Ana María Vásquez Duplat/ Foto Federico Ríos IG: @historiassencillas

Diversos sectores políticos, tanto de derecha como de izquierda, concibieron como finalizado el ciclo progresista en América Latina. El pensamiento mayoritario entre les analistas aseguraba que nos enfrentábamos a una nueva etapa marcada por el avance de la derecha en el poder. El escenario regional hoy nos muestra un giro inesperado: el progresismo parece estar de nuevo vivo en la disputa por el poder político y se advierte un ciclo abierto y rico de movilización popular que está tejiendo agenda e iluminando con su reflejo los procesos de contienda electoral en distintos países. La consolidación de los feminismos y del ambientalismo como movimientos sociales, el levantamiento de masivas y sostenidas protestas populares en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, entre otros, la persistencia de una(s) crisis que la pandemia empujó hacia el más profundo de los abismos, ha abierto la puerta a la región para la victoria de apuestas partidarias que se plantean, por lo menos, antineoliberales.

En este escenario emerge el Pacto Histórico en Colombia, una coalición que trae el acumulado político de la Colombia Humana, pero que supo ampliar su representatividad, aunando no solamente nuevas corrientes y figuras, sino también nuevas perspectivas. Su propuesta política, la construcción de la campaña para las presidenciales y el programa de gobierno que defienden, muestra renovados matices frente a las experiencias, esperanzadoras, pero también eclipsadas, de los gobiernos progresistas que irrumpieron en América Latina en el escenario político en los primeros años del siglo xxi. Haciendo eco de las reivindicaciones de los movimientos sociales más protagónicos de nuestros tiempos a nivel global, especialmente de los feminismos, Gustavo Petro y Francia Márquez parecen estar abriendo una nueva senda para que Colombia sea gobernada por un progresismo que decididamente, y sin extraviarse en posibilismos, ponga la vida en el centro.

La propuesta del Pacto Histórico: Colombia, potencia mundial para la vida

“Cambio por la vida” y “Vivir sabroso”, son las consignas más fuertes de la campaña del Pacto Histórico en la actual contienda electoral. La vida en el centro, pero no cualquier vida, sino una con dignidad. Un horizonte inaplazable en un país que aún sin dictaduras militares amasa el terrorismo de Estado más largo y con las peores cifras en cuanto a pérdidas de vida (muertes y desapariciones) y que profundiza niveles intolerables de desigualdad y pobreza. Este proyecto esperanza mucho al pueblo, al que tiene sed de paz y que entiende que, como diría el imprescindible Osvaldo Bayer, mientras existan niños con hambre no habrá democracia. Plasmadas así no más, estas consignas pueden parecer slogans bien pensados, acondicionados de manera adecuada a los tiempos y exigencias que corren; compartimientos estancos y vacíos. Sin embargo, hay una hoja de ruta, un proyecto que los sostiene, los amplifica y los llena de realidad.

“Colombia, potencia mundial para la vida” es el nombre del plan de gobierno de Petro y Francia. Este plan está integrado por un paquete de estrategias regionalizadas y un programa transversal con cuatro ejes estructurantes de gobierno: el cambio es con las mujeres, economía para la vida, sociedad para la vida y plan de tecnología para la vida. En el desarrollo de estos ejes aparecen líneas de acción que no solamente evidencian la incidencia de los movimientos sociales y el impacto de las demandas expuestas al fragor de las protestas populares recientes; sino que muestran claves diferenciales con los proyectos políticos de los gobiernos progresistas anteriores. Haciendo una síntesis apresurada, tal vez utilizando categorías no del todo precisas, se podría plantear que, si el ciclo anterior se enunciaba como el socialismo del siglo XXI, el proyecto del Pacto Histórico se mueve hacia un feminismo ecoterritorial del siglo XXI.

