La movilización de las y los trabajadores chubutenses frente al ajuste no se detuvo ante la lluvia y llegada anticipada del invierno patagónico. A las respuestas insatisfactorias de las autoridades, en medio de una paralización general de las actividades de la provincia, se sucedieron los acampes, los cortes de ruta y las tomas de ministerios y delegaciones provinciales.

El gobierno nacional de Mauricio Macri celebra que la Argentina vuelve a recurrir a los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y usa el veto presidencial para dar luz verde a los tarifazos de los servicios públicos. Mientras tanto, la inflación se desboca, la devaluación del peso no encuentra freno y se expanden los conflictos sociales.

Nos sobran los motivos: Cronología reciente de la acción directa de las y los trabajadores

Las protestas llevan más de tres meses, cuando se montó la Carpa de Unidad frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Rawson (capital provincial), dando inicio a un acampe que se mantiene hasta la actualidad. Distintos sectores de trabajadores reclaman, principalmente, aumento salarial y apertura de paritarias, aunque otros motivos se suman a la conflictividad. La situación se ve agravada con el endeudamiento que acarrea la provincia. “Hace un año que no tenemos aumento salarial (…) Esto arrancó el año pasado cuando no nos respetaron la paritaria salarial”, sostuvo Guillermo Quiroga, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Chubut, ante las cámaras de la cadena venezolana Telesur.

El gobierno provincial de Mariano Arcioni -quien en noviembre de 2017 asumió el cargo de gobernador a la muerte del anterior mandatario Mario Das Neves- propuso la semana pasada el pago de un bono de $3.000 a los empleados que cobran hasta $30.000, pero la oferta fue rechazada por los sindicatos.

Ante la falta de respuestas favorables, en el marco de jornadas de lucha y huelgas provinciales, las y los trabajadores han cortado las rutas y tomado ministerios y delegaciones públicas. El 29 de mayo, las y los docentes ocuparon los edificios de Supervisión de Escuelas en Comodoro Rivadavia. En esa jornada, en la ciudad de Puerto Madryn, el acto de entrega de viviendas del gobernador Arcioni se vio envuelto en forcejos e incidentes en el vallado de seguridad, cuando una movilización encabezada por representantes de ATE y Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) quiso alcanzarle un petitorio al mandatario.

En Rawson, el 30 de mayo, docentes nucleados en la ATECH y autoconvocados tomaron el Ministerio de Educación, cuestionando además los pagos salariales escalonados.

El 1 de junio, la comunidad educativa de la Escuela N° 200 de Esquel realizó un abrazo simbólico al edificio en defensa de la educación pública, apoyando el derecho de las y los trabajadores y el de las niñas y los niños a estudiar gratuitamente y en condiciones dignas. A la vez, solicitaron que se garantice el transporte gratuito para quienes se encuentran alejados de los centros educativos.

El día 2 de junio, docentes y estudiantes intentaron ocupar la Supervisión de Escuelas de Esquel, articulando con los reclamos que ATECH realiza ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, los manifestantes no consiguieron entrar las instalaciones porque la policía se los impidió y realizaron un acampe en el acceso al edificio.

El 5 de junio, en Puerto Madryn, las y los trabajadores realizaron un corte total sobre el Acceso Sur de la ruta 3. En la ciudad de Esquel, se cortaron parcialmente las rutas 40 y 259, y trabajadores de la Dirección General Oeste de Obras Públicas cortaron calles. Ese mismo día, docentes de distintos niveles de enseñanza y padres de alumnos ocuparon las instalaciones de la delegación del Ministerio de Educación de Puerto Madryn, agregando a los reclamos la concreción de obras para las escuelas con problemas edilicios. En este sentido, un caso emblemático lo constituye la Escuela N° 222 de esa ciudad que, desde el mes de enero de este año, se encuentra en peligro de derrumbe en algunos sectores.

El 6 de junio, en Esquel, se sumó la ocupación de la Delegación Administrativa Región III del Ministerio de Educación por parte de las y los auxiliares de la educación agremiados en ATE. La toma se realizó en el marco del inicio del paro de 72 horas dispuesto por el sindicato y en demanda de pase a planta permanente de 300 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan como monotributistas.

El 8 de junio, en la misma ciudad, trabajadores de la Corporación de Fomento (CORFO) de Chubut, afiliados a ATE, ocuparon el edificio de esa entidad. A ese local también se acercaron solidariamente los trabajadores del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) y de la Subsecretaría de Bosques de la provincia. Además, en horas de la noche se realizó una marcha de antorchas “en defensa de la Educación Pública”. Asimismo, en la pequeña localidad de Río Senguer, dos escuelas realizaban acciones de movilización que empalmaban con los reclamos de la educación pública provincial. A estos acontecimientos de la jornada, hay que sumar las movilizaciones de docentes y trabajadores de la Cooperativa de Luz y Fuerza que se produjeron en Camarones.

Vale agregar que, en lo que va del mes de junio, también se efectuaron ocupaciones de delegaciones provinciales en el paraje Las Golondrinas (en las inmediaciones de Lago Puelo) y Sarmiento.

El silencio no es salud

Los trabajadores y las trabajadoras de la salud provincial desde hace tres meses están con retención de tareas y también se adhirieron al paro, aunque mantienen la atención de urgencia y los servicios de emergencias. Denuncian el vaciamiento de la salud pública y reclaman falta de medicamentos e insumos en los hospitales, precarización laboral e incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. A esto se añade la suspensión del Servicio de Obra Social (SEROS) de la provincia.

El 4 de junio, las y los trabajadores de los hospitales de Esquel, Trevelin y de la región cordillera aledaña decidieron, en el marco de la Asamblea Interhospitalaria del Noroeste de Chubut, la ocupación del edifico de Área Programática de Esquel, dependiente del Ministerio de Salud provincial.

El silencio de los principales medios de comunicación de la Argentina ha llevado a un relativo ocultamiento del conflicto de Chubut durante varios días. Lejos de una omisión casual, el silencio trata de encubrir los efectos sociales devastadores del ajuste del gobierno nacional y la complicidad de las administraciones provinciales. Un sigilo poco saludable y beneficioso para otros negocios que quieren hacer pie en la provincia.

Las fauces de la megaminería

Ante la crisis económica, las ofertas laborales prometidas por la megaminería buscan presentarse como una salida posible y aceptable, intentando dar vuelta el rechazo popular que mediante plebiscito le impuso la población cordillerana chubutense en 2003. Recordemos que, en marzo de ese año, el “No a la mina” concentró en Esquel el 81% de los votos, obteniéndose resultados similares en consultas populares realizadas en Trevelin, Lago Puelo y Epuyén. Dos meses más tarde, la Ley provincial N° 5001 concretó la prohibición de la actividad minera a cielo abierto y con uso de cianuro en toda la provincia.

No obstante, la población de la Meseta Central Norte provincial padecen el asedio permanente de representantes de las empresas megamineras. Así lo denunció el sacerdote Antonio Sánchez, en diálogo radial con Kalewche FM, quien sostuvo que ocho intendentes de diferentes localidades promocionan actividades mineras en torno a los yacimientos de plata, plomo y uranio.

Asimismo, otros sujetos -vinculados a la Asociación Sindical de Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera en la Argentina (ASIJEMIN)- solicitan a la población de Paso de Indios, Paso del Sapo, Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada, Las Plumas y Telsen que acerquen sus currículums, prometiendo empleo en localidades con falta de políticas públicas y empobrecidas por el ajuste provincial y nacional. En paralelo, en la ciudad de Trelew, se realizó por estos días una conferencia a favor de la actividad minera promovida por la empresa Pan American Silver.

Frente al reflote de la alternativa minera por parte de los intereses corporativos y de dirigentes políticos asociados, la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCH) produjeron un manual que propone difundir las implicancias de la megaminería. El material conjuga el aprendizaje popular con argumentos científicos y datos provenientes de fuentes probadas y válidas. La resistencia se mantiene despierta.

Unidad de las y los trabajadores

El 7 de junio, la oferta brindada por el gobierno provincial -centrada en un aumento salarial exiguo y escalonado- a la Mesa de Unidad Sindical (MUS) de Chubut no fue aceptada y el paro provincial se extenderá toda la próxima semana. El ministro Coordinador, Marcial Paz, solicitó a los gremios negociar abandonando las medidas de fuerza.

La MUS está compuesta por el Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales de Chubut (SITRAVICH), el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la ATE, el Sindicato Único de Administraciones Portuarias (SUTAP), la ATECH, el Sindicato de Auxiliares de la Educación de Chubut (SADECH), Asociación Personal del Instituto de Seguridad Social y Seguros (APISSYS), el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), y la Asociación del Personal Legislativo (APEL). Además, está representada por los niveles provinciales de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de los Trabajadores, y la CTA Autónoma.

Sin embargo, las bases autoconvocadas, el apoyo de comerciantes, padres de estudiantes, y el mecanismo decisorio de las asambleas están imprimiendo de dinamismo y combatividad a la dirección de la lucha provincial. Soportando el frío gélido, Chubut arde por su futuro.

* Profesor de la carrera de Relaciones Internacionales e Integración de la Universidade Federal de Integração Latino-Americana (UNILA), Brasil/Investigador del Grupo Interdisciplinar sobre Capitais Transnacionais, Estado, Classes Dominantes e Conflitividade na América Latina e Caribe (GIEPTALC)/Director del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), Argentina.

