Con esta acción, la comunidad organizada de Choya le corta el paso a las máquinas y camionetas cargadas de combustible de la empresa MARA (Agua Rica-Alumbrera), y evitan que sigan trabajando en la exploración avanzada del proyecto minero que ya está afectando la salud de todo un pueblo.

Fotos y texto por Marianela Gamboa

“Hay que subir al Aconquija y paralizar las maquinas!!!”

Don Raúl Barrionuevo, Caminata 644, Andalgalá.

Esta lucha, como señalan integrantes de las asambleas El Algarrobo y Aguas Claras, tiene más de dos décadas. Se reactualiza y transforma constantemente, como lo hace el Estado y la empresa a manos de Yamana Gold, en sus intentos de avanzar con la explotación del yacimiento que aún no posee autorización, ni presentación del informe de impacto ambiental para la misma.

Caminata por la vida 644

La caminata por la vida es una acción histórica inigualable a nivel latinoamericano y global: se realiza hace más de 11 años cada sábado tras la inolvidable represión del 15 de febrero de 2010. Desde entonces, se sigue sosteniendo como consiga que “Agua Rica no tiene licencia social en Andalgalá”, que los pueblos no queremos megaminería. Sin embargo, a cada paso se suman nuevas demandas: hoy, exigimos con todas nuestras fuerzas la libertad de Enzo Brizuela y que bajen las maquinas del cerro.

Mientras esperábamos para comenzar la Caminata 644 dialogué con vecinas y vecinos de Choya. Allí me invitaron a la asamblea que realizarían el domingo en su espacio de encuentro para registrar sus voces y comunicar sus principales denuncias: estamos hablando de violación de Derechos Humanos y derechos constitucionales a vivir en un ambiente sano. También hablamos de respeto a la autodeterminación de los pueblos, y del resonante “No es no”, que los gobiernos nacional y provincial desoyen. Cabe aclarar que, por la situación de extrema criminalización que están atravesando algunas personas prefieren el anonimato”.

Al llegar a Aguas Claras, lo primero que reconocí fue aquella callecita donde, en medio de la noche y la represión del reciente 3 de mayo, más de 7 efectivos varones de la policía de Catamarca se llevaban detenida a Karina Orquera quien se defendió gritando “tengo un escudo más fuerte que el de ustedes”.

En ese momento, los grupos de choque libraban el camino a las camionetas mineras hiriendo con palos y balas a más de 20 vecinos y vecinas de diferentes edades. Fueron pocas las personas que se animaron a llegar al hospital para recibir la atención médica y este no es un dato menor: Esas mismas personas fueron las que posteriormente recibieron citaciones de fiscalía. Explica una de las vecinas que “los que han quedado marcados son los que después citaron” . 

Mientras compartimos la comida, diferentes vecinos y vecinas comienzan a relatar sus historias, son de distintas generaciones y van narrando cómo están viviendo la avanzada minera, la criminalización y persecución judicial en su territorio. Quienes son de mayor edad no se cansan de decir que “el tiempo es ahora” y que van a luchar hasta las últimas consecuencias: “Como los árboles que mueren de pie, nosotros jamás moriremos de rodillas” manifiesta uno de los vecinos.

Resistir y no rendirse es un cotidiano, es parte de la vida del pueblo choyano que sabe muy bien que Agua Rica es una sentencia de muerte para las comunidades. Con orgullo comparten que allí arriba, en el campamento del “globo”, la presencia de cuerpos es transgeneracional: “hay chicos desde los 13 años que están en el cerro defendiendo nuestra agua” afirman. Una joven relata que todavía hay vecinas y vecinos heridos por las balas de goma, que tienen infecciones y dolores en las zonas golpeadas. Otras vecinas señalan que en Andalgalá “no se puede denunciar nada, sino somos perseguidos”.

Así suceden las cosas en Andalgalá, cuentan las y los vecinos que la complicidad estado-empresas opera también desde lugares pequeños y comunes: trabajadores mineros directos o tercerizados que se prestan a realizar falsas denuncias, estatales de un hospital que no atienen a las personas heridas de la represión y otras tantas detenidas por ser “antimineros”, e incluso brindan sus datos a la policía y fiscalía para luego inculparlas de algún delito mientras ejercen su derecho a la protesta, por un ambiente sano, por aguas claras para las generaciones venideras, los animales y la tierra. Para la vida de todo el pueblo choyano y de todos los pueblos que el Aconquija abraza.

