La sanción de la reciente ley de medios abrió un nuevo escenario en el debate por la democratización de la comunicación. Pero muchos desafíos quedaron sin destino.

Se cumplen seis años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y es necesario un balance de un proceso que no sólo puso en discusión el sistema mediático y los monopolios de la información en Argentina, sino que incluso ideó una herramienta novedosa para intentar democratizar las comunicaciones.

Por primera vez en muchos años, un instrumento legal –que además fue discutido por amplios sectores sociales- no fue dictado a medida de los grandes grupos empresariales de los medios de comunicación, sino que al contrario, puso obstáculos a la concentración de la propiedad de medios, reconoció que la actividad comunicacional no solo persigue fines de lucro y fomentó la realización de contenidos nacionales, regionales e independientes, entre otros aspectos destacables que se contraponían a la normativa anterior, herencia de la dictadura militar y del proceso neoliberal.

El análisis abarca dos espacios diferenciados: la propia letra de la LSCA y su implementación, a través del examen de los diferentes sectores involucrados en la gestión de los medios.

I

Hemos expresado que el texto legal pone obstáculos a la concentración mediática y ya de por sí ese aspecto es muy relevante. Los argumentos que fundamentan el establecimiento de cláusulas antimonopólicas se vinculan con la idea de que para construir una mejor democracia el conjunto de la ciudadanía debe acceder a fuentes múltiples, diversas y antagónicas –según la terminología utilizada por la Corte Suprema de Justicia al declarar la constitucionalidad de la LSCA y tomar como referencia un fallo de la justicia norteamericana- y la existencia de diferentes empresas comerciales gestionando una multiplicidad de medios de comunicación saldaría ese requisito.

No obstante, creemos que la gestión de medios por parte de una cantidad importante de empresas comerciales sin que existan posiciones dominantes en el mercado no necesariamente implica que en el sistema mediático abunden diferentes concepciones y representaciones sociales sobre los distintos aspectos de la realidad. Y sobre todo que sean antagónicas.

Por ejemplo, las variadas empresas pueden diferir en cuanto a su opinión sobre el actual gobierno –como de hecho sucede-, pero no necesariamente tendrán miradas contrapuestas sobre la forma en concebir los productos comunicacionales, donde lo único e importante es cada vez llegar a una mayor audiencia para de esa manera obtener mayor publicidad, aunque sea a costa de continuar con los mismos estereotipos hacia la mujer.

Además y también producto de sus lógicas empresariales, esos medios generalmente van a coincidir en el tratamiento que realizan sobre el conflicto social y en su mirada sobre los sectores populares, donde si no se los invisibiliza se los criminaliza.

En ese sentido, el plan que ha presentado el Grupo Clarín para adecuarse a la LSCA – que todavía se discute en la justicia-  implica la creación de nuevas empresas que continuarán con los mismos medios de comunicación y seguirán manteniendo su actual línea editorial, cuestión que lógicamente no constituye una vulneración de esa norma.

II

Otro punto importante para analizar es el rol de los medios públicos.

La LSCA estipula que los medios que están bajo la órbita del Estado Nacional deben contemplar en su programación la participación de grupos sociales significativos – “como fuentes y portadores de información y opinión”-, e incluso la oposición al gobierno tiene representación en el directorio encargado de su gestión.

No obstante, creemos que no es correcta la autodenominación de “medios públicos” que realiza el mismo gobierno para referirse a Canal 7 o Radio Nacional, ya que esa definición implica que exista una independencia real entre el medio de comunicación, el gobierno y sus intereses –aspecto que no sucede- por lo que consideramos que no está debidamente receptado lo que proponía el punto 12 elaborado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática cuando expresó que “Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales”.

Esa afirmación no implica que consideremos que los diferentes gobiernos no puedan tener sus propias señales para difundir sus ideas y disputar sentido, pero la existencia de medios de comunicación verdaderamente públicos es un aspecto sustancial que hace la democratización de las comunicaciones.

Incluso los propios trabajadores del canal estatal han denunciado el uso del servicio de noticias en favor del partido gobernante y han exigiendo que se garantice el pluralismo y la democracia informativa, según han difundido a través de un comunicado de prensa en junio pasado.

III

Estamos argumentando que tanto en los medios comerciales como los estatales debido a sus propias lógicas –pero también a insuficiencias tanto en la redacción como en la aplicación de la LSCA- no existen fuentes múltiples, diversas y antagónicas.

