Gloria Purizaca (*)

La lucha de miles de personas que tomaron las calles derribó el breve régimen de Manuel Merino. Las manifestaciones serán recordadas por la brutal represión policial cometida y el asesinato de Inti Sotelo Camargo (24) y Bryan Pintado Sánchez (22).

Durante las primeras protestas, efectivos lanzaron perdigones, balines y gas lacrimógeno. Por ello, durante la segunda marcha nacional que se realizó el sábado 14 de noviembre, las y los manifestantes se organizaron para resistir desde la primera línea de las marchas: crearon grupos que desactivan bombas lacrimógenas, varios de los cuales estuvieron compuestos por mujeres feministas.

“Ninguna de nosotras había desactivado antes una lacrimógena, pero vimos que otras personas se estaban organizando para la misma tarea, así que empezamos a ver videos que rotaban por redes y aprendimos desde el autoconocimiento colectivo”, contó María*, una de las desactivadoras de las brigadas feministas que se conformaron durante los siete días de protestas.

A lo largo de la historia, las mujeres cumplieron funciones importantes en las luchas populares, pero estas no siempre se reconocen en las currículas escolares.

Durante la Revolución Francesa, ellas fueron protagonistas de revueltas ligadas a la carestía de productos agrícolas y a los precios del pan. Sin embargo, en las aulas no se conversa sobre ello; se las reduce al ámbito doméstico y privado, como señala el documental Las mujeres en la Revolución Francesa.

“Empezamos a organizarnos desde el martes 10. Fuimos sin nada pero vimos la represión policial, entonces surgió la idea de comprar elementos de seguridad con nuestro propio dinero y con donaciones de nuestros amigos”, relató.

Laura*, otra feminista que desactivó bombas lacrimógenas, sostuvo que al ver estas convocatorias decidió sumarse. Nunca planeó estar en primera línea.

Represión y resistencia

Con casco, lentes de plástico, máscaras antigas y guantes que soportan altas temperaturas, María* y Laura* estuvieron realizando su labor durante la segunda marcha nacional en el cruce de la avenida Abancay y Nicolás de Piérola, una de las zonas donde la Policía Nacional del Perú (PNP) atacó de forma violenta a los manifestantes.

Cerca de las 7 de la noche del sábado 14 de noviembre, se ubicaron junto a las barricadas que armaron las personas de la primera línea y lo que vieron durante las más de tres horas que estuvieron desactivando bombas lacrimógenas les afectó emocionalmente. “Ha sido traumático ver la violencia, el hecho que nos han estado disparando al cuerpo, ver a nuestros compañeros y compañeras que salían en camillas”, recordó María*.

Tuvieron que cruzar entre perdigones y balines para desactivar las lacrimógenas. “Una de nuestras primeras reglas era siempre avanzar en bloque, pero todas en ese momento reaccionamos en automático”, pues solo pensaban en ayudar, corriendo de un lado a otro, siempre alertas. La prioridad en ese momento eran los manifestantes que se encontraban en el choque directo con la PNP.

“Ellos tenían un montón de protección, pero nosotras no y tampoco los compañeros que estaban ahí”, explicó Laura*. Ambas concordaron en que los policías no paraban de lanzar los gases y que, si se detenían, era solo para que los protestantes avanzaran hacia ellos y de ahí dispararles directo al cuerpo.

Las dos mujeres ya habían asistido a otras marchas, pero cuentan que nunca antes vieron que los gases afectaran tanto a los manifestantes. Muchos se desvanecieron.

Las desactivadoras cuentan que incluso vieron pasar a Inti por su costado. En ese momento no sabían que era él, pero solo deseaban que sobreviviera porque se estaba desangrando. “Era como estar en una guerra”, afirmaron.

La importancia de la visibilización de las mujeres en las protestas

Así como ellas, otros grupos de desactivadoras feministas se encontraban alrededor del Poder Judicial y en el cruce del Jirón Camaná con la avenida Nicolás de Piérola, ambos puntos críticos de la represión policial.

Pasadas las 10.30 p. m., María* tuvo que salir de la zona de represión por el dolor de cabeza que le causaron las bombas lacrimógenas pese a que se encontraba protegida. “De pronto me quedé en blanco y empezaron a venirme imágenes a la cabeza de cómo sacaron en camillas a nuestros compas y empiezas a pensar cómo habrías salido de ahí: herida, parapléjica o muerta. Cuando llegué a casa me dio un shock nervioso. Mi mamá estaba llorando y entendí lo expuestos que estuvimos todos”, narró.

