un espacio educativo creado por la UNSAM en el interior de la Unidad Penal N.° 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la localidad de José León Suárez del partido de General San Martín (Provincia de Buenos Aires). La oferta curricular está compuesta por las carreras de Sociología y Trabajo Social, dictadas por el IDAES, así como por talleres artísticos y de oficios.

Desde Marcha entrevistamos a Abel Díaz, quien cumple condena en la Unidad Penal 48, vicepresidente del CUSAM, del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor, y referente del pabellón 6, universitario. Además, coordina tareas para la universidad y otras actividades, incluidas las virtuales por la situación de aislamiento.

Abel nos contó que significa estar estudiando en este contexto: “la universidad me cambió en mi interior, me está cambiando como persona, me está purificando”. Explica que decidió estudiar, porque “era un espacio para entrenarme, para luchar frente a tanta injusticia”. Abel en sencillas palabras reveló “el ser universitario es una salida, porque te cambia la lógica de la cárcel. En el centro universitario uno no está en la cárcel, está en el centro universitario. Por eso todas las lógicas tumberas, como le llamamos acá, dejan de tener sentido en un espacio como ese, donde el par es un estudiante, no es un preso con más o menos estatus a nivel delictivo, es un estudiante”.

Además de garantizar el derecho a recibir educación de la personas privadas de la libertad ambulatoria, el proyecto del CUSAM, se propone una transformación social de las personas que allí estudian y las instituciones (la universidad, la cárcel y el territorio), a partir de la formación académica y de investigación, artística, cultural y del trabajo.

El CUSAM “es un lugar diferente”, afirmó Abel, “la entrada en un universo que está vedado por la sociedad, porque el ingreso a una universidad, por más que sea pública, a veces está vedada para ciertos sectores de la sociedad, igual que el arte”.

Díaz, nos recordó que la tasa de reincidencia para quienes estudian es mucho menor. Sin embargo, los obstáculos para quienes quieren volver a reinsertarse son muchos, “si bien tenemos una ley que no se cumple, la 14.301, que es de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, que obliga al Estado a tener un porcentaje de liberados. Pero si yo me recibo de trabajador social y quiero trabajar en el Estado, me piden un certificado de antecedentes penales que me impide hacerlo y así pasa en otros lugares, como por ejemplo, la matrícula del Colegio de Abogados no puedo sacarla porque si estuve preso, el colegio me discrimina y tampoco podría ser escribano. Si bien el paso por la universidad y ese nivel educativo hace que la tasa de reincidencia baje, no es menos cierto que es muy difícil conseguir un trabajo para la persona que estuvo privada de su libertad, que lo tomen en un empleo si tiene antecedentes penales”.

La ley persigue a las personas que fueron condenadas, no solamente hasta que terminen su condena, la prescripción de una causa penal termina hasta 10 años después de haber pasado por el encierro y eso le impide hacer un monton de cosas. “Esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar en la sociedad, para que realmente baje la tasa de reincidencia”, afirmó Abel, “el complimiento de la pena, no se paga solamente con la pena, se paga con el dolor, se paga con el cuerpo, se paga con tortura dentro de la cárcel”.

Represión sin límites, también dentro del Centro Universitario

En algunas unidades penitenciarias se vivieron momentos de violencia extrema, luego que se había llegado a un acuerdo para restituir las visitas. Represión a las protestas, traslados intempestivos y ataques a los centros educativos fueron la respuesta por parte de las fuerzas del Servicio Penitenciario. Asi sucedió en la Unidad Penal 48, del Penal de José León Suárez, donde se vivió una jornada de violencia y brutalidad, contra el CUSAM, Centro Universitario San Martín, espacio dentro del penal donde funciona la Universidad de San Martín. También el espacio educativo universitario de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, donde la Universidad de La Plata tiene trabajos educativos, fue atacado.

En el CUSAM fueron los propios alumnos quienes en medio de la violencia defendieron “con sus cuerpos ese espacio”; sin embargo, parece que no fue suficiente porque “una vez en sus pabellones y engomados (sin poder salir de sus celdas), comienzan a ver humo en las inmediaciones del CUSAM”, como expresan en el comunicado. Allí comenzó una situación que ellos mismos califican de “venganza por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, que literalmente, destruyó todo lo que estuvo a su alcance”. Los agentes represivos prendieron fuego la biblioteca, la radio y el Centro de Estudiantes. Se quemaron libros, computadoras, bancos y todos los instrumentos musicales que pertenecían a “Rimas de Alto Calibre”, una banda que nació en ese espacio y que “ha podido romper cadenas en esa libertad conseguida”.

Abel Díaz, con mucho dolor, advirtió que el ataque al centro universitario “fue una reafirmación de la exclusión”, de que “estos negros no estudien ¿cómo los presos van a ser profesionales? ¿Cómo se van a educar los presos?”. Sin embargo, tiene expectativas para la reconstrucción del CUSAM y en medio de esta dolorosa situación, explicó que están haciendo una campaña y la universidad también, para reconstruir el lugar. “Después de esto vamos a tener un lugar mucho mejor que el que teníamos. No nos van a quebrar con este tipo de acciones”, esperanzó Abel.

Familiares de personas privadas de su libertad en contexto de encierro y amiguxs se autoconvocaron ayer para protestar frente a la gobernación en La Plata para repudiar la represión. Mientras, autoridades de la Universidad recorrieron junto al juez de ejecución, Alejandro David, las instalaciones del CUSAM, para constatar los daños que sufrió. El juez se comprometió a abrir una investigación para establecer las responsabilidades. La Universidad de San Martín (UNSAM) junto a estudiantes del centro universitario comprometieron sus esfuerzos para reconstruir esta posibilidad para las personas privadas de su libertad. Tras la represión llega la reconstrucción.

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Por Redacción Marcha | Foto: Rima colectivo

Angel David Cisneros, Enrique Sanchez Barros y Mauro Daniel Garecco fueron victimas de un sistema de encierro que mata. Los tres jóvenes estaban alojados en la unidad n°2, de la Unidad Penitenciaria N° 9. Enrique y Mauro compartían la misma celda y murieron victimas del abandono y el maltrato, lo que en el sistema carcelario es sinónimo de muerte. Una precaria instalación eléctrica, un incendio y la falta de asistencia de parte del servicio penitenciario, que tardó 40 minutos en abrir la celda, significaron que la crueldad no puede ser mayor, ya que esto provoco gravísimas quemaduras, los detalles son tan escalofriantes, y la decision del sistema judicial una perversión: a Enrique Sanchez Barros le otorgaron la prisión domiciliaria cuando estaba internado con ambas piernas amputadas, apenas antes de morir.

Angel David Cisneros también alojado en la misma unidad, tenia 21 años cuando apareció muerto el 30 de agosto en una celda del pabellón 2. Según el Servicio Penitenciario la causa de su muerte fue suicidio, que sucedió mientras estaba recluido en una celda de castigo, “buzon”; en una celda de un metro cuadrado, con una historia medica de dos intentos de suicidio, con un continuo amedrentamiento por parte del personal del Servicio Penitenciario. Otra vez las declaraciones de los guardias no coinciden con los testimonios que se desprenden del cuerpo de la victima, que permaneció 12 horas colgado en su celda. Otra vez los medios sin autorización de la familia revictimizando al detenido y a toda su familia con una imagen profundamente dolorosa que se publico sin autorización en La Plata Noticias, asi lo denuncian sus familiares.

Hay otras muertes evitables que también quedan invisibilizadas por la desidia, el dolor y la resignación de familiares frente al sistema de la crueldad, tal como lo califica la Comision Provincial por la Memoria. Victor Martin Arce Rolon tenía 46 años y estaba alojado también en la Unidad Penitenciaria N°9 y la suya es otra de las tantas muertes que suceden en el contexto de encierro y la indifierencia. Otra víctima del abandono que sufren las personas en el inhumano sistema carcelario. Su compañera de vida, en medio de un gran dolor, relato como la obstrucción de una arteria en sus piernas, fue desatendida y minimizada, para luego complicarse con un cuadro de tuberculosis, y una historia médica de padecimiento que obligo a intervenirlo quirúrgicamente cuando el cuadro ya había afectado a sus intestinos, lo que lo llevo a pesar menos de 40 kg, y le ocasiono la muerte en lo que el cirujano dio en llamar “si lo hubieran operado cuando se descubrió lo de la arteria, el hubiera sobrevivido… lo que sucedió fue un abandono de persona”. Una crueldad que no finalizo con su muerte sino que continuo con la burocracia judicial que le negó despedirse a su compañera de vida y que habiendo fallecido el día 3 recién pudo ser sepultado el 17 de septiembre.

Los muertos de la Unidad 9 tienen un triste legado histórico que queda desde la dictadura, cuando fue un centro clandestino de detención, por allí paso el aun hoy desaparecido Julio López.