En el pueblo de Choya viven unas 600 personas, de las cuales unas 5 o 6 familias “no están en contra de la minera” según relatan las y los vecinos de Aguas Claras. Choya se encuentra a unos 12 km del centro de Andalgalá, sobre la ruta 47. Andalgalá es uno de los pocos lugares del país donde las rutas y caminos terminan en portones de una empresa minera.

“Por el futuro de nuestrxs niñxs: el agua no se toca“

Los relatos continúan. La asamblea se reúne bajo históricos árboles y en un mástil flamea la bandera argentina. 

Conversamos sobre las niñas y niños enfermos en marzo de este año, muchos de ellos con diarrea, vómitos y desarreglos estomacales por beber el agua que bajaba sucia, afectada por los derrumbes que provoca M.A.R.A. En el hospital fueron atendidos, pero no quisieron dar certificados ni explicar nada de lo que pasó. Sin embargo, la escuela N°217 “Fragata Libertad” suspendió las clases “por la falta de agua” dice el relato oficial ya que los filtros que “potabilizan” el agua se taparon por la cantidad de sedimento; a su vez la cantidad de niñas y niños afectados impedía el desarrollo normal de las clases. La denuncia llegó al Concejo Deliberante de Andalgalá, quien pidió informes a los ministerios correspondientes que dieran cuenta de las autorizaciones otorgadas a MARA para operar en las márgenes del río Choya. Sin embargo, las respuestas son las de siempre: hablan de monitoreos y controles para nada objetivos, realizados por la empresa o el mismo Ministerio de Minería que bien sabemos por la historia de Catamarca, tiene sus intereses puestos en que Agua Rica avance.

Esta situación fue uno de los motivos que impulsó a varias personas a recorrer las vertientes. Los videos filmados en esas fechas por las y los vecinos conocedores del cerro, que viven allí llevando y trayendo sus animales, acostumbrados a andar por las quebradas, muestran la presencia de material sedimentario blanquecino y algunas piedras como la pirita (con un alto componente de azufre y hierro) en las vertientes de agua que bajan hacia el pueblo, provenientes de las remociones de las cornisas del cerro con maquinaria pesada.

Esta acción impacta de manera irreversible, implica un enorme desmonte y produce un talud que cae por las quebradas, es decir las acciones de MARA ya están afectando al destruir zonas del cerro por donde antes -relatan los vecinos- se podía andar a caballo para buscar la hacienda, y actualmente es imposible recorrer. Se está afectando de forma intensiva espacios claves para la retención del elemento por el cual lucha Andalgalá: el agua.

Las aguas no conocen de fronteras estatales ni empresariales; el río Choya y el río Andalgalá son vecinos que comparten una divisoria de aguas común, asociada a la cuenca del río Minas, la misma que la propia empresa en sus informes reconoce será afectada.

“Cada día más gente de Andalgalá toma agua de bidón… antes, la gente de choya tomaba agua de la acequia, era agua pura”

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La Corte Suprema de Justicia falló a favor de los reclamos del pueblo de Andalgalá que resiste la megaminería a cielo abierto y, en particular, el proyecto de Agua Rica. El acampe sostenido por la Asamblea El Algarrobo ya llevaba un mes en la Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema. Las repercusiones del fallo judicial.

En un fallo de 14 hojas, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia catamarqueña que había rechazado el reclamo de los vecinos de Andalgalá. Este nuevo amparo fue iniciado por Sergio Martínez, integrante de la asamblea El Algarrobo, y un grupo de vecinos contra la provincia de Catamarca, la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc. y el municipio de Andalgalá.

Los vecinos de Andalgalá exigían la suspensión de todo trabajo de instalación, transporte, construcción o preparación destinado a la explotación de las Minas de Agua Rica. También exigían el cierre definitivo de la minera “por lesionar los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de los habitantes de la región”. Según lo publicado por el Centro de Información Judicial, el órgano máximo de la justicia “resolvió que la Justicia provincial no podía rechazar un amparo sin analizar el planteo de los vecinos”.

