Por Lorena Ahuactzin Guevara y Sebastian Kohan Esquenazi / Foto: Santiago Arau Pontones 

La manifestación fue multitudinaria y terminó con varios destrozos de inmuebles y algún acto de violencia efectuado por un hombre que, ante las cámaras de televisión que transmitían en vivo, golpeó al periodista, acto que da para suponer que era un infiltrado que quería deslegitimar la expresión masiva de las mujeres. Hasta ahí nada nuevo. Los destrozos, pues, son consecuencia del hartazgo de las mujeres de este país que, al igual que las del resto de los países del mundo, son maltratadas y asesinadas todos los días.

Todos los medios de comunicación le dieron a la marcha una cobertura que jamás de le hubieran dado si las mujeres no hubieran roto algunos vidrios de las estaciones de Metrobus y algunas otras intervenciones no demasiado pacíficas. Nunca les importó tanto la reivindicación de las mujeres hasta el día en que vieron la oportunidad de criminalizar al movimiento feminista. Unos cuantos vidrios rotos alarma más a los medios de comunicación y a la opinión pública, que la violación y el asesinato de miles de mujeres, que al parecer ya están naturalizados en la vida cotidiana.

Una de las intervenciones más llamativas de la manifestación fue que el Ángel de la Independencia, principal monumento histórico de la Ciudad, amaneció más colorido que nunca, pitarrajeado y grafiteado con consignas feministas. Esa mañana algunos afortunados lograron sacarle fotos al Ángel de los Colores, convertido en un monumento de la realidad, hasta que el gobierno, escandalizado, lo mandó a vallar para que no se vea. Un vallado alevoso que no solo escondía la realidad sino que iba acompañado de un discurso sobre el valor económico que costaría borrar los grafitis y la cantidad de meses que tardarían en hacerlo. Un montaje increíble que pretendía darle al asunto una gravedad que no tenía y escandalizar a la población. Hasta que aparecieron las restauradoras y dijeron que nada era tan grave, y que no solo no era tan difícil borrarlo sino que no debía ser borrado hasta que las mujeres no tuvieran asegurada su integridad.

¿Qué hubiera pasado si las pintadas se hubieran generado por la celebración de un triunfo de la selección mexicana? ¿Se hubiera criminalizado de igual forma a los hombres? No lo creo.

Aquí la carta de El colectivo independiente denominado ‘Restauradoras con Glitter’ dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum:

https://www.facebook.com/restauradoras.glitterMX/photos/pcb.100796064629472/100843797958032/?type=3&theater

Del tamaño de la manifestación es el tamaño del hartazgo. No hay marcha atrás.

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Por Mariana Brito Olvera*

Desde el 26 de septiembre de 2014, fecha en que ocurrieron los hechos, que las madres y padres de los 43 normalistas no han parado en la búsqueda de sus hijos y continúan exigiendo el esclarecimiento del caso. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el caso Ayotzinapa se mantuvo sin respuesta alguna y, muy al contrario, hubo intentos de alterar los datos que permitieran a los padres, madres y al pueblo mexicano en general acceder a la verdad de los hechos. Durante su administración organismos de derechos humanos y especialistas en el caso, como el grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dejaron una serie de recomendaciones para continuar la línea de investigación sobre el caso, cuyos puntos principales eran cuatro:

1. Investigación y detención de policías municipales de Guerrero involucrados con los hechos.
2. Investigación sobre el trasiego de droga que hay entre Iguala y Chicago.
3. Determinación del grado de participación del Ejército en los hechos del 26 de septiembre.
4. Análisis de los celulares de los normalistas desaparecidos.

No obstante, el gobierno de Peña no atendió a dichas recomendaciones ni mostró avances de otro tipo en la investigación del caso. Con la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México se presenta un nuevo panorama para el caso Ayotzinapa que habrá que seguir bien de cerca. El 3 de diciembre de 2018 firmó su primer decreto oficial como presidente constitucional, el cual consistió en la creación de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa. Dicha comisión está integrada por representantes de los padres y madres de los normalistas, miembros del gobierno, expertos y técnicos profesionales y retomará las investigaciones realizadas con anterioridad.