En las cárceles de mujeres también se suman victimas del sistema, Micaela Martinez Cruz, de 31 años, cobro notoriedad cuando el 29 de agosto la encontraron en su celda victima de un intento de suicidio y a pesar de haber sido trasladada al Hospital San Martin falleció. Micaela estaba detenida en la Unidad Penitenciaria 8 de Los Hornos, donde en menos de un mes se produjeron dos intentos de suicidio. El abandono, los malos tratos , la desidia, la precariedad y la falta de elementos de limpieza y protección en medio de la pandemia hacen de la situación de encierro una combinación difícil de soportar.

En el comunicado de familiares y autoconvocados de las personas detenidas se movilizan este martes en acto de repudio, para visibilizar a quienes una y otra vez vuelven a ser victimazadxs por un sistema cruel que se desentiende y abandona. El artículo 208 de la Ley 24.660 hace responsable a las autoridades con frente a su incumplimiento. Lxs detenidxs no están solos, porque también en distintos puntos de la provincia, como Lomas de Zamora, Campana, Moron y San Justo, familiares de personas privadas de su libertad estarán acompañando y visibilizando la situación que se repite.

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Por Redacción Marcha |

A días de cumplirse dos meses del asesinato del pastor y ex-concejal Eduardo Trasante, padre de Jere –víctima del triple crimen– y reconocido activista por la búsqueda de justicia, es, al menos llamativo la poca visibilización que tuvo su homicidio a manos de dos sicarios el pasado martes 14 de julio. Más allá de la causa y las responsabilidades individuales del crimen, este hecho, y sobre todo el silencio que lo acompañó, es un triste retrato de la realidad rosarina de los últimos años.

Naturalizar la violencia en las barriadas no se vincula de la misma manera para quienes viven allí respecto de la responsabilidad del Estado. Para quienes habitan los territorios, naturalizarla es, en parte, una herramienta para no vivir atemorizadas y atemorizados; pero por parte de los poderes de turno no es más que una posibilidad de desligarse de la responsabilidad de los altos índices de violencia que atraviesan la ciudad y la provincia. Por eso hoy, es difícil separar a Santa Fe de estos indicadores, del avance del narcotráfico y la estructura política, judicial y policial que lo ampara.

Para hacerse una idea de la situación que atraviesa la provincia litoraleña, basta tener en consideración como en 9 de los últimos 13 años ostenta el triste récord de ser la provincia con mayor tasa de homicidios, que llegaron en 2014 a un pico histórico de 13,2 asesinatos cada 100.000 habitantes. A pesar de que ese índice ha disminuido en los últimos años, la cantidad de vidas arrebatadas por homicidios sigue siendo enorme. Solo durante 2019, esta tasa duplicó la media nacional que se encontraba en 5,0.

Aún más alarmantes son estos números cuando hablamos de las dos principales ciudades de la provincia: su capital, y la ciudad de Rosario. En ambas ciudades se concentran el 80 por ciento de estos homicidios, donde son víctimas, en su gran mayoría, pibes jóvenes de los barrios populares. Quizás una de las historias que más sacudió el tablero de la agenda política y mediática sobre esta problemática fue el Triple Crimen de Villa Moreno, donde fueron asesinados los militantes populares Jere, Mono y Patón.

Triple Crimen: un punto de inflexión

Para profundizar sobre la implicancia que tuvo este suceso en la realidad santafesina Marcha dialogó con Jéssica Venturi, integrante de Territorios Saludables, abogada querellante de la causa por el Triple Crimen y compañera de los jóvenes asesinados. Para contextualizar, nos relató que “cuando mataron a nuestros compañeros, las cifras de asesinatos crecía en Rosario, la violencia de las bandas –ligada a la venta de drogas– ganaba las calles de las barriadas, siempre con participación o complicidad policial, y la circulación ilegal de armas de fuego también alarmaba”. Y recordó cómo las instituciones amparaban ese accionar: “La justicia no investigaba, las causas se archivaban bajo el rótulo ‘ajustes de cuentas’, por falta de pruebas, etc. En los medios masivos de comunicación solo aparecían estos hechos en la sección de policiales y casi siempre el relato se construía en base a la versión policial”.

“Tras ocho años del inicio de aquella lucha por justicia, podemos decir que logramos visibilizar la situación que se vivía en los barrios y poner esta problemática en la agenda política y mediática”, detalló Venturi sobre las conquistas que consiguieron durante ese camino recorrido. En esa misma línea, remarca como parte de estos logros “que los trabajadores y trabajadoras de prensa desnaturalizaran esa dinámica o lógica de trabajo y empezaran a escuchar a las familias, a las organizaciones sociales”. Finalmente, respecto de los autores del triple crimen, explicó que lograron “individualizar a los responsables de los asesinatos de nuestros compañeros, y pudimos llevarlos a juicio, donde fueron condenados”.

Más allá de las victorias que implicaron la lucha por justicia de los familiares, la violencia e impunidad con que se manejan estas bandas sigue presente en las barriadas populares de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Así lo describe Venturi: “Si analizamos la realidad de los últimos años en los barrios rosarinos, debemos señalar que notamos un mayor desarrollo de las estructuras delictivas, con dinámicas distintas a las de 2012 y nuevos actores que van apareciendo”. Y, en ese mismo sentido, concluyó: “Si bien logramos muchas cosas con la lucha por justicia, el fondo no cambió; en términos generales la realidad de la pibada en los barrios rosarinos sigue siendo la misma”.

Respuestas comunitarias a una crueldad cotidiana

Comprender los entramados institucionales que amparan este accionar es necesario hoy como reflexión para poder pensar la posible salida a esta problemática, que ha sido desconocida gobierno tras gobierno y continúa quedando al margen de la agenda pública. Desde la última dictadura al presente, la respuesta frente a la llamada “inseguridad” ha sido siempre la misma: punitivismo y mano dura, una respuesta que, precisamente, ha profundizado el problema.

Es que dotar a las fuerzas de seguridad de más equipamiento, más integrantes y más tecnologías, no cambia el trasfondo ya que las raíces y estructuras que la sostienen están prácticamente corrompidas. En consecuencia, cuando el Estado no da respuestas el único camino posible recae en las acciones solidarias de las mismas comunidades y de las organizaciones en los territorios. Y es desde ahí qué surge la pregunta de cómo defender a quienes defienden los derechos, sobre todo en los territorios donde se sucede la mayor tasa de homicidios.

Para comprender mejor cómo responde la comunidad frente a estos atropellos entrevistamos a Claudia “la Negra” Albornoz, de La Poderosa, quien es parte de la organización en el barrio Chalet de la ciudad de Santa Fe, ubicado en la zona oeste de la ciudad, y uno de los más empobrecidos de la capital. Allí, como en la mayoría de las barriadas populares, resulta cotidiano tanto el accionar de las bandas criminales, como complicidad policial que las apaña. Sobre esto, Claudia explicó: “Vemos cómo se llevan a los pibitos como soldaditos, y la policía ahí mira para otro lado. Nosotros podemos llegar a tener sospechas de que hay una connivencia, no la podemos probar, pero vemos cómo esa policía no actúa en lugares en donde sabemos que hay kioscos”.

Si nos detenemos a analizar un momento las estadísticas que publica el Ministerio Público de Acusación de la provincia de Santa Fe, se ve con claridad que las principales víctimas de la crueldad son los pibes y pibas menores de 30 años de las barriadas más empobrecidas, que abarcan aproximadamente el 50 por ciento de los homicidios en el último tiempo. Y un dato que no pasa inadvertido es que cerca del 90 por ciento de las víctimas son varones, como lo es en un porcentaje similar el correspondiente a los responsables de dichos crímenes.

Sobre este último aspecto señalar que sería ingenuo pensar que las únicas víctimas de esta problemática sean varones, la cuestión es cómo la violencia cotidiana atraviesa a unos y a otras de diferente manera. Si bien los conflictos no son ajenos al género y se encuentran atravesados por relaciones de poder patriarcal, existen distintas maneras de exponerse a los mismos.

Frente a esta lógica criminal que sostiene el Estado en complicidad con las bandas narcotraficantes, surge una iniciativa que la Poderosa multiplicó en diferentes barrios del país donde construye comunidad: el Control Popular de las Fuerzas de Seguridad. Albornoz nos cuenta sobre los inicios de ese sistema: “Nace en función de que esas fuerzas de seguridad, que muchas veces liberan zonas donde el narcotráfico termina matando, sean controladas”. En la misma línea nos explicó que el primer dispositivo surgió en Zavaleta, el barrio de la Ciudad de Buenos Aires en el que en un enfrentamiento de bandas narco asesinaron a Kevin, de sólo 8 años, adentro de su propia casa: “Lo que hicieron los “vecinos sin gorra”, tiene que ver con esto, en que si las fuerzas de seguridad nos obligan a identificarnos, ellos también tienen que identificarse, que el uso de la fuerza de ninguna manera está contemplado”.

La referente de La Poderosa siguió detallando el funcionamiento de estos dispositivos de control: “Lo que hacemos primero es tener una base de datos en donde podamos decir cuántos pibes son detenidos sin ningún tipo de garantías, saber a dónde tenemos que llamar”. A partir de esa lista, “hay diferentes familias que se van organizando, diferentes grupos de vecinas y vecinos que nos organizamos en función de hacer funcionar ese control popular, para que las fuerzas de seguridad no funcionen en nuestras barriadas como una cosa sin freno, sin mirada”, contó La Negra. 