La asamblea El Algarrobo exigía que se declarara la nulidad de la resolución 35/09 de la Secretaría de Estado de Minería de la provincia de Catamarca, mediante la cual se emitió la Declaración de Impacto Ambiental de Forma condicionada. Al respecto, en 2008 el municipio de Andalgalá encargó a la Universidad Nacional de Tucumán el “Análisis del informe de impacto ambiental de la Mina Agua Rica”, en el que se realizaron una serie de cuestionamientos. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia expresa que la Secretaría de Estado de Minería estaba al tanto de este informe y declara ilegítima la aprobación del “informe ambiental en forma condicionada” hasta tanto se resuelvan las objeciones realizadas por los vecinos. El fallo finaliza con la orden de que el tribunal catamarqueño dicte “un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado”.

El informe mencionado sentenciaba que en el mediano o corto plazo puede ocurrir “la migración de lixiviados y un avance progresivo de la pluma de contaminación hacia los niveles de acuíferos subterráneos, con contaminación no remediable”. Además, con respecto al cierre de la mina, el informe de la Universidad tucumana ratifica que el lapso de monitoreo previsto en el proyecto es muy corto, ya que dejaría un pasivo ambiental que quedará por generaciones.

Las repercusiones de un fallo histórico

Las repercusiones no tardaron en aparecer. Sobre todo en los sectores políticos provinciales, tanto del oficialismo como de la oposición. Cabe destacar que en la provincia de Catamarca la explotación minera proviene de una alianza entre una empresa extranjera con una sociedad del Estado. En el caso de la Mina La Alumbrera, la sociedad estatal se llama Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Según consta en su página web, en YMAD tienen participación la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional. En el caso de la Mina Agua Rica, el contrato se realizó entre la canadiense Yamana Gold y la Sociedad del Estado CAMYEN (Catamarca Minera y Energética).

Desde el Frente Cívico y Social catamarqueño salieron a afirmar que el fallo de la Corte suprema significa el certificado de defunción del contrato Camyen – Yamana Gold. La diputada Marita Colombo expresó a medios de la capital provincial que lo resuelto por el máximo tribunal “afecta gravemente las posibilidades de supervivencia del contrato entre Yamana Gold con Camyen”. Desde el gobierno provincial salieron rápidamente a responder tanto el fallo de la corte como las afirmaciones de la oposición. El secretario de minería de Catamarca, Rodolfo Miccone, expresó a FM Ancasti que las actividades de la mina Agua Rica fueron suspendidas en 2009 por el juez Cerdá para “preservar la paz social”. Además el ministro Miccone expresó que “la empresa sabe que tiene que realizar un nuevo informe de impacto ambiental. No es un tema nuevo para nosotros tampoco”.

Tanto el Frente para la Victoria como partido gobernante y el Frente Cívico y Social en calidad de principal partido opositor, eligieron encolumnar su postura dentro de la ya vieja falsa propuesta de una megaminería sustentable. Desde el FCyS plantean una minería de excelencia con el mayor rigor científico y profesional. A su vez, desde el FPV reivindican una minería responsable partiendo de una falsa premisa que supone que con más controles la megaminería dejará de ser contaminante, destructora del suelo, el agua, las actividades y producciones regionales. El gobierno va por más cuando plantea la necesidad de que Yamana Gold presente un nuevo informe de impacto ambiental sin reparar en el reclamo de sus habitantes.

La postura de la asamblea El Algarrobo es clara y fue ratificada en la conferencia de prensa que realizaron para anunciar el levantamiento del acampe en Plaza Lavalle luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia. “Sabemos que Agua Rica se va. Y sabemos también que con la presión de todos, y con la fuerza de los que queremos defender la vida, se van también las megamineras”, expresó con firmeza Alejandro.

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El día 2 de marzo, luego de pasar seis años durmiendo en los cajones de la Corte Suprema de Justicia, y a un mes de que integrantes de la Asamblea “El Algarrobo” (Andalgalá, Catamarca) iniciaran el Segundo “Acampe por la vida” frente al Palacio de Tribunales en la Ciudad de Bs. As., este organismo resolvió que la Justicia Provincial no podía rechazar un amparo sin analizar el planteo de los vecinos y vecinas, que impugnaban la forma en que la provincia de Catamarca había evaluado el proyecto “Mina Agua Rica”, y por esta razón, se mandó a dictar una nueva sentencia. Un día antes -mismo día de inicio de sesiones en la Corte-, se organizó en el Acampe una jornada de acción popular para exigir por dicho fallo, hoy consumado; y para continuar visibilizando la lucha de un Pueblo que se organizó, resistió y que, luego de esta nueva resolución, comienza a cosechar los frutos de la acción colectiva, y respira una bocanada de aire para seguir defendiendo el agua y la vida.