Notas relacionadas: Chubut: docentes enfrentan al frio gobierno provincial

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Por Daniela Valla.  La cronista comparte su experiencia tras conocer a las distintas Asambleas Ambientalistas de Vecinos y Vecinas ubicadas en la Cordillera a la altura de Catamarca. En esta entrega, la lucha de la Asamblea de Fiambalá y la importancia de su continuidad.

Nicolasa y Cacho viven hace tiempo en Fiambalá, un pueblo de Catamarca pegadito a la Cordillera. Unas cuantas banderas en la entrada de su casa llaman la atención de quienes caminan por esa calle. “Si a la vida, no a la minería” “Fiambalá Despierta”, dicen. Así es que nos acercamos, curiosas de saber de qué se trataba, de conocer que estaba pasando. Nos reciben, cálidos, con unos mates y nos cuentan un poco la historia: vienen luchando hace 10 años, desde 2007.

No son los únicos en el territorio, también se encuentran la Asamblea El Algarrobo, en Andalgalá; la Asamblea El Chañar, en Belén; la Asamblea Yokavil, en Santa María; las y loss Autoconvocados por la Vida, en Tinogasta; lxs Vecinos de Londres, en Belén; las y los Vecinos de Anquincila, en Ancasti; y el Colectivo Sumaj Kausay, en San Fernando del Valle de Catamarca; todas estas organizaciones en lucha y resistencia contra las mineras que se han instalado o proyectan hacerlo en tierras catamarqueñas.

Nicolasa y Cacho nos cuentan que hace unos años, en el pueblo de Tinogasta quisieron instalar una mina de Uranio y las y los vecinos organizaron un corte de calle, fueron reprimidos con balazos de goma por parte de la policía pero lograron hacer oír su voz e impedir la instalación de la mina. A su vez, en Andalgalá funciona desde 1997 “La Alumbrera”, una mina a cielo abierto de donde se extrae oro y cobre. Allí, desde la Asamblea el Algarrobo se viene denunciando y exigiendo el cierre de la mina, la cual no ha beneficiado al pueblo pero si le ha dejado la contaminación, provocando serios problemas ambientales y de salud.

Ahora, en Fiambalá quieren instalar una mina cerca del Pissis, segundo volcán más alto de la tierra, donde encontraron Litio en las lagunas y salares de altura. El proyecto se llama “Tres Quebrada” (3Q) y la exploración la realiza la empresa Liex S.A, aprobada por el Gobierno de Catamarca, sin licencia social para este proyecto, dado que no se realizó la debida audiencia pública en relación al mismo. Por lo tanto, las y los vecinos están organizándose para denunciar dicha situación e impedir la instalación de la mina.

Fiambalá no dice “no a la minería”, sino que plantea que la mina la tienen que trabajar las personas que viven en esas tierras, buscando maneras de extraer y tratar los minerales de forma no intensiva, sin agotar el agua y ni contaminar a los pueblos. Afirman que las vecinas y los vecinos tienen que aprender el trabajo y que el recurso es de ellxs.

También, denuncian el accionar de las empresas mineras quienes suelen pagar las regalías al Estado por la extracción de un mineral y se llevan diversos, fuera del país. Saquean la tierra. El pueblo nunca resulta beneficiado. Hay sospechas sobre la “compra” de delegados (los intendentes de los pueblos chicos) para que les digan a las personas del pueblo que la mina es buena, que no contamina y que va a generar trabajo. Prometen, de esta forma, puestos de trabajo pero contratan personas de otros lugares. Ni siquiera consumen mercadería del pueblo. Tienen sus propias proveedurías en las minas. Lo que si dejan es la contaminación.

En las minas metalíferas a cielo abierto, construyen “diques de contención” donde depositan los residuos tóxicos y químicos. Sin embargo, eso se filtra por la tierra y llega a las napas, contaminando el agua. En el caso de la extracción de litio de salares, contaminan las napas de agua dulce por las profundas perforaciones que realizan para bombear la salmuera que contiene el litio; a su vez, se evaporan millones de litros de agua a la atmósfera en las piletas de evaporación. De la cordillera es de donde llega el agua al pueblo. En el caso del proyecto “Tres Quebradas” pretenden extraer litio de un bello lugar de la cordillera, hay lagunas de hermosos colores que forman parte de un Sitio Ramsar protegido internacionalmente.

Por otra parte, el litio es toxico, los trabajadores de las minas deben tener protección en sus ropas y no deben llevar las prendas a lavar a sus hogares porque las partículas toxicas viajan en la ropa de la gente que trabaja en la mina hasta el pueblo y enferman a las personas con las que están en contacto aunque estas no trabajen en la mina. Este mineral, además de ser utilizado para la fabricación de baterías para aparatos electrónicos, es usado como medicamento para tratar desórdenes mentales, por lo cual, se han efectuado varios estudios sobre sus efectos y toxicidad en el cuerpo humano. Según el Centro Medico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, donde se estudian sus efectos terapéuticos, se señala como síntomas de intoxicación graves: problemas gástricos, como diarrea, vómito, náuseas; daños en la coordinación de manos y piernas, temblores musculares y oculares, mala pronunciación, problemas de memoria. El cuerpo trata de procesar el metal, lo que provoca fallas renales, pérdida de sales corporales y una posible tendencia a la sicosis, por esa misma causa.

Por eso, las vecinas y los vecinos se organizan. Y dicen “Fiambala.. Despierta!”, apostando a visibilizar, informar, construir conciencia en otras vecinas y vecinos del pueblo, y luchando contra la instalación de la mina en el Volcan Pissis, reclamando la soberanía sobre sus territorios, sus recursos, su vida y la de sus pueblos.

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Entrevista a Tamara Perelmuter, miembro de la Multisectorial “No a la ley Monsanto de semillas”, sobre el debate para modificar la Ley de semillas en la Comisión de Agricultura de Diputados.

-Este debate comenzó con la realización de una jornada de carácter informativo, en la cual expusieron un representante del Ministerio de Agroindustria que presentó el proyecto oficialista, integrantes del INTA, la Asociación de semilleros argentinos, la Sociedad Rural y la CRA. Continúa con la intervención de diversas organizaciones entre las que se encuentra tu Multisectorial. ¿Qué van a plantear allí?

-El planteo es el mismo que venimos haciendo en todas las intervenciones que tuvimos como Multisectorial. En primer lugar y en relación concretamente al debate actual, pedimos a través de Mesa de entrada en el Congreso que dado que es un tema muy relevante, porque tiene que ver con la discusión de las semillas que son el primer eslabón de la cadena alimentaria, nos parece que es un debate que no puede darse a puertas cerradas en el Congreso y mucho menos solo en la Comisión de Agricultura. Por lo tanto, estamos pidiendo en primer lugar la realización de audiencias públicas, que no se están realizando porque las jornadas informativas no son lo que se entiende como tales. Lo que pedimos es que se respete la Ley de medio ambiente que contempla la realización de audiencias públicas para la sanción de leyes que tienen que ver con ese tema.

Nosotros entendemos que el debate de semillas debería estar dándose también en la Comisión de medio ambiente. Por eso pedimos la realización de audiencias públicas que contemplen todas las aristas del debate y no solo una discusión de renta, que es lo que se está dando. Además, que participen todos los actores que se sientan involucrados con el debate.

En segundo lugar, pedimos que dado que es un tema que tiene impacto directo en las comunidades indígenas y campesinas, se respete el artículo 69º de la OIT que dice que cuando haya algún tipo de política que afecte a las comunidades se realice una consulta previa.

-No por casualidad se llaman “Multisectorial no a la ley Monsanto de semillas”.

-En primer lugar nuestro planteo tiene que ver con una posición más metodológica en cuanto hacia donde se está llevando el debate. Ahora, en segundo lugar, nosotros tenemos una definición que tiene que ver con que la Ley actual no se modifique, por lo tanto, nuestra intervención va a tener que ver con especificar los puntos que para nosotros son problemáticos tanto de la ley existente, porque no creemos que sea buena per se porque privatiza a las semillas, pero todavía tiene algunas grietas por las cuales se pueden intercambiar semillas de manera libre que es el pedido que tenemos respecto a este tema. La modificación de la ley, sobre todo en los términos en los que esta propuesta, enmarcado en un debate general de los agronegocios, avanza mucho más en la mercantilización de las semillas, y fundamentalmente las transgénicas. Lo que vamos a hacer es justificar cuáles son los puntos que hacen que hoy digamos no a la ley Monsanto de semillas.

Guardar semillas para sembrar es una práctica milenaria

-¿Podés señalar algunos de esos cuestionamientos?

-En primer lugar en relación al punto nodal del debate, que es la discusión del uso propio que tiene que ver con la posibilidad que tienen los productores de guardar parte de sus semillas para volverlas a sembrar sin tener que pagar regalías por eso, a nosotros nos parece que es una práctica milenaria que es constitutiva al ser productor-agricultor, que siempre los agricultores han llevado adelante esta práctica y creemos que esto se tiene que entender como un derecho y no como una excepción como se está intentando plantear en la ley.

