A menos de un año de las próximas elecciones en Bolivia, el TSE aprobó la presentación de Evo Morales y Álvaro García Linera en las mismas. Miradas y repercusiones en diálogo con Adriana Guzmán del Feminismo Comunitario de Bolivia .

El 29 de octubre de 2019 se realizarán las elecciones presidenciales en el estado Plurinacional de Bolivia y ya surgió una gran polémica: luego de que en 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional diera luz verde para la aprobación de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, el Tribunal Supremo Electoral el pasado 5 de diciembre aprobó, por cuatro votos a favor y dos en contra, la presentación a reelección del binomio oficial de por el Movimiento al Socialismo (MAS).

La constitución del 2009 en su artículo 168 indica que le mandato presidencial será de 5 años y el presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta podrán ser reelegidos una vez de forma continua. Sin embargo, el binomio oficial, se presentó ante el Tribunal basándose en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre los derechos políticos donde indica que todos los ciudadanos gozan los derechos de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Este sería su cuarto mandato consecutivo, el tercero fue habilitado basándose en que el primer periodo presidencial se produjo bajo la constitución anterior a la del Estado Plurinacional de Bolivia, que comenzó a regir en 2009.

Morales y Linera piensan que su derecho político a ser candidatos se ve coartado. El bloque está compuesto por los tratados y convenciones de Derechos Humanos y la Constitución, por lo que los oficialistas y el Tribunal Supremo Electoral entienden que el tratado de la OEA y sus órganos parte, están por encima de la Constitución Plurinacional cuando fuere necesario, haciendo que el artículo 168 sea inconstitucional.

Las ONGs bolivianas Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación de los Derechos Humanos han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un recurso alegando que la presentación como candidatos es anti-democrática e inconstitucional pero aun la CIDH no se ha proclamado al respecto y ha solicitado tiempo para estudiar la situación.

A nivel internacional, el grupo la Iniciativa Democrática de España y las Américas – IDEA, una organización que concentra a ex presidentes contrarios a los regímenes del grupo del denominado socialismo del siglo XXI, hizo un llamamiento a la OEA y a la UE para que dispongan de medidas preventivas frente a lo que denominaron la ruptura del orden constitucional y democrático de Bolivia. Fue firmada por José María Aznar y Felipe Gonzáles de España, Fernando de la Rúa de Argentina, Vicente Fox de México, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de Colombia y Mireya Moscoso de Panamá, entre otros.
Cabe recordar, que el 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum vinculante donde se le consultó a la población si Evo y García Linera podrían presentarse nuevamente como candidatos y la población ha respondido negativamente. En estos días Bolivia está movilizada, hubo paros y marchas a favor y en contra.

Una oposición heterogénea se está gestando alrededor del candidato por el Partido Comunidad Ciudadana, Eduardo Mesa, a quien las encuestas dan como principal contrincante de Morales.

En diálogo con Adriana Guzman, de Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. Guzman resalta que la democracia liberal además de permitir la candidatura oficial, permite que otros candidatos como el mismo Mesa, quien fuera vicepresidente de Sanchez Lozada en 2003 cuando se produjo la masacre del gas (Sanchez Lozada sí es juzgado por este hecho y Mesa no), Victor Hugo Cardenas que tiene procesos de corrupción, y a Oscar Ortiz fundamentalista, con un discurso racista y parte de las movilizaciones racista en 2008.

Un camino alternativo, que plantea la militante feminista, es que se podría haber habilitado la reelección de Evo mediante mandato, a través de la democracia comunitaria, con una agenda construida desde las bases. Ven a Evo como único candidato, porque a pesar de haber hecho una distribución y no una transformación del sistema capitalista neoliberal patriarcal, la sociedad, las organizaciones y el mismo Evo, no generaron nuevos posibles mandatarios para gobernar el país y profundizar el proceso de cambio.