Algunas de las políticas que se presentan en el plan son las siguientes: paridad de género en todos los niveles y poderes del Estado, plan integral y de choque contra los femicidios, descarbonización de la economía, propiedad colectiva de la tierra y de los procesos productivos, ordenamiento territorial alrededor del agua, sistema nacional de cuidados, transición energética, democratización de la tierra fértil y el agua, ciudades humanas, paradigma de la reutilización de la ciudad construida, la policía como herramienta de carácter pedagógico, soberanía alimentaria, pacto con la economía popular, café de propiedad colectiva, educación pública, gratuita y de calidad; derecho fundamental a la salud pública, universal, preventiva y predictiva, participativa, descentralizada e intercultural.

Acompañando las propuestas programáticas, se plantean una serie de procesos encaminados a la redistribución del poder, la palabra y la toma de decisión en y sobre los territorios. Los cuales se sintetizan en esta perspectiva: “los hombres y mujeres campesinos, indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom, organizados en pueblos, resguardos y territorios colectivos en comunidades rurales y urbanas desde sus diversidades, sus cosmovisiones, leyes de origen, territorios, autoridades, modelos económicos, saberes ancestrales, proyectos educativos propios, idiomas, en fin, desde la interculturalidad con sus guardias campesinas, indígenas y cimarronas, gobernarán desde sus territorios y contribuirán orientando y definiendo el futuro de la nación y el planeta como sabios y sabias ancestrales, como fundamento de la economía productiva y la soberanía alimentaria y como guardianes de la vida, el territorio y la paz”.

Si efectivamente logran concretarse estas propuestas de acción, que son solo algunas de un mapa de políticas más amplio, y se avanza en la democratización de la política mediante el fortalecimiento de una democracia directa que reconozca ciudadanías y cuidadanías, estaremos frente a un proyecto de reformas revolucionarias para el país y un faro regional en clave de superación del neoliberalismo desde una perspectiva interseccional.

Realizar este proyecto no será tarea fácil. Construir gobernabilidad y avanzar en transformaciones estructurantes tendrá a su paso enemigos y limitaciones. Dos aspectos centrales aparecen como amenaza: por una parte, la violencia y el poder narcoparamilitar que se ha metido en las entrañas del Estado no dará el brazo a torcer, y es posible que una ola de recrudecimiento de la violencia pueda ejecutarse como respuesta al triunfo de un gobierno popular. De otro lado, reconocemos la amplitud de la alianza política que constituye la coalición del Pacto Histórico. Entre la izquierda y los sectores del liberalismo que la componen hay muchas visiones pero, por sobre todo, muchos y diversos intereses. El riesgo en este sentido, es que conservar esta alianza suponga un corrimiento hacia el centro y que después de una victoria se inicien procesos de continuidad más o menos encubierta del orden neoliberal.

Aún el triunfo de Petro y Francia no se ha alcanzado, pero se avecina. Puede parecer demasiado apresurado y especulativo adelantar, aunque sea simplificadamente, un panorama de futuro. No obstante, vale la pena atrevernos desde ya a marcar los peligros y las canchas; especialmente porque un progresismo renovado, requiere también de izquierdas y de un campo popular que se renueve, que no cometa los errores del pasado. Especialmente, requiere de un pueblo activo y en las calles que no caiga en posturas acríticas, sino que por el contario sepa exigir a sus gobernantes estar a la altura de los desafíos y de las propuestas con las que conquistaron sus votos. Necesitamos un pueblo que no se deje estafar; tanto como se hacen ineludibles izquierdas maduras, que sepan darle tiempo a los cambios y los procesos y que comprendan las complejidades de gobernar con la correlación de fuerzas internas y externas que predominan actualmente. El desafío es abrazar con fuerza y entre todes al primer gobierno popular de Colombia, y mientras damos ese abrazo hablarle con claridad e ímpetu al oído para que logremos no un paso de cuatro años por la presidencia, sino por lo menos un par de décadas de victoria del pueblo en el poder.