Para nosotros la discusión del uso propio es irrenunciable en tanto es un derecho constitutivo de la cultura de los agricultores. Los principales perjudicados son los productores que tienen que ver con otro tipo de producción que no es la hegemónica, que es la campesina, indígena, la familiar donde esta práctica es constitutiva.

Por otro lado, nos parece que la contracara de este debate es el aumento en la criminalización de los productores y, por lo tanto, las sanciones y la penalización, porque la creación de registros y de marca un límite entre la ilegalidad y la legalidad, entonces empieza a poner a todos los productores que hacen uso propio de sus semillas como ilegales, como piratas. Nos parece inadmisible, hay ejemplos varios, tanto en América Latina como en el mundo de qué implica aumentar el poder de policía, los controles y, por lo tanto, aumentar la criminalización de los productores.

-¿Qué expectativa tienen en cuanto a que se logre algún tipo de modificación al respecto?

-El debate sigue trabado, en la sesión del martes 15 de noviembre hubo posturas muy fuertes y encontradas de las entidades que representan las empresas y las entidades que representan a los productores, sobre todo las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que fue muy dura con las empresas. Todo indica que este año el debate está trabado.

-De hecho no ha pasado a sesiones extraordinarias.

-No, y entendemos que no da el tiempo para que esto pase, dado que debería tener dictamen de comisión y ni siquiera hay planteada una reunión. Todo indica que este año se va a terminar sin definir la nueva ley lo que a nosotros nos da tiempo para seguir construyendo nuestros argumentos y seguir sumando voluntades. De todas maneras, la decisión del gobierno es muy fuerte en la definición de que si no es este año será el que viene. Hay casi unanimidad entre la mayoría de los actores de modificar la ley, de una u otra forma, todos los proyectos apuntan a una voluntad de modificar la ley.

Para nosotros no está dicha la última palabra, hay ejemplos varios en América Latina donde se lograron revertir estos procesos, además venimos de la experiencia de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba donde lograron que Monsanto se retire. Nosotros vamos a seguir dando debate y pelea hasta último momento. También entendemos que las semillas son el corazón del modelo de los agronegocios y por eso es importante estar ahí e insistir en que esta ley no pase.

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La compañía alemana Bayer compró a la estadounidense Monsanto en US$ 66.000 millones. La concentración capitalista alcanza niveles superlativos: Ahora, el mercado de agroinsumos pasó a estar concentrado en 4 compañías gigantes (Bayer, BASF, DowDuPont y Syngenta).

Dinámica concentradora

La dinámica concentradora creciente en los sectores de agroquímicos, biotecnología y semillas, con un acentuado desplazamiento del capital entre sectores, se ha expresado en diferentes oleadas a partir de la década de 1970. Alianzas, fusiones y adquisiciones otorgaron a las compañías líderes de insumos agropecuarios y biotecnología el papel de oferentes de paquetes tecnológicos completos estableciendo fuertes ligazones entre la industria alimentaria, química y farmacéutica.

En el año 2001, un conjunto de 7 corporaciones transnacionales reunía el 80% de las ventas de las principales 20 compañías de agroquímicos y semillas a nivel mundial. Con la adquisición de Adventis por Bayer ese mismo año, el número de líderes que concentraba similar tamaño del mercado se redujo a 6 (Bayer, Dow, Monsanto, DuPont, BASF y Syngenta). En 2003, estas compañías facturaron aproximadamente un total de US$ 31.000 millones en el rubro de agroinsumos, lo cual constituía por entonces el 51% del mercado global.

Monsanto en un vistazo

Originariamente orientada en el rubro de endulzantes para la industria alimenticia, Monsanto pasó en la década de 1920 a especializarse en la industrialización de productos químicos. A partir de 1980 comenzó a avanzar en la producción de agroinsumos. La empresa descubrió la propiedad herbicida del glifosato, creando su marca comercial Roundup (utilizado para el cultivo de la soja transgénica) y la genética vegetal resistente al glifosato (Roundup Ready). En 1997 adquirió Holden Seeds, empresa estadounidense especializada en semillas de maíz y la marca de semillas Asgrow (por entonces de la mexicana Seminis). En 1998, compró Dekalb, sumó el negocio de semillas de Cargill en Europa, América Central, Sudamérica, Asia y África, adquirió Delta & Pine Land especializada en semillas de algodón e incorporó la división europea de desarrollo de cultivos de trigo de Unilever. En 2005 compró la semillera Seminis. En 2015, su balance anual a nivel mundial alcanzaba ventas por U$S 15.000 millones con US$ 2.300 millones de ganancias.

Esta compañía arribó a la Argentina en 1956. En 1997 adquirió Chemotécnica Sintyal y luego formó la empresa Genética Mandiyú -junto a Delta & Pine Land y CIAGRO– para la venta de semillas de algodón BT (resistentes a insectos). La firma también desarrolló un joint venture con Cargill denominado Renessen para la producción y comercialización de maíces denominados “alto valor”. Además, mantuvo participación en el semillero Seminium.

De todas formas, el principal mercado de Monsanto continuó siendo el estadounidense, seguido de los negocios de la empresa en Brasil. La facturación en la Argentina, con un 7% de las ventas globales de la compañía, se ubicó en tercer lugar. En el mercado local, Monsanto ocupó en los últimos años el primer lugar entre los fabricantes de agroinsumos con ventas por US$ 1.246 millones en 2013 y US$ 1.270 millones en 2014. En 2015, sólo en el sector agroquímicos facturó US$ 377 millones, con un 15% de las ventas del sector.

Si es Bayer, te compra

En 2002, luego de la compra de Adventis, se organizó Bayer CropScience, como sociedad jurídica independiente dedicada a la producción y desarrollo de fitosanitarios y semillas agrícolas. Con esta adquisición, el grupo Bayer pasó a facturar unos US$ 48.000 millones anuales a nivel mundial, incluyendo todo los rubros.

En 2006, Bayer Innovation GmbH, una filial del Grupo Bayer para el desarrollo de nuevas áreas de negocio, adquirió la empresa de biotecnología Icon Genetics AG. Esta área se potenció aún más en 2009, cuando Bayer CropScience compró la compañía de biotecnología Athenix Corp.

En 2014, Bayer incorporó la compañía de biotecnología noruega Algeta, la farmacéutica estadounidense Merck, Dihon Pharmaceutical Group en China y los activos de gestión de suelos de DuPont en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y México. En 2015, la facturación mundial de Bayer superó los US$ 54.000 millones.

En la Argentina, las ventas de Bayer Argentina ascendieron a US$ 793 millones en 2014. En 2015, en el rubro agroquímicos, Bayer realizó ventas a nivel local por US$ 208 millones, posicionándose en cuarto lugar por detrás de Syngenta y Dow.

Avanzando juntos en la disputa global

La competencia entre capitalistas marca una tendencia a la concentración de la producción y centralización del capital (y viceversa). Esta concentración se vincula con las ventajas de la obtención de mayores porciones del mercado y la producción en gran escala, consiguiendo elevar los niveles de la reproducción ampliada y la acumulación de capital. La competencia internacional lleva a la lucha entre oligopolios capitalistas sostenidos por los Estados de las principales potencias económicas mundiales.

Ahora, el mercado de agroinsumos pasó a estar concentrado en 4 compañías gigantes (Bayer, BASF, DowDuPont y Syngenta). Mientras Bayer y Monsanto se muestran bajo la consigna “Advancing together”, las estadounidenses Dow y DuPont ya habían acordado su proceso de fusión en diciembre de 2015. Por su parte, los capitales chinos hicieron recientemente un ingreso resonante al mercado: en 2014 el holding estatal COFCO adquirió el 51% del paquete accionario de la transnacional cerealera y de agroinsumos NIDERA (a lo que se agrega la compra reciente de Noble) y, en febrero de 2016, Syngenta, la colosal empresa anglo-suiza, fue comprada por ChemChina.

Esta presencia concentrada en el mercado global de agroquímicos y semillas transgénicas registrada en las últimas décadas arroja resultados negativos para el mundo, comenzando por la dependencia de los agricultores hacia las compañías y la acentuación de todo el proceso de crisis y quiebra de la pequeña producción rural. Además, estas colosales empresas mantienen estrechos vínculos con los Estados de las potencias de origen y su industria militar. Bastante conocido es el papel desempeñado por Monsanto y Dow en la creación de agentes químicos para la guerra de Vietnam. Por otra parte, puede registrarse el papel de los grandes bancos en este proceso. Como ejemplo, basta mencionar que el Bank of American Corporation Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan contribuirán a la financiación de la compra de Monsanto con unos US$ 57.000 millones.

Todo lo cual hace reflexionar sobre la nocividad de los cultivos genéticamente modificados y los agroquímicos para la salud humana: no se trata de las consecuencias de la biotecnología y la agricultura transgénica sino de las derivaciones del capitalismo en su fase imperialista. En ese sentido, la voracidad de estas gigantescas empresas está asociada a su necesidad siempre creciente de asegurar ganancias y el límite está en la conveniencia del negocio. Lo mismo si es Monsanto, Bayer o cualquiera de los otros jugadores.