Andalgalá sigue de pie y, como tantas otras Asambleas a lo largo y ancho de Nuestramérica, le dicen NO a la Megaminería. No es no.

“…Mi pueblo guarda en su memoria, el valor que aún sale a pelear
por siglos de oprobio y despojo, que jamás debemos olvidar
Todavía nos roban el oro, con la infamia y la complicidad
de nuestros gobernantes corruptos, que por monedas nos entregarán.
Aquel triste 15 de febrero, tu raíz como cuña partió
a la piedra de la injusticia, donde el pueblo en la calle peleó,
defendiendo el agua y la vida, por los hijos y los que vendrán
Malditas mineras de muerte, jamás dejaremos pasar…
Algarrobo, algarrobo, sos emblema de un pueblo que lucha
por el agua de Andalgalá.
No podrán las mineras robarnos ni el futuro ni la dignidad
al santuario que es el Aconquija jamás dejaremos tocar.” (León Cecenarro)

Mirá la galería completa acá: Por el agua de Andalgalá

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El presidente Mauricio Macri junto a los gobernadores mineros viajó a la localidad sanjuanina de Barreal para anunciar la quita total de las retenciones a la minería.

Las asambleas que ya se encontraban en alerta cuando días atrás funcionarios del ministerio de minería anunciaban la necesidad de un nuevo código federal minero que impulse nuevamente la actividad. Andalgalá sigue acampando frente a la Corte Suprema de Justicia y Jáchal sigue esperando respuestas ante el derrame de cianuro en la mina Veladero.

El decreto 349/2016 fue publicado en el boletín oficial el 15 de febrero pasado. En uno de sus primeros párrafos inventa una rara interpretación en su fundamentación. Según el diagnóstico macrista, las retenciones afectaron seriamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Claramente esta idea se basa en la necesidad de alivianar las críticas que se aprestaban a recibir. En un momento donde las economías regionales claman a gritos soluciones inmediatas para el sector. En la misma semana donde se conoció que en el alto valle de Río Negro tuvieron que tirar miles de kilos de peras, un buen justificativo es relacionar la quita de las retenciones con los pequeños productores. Ni siquiera las declamaciones de ciertos sectores aliados del radicalismo y el massismo lograron frenar las nuevas definiciones políticas en materia de minería.

La medida es una extraordinaria transferencia de ingresos a las empresas trasnacionales ya que reducirán un 8% los costos y a su vez el Estado Nacional dejará de recaudar U$S 223 millones por la eliminación de las retenciones. Independientemente de la recaudación que deja de percibir el estado argentino, más importante aún es la pérdida de soberanía a la que nos somete el gobierno de Mauricio Macri.

Frente a este diagnóstico las asambleas ciudadanas se aprestan a resistir un nuevo avance extractivista. Saben que la lucha se va a intensificar. Lo sabían desde antes de que asuma el nuevo gobierno y reafirmaron sus convicciones cuando el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello, planteó que su “principal preocupación es hacer que vengan inversiones para minería sustentable para todas las provincias mineras”.

Agua Rica no pasará

Los integrantes de la Asamblea El Algarrobo de la localidad de Andalgalá, están acampando frente a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires. Sergio Martinez y otro grupo de representantes de la asamblea catamarqueña reclaman en Plaza Lavalle que los jueces de la Corte resuelvan el amparo que prohíba la explotación del emprendimiento Agua Rica. Este acampe coincide con el aniversario de la represión que sufrieron en Andalgalá en el año 2010 cuando se manifestaban en contra del mismo proyecto. Desde la Asamblea El Algarrobo expresaron a Marcha su preocupación por que las políticas macristas en materia de minería profundizan lo que hizo Menem y el kirchnerismo, de manera absolutamente inconsulta.

