Se concretó el robo a las y los jubilados: la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó que la jubilación mínima se incrementará $ 413,78 en marzo (5,71%), al pasar de $ 7.246,64 actuales a $ 7.660,42. Esto significa un ingreso por debajo del 50 % de la canasta de jubilados estimada por la Defensoría de la Tercera Edad.

De esta manera debutará el primer aumento con la movilidad previsional votada en diciembre último gracias al aval de los gobernadores. La ley consensuada por Cambiemos con el peronismo “dialoguista” que lidera el senador Miguel Ángel Pichetto establece que desde marzo las jubilaciones, pensiones y AUH se actualizarán en forma trimestral en base a un sistema combinado entre la variación de la inflación (en un 70%) y del aumento salarial promedio (un 30%).

Sectores de la oposición denunciaron que, con la anterior fórmula, el aumento de marzo rondaría el 14,5 %. En tanto, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) -uno de los componentes del haber jubilatorio- y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aplicable a partir de marzo será de $3.619,07 y $6.128,34, respectivamente.

Por otro lado, también se incrementan las asignaciones familiares para los trabajadores formales y aquéllos que perciben la AUH. En ese caso, el complemento pasa de $ 1.412 a $ 1.493. La Asignación por Hijo con Discapacidad se elevará de $4.606 a $4.869.

Los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo

En un informe especial del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos Para Personas Mayores (CEPPEMA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), se realiza un análisis comparado de las jubilaciones mínimas en Argentina para el período 2015-2017 y se concluye, entre otros aspectos, que considerando el IPC‐CABA, el haber mínimo perdió 6,8% de poder adquisitivo en ese lapso.

También se analizan, entre otros aspectos, el impacto de la reforma previsional, el poder de compra de los haberes y la relación entre poder adquisitivo y medicamentos.

En el período 2003-2015, podemos destacar una política de expansión previsional que ubicó a la Argentina entre los mejores posicionados en este rubro. El aumento de la tasa de cobertura fue casi 30 puntos porcentuales hasta llegar a un 97% y la institucionalización de la movilidad como reajuste semestral de los haberes previsionales le dieron dinamismo y previsión al sistema.

A contramano de esto, el actual gobierno implementó la ley de “Reparación Histórica” y la Ley 27.426 denominada “Reforma Previsional”.

En dicha reforma, se desglosa en lo conceptual las implicancias negativas que representa: la modificación de la fórmula de reajuste, que al cambiar la ponderación de las variables que toma, perjudica directamente el bolsillo de nuestros jubilados y pensionados.

Asimismo, el sistema se aleja de los criterios de igualdad y equidad, como consecuencia de la discriminación planteada entre los jubilados “con 30 años de servicios” y los jubilados “por moratoria”, en detrimento de estos últimos que quedan afuera de la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil. Esta diferenciación también fue aplicada por el PEN a la hora de fijar por Decreto un bono extraordinario pagadero en marzo por única vez que para los jubilados por moratoria ascenderá a $375 y para los jubilados con 30 años de aportes será del doble, es decir, de $750.

En este informe se analiza la pérdida de dinero que el actual sistema produce respecto al anterior, destacando que la pérdida de poder adquisitivo es aún mayor en este contexto inflacionario que incluso perjudica más a la canasta de bienes y servicios de nuestros adultos mayores. A modo de ejemplo, si tomamos la jubilación mínima en ambos casos y a jubilados que hayan realizado aportes, la pérdida acumulada en el 2018 con la nueva ley asciende a $4.138, mientras que aquéllos que se hayan jubilado por moratoria, perderán a diciembre de este año un importe de $4.588.

Ampliando el análisis de la pérdida del poder de compra de los jubilados a diciembre de 2018, se ratifica su tendencia decreciente conforme los relevamientos de productos realizados. Mientras que el haber aumentó un 69% desde noviembre de 2015 hasta la actualidad, algunos precios de productos de consumo masivo sufrieron incrementos muy por encima: llegando a haber aumentos como en el caso del aceite que subió más del 200%.

Esta disminución del poder de compra se manifiesta también en los medicamentos, rubro que representa especial importancia para los jubilados con incrementos entre 75% al 173% desde noviembre de 2015 hasta la actualidad.

Recordemos que con la nueva fórmula esta brecha entre haberes y canasta de bienes y servicios se seguirá aumentando y tornando cada vez más inalcanzable.

Las mujeres son las más perjudicadas por la reforma previsional

La reforma previsional impulsada por el oficialismo significa un retroceso para las amas de casa y trabajadoras domésticas informales que pudieron acceder a la jubilación en la última moratoria sin tener los aportes suficientes.

La falta de aportes de las mujeres se debe, en la mayoría de los casos, a las tareas domésticas no remuneradas -como ser ama de casa y criar a los hijos- y a las actividades informales, donde los empleadores no pagan las cargas sociales. Según el Ministerio de Trabajo, la principal actividad económica de las mujeres es el empleo doméstico, el de mayor nivel de informalidad y precariedad.

“Desde el 2004 hasta el 2016 la moratoria funcionó en los hechos como una jubilación para las amas de casa, algo para lo que no hay ley. El 86 % de quienes se jubilaron por la moratoria fueron mujeres: amas de casa full time o part time, que dejan de trabajar por algunos años mientras los hijos son chicos y después vuelven o madres que trabajan pocas horas para combinarlo con la crianza”, explicó Mercedes D’Alessandro, de Economía Feminista.

¿Qué va pasar con estas mujeres? Descartada la moratoria, desde Cambiemos lanzaron la Pensión Universal para el Adulto Mayor que equivale al 80 % de una jubilación mínima, unos 5.700 pesos al día de hoy, y eleva a 65 años la edad para jubilarse. “Como la nueva ley deja afuera a todas las trabajadoras domésticas y amas de casa sólo van a poder recurrir a la pensión para la vejez que lanzó Cambiemos, lo que es un pasaporte directo a la pobreza. Están fabricando nuevos pobres”, sostuvo la economista y remarcó la importancia de incluir la perspectiva de género en el tratamiento de estas leyes también.

Las primeras en advertir que las mujeres eran las más perjudicadas con la reforma previsional fueron las propias mujeres y desde el movimiento Ni Una Menos convocaron a movilizarse, como lo hicieron miles de personas a la puertas del Congreso. “Con recortes a jubiladxs, AUH y pensiones no contributivas no hay Ni Una Menos”, dijeron. “El 62 % del total de jubilados son mujeres. Las mujeres cobran 24,5 % menos de jubilación por ser mujeres. El 86 % de quienes ingresaron a la moratoria son mujeres. El 99 % de quienes administran la AUH son mujeres. ¿A quién perjudica más la reforma previsional?”, twitteo la periodista de Página 12 e integrante del movimiento, Luciana Peker.