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Un femicidio y la conmoción. La concientización social y el poder popular para organizarse y luchar contra las violencias machistas. A tres años de un hito histórico que interpela en las calles entre los conceptos feministas y de masividad, desafíos y perspectivas en un análisis necesario.

“No cabe duda de que sí. También es cierto que todo movimiento nuevo, cuando empieza a formular su teoría y política, parte de apoyarse en el movimiento precedente, aunque se encuentre en contradicción directa con el mismo. Comienza adaptándose a las formas que tiene más a mano y hablando el idioma utilizado hasta entonces. A su tiempo, el nuevo grano sale de la vieja vaina. El nuevo movimiento encuentra sus propias formas y lenguaje”.

 Rosa Luxemburgo. Introducción de Reforma y Revolución. Berlín, 18 de abril de 1899

El 11 de mayo de 2015 el país entró en conmoción frente al femicidio de Chiara Páez. Una niña de 14 años, embarazada, que fue asesinada a golpes y enterrada en el patio de la casa de su novio después de estar una semana desaparecida. El horrible femicidio de Chiara, fue el principal hecho que llevó a la viralización de la primera convocatoria a marchar el 3 de junio de 2015, bajo la consigna “Ni Una Menos”, contra las violencias de género.

La convocatoria, promovida por un grupo de periodistas feministas, en pocos días se convirtió en una ola imparable de indignación que recorrió todo el territorio argentino e incluso traspasó sus fronteras. Una multitudinaria movilización, sin banderas, llenó el Congreso de la Nación y millones de personas gritamos por primera vez “Ni Una Menos”, por Chiara y por cada mujer asesinada, para ese entonces, cada 30 horas en Argentina. Miles de víctimas y de familiares se adueñaron de la plaza para compartir su historia, un hito en la lucha de las mujeres emergería ese día con la fuerza de un caudal imparable que nos encuentra, este año, de nuevo preparando la tercera marcha contra todas las formas de violencia de las que somos víctimas las mujeres, las travestis, las lesbianas y las trans. Violencia que nos es impuesta por el solo hecho de ser lo que somos.

Pasados tres años, las cifras de femicidio son cada vez más dramáticas. En 2017 es asesinada una mujer cada 18 hía oras, y como correlato el Estado se encarga de desmontar y desfinanciar los programas orientados a la lucha contra las violencias de género. No asistimos, entonces, a la existencia de un Estado ausente, sino a la de un gobierno que activamente decide dar la espalda a la problemática y que además, premeditadamente, utiliza sus fuerzas para perseguirnos y reprimirnos en un intento disciplinador. Nos encontramos frente a un Estado responsable, no por omisión, sino por acción directa contraria a derechos.

La cara positiva de esta realidad, es el crecimiento y potencia que ha ganado el movimiento feminista no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Hoy podemos asegurar que el feminismo es la corriente de ideas y prácticas más revolucionaria e internacionalista organizada a lo largo y ancho del planeta. De movilizaciones en las que nuestro lugar como víctimas era el preponderante, hemos avanzado hacia la consolidación de un sujeto político de masas, contrahegemónico, capaz de reaccionar organizadamente, y que se posiciona de manera clara frente al poder político, económico, eclesiástico y sindical. Un movimiento que se reivindica esencialmente antipatriarcal/ antiandrocéntrico, pero que entiende que el patriarcado es la base principal de todas las desigualdades y por tanto es también anticapitalista, ambientalista, defensor de las diversidades sexuales, y trasgresor de todo orden racista y xenófobo.