Ante este nuevo escenario, Macha dialogó con Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos aquel 26 de septiembre de 2014.

– A cuatro años y medio de la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa, ¿cuál es la situación actual del caso y cuáles son las demandas específicas que hoy en día tienen como madres y padres?

Cristina Bautista:- Hoy estamos cumpliendo cuatro años y medio de la desaparición forzada de nuestros hijos y seguimos en pie de lucha, en las calles, exigiendo justicia, queremos saber qué pasó con nuestros hijos, dónde están.

El gobierno de Enrique Peña Nieto siempre dijo puras mentiras, nunca avanzó con las cuatro líneas de investigación que dejaron los expertos y expertas. Con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia nos abrieron las puertas sin tener que gritar afuera de las oficinas, así que esperamos que el caso avance. El día 3 de diciembre emitió un decreto para la creación de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa y el 15 de enero de 2019 se instaló la comisión, donde nosotros tenemos una representación como madres y padres de familia de los 43.

– ¿Y cómo son las reuniones de la comisión?

C.B.:- En las reuniones vamos paso por paso. Nosotros quisiéramos que avanzara más rápido, pero primero se tiene que formar un equipo para que empiecen las investigaciones. Ahora lo que falta es un fiscal que empuje las averiguaciones. El 28 de marzo tenemos la siguiente reunión y esperamos que ese día nos digan que ya está instalado el fiscal para que podamos iniciar las investigaciones en abril. Los cinco padres y madres que estamos en la comisión estaremos al pendiente de esto, por si vemos que hacen falta cosas para impulsar las indagaciones. Sabemos que es poco el tiempo que tiene Obrador en el gobierno, pero para nosotros fue muy importante el mensaje que nos dio, donde nos decía que iba a ayudarnos a encontrar a nuestros hijos, nosotros esperamos que así sea realmente.

– Y en dado caso de que el fiscal esté listo para abril, ¿la idea es ahora sí seguir las recomendaciones dejadas por las y los expertos para continuar las investigaciones del caso?

C.B.:- Sí, lo que se ha dicho es que se va a comenzar por los dos informes que dejaron los expertos, es decir, no van a empezar de cero. Lo que nosotros exigimos es que estas recomendaciones deben ser seguidas y, por lo tanto, deben ser investigados todos los que en su momento estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos, desde funcionarios públicos, hasta los policías de Huitzuco, de Cocula, de Iguala, así como el Ejército mexicano.

– Además de estar presentes en la Comisión de la Verdad, ¿tienen pensado continuar la lucha en las calles, movilizándose?

C.B.:- Para nosotros que el presidente nos abra las puertas nos parece un avance muy importante, pero eso no quiere decir que nos quedaremos esperando. Nosotros este mes empezamos desde el día 19 de marzo a recorrer distintas comunidades para seguir organizándonos, para seguir pidiéndoles a ellos y a las organizaciones que nos sigan acompañando hasta que encontremos a nuestros hijos, que no nos dejen solos. Estuvimos recorriendo distintas zonas de Guerrero y luego venimos para la Ciudad de México.

– ¿Y un mensaje que quiera mandar para la Argentina?

C.B.:- Para todos y todas allá quiero darles las gracias por seguir con nosotros, por estar atentos a lo que está ocurriendo acá, y pedirles que nos sigan acompañando hasta encontrar a nuestros hijos. Les mando muchos saludos y abrazos.

*Integrante de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina

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Violencia e impunidad, Derechos Humanos y organización comunitaria en México. Algunas reflexiones a partir de la visita a la Argentina del comunicador popular Indalecio Benítez de la Radio Comunitaria la Calentana Levimez de Luvianos.