A este escenario político, se suman los movimientos ciudadanos del 21F, (llamado así porque el plebiscito sobre la reelección se produjo un 21 de febrero), financiados y operadas por la derecha política y económica; luego está el oficialismo con todo su aparato estatal dispuesto a hacer campaña en todos los frentes y, según Guzmán, las invisibilizadas organizaciones sociales que llegan a esta situación fragmentadas. Muchas de ellas no quieren que las candidaturas se diriman en estos términos, excluyendo la posibilidad del surgimiento nuevos líderes y lideresas, pero como el juego ya está planteado, ven a Morales como el único candidato posible.

Asimismo la feminista comunitaria plantea que esta imposición a las organizaciones sociales de los candidatos del MAS, por un lado tiene un significado simbólico ya que Evo rompió su palabra de no repostularse si el plebiscito era negativo, y por el otro muestra que no se ha aprendido nada de los procesos latinoamericanos que llegaron a las elecciones con candidatos impuestos a la sociedad y no surgidas de ella, como sucedió en Argentina con Scioli, con Maduro modificando la Constitución y en Brasil. Aclara que no están en contra de los compañeros pero sí de la soberbia e imposición de los candidatos.

En lo que deriva esto, es que se viene un año electoral donde el gobierno tiene recursos pero no la fuerza suficiente proveniente de las organizaciones sociales, mientras que la derecha continuará financiando plataformas racistas y violentas. Y desde una perspectiva feminista, se ve a estos señores como hombres que todo lo pueden y que finalmente, pudieron candidatearse, con una incapacidad de autocrítica y de pensar en otros caminos. Esto finalmente, dice Adriana Guzmán, llevará al desgaste, polarización y confrontación social. Resta esperar que la CIDH se pronuncie y ver cómo será la reacción social en el año de campaña.

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El pasado lunes la activista feminista Ana Quirós fue detenida y extraditada de Nicaragua sin explicación. Alarma el sistemático accionar de persecución y represión del gobierno de Ortega – Murillo.

Desde abril Nicaragua está convulsionada, el pueblo está en la calle exigiendo que el presidente Ortega dimita y que la represión y la violación a sus derechos cesen. Las protestas contra Ortega iniciaron contra una reforma al seguro social, recomendado por el FMI,  que luego desencadenó masivas manifestaciones del pueblo y represión por parte de las fuerzas gubernamentales.

En este contexto la activista por los derechos humanos, Ana Quirós Víquez, costarricense nacionalizada nicaragüense, el día 26 de septiembre, fue detenida para ser deportada a Costa Rica, luego de haberse presentado ante una cita exigida por las autoridades migratorias nicaragüenses.

Ana Quiroz, quien vive en Nicaragua desde la Revolución Sandinista,  expresó en las redes: “El sábado fui notificada por Migración para que me presente hoy a las 10 de la mañana con mis papeles. Y así lo haré. Los escenarios son pocos. 1. Qué me adviertan para que me calle. 2. Qué me quiten los papeles y me dejen como residente en silencio. 3. Qué me quiten los papeles y me saquen del país o algo peor. Sabemos de sus arbitrariedades. Sé que me asiste la razón y la justicia. Ser nicaragüense no me lo quitarán nunca ni amar a Nicaragua, tampoco mi compromiso con la democracia, la justicia y la igualdad. Desde donde esté, seguiré exigiendo justicia, libertad, igualdad y amando a Nicaragua. Se los comparto con el ánimo de que estén al tanto del proceso de represión selectiva que está teniendo lugar en Nicaragua y para que, de ser necesario, apoyen las acciones de solidaridad que sean necesarias”.

La  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  el 17 de septiembre había dictado una medida cautelar en favor de Ana Quiroz y de una veintena de mujeres más, expresando su preocupación por la persecución selectiva a mujeres  por su activismo y en muchos casos por su orientación sexual.

A estos hechos, se suma que la Vicepresidenta y esposa de Ortega, Murillo ha acusado a agrupaciones feministas de participar de “crímenes de odio” durante las protestas.