El epígrafe también tiene su sentido, el movimiento feminista en Argentina se encuentra conformado y liderado, mayoritariamente, por mujeres que hacemos parte de organizaciones sindicales, sociales, políticas y partidarias, cuyo origen no se fundó en el propio feminismo. Nuestras prácticas y maneras de hacer política, y de transitar el camino de la construcción del poder popular, se encuentran atravesadas por experiencias previas de diversos tipos de militancia. Al movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis traemos la fuerza de los feminismos pero también los aprendizajes adquiridos en nuestras organizaciones, partidos, sindicatos o en el movimiento de estudiantes. Una realidad se hace eminente reconocer, muchas de esas prácticas son patriarcales y las estamos volcando al movimiento. Es nuestra responsabilidad, entonces, repensarlas (nos), deconstruirlas, y eliminarlas de nuestro movimiento si es que realmente apostamos a la construcción de un lenguaje y formas propias que conduzcan, no a la reforma, sino a la derrota definitiva del sistema patriarcal.

El movimiento feminista en Argentina avanza a paso firme en la construcción de sus singularidades. Su capacidad de construcción considerando la diversidad de pensamientos, corrientes, posturas y debates como una potencialidad antes que como una limitación es uno de sus atributos más únicos. La construcción del documento conjunto de todo el movimiento feminista en el marco del paro de trabajadoras y la marcha del pasado 8 de marzo, fue un proceso en el que el discurso nos sirvió como plataforma para el ejercicio, no retórico sino práctico, del propio feminismo.

Otro paso hacia la construcción de este lenguaje propio, es el cuestionamiento que el movimiento ha emprendido en relación al punitivismo. Frente a los casos más graves de violencia de género, el reclamo por más pena, por mayor judicialización era el que emergía más fervorosamente desde la mayoría de voces. Actualmente, nos encontramos como feministas, cuestionando el punitivismo como mecanismo en tanto reconocemos que éste es fruto del mismo sistema de dominación que nos oprime. A cambio de ello, la demanda se está reconvirtiendo a partir de un develamiento cada vez más profundo de las causas estructurales de la violencia machista. Es hasta allí donde pretendemos llegar y son esas causas las que apostamos transformar.

En este punto se encuentra el movimiento feminista, y con ello aparecen grandes desafíos que tenemos que abordar con un ojo puesto en el presente de nuestra lucha y otro en el pasado –el remoto y el próximo- para llevar a buen puerto un futuro en el que la conquista de la igualdad real deje de ser una utopía; y en el que logremos, como propone Rosa Luxemburgo, poner la revolución por delante del reformismo. Una revolución que será feminista… o no será.

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En la ciudad de Buenos Aires se adelantan procesos de reurbanización en cuatro barrios: Villa 31, Villa 20, Barrio Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita. Una oportunidad para incorporar la perspectiva de género hacia un urbanismo de la igualdad.

El movimiento feminista es un crisol de resistencias que, aún con diferencias en su interior, se organiza detrás de una lucha fundamental que es la de la conquista de la igualdad y la libertad. Si tuviésemos que elegir el rasgo que unifica los diferentes feminismos, tal vez sería el que todos ellos intentan derrotar el orden y los sentidos impuestos por la hegemonía. El feminismo, en este sentido, es un universo de ideas contra-hegemónicas. Este carácter, le otorga al movimiento feminista una potencia transformadora única que ha permitido que, hoy por hoy, se convierta en un sujeto político revolucionario internacionalista capaz de penetrar e imprimir sus rasgos específicos en el contexto de otras resistencias, incluidas aquellas donde la disputa por la tierra, el hábitat y la vivienda tienen un lugar central.

Tal como lo plantea el Col·lectiu Punt 6, cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas que trabajan el urbanismo con perspectiva de género, “las ciudades han sido pensadas y construidas siguiendo los patrones y valores imperantes en la sociedad patriarcal y capitalista. Se han aplicado criterios considerados abstractos, neutrales y normales que, sin embargo, obedecen a experiencias bien concretas: la de una minoría masculina, de mediana edad, heterosexual, con trabajo estable, y con las tareas de la reproducción resueltas de manera invisible”. El feminismo tiene, en este marco y en contraposición a este modelo, propuestas concretas para aportar a la construcción de ciudades igualitarias.