Sergio Martínez, expresó que “esta situación nos hace ver que vamos a tener que seguir en las calles. Mas unidos para defender a nuestro territorio y a nuestros bienes comunes. Es gravísimo lo que está haciendo este gobierno, en regalar nuestros bienes más preciados como son el agua, el aire y nuestro territorio”. Las asambleas ciudadanas lo tienen bien en claro. Las retenciones es solo un disparador en la discusión, la gota que rebalsó el vaso en esta larga lucha. Lo que están poniendo en cuestión los pueblos afectados por la megaminería es sencillamente que no hay licencia social para que un puñado de políticos entregue las tierras y las montañas, el agua y el aire. La identidad de un pueblo no vale ni siquiera unos cuantos millones. Las montañas se resisten a desaparecer y los pueblos también. Porque en cada cráter gigantesco que nace en nuestra cordillera, un poco de ese pueblo que suele estar montaña abajo, empieza a irse un poco también. Muestra de ello es que hace 15 días que integrantes de la Asamblea El Algarrobo resisten la megaminería en la ciudad de Buenos Aires, donde dicen que a veces atiende Dios. Lo único que podemos afirmar es que sí atiende El Gran Capital.

Jáchal no olvida

Otro de los pueblos paradigmáticos en la lucha contra la megaminería es el pueblo de Jáchal. Este pueblo tiene enfrente a la empresa canadiense Barrick Gold, insignia de la megaminería. Los jachalleros no solo son famosos por resistir a las corporaciones en el patio de su casa. El año pasado la Barrick les dejo el regalo más temido, un derrame de cianuro en la cuenca del Río Jáchal. El derrame de agua cianurada se produjo en plena campaña presidencial donde los principales candidatos presidenciales ni siquiera esbozaron un intento de repudio a la actividad minera, y menos el envío de ayuda para la población sanjuanina. Hacerlo implicaba reconocer la lucha de los pueblos por prohibir la megaminería a cielo abierto.

El referente de la Asamblea Jáchal no se toca, Mingo Jofré, dialogó con Marcha acerca de la eliminación de los derechos de exportación a la actividad minera. La posición de la Asamblea que aún se está produciendo no se va a referir solamente al anuncio de Macri en San Juan, sino a la serie de beneficios que desde la implementación del código minero se han venido haciendo hasta esta última medida. “Las concesiones no fueron a la minería sino a la megaminería con lixiviación con uso de cianuro o de algún otro elementos ejecutadas en latinoamérica por las corporaciones mineras que tienen un pasado de contaminación y de saqueo que es reconocido a nivel mundial” expresó Jofré a este portal.

Mingo Jofré identifica con claridad a los principales responsables del saqueo y la contaminación al que nuestros pueblos están siendo sometidos. “En los últimos veinticinco años los funcionarios de gobierno, tanto de San Juan como a nivel nacional, son meros gerentes de las corporaciones” ratificó. La afrenta al pueblo de Jáchal se intensifica y adquiere un tono burlón cuando el presidente Mauricio Macri llegó hasta la provincia para anunciar el fin a las retenciones mineras y decirles que son un ejemplo a seguir en materia de minería. En ningún momento el presidente hizo referencia a que la provincia de San Juan y sus controles fueron los responsables de que “la empresa derramara más de un millón de litros de agua cianurada por lo menos en las nacientes del Río Jáchal”.

En el discurso de Macri ni en ninguna parte del decreto figura como está el pueblo jachallero, que les pasó o que necesitan. Al igual que el gobierno de los Kirchner, el macrismo cae en la misma tentación: el olvido. Todavía los jachalleros esperan esa visita, esa reunión o esa ayuda.

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La asamblea El algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca, está realizando el Segundo acampe por la vida en la plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia.

Con la consigna “Andalgalá, un pueblo que no descansa”, el pueblo catamarqueño está reclamando que los jueces de la corte se expidan acerca del amparo ambiental presentado a principios del año 2010 donde solicitan que se cumpla con el derecho a vivir en un ambiente sano, el acceso al agua como un derecho humano fundamental, y que se respete la ley de protección de glaciares.

Rosa Farías, integrante de la asamblea El Algarrobo, en diálogo con Marcha, expresó que “el amparo ambiental que interpusimos tiene el propósito de que el proyecto minero Agua Rica no se lleve a cabo”. Agua Rica se encuentra a diecisiete kilómetros de la ciudad de Andalgalá, donde nacen los ríos con los que se alimenta el pueblo catamarqueño. El proyecto minero pretende explotar cobre, oro y molibdeno y sería tres veces más grande que la mina Bajo La Alumbrera, actualmente en ejecución.