Indalecio Benítez es fundador de la radio comunitaria La Calentana Luvimex, de Luvianos, en el Estado de México, lindero con Guerrero y Michoacán. En el marco de su visita a la Argentina el pasado sábado 9 de marzo, Indalecio conversó con trabajadores y trabajadoras de prensa en una actividad propuesta por el SiPreBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y la Asamblea de Mexicanxs para charlar sobre su lucha. “Sé que si quiero seguir estando vivo, tengo que censurarme”, resumió su situación que da cuenta de un contexto más amplio que hoy atraviesa el pueblo mexicano.

El locutor y defensor de los derechos humanos y de lxs migrantes impulsó en 2013 en su propio domicilio el armado de la emisora La Calentana Luvimex para difundir noticias del pueblo para el pueblo. En agosto de 2014, un grupo del crimen organizado llamado “los Guerreros Unidos” ingresó a la radio, y con ello a la casa de Indalecio, para castigarlo a él y a su familia por su activismo. Intentaron asesinarlo, y en ese mismo hecho mataron a su hijo Juan Diego quien tenía 12 años. La radio está ubicada a tan sólo 600 metros de una base de la Armada y al año siguiente, la radio fue desmantelada por las autoridades.

Acompañada por el pueblo, desde La Calentana Luvimex denunciaron la clara persecución del gobierno: “es una radio del y para el pueblo”, explica Indalecio, y a pesar de las persecuciones que sufrieron, lograron la legalización y formalización de la propuesta. Aún así la emisora continúa creciendo, y actualmente forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Con su experiencia, Indalecio Benítez está convencido de que hay que fortalecer los lazos comunitarios. Sabe muy bien, también, que hay que cuidar la vida. En este sentido, su proclamada “autocensura” funciona como estrategia para sostener la práctica comunicacional en un contexto de Narcoestado.  Y si, la comunicación comunitaria en uno de los territorios más violentos del mundo implica mucho compromiso y responsabilidad.

Mónica Mexicano, integrante de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina y co-organizadora de la actividad, explicó, por su parte, que “desde el año 2000 hasta octubre del 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó el asesinato de 140 periodistas, a los que hay que sumar los casos ocurridos en diciembre de 2018 y 4 periodistas asesinados en los primeros meses del 2019. Además, hay decenas de periodistas desaparecidos/as, desplazados/as y agredidos/as”.

Para Mexicano, la historia de Indalecio “es muy representativa para ilustrar la situación actual de México, ya que muestra el amalgama de convivencia entre el crimen organizado”. Es decir, no sólo se refiere al narco como aquel que interviene en el tráfico de sustancias ilegales, sino que también en lo que respecta al tráfico ilegal de todo tipo de productos y objetos, sean legales o ilegales, vinculado directamente “con el estado en todos sus niveles, no sólo la policía municipal, sino también el ejército, el Ministerio Público, los jueces, etc.”. Entonces, para la integrante de la Asamblea de Mexicanxs, esta situación “evidencia la complicidad completa donde la supuesta guerra contra el narco se convierte en una disputa por el territorio. En ese contexto, Luvianos, el pueblo donde se encuentra la radio La Calentana Mexiquense, no está exento. Por el contrario, el alcance del grupo de “Los Guerreros Unidos” es muy grande. Abarca muchas zonas y conservan en el territorio que controlan mucho poder. Incluso están involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

En línea con Mexicano, Benítez cuenta su historia y explica de manera detallada cómo las organizaciones criminales se fusionan con el Estado. No se trata ya de la venta de sustancias ilegales: “Aunque sean productos legales, ellos los convierten en ilegales”, sostiene. “Donde hay un producto o algo en auge que está dejando derrame económico, ahí va el crimen organizado para tener su beneficio económico”. Por ejemplo, cobran un “impuesto” sobre determinadas actividades o gestionan licitaciones para la explotación de bienes naturales que luego les permitan cobrar un porcentaje de las ganancias por ello.