La socióloga Alejandra Beccaria, investigadora del Equipo de Seguridad Social del Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) advierte: “La discriminación entre quienes accedieron al beneficio previsional por el cumplimiento de los años de servicios y quienes lo hicieron a través de las moratorias tiene efecto inmediato en la implementación del bono compensador y tiene efecto aún más grave en adelante porque da a quienes accedieron sólo por el cumplimiento de los requisitos de aportes la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil, mientras que a quienes accedieron por moratoria no les establece esa garantía”.

Los varones que accedieron a la jubilación por moratoria son uno de cada diez. En cambio las mujeres que aseguraron su ingreso por esa vía son casi la mitad de las que se encuentran jubiladas. Por eso, Claudia Danani, especialista en política social, también del equipo de Seguridad Social de la UNGS, remarca el machismo de las políticas públicas actuales contra las mayoría de las mujeres mayores: “Es posible suponer que si la distancia entre uno y otro grupo creciera al grupo de “jubiladas/os por moratoria” se les establecería el mismo piso de la Pensión Universal para Adultos Mayores: 80 % del haber previsional mínimo. Esa política de diferenciación, que en la Ley se justifica con la expresión “proporcionalidad que premia el esfuerzo de cotización”, castiga (otra vez) a las mujeres que trabajaron en condiciones de mayor irregularidad, desprotección y precariedad. Contra la idea de que la moratoria fue aprovechada por “señoras bien que usan el dinero para salir con sus amigas” (escandalosa imagen sexista que transmite lo superficial y ocioso de la vida de las mujeres), los datos indican que sólo un 25% de las mujeres que accedieron a la jubilación con la moratoria  nunca aportaron ni trabajaron y que, en cambio, en la otra punta,  el 31% de ellas lo hizo durante más de 25 años. Un país más justo debe compensar por esa desigualdad, no consagrarla”.

En ese sentido, la Doctora en Economía Mercedes D’Alessandro, integrante de Economía Feminista, critica: “El gobierno de Cambiemos con esta reforma previsional está fabricando nuevos pobres: las amas de casa, las y los trabajadores precarizados, aquéllos que no han podido completar los treinta años de aportes que demanda la ley solo podrán acceder a una pensión universal que hoy apenas llega a los 5.700 pesos”.

Se suma el recorte de la Asignación Universal por Hijo, que en el 99 % de los casos lo reciben las madres.

La Asignación Universal por Hijo y la prestación por embarazo, actualmente representan $1.412 mensuales. La AUH debería subir en marzo, si no se hubiera aprobado la reforma previsional, a $1.616 pesos, según la estimación del periodista y economista Alejandro Bercovich, con un aumento que tendría que haber sido del 14,5 %. Sin embargo, se va a quedar en $1.492,49 (más un bono por única vez) con una actualización desinflada del 5,7%. La quita por cada hijo/a de la Ley aprobada representa 124 pesos por mes por cada chico y chica y una pérdida neta por hijo de 470 pesos (contando el bonus track sacado de la galera por el gobierno nacional después de las protestas). Por lo tanto, con un precio de mercado de 20 pesos por litro de leche (Sancor) la baja en la AUH implica 6,2 sachets de leche menos para cada piba o pibe, por mes, como efecto de la Ley aprobada entre protestas y cacerolas.

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A pesar de las supuestas propuestas gubernamentales, la inflación no se detiene mientras la economía se derrumba en un contexto de caída y perdida de salarios.

Según el gobierno, hacia octubre la economía crecería un 4%. La inversión arriba del 8%. Y también lo haría el consumo. El repunte de la economía sería calculado contra el tercer trimestre del año pasado (caída del 3,7%). La inversión sobre un retroceso del 8,2%. Y el consumo de bajar 2,9% (representa más de 2/3 del PBI).

Simplemente se estaría remontando la pérdida del 2016. Y flaca en sectores que ocupan mucha mano de obra, como la industria, donde en mayo hubo 1.900 puestos menos que en abril.

El índice de precios se ubicaría en el 21% anual, por encima de la banda de entre el 12 al 17% soñada por Sturzenegger. El acumulado semestral ya llegó a 11,8%. Consultores privados estiman más de 2% para julio. Según Standard & Poors “la meta de inflación es inalcanzable”.

Entre enero y marzo, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA, los alquileres aumentaron entre 36.8% y 28,4%. Los que alquilan una casa o departamento en la Ciudad destinan, en promedio, entre el 35 y 45% de sus ingresos a pagar solo el alquiler mensual. Con otros gastos, como expensas y servicios, puede absorber más de la mitad de los sueldos o ingresos. Al respecto, las expensas aumentaron más del 40%. Según la Asociación de Administradores de Consorcios, el total de consorcistas morosos alcanza a 600 mil.

Los taxis subieron un 19,5%, pero el GNC que los hace funcionar 100 % en los últimos doce meses.

Se prevén nuevos aumentos para la luz en noviembre y febrero próximos. Para el gas en noviembre y abril. Falta añadir colectivos y combustibles. El gobierno analiza un boleto de colectivos a $ 11, un 73% de incremento.

La “reparación histórica” prometida a los jubilados solo llega al 40% de la clase pasiva con un incremento promedio del 24%, muy por debajo de lo prometido. En el transcurso del corriente año se iniciaron 12.000 nuevas causas por reajustes.

Los medicamentos más consumidos por los jubilados subieron hasta un 236% en los últimos dos años. El aumento promedio fue de 98,9%.

En la “era Macri”, entre enero de 2016 y junio de este año, las compras de minoristas y mayoristas para atesoramiento alcanzaron los U$S 26.000 millones. Mientras que para hacer turismo en el exterior se fueron 14.415 millones. Solo por esas dos vías salieron U$S 40.000 millones, una cifra equivalente hoy a la totalidad de las reservas del Banco Central. De allí que crezca el déficit de la balanza comercial en el primer trimestre en un 40% interanual alcanzando los U$S 6.800 millones, el mayor de los últimos años. El incremento de las importaciones ha venido más por el lado de los bienes de consumo (26%), al igual que los automóviles, mientras que los bienes de capital e intermedios lo hizo en un 6,5% interanual.

Según Federico Braun, dueño y presidente de la cadena de supermercados La Anónima, tío del secretario de Comercio, Miguel Braun, “es el peor primer trimestre desde 2002 y el próximo será seguramente peor”.

Por eso no llama la atención que la confianza en el gobierno declinó entre mayo y junio un 10%, según datos de la consultora Isonomía.