Un remedio a ese tipo de situación lo brindaría la misma LSCA al reservar un 33% del espectro radioeléctrico a las entidades sin fines de lucro, algo que de por sí constituye un verdadero avance en el objetivo de democratizar las comunicaciones, aunque sobre ese punto podemos hacer observaciones.

La primera se vincula en la imprecisión del término “entidades sin fines de lucro”, que además de englobar a los medios comunitarios, alternativos y populares, también integrarían esa figura las fundaciones, sindicatos, iglesias evangélicas, cuestión que hace que queden desnaturalizadas las justificaciones de la propia LSCA al incorporar al texto legal distintos documentos que hacían referencia a la necesidad que el espectro se divida en tres sectores: comercial, público o estatal y comunitario, no estableciendo ningún tipo de ventajas ni estimulando a este último sector.

En ese sentido, no han existido políticas públicas que fomenten la instalación de nuevos medios de comunicación que sean gestionados por el sector comunitario –o por los sin fines de lucro en general– que permitan configurar otro sistema mediático, sino que desde el Estado se retrasa el reconocimiento a emisoras de ese tipo y cuando esa acción se realiza generalmente abarcan a emisoras de baja potencia, mientras que a la vez se estimula la conformación de nuevos grupos mediáticos privados que rivalicen con el Grupo Clarín. Más allá que existe y se está llevando a la práctica el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), la política más clara y contundente hacia el sector por parte del Estado nacional ha sido el decomiso de equipos a la emisora comunitaria Antena Negra TV.

La sentencia del juez federal, Martínez de Giorgi, del Juzgado Criminal y Correccional N°8, que atendió la causa que inició PROSEGUR por Interferencia en las comunicaciones contra el canal, determinó el sobreseimiento de Martín Sande, integrante del canal comunitario.  El dictamen argumentó que “el hecho investigado no se encuadra en una figura legal”, ya que no hay dolo o intensión que determine un delito.  Asimismo según informó Antena Negra a través de un comunicado de prensa, se argumentó a favor de la no criminalización de los medios de comunicación, bandera de lucha de los alternativos y populares: “No corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la cuestión vinculada al derecho que en definitiva le asiste o no a la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda. y/o a la empresa General Industries Argentina S.A. de utilizar esa porción de espectro, ya que ello corresponde ser planteado en la órbita administrativa pertinente”, concluyó. A partir de ello, se determinó la devolución de los equipos de transmisión al canal de TV. Al cierre de esta edición, y luego de haber promovido un festival en la puerta del canal el domingo pasado, Antena Negra recuperaba los equipos decomisados.

De cualquier manera, es innegable que este fallo puso en cuestión el tema de la implementación de la ley y la gestión desde el Estado del espacio radioeléctrico en torno a los derechos.

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Segunda parte de la nota que hace un repaso  en el posicionamiento de los candidatos presidenciales ante la LSCA. Balances y perspectivas de cara a la llegada de una nueva gobernación. 

El porteñismo al poder: yo te clausuro

Es fiel representante de la idiosincrasia porteña y de la privatización del Estado en manos de la tercerización a través de aliados como grupos económicos, figuras del espectáculo y del deporte, entre otras. La varieté amarilla no tiene límites. Mauricio Macri, también tiene un plan, si se quiere, para el sistema de medios. Hace pocos días atrás, aseguró que “el país se merece un real debate de la Ley de Medios fuera del contexto de una pugna por el poder”. En este sentido, el candidato de Cambiemos destacó que “no tiene lógica regular el servicio de cable porque no ocupa espectro radioeléctrico”.

Un actor muy particular en la relación PRO-Clarín es Fabián Rodríguez Simón o “Pepín” para los más íntimos del macrismo. Y es que Rodríguez fue uno de los principales actores en el diseño de la estrategia para trabar la ley de medios en contra del Grupo, lo que estableció buenas migas de cara a 2016, si es que el sillón lo termina ocupando Macri. Ese año la Justicia deberá determinar la adecuación de oficio del multimedios.

El mandatario porteño viene hace tiempo tirando líneas que sostienen esta posible decisión. Aseguró que el oficialismo llevó adelante “una lucha permanente contra la libertad de prensa” y dijo en defensa de Clarín que lo que ha hecho (el Gobierno) es “hostigar a aquellos que expresan una idea distinta”. Al mismo tiempo, clausuraban las instalaciones del canal de TV C5N perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal López, aliado del oficialismo.