El activista cuenta que se establece una convivencia relativamente pacífica con el crimen organizado. Ahora bien, “se viene el problema grave cuando hay una disputa entre dos cárteles. Cuando un solo cartel tiene el control sobre un territorio no hay problema, entran y salen las personas, porque nadie va a pelear contra ellos. Yo, que estoy ahí, no peleo, me autocensuro, no toco temas relacionados con ellos, porque sé que si quiero seguir estando vivo, tengo que censurarme. El gobierno lo sabe, todos lo saben, pero no pueden hacer nada. Es la única manera de seguir ejerciendo”. Esta violencia latente se vuelve explícita cuando la gente se rebela, y entonces, las y los matan.

A cien días de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, los planes propuestos por el nuevo gobierno muestran sus primeros impactos en la población. Una suerte de “endiosamiento”, según las palabras de Benítez, le permiten avanzar con distintos programas que no necesariamente fueron parte de la campaña. En algunos casos, más bien, todo lo contrario. El proyecto del Tren Maya, la instalación de una termoeléctrica y la construcción de un aeropuerto, son algunos ejemplos de ello. Hay una vinculación directa entre estos emprendimientos extractivistas y el crimen organizado en complicidad con el Estado, como muestra el caso de Samir Flores, ecologista y periodista quien fuera asesinado al día siguiente de denunciar el megaproyecto de la termoeléctrica.

También el impulso de la Guardia Nacional -una fuerza integrada por civiles, las Fuerzas Armadas, la Marina y la Policía Federal en contra del crimen organizado- que goza de una gran aprobación popular- y prevalece la expectativa sobre el efecto que puede llegar a generar en los territorios atravesados y controlados por los cárteles.

“La presencia del ejército sólo ha derivado en Masacres, tortura y violación”, sostiene Mexicano. “El Ejército ha manipulado escenas del crimen. Están involucrados todos los niveles de gobierno”. Se trata de una práctica que se implementa en el país desde la presidencia de Felipe Calderón, y se da en el marco de lo que se conociera como la “guerra contra el narcotráfico”.

Para Benítez, el actual momento está “en suspenso porque la Guardia Nacional no es otra cosa que la militarización, no es otra cosa que personas entrenadas para matar gente”. Aún así, entiende que “puede ser un beneficio para erradicar el cáncer de la inseguridad, cuando todas las policías municipales, estatales están podridas completamente”.

México está en guerra. Es una guerra del Narcoestado contra la población. Las violaciones a los DDHH se volvieron sistemáticas: según estadísticas oficiales, en los últimos 10 años hubo más de 100 mil personas asesinadas, más de 40 mil personas desaparecidas, casi 150 periodistas asesinados y asesinadas. Se produjeron decenas de miles de feminicidios sin investigar, un número no relevado de personas capturadas por las redes de trata y prostitución, por lo menos 14 defensores y defensoras de derechos humanos asesinadas. Asimismo, se encontraron 855 fosas comunes con miles de cuerpos amontonados y sin identificar, mientras las masacres masivas y manipuladas por las fuerzas de seguridad se multiplican. Hasta el día de la fecha, hay 36 mil personas fallecidas no identificadas; 130 testimonios de intento de secuestro en el metro de la Ciudad de México y 200 mil personas que cambiaron de domicilio. Organizaciones de derechos humanos advierten que las cifras reales son aún mayores, ya que la mayoría de los crímenes no llegan a la denuncia por miedo a represalias. Suponen que los números reales podrían hasta cuadruplicarse.

“México es una gran fosa clandestina por la cantidad de cuerpos y desaparecidos que hay” reflexiona Mexicano. La sistematicidad del “dolor psíquico y de la ruptura en los lazos sociales” no pueden superarse sino con una apuesta a la solidaridad internacional. La llegada de Indalecio Benítez a la Argentina y su visita a las y los comunicadores se llevó a cabo con ese espíritu. Por eso, “necesitamos romper el cerco mediático” y así lo sostiene Mexicano tras la visita de su compatriota, “no somos playas y ruinas arqueológicas. Tenemos que contar lo que está pasando, ya que puede dar un resultado sanador”.

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Luego de varias décadas, se rompe la hegemonía de los partidos tradicionales mexicanos y con una abrumadora diferencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se transforma en nuevo presidente de México. Análisis sobre la apertura de un nuevo ciclo histórico.

