La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional retomó la discusión del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, el 10 de enero del 2022. Esta es la recta final de un camino recorrido para que el acceso al aborto legal por violación sea una realidad para todas las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual. 

Por Ana María Acosta / @yakuana (*)

La sentencia de la Corte Constitucional de abril del 2021 declaró la constitucionalidad del acceso al aborto decidido para todas las mujeres embarazadas producto de violación y no solamente para mujeres con discapacidad mental, como establecía el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 150, desde 1938. La Corte determinó que la Defensoría del Pueblo será la encargada de elaborar, de forma participativa, una Ley que garantice el acceso a la  Interrupción Voluntaria del Embarazo por Violación, en un plazo máximo de dos meses, mientras que la Asamblea deberá aprobar la ley en seis meses.

La Defensoría del Pueblo convocó a organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres, feministas, diversidades a espacios de discusión para elaborar la Ley. Producto de estos diálogos, la Defensoría recibió dos propuestas de la sociedad civil. 

La primera propuesta la presentaron organizaciones de mujeres y feministas el 18 de junio de 2021 que se denominó “Propuesta del Movimiento de mujeres y feministas al proyecto de Ley que garantiza el acceso al aborto por violación”. El documento recogió los aportes de alrededor de 101 organizaciones de mujeres y colectivas feministas que se unieron en una jornada de diálogo nacional y recolectaron información socio-demográfica sobre la situación de mujeres indígenas, afrodescendientes, de sectores rurales y de mujeres que viven en la frontera en situaciones de conflicto armado, así como de niñas, adolescentes y mujeres con especial atención a sus contextos entorno al acceso al aborto.

La segunda propuesta fue entregada a la Defensoría el 23 de junio de 2021 por la Coalición “Diálogo Nacional Disidente”, conformada por el Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos, Causana Acción Lésbika y la Colectiva Pachaqueer. Esta recogió aportes de colectivos de las diversidades sexo genéricas con un enfoque antirracista y transfeminista que incluye a las personas racializadas, con capacidad de gestar y abortar, y los cuerpos disidentes que históricamente han sido excluidos del debate del aborto en Ecuador.

Con estos insumos, la Defensoría del Pueblo, con Zaida Rovira como defensora encargada, entregó a la Asamblea Nacional, el 28 de junio de 202,  el proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción del Embarazo por Violación. A partir de ahí, el reloj empezó a correr para la Asamblea que, según el dictamen de la Corte, contaba con seis meses para su aprobación. 

 

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El aborto llegó al Pleno

La Asamblea Nacional contó con seis meses para discutir el proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción del Embarazo por Violación; sin embargo, esperó hasta el último mes del plazo otorgado por la Corte para iniciar el debate.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado realizó 16 sesiones, con 47 comparecencias, para, finalmente, el 3 de diciembre aprobar el informe para primer debate con ocho votos a favor y dos en contra. Los votos en contra fueron de la asambleísta Sofía Espín, de Unió Por la Esperanza, UNES, y del asambleísta Ricardo Venegas, de Pachakutik. Dos asambleístas de partidos políticos pertenecientes a la tendencia de izquierda, pero que en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos han posicionado discursos ultra conservadores. 

 

 

El proyecto de Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación llegó al pleno de la Asamblea Nacional, el 9 de diciembre, para el primer debate. En los exteriores de la Asamblea decenas de personas permanecieron en vigilia: de un lado, activistas feministas y de derechos humanos,  y, del otro lado,  grupos denominados “próvida” y religiosos ultraconservadores. En la mañana el pleno escuchó las ponencias de decenas de personas entre activistas, abogadas y médicos. Y en la tarde, las y los asambleístas debatieron hasta pasadas las 20:00 de la noche. 

 

Durante el debate, realizamos una verificación del discurso de las y los asambleístas, en una alianza de Debate Verificado, una iniciativa de CEPAM, Indómita en conjunto con medios como Wambra, Primicias, La Periódica, GK, BN Periodismo, Chicas Poderosas, la Tinta Digital y Ecuador Today .

Después del primer debate en el pleno, el 14 de diciembre, la Comisión de Justicia instaló la sesión 063 donde recibió a expertos y expertas de salud para abordar tres nudos denominados “críticos” de la ley: los requisitos, los plazos y la objeción de conciencia. 

Las organizaciones feministas tenían expectativa de que, después de las sesiones en la Comisión, el debate llegue al pleno en diciembre; pero, la Asamblea cerró el año con este pendiente. Ya para fines de diciembre la Comisión dio a conocer un calendario para el tratamiento de la Ley en 2022, donde disponía que la Comisión retomaría la sesión el 5 de enero y el segundo debate en el pleno sería el 11 de enero; pero, de nuevo, esta agenda se modificó. 

Finalmente, el 10 de enero la Comisión de Justicia reinstaló la  sesión 066 para discutir y aprobar el borrador del informe para segundo debate. Hasta el cierre de la sesión, pasadas las 20:00, la Comisión discutió y aprobó hasta el artículo 25 que aborda los deberes del personal de Salud, de un total de 66 artículos que conforman la ley.