En coincidencia con Massa, el líder del PRO asegura que la salida para el actual sistema de medios es que el sector “tenga un marco de competencia en igualdad, para que pueda expandirse e ir hacia la convergencia”. Final del juego.

A darle Massa

Este sí es el candidato mimado del Grupo Clarín y jugó a dos puntas entre la Corte Suprema y el Grupo cuando aún restaba saber el fallo que obligaría a su desinversión. El hombre del Frente Renovador y candidato presidencial de UNA, prefirió en ese entonces guardarse sus comentarios y que fuera la justicia quien avanzara en frenar a Clarín y avalar la constitucionalidad de la ley. Tiene un aceitado vínculo con los principales empresarios de medios en la vereda opuesta al kirchnerismo. Respecto de la Ley de medios aseguró que “es una antigüedad” porque “en ningún artículo aparece la palabra Internet”. Según el candidato presidencial, esto tiene que ver con que “la tecnología avanza más rápido que un Estado torpe, que está pensando en ver cómo regula, cómo frena o cómo controla, cuando en realidad lo que tiene que hacer es ayudar a crecer y a desarrollar la tecnología”, en un guiño guiño a su aliado Clarín.

Massa indicó que es necesario girar hacia un carácter privatizador con una estructura mixta. En este sentido, el candidato de la convergencia y de la profundización de la concentración a través de su propuesta hacia la “multiplataforma”, establece sus aliados de juego de cara al escenario 2016.

Dame todo el power, para el pueblo

El candidato por el FIT, Nicolás Del Caño, aseguró en una entrevista a P/12 que el voto a Scioli, Macri o Massa es “un voto para las grandes empresas”.  Y especificó que como fuerza mantienen “un programa común” y que es “necesaria la organización de una gran fuerza política de la clase trabajadora que, en perspectiva, pueda arrancarle el poder a los capitalistas”.

Si bien el joven candidato no se expresó recientemente sobre la ley y la regularización del sistema de medios, en ocasiones anteriores explicó que existe un “doble discurso del kirchnerismo. Cuando tenía buena relación con Clarín no había problemas, se enfrentó y entonces pasó a ser un monopolio”. Del Caño retrató el panorama actual: “la ley planteaba que el 33% de los medios estaría en manos de los trabajadores y agrupaciones, y los compañeros aún esperan que eso se cumpla”. A su vez, criticó que la normativa “no habla del Estatuto del Periodista”.

La ley de la venganza

 En pleno auge del conflicto Gobierno nacional-Clarín, la candidata del frente Progresistas, Margarita Stolbizer dijo allá por 2013 que “el avance cualitativo que significó esta ley se tiró por la borda a través dos artículos que son inconstitucionales porque pretenden una aplicación retroactiva, algo que no se puede hacer en nuestro sistema jurídico”, afirmó sorpresivamente en defensa del Grupo. Recientememente con un tono más light, aseguró que “nació desactualizada” en relación al lugar ausente de las telecomunicaciones en la normativa, “en un mundo muy global”.

La candidata sostiene un discurso con fisuras en el plano político pero asegura que van a tener los votos más leales. Entiende que el principal problema de la ley es que estuvo basada en un “verdadero sentido normativo más cercano a la venganza que a la verdadera regulación de la actividad”, sin embargo, no explicita cuales son las reivindicaciones para el sector, excepto el atraso tecnológico. Es ésta entre otras posiciones, las que coincide con sus adversarios, Massa y Macri.

Hacia donde ir

Parece ser una pregunta que poco preocupó a los candidatos presidenciales respecto del sistema de medios y su regulación. Casi no tuvo minutos en los spots de campaña y el debate presidencial lo pasó por alto. Este análisis aporta elementos que brillan por su ausencia en los discursos, como la democratización de voces y miradas en el sistema de medios y la apuesta a una comunicación basada en el respeto y la democracia cuya pluralidad sea garantizada por el Estado.

Pareciera difícil pero necesario pensar hoy la construcción de un proceso que piense cómo no priorizar el oficialismo por sobre lo público y cómo encarnar este debate en nuevos y futuros escenarios que contemplen decisiones en la aplicación de una ley vigente, que incluya a todos los sectores sociales. A esto se suman las discusiones sobre las fisuras en la definición, de lo público, de la tergiversada independencia y su posterior producción de lecturas tendenciosas, la cuestión de lo privado y su ligazón al mercado, los aportes que realizan las nuevas tecnologías, los formatos digitales, los medios autogestivos y los corresponsales populares de la noticia ´en el territorio´. Todo indica que estamos frente a una nueva época donde el sujeto social reclama debatir qué sistema de medios queremos y como construirlo.