Óscar Camacho, cónsul general de Costa Rica en Managua confirmó que actualmente se encuentra en la  cárcel Ayacs Delgado, le han quitado sus papeles y las credenciales a su abogada defensora, miembro de la Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores.

Ante la solicitud del gobierno de Nicaragua, el Cónsul costarricense está gestionando la documentación  para la deportación de Ana Quiroz  y acompañándola en el proceso.

Ana Quiroz es una lideresa feminista, activista por la diversidad y los derechos humanos. En las primeras manifestaciones de abril había resultado herida.

A pesar de la condena nacional e internacional, la tensión en Nicaragua no cesa, la represión por parte del gobierno continúa, y mientras  las persecuciones selectivas aumentan y se generalizan como accionar, el pueblo resiste.

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A 6 meses de las primeras manifestaciones del pueblo nicaragüense en contra de las políticas del gobierno de Ortega-Murillo, la hostil represión a la protesta social no cesa y el posicionamiento de las izquierdas sigue brillando por su ausencia.

El desencadenante de las protestas del pueblo nicaragüense fue la reforma del sistema de seguridad social llevada a cabo por el gobierno, sin consultar a las bases sandinistas, que reduce las pensiones de las y los jubilados en un 5% y aumenta los aportes obligatorios tanto de los empresarios como de los trabajadores y trabajadoras , en un 22% y 7 % respectivamente. De esta forma, no solo se produciría un aumento del desempleo sino que también se precarizaría el trabajo haciendo que sea más conveniente tanto para empleadores como trabajadores el empleo en negro.

Este ajuste se entiende como parte de las recetas neoliberales que en febrero de este año el FMI recomendó. Entre otros puntos, se trató de poner en práctica la reforma de la seguridad social a fin de aumentar la recaudación del Estado. Desde aquellos días, las manifestaciones fueron respondidas con represión, violencia, censura, persecución. En la actualidad ya son más de 320 muertes ocasionadas por la policía, grupos paramilitares armados y turbas que salieron a las calles, primero reprimiendo las protestas violentamente y luego haciendo persecuciones selectivas a activistas y detenciones arbitrarias.

Si bien el gobierno dio marcha atrás con la reforma, las protestas continuaron dando cuenta del gran descontento popular. Para Ortega, la persistencia de la gente en las calles está más relacionado con agentes desestabilizadores externos que con una genuina expresión de los ciudadanos nicaragüenses. Mientras que para la Iglesia Católica -que se había acercado al orteguismo cuando se promulgó la prohibición del aborto en todas las causales- se fue alejando e intentó actuar como mediadora creando mesas de diálogo entre el gobierno, empresarios, estudiantes y organizaciones de Derechos Humanos, que por falta de acuerdo se han suspendido.

Por su gravedad, la situación de Nicaragua se ha convertido en un tema regional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido varias solicitudes de protección por parte de activistas nicaragüenses y sus familias, como así también las solicitudes de visa a otros países se han incrementado. En ese sentido, varios/as activistas sociales y estudiantiles debieron migrar a países vecinos. La CIDH solicitó a los países de la región crear las condiciones adecuadas para recibirlos/as y garantizar sus derechos.

En este contexto, tanto la OEA como la ONU se han pronunciado con preocupación.  En mayo, una misión de la Corte Interamericana de derechos Humanos, que en un principio recibió la negativa por parte del gobierno, pudo hacerse presente en Nicaragua denunciando la gravedad de la crisis sociopolítica y la violación a los derechos humanos de la población.

Por su parte, Estados Unidos, como es usual, ha optado por actuar unilateralmente por fuera de los organismos multilaterales. Está en proceso la promulgación de una ley, la Nica Act, que permitiría a EEUU la incautación de activos nicaragüenses en dicho país, la denegación de visas a los funcionarios que hayan cometido actos “significativos” de corrupción o violencia contra manifestantes desde abril o acciones que socavan la democracia de la nación. Y obligaría a Estados Unidos a vetar los préstamos a Nicaragua en organismos financieros internacionales si no se respeta el estado de derecho en el país.