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Hoy, desde las 14 horas, organizaciones convocadas en la Multisectorial contra la Ley de Semillas, se concentrarán en el Ministerio de Agroindustria de la Nación para denunciar que el proyecto de ley de semillas anunciado por el ministro Ricardo Buryaile corresponde a un nuevo retroceso para la Soberanía Alimentaria en nuestro país. Carlos Vicente* es integrante de GRAIN, organización internacional que apoya a los movimientos campesinos en sus sistemas alimentarios, y es una de las personas más capacitadas para poder entender que puede pasar con la ley de semillas.

En la entrevista explicó todo lo que significaría que esta ley sea promulgada por el Congreso de la Nación. Patentar las semillas y patentar la vida. La propiedad intelectual de las semillas. El rol de los movimientos campesinos y la Secretaria de Agricultura Familiar en la gestión Kirchnerista y lo que pasa hoy con “Cambiemos”. El riesgo de formar parte de la Alianza del Pacifico. El mercado de las semillas y las multinacionales.

¿Cómo es el manejo del mercado de semillas?

Las leyes de semillas no son más que una faceta del control de las semillas por las corporaciones. En hechos concretos, en las últimas dos décadas, ocurrió una gran concentración del mercado, con lo cual hoy seis empresas (Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, Dow y Basf) controlan el 60 % del marcado de semillas en el mundo. El futuro más cercano marca que de las seis van a quedar tres porque está habiendo fusiones. Por ejemplo, Syngenta estaba por ser comprado por Monsanto pero se rechazó la compra; ChemChina –de las grandes empresas químicas del estado Chino– compro Syngenta y Bayer le está ofreciendo más de 60 mil millones de dólares para quedarse con Monsanto y están en plena negociación. En el siglo xx la humanidad perdió casi el 75 % de las semillas agrícolas que desarrollamos por diez mil años. Las semillas son todas campesinas.

El maíz es una creación de los pueblos originarios de mesoamerica, no existe un maíz silvestre, no es que lo adaptaron. Las mujeres de un pastito que se llama Teocintle crearon el maíz. Ninguna semilla que produzca una multinacional tiene un origen que no sea campesino, ninguna empresa invento una semilla agrícola: las tomaron y las homogeneizaron y las registraron. En el siglo XX a causa de este modelo industrial se perdió la tres cuarta parte de las semillas. La situación a nivel global es muy crítica: hay un contexto de control corporativo y en pocas manos y el derecho de propiedad intelectual juega un rol clave dentro de este dominio corporativo

¿Cómo entendemos la propiedad intelectual de las semillas?

En los diez mil años de agricultura a nadie se le ocurrió nunca decir esta semilla es monopolio mío. Las empresas familiares hasta los años 60 producían las semillas, las vendían y la multiplicaban. Vendían lo que producían.

Hace unos 60 años las corporaciones, de la mano de la revolución verde y este proceso de industrialización de la agricultura, deciden que las semillas campesinas son poco productivas y construyen un discurso alrededor de las semillas y dicen que van a producir semillas mejoradas e inventan el derecho de obtentor. Así como está el derecho de autor para que el que registra una canción o un libro, ellos crean el derecho de obtentor y le dan forma a través de las leyes de semillas que establecen que alguien que obtiene las semillas “mejoradas” es alguien que obtuvo esa semilla, se desconoce los diez mil años de historia de esa semilla por un cambio que le introducen para hacerla diferente al resto. Al demostrar que es diferente, homogénea, estable y que no se haya visto antes, –algo que es relativo porque esa semilla se trajo de algún pueblo originario de la puna y ese indígena no la registró seguramente–, se le otorga por ley el monopolio sobre la semilla. Esa persona la registra como propia, empieza a producir y cualquiera que quisiera utilizar esa semilla se la tendrían que comprar a él exclusivamente y pegarle regalías por esa semilla.

El comprador de esa semilla no puede comercializarla ni compartirla ni entregarla a otro porque fue comprada con derecho de obtentor. Basado en la ley de semillas que tenemos que es de 1973 podemos guardar semillas, pero no podemos regárselas a un vecino porque estas cometiendo un delito. La ley impide el intercambio, el regalo y la venta de la semilla. Esto es monstruoso.

¿Qué es UPOV y que significa para esta ley?

La Unión Para la Protección de Obtenciones Vegetales, depende de Naciones Unidas dentro de las instituciones de propiedad intelectual y crea las normas para que se apliquen en los países. Crearon primero una norma que se llama UPOV 78 que está basada más que nada en el derecho de obtentor de la ley argentina y da un monopolio de 15 años sobre esa semilla, no es una patente. Con la presión de las corporaciones y de Estados Unidos las normas creadas por UPOV fueron cada vez más restrictivas, en el 91 se creó UPOV 91 que fue mucho más restrictiva, desde ahí no se permite guardar más semillas. Si compre semilla de maíz y la quiero volver a sembrar tengo que pedir autorización a quien me la vendió o pagarle sus regalías.

Las leyes de semillas nuevas estaban basadas todas en UPOV 91, el proyecto que se viene en breve del Ministro de Agricultura Buryarle estará seguramente basada en UPOV 91. La intención de UPOV es entregar el control completo de las semillas a las corporaciones, dos de las cosas que señala: por un lado, abre las puertas para que toda nuestra biodiversidad tenga derecho de obtentor, compras la semilla que descubriste, la registras y tenes el monopolio de esa semilla –esto en general lo hacen las empresas–. Lo otro es la fuerte penalización, al infringir la ley de regalar el maíz a tu vecino te pueden juzgar penalmente. Al vecino le puede caer la empresa con fuerzas privadas y decomisarle las semillas y hasta detenerlo inclusive, es una locura total. En España actualmente hay nueve agricultores que siembran trigo que están siendo perseguidos judicialmente y penalmente porque están usando semillas de trigo que tenían certificado.

¿Cómo es en Argentina el control de las semillas?

En Argentina es muy difícil el control, acá hay un ejemplo como el de la bolsa blanca que es el principal mercado ilegal de semillas con la soja transgénica. Esta soja, con Monsanto a la cabeza, permitió que esto circule por conveniencia propia y se vendió ilegalmente a Paraguay, de 1996 al 2003. Los primeros siete años Monsanto dejó a la libre circulación. Se llama bolsa blanca porque no tiene etiqueta. La introducción de esta soja fue ilegal en Brasil y en Paraguay luego la introducción de la siembra masiva fue legalizada en ambos países y se siembra legalmente los transgénicos. Ahí aparece Monsanto para cobrar las regalías.

En el 2012 Cristina Fernández de Kirchner en el Consejo de las Américas informa que tras un acuerdo con Monsanto lograron que esta empresa vuelva a invertir en la Argentina y que se fuera a construir la planta de Malvinas Argentinas.En agosto del 2012 se anuncia la aprobación de la nueva soja intacta. A su vez también se hace la promesa a la multinacional de que se modificaría la ley de semillas antes de fin de año. La intención estaba en tener una penalización del uso propio y la persecución de los productores sojeros, abriendo las puertas al control de toda la biodiversidad de la Argentina.

¿Cuál fue el rol de los movimientos campesinos y la Secretaria de Agricultura Familiar en la gestión del kirchnerismo?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la gestión anterior se iba a promulgar la misma ley de terror que se quiere promulgar ahora o que quieren intentar. Siempre el Ministerio de agricultura fue el del agronegocio. La secretaria de Agricultura Familiar, como lo fue el Ministerio de desarrollo Agrario en Brasil es parte de las luchas de las organizaciones campesinas por tener un reconocimiento a sus luchas y un apoyo presente del Estado. El Gobierno de turno sea el kirchenerismo o el macrismo hay un estado nacional que tiene una responsabilidad.

Uno de los grandes errores de Pérsico (Secretario de Agricultura Familiar) fue decir en ese momento que había que buscar la compatibilidad de la agricultura familiar con el monocultivo industrial. Como postura ideológica es irreal, no existe forma de compatibilizarlo. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) siguió su lucha en los territorios, tuvo muertos en 2012, 2013 y 2014 y sigue sufriendo los embates de la empresa Manaos hasta el día de hoy. Todos los días en el campo se expulsan campesinos a causa del avance del agronegocio. Fue un error gravísimo no plantear las cosas sin frenar el avance del monocultivo.

Con el tema de la ley de semillas Pérsico marcó su oposición a la ley y esto fue un factor importante. La ley no la paramos solo en la calle, hubo muchas actividades públicas pero también hubo conflictos de intereses dentro del Ministerio de Agricultura para que la ley no salga. En la actualidad, en el Ministerio de Agroindustria están todos a favor de esta ley.

¿Cómo se organizan hoy los movimientos campesinos y las organizaciones ambientales ante el avance de la ley?

Como primer paso es un planteo para que el Ministerio de Agricultura antes de hacer algún envío al Congreso haga pública la ley y se ponga a debate público y además no es un debate con los campesinos e indígenas es una cuestión de toda la ciudadanía. El control de la semilla es el control del sistema alimentario.

Hay muchos sectores del massismo, del Frente Para la Victoria y del PJ que seguramente van a apoyar el proyecto. El massismo, el Presidente de la comisión de agricultura, Alegre, presentó un proyecto de ley que repite el UPOP 91.