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Los candidatos presidenciales le esquivaron el bulto y se refirieron poco y nada al tema. La década ganada tampoco dejó cambios sustanciales en el mapa comunicacional. Qué le depara al sistema de medios en nuestro país.

En primera fila

Argentina estuvo durante todo este año inmersa en un proceso electoral presidencial que fue atravesado por los ejes centrales de la agenda kirchnerista, así como de la opositora. La carrera hacia el sillón de Rivadavia se acentuó en el último tramo con la gran presencia de publicidad de campaña en los canales de la tv pública así como privados, tal como lo establece la Dirección Nacional Nacional Electoral. El debate presidencial 2015, sin penas ni glorias a nivel político, tuvo incluso el faltazo con aviso de Daniel Scioli. Aun así, con 14,5 puntos de audiencia, el debate tuvo menos raiting que Tinelli.

Si bien los candidatos en carrera se expresan más o menos sobre modificar o no la Ley de medios vigente (26522) y cuya autoridad de aplicación es la Afsca, el debate trasciende lo meramente electoral. La percepción sobre el rol del periodismo y el lugar que tuvieron los medios en la construcción de opinión pública e instalación de “temas” en los últimos años, acentuó un proceso de segmentación en las lecturas a la par de un proceso de concentración en los grupos económicos, incluso en la era Afsca. Podríamos entender que estos hechos se dan como primera consecuencia de la polarización oficialismo – oposición, lo que determinó también la agenda-setting de los últimos meses.

Por otro lado, los anuncios y las cadenas nacionales con presencia de candidatos kirchneristas junto a la presidenta Cristina, sumaron minutos. Mientras que la troupe kirchnerista hizo su recorrido por los medios cercanos, la oposición hizo lo propio con la corpo y su aliado intransigente el Grupo La Nación. Encuestadoras, marketing y programas de chismes devenidos en derroteros del showbiz político argento, son algunos de los nuevos tips infaltables para candidatos y medios. Somos meros espectadores frente a la concentración de los sistemas de medios que se acentuó en los últimos años, no sólo en Argentina sino en toda América Latina. Se consolidó un escenario dominado fuertemente por los grupos económicos, que como señala el especialista en comunicación, Martin Becerra, mutó hacia una convergencia entre medios, telecomunicaciones e internet. Dicho esto, la concentración de este sistema no se plantea ya así sino que “está protagonizada por grupos económicos que desbordan las actividades mediáticas y tienen intereses en las redes digitales y en otras áreas como los mercados financieros”.

A seis años de la Ley de medios

Finalizando la década ganada, la Ley de medios deja un saldo incompleto que será necesario revisar por el próximo responsable, a nivel nacional, del futuro de los argentinos y las argentinas.

Si bien se avanzó por primera vez en términos federales en la regularización de los medios sin fines de lucro, uno de los principales objetivos de la ley. A la luz del ordenamiento del sector, la Afsca tomó ciertas decisiones al menos cuestionables. Por un lado, avanzó en adjudicaciones directas a diferentes operadores del tercer sector. En este sentido, es notable la adjudicación y regularización de cablesoperadores por sobre emisoras de FM y AM sin fines de lucro. Por otro lado, nunca se realizó el Plan Técnico que regularice y reconozca a los medios sin fines de lucro y la reserva del 33% del espectro. En cambio, se lanzaron programas de financiamiento como el FOMECA, que si bien actúan como punta de lanza para medios autogestivos, resultan incompletos porque no hacen más que evidenciar la cantidad de medios sin licencias. Por último, tampoco se realizaron aperturas de concursos públicos para licencias de radio AM y FM sobre todo, que diseñen con equidad un mapa nacional.

Todo esto sucedió a la par del allanamiento y secuestro de equipos técnicos a Antena Negra TV, un canal de televisión alternativo de la Ciudad de Buenos Aires, a comienzos de septiembre de 2015. La señal que integra la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), enfrentó el secuestro inaudito de sus equipos por parte de personal de la Policía Federal, en lo que se leyó, para el sector de medios alternativos, comunitarios y populares, como una brutal manifestación del orden político actual. Allí se conjugaron los estamentos de persecución y control de las fuerzas de seguridad, de la Justicia porteña y de quien debe velar por la libertad de expresión y los derechos de los sin voz, el Estado a través de Afsca y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFSTIC).