Por otro lado, en 2017, en la ciudad de Rosario, surgió la Multisectorial Contra la Violencia Institucional como una plataforma que se propuso unificar los diferentes reclamos que existían en torno a esta situación. Julieta Riquelme es hermana de Jonathan Herrera, víctima de gatillo fácil el 4 de enero de 2015 en manos del comando radioeléctrico y la policía de acción táctica. Como parte de la organización, nos contó que la Multisectorial “se propone no solamente denunciar un caso específico, si no denunciar toda la problemática en cualquier contexto y en cualquier lugar donde esté conectada la policía directamente”. Al respecto, profundizó: “Acompañamos a les familiares de víctimas en el proceso de búsqueda de justicia, y esos trabajos tenían que ver con distintas actividades que van desde festivales, murales, hacer pintadas por les pibes hasta comunicar a la gente cómo se estaban llevando adelante esos procesos”.

El coronavirus no es lo único que viene con curva ascendente

La pandemia, sin dudas, atacó gravemente a la economía del país, y los planes del gobierno de Santa Fe y la Nación. En ese sentido, la cuarentena vino a poner en evidencia ciertas cuestiones que en otro contexto quizás hubiera sido mucho más sencillo ocultar. Así como el Estado dio cuenta de los más de ocho millones de trabajadores/as informales que tiene el país, también han aflorado los actos de racismo, femicidios y abuso institucional. 

“La violencia institucional de los últimos meses es innegable, y debe analizarse también en contexto. Hablamos de una policía que desde hace años viene participando, y siendo un común denominador en distintas estructuras delictivas; una policía estructuralmente violenta y corrupta, que siempre está atenta a aprovechar las coyunturas que las habilitan a desplegar todo ese poder a su manera”, explicó sobre el tema Jessica Venturi. 

En un contexto actual atravesado por reclamos salariales, y hasta acuartelamientos, de diferentes fuerzas provinciales incluidas las santafesinas, no deben pasar inadvertidos estos relatos que nos hablan de una institución transversalmente corrupta, que aprovecha los escenarios de vulnerabilidad para avanzar en el fortalecimiento de su estructura de poder y control. Es importante también señalar que un sueldo de treinta o cuarenta mil pesos no es suficiente para nadie en este contexto, pero el debate sobre las fuerzas de seguridad debe necesariamente girar en torno a su funcionamiento y formación, y no exclusivamente sobre sus condiciones laborales. Hablemos de sueldos dignos para trabajos dignos. 

Un dato de color que nos parece interesante apuntar en este escenario de acuartelamientos fue lo sucedido en Rosario durante los similares episodios ocurridos en 2013. Es que durante los tres días que duró ese reclamo, y con una ciudad desprovista de cuerpo policial, no sucedió ningún homicidio. Obviamente no es posible hablar hoy de desintegrar a las policías, pero sí urge –aún más bajo la virulencia de las manifestaciones de estos días– dar un profundo debate sobre el rol de las fuerzas, su formación, y entonces sí, de sus condiciones laborales. 

Sin embargo, es necesario pensar en este entramado de violencias prestándole especial atención al rol de los medios hegemónicos de comunicación y un discurso que apunta a la criminalización de la pobreza. Claudia Albornoz reflexionó sobre el mensaje que transmiten los grandes medios: “Cuentan, en definitiva, la noticia que vende, la noticia que se metió como agenda pública en los grandes medios amarillistas, que venden miedo, desconfianza; por eso a veces cuando queremos salir de nuestros barrios la gente nos discrimina”.

Frente a esta construcción mediática que las y los margina, surgió la revista La Garganta Poderosa como una respuesta de las villas para batallar ese sentido común amparado por los grandes medios. “Fue un gran aprendizaje tener nuestro medio de comunicación, y a través de nuestro medio poder gritar lo que nos pasaba, y lo que tiene que ver con la injusticia social, con la desigualdad, y con este estigma que se pone sobre la pobreza que muchas veces no desarma sus causas, sino que ataca sus consecuencias”, cerró Albornoz.

Santa Fe: semillero de resistencias

A pesar de que los números alarman, y que la violencia se ha impregnado en muchos aspectos en el cotidiano de las barriadas santafesinas, nos parece fundamental centrar la atención en quienes día a día defienden los derechos a una vida digna, hacen frente a los habituales atropellos del aparato policial, sostienen las ollas populares y fortalecen las comunidades: los defensores y las defensoras comunitarias. 

Son, precisamente, activistas que el Estado se esfuerza por invisibilizar, pero que en un contexto de pandemia resultaron cruciales para sostener las situaciones de injusticia que desbordaron en los barrios populares. Sobre esto, apuntó Venturi: “Lo que salva es la comunidad”, aunque, al mismo tiempo, nos alertaba del peligro de “caer en romantizar las tareas. Es urgente que estos trabajos de la economía popular sean reconocidos, retribuidos y deben fortalecerse con nuevas políticas públicas; deben incorporarse a la agenda política”. 

Podemos decir entonces que frente a las instituciones que amparan y sostienen esta crueldad, nacen también los defensores y defensoras que acompañan y sostienen a las familias de víctimas de violencia narco y policial, empoderan a nuestros pibes y nuestras pibas, hacen del derecho a decidir una realidad, protegen nuestros territorios y fortalecen las economías populares. Defensores y defensoras de la vida digna y del sueño de un mundo más justo, y mucho menos cruel. 

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Por Redacción Marcha | Foto: Archivo

Carlos, hijo de Alfredo Cuellar, referente de la lucha por los Derechos Humanos para las personas privadas de su libertad, sigue en grave estado de salud, internado en el Hospital de Ezeiza, conurbano bonaerense, tras recibir quemaduras el martes 26 bajo resguardo del Servicio Penitenciario en la Unidad 1 del Complejo federal de esa misma ciudad.  

“Soy el papá de una de las nueve mujeres que fueron asesinadas en esos centros de exterminio que son las cárceles y a partir de ahí comienza mi lucha y la persecución hacia mi persona”. Así comenzó Alfredo el programa que realiza cada jueves por Radio Semilla y que se llama “Aires de Libertad”. Se lo escuchaba apesadumbrado pero no dejó de referirse a la represión y persecución sobre la familia Cuellar, dolido por la ausencia de los organismos de Derechos Humanos, que lo dejaron solo. 

“Vengo luchando para llegar a la verdad de la situación, ¿qué pasó con mi hija? Esto llevó a que tenga un nuevo enemigo como es el Servicio Penitenciario y el poder judicial”, dijo. Cuellar comenzó a tomar la lucha por las personas privadas de su libertad a partir del asesinato de su hija Florencia “la China” Cuellar en diciembre de 2012, también en una unidad penitenciaria de Ezeiza. “Siempre estamos amenazados perseguidos, no solo contra mi persona sino contra gran parte de mi familia, en varias oportunidades mis hijos quedaron privados de la libertad por el solo hecho de tratar de cazarme”, agregó desde el micrófono. 

Alfredo Cuellar contó, con gran claridad, en qué situación estaba su hijo antes de llegar a terapia intensiva del Hospital de Ezeiza. “Mi hijo fue alcanzado nuevamente con la privación de su libertad, en el Servicio Penitenciario federal, el Complejo 1 de Ezeiza, donde está hace cinco meses. El lugar donde él estaba alojado, es donde están los detenidos por elección, un pabellón de conducta donde no tendría que haber ningún tipo de violencia, ni atropello a los derechos, pero el sistema y el aparato represivo están en todos los ámbitos”.

“Aun no puedo dilucidar qué pasó con mi hijo. Siento que el sistema me vuelve a golpear pero muy duramente. El 25 de mayo hablé con mi hijo, porque hubo una represión dentro del penal. El estaba con buena salud, de manera confusa al día siguiente apareció quemado junto a su colchón. Nosotros los familiares no sabíamos nada, y no lo íbamos a saber si no fuera por el interés de las personas que de manera solidaria les interesa lo que pasa dentro de las cárceles. Me llega esa notificación, para hacerme saber que mi hijo se encontraba en grave estado en el hospital de Ezeiza y me acerque para saber”.

Una responsabilidad clara, por acción u omisión

“Mi hijo fue víctima de un atropello más del Servicio Penitenciario y hoy está luchando por su vida en un hospital público”, denunció Alfredo Cuellar y además, agregó: “los organismos de Derechos Humanos que tenían que estar al tanto de la situación, que tenían que estar velando por la integridad física de mi hijo, nunca se acercaron, nunca se hicieron cargo. Me duele mucho, porque una vez más, vuelvo a sentir el atropello. Y allá me he dirigido solo, porque siempre me dejan echado a mi suerte. Uno no quiere naturalizar esta situación”.

Carlos Cuellar se encuentra en grave estado y las últimas noticias son que mejora pero levemente su salud. Sin embargo, lo que más indigna a Alfredo, es que haya circulado un informe oficial que afirmaba que su hijo “tenía leves escoriaciones”. A esto se refirió en su programa de radio: “lo pude ver con mis propios ojos y no podía creer, el horror nuevamente dentro de mi cuerpo, ver en esa situación caótica en que se encontraba mi hijo a quien le va a costar mucho volver a la normalidad”. “Hoy me encuentro en un vacío, en un desierto”.