Rompiendo la piñata

El Banco Provincia descontó un 50 % en los supermercados para quienes tuvieran su tarjeta. El resultado fueron colas de varias cuadras y una multiplicación de las ventas por diez. Lo repetirán después de las PASO. Macri no quiere que antes de las elecciones primarias se vea una situación que se “parezca a Venezuela”.

Preocupado por su resultado electoral, el gobierno anunció los créditos financiados por la ANSES para beneficiarios de la AUH y de distinto tipo de pensiones que no sólo suponen un uso discrecional de los fondos previsionales mediante un mero decreto presidencial. Antes que eso, representan una política de endeudamiento de las familias de menores recursos, que compromete de manera gravosa su futuro.

El proyecto es para movilizar unos $ 50.000 millones en forma de mini créditos. De 3.000 a 5.000 pesos por hijo, que se pueden multiplicar de acuerdo a la cantidad de planes que tenga cada familia. El Gobierno prevé que el dinero se devuelva descontándolo en 12 o 24 cuotas del ingreso mensual. La tasa de interés que se le aplicará al crédito será del 24% anual, bastante por encima de las actualizaciones que recibirán los jubilados, pensionados y los beneficiados de la AUH. Así, el pago de las cuotas implicará una reducción de los ingresos, que podrá implicar hasta un 30% de los mismos.

El financiamiento del consumo mediante endeudamiento conduce inexorablemente a comprometer el consumo futuro. Esto vale muy especialmente con este anuncio oficial. El consumo cotidiano de una familia debe ser cubierto por el ingreso corriente. Para eso es necesario que los salarios y las jubilaciones cubran al menos el costo de la canasta familiar, que no es lo que ocurre en la actualidad, ya que la mayoría de las personas con ingresos fijos recibe mensualmente menos de $ 10.000.

Desmantelamiento científico

Pasaron siete meses de la toma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) que finalizó con la firma de un Acta Acuerdo donde se establecía la incorporación en instituciones científicas de los 498 científicos que habían aprobado las evaluaciones para la Carrera de Investigador del CONICET, pero cuyo ingreso el gobierno les prohibió por razones presupuestarias. La única oferta llegada desde el Ministerio, hasta el momento, es incorporar en distintas universidades nacionales a 410 de esos postulantes. Les proponen que entren con cargo de Jefe de Trabajo Práctico con dedicación exclusiva, y en universidades que no necesariamente se ubiquen en sus zonas de residencia. ¿Qué sucederá con los restantes 88? Dijeron que se colocarían en organismos tecnológicos como el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Los científicos rechazaron de plano la idea del gobierno de ubicarlos en universidades de cualquier parte del país con cargo docente, y no de investigación. El convenio anunciado ofrece cargos interinos (precarios) a concursar en el momento en que la Universidad lo disponga, un salario 6.000 pesos por debajo, tareas de docencia y no de investigación, nulas posibilidades de promoción y relocalización forzada.

Información periodística del pasado sábado dio a conocer que el Conicet ocupa el puesto 158 entre más de 5.000 instituciones científicas y universidades centradas en la investigación de todo el mundo, para el período 2011-15. El segundo lugar entre las argentinas es para la Universidad de Buenos Aires en el puesto 425 del ranking y la segunda mejor institución universitaria de América Latina, solo superada por la Universidad de San Pablo (Brasil). Pero entre los organismos gubernamentales de Latinoamérica, el Conicet se ubicó primero.

El Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que lidera Carlos De Feo, aprobó un documento crítico elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), sobre el anunciado “Plan Maestro” de la gestión Macri que amenaza con implementarse en la educación superior.

Los docentes señalan que “el Plan declara que se propone mejorar la tasa de ‘retención’ (sic) y graduación de los estudiantes universitarios, así como la ‘calidad’ de la enseñanza, sin hacer ninguna referencia a las condiciones del trabajo docente. No hay ninguna preocupación por los salarios, la estructura de dedicaciones, la regularización de las plantas, ni la implementación de las disposiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo, que constituyen las condiciones necesarias para mejorar la enseñanza jerarquizando la tarea docente”.

Asimismo, definió la aceptación de la propuesta salarial del gobierno y la continuidad del plan de lucha en Defensa de la Universidad Pública.

Sin embargo, la otra Federación que agrupa a los docentes universitarios, Conadu Histórica, rechazó el acuerdo paritario por considerarlo insuficiente ya que la propuesta deja por fuera de la garantía salarial a las y los docentes más bajos del escalafón, los ayudantes de segunda, que son los de menores salarios. Por otro lado, el porcentaje de aumento dista mucho del 35% reclamado. Por tal motivo, la Conadu (H) ha resuelto continuar el plan de lucha durante el segundo semestre por los reclamos paritarios y contra la reforma universitaria.

Para finalizar con el ataque a CyT, el presidente Mauricio Macri aprobó la venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país.

Reclamos de los movimientos sociales

La CTEP, Barrios de Pie y la CCC le reclamaron a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que se cumpla con la Ley de Emergencia Social, de la cual sólo se ejecutó un 30%, y se sancione una Ley de Emergencia Alimentaria.

Las organizaciones que integran la CTEP se movilizaron en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano y continuaron con la recolección de firmas para impulsar la Ley de Emergencia Alimentaria, “una situación que hay que tratar de forma urgente”, insistió el coordinador nacional de Barrios de Pie, que semanas atrás lanzó la iniciativa, luego de realizar un relevamiento en los comedores populares, que arrojó que el 43 % de los chicos sufrían malnutrición. También minimizó uno de los logros mostrados por la gestión de María Eugenia Vidal sobre la mejora en los fondos para los comedores escolares e indicó que “el aumento del presupuesto fue de 8 a 16 pesos por chico. Está muy lejos de lo que se necesita para alimentar de manera digna a los pibes”.

El reclamo por ambas iniciativas continuará el próximo 7 de agosto, cuando la CTEP tiene programado repetir la masiva movilización del año pasado desde la Iglesia de San Cayetano. Las organizaciones marcharán desde Liniers hasta el Congreso, donde entregarán un millón de firmas a favor de la Ley de Emergencia Alimentaria y luego finalizarán en la Plaza de Mayo.

El jueves también instalaron ollas populares y campaña de firmas por la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria frente al Obelisco y a las principales cadenas de supermercados del país, el Frente Popular Darío Santillán y el FPDS (CN).

El pasado 20 de julio diferentes movimientos piqueteros realizaron una masiva protesta en Plaza de Mayo para exigirle al gobierno Nacional: aumento salarial y puestos de trabajo genuinos. “No queremos planes, queremos trabajo”, fue una de las consignas.