En los 90 a partir del invento de los transgénicos, además del control tecnológico de las semillas transgénicas significó que las empresas comenzaran a pedir patentes de estas. Se empezó a avanzar por el derecho de obtentor y por las patentes de las semillas. Es un proceso interesante, Monsanto en el 95 pide la patente y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual se lo denegó. Monsanto apelo y en diciembre del último año se le rechazó el pedido patente y una vez más Monsanto apeló y actualmente el pedido está en la Corte Suprema de Justicia que decidirá si Monsanto puede o no tener la patente de la soja transgénica.

Con Fernando Cabaleiro de “Naturaleza de Derechos” estamos trabando para presentarnos en la justicia pidiendo ser amigos del tribunal (Amicus Curiae) en el cual aportamos con todas las organizaciones que quieran argumentos a favor de que no se le otorgue la patente a Monsanto y es histórico si lo permiten porque podríamos evitar que la vida sea patentada.

Hoy están las corporaciones produciendo alimentos orgánicos y varias de las semilleras mundiales tienen, en muchos países, abierta la venta de semillas orgánicas donde las venden. El planteo de la agroecología es justamente por delante de lo orgánico: no es solo producir sin químicos sino también producir en contacto con el ecosistema, en un mercado de comercio justo ir recreando un sistema distinto de producción y comercialización. Por ejemplo la organización CLOC Vía Campesina adopta hace muchos años una política para ellos de producción agroecológica de base campesina. Partiendo de los conocimientos de los propios campesinos.

¿Qué rol juegan los Tratados de Libre Comercio hoy en la política argentina?

Argentina en los últimos dos meses ingresa como observador de la Alianza del Pacifico integrada por México, Colombia, Perú y Chile. La Alianza del Pacifico definió, la semana pasada, un trámite abreviado de patentes lo que significa que si una corporación tiene una patente en un país y hace un trámite acelerado en una oficina del mismo, sin demasiados tramites se aplican en los cuatro países. Si Argentina ingresa en la Alianza del pacifico y se rechazara la soja de Monsanto al estar dentro de la Alianza y se le diera la patente en México solo con un trámite estaríamos obligados a aceptarla.

*Forma parte del Consejo Editorial de Biodiversidad, sustento y culturas. Es miembro del grupo argentino Acción por la Biodiversidad y su página electrónica www.biodiversidadla.org.

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El próximo sábado 30 de julio a las 10:00 en la Estación de tren de Tigre la Red De Organizaciones Y Vecinos De La Cuenca Del Rio Lujan Y Delta Del Parana, lanzará la campaña #MasHumedalesMenosInundados. Contarán con el apoyo de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Rodolfo Livingston, Pablo Echarri y Benito Fernández, entre otras personalidades, asambleas de vecinos y organizaciones ambientales.

“Los humedales y planicies de inundación prestan valiosísimos servicios ambientales como la atenuación y regulación de crecidas, la recarga de acuíferos, la purificación de aguas, la liberación de oxígeno y la fijación de carbono; más de 17 millones de personas de CABA y Provincia de Buenos Aires nos abastecemos del agua potable proveniente de los humedales, y nos beneficiamos de los demás servicios que nos proveen.

Es imperioso que se respete la Ley vigente así como los Derechos Humanos fundamentales reconocidos y se brinde una protección definitiva de estos ambientes naturales; y se implemente inmediatamente un plan de remediación para recuperar dichos ecosistemas, bienes del dominio público natural de toda la sociedad y de las generaciones futuras, acorde lo establece el Art. 41 de la Constitución Nacional.

Por lo tanto, exigimos que el Estado Nacional, el Provincial y los Municipios respeten el marco jurídico vigente y se abstengan de autorizar emprendimientos que no lo cumplan y que de una vez por todas se fijen las líneas de ribera que establecen el límite del dominio privado del dominio público, avasallado una y otra vez por estas urbanizaciones privadas ante la ceguera de los funcionarios.

Hemos asistido en estos últimos años a un agravamiento evidente de las inundaciones en numerosas localidades debido principalmente, entre otras causas, a la ocupación y al relleno que estos emprendimientos realizan en zonas naturalmente inundables”.

Así comienza el pronunciamiento de la RED DE ORGANIZACIONES Y VECINOS DE LA CUENCA DEL RIO LUJAN Y DELTA DEL PARANA, que también lo hacen contra el “proceso de desarrollo urbano guiado por los intereses de inversores inmobiliarios y no en función de las necesidades de toda la comunidad” y el arrasamiento de numerosos sitios arqueológicos ancestrales que se localizan en la región.

Por último, exigen “la detención definitiva de los emprendimientos sobre Humedales y las urbanizaciones cerradas sobre toda la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná y en particular en las islas de las tres secciones del delta bonaerense”.

Una Ley detenida en la Cámara de Senadores de la Nación

Asimismo, Graciela Capodoglio, de la ONG Patrimonio Natural, de Pilar, cuestionó duramente la demora en el tratamiento de la Ley de Presupuestos Mínimos para reforzar la protección de Humedales, que está detenida en la Cámara de Senadores de la Nación, y apuntó contra el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, quien anunció que pondrá en marcha el Inventario Nacional de Humedales. “Bergman no puede hacer lo que le dé la gana. No parece serio que la Nación decida hacer un inventario sin una Ley de humedales, que es la que nos va a garantizar que cualquier relevamiento sea serio”, señaló.

La necesidad de una Ley para proteger humedales es uno de los principales reclamos de varias organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, Vida Silvestre, FARN, entre otras. El año pasado, perdió estado parlamentario un Proyecto de ley que tenía media sanción de Diputados desde 2003. Este año, hay un proyecto discutiéndose en Senadores, que presentaron dos legisladores de la oposición, pero que aún no pudo debatirse porque los parlamentarios de la Comisión de Agricultura no dieron quórum. Mientras tanto, los ambientalistas cuestionan la demora del presidente Mauricio Macri, quien el 2 de febrero pasado anunció que iba a enviar un proyecto al Congreso, que nadie conoce aún.

A pesar de empresarios y funcionarios corruptos, la punta Querandí resiste

El domingo 17 de julio fue una jornada muy provechosa en el territorio comunitario de Punta Querandí, sitio arqueológico, considerado sagrado porque en la zona se hallaron restos arqueológicos de hasta mil años de antigüedad, resguardados por un acampe de la organización Movimiento en Defensa de la Pacha, que los protege del avance de los barrios privados.

Punta Querandí ocupa un predio de una hectárea aproximadamente, en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva. En el lugar no sólo viven familias, sino que además fue declarado Espacio de la Memoria porque allí fue encontrado el cuerpo de la militante del PST Ana María Martínez en 1982, durante la dictadura cívico-militar.

De todos modos, el lugar sigue amenazado por el empresario inmobiliario Jorge O’Reilly, quien insiste con su pretensión de adueñarse de estas tierras ubicadas entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), donde se realizan ceremonias, talleres y actividades recreativas.

Todos los domingos desde hace casi una década, el Movimiento en Defensa de la Pacha se convoca en Punta Querandí para el mantenimiento del espacio y realizar diversas enseñanzas abiertas a todos los vecinos.

En esta ocasión, se concentraron en trasplantar y reforestar para remediar los desmontes llevados a cabo por la empresa EIDICO en su intento por destruir el lugar. Mientras un grupo de personas se dedicaron a trasplantar sauces criollos -uno de los árboles nativos de la región-, otro grupo estuvo abocado a preparar plantines de cactáceas y suculentas.

Recordemos que el reclamo no es sólo la protección de Punta Querandí, también piden la recuperación de todo el material arqueológico excavado por una campaña de rescate pagada por el empresario Jorge O’Reilly durante 10 días en diciembre de 2008. La propuesta es generar un “Museo de sitio” o “Centro de interpretación” en el mismo territorio de donde fueron extraídos.

¡PAREN EL DESMONTE! en Quilmes

La “Asamblea No a la entrega de la costa Quilmes – Avellaneda” convocó el pasado lunes 25 a las 10:00 a concentrarse en “La Casa de la Cultura” para movilizar hacia el Palacio Municipal. Denunciaban y responsabilizaban al Municipio de Quilmes -presidido por Martiniano Molina- y la Subsecretaría de Medio Ambiente por permitir el atroz desmonte realizado el domingo 17 de julio con la destrucción de más de 4.000 metros cuadrados de bosque nativo con árboles centenarios, entre ellos talas, ceibos y curupíes, en un área protegida por la Ley Nacional de bosques nativos 26.331 y por seguir permitiendo el relleno del humedal.

Exigieron: La remediación del área desmontada; una gestión integral de residuos sólidos urbanos para que las áreas de humedales dejen de ser el lugar de disposición final para la basura; la renuncia del secretario de servicios públicos, Oscar Garcia, por ser el responsable directo del desmonte del bosque y relleno del humedal. Asimismo, continuando con la jornada de restauración del bosque nativo del pasado 23 de julio, convocaron a dos jornadas dos nuevas jornadas los domingos 31 de julio a las 10:00 y el 7 de agosto a las 14:00. Se encontrarán en Caseros y Espora/Bajada de Bernal Autopista Bs As-La Plata.

Nota relacionada: ¡Basta de construir sobre humedales!