Fue a través de iniciativas de presión ejercidas por redes como la RNMA, FARCO y AMARC, que la Afsca convocó en diciembre de 2014, por medio de la resolución Nº 1478, a un empadronamiento de operadores de radiodifusión, FM, sin fin de lucro. Esto permitió el primer paso hacia un marco de reconocimiento e institucionalidad. Si bien en términos legales el empadronamiento no significa más que un nuevo censo, en este caso específico puso de manifiesto la vocación de las radios comunitarias en la búsqueda de la regularización.

Pero lo cierto es que estas decisiones políticas tuvieron corto alcance y desde 2009 el conflicto con el Grupo Clarín, dominó la escena nacional. Cuando compró Nextel, nadie se asombró. Y como señala Becerra, el Grupo es anfibio. “Desde la perspectiva económica, es un actor de telecomunicaciones; desde la perspectiva política, es un actor mediático”. Y si bien su desconcentración atravesó distintas instancias judiciales, la Corte Suprema fue otro aliado más y la afanada desinversión sigue pendiente. Así como la reserva del 33% de frecuencias para los medios sin fines de lucro.

Los candidatos y su relación con los medios

Esta coyuntura que traza un mapa del sistema de medios, las relaciones de poder con los grupos económicos y el lugar que ocupan los medios sin fines de lucro, tuvo un pequeño y desdibujado lugar de cara a las elecciones de este próximo domingo. Los principales candidatos en la disputa presidencial, Sergio Massa por el Frente UNA, Mauricio Macri por Cambiemos, Daniel Scioli por el FPV, Margarita Stolbizer por el frente Progresistas y Nicolás Del Caño por el FIT, manifestaron posiciones tibias frente a la LSCA y qué políticas trazar hacia el futuro.

Banderas en tu televisión

A lo largo de estos últimos meses, Daniel Scioli mostró una política sinuosa en torno a las relaciones tanto con grupos económicos concentrados como con los defensores de los derechos a la libertad de expresión. A mediados del año pasado asistió al Foro organizado por el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, que preocupó a CFK y generó fuertes críticas dentro del kirchnerismo. Sin embargo al mismo tiempo, el candidato por el oficialismo aseguró en el programa 6,7,8, que respetará el fallo que declaró constitucional y obliga por ley a Clarín a desinvertir. Y aclaró filas adentro que “los que dudan de mi posición en este tema deben recordar que mi vicegobernador es Gabriel Mariotto, que fue autor de esa Ley que sancionó el Congreso”

Es decir que a medida que avanzó el año se fueron moviendo las fichas en el mapa de relaciones con los empresarios del sector. Mientras que en 2014, el secretario de Comunicación de la provincia de Buenos Aires y flamante presidente del Consejo Consultivo de Medios Públicos, Juan Courel, participó del encuentro de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), en lo que se leyó como uno de los principales encuentros de lobby de comunicación de la Argentina. Este año no pasó lo mismo, Courel no asistió y en cambio sí lo hicieron los macristas Fabián Rodríguez Simón y  Gabriel Mihura Estrada de UNA.

Por caso si el próximo presidente es Scioli, habrá que seguir de cerca lo que sucede con el papel y el crecimiento económico que tuvieron los conglomerados privados cercanos al oficialismo como, Grupo Indalo de Cristóbal López, Grupo Uno de Vila y Manzano y Grupo TeleCentro de Alberto Pierri. Y el manejo de la financiación a estos medios afines con la designación indiscriminada de partidas públicas a través de la publicidad oficial.

A días del domingo, ningún candidato del oficialismo especificó cómo profundizar el camino hacia la democratización y el reconocimiento de los medios sin fines de lucro.

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Martín Becerra, docente e investigador del CONICET, analizó esta nueva adquisición del Grupo en una entrevista radial con el programa La Revancha (FM La Tribu). Además, opinó sobre C5N y calificó el allanamiento al canal comunitario Antena Negra TV como “preocupante”.

El Grupo Clarín compró el pasado lunes 14 de septiembre la cuarta operadora de telefonía móvil del país y controlará así el 49 por ciento del paquete accionario de Nextel Argentina. Cuando tome control de esta empresa, Clarín acumulará el 13 por ciento de la facturación del mercado de telecomunicaciones y se convertirá en un actor con capacidad de competir con los tres grandes operadores.