Cuatro mil pesos es lo que cobran los trabajadores del programa “Argentina Trabaja” y del “Ellas Hacen”, quedando de esta forma por debajo de la línea de indigencia, ya que la canasta básica familiar ronda entre los 14/15.000 pesos y el salario mínimo es de $ 8.860.

La masiva concentración comenzó en Av. 9 de Julio y 25 de Mayo y finalizó en Plaza de Mayo. Banderas y remeras rojas colmaron la Ciudad de Buenos Aires y se hicieron oír frente a la Casa Rosada. Ahora esperarán una respuesta del gobierno.

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In Memorian

A Rodolfo Oscar Estivill, jubilado suicidado por el ajuste macrista

Un jubilado de 91 años se suicidó en una sede de Anses en Mar del Plata, luego de concurrir a la sucursal para realizar un cambio de domicilio. Rodolfo Oscar Estivill había llegado a la agencia estatal a las diez de la mañana junto a sus dos sobrinas para cambiar la dirección de cobro. Antes de irse, les pidió que lo esperaran en la entrada porque “conocía a alguien del primer piso” que ayudaría. Al bajar de las escaleras, sacó un arma, dijo estar “cansado de luchar” y se disparó ante la mirada de empleados y vecinos que realizaban diligencias. Centenares de marplatenses se reunieron en la puerta de esa sede, en avenida Independencia y San Lorenzo, para protestar por el recorte a jubilados.

 “El suicidio de un jubilado de 91 años en Mar del Plata desnuda la triste realidad que atraviesan los jubilados y jubiladas de todo el país. Las políticas de este Gobierno atentan tanto a su vida como a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras”, declararon en conjunto los tres gremios que tienen afiliados a trabajadores de la Anses, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Asociación del Personal de los Organismos de Prevención Social (Apops) y Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi). Los sindicatos decretaron un paro nacional el pasado viernes: denuncian los recortes en jubilaciones, pensiones y en programas como Procrear y Progresar, y aseguran que el Gobierno “va a ir por más: elevar la edad jubilatoria, volver a las AFJP y desguazar todo el sistema de Seguridad Social Público”.

“El grado de angustia que cargan los jubilados es increíble, pero lo peor de todo es la indiferencia dirigencial ante ese dolor”, aseguró Sandra Mayol, empleada y delegada gremial de Apops en Mar del Plata. Leonardo Fabre, el titular del gremio, dijo que hay un “plan de exterminio” hacia los jubilados y hasta habló de “genocidio”.

“Este combinación de violencia y angustia que se vive día a día en la Anses, producto de las medidas actuales del gobierno, me hace recordar a los noventa, cuando los jubilados estaban totalmente desesperados”, afirmó Carlos Ortega, secretario general del Secasfpi. También describió los desafíos que transitan actualmente los jubilados, pensionados y discapacitados para mantener sus beneficios: “Hay gente que viaja 200 kilómetros sólo para presentar una fecha de nacimiento o de defunción de su pareja. Acá se hizo todo al revés, en vez de revisar los casos que podrían ser dudosos, se les recortó a todos, sin hacer ninguna evaluación”, indicó Ortega y agregó que “estamos en un retroceso notable, similar a los años noventa cuando se crearon las AFJP. Esta gestión vacía el Fondo de Sustentabilidad con la simple excusa de que hay personas que no deben ser beneficiadas. Obviamente con estas revisiones injustas las personas se desesperan”.

Mientras, las flores en homenaje a Estivill y los carteles de protesta contra el recorte a los jubilados se multiplicaban cada vez más: “El neoliberalismo mata”, “No a la suba de la edad jubilatoria”, “Los abuelos no somos descartables”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los marplatenses en la puerta de la sede de la Anses.

Luego de la tragedia de Mar del Plata, la Administración Nacional de la Seguridad Social suspendió las intimaciones a los pensionados viudos, a quienes obligaba a demostrar su estado civil.

De acuerdo con la circular 15/17, que la Anses solo distribuyó a través de su correo interno, se informó a todas las oficinas de atención al público que “en el día de la fecha (30 de junio de 2017) ha finalizado la etapa de comunicaciones mediante orden de pago previsional (OPP), prevista en el programa de rutina de actualización de datos”.

“Los titulares que contaban con algún mensaje de los previstos en este procedimiento (Actualización de datos correspondientes a beneficios de pensión por fallecimiento) podrán corroborar que los mismos no se repetirán en mensuales siguientes”, agrega la circular.

El ajuste más anunciado ya comenzó

1) La baja masiva de pensiones no contributivas: 170.000 beneficiarios.

2) El Plan Progresar destinado a incentivar el estudio de los jóvenes entre 18 y 24 años sufrió una baja de 904.000 beneficiarios a 558.000, es decir, 346.000 menos. Se trata de una ayuda mensual de $ 900 congelados desde 2015. Las Universidades denuncian una quita del 31,4% del subsidio, de $ 8.147 millones a $ 5.520 millones.

3) El Plan Conectar Igualdad para acortar la brecha digital que entregó 5.3 millones de netbooks entre 2010/5 quedó virtualmente paralizado; en lo que va de la gestión macrista solo se entregaron 94.000 y el gobierno se ahorró $ 1.200 millones.

4) Plan Remediar. De 74 medicamentos esenciales bajó a 7.

5) SUMAR que brinda cobertura de salud a niños, adolescentes, embarazadas, hombres y mujeres hasta 64 años pasó de $ 2.274 millones en 2016 a $ 1.548 millones.

6) Lucha contra el Sida y ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual): se rebajó en $ 105 millones.

7) Argentina Sonríe de atención odontológica fue dado de baja. Suponía una inversión anual de $ 233 millones.

8) Suspensión de la entrega de 60.000 kits del Programa de Acompañamiento de la Madre y el Recién nacido “Qunita”.

9) Restricciones en la cobertura de medicamentos al 100% para jubilados: 200.000 afectados.

10) Cambios en el sistema de facturación en la Obra social de jubilados al sistema de cápitas: $ 1.600 millones.

11) REPRO. Programa de subsidios para proteger los puestos de trabajo. En plena ola de despidos en 2016 se otorgó a 123.056 trabajadores contra 756.487 que lo cobraron el año anterior: $ 814 millones menos.

Un grupo de clubes bonaerenses se reunirá el próximo lunes para analizar cómo proseguir judicialmente frente al tarifazo en la factura de electricidad, luego de que esta semana recibiera un revés por parte de la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín. El fallo de la Sala habilitó la suba del servicio para el caso de seis instituciones de San Martín, que habían apelado el incremento en la boleta que alcanzó al 500 % de aumento. Además tendrán que pagar el retroactivo. En el escrito consideraron suficiente que la demanda quedó abstracta porque hay un nuevo cuadro tarifario que se validó en una audiencia pública. Ahora, bajo el patrocinio de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Guido Lorenzino, se analizará una presentación basada en la Ley de Defensa al Consumidor. En algunos casos la factura trepó de 6.000 a 30.000 pesos.