Alfredo Cuellar agradeció a las y los profesionales de la salud del Hospital: “quienes están llevando adelante el trabajo con mi hijo, lo están haciendo con mucha dignidad. Me hicieron sentir que está en buenas manos”, y se refirió a quienes lo acompañan, “gran cantidad de compañeros y compañeras se han solidarizado con mi situación y están constantemente conmigo, entonces les debo un gran agradecimiento”. Y finalizó recordando a su hija, “la China”: “vamos a seguir, porque mi compromiso está por arriba de todo. He jurado delante de la tumba de mi hija que no iba a permitir más este tipo de atropellos”.

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No es posible narrar la historia de vulneración de los derechos básicos de Carlos Cuellar sin mencionar el contexto: pandemia, hacinamiento, falta de protocolos de sanidad y una campaña de desinformación en medios, redes sociales y aplicaciones de mensajería que consiguió torcer la resolución judicial de otorgar prisiones domiciliarias a personas detenidas que forman parte de los grupos de riesgo por contagio del COVID-19. Tampoco dejar de mencionar -repetidamente- que las personas privadas de su libertad sólo tienen privada la libertad de circulación, no el derecho a la salud integral, la educación, el trabajo ni la vida. 

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) es el máximo organismo del Estado que se encarga de la promoción y protección de los Derechos Humanos en cárceles federales. Así lo determina el art. 1 de la ley 25.875. La pregunta es, ¿cuando no responde, a quiénes acuden les familiares ante graves atentados contra la vida y vulneraciones de derechos?

En el año 2017, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, incluyó a nuestro país entre las naciones miembros a inspeccionar. Una Comisión recorrió prisiones y lugares de detención por dos meses, entrevistando diversos actores del sistema penal. Las conclusiones fueron contundentes, las muertes bajo custodia alcanzaban en la Argentina cifras alarmantes: entre el 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2018, 425 personas fallecieron mientras estaban detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. 

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Por Redaccion Citrica y Marcha | Foto: Marcha

Carlos, hijo de Alfredo Cuellar, referente de Derechos Humanos y de la lucha antirrepresiva, se encuentra en estado crítico tras las quemaduras que recibió el martes 26, bajo resguardo del Servicio Penitenciario en la Unidad 1 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Igual que con su hija, “la China”, asesinada en 2012, el Servicio Penitenciario no se comunicó con Alfredo para comunicarle las novedades sobre el estado de salud de Carlos, que será trasladado al Hospital del Quemado tras haber estado en terapia intensiva en el Hospital de Ezeiza.

“Volví a ver el horror”, declaró Alfredo el martes en horas de la noche, “mi hijo tendido en una camilla con graves quemaduras en gran parte de su cuerpo y con pérdida de visión”. Eso lo afirmó en un audio de agradecimiento tras los cientos de mensajes de apoyo que recibió tras conocerse la noticia. “No hubo un médico para explicarme cómo se encontraba clínicamente”, agregó, “solo estuve rodeado del servicio penitenciario como si fuera una persona peligrosa”.

Alfredo Cuellar denunció: “nadie me dió una respuesta”. Y agregó que circuló desde la Procuración Penitenciaria un informe que afirmaba que su hijo tenía heridas leves. “Tendrían que estar acompañándome, pero no lo hacen y se basan en los informes falsos que genera el Servicio para hacernos creer que nuestros hijos no están en peligro”. Por eso, desde el primer momento exigió la intervención de los organismos encargados. 

Durante la noche de ayer, Cuellar envió un comunicado donde explicó: “La situación aún sigue siendo de un desinterés absoluto por parte de los organismos del ámbito federal quienes deberían estar acompañando la grave situación que está atravesando mi hijo. Su estado de salud es crítico, está en coma inducido, tiene problemas en el aparato respiratorio y se han negado a darnos un parte oficial, derivando esa responsabilidad al Servicio Penitenciario Federal. Estamos luchando contra la impunidad en la que estamos inmersos.” 

Cuellar aseguró que gracias al acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria se logró que en las próximas horas Carlos sea trasladado al Hospital de Quemados para una adecuada atención debido a su delicado estado de salud. Finalizó su comunicado agradeciendo a todas las personas y organizaciones que se encuentran acompañándolo. “El sistema vuelve a golpearme pero todo el apoyo que recibí me hace más fuerte”, dijo Alfredo Cuellar. Y aseguró que seguirá en la lucha para llegar a la verdad.

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Por Vivian Palmbaum |

Desde las cárceles las personas privadas de libertad reclaman al Estado por la protección de su integridad física y sus derechos. Frente al desinterés olítico y judicial que ha decidido darle la espalda a las y los presos, y a los derechos que les asisten, continúan medidas de protesta pacífica en varias unidades penitenciarias que reclaman no ser víctimas de una política de exterminio en este contexto de pandemia.

Desde que se inició la crisis global por la circulación del coronavirus, los organismos internacionales de protección de derechos hicieron distintas recomendaciones para velar por la integridad física y la salud de las personas en contextos de encierro como las cárceles. Las personas privadas de su libertad, donde el riesgo de contagio es altamente potencial, hay grupos de riesgo en función de sus condiciones de salud, edad o maternidad, entre las mas importantes.

Al no tener respuesta en la mesa de diálogo, en la Unidad Penal 33 de La Plata, están realizando una huelga de hambre como medida de protesta pacífica en demanda que se respeten sus derechos en el contexto de la pandemia COVID-19. Conversamos con una de las detenidas en esa unidad.

Ni Una Menos en las cárceles también

– ¿Porque están llevando adelante esta medida de fuerza?

Queremos que se sepa lo que todos sabemos, que no se respeta la Constitución Nacional, nuestros derechos. Estamos pasados de los beneficios, de la condicional, de una asistida, estamos pasados de tiempo para arrestos domiciliarios, de gente enferma con HIV, con cáncer, con tuberculosis, con problemas pulmonares, renales. Todas esas cosas, y eso por la Constitución Nacional y el Codigo Penal tienen que tener arresto domiciliario y no están respetando todo eso.

Madres no tiene que haber mas, son todas primarias (primera vez) son toda gente que no son reincidentes, son primarias, y de por si el Codigo Penal dice que al ser primarias tienen derecho a tener un arresto domiciliario, y no se respeta nada de eso.

No tenemos un seguimiento medico, no tenemos medica de cabecera, no tenemos una ginecóloga de cabecera, tenemos un ginecólogo, pero nosotras no nos hacemos revisar con ese hombre porque es un atrevido y un maleducado. Tenemos que irnos ya a la calle, estamos pasadas, no se porque nos hacen esperar, esperar y esperar. Queremos ser escuchadas en ese sentido.

Tanto nosotras como los hombre. Hay casi 1000 pulseras que tienen puesto los hombres en las casitas, de régimen abierto, donde estaban saliendo de transitoria pero como paso esto de la pandemia a los pibes los dejaron adentro de las casitas. ¿Por qué? Nos pensamos todos los presos, nos pensamos nosotras, porque no sacaron a esos 1000 presos a las casas de familia, si ya les falta poco a esos chicos, hicieron conducta para estar en las casitas les faltan pocos meses. ¿Por qué no les sacaron las pulseras, los mandaron a las casas y esas pulseras se las dan a otras personas que las necesitan?

A las 25 madres que están aca, a las embarazadas. El poder judicial se maneja mal o no sé, quiere llenar doblemente las cárceles. Las cárceles están superpobladas de todas las formas, en todos lados, en La Plata, en Varela, en Sierra en Alvear, en todas partes están superpobladas, hay una celda de cuatro y duermen 10. Si respetarían todo el Poder Judicial, el Juez, el Fiscal de apelar, apelar a lo que nosotras estamos diciendo. ¿Por qué? Si no somos violadoras no somos femicidas y hay muchos muchachos que le pasa lo mismo. Lo mismo que sufrimos nosotros sufren ellos.

Tenes escuela, tenes cursos, tenes trabajo, tenes conducta y, para que? Si llega el tiempo que tenes que irte y te dicen que esperes que no esta la junta del servicio penitenciario, que no esta la junta de esto, que no esta la junta de lo otro y así van pasando los meses y entonces te vas cumplida, o sea no vas a tener ningún beneficio. Eso estamos pidiendo que se respete nuestros derechos, no es beneficio, son derechos.

Los elementos de higiene nos dan un jabón en pan para cuatro personas, un pedacito para cada una, una vez al mes. Lavandina nos dan una vez a la semana, que no es lavandina es pura agua y es lo único que nos dan.

Las madres con sus hijos y las embarazadas no tienen que estar más, son una condena minimo de cuatro años para abajo y asi en todos los otros pabellones de mujeres grandes, que tienen diabetes, hipertensión, que son enfermas del corazón, que tienen cáncer, que tuvieron tuberculosis, infecciones pulmonares y tener un buen medico, alguien que nos atienda como nos tiene que atender, con nuestra historia clínica, los análisis, que no nos hacen, nos sacan sangre y los análisis no aparecen en ningún lado porque se perdieron. Buena alimentación, buena comida no nos dan cosas con vitaminas, nos dan un guiso asqueroso que parece para los perros. Fruta y verdura nos dan una vez cada tres o cuatro meses, dos veces al año ponele. También las madres no solamente reclaman por su libertad sino por condiciones mas dignas.