Inicia la cuarta transformación de México, afirmó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la plaza del Zócalo de la capital, una vez que el presidente del INE y los candidatos de las principales alianzas de derecha reconocieron el triunfo del líder de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia, en una elección que alcanza niveles históricos con más del 53% de los votos a su favor.

El escepticismo sobre el desenlace de la contienda electoral permaneció hasta pocos minutos antes de que comenzaran a cerrar las casillas y se difundieran los primeros datos de las encuestas de salida. Durante varias semanas atrás, ante la abrumadora ventaja que siempre tuvo López Obrador, se elevaba la preocupación sobre la posibilidad del fraude; los mecanismos más comunes, echados a andar para intentar robar o coaccionar el voto de distintos sectores populares se observaron en menor cantidad que en ocasiones anteriores. Esta vez, sin embargo, varios factores políticos se articularon para que la victoria se concretara.

En principio, el perfil ideológico de AMLO, luego de dos disputas electorales previas en 2006 y 2012, se posicionó claramente en el centro y, desde ahí, se aproximó de manera pragmática hacia sectores ubicados en ambos lados del espectro político, enfatizando un proyecto de gobierno que buscará romper con las prácticas de corrupción que, en su consideración, son la principal causa de la ineficiencia gubernamental y que limitarían la redirección del gasto y la inversión pública. En términos generales, a lo largo de esta campaña presidencial, no hubo grandes sorpresas en la definición previa de las propuestas económicas y sociales, lo que evitó rupturas con sectores empresariales y financieros que, de cualquier manera y como era previsible, evitaron pronunciarse a su favor, llamando al fortalecimiento de los acuerdos establecidos y de la continuidad macroeconómica sin mediaciones estatales.

El segundo elemento sustantivo en este ciclo electoral ha sido la composición del electorado y, en particular, la transformación de las preferencias en el contexto de la aguda crisis generada por el neoliberalismo. Esta condición generacional se traduce como una forma de experiencia societal y política, la única que les ha tocado vivir, que comparten el 40.03% del padrón electoral (grupos de edad entre 18 y 34 años); el siguiente bloque, que representa el 43.22% (entre 35 y 59), son aquéllos que vivieron durante su infancia o juventud la severidad de las inflaciones, devaluaciones y la permanente precariedad laboral que arrancó desde principios de la década de 1980 y que permanece hasta la actualidad. En este sentido, más del 80% del electorado que pudo asistir a votar el 1º de julio, tiene la experiencia de que ya no pueden esperar una mejora en sus condiciones materiales de vida de parte de los gobiernos derechistas representados en el PRI y el PAN.

Otra cultura política

La hipótesis de las transformaciones en la subjetivación política de la mayoría que ha votado por López Obrador resulta mucho más abigarrada que las anteriores, pero sin duda es definitoria en esta ocasión. Si bien, como decía, el programa de gobierno se sustenta en mecanismos redistributivos -experiencia que no siempre resultó por sí misma exitosa en los gobiernos progresistas latinoamericanos de los años recientes-, pareciera en cambio que un factor detonante es la sedimentación, en el sentido común popular y luego de un largo proceso de acumulación, de que la consolidación y ampliación de derechos y libertades pasa también por la disputa institucional así como por la vía de la organización autogestiva.