Si bien una ley de sanciones a los funcionarios sandinistas se viene debatiendo desde hace dos años en el parlamento estadounidense, los hechos de abril permitieron acelerar los tiempos. En estos momentos, la Cámara de representantes ya la aprobó pero resta que el senado lo haga en noviembre de este año.

En lo que respecta a la oposición, distintos bloques de resistencia se fueron estableciendo a lo largo de los meses de protesta. Entre ellos, en los últimos días se ha consolidado el Movimiento Nacional Azul y Blanco bajo el lema “sólo el pueblo salva al pueblo”. Allí, más de 40 organizaciones, conformadas por empresarios, estudiantes, campesinos/as, Madres de las víctimas de abril, organizaciones feministas, ambientalistas y activistas por los derechos humanos, emitieron un comunicado con diez demandas urgentes para superar la crisis política. Entre ellas, se encuentra el llamado al diálogo nacional, el cese de la represión, los despidos arbitrarios y el adelanto de las elecciones.

Si bien en los últimos días se han debido cancelar algunas manifestaciones en Managua y Bluefield debido a la fuerte presencia de fuerzas policiales, otras por su parte se han sostenido como lo fue con la marcha opositora a la realizada por el gobierno en homenaje al Mons Romero el pasado domingo. La misma ha sido objetivo de un feroz ataque donde se desplegaron las fuerzas policiales, antimotines y paramilitares contra las y los manifestantes.

En esa línea, la policía ha declarado la ilegalidad de las protestas contra el gobierno basándose en que las manifestaciones llevadas a cabo han sido violentas, de esta forma es clara su intención de cercenar el derecho del pueblo a expresarse libremente en las calles. Teniendo en cuenta que a su vez indicó que haría responsables legalmente a quienes las convoquen.

De esta manera, se ha instalado en Nicaragua un operativo explícito y sistemático de aniquilación contra cualquier manifestación de protesta o disidencia. Por eso, preocupa el silencio generalizado en el continente. Es el pueblo nicaragüense el que acusa a Ortega y a su esposa Rosario Murillo, actual vicepresidenta, de haber traicionado las bases de la revolución sandinista, de haber aplicado las recetas neoliberales tradicionales del FMI en detrimento de la población a partir de su llegada al gobierno en 2007 y por eso exige su expulsión.

A través de la reforma constitucional, Ortega logró que haya reelección indefinida lo que contribuye a pensar que lo que busca es tanto la centralización del poder como la perpetuación en el mismo. A su vez, si bien en julio, había declarado que se adelantarían las elecciones del 2021 a 2019 para poder salir de la crisis sociopolítica, posteriormente se ha retractado indicando que no abandonaría el poder antes de la conclusión de su mandato.

En lo que respecta a la actividad económica hubo un claro descenso, aumentaron los despidos, el clima social no ayuda y el FMI tampoco. El 24 de octubre se espera una nueva visita de dicho organismo, que ya ha adelantado que en vistas de la situación sociopolítica, no prevé otorgar ningún préstamo. Esta actitud no puede sorprendernos: primero “recomienda” ajustar y luego se lava las manos, dejando al pueblo a la deriva.

Por todo lo dicho, el gran desconcierto en las izquierdas latinoamericanas al no poder decidir si apoyar a Ortega o salir a condenarlo debe ser cuestionado. Si bien parte de las izquierdas lo conciben como un revolucionario sandinista que luchó contra la dictadura de Somoza, actualmente ocupa un lugar principal en ese mismo Estado que se tronó  represor y opresor. La conclusión de este artículo no será ni original ni grandiosa, pero la historia ha demuestra que siempre es necesario repetirlo: no hay ajuste sin represión.

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