Las seis instituciones que presentaron el amparo cuentan en promedio con unos 1.000 socios cada una y cobran cuotas de entre 250 y 300 pesos. Tras conocerse el revés judicial denunciaron que no pueden aumentar las cuotas en proporción porque la gente no las pagaría. Además de atender a sus socios, en los clubes funcionan colonias de verano y hay actividades deportivas para chicos de las escuelas de la zona.

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Un repaso por las privatizaciones en el sistema previsional, lo falaz del sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs), la política kirchnerista y la búsqueda de hacer negocios a costa de los jubilados en el gobierno macrista.

Menem lo hizo

El 1° de mayo de 1993 el presidente Menem afirmaba en su discurso de apertura de las sesiones legislativas que “1993 tiene para este presidente una prioridad principalísima: los jubilados”. Algunos meses después el congreso aprobaba un proyecto de reforma previsional que redundaría en la mayor estafa perpetrada contra los jubilados en toda la historia argentina: las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs).

En 1994 entró en vigencia el nuevo régimen, que supuestamente corregiría los vicios del anterior y lo convertiría en un mecanismo para canalizar ahorros hacia inversiones productivas que generarían trabajo, crecimiento y bienestar. El esquema vigente hasta 1993 era de reparto: los aportes recaudados financiaban los haberes corrientes; como estos no alcanzaban, las rentas generales tenían que socorrer a un sistema previsional quebrado. Este régimen fue reemplazado por uno mixto: el trabajador podía elegir si quería seguir en el reparto o pasarse a uno de capitalización en el que una AFJP administre sus aportes cual portafolio de inversiones. Tanto las condiciones institucionales como el discurso oficial estaban orientados a que los trabajadores elijan la segunda opción, y eso hizo el 80 por ciento.

El maravilloso mundo prometido por las AFJPs se demostró falaz muy rápidamente. La posibilidad de que los aportes se canalicen hacia la producción y el trabajo se esfumó cuando el principal componente de la cartera consistió en títulos públicos. Al proceso de megaendeudamiento para sostener la Convertibilidad hay que agregarle la reforma previsional: sólo el 20 por ciento de los trabajadores siguieron aportando al reparto, pero todos los jubilados permanecieron allí. El Estado necesitaba endeudarse más para cubrir este déficit y las AFJPs tenían muy buena voluntad para participar del negocio. Los aportes de los trabajadores iban al Estado, igual que antes, pero ahora acumulando deuda.

Pero las AFJPs no sólo invirtieron en títulos públicos. También compraron acciones de las empresas privadas más grandes del país, en muchos casos por vía de acuerdos no del todo transparentes. Convirtiéndose en su principal fuente de fondos, el sistema previsional de capitalización fue el principal engranaje del sistema financiero de la Convertibilidad, el que decidía a quién oxigenar y a quién ahogar.

Mientras tanto, el haber mínimo estuvo durante toda la década congelado en 150 pesos/dólares y la cobertura cayó a menos del 50 por ciento hacia 2001. La crisis de la Convertibilidad encontró a la mitad de los adultos mayores del país viviendo bajo la línea de pobreza. Muy lejos de esa línea se encontraban, claro está, los gerentes de las AFJPs.

La política kirchnerista

En 2005 Kirchner lanzó su primera moratoria previsional. Se trató de un plan de regularización de deudas para adultos mayores que no llegaban a los 30 años de aportes. En realidad, la misma no apuntaba a los evasores, sino a todos los ancianos no cubiertos: desocupados, informales, cuentapropistas y sobre todo amas de casa. Hacia 2010 la cobertura había alcanzado el 90 por ciento; hacia 2015 el 97 por ciento.

En 2008 el gobierno de Cristina Fernández lanzó un proyecto de contra-reforma para volver al sistema de reparto. Los activos financieros que estaban en manos de las AFJPs pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, constituyendo la cartera más grande del país. Originalmente se estableció que más allá del tamaño de la participación accionaria la representación de ANSES en los directorios de las empresas no podía superar el 5 por ciento. Esta restricción fue levantada en 2014. La ANSES pasó a tener un flujo de ingresos muchísimo mayor, lo que le permitió hacer otras erogaciones, como el plan Conectar Igualdad, el PROGRESAR o la Asignación Universal por Hijo.

En síntesis, si el modelo del menemismo fue el de una protección social supeditada al mercado, el del kirchnerismo recuperó las nociones de derechos sociales entendidos como derechos ciudadanos. Por un lado, el modelo económico entendió que aumentar las jubilaciones –en cantidades y en montos– empujaba la demanda y ayudaba al crecimiento del empleo. Por el otro, la inclusión social se convirtió en una de sus principales banderas –si fue una bandera genuina o tuvo que levantarla para legitimarse socialmente es algo que no discutiremos aquí–. Las moratorias configuraron un modelo de inclusión previsional que no solo aumentó la cobertura, lo hizo contemplando bajo el mismo paraguas institucional a todos los jubilados, los que accedieron por moratoria y los que no. Es cierto, el paraguas es el de la protección contributiva y algunos preferiríamos el de la protección no contributiva. Pero el que no se configure una segmentación de la política previsional es sumamente positivo.

La historia se repite: “donde hay una necesidad hay un negocio”

Llegamos al año 2016, gobierna Mauricio Macri y envía al congreso un proyecto de “reparación histórica a los jubilados”. Junta a un montón de ancianos en un club de barrio, los abraza y afirma la voluntad de solucionar definitivamente sus padecimientos. Propone crear una pensión universal a la vejez, equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima, la cual puede ser percibida por cualquier adulto mayor que no perciba otro ingreso previsional o asistencial. En comparación con las moratorias, esta pensión no genera derecho a pensión para cónyuges, no puede ser percibida si la persona ya está percibiendo una pensión y las mujeres pueden acceder a partir de los 65 años, no desde los 60. La diferencia principal, sin embargo, es más profunda: la pensión universal se configura como un sistema separado al de las jubilaciones, con derechos distintos. Se propone una jubilación de primera y una de segunda. Al mismo tiempo, propone un mecanismo para saldar las deudas pendientes por juicios previsionales ofreciendo incentivos para que los jubilados abandonen los litigios.