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El pasado 7 de junio se presentó una demanda ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) propiciada por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, FESPROSA (Federación de profesionales de la salud de la República Argentina), el CEPRONAR (Centro de Protección de la Naturaleza) y el grupo de Madres del Barrio Ituzaingó (línea fundadora), entre otros organismos ambientalistas. Dialogo con Darío Ávila, abogado ambientalista de Córdoba que integró el grupo de presentación ante el SENASA.

Esta demanda se produce en virtud de un pedido ya realizado el 5 de julio del 2015; donde se solicitó al SENASA los estudios de riesgo vinculados a las empresas que distribuyen el agrotóxico productor de cáncer: Glifosato. “Con esta presentación, más la resolución 350 –que es el organismo que autoriza y cancela los agrotóxicos en la Argentina–, solicitamos que se diera lugar a un procedimiento administrativo, llamado procedimiento de análisis de riesgo. Esto consiste en que cuando se afirma que hay evidencias científicas respecto de algunos de los agrotóxicos que hayan sido aprobados ante el SENASA para su uso y comercialización, se pueda demostrar que esos productos impacten en la salud y el ambiente”, así nos explicó el abogado Darío Ávila la presentación ante el SENASA.

Se mostraron en esta demanda más de 500 evidencias de contaminación concreta por parte del Glifosato, lo que debiera obligar a este organismo estatal a revisar las autorizaciones que propiciaron a los dueños de este veneno ambiental que, sin ningún resquemor, caen sobre las escuelas rurales de varias provincias del país.

Advirtió Ávila sobre la responsabilidad del SENASA: “La presentación nuestra tenía como objetivo frenar el uso y la comercialización del Glifosato. En febrero de este año el SENASA rechazó nuestro pedido. En los últimos días hicimos una nueva presentación con nuevos documentos y ahora serán los jueces quienes obliguen al SENASA a llevar adelante ese procedimiento de análisis de riesgo”.

Escuelas fumigadas

Las escuelas fumigadas son uno de los focos más sensibles del agronegocio. La salud de los más pequeños queda expuesta a lo que un productor con mosquito (maquina fumigadora agrícola) o un avión fumigador haga en horas de clase con niños estudiando. “En Entre Ríos salió una imputación, a partir de un hecho que ocurrió en octubre del año 2015 en el cual un propietario sojero de un campo que limita con una escuela rural, llevó a cabo una fumigación en forma aérea en horario de clase. A no más de 50 metros de la escuela”, explicó el letrado.

Las consecuencias: “Varios niños y niñas intoxicados gravemente con vómitos y dolores de cabeza. Una de las docentes de la escuela, Mariela Leiva, denunció esto a la policía y se generó el inicio de una causa penal y, como consecuencia de esta investigación, la semana pasada la Justicia imputó al dueño de ese campo bajo el delito de contaminación ambiental. Es por el mismo delito que en Córdoba se condenó a un propietario y a un productor sojero por un hecho similar, en Córdoba fue por haber fumigado en el barrio Ituzaingó, tuvo relevancia a nivel internacional este fallo”.

Monte maíz

En octubre del pasado año se realizó el 3º congreso de “Médicos de Pueblos Fumigados” donde algunos de los datos más importantes fueron los de la ciudad cordobesa de Monte Maíz, donde el cáncer es la enfermedad más presente entre sus pobladores.

El Doctor Medardo Ávila Vázquez confirmó en dicho Congreso que eran 270 las familias vinculadas al trabajo agrario.

El 3,5% de estas familias tenían más cáncer que todo el resto de la población de Monte Maíz. Desde una mirada agraria es el pueblo con mayor riqueza de la provincia. El trabajo realizado por los médicos de pueblos fumigados detectó que los enfermos de cáncer tenían 30 años promedio, cuando los más afectados deberían ser con edades que vayan de 50 a 60 años.

El 90 % de los casos de cáncer en la provincia de Córdoba son superiores a los 45 años. La mayor diferencia con Monte Maíz es que los jóvenes tienen un 88 % más de posibilidades de contraer esta enfermedad que en Córdoba capital, según advirtió Ávila Vázquez en el Congreso de Pueblos Fumigados.

Un dato extra

El periodista Darío Aranda, un especialista en el tema ambiental y el agronegocio, publicó una nota sobre la dura vida que deben llevar los habitantes de Napenay (Chaco) tras la fuerte presencia del modelo agrícola actual donde los más perjudicados son sus habitantes. “El Foro por la Tierra del Chaco denunció en 2008, en base a censos oficiales que, a mediados de siglo pasado la población rural provincial representaba el 70 por ciento. En 1991 había descendido al 28,5 por ciento. En 2001, sólo el 17 por ciento de la población permanecía en el campo. En 2010 descendió a 12 por ciento. El éxodo tuvo un solo destino: los márgenes de las ciudades”. Este relato también contó la ausencia de un recurso natural indispensable: el agua. “En Napenay no hay agua. En el patio donde transcurre la entrevista se observa una manguera fina, de dos centímetros de diámetro, con un hilo de agua que cae en un tanque mediano a ras del suelo. Tardará horas, quizá todo el día, en llenarse. Es toda el agua que brinda el Municipio mediante una red local”.

Las políticas ambientales de ayer y de hoy

El abogado ambientalista al ser consultado sobre la responsabilidad política de este modelo devastador de agronegocio en que se encuentran sumergidas muchas provincias de nuestro país, aclaró “lamentablemente los antecedentes marcan un modelo extractivista imperante en la Argentina a través de la soja, la megaminería a cielo abierto o el propio fracking, eso va a significar una profundización del modelo que estuvo fuertemente instalado de la gestión anterior. El nuevo gabinete, sus secretarios y ministros vienen, muchos de ellos, como CEOs de las multinacionales. El panorama lejos de modificarse va a seguir profundizándose”.

*Miembro de la Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa y Popular

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Diversas organizaciones sociales y vecinos de todos los municipios asentados sobre la cuenca del Rio Luján, marcharon en caravana desde el Canal de San Fernando hacia el Juzgado Federal No. 1 de San Isidro para detener la construcción de obras sobre los humedales.

La caravana del pasado 18 de Mayo hacia el Juzgado Federal No. 1 de San Isidro, culminó con la entrega de una petición a la Juez Arroyo Salgado, para que dé lugar a la solicitud de “paralización precautoria de toda obra que se lleve a cabo en barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación” del Río Luján y Delta del Paraná, “como así también de los emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquéllos cuyas obras no han iniciado”, petición que fue presentada por el Fiscal Fernando Domínguez en febrero del corriente año.

“A más de tres meses de presentada dicha petición sin que la misma se ponga en práctica, queremos expresar nuestra preocupación a la Sra. Juez ya que las obras y rellenos continúan, aumentando los riesgos de inundación y perdiendo los múltiples beneficios que brindan estas áreas naturales”, sostienen.

Fiscal insiste en frenar la construcción de countries por inundaciones

El 26 de abril, el fiscal federal Fernando Domínguez aportó nuevas pruebas a la jueza Sandra Arroyo Salgado solicitando la paralización precautoria de proyectos privados en la cuenca del Río Luján y el Delta del Paraná. Sostiene que dichas obras provocan graves inundaciones y acusa a los responsables de las mismas de estrago seguido de muerte, dejando el saldo de cuatro víctimas fatales en los últimos dos años, entre ellas un menor de edad, un delito que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Pasaron más de dos meses de la presentación del 17 de febrero pasado, sustentada en el testimonio y aportes de numerosos expertos, pero aún la Jueza Arroyo Salgado no se ha pronunciado. A las sólidas pruebas presentadas a principio de este año, se suman por un lado estudios de la Administración de Parques Nacionales, que sostienen que el proyecto inmobiliario “Puerto Palmas Pueblo Ecológico” amenaza con fragmentar el humedal de la Reserva Otamendi y una ordenanza del Concejo Deliberante de Campana que el 15 de septiembre del 2015 declaró como zona no urbanizable al área de humedales del Río Luján, debido a que las edificaciones potencian las inundaciones y dificultan el normal escurrimiento de las aguas. Además, un informe realizado por la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, donde queda explícito que la presencia de desarrollos inmobiliarios suntuosos genera estrangulamiento y taponamiento en los cauces principales de las cuencas y un pronunciamiento del Defensor del Pueblo de la Nación. También el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) adhirió el pasado 12 de mayo a la solicitud de paralización precautoria de obras sobre humedales.

En su presentación, el fiscal enumera más de 90 barrios privados, countries, clubes y demás emprendimientos que habrían afectado el normal escurrimiento de las aguas, y solicita que se inicie un proceso de investigación a fin de ampliar y actualizar dicha lista para poder avanzar en una investigación más detallada de las responsabilidades penales. Asimismo, la fiscalía sostiene que este accionar sólo fue posible con complicidad, por acción u omisión, en los tres niveles del Estado, y por ello introduce en su denuncia la figura de incumplimiento de funciones públicas.

Vecinos del Dique, La Ñata, Rialto, Punta Canal y El Faro presentaron un petitorio al intendente de Tigre

El petitorio plantea que los humedales son la identidad de estos pueblos y parajes, y que los vecinos tienen derecho a decidir el rumbo de estos lugares. Se advierte del arrinconamiento de la localidad entre las grandes urbanizaciones privadas y se cuestiona la pérdida de patrimonios arqueológicos indígenas.