¿Cuál es la apuesta del Grupo Clarín en esta compra, que vos decís que se vistió de posguerra?

El Grupo Clarín tiene por sus ingresos más importancia en el sector de las telecomunicaciones que en el sector de los medios tradicionales periodísticos. Más del 80 por ciento de ingresos del Grupo son de Cablevisión y Fibertel, empresas cuya esencia es transportar datos producidos mayoritariamente por otros (Netflix, Facebook, Youtube, FOX, Sony). Esto lo convierte para mí en un actor típicamente de telecomunicaciones, pero esta actividad económica tiene en la telefonía móvil su principal renta, la “crema” del negocio. Y ahí va Clarín, a comprar una empresa hoy pequeña, como Nextel, pero que intentará unir y complementar con las redes físicas importantes que ya tiene a través de Cablevisión y Fibertel. Por eso yo decía que Clarín se viste de posguerra, porque con esta compra proyecta a futuro y, por primera vez, “levanta la cabeza del agua”. Esto significa visibilizar su estrategia más allá del enfrentamiento que lo consumió en los últimos 7 años con los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

La AFTIC dijo que la compra aún no estaba autorizada, ¿qué desenlace puede esperarse a nivel legal como político?

En términos políticos, AFTIC plantea que “Argentina Digital” -la Ley vigente del sector telecomunicaciones, competente para encuadrar legalmente esta compra- no se cumple en este caso, porque la misma indica que todo movimiento de acciones en las licenciatarias de este servicio, debe ser autorizado por la autoridad regulatoria, es decir, la AFTIC. Clarín tiene una interpretación distinta, que no comparto. Señala que la Ley necesita ser reglamentada para estar operativa. Seguro esto desembocará nuevamente en un pleito judicial, porque el Gobierno no autorizará la compra, aunque es cierto que el tiempo del juega en contra. Esta compra no pudo haber sucedido sin el aval de los principales candidatos presidenciales, incluido Daniel Scioli. Me consta que fue así. Es muy difícil que la compra no sea avalada por el poder político después de diciembre, pero es probable que hasta ese momento puede armarse otra batalla de esta larga guerra iniciada en 2008.

¿Qué lectura hacés del impacto que tuvieron los casos de Antena Negra TV y C5N y de la vigencia de la Ley de Medios?

Los funcionarios del Gobierno que salieron a hablar por lo de C5N me parece que responde a una sobreactuación. En los casos de quienes salieron a hablar, ya estamos acostumbrados a que interpreten como violación a la libertad de expresión cualquier obstáculo legal o administrativo que tengan personalmente o sus medios concentrados, aliados al Gobierno. El gobierno de la Ciudad cometió en este caso una torpeza y fue improcedente ese operativo de clausura de un garage en un medio de comunicación. Este tipo de clausuras preventivas, deben ser realizadas a partir de un expediente, derecho a defensa, que no me consta haya ocurrido en este caso. Sí creo que no se trata de una violación a la libertad de expresión ni mucho menos. Los conductores y animadores televisivos que, como víctimas, dijeron que Cristóbal López ahora era perseguido por el gobierno de Macri, son los mismos que en la pantalla de TN decían que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual iba a regular a los diarios. Al decir esto, carecen de conocimientos básicos sobre libertad de expresión y se convierten en voceros de las empresas donde trabajan. Lamento por ellos que esto suceda, porque son finalmente empleados, pero me parece que fue todo una gran sobreactuación.

¿Y en relación a Antena Negra?

Es un caso distinto. Ahí sí creo que se afectó a la libertad de expresión, y hubo una violación a los principios generales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que el Estado mismo hasta ahora no facilitó las condiciones que la ley exige para el sector sin fines de lucro, alternativo, y comunitario. Al no hacerlo, deja a muchos operadores -como Antena Negra-, a la intemperie de tener que utilizar recursos públicos, ya que el propio Estado no permite ni facilita ni garantiza los recursos para que estos sectores estén plenamente legalizados. Esto significa que el Poder Ejecutivo no cumple la ley que el propio Gobierno Nacional impulsó hace 6 años. El allanamiento y secuestro de equipos ordenado por un Juez Federal, y con una causa penal sobre uno de los representantes del canal comunitario, es verdaderamente preocupante. Sobre esto, el oficialismo tardó mucho en reaccionar, aunque reaccionó: por ejemplo la Defensoría del Público Audiovisual se presentó en la causa como amicus curiae para respaldar la posición de Antena Negra TV. El juez aceptó esa presentación, hubo reuniones, y hasta donde sé, la expresión de compromiso y voluntad fue plasmada tanto desde AFTIC como de AFSCA, para evitar que la causa judicial termine con procesados y cierre de la emisora. Pero, como digo, la reacción fue tardía. El Gobierno habla mucho de la ley, de la batalla cultural y la democratización, pero en los hechos este sector sigue muy desprotegido, carece de licencias legales. En cambio, en estos años los verdaderos premiados y ganadores de la política gubernamental fueron grupos privados, comerciales, concentrados como el de Cristóbal López o Sergio Szpolski.