¿Cómo proponen financiarlo? De dos maneras. Por un lado, con un blanqueo de capitales. Por el otro, vendiendo los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En ambos casos se trata de necesidades empresariales. La primera es bastante obvia, y también el kirchnerismo la ha puesto en práctica. La segunda es más compleja: al “mercado” le interesa que el Estado venda esas acciones, no tanto por la efectiva injerencia en las decisiones sino por la capacidad de presión que puede ejercer. Controlar el 20 por ciento de las acciones de una empresa implica un gran poder de presión si uno decidiera ponerlas a la venta; controlar el 20 por ciento de veinte o treinta grandes empresas implica un gran poder de presión sobre todo el sistema financiero. No es casual que el actual ministro de producción, Francisco Cabrera, haya sido en el pasado gerente de Máxima AFJP.

Al igual que Menem, el gobierno de Macri construye su retórica desde los problemas de los jubilados, pero lo que ve son soluciones. No a los problemas de los jubilados, sino a los de los empresarios. La promesa de bienestar de los abuelos no es otra cosa que una zanahoria: es la forma de legitimar reformas que nada tienen que ver con ellos. Como decía José Luis Di Lorenzo en referencia a la reforma previsional de los noventa: “donde hay una necesidad hay un negocio”, y si hay algo de lo que los miembros del gabinete de Macri saben es de negocios.

*Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Becario posdoctoral CEIL-CONICET, Docente de la UNM, Miembro de la Sociedad de Economía Crítica

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Jubilados sin remedios, sin moratoria y sin 82% móvil

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Mediante la Resolución 439, del 30/3/2016, el Interventor del Pami excluyó más de 150 medicamentos de la “Provisión de Medicamentos por Razones Sociales” y cuya cobertura se daba al 100%, a los beneficiarios de la obra social. Este ajuste es parte de una política de desconocimiento de los derechos de los jubilados y pensionados.

Un reciente artículo de Lidia Meza, Secretaria de Previsión Social de la CTA, señala que: “En realidad es un ajuste en las prestaciones, vendrán otros. No resulta lógico, ni racional, decir que se mantiene el descuento del 50 u 80% en los medicamentos excluidos, si éstos fueran ineficaces. Además, distintos profesionales han señalado, que entre los excluidos hay medicamentos importantes.

Hasta la fecha todas las medidas del nuevo gobierno han apuntado a redistribuir en forma regresiva los recursos de la sociedad, a favor de los más poderosos, y a tomar medidas que perjudican a los que menos tienen.

En el caso de los jubilados y pensionados, primero se anunció que no se prorrogaba la moratoria previsional, que permitía jubilarse a quienes no tenían suficiente aportes; ahora se reduce la lista de medicamentos. A ello se suma que se habla del aumento de la edad para jubilarse y reformas previsionales genéricas”.

Punto final para la jubilación de amas de casa

El Centro de Economía Política Argentina realizó un estudio sobre el impacto que tendrá el final de la moratoria previsional anunciado para septiembre por el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso.

Luego de que el sistema de moratoria previsional -instaurado en 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner- alcanzara casi un 97% de cobertura jubilatoria para los argentinos y argentinas en los últimos años, el actual titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció que este esquema verá su fin el próximo 18 de septiembre.

Según un cálculo realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos tomados del censo 2010 sobre quienes este año estén en edad de jubilarse, la pérdida del sistema de moratorias dejará afuera a unas 141.827 personas, que no podrán alcanzar los aportes requeridos para tramitar su jubilación.

“Hay que entender que la moratoria es el reconocimiento de un derecho de los trabajadores, más allá de su condición. Ocupados, asalariados, registrados o no. El fin de la moratoria va a significar que mucha gente va a quedar afuera”, dijo Julia Strada, politóloga y realizadora -junto a Hernán Letcher- del informe publicado por el CEPA, y agregó: “El cálculo es una estimación. Lo bueno sería que la ANSES haga su cálculo y lo publique. Hay datos que sólo maneja ese organismo, como es el caso de quienes sí tenían aportes, que sí trabajaron como asalariados formales, pero que aún así no llegarían a completar los aportes”.

En tanto, Basavilbaso argumentó la finalización del esquema de moratorias bajo la idea de que sería “injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”, y agregó: “Queremos que haya una jubilación universal y que tenga una parte contributiva que premie a la gente que puso dinero en el sistema”, en base al argumento de “poner incentivos para que la gente tenga trabajo en blanco, incentivos tanto para trabajadores como empleadores”.

Según explicó Strada, la nueva dirección de ANSES bajo el macrismo viene a sugerir la posibilidad de jubilarse a través del sistema público con haberes básicos a aquellos trabajadores de menores recursos o que no reúnan la cantidad de aportes necesarios, mientras que al mismo tiempo habilitaría un “sistema de capitalización paralelo para los estratos de mayores ingresos (en sistema público o tal vez privado)”. Esto apunta a que quienes tienen mayor poder adquisitivo puedan acumular intereses, como proponían en su momento las AFJP, donde cada uno tenía su propia caja de ahorro.

En 2005, en el país había 65% de coberturas jubilatorias, y luego de la implementación de la moratoria previsional por parte del kirchnerismo se llegó al año 2014 con un total cercano al 97%, lo que significó casi la universalidad de la cobertura previsional. “En las moratorias, además, tuvieron mucho que ver el ingreso de mujeres que fueron amas de casa durante toda la vida, que en la primera moratoria fueron un 73% y en la segunda un 83%. Estamos hablando de 500.000 personas”, remarcó Strada.

Por esta razón es que la moratoria terminó siendo conocida como “la jubilación para amas de casa”. La no renovación de la misma perjudica directamente a miles de mujeres que han trabajado toda su vida pero dentro de la informalidad previsional. Se estima que el 36 % de las trabajadoras no tienen asegurados ni los aportes previsionales ni la obra social.

Es que históricamente los trabajos asignados a las mujeres fueron de una inequidad absoluta: tareas de limpieza, largas jornadas en el campo por una paga diaria mísera y en negro, sin olvidarnos del rol de cuidadoras por excelencia de todo familiar enfermo.

Aún aquéllas que estudian y llegan a ser profesionales también son víctimas de una sociedad machista que las obliga a dejar sus trabajos para dedicarse al cuidado de los hijos, tarea sin recibo de sueldo que las llevará a una vejez sin respaldo económico alguno.

Volver a los noventa: el fantasma de la privatización

El fin de la moratoria previsional y la universalidad jubilatoria se enmarcan en un contexto particular, donde la caja de seguridad social se ve afectada por la falta de aportes patronales y la caída de aportes ante la masiva ola de despidos producida en los últimos meses en el sector público y privado. En este escenario, el recorte y la erosión del sistema de seguridad social estatal representa una pieza clave en el horizonte del macrismo.