Una primera tanda de firmas fue presentada el 31 de marzo por Mesa de Entrada del Municipio de Tigre, mientras el petitorio sigue circulando en distintos rincones de la localidad para reunir más adhesiones.

El 1º de abril, los integrantes de la Asamblea de Dique-La Ñata y el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP) se manifestaron en Calle Italia y Arroyo El Claro, en la entrada al predio conocido como La Bellaca, donde la empresa EIDICO estaba construyendo el emprendimiento inmobiliario Santa Ana. Según constataron los convocantes a la protesta, el ingreso al campo cuenta con una faja de clausura municipal con fecha del 12 de marzo y número de acta 13594.

“El campo de La Bellaca está en la entrada de Villa La Ñata, entre las calles Italia y Loreto, es uno de los últimos pulmones verdes de la localidad de Dique Luján y tiene sitios arqueológicos con enterratorios humanos que son patrimonio sagrado de los pueblos originarios”, manifestaron los organizadores de la movilización. “Solicitamos a las autoridades judiciales frenar este tipo de emprendimientos. Exigimos a las autoridades municipales no autorizar la construcción del barrio privado Santa Ana en La Bellaca y frenar este modelo injusto de desarrollo, que desde la década del 90, y a pesar de los cambios de gobierno, se mantiene”, se expresó en la declaración presentada durante la anterior protesta, que se desarrolló el 18 de marzo frente a las oficinas de EIDICO. “Los humedales son parte de la identidad de Dique Luján y Villa La Ñata. No queremos que nuestra localidad se convierta en un ‘pasillo’ entre los megaemprendimientos inmobiliarios”, se agregó en el escrito, en el que se concluyó: “Es una cuestión de supervivencia, estamos siendo acorralados”.

Sólo en Tigre, Escobar y Pilar (Cuenca Baja del Río Luján), se han destruido unas 10 mil hectáreas de humedales, según la evaluación que hacen especialistas como los del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Los humedales son una esponja natural que absorben las crecidas del agua por lluvia o sudestada, por lo que la desaparición intensiva de este patrimonio natural en las últimas dos décadas está directamente relacionada con el agravamiento de las inundaciones y la destrucción de la principal reserva de agua nacional. Además, este proceso ha sido acompañado por la privatización de tierras, calles, caminos y costas públicas, encerrando a los vecinos preexistentes y destruyendo sitios arqueológicos con enterratorios de los pueblos originarios.

Paralizan las obras de Costantini y Eidico en Escobar por irregularidades

A instancias de una resolución provincial, el Municipio dispuso en marzo la paralización de las obras en los megaemprendimientos urbanísticos que se están construyendo en el partido de Escobar, entre ellos, Puertos del Lago, del magnate Eduardo Costantini y San Matías, de la desarrolladora Eidico. Fuentes de la Secretaría de Obras Públicas explicaron que la medida obedece a una resolución provincial que “rechazó los planos de sector” presentados por los desarrolladores. “En virtud de esta disposición, que data del segundo semestre del año pasado y de la que el Municipio es autoridad de aplicación, lo que hicimos es pedirle a los desarrolladores que cumplimenten todas las observaciones que la Provincia les hizo y se abstengan hasta tanto de avanzar con las obras”.

La situación tiene por protagonistas al magnate Eduardo Costantini, socio mayorista de la compañía Consultatio -desarrolladora de Nordelta, en Tigre- y dueño del Museo de Arte Latinoamericano (Malba); y al megaemprendimiento El Cantón, de la desarrolladora Eidico, de la que es presidente Jorge O’Reilly, la misma que mantiene otro litigio con la gestión de Ariel Sujarchuk por la usurpación de una calle en Punta Querandí, en el límite de Maschwitz y Dique Luján. Pero también alcanza a otros inversores. El Cantón, del broker JP Urruti y Asociados; El Naudir, Aguas Privadas y El Cazal, ambos desarrollados por la empresa E2 y emplazados entre la barranca y el Río Luján, en lo que se conoce en el mercado inmobiliario como el “Nuevo Cazador”, se encuentran en un contexto similar.

“Algunos están con voluntad de corregir los planos de sector y otros quieren seguir modificando el medio ambiente por fuera de las leyes provinciales y ordenanzas municipales. Es más, están haciendo obras que ni siquiera están presentadas en la Municipalidad y movimientos de suelo de grandes dimensiones que fueron clausurados, pero los continúan”, expresó el intendente Sujarchuk.

El litigio entre el Municipio y los grupos inversores mantiene en vilo a quienes se encuentran habitando en estos megaemprendimientos, tanto como a aquéllos que están construyendo y a los que adquirieron lotes en las últimas ventas, ante la imposibilidad de escriturar sus terrenos y realizar obras mientras el conflicto no se resuelva.

El planteo del Municipio sobre los megaemprendimientos no se limita a la regularización de los planos de sector objetados por la Provincia. Para levantarles la barrera, el intendente también pretende que los urbanizadores hagan un aporte para el distrito proporcional a su envergadura. Lo hace apoyándose en la ley provincial 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que establece la obligación de que contribuyan con proyectos concretos que favorezcan a la comunidad en la que se emplazan. Las pretensiones de Sujarchuk son tres obras que considera fundamentales para el distrito: 1) Que completen la pavimentación del acceso de Panamericana hasta la avenida San Martín, a la altura de El Cazador; 2) Que ejecuten un plan hidráulico diseñado por el Municipio en el barrio San Luis para “evitar que se inunde a consecuencia de las obras que hicieron ellos”; 3) La reparación del puente de La Arenera, en Ingeniero Maschwitz, que habría sido roto por los camiones que acceden a esos emprendimientos.

Iniciado hacia fines de los ’90, el boom de las urbanizaciones privadas en el partido de Escobar alcanzó una dimensión descomunal. Un dato que lo sintetiza de manera contundente es que los cinco emprendimientos inmobiliarios que se encuentran en conflicto con el Municipio totalizan una cantidad de 2.331 hectáreas, de las cuales una gran porción se encuentra en zona de humedales.

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Un repaso por la “Ley de tierras” que el macrismo pretende modificar, los problemas de la extranjerización y los incumplimientos de la misma.

El día 29 de febrero, el diario La Nación publicó que evalúan cambiar o derogar la ley de tierras sancionada en el año 2011. Según la nota, Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (donde funciona el Registro Nacional de Tierras), aseguró estar estudiando esta posibilidad, con el visto bueno del Presidente de la Nación. Esta iniciativa de “cambio” surge luego de que representantes de las inmobiliarias rurales le plantearan sus inquietudes al funcionario en relación al “freno” que estarían teniendo las inversiones por parte de extranjeros en este sector.

Pero repasemos un poco de qué se trata esta ley y la problemática que regula. La “Ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”, más conocida como “ley de tierras”, fue sancionada en el año 2011. La misma tiene como objetivo regular los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. Entendiendo como “persona extranjera” a las personas físicas de nacionalidad diferente a la argentina y a las personas jurídicas cuyo capital accionario mayoritario (51%) sea de otro país, la ley establece que, ya sea sobre el territorio nacional así como los territorios provinciales y municipales, la titularidad extranjera sobre el dominio o posesión de tierras no puede superar el 15% del territorio. Asimismo, sobre ese porcentaje, las personas de una misma nacionalidad extranjera no pueden poseer más del 30% y una misma persona no puede ser titular de más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial.

La problemática de la extranjerización de la tierra

Si bien desde sus inicios como Estado nación existen inversiones extranjeras en tierras en argentinas, a partir del año 2002, luego de la devaluación y del elevado precio internacional que comenzaron a tener las materias primas, este tipo de inversiones aumenta exponencialmente. Este es un fenómeno que comienza a darse en la mayoría de los países del “Sur” global.

La expansión del capital extranjero se da sobre la tierra de todas las regiones del país. Un 16,8% de la tierra adquirida fueron tierras fiscales, es decir tierra pública, que en algunos casos constituían parques nacionales, bosques y tierras baldías, pero en muchos otros se trataba de tierras pobladas y trabajadas por campesinos y pueblos originarios, en muchos casos bajo formas comunales de tenencia y producción. La instalación de las nuevas inversiones sobre estas tierras generó multiformes conflictos con las poblaciones asentadas o vecinas: desplazamientos violentos y forzosos, cercamientos de accesos públicos a lagos o ríos incluidos en las tierras compradas, cesión irregular de tierras por parte de algunos provincias, denuncias por contaminación y desmontes, etc.

Además de todos los conflictos sociales generados, el cuestionamiento a la “entrega” de tierras a capitales extranjeros está relacionado con el uso y los objetivos que estos capitales tienen sobre las tierras adquiridas. Según nuestro relevamiento, desde el 2002, 4 países explican el 69% de las tierras adquiridas por extranjeros: Estados Unidos, China, Canadá e India. Los objetivos de estos inversores son principalmente dos: producir bienes primarios (agropecuarios y mineros) para exportar al mercado mundial (es el caso de las grandes cadenas agroalimentarias estadounidenses y las mineras canadienses) y producir alimentos para abastecer sus grandes mercados internos (sobre todo, los casos de China e India).