Hace unos días en el programa “Aire de Libertad”, una de las madres del pabellón 8 de madres, contaba que les habían negado el arresto domiciliario, a pesar de su condición o de tener una condena por finalizar, “nosotras queremos que nos escuchen, que alguien se haga cargo de nosotras, y que nos den nuestro beneficio. Aca no hay una sanidad como la gente, no hay un pediatra para los chicos, no hay insumos suficientes ni de alimentos ni de elementos de higiene. Que alguien nos escuche, porque creo que nos dejaron en el olvido”.

Informe cárceles y coronavirus

Tal como lo indica el informe que publica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en distintos paises como Colombia, España, Chile y EE.UU. se tomaron medidas destinadas a reducir el impacto del COVID 19 dentro de las cárceles. Tales fueron la limitación de las visitas y autorización de uso de medios alternativos de contacto con el afuera como celulares; liberación de detenides a través de indultos o amnistías dictadas por los poderes ejecutivos; otorgamiento de excarcelaciones, morigeraciones de pena y ampliación de los regímenes de prelibertad (libertades condicionales, asistidas).

En el informe se señala que también en Argentina, el poder judicial y autoridades políticas emitieron recomendaciones y dictaron medidas destinadas a disminuir los efectos del virus sobre una población muy vulnerable e históricamente vulnerada. Sin embargo, las recomendaciones y medidas han sido desoídas e ignoradas sistemáticamente por quienes son responsables de su implementación como son los poderes judicial y ejecutivo nacional y provincial.

Una serie de medidas de protesta de quienes se hayan cumpliendo una condena o están procesadxs, una gran mayoría, no fueron suficientes frente a la campaña mediática y política, la estigmatización y la criminalización de estas personas que son sujetos de derecho, si bien han perdido el derecho a la libertad.

El “Banderazo” de les familiares se realizará frente al Congreso de la Nación. Será una protesta frente a la desinformación, el desinterés político y judicial y “ante el inminente exterminio de nuestros seres queridos en prisión”. Estamos hablando de la vida y la salud de mujeres embarazadas, madres con hijes y de presos y presas infectadas con COVID-19.

*Escuchá “Aire de Libertad” los jueves a las 20 hs. en Radio Semilla
*Leé el informe completo del CELS en: https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/05/coronavirus-y-carceles.pdf

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Texto y fotos por Ornela Calcagno*

Las personas detenidas conviven con el riesgo sanitario, aún más en un contexto de pandemia. Sin embargo, un mes después de la declaración de emergencia por COVID-19 en Argentina, la situación carcelaria fue noticia. El viernes 24 de abril por la mañana, presos alojados en la cárcel de Devoto (al tomar conocimiento de que personal del Servicio Penitenciario con desempeño en dicho penal tenía coronavirus) iniciaron un reclamo por garantías sanitarias. Ello incluye el cumplimiento del derecho a libertades anticipadas o medidas alternativas a la prisión, conforme establece la legislación penal. Desde entonces, asistimos a la propagación de opiniones acerca de la cárcel en general, y sobre las personas detenidas en particular. Punitivistas de derecha a izquierda y personas bien intencionadas dan su palabra desde que inició la difusión de las imágenes de presos en los techos de Devoto. Una alerta caricaturizada entre el odio y la pena.

Sin embargo, no sucumbió el mismo revuelo mediático al confirmarse que dos presos de la cárcel de Devoto –también– portaban el virus. Entre los actores intervinientes en la mediación para mitigar el reclamo, el Ministerio de Salud de la Nación se comprometió a prestar especial atención a los posibles síntomas que surjan en la población. Mientras tanto, la opinología insustancial (como las notas referidas a las “historias criminales” de personas detenidas) y las disputas entre los distintos poderes y partidos políticos, tienen el efecto perverso de aplazar las “soluciones” factibles. En tal escenario, sobrevuelan una serie de inquietudes: ¿advertimos qué implica el aislamiento social para quienes ya estaban confinados/as? ¿tomamos dimensión de lo que puede conllevar que se contagie la población del pabellón? ¿sabemos cómo se (sobre)vive en un pabellón? ¿conocemos las características de la asistencia médica penitenciaria? No está de más ratificar que éstas y otras tantas preguntas no pueden ser respondidas por una serie televisiva.

En principio, interesa realizar una aclaración bastante trillada, pero no menos anquilosado en el periodismo (y en las Ciencias Sociales): “ser delincuente”, esa personificación tan cercana como exótica, no es natural; encarna al tiempo que vela las complejas tramas discursivas y materiales que administran las trayectorias vitales de miles de personas, y que incide –incluso– en quienes no son (somos) tildados/as como tales. La población encerrada en comisarías, alcaidías, cárceles tampoco debería ser nombrada como “privada de la libertad”, si consideramos la lista de carencias que padecen quienes ingresan en las redes de la policía, los tribunales y la cárcel. Para poder construir una problematización –y posibles respuestas– acerca de las condiciones de detención en el marco de una pandemia, la propuesta es una vez más correr el foco hacia el sistema penal en movimiento: quienes se captura, qué se retiene, cómo se castiga.

Algunas publicaciones en los últimos días describen el porcentaje relativo de personas procesadas y condenadas y la situación de sobrepoblación, dos temas que se replican sin mayor profundización cada vez que el tema “cárcel” entra en la escena pública. Pero, hay más para develar. Con este desafío, a continuación, planteo tres ejes problemáticos, que son significativos por su historia, sistematicidad e implicancias para la vida de las personas detenidas.

Más captura, más retención, mayor vulneración

No se trata de conocer el color partidario que ocupa el gobierno nacional o provincial. Desde décadas atrás, la política penal se inscribe en los mismos matices, traspasando límites políticos y geográficos. Uno de sus indicadores es el aumento progresivo de la población encarcelada.[1] Esto no puede ser entendido como el revés del aumento de la criminalidad. Antes bien, es el impacto (esperado, quizás) de la expansión policial y la diversificación del control urbano y el recrudecimiento de la legislación penal y la administración judicial. Para ilustrar esta red punitiva, la Ley N°23.737 (estupefacientes) muestra la manera en que se canaliza un problema (que podría designarse “social”) como “criminal”,[2] lo que habilitó nuevos focos territoriales para las fuerzas del Estado, fortaleciendo a la Gendarmería Nacional; un cambio en la composición de la población capturada, incrementando la cantidad de mujeres y mujeres trans presas; la construcción de cárceles federales, ampliando las plazas disponibles en la zona norte del país. La mira puesta en el sistema penal permite evidenciar una problematización que supera la narrativa de los tiempos dilatados del poder judicial; también intenta correrse de la “crisis de sobrepoblación”, que pone en escena –como analizan Andersen y Bouilly[3]– el incumplimiento de obligaciones normativas en paralelo con las intenciones de ajustarse a derecho por parte de un Estado esquizofrénico. Más allá de las celdas o metros cuadrados disponibles, de ser o no declarado “condenado/a”, ¿qué está ocurriendo allí dónde se decide el ingreso de una persona a la cárcel? Este interrogante resulta aún más oportuno si consideramos que las condenas a prisión por plazos exiguos (desde 15 días a 6 meses) están creciendo notoriamente.[4] Una primera lectura cualitativa de estos casos sugiere que se trata de personas que habrían cometido delitos insignificantes o de poca monta (algunos ejemplos que conocí en la Unidad N°28 del SPF: llevarse una silla posada en la vereda, tomar un foco de luz de una plaza, agarrar unos alambres que estaban fuera de una obra en construcción). ¿A dónde ingresan estas personas? ¿qué vulneraciones atraviesan en ese corto período?