En la Ciudad de Buenos Aires, la reurbanización de villas y asentamientos se concibe como la lucha más histórica e importante en términos de disputa por el territorio, y allí el rol del feminismo también puede –y debe- ser crucial. En relación a ello hay dos líneas a abordar: la feminización de las luchas y el aporte diferencial de las mujeres en la pelea por el hábitat y la vivienda; y las herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de los proyectos de reurbanización.

El recorrido por las resistencias barriales no deja lugar a dudas de que las mujeres villeras son protagonistas del sostenimiento de las luchas y la auto-organización colectiva. En el marco del análisis sobre el ecofeminismo, Leff se pregunta, ¿hay una afinidad natural de las mujeres con la naturaleza que legitima sus reivindicaciones sociales y las vuelve voceras privilegiadas de los derechos de la naturaleza?, en este sentido podríamos abrir este mismo interrogante respecto de si existe una afinidad, natural o no, de las mujeres con el hábitat que las lleva a ser portavoces del derecho a la vivienda. Una respuesta anticipada, nos lleva a pensar que los roles de cuidado impuestos a las mujeres, el asimilamiento histórico de lo privado con lo femenino y la tarea de reproducción de la vida familiar establecen especificidades que atribuyen a las mujeres una relación particular con la vivienda y el barrio; que si bien no puede ser concebida como natural, si puede privilegiar o fortalecer su participación protagónica en las resistencias por el hábitat y la vivienda digna.

Las mujeres han dejado su huella en el desarrollo de las luchas urbanas por la vivienda y la tierra. El cuerpo de las mujeres (especialmente aquellas en estado de embarazo o con hijos menores) ha tenido un papel protagónico indiscutible, especialmente en las luchas contra los desalojos. Tanto en acciones de resistencia como en procesos de judicialización de los conflictos, son las mujeres las que ponen su cuerpo como instancia de defensa ante el poder policial o judicial del Estado. Se reconoce así una clara relación entre territorio-tierra y territorio-cuerpo.

Así como las mujeres, reivindicándose feministas o no, son protagonistas de las luchas urbanas. La perspectiva de género también debe serlo. En las últimas décadas las mujeres hemos conquistado, por valentía más que por libertad, la posibilidad de andar por la ciudad. Sin embargo, cada una de nosotras aprende desde temprana edad cual es el tipo de lugar y hora en el que podemos usar y disfrutar plenamente la ciudad. Hasta hace un tiempo, nada remoto, las llamadas “mujeres de la calle” eran aquellas en situación de prostitución o las cuestionadas por su liberación sexual, el resto estaban confinadas al hogar como su espacio “natural”, mientras tanto los varones podían moverse y controlar libres y sin cuestionamiento tanto el espacio público como el privado. Las ciudades por tanto son una proyección de necesidades, deseos y valores preponderantemente masculinos.

Es por ello que, hasta ahora, las ciudades han estado planificadas bajo la lógica de la producción y el desarrollo económico, y es este paradigma el que un urbanismo con perspectiva de género viene a romper, proponiendo ciudades diseñadas pensando en las personas y por tanto en la reproducción y mejora de las condiciones de vida de todos y todas. No se trata solamente, entonces, de realizar adecuaciones urbanas para subsanar problemáticas que afectan exclusivamente a mujeres y niñas, sino de integrar la lógica de la reproducción y el cuidado como ejes del diseño urbano para el tránsito hacia ciudades más humanas, mejor vivibles, sin desigualdades de ningún tipo, y lógicamente sin reproducir roles de género socialmente impuestos. Es allí donde se encuentra la potencialidad y necesidad de incorporar al urbanismo feminista en la planificación de la ciudad en general, y en la de los proyectos de reurbanización de villas y asentamientos, en particular.