Audio completo de la entrevista

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El viernes pasado medios comunitarios y populares y organismos sociales y de derechos humanos confluyeron en las puertas de los organismos involucrados en la regularización del decomiso y causa abierta para Antena Negra TV: AFTIC y AFSCA. Crónica de una tarde fría en la que las respuestas van llegando y los medios comunitarios se unen para respaldar al canal y generar bases para seguir construyendo de a muchos.

“Queremos ver y escuchar medios alternativos y populares”, dice el cartel escrito a mano. Esas letras que salieron de la tinta son la voz que predominó el viernes pasado. El frío apretaba fuerte en una esquina donde el sol no se asoma. Y no es metáfora, simplemente que en la intersección de Perú e Hipólito Yrigoyen los edificios altos forman un embudo y los rayos no llegan ni se filtran. En esa esquina una de esas construcciones pertenecen a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTICA), el organismo que llevó adelante el decomiso de la antena satelital y los equipos de transmisión de Antena Negra TV el viernes 7 de septiembre.
Por eso fue el lugar de encuentro a las 16 de esa tarde fría para medios comunitarios, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, y quienes, sueltos o en puñados, tomaban el pedido de ese cartel escrito a mano. Allí estaban los equipos y allí se empezaba a reclamar, desde la calle, lo que se venía pidiendo durante la semana: la devolución de los equipos y la nulidad de la causa penal.

Había pasado una hora cuando el director de AFTIC, junto a otras autoridades decidieron reunirse con miembros de Antena Negra TV, representantes de la Red Nacional de Medios Alternativos (de quien es parte el canal afectado) y Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo siempre garante de que los poderosos cumplan su parte ante quienes menos beneficios tienen.

Mientras, abajo, los bombos seguían sonando e Irina, parte de Antena Negra TV nos contaba: “El lunes fuimos a ver la causa y nos encontramos que el demandante era GIASA-Prosegur, una empresa que se ocupa de sistemas de vigilancia y de control financiero”. Es decir, una empresa privada que ocupa una frecuencia (el canal 20) que, según decreto presidencial de diciembre de 2014 debe atribuirse “exclusivamente al Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta”. Pero la justicia no investigó primero si la demanda era legal. Además, prestemos atención quién lleva adelante la demanda: “El estudio de abogados de Oscar Salvi, defensores del ex presidente Carlos Menem en la causa por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Esto es para dimensionar con quién nos estamos enfrentando contamos: un poder económico muy grande, que también es el reflejo de lo que está detrás de esta causa, que es el negocio por el espectro radioeléctrico”.

La reunión terminó y arriba tuvieron que ceder ante lo que se hacía innegable. Martín Sande, presidente de la cooperativa del canal y quien fue citado por la causa penal, tomó el micrófono para contar los puntos de acuerdo: desde la AFTIC se comprometían a revocar la acusación de interferencia y a devolver los equipos en condiciones. Pero hay un tercer punto y se relaciona con cómo se viene construyendo: la medida preventiva para que no suceda esto a otros medios comunitarios y populares. En ese sentido, desde el organismo se comprometieron a “establecer un potrocolo que ante interferencias no se manejen tan impunemente. Para esto realizarán una mesa de trabajo con los medios que esto no vuelva a pasar con ningún medio de comunicación comunitario”, anunció Martín.

Era hora de comenzar la marcha. Una parte había respondido, quedaba ir hacia la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Durante la semana, el organismo había emitido un comunicado en el que mostraba su voluntad de ayudar a que Antena Negra TV recupere sus equipos y “regularicen su situación”.