Pese a lo vivido, les reconforta saber que pudieron ayudar. Laura* opinó que es importante que las mujeres salgan a luchar porque es una forma de empoderamiento y de erradicar la idea de que “solo los hombres pueden ir al choque porque (las mujeres) somos supuestamente débiles”. “Vi a muchas en la primera línea apagando lacrimógenas. Es importante que se vea que no solo los hombres van a las protestas”, añadió.

Están seguras de que las secuelas psicológicas que tendrán son muchas. María* hasta ahora no logra conciliar el sueño sin tener pesadillas de bombas reventando a su costado. “Lamentablemente ese es el costo que estamos dispuestas a soportar porque creemos en la lucha del pueblo y en la autoorganización colectiva y ciudadana. Vamos a seguir apoyando en primera línea”, finalizó.

(*) Publicada originalmente en La República de Perú

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El barrio Juan XXIII, mejor conocido como La Bombilla, es uno de los tantos barrios que rodean Tucuman capital, barrios olvidados por las distintas gestiones estatales. Facundo, de 12 años vivía allí, como solía ser costumbre en su cotidiano, el Jueves 8 fue con su amigo Juan a una picada de motos que se corre en una vieja terminal de colectivos. Al regresar en moto con Juan de 14 años y sin llegar a reaccionar, son atacados por policías que se encontraban patrullando la zona, tras el tiroteo unidireccional Facundo cayó baleado y Juan herido en la pierna y en la cabeza.

El pasado lunes las pericias confirmaron que Facundo murió por un balazo en la nuca, Juan continúa herido. El joven insiste cada vez que toma la palabra “la policía mató a mi amigo” mientras las cámaras lo siguen persiguiendo y atormentando. A su vez, Adriana Rodrigues, referente del Frente popular Darío Santillán en Tucumán y vecina de Facundo relata que el Viernes 9 “después del velatorio de Facundo la policía se metió en nuestros barrios haciendo racias, levantando a cualquier pibe de la calle, se metieron helicópteros que sobrevolaban en nuestros techos.”

Sin embargo, durante esa noche la cobarde bala policial no le tocó a él sólo, en Quilmes y Morón dos jóvenes fueron asesinados de forma similar, bajo el mismo patrón de acción: disparo a la cabeza a quemarropa bajo la sospecha de “un posible robo o disturbio”. El sujeto, también, siempre el mismo: joven de barriada popular. De igual manera el victimario se repite, un policía, no siempre uniformado. Si bien esta lógica represiva lleva muchos años sosteniendo todos los discursos y gobiernos, luego de la legitimación de la práctica “Chocobar” por parte del Presidente Mauricio Macri se ha instaurado de forma más consolidada.

Facundo, Fabian, Alexis son sus nombres. A  lo largo de los días transcurridos, en vez de repasar sus historias o reflexionar sobre el accionar policial, los medios hegemónicos de comunicación han mantenido, su también histórica, manipulación. De esta forma no importa saber que a Facundo le gustaba jugar a la pelota y que era muy querido por su abuela con quien vivía en Tucumán, como tampoco entender el cotidiano con el que lidiaba Alexis, también mimado por su abuela, en la Villa Carlos Gardel de Morón o lo preocupado que se encuentra el papá de Fabián de Quilmes. Ahora lo que importa es meter el contenido criminalizador hacia los pibes, ese que tiene como único objetivo el sostener las políticas de ajuste y represión que, a su vez, atacan directamente contra las vidas jóvenes.

Fabián Exequiel Enrique tenía 17, vivía en la villa Los Eucaliptus de Quilmes. El oficial del grupo Halcón que lo asesinó también por la espalda no se encontraba en funciones cuando empleó su arma bajo el argumento de que el joven quiso robarle el celular junto a otro chico. El padre de Fabián rápidamente salió a contradecir la respuesta, esperada del oficial “el policía se bajó del auto y lo acribilló. Mi hijo no le robó nada y, aunque lo hubiese hecho, tampoco podía pegarle tiros por la espalda”, relató Claudio Enrique el padre de Fabián “Lo mató como a un perro”, a su vez relata amenazas posteriores de efectivos de la policía hacia la familia dándoles a entender que en cualquier momento, otro pibe podría terminar muerto en el barrio.