Los integrantes de la asamblea El algarrobo tienen en claro que el amparo ha pasado por todos los despachos de los distintos ministros de la corte de la era kirchnerista. En el año 2014 realizaron un primer acampe donde lograron que el amparo pasara de la Procuraduría a la Corte Suprema donde descansa hasta el día de hoy. Rosa Farías contó que “se mantuvieron activos con las gestiones para que el amparo sea una realidad. Durante el año pasado distintos integrantes de la Asamblea vinieron desde Catamarca a establecer diversas reuniones con los secretarios privados de los jueces de la Corte”.

Asimismo se amplió el pedido de amparo a la Corte Suprema de Justicia donde el margen de acción excedería a la provincia de Catamarca y el partido de Andalgalá. “No solo se pretende que se pare Agua Rica. Tampoco queremos que se inicien otros emprendimientos, como sería el de Cerro Atajo y que se respete nuevamente la Ley de Glaciares” expresó Rosa Farías. La integrante de la asamblea amplió su exposición advirtiendo que la Ley de Glaciares ya en su artículo 6º expone que en ambientes glaciares y periglaciares no debiera haber emprendimientos mineros y petroleros. “Los argumentos por los cuales nosotros estamos en la defensa están en la ley, no estamos inventando nada” expresó.

El amparo impulsado por el pueblo de Andalgalá ha sido denominado como de trascendencia institucional, social, económica y política. Por lo tanto, si el fallo saliera favorable, el gobierno nacional se vería obligado a realizar ciertos cambios en la política de trabajo y en la política minera. Con este amparo “Agua Rica se frenaría seguro, pero a su vez sentaría un precedente político legal. Por ejemplo, la Barrick Gold no puede empezar Pascua Lama. Está parado por un amparo ambiental desde el lado chileno” expresó Farías.

Por otro lado, también duermen en la Corte Suprema de Justicia otros recursos de amparo de Andalgalá. Una de las causas es de la familia Cruz, que es la dueña de los terrenos de La Alumbrera. Rosa Farías expresó que La Alumbrera nunca le pago un peso por los terrenos “que ya destrozó y que el año que viene ellos se van a ir”. El segundo recurso presentado por la familia Cruz tiene que ver con el emprendimiento de Bajo El Durazno “donde la Alumbrera también avanzó”, expresó.

Macri amenaza con un nuevo Pacto Federal Minero

El cambio de signo político en el gobierno nacional no significó ningún cambio relevante en el diagnóstico de la Asamblea El Algarrobo. Farías expresó su preocupación y repudio a que el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello, haya manifestado que “tienen que volver a enamorar al pueblo argentino de la minería”. Concretamente la asamblea entiende dichas expresiones como una puñalada. Y a su vez, que el CEO de la Shell, Juan José Aranguren, haya sido elegido como ministro de Energía, son interpretadas como señales muy negativas ya que ellos insisten en reafirmar el Pacto Federal Minero.

Al respecto, después de que se conocieran las declaraciones del Subsecretario Capello se difundió un comunicado denominado como el “Pronunciamiento de los pueblos cordilleranos y patagónicos” en repudio al pacto federal minero. En este comunicado las asambleas ciudadanas denunciaron con total claridad su postura, lo cual amerita que sea citado textualmente: “Desde ya le decimos que estamos enamorados de la vida, de nuestro territorio de nuestras culturas y que a fuerza de represión, contaminación, destrucción de las economías regionales y saqueo de los recursos naturales, hemos aprendido, nos hemos informado y estamos unidos y de pie para defender nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir. Estamos cansados de que nos tomen el pelo, que nos mientan en la cara, que subestimen a los pueblos, que nos declaren pueblos sacrificables”.

En la etapa de los doce años en que el kirchnerismo estuvo en el poder, la lucha de las asambleas ciudadanas contra la megaminería a cielo abierto se ganó un espacio en el mapa de la resistencia política y social. En estos cincuenta días de gobierno macrista, desaparecieron rápidamente las dudas de que las luchas se irán intensificado. La resistencia a la megaminería tiene que volver a enamorar al pueblo argentino.