“En realidad, y esto es una hipótesis, como ellos están previendo que van a tener menos recaudación en la caja de seguridad social, están pensando en una pensión universal que no se financie con la seguridad social sino, en todo caso, con los impuestos. Que se financie con la caja de recaudación impositiva que no tiene que ver con las recaudaciones laborales”, señaló Strada.

Y agregó: “Haciendo una proyección a futuro de qué pasaría, no me extrañaría que, con un sistema de seguridad social más achicado y menos capacidades para cubrir, aparezcan las propuestas de privatización para tener un mejor gerenciamiento de la caja de seguridad social”.

Por lo pronto, la ANSES no brindó mayores detalles sobre su próximo plan de cobertura, y para el próximo 18 de septiembre más de 140.000 argentinos y argentinas no podrán jubilarse.

Al respecto también opinó Marcos Wollman, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados: “Hablan de una nueva ley que contemple cuestiones que ya están contempladas y no resuelven lo que tienen que resolver”, haciendo referencia con esto a la cuestión del 82 % móvil que sigue sin ser tratado cuando se habla del sistema previsional.

Wollman diferenció esta propuesta frente al proyecto para una nueva Ley de Previsión Social que promueve desde hace años la Mesa Coordinadora. Este año lo presentarán por tercera vez ya que perdió nuevamente estado parlamentario. En cuanto al texto del mismo Wollman destacó que la Ley “tiene que contemplar que el haber jubilatorio tiene que ser el 82 % del salario del trabajador activo, de acuerdo a lo que recibió en sus mejores sueldos de los últimos 5 años de actividad, y móvil de acuerdo a la categoría establecida en las paritarias”.

Asimismo, señaló que un haber mínimo no puede ser menor al salario mínimo vital y móvil y que tiene que cubrir la canasta básica del adulto mayor que hoy es de alrededor de 10.000 pesos mensuales mientras que el haber mínimo actual es de 4.810 pesos.

Finalmente, respecto al aumento de la edad jubilatoria, el Secretario general de la Mesa Coordinadora mencionó que se trata de una política que viene dirigida por el FMI y está comenzando a ser aplicada en muchos países. Dijo que parten del argumento que con la prolongación de la vida se está desfinanciando los sistemas jubilatorios de todos los países.

La moratoria ideada por el kirchnerismo surgió como una salida de emergencia ante su rotunda negativa de incluir en la agenda el reconocimiento del 82% móvil. Y yendo un poco más profundo, tampoco pudieron eliminar la informalidad laboral que se tradujo en una brutal precarización, sobre todo para las mujeres. Es por eso que esta moratoria actuó a modo de frazada corta, cubrió el acceso a una jubilación, pero dejó sin solución el verdadero origen de la falta de aportes: un trabajo en blanco.

Cifras dadas por Anses indican que 9 de cada 10 personas que se jubilan con esta moratoria son mujeres, por lo que la medida que tomó el gobierno de Macri las afectará directamente a ellas.

Si bien el kirchnerismo fue el hacedor de esta ley, no le dio el estatus de permanente, dejándole vía libre a Cambiemos para dejarla sin efecto. De hecho, ni siquiera la Asignación Universal por Hijo puede validarse como años de aportes, que luego puedan ser utilizados para estas mujeres que se dedicaron a cuidar a sus hijos. Un punto más que demuestra el corto y perentorio alcance de esta moratoria.

Por su parte, Basavilbaso confirmó que buscarán sancionar una nueva ley jubilatoria, claro que indicó que la discusión puede durar los cuatro años de mandato macrista. No hay que saber leer entre líneas para entender que lo que se disponen a hacer es lisa y llanamente negarle la posibilidad a miles de mujeres a tener una vejez digna, cobrando la jubilación que corresponde por tantos años de trabajo no reconocido.

También recordemos que Basavilbaso fue el director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que según estadísticas que publica el propio gobierno porteño, no construyó un metro cuadrado en tres años. Además de subejecutar el presupuesto del Instituto y no brindarle solución a las personas que viven en las villas.

Es el mismo que el año pasado fue interpelado a raíz de la muerte del joven Cristian Crespo que cayó de una escalera en mal estado dentro del Complejo Habitacional Soldati, responsabilidad del Instituto. Finalmente tuvo que dejar su puesto en ese organismo y como premio lo nombraron al frente de la Anses.

Ochenta y seis por ciento de mujeres que accedieron a la moratoria no son solamente un número, son miles de mujeres que dentro o fuera de sus casas trabajaron sin opción ni posibilidad de exigir un sueldo en blanco. Eliminarla sin siquiera tener una alternativa para garantizar una solución es vulnerar una vez más un derecho humano básico.

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Ante la lejana promesa de campaña de otorgar un millón de créditos para vivienda, el gobierno de Cambiemos se propone modificar el PROCREAR. Analizamos una medida que sigue la línea política desde el 10 de diciembre.

A partir de la caída de la imagen del gobierno de Macri por las regresivas medidas tomadas desde diciembre, distintos funcionarios declararon públicamente la necesidad de lanzar con urgencia un “paquete de medidas sociales”, entre las que se destaca la promesa de campaña del millón créditos hipotecarios. Pero el paquete tarda en llegar, dado que este tipo de políticas requieren, para Cambiemos, una profunda reconversión respecto de las vigentes. La semana pasada Iván Kerr -subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación- realizó declaraciones públicas, que comunicaron el futuro cambio del PROCREAR.

El PROCREAR reunía distintas líneas de créditos a una tasa muy reducida para adquisición o refacción de viviendas, que llegó a ser la más baja del país comparada con programas de otras jurisdicciones y líneas de entidades bancarias. Estaba destinado a trabajadores y trabajadoras formales cuyo piso de ingresos fuera mayor a los 8 mil pesos mensuales, por lo cual sus usuarios/as provinieron de distintos estratos medios, mientras que excluyó a trabajadores/as no registrados (que constituyen alrededor de un 40% de las y los ocupados) y a la población de más bajos ingresos.

Dado que la asignación se realizaba mediante sorteos públicos, no se establecía un criterio de elegibilidad entre las y los aplicantes. Lo significativo de este programa fue su magnitud y el hecho de que sectores diversos dentro de la gran “clase media” pudieran tener acceso al mismo en condiciones de relativa paridad, aunque las viviendas finalmente construidas y adquiridas fueran desiguales por las distintas capacidades de ahorro previo y financiamiento de gastos.

Ni el Plan Federal ni el PROCREAR, implementados durante el kirchnerismo, pudieron hacer contrapeso a la grave crisis habitacional del país, dada por el valor ascendente del suelo, a los que el salario nunca logró llegar durante el ciclo. Éste ha sido un límite de los programas, frente al cual el kirchnerismo respondió con un financiamiento público activo a programas de cobertura amplia, pero no lo suficiente.