Por su parte Alexis Gutiérrez Suarez tenía 18 años, vivía en el barrio Carlos Gardel, de Morón. El consumo y la violencia propiciada ante la falta de espacios que contengan a la niñez y a la juventud lo habían desgastado en su corta vida. El jóven ya no tenía intenciones de medir consecuencias y si, bien las mismas pasiones de todos: el fútbol y su abuela lo llevaban a “recatarse”, cuenta su abuela que en sus últimos días se encontraba desganado y ella como siempre intentaba mimarlo y reanimarlo. Alexis sabía que la cárcel no era el lugar donde quería terminar, sabía bien de relatos y experiencias que le llegaban de familiares y vecinos pero tampoco tenía muchas más opciones. La noche del viernes fue asesinado en otro episodio confuso.

La prensa apunta, la policía dispara

Mientras el furor de la masiva marcha del 8M continuaba haciendo eco, la noticia del niño asesinado impactó.  Una vez conocida la noticia, rápidamente la agenda mediática se modificó. Quienes en los días previos de efervescencia feminista defendían “la vida de cualquier niño por nacer” ante el debate de la aprobación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ahora salían livianos y livianas a decir: “uno menos”. Ese es el cotidiano confuso que atraviesa cada niño y niña desde las barriadas populares, de la lástima al odio sin posibilidad concreta de ser entendidos como sujetos de derechos y menos políticos.

Es con estas historias, cargadas de desidia y abandono que los Repetto y los Feinmann se regocijan ante las cámaras, se preguntan qué hacían solos a la noche y justifican como en épocas oscuras de dictadura que “algo habrán hecho”. De esta manera, el dispositivo represor funciona sin grietas y a la perfección. Aquellos que semanas atrás decían “ninguno menos” se alivian y duermen tranquilos sabiendo que la policía así los cuida y que, efectivamente hay pibes que tienen que sacrificarse en pos de ese orden anhelado el cual pareciera no depender de las políticas del estado.

Las historias relatadas se cruzan, se encuentran y si bien son de distintas zonas, los tres jóvenes son de barriadas populares y la ecuación no vuelve a fallar: ser joven y pobre siempre fue sinónimo de peligrosidad. En este sentido, actualmente, existe una legitimación de este relato amparada por el poder político, judicial y mediático. Alexis, Fabián y Facundo no son casos aislados, se suman a las cifras crecientes de asesinatos en manos de las fuerzas represivas de (in)seguridad.

Sea que los jóvenes delinquen o no, sea que se encontraran en consumiendo o no, sea que simplemente se tomaron el atrevimiento de salir a la calle, en ese lugar que se los señala, persigue y acusa. Hay un estado de derechos que no se garantiza, hay un discurso mediático que ampara la punibilidad. Mientras los debates sobre la modificación del código penal siguen latentes amparando la baja de edad de punibilidad, hay un poder político que legitima el accionar violento de las fuerzas represivas haciendo un uso selectivo de la fuerza apuntado a la criminalización y estigmatización de la juventud.

Existe un sistema que antes de investigar, dispara, culpabiliza y queda impune. Pero resulta importante recordar que también existen organizaciones las mismas que sin presupuesto y políticas públicas que acompañen continúan luchando día a día bajo una certeza: que las y los jóvenes no son peligrosos, están en peligro. Que las jóvenes caen en las redes de trata amparadas por la policía y el poder político, que el narcotráfico se instala con cada vez más fuerza en cada barrio, amparado por la policía y el poder político y que se necesitan de cuerpos sacrificables, de personas “desechables” para hacer mover la maquinaria.

(*) Encuentro Niñez y Territorio.

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Durante las últimas semanas presenciamos al menos dos hechos que escenificaron las formas de la violencia que está tomando el Estado: los allanamientos en la ciudad de Córdoba a diferentes organizaciones sociales, políticas y culturales y las y los treinta y un detenidos en la Capital Federal, luego de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

A este escenario ejemplificador, le sumamos la permanente construcción mediática que se inclina para desvirtuar los hechos y fogonear la histórica figura del enemigo político como estrategia para garantizar los intereses que representa la clase gobernante. El telón se levanta; mapuches y anarquistas representan una puesta en escena cuya farsa convida al guión del terrorismo. Pero, ¿por qué es necesaria la construcción de un enemigo? ¿Cuál es el modelo de Estado que se está prefigurando en cada accionar violento que llegamos a enterarnos?

Un poco de historia

La construcción política del enemigo interno en nuestro país, lo considerado “peligroso”, “amenaza”, “disolvente” o lo calificado como “elemento subversivo”, fueron categorías que se inscribieron en los orígenes de la conformación del Estado Nación. Las protestas, las huelgas, la prensa obrera, los mítines políticos anarquistas, socialistas, comunistas, los ateneos y los círculos libertarios de finales del siglo XIX y principios del XX, fueron parte de la trama de la sospecha permanente de una policía, que debía garantizar la existencia del Estado moderno.