Las mujeres quieren una ciudad segura, donde sea fácil la convivencia, igualitaria, en la que los barrios se vayan equilibrando, con dotaciones, equipamiento educativo y de salud y comercios próximos a la vivienda, buen transporte y espacios públicos acondicionados para el encuentro familiar y para ser transitados a cualquier hora de manera segura. Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires se adelantan procesos de re-urbanización en cuatro barrios (Villa 31, Villa 20, Barrio Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita), esta debe concebirse como una oportunidad para empezar a incorporar la perspectiva de género, aportando desde estas experiencias propuestas encaminadas hacia un urbanismo de la igualdad.

Hasta ahora, en el marco de estos procesos, se ha logrado dar un paso importante aunque aún insuficiente para lograr dicho objetivo. Gracias a la lucha de las vecinas del Playón de Chacarita la violencia de género ha sido incorporada como criterio de prioridad para la adjudicación de vivienda nueva en la ley de re-urbanización del barrio, sancionada en el mes de marzo de este año. De esta manera se ha sentado un precedente legislativo en materia de urbanización, que permite empezar a dar relevancia a una problemática concreta que afecta de manera particular a las mujeres y niñas de los barrios más pobres de la Ciudad.

Diferentes investigaciones demuestran la relación existente entre la emergencia habitacional y la violencia de género. Especialmente la imposibilidad que tienen las mujeres de salir del círculo de violencia al no contar con la posibilidad socio-económica de abandonar la casa que comparten con la persona que propicia dicha violencia. Esta incorporación legislativa no solamente genera la obligación al gobierno local de otorgar una vivienda de calidad para atender la problemática, sino que deja abierta una ventana de oportunidad para incorporar la perspectiva de género en el diseño del proyecto de urbanización respecto tanto de la construcción de la vivienda nueva como de la reurbanización del barrio existente.

El desafío, para las vecinas y vecinos y para las organizaciones sociales y políticas que acompañan el proceso, será lograr incidir con propuestas metodológicas y urbanísticas concretas para un relevamiento integral de la violencia de género y para el diseño de un barrio que respete todas las dimensiones del Derecho a la Ciudad, perspectiva que también fue incluida como principio rector de la ley de reurbanización del Playón de Chacarita. Una buena inclusión del enfoque del urbanismo feminista y del Derecho a la Ciudad implicará un diseño que ponga el eje en las necesidades y deseos de las personas, y esto llevará a la construcción de un barrio verdaderamente igualitario.

*Integrante del Colectivo por la Igualdad y La Ría, corriente crítico feminista.

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La detención de Santiago Uribe Véliz -hermano del ex presidente colombiano- vuelve a poner los ojos sobre la complicidad del ex mandatario con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia.

El pasado 29 de febrero fue capturado, en la ciudad de Medellín, Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Este hecho es el primer corolario importante en relación a varios procesos judiciales en los que se investiga la relación y connivencia de la familia del ex presidente con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. La detención del menor de los hermanos Uribe Vélez es consecuencia de una denuncia en la cual se le incrimina como precursor del grupo paramilitar llamado “Los Doce Apóstoles”.

La acusación en su contra se remonta al año 1997 cuando por primera vez Santiago Uribe fue llamado a indagatoria en el marco de una investigación, que intentaba develar la verdad respecto de los crímenes de secuestro, extorsión y homicidio, cometidos por el grupo “Los Doce Apóstoles” entre los años 1993 y 1994. Este proceso fue parcialmente archivado en el año 1999 por supuesta falta de pruebas, pero quedó abierto a la presentación de material probatorio para darle continuidad a la investigación.

Esas pruebas llegaron desde Buenos Aires en el año 2010, cuando el agente retirado de la Policía Colombiana, Juan Carlos Meneses Quintero, dio su testimonio ante Adolfo Pérez Esquivel; Carlos Zamorano de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Eduardo Freiler, juez de la Cámara de Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Beinusz Smuckler y Ernesto Moreau de la Asociación Americana de Juristas. Esta confesión, sumada a relatos como el del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz confirmaron, no un vínculo instrumental u ocasional, sino que corroboraron que Santiago Uribe Vélez creó, financió y fue jefe del grupo armado criminal “Los Doce Apóstoles”.