La cuarentena en el encierro: la “visita” es asistencia alimentaria

Desde la sanción del Decreto N°287, que inició la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, muchas personas (profesionales o no) se expresaron sobre los efectos físicos y psicológicos de lo que llaman “estar encerrado”. Sin embargo, amparada en testimonios de personas presas, ni las peores condiciones habitacionales o económicas se asemejan a la situación de sobrevivencia que impone la cárcel; uno de ellos, registraba que nunca se “había sentido tan sucio” (sic) como en el penal, incluso –agregaba– con una experiencia de tres años viviendo en la calle. La normativa nacional e internacional en la materia establece un conjunto de obligaciones relativas a la provisión de elementos de higiene y limpieza, ropa de abrigo, alimentación, entre otras, lo cual rige tanto para el poder judicial como el poder ejecutivo que tiene a su cargo la custodia de presos/as. Pero, el deterioro edilicio, la insalubridad, la mala alimentación son condiciones estructurales de cualquier cárcel[5] –ampliamente registradas por organismos de Derechos Humanos– que afectan sin discriminación tanto a los sectores de alojamiento catalogados de “máxima seguridad”, como a las unidades destinadas al cumplimiento de las últimas fases de la pena (consideradas en la jerga “de conducta”). La escasez de bienes de subsistencia básicos se internaliza (o como dicen muchos/as, “te acostumbrás”), y surgen un conjunto de estrategias alternativas para vivir en el encierro, resultando más que imperioso contar con un trabajo y, sobre todo, con una familia. Cuando reclaman por la restricción a las “visitas”, los/as presos/as no hablan –simplemente– de recibir a un amigo, la mamá, o la pareja (lo cual es un derecho, también, para quien el Estado acusa y encierra). Se trata de comer: por medio de la “visita” las personas detenidas adquieren la mayoría de los productos alimenticios debido a que lo provisto por el SPF es poco o está en mal estado.[6] La situación del “paria” (aquel preso/a que no tiene familia que le provea alimentos o cosas para la limpieza) es especialmente crítica, sobre todo si permanece con una “condena corta”. Para estas personas, no hay trabajo: en la práctica, los eslabones judicial y penitenciaria renunciaron al programa de “tratamiento” en el que se funda la propia existencia de la institución carcelaria. Si bien la ficción de la “resocialización” ya no es una novedad, no se debe perder de vista estos movimientos. ¿Solo se trata de contener a estas personas (en particular, a aquellas que incomodan en las calles)? O conviene preguntar, ¿qué produce el sistema penal?

Qué significa enfermarse en la cárcel

Es reiterada la observación de que las cárceles son inhabitables. Esto no es superfluo: el peligro, y en particular el riesgo sanitario, es consustancial a la vida carcelaria. Convivir con fugas de gas, consumir alimentos contaminados, calentar agua con “cables pelados”. A ello se suma la nula atención médica y, si la hubiera, sus condiciones son deficientes. Enfermarse en la cárcel constituye la mayor condena. Un dolor de muela, de estómago, o una migraña, generan experiencias de sufrimiento. Allí, se sientan las bases de una paciencia dolorosa, aunque también de una tensión permanente, que en más de una oportunidad acaba en conflicto. Porque “patear la reja” suele ser, en muchos penales del SPF, la forma más efectiva para ser asistido/a por personal de la salud, conseguir un medicamento, o ser trasladado a un hospital extramuros ante una urgencia. No se trata de malos profesionales, tampoco de falta de presupuesto; incluso cuando las salas de atención médica están equipadas, las personas detenidas ven agravar su estado de salud: por no poder continuar tratamientos o debido a que se contagian de alguna enfermedad (que en otras condiciones podría prevenirse).[7] La salud intramuros plantea un problema relativo a la sobrevivencia, siempre. Los espacios sanitarios, más o menos básicos, no constituyen un servicio de salud, sino que están insertos en la lógica de gobierno penitenciaria. No hablamos de violencia institucional: se trata de una red de prácticas, actores, instituciones, un juego de fuerzas sobre la vida, la que –deliberadamente– se gestiona a través del dolor y la tortura.[8] Entonces, en la coyuntura actual, ¿qué garantías hay para quienes –a diferencia de lo que pregonan muchos– nunca tienen garantías?

Lo señalado hasta aquí busca replantear los términos de la discusión, porque no se trata de resolver la dicotomía libertades si, libertades no. Los presos/as no son metafóricos, ni extremistas, tienen sustento cuando afirman: “no queremos morir en la cárcel”. Contra los relatos que promueven la desinformación y la violencia, quienes quieran escuchar la voz de las personas detenidas van a encontrar mucho más que “un delincuente”, “un privado de la libertad”: allí están las marcas de un sistema que no solo condena sino castiga, genera hambre y dolor, y con ello certezas sobre su capacidad de dar muerte. En la vorágine de la información actualizada en tiempo real, apelar al conocimiento riguroso se transforma en la herramienta más eficaz contra la complicidad –más o menos– involuntaria.

*Integrante del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos – UBA.

Nota relacionada
“No son motines”. Un panorama nacional del estallido carcelario

[1] En lo que refiere al Servicio Penitenciario Federal, en 1996 contaba con 6.112 presos/as, pasando a una población de 9.523 en 2010, y registrando 11.861 presos/as para 2018. Se puede consultar en: López, A. L., “Perspectiva estadísticas. Actualización 2015/2018”, en Cuadernos del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos humanos N°5, diciembre de 2018. En línea.

[2] Quizás, el mismo movimiento puede apreciarse hoy con la violencia de género como una cuestión de deficiencia punitiva. Una de las respuestas ante un hecho de femicidio aberrante fue la reforma en 2017 de la Ley de Ejecución Penal N°24.660, que incluyó en el paquete mayores restricciones para delitos que no implican necesariamente daño directo sobre las personas, como la ya mencionada normativa que hace referencia a estupefacientes.

[3] “El fetiche de las emergencias penitenciarias”, en Revista Bordes (UNPaz), 27 de abril de 2017. En línea.

[4] Para un análisis de las condenas a cumplimiento de la pena de prisión por montos de menos de 36 meses, recomiendo el informe del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación del año 2019, titulado “Evolución de personas encarceladas en el SPF con penas de hasta 36 meses (2005/2019)”. Disponible online.

[5] Sobre el carácter estructural y sistemático de las malas condiciones materiales y la deficiente alimentación, ver los informes del Registro Nacional de Casos de Tortura que lleva 10 años relevando casos en cárceles federales y bonaerenses, principalmente, en un acuerdo interinstitucional entre el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA, la Comisión Provincial por la Memoria y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Disponibles online.

[6] Para ampliar sobre esta problemática, sugiero la lectura del informe “Producción y gestión de la escasez y la falta como estrategias de gobierno penitenciario. Un estudio sobre la alimentación en las cárceles federales”, también realizado desde el Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Disponible online.

[7] En el Informe Anual de 2018 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, consta que a raíz de una inspección en Devoto se corroboró que no se realizaban o bien tenían falencias los estudios ante sintomatologías, incluso ante el caso de una muerte por Tuberculosis. Ver informe completo online.

[8] Aunque nos centramos especialmente en las cárceles federales, es ilustrativo el apartado “Falta y/o deficiente asistencia de la salud en las cárceles bonaerenses” del Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Tortura del año 2017, donde se analiza asistencia de la salud como constitutiva del orden intra-carcelario, y su impacto en las capacidades físicas y psíquicas de las personas detenidas. Disponible online.

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Por Vivian Palbmaum y Laura Salomé Canteros* / Foto: gobernación Mendoza

El viernes pasado, con huelgas de hambre, batucadas y medidas de protesta pacíficas, presos y presas de cárceles y otros lugares de detención del país decidieron derribar, una vez más, los muros que parecen separarles. Exigieron se respeten derechos básicos a pesar del miedo, la preocupación e incertidumbre de sus familiares. Poniendo frente a la opinión pública situaciones coyunturales y carencias históricas: sobrepoblación y tratos crueles e inhumanos en épocas de pandemia y de la paradoja del encierro como privilegio.

A un sistema penitenciario en crisis se sumó el peligro de contagio de COVID19. La movilización de lxs presxs para defender el derecho a la vida obligó a autoridades a que se implementaran medidas urgentes y movilizó a gabinetes ministeriales de Nación y provincias frente a la inacción de jueces y la represión de agentes del Servicio Penitenciario. 

La intervención de organismos de Derechos Humanos en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) fue clave para que se tenga en cuenta la situación de las personas detenidas en función de su edad, la preexistencia de enfermedades, de la madres y otras situaciones potenciales que aumentan el riesgo frente al coronavirus. De esta forma, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires otorgará la prisión domiciliaria a unxs 2.300 presxs que integran los grupos de riesgo, que están a punto de cumplir sus condenas o están encerradxs por delitos menores.

Un panorama nacional

Río Negro. En Choele Choel, las protestas comenzaron tras la confirmación del positivo de COVID 19 de un trabajador de la salud el pasado 9 de abril, quien luego falleció. Desde entonces, se tomaron varias medidas de aislamiento pero los presos siguieron denunciando el abandono y la falta de protocolos sanitarios frente a la pandemia.

La Rioja. Hace pocas horas se iniciaron medidas de protesta en los pabellones 6, 7, 8, 10, 11 y 12. El reclamo fue pocas horas después de la muerte de otro detenido en un episodio más que confuso. Policía y fuerzas de seguridad reprimieron a familiares y la ministra Gabriela Asis confirmó 18 heridos, entre presos y personal del servicio penitenciario. 

Mendoza. En la cárcel de Borbollón, las mujeres privadas de su libertad protestaron durante cinco días. El viernes 24, al igual que en otros penales, exigieron medidas de protección; sin embargo, la respuesta fue la represión con balas de goma y además el ingreso de agentes de otra cárcel de la provincia. Como consecuencia, cinco mujeres terminaron heridas, una de gravedad; según pudo constatar el Comité de Prevención de la Tortura. “El reclamo de las mujeres tiene como fundamento el incumplimiento del Habeas Corpus resuelto en el marco de la pandemia”, ratificó el Comité en un comunicado que contradijo la versión de la gobernación de la provincia que afirmó que no hubo heridas tras la represión. Tras el “ruidazo” -protesta golpeando puertas-, pudieron acceder a teléfonos celulares.