Estas categorías fueron una herramienta fundamental para las elites gobernantes, que por un lado abrían las puertas a la política inmigratoria para poblar civilizadamente, mientras que por el otro, transformaban esa apertura en una política selectiva donde lo extranjero comenzaba a ser un blanco de sospecha por la influencia en éstos de sus ideas anarquistas y comunistas. En este sentido, es destacable la importancia que el Estado le fue otorgando a las tareas del control social e ideológico, donde la categoría de “enemigo” fue constitutiva en los cambios de la propias estructura de la inteligencia policial y militar orientada hacia un mejoramiento progresivo en la labor de las fuerzas de seguridad a lo largo de todo el siglo XX.

Desde la conformación inicial del Estado Nación, las Fuerzas Armadas participaron activamente en la vida política del país. La intervención a lo largo de todo el siglo XX, en seis Golpes de Estado, constituyó un determinado imaginario de aceptación social, donde la politización de las Fuerzas Armadas constituía parte del escenario político de lo posible en nuestro país. La vinculación de éstas con la política y la subordinación de las policías, fueron prácticas y definiciones que se constituyeron como elementos prefigurativos de las formas que adquiriría el Estado durante la última dictadura cívico-militar en 1976. Con la apertura democrática en 1983 se intentó de diversas formas correr progresivamente a las Fuerzas Armadas de la arena política.

Esta prolongada historia golpista, cuyas consecuencias también son parte de la profundización de un modelo capitalista-liberal, ha ganado en el presente una condena social extendida por amplios sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, la policía comenzó a tomar un lugar central en estas relaciones, reconfigurando el poder de control civil desde los distintos atributos que los gobiernos le fueron confiriendo.

El año pasado, con la decisión del gobierno del presidente Macri de modificar un decreto sancionado por el ex presidente Raúl Alfonsín, que restringía determinadas facultadas a las Fuerzas Armadas, significó un retroceso en relación a las políticas implementadas desde la apertura democrática, y las nuevas subjetividades políticas que se construyeron en la sociedad al momento de pensar la vinculación de los militares en la esfera política.

El policiamiento del Estado como paradigma de seguridad

Las distintas medidas de los últimos gobiernos como la sanción de la Ley Antiterrorista en el 2011 o el proyecto X de inteligencia y espionaje sobre militantes y organizaciones sociales, la gendarmería en los barrios, la reciente ampliación del poder a las FFAA, etcétera, han ido configurando el rol de las fuerzas de seguridad para el control de la población civil en todas sus áreas.

Hoy, algunas de las medidas tomadas por el macrismo se montan en una estructura que le antecedieron, para profundizar una intervención mayor del Estado en su faceta represiva. Con la declarada “emergencia en seguridad”, el gobierno de Mauricio Macri, refuerza las medidas del control en los barrios, donde en su cruzada contra el narcotráfico, las fuerzas de seguridad amplían sus atributos para intervenir en las zonas más humildes del país, se habilita la intervención de ex militares y las FFAA tienen la autonomía política para derribar un avión que no identifiquen. La militarización de los barrios la podemos encontrar hace tiempo en las zonas pobres de Rosario, como lo fue el “Operativo Unidad- Plan Cinturón Sur” de la ciudad de Buenos Aires, reactualizado por la ministra Bullrich con una gendarmería “en movimiento” y en la zona de las Sierras Chicas de Córdoba. En estos casos, una fuerza nacional militarizada es la encargada de controlar los robos. Esta práctica de control ha demostrado ser la respuesta sistemática de las políticas de los gobiernos de turno al problema delictivo. Lo que está claro es que la policialización/militarización de los territorios, llegó para quedarse. El modelo brasilero, con sus “policías pacificadoras” para las favelas, es el ejemplo a profundizar. En este país, las Fuerzas Armadas nunca dejaron de intervenir en la seguridad interior.

De modo que, el corrimiento progresivo de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna de las últimas décadas, fue dejando a la policía para que tome ese rol protagónico/ejecutor, que arbitrariamente actúa en pos del orden social y se ve implicada sistemáticamente en ilícitos de todo tipo: trata, narcotráfico, secuestros, entre otros. Poco a poco, se fue generando un proceso de modernización punitiva del Estado, donde la policía se consolidó como un actor fundamental en el control político. Los intentos por desmilitarizar la política por parte de los gobiernos a partir de 1983, no sólo no consiguieron desmantelar el aparato represivo, sino que la actuación policial fue ganando poder y control territorial, mientras que hoy las FFAA vuelven progresivamente a la escena.