Hasta hace poco, el menor de los Uribe Vélez estuvo protegido por el halo de impunidad que su hermano ex presidente se encargó personalmente de custodiar. Entre otras cosas Álvaro Uribe Vélez llevó adelante una campaña de desprestigio público internacional contra Adolfo Pérez Esquivel que volvió a sacar a la luz en los últimos días. En el marco de la declaración de defensa a su hermano, manifestó que los abogados de los denunciantes han contado con algunos ayudantes a los que se refiere como “protectores de la guerrilla, declarados enemigos míos”, y entre los cuales incluye a Pérez Esquivel definiéndolo como “Nobel de paz, al servicio del terrorismo, protector de falsos testigos”.

Han sido muchos los esfuerzos, investigativos y judiciales, por desentrañar la dimensión de la relación entre Álvaro Uribe y su familia y la guerra en Colombia. Esfuerzos que han llegado hasta la Corte Penal Internacional donde sigue en marcha una investigación para determinar la participación del ex presidente en el caso de los mal llamados “falsos positivos” y otras barbaries como la Masacre de El Aro, en la que los propios perpetradores, bajo indagatoria judicial, han develado la complicidad del ex mandatario.

Otro de esos esfuerzos se sintetizó de manera concreta en el libro de Jorge Rojas e Iván Cepeda, “A las puertas del Ubérrimo” (El Ubérrimo es una de las fincas del ex presidente), en el que se narra con precisión el proceso de consolidación del proyecto paramilitar, la manera en que se afianzó un modelo de terror y de eliminación física del contradictor; la confabulación entre el poder político, el paramilitarismo y el narcotráfico; y el protagonismo de los Uribe Vélez en toda esta historia. Los datos que expone el libro son contundentes y muestran el panorama del conflicto armado, las masacres, los secuestros, la desaparición, la usurpación de tierras a gran escala, y el consecuente proceso de desplazamiento forzado y la monopolización de la propiedad sobre la tierra. Beneficiarios centrales de este proceso, fueron los Uribe Vélez que al ritmo que se profundizaba la guerra iban ampliando su poder económico y político en las regiones bajo su influencia.

De otra parte, y como muestra adicional del oscuro prontuario de Uribe Vélez, hace un poco más de una década fue desclasificado por el Pentágono y hecho público un informe de inteligencia titulado “perfil de los narcotraficantes colombianos”, elaborado en septiembre de 1991 por el gobierno de los Estados Unidos. Dentro del listado, se expone bajo el numeral 82, lo siguiente: “Álvaro Uribe Vélez, político colombiano y senador dedicado a colaborarle al cartel de Medellín en altos niveles gubernamentales. Uribe fue involucrado con la actividad de narcóticos en los Estados Unidos. Su papá fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es muy cercano a Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar”.

Reconstruir la historia de la relación entre el paramilitarismo y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia, significa remontarnos a varios de los hechos más sangrientos y dolorosos que ha vivido Colombia en las últimas décadas, y en especial al terrorismo desplegado en los departamentos -provincias- de Córdoba y Antioquia. Zonas en las cuales, no por coincidencia, no solo los Uribe Vélez concentran su mayor poder territorial y político; sino que es allí donde los grupos paramilitares lograron su mayor crecimiento y expansión; y donde los crímenes del Estado en connivencia con el paramilitarismo han dejado la mayor cantidad de víctimas.

Aún con el poder de la política, de la justicia y de las armas jugando a su favor, veinte años después de iniciada la investigación, Santiago Uribe fue capturado y los defensores de la paz, la memoria y la justicia en Colombia esperamos que su captura permita no solo llegar al fondo respecto del caso de “Los Doce Apóstoles”; sino también empezar a desentrañar el papel de Santiago y en especial de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de crímenes de lesa humanidad y en la instauración del régimen de terror que persiste en Colombia desde hace más de medio siglo.

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