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En la Plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires, el 9 de mayo pasado se realizó el Festival por la Vida organizado por la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, donde participaron integrantes de la Asamblea de Famatina y la Asamblea de Vecinos autoconvocados de Uspallata.

El festival se organizó alrededor de la consigna “para defender y celebrar la vida, no a la megaminería, no a la contaminación, no a la destrucción de la tierra, no a la muerte de ningún hermano más, si al agua y si a la vida”. Participaron del festival el músico popular Bruno Arias y contó con la presencia del líder qom, Félix Díaz, que hace tres meses resiste junto a su comunidad la invisibilidad mediática acampando en la avenida 9 de julio.

En estos días donde el país que se viene está en discusión, no es casualidad que estas causas populares están lejos de la agenda mediática. Que los tres candidatos con mayor intención de votos estén a favor de la megaminería es parte de la respuesta. Al igual que la resistencia qom en Formosa, las asambleas de los pueblos de la cordillera que luchan contra la megaminería decidieron que debían trasladar sus reclamos al centro del país, hacer saber de su historia de luchas a los porteños e instalar el debate del porqué se oponen a este tipo de explotaciones de los recursos naturales.

Andalgalá resiste

Silvina Reguera, en representación de la Asamblea El Algarrobo expuso ante los presentes una breve historia de la resistencia en la ciudad catamarqueña. El 14 de diciembre nacía la Asamblea El Algarrobo en forma conjunta a las caminatas por la vida en el centro de la ciudad, las cuales se realizan cada sábado por la noche y que ya llevan al día de hoy 282 marchas.

El  15 de Febrero de 2010 el Poder judicial alineado con el poder político y las empresas, decidió desalojar la Asamblea El Algarrobo a través de una feroz represión policial, donde estuvieron involucrados distintos grupos de la infantería y la policía provincial de otros departamentos vecinos, ya que la población superaba en número a las fuerzas policiales. El hecho culminó con una revuelta popular en donde participaron prácticamente todo el pueblo de Andalgalá.

Otro de los hechos relatados tuvo que ver con el bloqueo de los ingresos a la ciudad durante la semana del 10 al 15 de febrero del 2012. Silvina Reguera manifestó que “Dicho hecho fue llevado a cabo por quienes proveen de insumos a la empresa minera Agua Rica, y acompañados por algunos de sus empleados. A su vez la policía de la Provincia les ha prestado colaboración, al igual que los funcionarios judiciales que nada han hecho al respecto. Por ello los vecinos han realizado múltiples denuncias, las que hasta el día de la fecha no se han comenzado con las investigaciones correspondientes”.

Las distintas formas adoptadas para intentar frenar la lucha contra la megaminería, variaron de la captación vía ofertas laborales a la judicialización de la protesta social. Hasta la actualidad hay 40 personas judicializadas y la persona que más causas tiene son cinco. El caso paradigmático es el caso de un vecino que ha sido sumariado por su “ideología” de oposición a la explotación de los emprendimientos mega mineros.

Por iniciativa del pueblo de Andalgalá el Concejo Deliberante votó la convocatoria a un plebiscito de carácter vinculante a realizarse el 25 de mayo del 2010. La población de Andalgalá debía decidir si aprobaba la actividad megaminera en su Departamento. La mencionada norma fue promulgada por el Poder Ejecutivo Municipal. Inmediatamente fue declarada inconstitucional por el Fiscal Municipal de la ciudad, Dr. Daniel Oscar Farroni. Al tomar conocimiento de la acción legal del abogado del Municipio, algunos ciudadanos se presentaron en la causa judicial como terceros interesados, fundamentando la importancia de la participación ciudadana, pero la Corte Provincial hasta la actualidad no ha resuelto la presentación de los vecinos.

EL 15 de abril del 2015, los vecinos presentaron un recurso de reposición el cual se encuentra sin resolución donde se pide que se realice el plebiscito aprobado cinco años antes por el Concejo Deliberante. Además, el mismo día los vecinos de Andalgalá leían el expediente 271/08 caratulado “Minera Agua Rica s/ Mina el Portezuelo”. La resolución 01/2015 de fecha 23 febrero del 2015, el juez de minas dispuso hacer lugar al pedido de aclaratoria haciendo expresa mención que el grupo minero Agua Rica tiene una extensión total del 16.867,09 has. Silvina Reguera expresó que la resolución “amplia la mensura de R24. 71 has. a 16.867.09 has, lo que traducido en el territorio es de 1686 km2, que en esa superficie ajumaría la totalidad del pueblo”.