Al respecto, nos cuenta Irina “AFSCA dice que no nos presentamos para obtener licencias. Para aclarar a las y los lectores: no nos presentamos porque no había una categoría que se ajustara a las condiciones patrimoniales y de proyecto comunicacional que nosotros tenemos. Toda la labor técnica que llevó adelante Antena Negra podía llegar a tener un pliego de lo que es licencia para operador de media potencia, casi alta. Porque entendemos que como medio comunitario, alternativo y popular, nosotros tenemos que poder competir con los medios que pueden comprar los pliegos, que son muy caros. Y así es como en el 7 de julio de este año presentamos una nota para el sector administrativo de la AFSCA pidiendo que se abriera un concurso dentro de nuestra categoría también”.

El sol ya bajaba en el resto de la ciudad también, ya no sólo en aquella fría esquina. Sin embargo, encolumnados y con banderas arriba, comenzó la caminata hacia el edificio de Suipacha casi Córdoba. Allí los reclamos y los sonidos eran los mismos; sin embargo, las autoridades no dieron señales cuando ya la noche había llegado completamente. Y, otra vez, no es una metáfora: ya habían pasado las 7 de la tarde.

El próximo martes, sí, habrá una reunión con la AFSCA, de la que participarán otros medios comunitarios. Mientras, recordamos el cartel de la foto del inicio. Ese de “Queremos ver y escuchar medios alternativos y populares”. Esa es la voz que se multiplica: la de quienes construimos a diario una comunicación alejada del mercantilismo y cerca de lo que sucede en aquellos lugares donde los grandes medios sólo llegan ante muerte, catástrofe o elecciones.
Hay una ley, no olvidemos, que promueve que la comunicación popular y alternativa crezca y se desarrolle. Hay una trampa, no olvidemos: la del poder, la de las empresas privadas, la de la justicia cómplice. Sin embargo, están las palabras de Irina, también, y un camino que seguiremos transitando: “Como canal comunitario, en el cual ofrecíamos día a día una programación que incluía a muchos sectores de la sociedad, diverso y plural, nos vemos afectados totalmente, porque tenemos una causa penal a un compañero bajo la demanda de una empresa multinacional, perdimos nuestros equipos de transmisión. Equipos que implicaron años de desarrollo, años de buscar recursos para poder estar y competir con los medios hegemónicos, que tienen toda la tecnología a disposición por el tipo de comunicación que hacen, mercantil porque buscan el rédito económico”.

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Luego de la violenta irrupción  de la Policía y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones, hoy devenida en Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), en el canal comunitario el pasado 4 de septiembre, medios comunitarios, organizaciones sociales y políticas se reunieron ayer para acordar un plan de acción conjunto: se proyectan movilizaciones, apoyo y reclamo por la aplicación real de la Ley de Radiodifusión son los puntos centrales.

El viernes pasado el informativo llegaba a su fin como cada día en el canal comunitario que se ubica en Ángel Gallardo 752, en la Ciudad de Buenos Aires. En un despliegue inusual, sobre todo por tratarse de un medio de comunicación, 40 efectivos estaban en la puerta con una orden de allanamiento y decomiso de equipos. Emitida por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8, Marcelo Martínez de Giorgi, sin aviso previo, permitió que las fuerzas de seguridad rompieran puertas y computadoras, y se llevara el transmisor, la potencia, la computadora y todos los equipos vinculados a la transmisión.

También se citó a declaración indagatoria al responsable de la cooperativa, Martín Sande, el próximo 17 de septiembre en Comodoro Py. La causa: se lo imputa por “interferencia de las comunicaciones”, según el artículo 197 del Código Penal. Los  antecedentes: el canal 20, que utiliza Antena Negra, era utilizado por la Policía quien, a su vez, prestaba la señal a la empresa de seguridad privada Prosegur. Cuando el 24 de marzo retomaron la transmisión, les habían pedido que lo apagaran “lo cual negamos, porque un decreto de diciembre de 2014 decía que ese canal no podía ser usado para otra cosa que no fuera radiodifusión”, cuenta Antonela, conductora del informativo.

En plena vigencia de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reserva un 33% del espectro para el sector sin fines de lucro, Antena Negra, al igual que otros medios comunitarios, no han obtenido la licencia correspondiente que otorga la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), organismo creado para tal fin. “Me preocupa que después de la sanción de la ley y la gran expectativa que generó en los medios comunitarios, la ilusión de poder democratizar el espectro se va acabando… después de 6 años de sus sanción nos encontramos en el mismo punto: los medios comunitarios estamos expuestos a la ley del más fuerte”, cierra Martín Sande.

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