Por Vivian Palmbaum |

Desde las cárceles las personas privadas de libertad reclaman al Estado por la protección de su integridad física y sus derechos. Frente al desinterés olítico y judicial que ha decidido darle la espalda a las y los presos, y a los derechos que les asisten, continúan medidas de protesta pacífica en varias unidades penitenciarias que reclaman no ser víctimas de una política de exterminio en este contexto de pandemia.

Desde que se inició la crisis global por la circulación del coronavirus, los organismos internacionales de protección de derechos hicieron distintas recomendaciones para velar por la integridad física y la salud de las personas en contextos de encierro como las cárceles. Las personas privadas de su libertad, donde el riesgo de contagio es altamente potencial, hay grupos de riesgo en función de sus condiciones de salud, edad o maternidad, entre las mas importantes.

Al no tener respuesta en la mesa de diálogo, en la Unidad Penal 33 de La Plata, están realizando una huelga de hambre como medida de protesta pacífica en demanda que se respeten sus derechos en el contexto de la pandemia COVID-19. Conversamos con una de las detenidas en esa unidad.

Ni Una Menos en las cárceles también

– ¿Porque están llevando adelante esta medida de fuerza?

Queremos que se sepa lo que todos sabemos, que no se respeta la Constitución Nacional, nuestros derechos. Estamos pasados de los beneficios, de la condicional, de una asistida, estamos pasados de tiempo para arrestos domiciliarios, de gente enferma con HIV, con cáncer, con tuberculosis, con problemas pulmonares, renales. Todas esas cosas, y eso por la Constitución Nacional y el Codigo Penal tienen que tener arresto domiciliario y no están respetando todo eso.

Madres no tiene que haber mas, son todas primarias (primera vez) son toda gente que no son reincidentes, son primarias, y de por si el Codigo Penal dice que al ser primarias tienen derecho a tener un arresto domiciliario, y no se respeta nada de eso.

No tenemos un seguimiento medico, no tenemos medica de cabecera, no tenemos una ginecóloga de cabecera, tenemos un ginecólogo, pero nosotras no nos hacemos revisar con ese hombre porque es un atrevido y un maleducado. Tenemos que irnos ya a la calle, estamos pasadas, no se porque nos hacen esperar, esperar y esperar. Queremos ser escuchadas en ese sentido.

Tanto nosotras como los hombre. Hay casi 1000 pulseras que tienen puesto los hombres en las casitas, de régimen abierto, donde estaban saliendo de transitoria pero como paso esto de la pandemia a los pibes los dejaron adentro de las casitas. ¿Por qué? Nos pensamos todos los presos, nos pensamos nosotras, porque no sacaron a esos 1000 presos a las casas de familia, si ya les falta poco a esos chicos, hicieron conducta para estar en las casitas les faltan pocos meses. ¿Por qué no les sacaron las pulseras, los mandaron a las casas y esas pulseras se las dan a otras personas que las necesitan?

A las 25 madres que están aca, a las embarazadas. El poder judicial se maneja mal o no sé, quiere llenar doblemente las cárceles. Las cárceles están superpobladas de todas las formas, en todos lados, en La Plata, en Varela, en Sierra en Alvear, en todas partes están superpobladas, hay una celda de cuatro y duermen 10. Si respetarían todo el Poder Judicial, el Juez, el Fiscal de apelar, apelar a lo que nosotras estamos diciendo. ¿Por qué? Si no somos violadoras no somos femicidas y hay muchos muchachos que le pasa lo mismo. Lo mismo que sufrimos nosotros sufren ellos.

Tenes escuela, tenes cursos, tenes trabajo, tenes conducta y, para que? Si llega el tiempo que tenes que irte y te dicen que esperes que no esta la junta del servicio penitenciario, que no esta la junta de esto, que no esta la junta de lo otro y así van pasando los meses y entonces te vas cumplida, o sea no vas a tener ningún beneficio. Eso estamos pidiendo que se respete nuestros derechos, no es beneficio, son derechos.

Los elementos de higiene nos dan un jabón en pan para cuatro personas, un pedacito para cada una, una vez al mes. Lavandina nos dan una vez a la semana, que no es lavandina es pura agua y es lo único que nos dan.