Así, las diversas aristas del control territorial se expresan a lo largo y a lo ancho del país, todas responden también a una lógica de acumulación capitalista. Lo vemos en las zonas de la mega minería, donde funciona un para-Estado con un poder parapolicial. O lo que sucede en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, entre otras; y las grandes extensiones de tierras de la Región Patagónica. En todos los casos existen fuerzas especiales de seguridad que trabajan con los empresarios locales para garantizar el desalojo y la muerte de los y las campesinas/indígenas que reclaman su territorio ancestral. Aquí es la lógica del agronegocio como dispositivo de poder la que funciona, pero en todas es la intervención de las fuerzas de seguridad -desde sus distintos brazos operativos- la que responde con una funcionalidad directa al poder local/provincial/nacional.

A este panorama hay que sumarle el convenio firmado el año pasado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Estado de Georgia (EU), sede del Comando Sur, que habilita a Estados Unidos a intervenir en temas de seguridad interior. Estamos frente a la arbitrariedad de un Estado que construye una legalidad represiva: al mismo tiempo que proclama la ley, garantiza las condiciones de la represión física. La violencia institucionalizada cumple aquí su rol dentro de un Estado que mantiene sus funciones de control social y represión, como una continuidad histórica y constitutiva del mismo. Las lógicas excepcionales y autoritarias, que caracterizaron al siglo XX, hoy continúan siendo prácticas permanentes de los gobiernos, amparadas -paradójicamente- en el sostenimiento del orden constitucional de la democracia representativa. Estas lógicas persisten bajo la construcción de nuevos y ya viejos enemigos internos, regidos por el imperio del derecho moderno que conjuga la legalidad con la coerción como base del castigo.

Preservar el orden capitalista requiere inevitablemente de la ampliación de la violencia estatal, y las políticas represivas del Estado necesitan de la construcción de un enemigo. Esta trama fue configurando incluso una arquitectura urbana tendiente al control, cuyos alcances actuales han calado hondo en una sociedad que incorpora en su cotidiano nuevos dispositivos de control bajo la sombra de un imaginario social que siempre busca culpables.

El discurso alarmista sobre el narcotráfico en nuestro país, es el mismo que se utiliza en otros países de Latinoamérica, donde se instala al narco como un sujeto que ha permeado todos los estratos de la sociedad y se le declara una guerra total. Al totalizar al enemigo, las medidas del Estado también deben totalizarse para poder cumplir con la misión de protección. La seguridad debe permear en todos los ámbitos de la vida. Así, los procesos de militarización coinciden con el discurso interno de seguridad de la guerra contra las drogas y la delincuencia de las y los jóvenes. Pero, en este últimos mes, pudimos ver cómo ese sujeto se ha diluido para reeditar nuevos y viejos enemigos, mapuches y anarquistas unidos y unidas en “células terroristas” que buscan generar el caos social, atentar salvajemente a la propiedad privada y desconocer las formas jurídicas del Estado que nos regula como ciudadanos y ciudadanas.

Desde este paradigma, que asocia -principlamente- al narcotráfico, el gobierno de Macri continúa atribuyendo nuevas facultades a las Fuerzas Armadas, para intervenir, en problemas de la seguridad interior. Vimos la aplicación de este mismo modelo durante todo el siglo pasado, donde la persecución del enemigo interno anarquista/comunista/terrorista, implicó la violación sistemática de los derechos humanos y la represión permanente al movimiento obrero. La existencia de un enemigo colectivo, fue un hecho permanente que se construyó para forjar la identidad de la Nación y que aún hoy es un fundamento para la legalización y legitimación de la violencia en manos del Estado, elemento central de la excepcionalidad.

Hoy, el actual gobierno intenta fortalecer aún más las alianzas con Estados Unidos y necesita de unas Fuerzas Armadas recuperadas para poder implementar un enfoque militarista para la seguridad, que se sabe lejos de desactivar las redes de la droga y el delito, fortalece el poder policial y profundiza un sistema de opresión e injusticia. A pequeñas y grandes versiones del Plan Colombia, a la medida local y bajo instructivos neocolonizadores, estaremos expuestas cada vez más, mientras se permita avanzar a este gobierno y este sistema de impunidad y exclusión.

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