El cierre de la exposición de la representante de la Asamblea El Algarrobo expresó que “Queremos pedirle a la justicia Nacional, oiga nuestro reclamo, porque de ellos depende el futuro de Nuestro Pueblo, pero además creemos que nuestro reclamo puede servir de antecedente, para los Pueblos de las 14 Provincias que atraviesa la cordillera de los Andes, y que al igual que nosotros pelean contra estos monstruos!! Que pretenden robarnos, en connivencia con los políticos de turno, lo más preciado que tenemos y que es el AGUA!!”.

El Famatina no se toca

Por su parte, integrantes de la Asamblea de Famatina leyeron un comunicado en donde expresaron que “La Asamblea de Famatina adhiere para acompañar a los que piden que la Justicia responda al Amparo presentado por vecinos del noble pueblo de Andalgalá, y contarles también que por defender nuestro patrimonio y solicitando se retire a una empresa minera de la provincia de Salta (que no tenía licencia social, ni cumplía con el mínimo de los requisitos para su instalación), el gobierno, con total desprecio por su pueblo y su gente, ´la protege´. Y a sus vecinos los JUDICIALIZA.”

Además expresaron que no quieren más megaminería. “No queremos que nos lleven lo que nos pertenece, queremos vivir en paz, que respeten nuestra autodeterminación y libertad de ser. De elegir cómo y de qué manera vivir. De ser soberanos en nuestra tierra”.

Desde la Asamblea de Famatina expresaron que la Argentina es de todos los argentinos, pero a veces nos sentimos que pertenecemos a un mundo aparte, que nuestra realidad no alcanza a llegar como un mensaje dulce a los oídos de quienes dicen representarnos.

Uspallata dice no a la minería a cielo abierto

Desde la Asamblea de Uspallata relataron la lucha llevada a cabo en la provincia mendocina y los nuevos proyectos que obligan a seguir alertas. En el año 2008 comienzan los primeros rumores sobre el proyecto minero San Jorge, en un sector del paraje Yalgauraz, a unos 40 km de Uspallata, donde años atrás se habían extraído pruebas de materiales en el cerro el Tigre. En el año 2009 en un acto en el colegio secundario Nuestra Señora de las Nieves, Rubén Miranda intendente de Las Heras, departamento al cual pertenece el distrito de Uspallata, anunciaba con bombos y platillos que era inminente el inicio de los trabajos de explotación. “Los vecinos comenzaron a correr la voz y a informarse sobre el tema y más sabiendo que un par de años antes la gente de General Alvear y luego la de San Carlos habían logrado en manifestaciones multitudinarias y cortes de ruta que se sancionara la ley 7.722 (ley mendocina que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los distintos procesos que lleva a cabo la minería)” expresaron desde la Asamblea.

Los vecinos empiezan a movilizarse. Así nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Empezaron a informarse acerca de la lixiviación, el xantato, lo diques de cola, y muchos otros conceptos que tienen que ver con la explotación minera. “Comenzamos con los cortes de ruta, marchas y movidas a nivel provincial. Y esto nos llevó a comunicarnos con gente de Esquel, Catamarca , La Rioja , San Juan y las demás provincias cordilleranas, el NO fue rotundo” recordaron los representantes de la Asamblea de Uspallata .

A su vez también contaron que “en el año 2010 se llevó a cabo una audiencia pública, lo que para quienes manejaban intereses sobre este proyecto no fue vinculante, pero ahí los uspallatinos en un 85 % rechazaron el proyecto”. En el año 2011 el candidato a gobernador en las siguientes elecciones, pidió que se archive el proyecto correspondiente a capitales canadienses, producto del triunfo del NO de los mendocinos a la minería a cielo abierto. “Los buitres siguieron volando sobre Mendoza y de vez en cuando nos salen con un nuevo proyecto en la provincia, pero el pueblo digno no es estúpido. Ahora en Uspallata, la seguimos peleando, pero en este caso San Jorge viene de la mano de capitales rusos” denunciaron los vecinos.

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