Las madres con sus hijos y las embarazadas no tienen que estar más, son una condena minimo de cuatro años para abajo y asi en todos los otros pabellones de mujeres grandes, que tienen diabetes, hipertensión, que son enfermas del corazón, que tienen cáncer, que tuvieron tuberculosis, infecciones pulmonares y tener un buen medico, alguien que nos atienda como nos tiene que atender, con nuestra historia clínica, los análisis, que no nos hacen, nos sacan sangre y los análisis no aparecen en ningún lado porque se perdieron. Buena alimentación, buena comida no nos dan cosas con vitaminas, nos dan un guiso asqueroso que parece para los perros. Fruta y verdura nos dan una vez cada tres o cuatro meses, dos veces al año ponele. También las madres no solamente reclaman por su libertad sino por condiciones mas dignas.

Hace unos días en el programa “Aire de Libertad”, una de las madres del pabellón 8 de madres, contaba que les habían negado el arresto domiciliario, a pesar de su condición o de tener una condena por finalizar, “nosotras queremos que nos escuchen, que alguien se haga cargo de nosotras, y que nos den nuestro beneficio. Aca no hay una sanidad como la gente, no hay un pediatra para los chicos, no hay insumos suficientes ni de alimentos ni de elementos de higiene. Que alguien nos escuche, porque creo que nos dejaron en el olvido”.

Informe cárceles y coronavirus

Tal como lo indica el informe que publica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en distintos paises como Colombia, España, Chile y EE.UU. se tomaron medidas destinadas a reducir el impacto del COVID 19 dentro de las cárceles. Tales fueron la limitación de las visitas y autorización de uso de medios alternativos de contacto con el afuera como celulares; liberación de detenides a través de indultos o amnistías dictadas por los poderes ejecutivos; otorgamiento de excarcelaciones, morigeraciones de pena y ampliación de los regímenes de prelibertad (libertades condicionales, asistidas).

En el informe se señala que también en Argentina, el poder judicial y autoridades políticas emitieron recomendaciones y dictaron medidas destinadas a disminuir los efectos del virus sobre una población muy vulnerable e históricamente vulnerada. Sin embargo, las recomendaciones y medidas han sido desoídas e ignoradas sistemáticamente por quienes son responsables de su implementación como son los poderes judicial y ejecutivo nacional y provincial.

Una serie de medidas de protesta de quienes se hayan cumpliendo una condena o están procesadxs, una gran mayoría, no fueron suficientes frente a la campaña mediática y política, la estigmatización y la criminalización de estas personas que son sujetos de derecho, si bien han perdido el derecho a la libertad.

El “Banderazo” de les familiares se realizará frente al Congreso de la Nación. Será una protesta frente a la desinformación, el desinterés político y judicial y “ante el inminente exterminio de nuestros seres queridos en prisión”. Estamos hablando de la vida y la salud de mujeres embarazadas, madres con hijes y de presos y presas infectadas con COVID-19.

*Escuchá “Aire de Libertad” los jueves a las 20 hs. en Radio Semilla
*Leé el informe completo del CELS en: https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/05/coronavirus-y-carceles.pdf

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Por Vivian Palmbaum

Sobrepoblación carcelaria, hacinamiento, detenciones ilegales en comisarias son algunas de las situaciones que deben sufrir cotidianamente las personas privadas de su libertad. La mayoría no tienen condenas firmes o están alcanzadas por prisiones preventivas que exceden largamente los plazos que establece el Código Penal. A la violación de sus derechos se añaden la falta de acceso a los elementales como la salud, las mínimas condiciones de higiene para su subsistencia, la falta de acceso a una alimentación adecuada. 

Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Por eso, en este contexto de cuarentena, familiares junto a personas privadas de la libertad vienen trabajando silenciosamente para lograr que se se les proteja y libere en los casos que sea posible, para evitar que se produzcan situaciones de enfermedad que podrían ser irreversibles.  A partir de la presentación de Habeas Corpus, en algunas historias se consiguió la prisión domiciliaria; sobre todo para las personas mayores, que es la población que tiene el mayor riesgo potencial frente al coronavirus, mientras desde detrás de los muros gritan, “fuerza compañeros, no pierdan las esperanzas”. Así en algunos casos se consiguen derechos a corto plazo para quienes tienen alguna enfermedad o para quienes en función de su edad son las y los más vulnerables. 