En el Complejo Penitenciario de Boulogne Sur Mer, el Comité provincial realizó entrevistas a las personas privadas de su libertad que están en huelga de hambre, una medida de fuerza que lleva 15 días. Se constató que no hubo respuestas a los pedidos por parte de las autoridades que son tres: celeridad en el otorgamiento de prisiones domiciliarias a personas que integran grupos de riesgo enmarcados en el COVID 19; pronta resolución de trámites de libertad asistida y condicional; y aplicación de protocolos de salud en los complejos penitenciarios. La mesa intersectorial de diálogo aún no ha sido conformada.

Corrientes. El martes 21 en la Unidad 1 de Corrientes capital, el Servicio Penitenciario reprimió la protesta que realizaron los detenidos de manera brutal. La protesta, que se inició el lunes pasado con una huelga de hambre en demanda de la aplicación de libertades anticipadas y prisión domiciliaria a quienes integran grupos de riesgo. Como consecuencia de la represión uno de los detenidos resultó muerto y 14 personas heridas. 

Chaco. El domingo 26 por la noche iniciaron una huelga de hambre la totalidad de quienes habitan la Unidad Penal 11, unos 450 detenidos y en el Complejo Penitenciario Federal en demanda que se tomen las medidas sanitarias y de protección necesarias, con demandas similares a las demás unidades penitenciarias.

Santa Fe. Desde el domingo 26, los presos de las cárceles de Piñero y Coronda, se encuentran en huelga de hambre. Fue tras el acuerdo al que llegó la mesa de diálogo en la cárcel de Devoto y en exigencia al poder judicial de que “no hagan abandono de persona”. Así lo manifestaron a través de las banderas que colgaron en los pabellones: “No estamos condenados a muerte” y “Huelga de hambre pacífica por nuestros derechos”. En la Unidad 11 de Piñero, quienes están al frente de los reclamos son los presos de los grupos de alto riesgo en la salud.  

Buenos Aires. El Servicio Penitenciario Bonaerense asesinó el miércoles 22 a Federico Rey en la Unidad Nº 23 de Florencio Varela. Por su parte, en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes el Servicio Penitenciario local mató a José Candía. El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires relevó a la cúpula penitenciaria de la Unidad 23 de Florencio Varela. La autopsia determinó que Federico Rey fue asesinado de 8 impactos de bala, al menos uno de plomo.

Aún se desconoce las medidas que tomará el ejecutivo provincial que tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida y la integridad de las personas privadas de su libertad frente a los abusos a los que se ven sometidos por las fuerzas que están a su cargo. Mientras lo piensan, no estamos todas, porque la represalia recayó sobre una de las más vulnerables: en la U40 de Lomas de Zamora, Magaly Saraco de Medina, quien fue sacada de su celda de manera ilegal y depositada en los buzones de castigo, dónde en la madrugada del día de hoy apareció sin vida. El Servicio Penitenciario intenta instalar la conocida hipótesis del suicidio frente a las prácticas ilegales de los buzones de castigo.  

Desde la Unidad Nº 17, Pabellón 1, de Urdampilleta, también en huelga de hambre pacífica, se escuchó la voz que traspasó los muros, y que con el código en la mano dice “solamente estamos reclamando por nuestros derechos, estamos pidiendo lo que está establecido en la Constitución Nacional y en el Código Penal. Morigeraciones y excarcelaciones preventivas por el coronavirus. Nosotros queremos hacer la protesta de manera pacífica, no queremos llegar a lo que pasó en otras unidades, no queremos la muerte de ningún otro pibe, por eso venimos de manera pacífica a hacer eco de lo que nos corresponde”. Las voz de los presos aludió al fallo de los doctores Violini y Borinsky, de la Cámara de Casación Penal de La Plata, que ordenaron que se aplique el beneficio de la excarcelación a las personas que se encuentran en grupos de riesgo, por edad y porque están cercanas a cumplir la pena para disminuir el riesgo de contagio que puede haber. “Si ingresa el virus morimos todos, es un genocidio lo que puede pasar acá”. Por el reclamo que llevan adelante en ese pabellón, los detenidos están “engomados”, en la celda como castigo. Además hicieron notar que la trasmisión de la enfermedad a la población carcelaria podría llegar solamente vía el Servicio Penitenciario, “porque nosotros desde acá no nos movemos”.  

También se sumaron al reclamo, la Unidad 33 de Florencio Varela, la Unidad 15 de Batán, la Alcaldía de Campana, la Unidad 5 de Dolores, la Unidad 27 Pabellón 3, la Unidad 57 Pabellón B5, la Unidad 37 de Barker, los buzones de la Unidad 28, la Unidad 46 Pabellón 1 y 2 de San Martín, la Unidad 48, Pabellón 9 de San Martín. También la protesta se extendió a las unidades de mujeres: Unidad Nº 54 Pabellón 1 de mujeres, Unidad 33 y 8, en donde hay pabellones de madres, donde las mujeres están detenidas cumpliendo la condena con sus hijes. También en la Unidad 4 de mujeres de Ezeiza, las presas hicieron un reclamo pacífico para que se respeten sus derechos.

Tal como reveló el comunicado, el viernes pasado, “el motivo de los reclamos fue que en estos días se confirmó que un detenido de la Unidad Penitenciaria N° 42 de Florencio Varela tiene COVID-19 y hasta hace pocas semanas había estado alojado en la Unidad N° 23, de la misma localidad”.  Además mencionan que se sospecha de un caso de COVID-19 en el penal de Melchor Romero y se  teme que haya más casos que no se estén dando a conocer. Hace pocas horas se reveló que uno de los detenidos que falleció en la protesta de Devoto también estaba infectado por el virus, lo que significa una situación de extrema gravedad. Tampoco los protocolos de resguardo se vienen respetando. 

La protesta en Devoto, la presencia de familiares y organismos y la presión de  organizaciones lograron que se firmara un acuerdo para una mesa de diálogo que se inició el sábado pasado. Estuvieron presentes jueces de la Cámara de Casación, el Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes del CNPT y Procuración Penitenciaria, Defensoría General de la Nación, PROCUVIN, CLPT CABA y representantes de los pabellones de los módulos I, II, III, V y VI del complejo. Se entabló un diálogo donde se escuchó la voz de los internos alojados en los pabellones que propusieron como primera medida concreta “que se considere que lo que aquí se trata abarca el universo de alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, por lo que no solo era un tema de la Cárcel de Devoto (Complejo penitenciario federal de la CABA) y los temas tratados se comunicarán al resto de la población penal del país del sistema federal”. Al finalizar la mesa, los delegados de los pabellones sometieron a consideración de sus compañeros, con una lectura a viva voz, de lo resuelto en este primer encuentro.

Algunas de las demandas de las protestas que continúan son: domiciliarias para grupos de riesgo; libertades condicionales para quienes están con plazo cumplido y/o que están a poco de cumplirlo y no fueron condenadxs por delitos violentos, cortar con lo que llaman “abuso de preventivas”. También: garantizar condiciones dignas para quienes habitan las cárceles (materiales de profilaxis, turnos no recargados y atención sanitaria). El reclamo es claro: no lleguemos tarde a las cárceles. La situación se suma a la crisis del sistema penitenciario en su conjunto, con sobrepoblación, falta de acceso a la salud, la higiene, el trabajo y la educación, con alimentación insuficiente, falta de colchones que obligan y muchas otras violaciones de derechos elementales para la vida digna, porque el único derecho del que lxs presxs están privados es el derecho a la libertad.

A esto se respondió con balas de goma, gases lacrimógenos y la amenaza de detención ya que, en las inmediaciones de Devoto, por ejemplo, familiares se hicieron presentes para pedir que cese la represión dentro del penal y garantizar la integridad de quienes realizaban la medida de protesta. Con un comunicado, las organizaciones exigieron que cese la represión y que se garantice la integridad física de lxs detenidxs en distintas unidades.

Doble vulneración

En los últimos años, en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travesti. Los últimos datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo por la ley de 23.737, ya que siete de cada diez se encuentran privadas de su libertad por infringir la ley de estupefacientes. Para finales del 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme. Entonces, la ley de drogas actúa de forma discriminatoria y desproporcionada contra las mujeres trans y travestis, dejándolas expuestas a múltiples situaciones de violencia institucional en las cárceles.

Para las travestis y las mujeres trans privadas de libertad, la Ley de Identidad de Género no se tradujo en mejoras en las condiciones y calidad de vida en las cárceles. Deudas que son vulneraciones de derechos, actos de discriminación y violencias hacia este colectivo por motivos de identidad de género; tales como la ruptura de vínculos familiares, con amigues y con la comunidad, y servicios de educación y salud inadecuados. Dentro de las cárceles y como castigo, las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones. De este modo, el acceso al derechos a la educación, capacitación y otros servicios es limitado.

Por eso, la emergencia es también considerar la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las personas que están doblemente vulnerables: para travestis, trans y no binaries no hay tiempo. Son un grupo de riesgo que padece las múltiples consecuencias en sus cuerpos golpeados por una histórica marginación. Es una necesidad que se halla invisibilizada y que necesita una pronta resolución por parte de jueces y ejecutivos.