Estos objetivos no son indeseables en sí mismos, pero lo que hay que tener en cuenta es que la tierra es un recurso finito y su distribución es de “suma cero”: lo que gana uno, lo pierde otro. Si la expansión de estos capitales se realiza sobre tierras ocupadas por campesinos, pueblos originarios y productores familiares que producen, en algunos casos, para su autoabastecimiento y, en otros, para vender en el mercado interno, ¿qué efectos tendrá esta expansión sobre la soberanía alimentaria? ¿Qué ocurrirá con la ocupación y los medios de vida de estas miles de familias que son obligadas a desplazarse de sus lugares? Y en términos más “macro”: ¿cuántos recursos, ambientales y económicos, se transfieren al exterior con este tipo de operaciones?

Laxitud e incumplimientos de la ley

Ahora bien, es cierto que esta ley tiene algunos problemas asociados, que han existido desde su sanción y que vienen siendo denunciados por múltiples colectivos ambientalistas y campesinos. Pero estos problemas no tienen que ver con lo que ahora aduce el capital inmobiliario, esto es, con algún tipo de excesiva regulación que “frene” las inversiones, sino justamente por lo contrario: la insuficiencia o laxitud que esta ley parece tener en términos de entrega de tierras a capitales extranjeros, e incluso con la falta de cumplimiento de la misma reglamentación que la ley impone.

Por ejemplo, al igual que en el caso de la Ley de Glaciares, la ley de tierras establece que, en un plazo de 180 días luego de la sanción de la ley, debía crearse un Registro Nacional de Tierras Rurales en el que cada provincia informe la superficie total de su territorio en manos de titulares extranjeros. Y, al igual que en aquella ley, este registro no se ha cumplido. En el año 2013, Cristina Fernández presentó los primeros resultados del Registro Nacional de Tierras Rurales que surgieron, principalmente, de un relevamiento realizado a nivel nacional (es decir, no con información de las provincias), mostrando un total de 15.881.069 hectáreas en manos de extranjeros (un 5,93% de las tierras rurales a nivel nacional), con porcentajes por provincia que van desde un 1,04% en Córdoba a 13,87% en Corrientes y 49 municipios (sobre todo, en provincias del Norte) donde se superó el 15% estipulado por la ley. Sin embargo, según informó en septiembre de 2014 la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la mitad de las provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero) no entregaron sus informes para el Registro Nacional de Tierras Rurales, con lo cual es de esperar que los resultados presentados por el Poder Ejecutivo Nacional hayan estado altamente subestimados.

Ahora, aún si estas disposiciones se cumplieran y teniendo en cuenta que la ley no afecta derechos adquiridos, el límite de 15% incluso resulta una restricción alta que otorga, indirectamente, permiso para que la titularidad extranjera, según los resultados oficiales alrededor del 5%, aun pueda extenderse sobre otro 10% de la superficie nacional. Al igual que en el caso de la eliminación a las retenciones mineras, la potencial flexibilización de las leyes sobre la tierra parecen indicar un claro rumbo hacia la profundización del extractivismo y la extranjerización de la economía argentina.

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Las asambleas ciudadanas socio ambientales que luchan contra la megaminería a cielo abierto expresaron su repudio absoluto al Pacto Federal Minero impulsado por el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello.

En el comunicado “Pronunciamiento de los Pueblos Cordilleranos y Patagónicos afectados por el Extractivismo en Repudio al Pacto Federal Minero” expresaron su absoluto repudio a una nueva reorganización del “Estado minero” que se va perfilando con la noticia del lanzamiento de un nuevo Pacto Federal Minero. Este pronunciamiento que difundió La Asamblea El Algarrobo, también tiene el apoyo de más de treinta firmas que van desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, la Asamblea Jáchal No se toca de San Juan y la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, hasta Miguel Teubal y el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto.

Las declaraciones realizadas por el Subsecretario Mario Capello a comienzo de este año encendieron las voces de alarma en las asambleas socio-ambientales. La Asamblea El Algarrobo se pronunció remarcando que los funcionarios de turno demuestran una vez más que las políticas mineras están hechas “a favor de las trasnacionales, en detrimento de los pueblos y los territorios”. La quita de las retenciones a la minería anunciada semanas atrás acompaña el sentir de la asamblea catamarqueña.

Cada nuevo avance del lobby minero, esta vez encarnado en la personalidad de Mario Capello, recibe su correspondiente rechazo por parte de las asambleas que luchan para resistir la megaminería a cielo abierto. Un ejemplo de ello son las declaraciones realizadas por el funcionario macrista cuando afirmó que su “principal preocupación es hacer que vengan inversiones para minería sustentable para todas las provincias mineras”. Para la Asamblea El Algarrobo ya es motivo de repudio que los llamen “provincias mineras” ya que la diversidad y riqueza de su producción excede la categoría que quieren imponer los empresarios, lobbistas y políticos “mineros”.

Los pueblos que luchan a diario contra la megaminería saben que tienen en la puerta de la casa el peligro de la contaminación y el riesgo de enfermedades producto de los tóxicos utilizados. Pero cuando se acerca el final de una explotación, la incertidumbre se intensifica. Las Asambleas ciudadanas expresaron que en Andalgalá no tienen “idea de qué pasará con el dique de cola tras el cierre de operaciones, no hay ninguna presentación en los organismos correspondientes del informe de impacto ambiental. No se hacen cargo de los diversos informes que indican contaminación ambiental producida entre otros varios factores por la rotura del mineraloducto y fisuras en el dique de colas, violando efectivamente tanto la Ley de Ambiente como el Código Minero”. La Mina La Alumbrera finaliza sus actividades el año que viene y corresponde resaltar que es explotada por una UTE suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) denunciada por el delito de contaminación ambiental.

En referencia a la preocupación latente de qué pasará cuando finalice la explotación, Silvina Reguera, integrante de la asamblea El Algarrobo charló con Marcha y expresó que “es un tema de mucha preocupación. Porque también es sabido que en todas partes que las grandes empresas mineras abandonaron los diques de cola, están fisurados. Y eso a su vez, trae aparejados montón de problemas de contaminación”. Silvina Reguera, junto a otros integrantes de la asamblea de Andalgalá están acampando en la Plaza Lavalle reclamando que la Corte falle a su favor en un amparo que haga frenar el emprendimiento Agua Rica. Este proyecto, que se encuentra a diecisiete kilómetros de la ciudad de Andalgalá, está pensado que sea tres veces más grande que la Mina La Alumbrera y se emplaza donde nacen los ríos con los que se alimenta el pueblo catamarqueño.

La asociación casi natural que se va instalando de que la megaminería a cielo abierto nos lleva indefectiblemente a la contaminación, la enfermedad y la muerte, no es casual. En pocos meses, los casos del derrame de cianuro en Jáchal y el desastre ambiental y las muertes producidas por la rotura del dique minero en el Departamento de Minas Gerais en Brasil el año pasado, sirvieron de fundamento a lo que siempre fue una convicción en los luchadores ambientalistas y que ahora se transformó en una violenta realidad.

Los gobernantes de los sucesivos gobiernos, desde la década del 90 a esta parte, se vieron en la necesidad de ahondar en sus mentiras para encontrarle algún beneficio a su rentable asociación con las empresas mineras trasnacionales. Al respecto, Mario Capello es el encargado de esta función en el gobierno de Mauricio Macri. Cabe recordar que cuando sólo cumplía funciones como Secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, afirmaba que la mina Bajo la Alumbrera en Catamarca, luego de 14 años en operación, “puede constatarse el aumento de las hectáreas cultivadas en Andalgalá, Santa María o Belén”. Tres años después, el derrame de cianuro en Jáchal, la filtración del mineraloducto en la Alumbrera y el genocidio ambiental de la minera Samarco en Brasil modificaron el pensar de mucha gente, pero no es el caso del ahora Subsecretario Nacional de Minería.

Tres años después, Mario Capello, en su afán por obtener un buen recibimiento de la prensa nacional sobre el anuncio de un Nuevo Acuerdo Minero, ratificó “Que le sirve al agro, a la forestación, a todo el desarrollo sustentable y al desarrollo social”. Al respecto, el pronunciamiento difundido por las asambleas socio-ambientales expresó que ese cuento ya lo vienen escuchando hace veinte años y que no sólo han comprobado que las economías regionales han desaparecido sino también que “todos estos tipos de planes responden a los intereses de las transnacionales”. Silvina Reguera expresó a Marcha que ese tipo de frases impactan en la gente que no conoce del tema pero no tiene ningún significado real. Sólo ellos creen que la megaminería va a pasar a ser sustentable porque lo mencionen. “Sustentable es un trabajo que se autogenera, que no tiene fin. Se vuelve a generar con los mismos recursos que te da la tierra. La Megaminería jamás va a ser sustentable” sentenció Reguera.

La asamblea El Algarrobo de Andalgalá acampa frente a la Corte Suprema reclamando que se resuelva el amparo que frene la Mina de Agua Rica y los demás emprendimientos que se aprestan a atacar la cordillera argentina y el agua de nuestro territorio. A su vez, en una causa que lleva catorce años citaron a declarar a directivos de Minera la Alumbrera por el delito de contaminación ambiental. Mientras tanto, el gobierno de Macri haciendo oídos sordos como lo hiciera antes Cristina Kirchner, impulsa con vehemencia un nuevo Pacto Federal Minero. No hubo Licencia Social la década pasada. Tampoco la hay en la actualidad. Los pueblos siguen resistiendo.

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