Tal como nos informan también en el pabellón de madres, en cárceles de la provincia de Buenos Aires, se produjeron algunas liberaciones, para descomprimir porque se trata de mujeres en una situación muy vulnerable que se suma a las difíciles condiciones de detención. Sin olvidar que el mayor porcentaje de las mujeres que se encuentran privadas de libertad lo están por causas ligadas a la pobreza y al narcomenudeo de subsistencia. Por delitos menores y con penas mínimas.

Tambien, dentro de la población en contextos de encierro que se encuentran en condiciones de extrema fragilidad están las travestis, personas trans y no binaries, que a la vulneración de sus derechos y maltrato cotidiano se suma la falta de elementos de higiene y cuidado personal y el irrespeto al derecho a la identidad. Son sus familiares y autoconvocadxs que se encuentran haciendo una campaña solidaria para las mujeres transgénero del pabellón 11 del penal de Florencio Varela. Son las que necesitan mayor cuidado en este momento crítico. 

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se lanzó una guía de recomendaciones para garantizar la salud a personas trans, travestis y no binaries, que debe aplicarse también para las personas que sufren la privación de su libertad en contextos de encierro. 

Cuando el autocuidado es castigado

Para quienes continúan privadxs de su libertad, la situación se vuelve muy difícil ya que sufren una nueva vulneración, que se suma a las que ya padecen y que en ocasiones constituyen discrminaciones o violencias sistemáticas. La población carcelaria pide que se extremen las medidas de protección para evitar el contagio del COVID 19 y como respuesta vienen sufriendo situaciones de represión.

Desde los organismos de Derechos Humanos están presionando para que se dé cumplimiento efectivo a la liberación en la provincia de Buenos Aires para aquellas personas comprendidas en el paquete de beneficios desde que comenzó la cuarentena que alcanza a las y los que están en situación de riesgo. La situación se vuelve aún más difícil cuando los jueces, frente a las requisitorias, responden evadiéndose en muchos casos a resolver afirmando que están de licencia por aislamiento social. Para los genocidas, condenados por delitos de lesa humanidad, estuvieron entre los primeros que accedieron al beneficio de las domiciliarias para quienes los jueces no estuvieron en aislamiento obligatorio. 

“Somos seres humanos también”, una afirmación que hace eco desde cada una de los contextos de encierro en nuestro país. Desde las cárceles de Río Negro, por ejemplo, relatan como las mismas personas detenidas habían emprendido su propia defensa interiorizándose sobre los pasos legales de protección que estaban redactando cuando cayó la requisa que los despojó de todos los papeles, hasta del Código Penal y la Ley 24.660 con la que estaban redactando un petitorio. “Se llevaron las biromes junto con nuestro derecho a la defensa”, exclamaron abatidos. 

La misma situación se repitió en distintas provincias: “estamos cansados, ya no sabemos a quién recurrir”, repitieron desde detrás de los muros, “estábamos siguiendo todas las vías legales para no llegar a la confrontación. ¿Les molestó que estemos ejerciendo nuestro derecho?”. Mientras se quejan que “no puede hacer esto de reprimirnos, estábamos en batucada en forma pacífica”. En Mendoza se repitió una situación similar: “entraron a los tiros, le apoyaron la escopeta a una de las personas detenidas y le gatillaron dos veces. Estamos mal porque reprimen a los que están en lucha”. 

La primera medida de protección impuesta desde el Estado fue la restricción de las visitas que fue anterior a la cuarentena, lo que representa ya una gran dificultad adicional, porque garantizaba la provisión de elementos vitales para la subsistencia e higiene de quienes se encuentran encerrades. Así como una contención emocional necesaria y les garantizaba alguna protección al visibilizar las situaciones de maltrato, abuso y hasta de torturas que se reiteran. 

La pandemia que atraviesa al mundo también atraviesa los muros de las cárceles; sin embargo las personas detrás de los muros, además de sufrir las vulneraciones cotidianas, lejos están del cuidado y la higiene necesaria para que el virus no los alcance. A ello se suman las situaciones de maltrato y tortura solapadas, como el que se vive en este momento cuando lxs detenidxs piden por medidas de protección por el riesgo que representa en contextos de tanta vulneración de todos los derechos. 

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