El paquete anunciado por Kerr y algunos adelantos del mismo que hizo Basavilvaso -director de la ANSES- se basa en los siguientes puntos:

– La nueva edición del PROGRESAR se destinará exclusivamente a “grupos vulnerables”. La argumentación de esta decisión se basa en que serían los sectores que realmente “necesitan” una tasa subsidiada por parte del Estado, a diferencia de la clase media que debería poder solventar con sus propios ingresos una tasa “accesible”.

– El criterio de elegibilidad de la población que haya aplicado al PROCREAR se derivará de un “ranking” a partir de índices de vulnerabilidad.

– Los créditos otorgados posiblemente sean de un monto menor a los de las ediciones anteriores, ya que, según Basavilvaso, eran excesivos, mientras sería conveniente una mayor cobertura con prestaciones menores.

– El cambio del PROCREAR se entiende como parte de una “segmentación” de la oferta crediticia, que propone crear ofertas diferenciadas según el nivel socio- económico de la población. Esta segmentación incluye distintos tipos de tasa, pero también de montos.

¿Qué traen estos “vientos de Cambio”?

La idea que organiza estos cambios es la de “segmentación”: no sólo significa establecer una oferta diferenciada de prestaciones, sino que su resultado es el acceso desigual a bienes y servicios públicos. El supuesto de Cambiemos es que un programa que sostiene un mismo tipo de prestación para grupos sociales distintos, esto es, distintos en su capacidad de pago, genera una pérdida potencial de recursos públicos. Dicho mal y pronto: quienes más pueden pagar, deben tener menor financiamiento público; y entre quienes no pueden dirigirse al mercado, prestaciones más pequeñas permiten mayor cobertura.

El problema aquí es de dos órdenes. En primer lugar, este “cálculo” sobre el que se basan las nuevas propuestas retoma orientaciones de programas implementados en CABA, cuyo “éxito” es controversial. En segundo lugar, la ecuación propuesta esconde que en la administración de prestaciones, las políticas sociales -y en particular las referidas al hábitat- construyen sociabilidad y formas de relación entre clases. Prestaciones segmentadas implican un acceso desigual al hábitat y la vivienda porque: a) la aceptación de los créditos por parte de propietarios e inmobiliarias es por lo general dificultosa, por lo cual depende de las características que estos asuman el acceso a distintos segmentos del mercado; b) la diferenciación de montos determina el acceso a zonas diferenciadas de las ciudades, con servicios e infraestructura también diferenciados; c) las condiciones de las viviendas, finalmente, son variables de acuerdo al monto que se dispone para su compra.

No podemos desconocer estos puntos en el marco de procesos cada vez más fuertes de segregación espacial en las ciudades. Argumentar la segmentación como solución, como hace Cambiemos, implica desestimar la igualdad como cuestión o problema. Consideraremos brevemente las líneas crediticias que el Instituto de Vivienda de la Ciudad promovió durante las gestiones del PRO, como ilustración de estos dos puntos.

Una de ellas se desprendía de la Ley N° 341 y se dirigía a familias “en situación de vulnerabilidad”, a las que otorgaba un monto en pesos que no fue actualizado, al menos, desde el año 2011. Por ende el valor del crédito se depreció continuamente hasta llegar a unos 37 mil dólares por familia. De acuerdo a los precios crecientes en el mercado inmobiliario, este monto únicamente habilitaba la compra de viviendas en malas condiciones de habitabilidad, en las zonas más deterioradas de la Ciudad, cuando no impulsaba directamente la expulsión hacia zonas alejadas de la provincia de Buenos Aires. Las familias que, aún así, lograban hallar una vivienda acorde al monto del crédito y que éste fuera aceptado por dueños e inmobiliarias, pese a las resistencias generadas por dirigirse a “población vulnerable”, se enfrentaban a un problema no menos grave: sus viviendas definitivas presentaban déficits habitacionales varios, entre ellos, hacinamiento.

Por otro lado, los programas “Primera Casa BA” y “Mi Casa BA”, dirigidos a sectores medios otorgaron montos mayores para la compra, aunque también reducidos en comparación con los valores ascendentes del mercado inmobiliario. Dado que las posibilidades de compra no eran adecuadas a las esperadas por las familias que aplicaban al programa, muchas de ellas desestimaron los créditos otorgados. El desfasaje respecto de los precios del mercado -por lo cierto, desregulados- es un factor que, en las distintas líneas crediticias, condicionó a una muy baja extensión: en toda la gestión macrista se otorgaron solamente 5700 créditos. Además, determinó el acceso a viviendas en condiciones de habitabilidad deterioradas.

Por otro lado, los “rankings” según el índice de vulnerabilidad generan una lógica perversa de focalización. Tomando la experiencia de la Ciudad, los programas mencionados disponen ciertos requisitos generales para la postulación: básicamente, condiciones de trabajo y un piso de ingresos; y en el caso de los créditos “vía 341”, techos de ingreso. Luego de esta primera selección que conforma el universo de aplicantes, opera una segunda operación de recorte, en base a la cantidad de créditos dispuesta por el gobierno. Para “elegir” entre los aplicantes, se observa cuántos hijos e hijas componen el hogar, miembros con discapacidad, NBI, etc. La doble focalización no pone en cuestión, en ningún caso, si la cantidad de prestaciones distribuidas es apropiada, mientras que selecciona como usuarios a los más vulnerables, entre los vulnerables.

Todo ello se dio en el marco de una patente subejecución presupuestaria que ha caracterizado las gestiones de Kerr y Basavilvaso en el IVC.  “Cuanto peor, mejor” es el sentido que se instala para poder acceder al programa, tanto en los efectores públicos como en las familias.

El criterio de multiplicar la cobertura a partir de prestaciones más bajas, según lo anterior, plantea -al menos- serias dudas sobre su efectividad. Los cambios tampoco son alentadores en cuanto a los principios que los orientan. Ni para los sectores más deteriorados de la clase trabajadora, que se verán arrojados a un ranking de vulnerabilidad para acceder a créditos de tasa blanda, cuyo nivel de cobertura aún desconocemos, ni para los sectores ocupados en mejores condiciones, pues la sentencia del gobierno de que deberían poder solventar con sus ingresos tasas no subsidiadas, desconoce la depreciación salarial sufrida, la carestía de la vida, y las difíciles condiciones de acceso al crédito. Se impone evitar que se consolide una línea de viviendas pobres para pobres y programas de crédito solventables, únicamente, por sectores de altos ingresos.

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