La pandemia es el encierro sin derechos

*agradecimientos: Periodismo Explícito (Mendoza) y Cartago TV (Río Negro)

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Por Analía Cid*

Los feminismos defendemos el cuidado de la vida. Luchamos por el reconocimiento de todas las vidas, por lograr que cada vida sea vivida con dignidad. Como fotógrafa feminista me pregunto en estos días: ¿qué cuidado de la vida existe cuando ponemos por encima de ésta la espectacularización de las imágenes?

Escena: protesta de personas privadas de su libertad en la cárcel de Devoto, la única que queda en territorio porteño. Prefiero hablar de protesta y no de motín, porque lo que los privados de su libertad estaban haciendo es lo que hacemos cada vez que salimos a la calle a hacer un corte, una movilización, un piquete: protestar por condiciones de vida. En un espacio que pareciera cuidadosamente diseñado para que los presos pierdan la poca humanidad que los noticieros aún les permiten tener, un grupo de ellos se rebela y exige que se los proteja de la pandemia de coronavirus que hoy pone en jaque a la normalidad establecida en nuestra sociedad capitalista. En ese contexto, familiares que se acercan al lugar asustadxs por la situación, en su amplia mayoría mujeres, son reprimidxs por la policía.

No estuve ahí, pero fui armando esta historia en base a testimonios, comunicados y, sobre todo, fotos. Porque quienes también estuvieron ahí fueron lxs fotorreporterxs. En las redes sociales quedó registro del hecho más allá del hecho mismo producto de las imágenes que lo retrataron. Entre ellas, varias encendieron la mecha de una furia que tiene larga data. ¿En qué momento la estética se devoró a la ética? De seguro no fue esa tarde de viernes en Devoto, no comenzó ahí.

Casi que diría que ese festín empezó al mismo tiempo que la historia del fotoperiodismo. Un fotoperiodismo que ha sido en su gran mayoría representado por lo que en las corrientes feministas denominamos el BBVAh: el sujeto blanco, burgués, varón, adulto, con una funcionalidad normativa, heterosexual. Como afirma Amaia Pérez Orozco, autora de la cual tomo esta definición: “en torno a él se concentran el poder y los recursos, se define la vida misma”; también en la fotografía.

Desde hace un tiempo fotógrafas y fotógrafes venimos cuestionando la centralidad de la mirada del BBVAh en los distintos campos que nuestra disciplina abarca, desde el periodismo hasta la moda, desde el “street photography” hasta la fotografía conceptual. Es muy opaco un mundo retratado siempre desde los mismos ojos, sin importar quien sea que porte esos ojos: nuestra educación fotográfica tradicional, basada en héroes y grandes acontecimientos históricos, lleva grabada a fuego esa mirada. Una mirada que reproduce estereotipos de clase, de género, de raza; que perpetúa las actuales relaciones de poder. Despojarnos de ella es un ejercicio de toda la vida y nadie se encuentra exento de hacer ese ejercicio – también podemos ser las mujeres quienes encaremos esa mirada. Yendo concretamente al fotoperiodismo y la fotografía documental, ríos de tinta se han escrito criticando imágenes icónicas que han marcado la historia de nuestra profesión. No todo es igual a cuando Capa tomó la foto del soldado republicano. Ahora más que nunca, la estética tomó el poder y hay, por ejemplo, fotógrafos de guerra con cámaras de placa creando imágenes en el campo de batalla de algún país en vías de destrucción para luego venderlas en renombradas galerías y pasar a integrar la colección de algún magnate o museo. Imagen individual mata historia, y hot news mata vida cotidiana; entre más embellecido, mejor. 

Teniendo en cuenta todo esto, vuelvo al principio: varios fotógrafos hacen fotos de las mujeres siendo reprimidas y deciden publicarlas en sus cuentas personales en las redes sociales. Hacen su propia edición, escriben sus propios epígrafes. Esas imágenes llegan a mi monitor y al de otras compañeras, y no sé si apagar la computadora o romperla. Aún mejor, me encantaría rompersela en la cabeza a alguno de los que hicieron las fotos. Trato de calmarme, ejercicio que me cuesta bastante después de un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio. Hablo con amigas, sigo mirando otras imágenes de ese día, me tomo unos mates, leo las reflexiones de otras colegas (como la de Lucía Merle, que puede leerse acá), pienso mucho. ¿Qué es lo que me hace sentir así? Mientras trato de dormir empiezo a entender: lo que me molesta no son (sólo) las fotos. Son los comentarios de quienes las miran. La catarata de elogios hacia quienes realizaron esas imágenes me destroza. ¿Qué es lo que ven que yo no veo? ¿Qué es lo que yo veo y ellxs no? Y me surge otra pregunta, pensando en los colegas que pusieron a circular las imágenes en el ciberespacio: ¿de qué sirve matar al mensajero, cuando hay una audiencia fanática del mensaje, que permite que el mensajero sobreviva en una competencia feroz por los pocos puestos de trabajo que aún existen en la industria del fotoperiodismo? Ojo: no matarlo no significa quitarle responsabilidad y exigirle un llamado a la reflexión.

Quien porta la cámara no tiene todo el poder, pero en escenas como las de una represión de familiares de privados de la libertad tiene mucho más poder que lxs retratados, que no casualmente eran mujeres. Fotógrafos varones retratando mujeres no hegemónicas siendo reprimidas y después subiendolas a las redes sin un mínimo cuidado por su integridad, ¿es sólo un error? ¿O es que hay un chip funcionando en piloto automático en muchxs de nosotrxs que es necesario detectar para, acto seguido, empezar a desarmar? 

Pongo el foco en la audiencia. ¿Qué es lo que está pasando para que tantxs lean una imagen violenta, que retrata la violencia más cruda, como una buena imagen? ¿Dónde está la voz de esas familiares? ¿Cuáles son sus historias? Corramonos 5 minutos del punitivismo suicida que nos lleva a murmurar en voz baja que, en realidad, esos hombres en el techo del penal merecen que el coronavirus los mate. Que por el sólo hecho de estar privados de su libertad quedan automáticamente excluidos de todo derecho, incluso del derecho a la vida. Hay sed de venganza, de linchamiento; los dedos apuntan contra los reos. Y en el medio, las mujeres.

¿Puede un comunicador clamar inocencia y decir “sólo estoy informando”, cuando la sociedad en la que vive utiliza esas imágenes para reafirmar su odio? En su libro La arqueología del saber de 1969, Michel Foucault presenta el concepto de formaciones discursivas para hablar de cómo un mismo enunciado puede significar cosas diferentes según el contexto en el que se presente. En este momento de digitalización casi total podemos incluir a las imágenes que producimos como enunciados que forman parte de formaciones discursivas. Las imágenes no se dan en el vacío: dialogan con el conjunto de imágenes y discursos en circulación en una sociedad y un tiempo determinados. Negar esto es negar la capacidad que tiene la fotografía de crear sentido. Las fotografías de esas mujeres se producen y circulan en un momento en que lxs militantes y organizaciones feministas clamamos que se declare la emergencia en violencia de género, en un país que sufre un femicidio cada 32 horas. En que la amenaza latente de un abuso de las fuerzas de seguridad, fogoneadas por la cuarentena, nos hace dudar si salir o no a comprar al almacén o pasear al perro. Como mujer, como feminista, me siento violentada por esas imágenes y exijo que al menos nos tomemos un rato para entender el por qué me siento, nos sentimos violentadas.

Las feministas queremos cambiarlo todo. Queremos transformar las relaciones humanas, desafiar los vínculos opresivos que el capitalismo heteropatriarcal y colonial nos imponen como única opción. La fotografía no es una disciplina que pueda quedar fuera de esa transformación. Cuando agarramos una cámara y decidimos poner a circular lo que producimos, no podemos permitirnos la ingenuidad. Ocupamos una posición en el mundo; lamentablemente, la de la mayoría de lxs fotógrafxs suele ser una de privilegio. Podemos equivocarnos porque de los errores se aprende, y lincharnos mutuamente no sirve más que para ejercer en otro la violencia que tememos que ejerzan contra nosotrxs. Pero cuando la respuesta a la crítica es la complicidad entre varones, el problema es mucho más profundo y penetra la imagen, la desarma. Repito: varones (probablemente blancos, probablemente de clases medias, seguramente precarizados pero con trabajo) fotografiando mujeres (que no son blancas, que no son de clase media, y que más que seguro tienen trabajo informal amenazado en su precariedad por la cuarentena) que están siendo reprimidas por la policía. Otros varones aplaudiendo ese trabajo, defendiéndolo usando las cartas gastadas de la “libertad de expresión” y el “derecho a informar”, a “mostrar la realidad”. ¿Por qué hay quienes creen todavía que su derecho a informar está por encima de la vida de las personas que protagonizan sus imágenes? No bajemos la guardia: “mostrar la realidad” sin analizar lo que estamos mostrando puede convertirse en una forma de legitimar la realidad que nos espanta. 

*fotógrafa, socióloga y activista feminista

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