En efecto, los casi cuarenta años de reformas y alternancias truncas que se han sucedido en el país, se entienden no solo porque no haya habido buenos candidatos o buenos partidos, que los hubo poco, ni duda cabe. Los cambios inconclusos se deben a que el ciclo arrancó con una derrota a cuestas, la de la democracia social y la de las conquistas de las clases trabajadoras que fueron desmanteladas y expulsadas del campo político. La forma de democracia representativa que se instaló entonces, venía con la impronta ortodoxia liberal como canon único y, con aquella operación previa de anulación de lo popular, no le fue del todo difícil barrer con los proyectos de transformación colectivos que habían sido gestados por largo tiempo desde abajo por los movimientos de trabajadores, de estudiantes, de campesinos y de pobladores urbanos. Cuando a finales de 1970 se comenzó con la reforma política y en los años siguientes se “dio” cabida a partidos de oposición, para luego institucionalizarse con el IFE, el tablero estaba ya condicionado por la máxima de la competencia electoral y la atomización de los colectivos en votantes; el discurso liberal de la ciudadanía y de la sociedad civil tomó el lugar del conflicto de clase, de las mediaciones de los sindicatos y las luchas de los movimientos. Convertidos en ciudadanos consumidores de propaganda, antes que en miembros de una comunidad política, la historia parecía no tener cabida y la memoria subalterna dejar su lugar a la diversidad ficticia del presentismo. Ir a votar se convirtió así en lo que las derechas conservadoras y reaccionarias querían que fuera: un impulso individual, desconectado de las matrices de articulación y disputa colectiva.

Ya en la víspera de las elecciones presidenciales de 2012, con la emergencia del movimiento “Yo soy 132”, se activó la primera chispa de una serie de acontecimientos y protestas que contenían un alto grado de politicidad y que marcarían una escisión fundamental entre los sectores populares y los grupos dominantes que desde hace tiempo ya quedaron sin recursos de interpelación ni posibilidades de control hegemónico. Así, en el ciclo del neoliberalismo autoritario y de la “alternancia sin fin”, las instituciones políticas y jurídicas del Estado se tornaron en espacios de dominación y reproducción de la violencia. Ahora, la fragmentariedad de las izquierdas mexicanas parece ser una posibilidad antes que la debilidad de antaño. En ese amplio crisol de luchas y resistencias deben destacarse las organizaciones que disputan por fuera de lo electoral -por ejemplo, los pueblos y comunidades que buscan la autonomía y vinculan sus prácticas al EZLN y el CNI-, pero también a quienes desde décadas atrás han continuado con el trabajo de disputa y unificación sin perder la proyección estatal. Son todas experiencias de politicidad que, además, se replican a lo largo del territorio en las prácticas de los pueblos indios, de los municipios y comunidades que se rebelan cotidianamente contra el narco y contra las políticas excluyentes. Ahí están, por ejemplo, los colectivos de familiares de los desaparecidos que emergen por miles de las fosas clandestinas; los que luchan por defender el agua y los recursos naturales; los que se oponen a la extracción y la contaminación minera; o los que desde hace más de nueve meses viven en campamentos y que desde ahí organizan su cotidianidad y sus demandas. Son las polifacéticas expresiones de la resistencia que, con esa vocación multitudinaria, lo mismo practican la autonomía en acto que demandan un programa de vivienda, de salud, de educación con marchas y mítines afuera de las instituciones de gobierno.

La denuncia de “¡Fue el Estado!” expresada en las manifestaciones de 2014 por la aparición con vida de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y que se ha mantenido vigente, tuvo la potencia de hacer un recorte identitario y distinguir a los sectores dominantes para abrir de vuelta un campo de lucha, antes que señalar la ruta del éxodo.

El triunfo histórico de AMLO y con él, el de las izquierdas mexicanas, es comprensible si se considera que ayer, quienes tomaron la decisión de un cambio no son necesariamente ciudadanos desencantados de la política que acudieron a las urnas a castigar al gobierno en turno. Las polifonías clasistas de la resistencia actual sugieren, en cambio, que el largo ciclo de subalternidad que duró más de cuarenta años, comienza a expresar sus límites y a emerger los actores que habían permanecido en un plano secundario: trabajadores y trabajadoras, estudiantes, sectores medios precarizados, movimientos y organizaciones feministas y Lgbtttiq, pueblos indios. Será ese conjunto de organizaciones y de experiencias las que interpelen críticamente al gobierno que tomará posesión el próximo 1º de diciembre y, serán ellas también, quienes tendrán la posibilidad de radicalizar las políticas de la izquierda y abrir nuevos horizontes de transformación en México.

* Sociólogo. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

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