Por Eduardo Giordano | Fotos: Lisbeth Montaña

La represión militarizada de la protesta social durante el Paro Nacional contra la reforma tributaria ha causado, hasta ahora, al menos 47 muertos por disparos de la fuerza pública, la mayoría de ellos en Cali. Seis meses atrás, durante el Paro Nacional de noviembre de 2020, la cifra de civiles asesinados por la policía fue de 14 personas. Y hubo ‘solo’ un muerto en el Paro Nacional de noviembre de 2019, que no obstante se convirtió en un símbolo de lucha en las siguientes protestas. Es evidente que durante el gobierno de Iván Duque la violencia represiva ha escalado, ascendiendo en progresión geométrica, y ha entrado ahora en una espiral fuera de control.

Pero, ¿Qué tan fuera de control? La escalada violenta contra los manifestantes, la militarización de las ciudades, los disparos deliberados a la multitud, los civiles motorizados que disparan a quemarropa contra las concentraciones pacíficas de ciudadanos, la enorme cifra de desapariciones forzadas y muchos más hechos gravísimos podrían responder a una matriz represiva deliberada, consistente en crear caos entre la población urbana para debilitar la protesta. 

La forma en que fue sofocado el levantamiento en Cali, esa tragedia causada por la policía y el ejército para imponer sin éxito el toque de queda, sugiere que las masacres ordenadas por los mandos militares no tienen otro objetivo que incrementar el número de víctimas para aterrorizar a los manifestantes. “Cali ha sido el epicentro de mayor violencia. Allí se ha producido una especie de golpe de Estado. La Fuerza Pública se ha tomado la ciudad y para responder a las marchas pacíficas o a los desmanes ciudadanos ha recurrido a una utilización ilegal de las armas y ha dejado un reguero de muertos”. Así describen la situación de esta ciudad tras la primera semana de paro el analista y escritor León Valencia y el politólogo y periodista Ariel Ávila en un artículo publicado en la página web de la Fundación Paz y Reconciliación, un centro de pensamiento sobre el conflicto armado, la paz y el postconflicto.

Uribe y la “revolución molecular disipada”

El expresidente Álvaro Uribe, caudillo de la derecha colombiana, no es precisamente un hombre muy versado en filosofía política. Sin embargo, en medio del Paro Nacional y la fuerte oleada represiva con la que se lo intentó atajar, lanzó un trino en twitter que para muchos de sus seguidores resultó enigmático:

“1. Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo; 2. Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado; 4. Acelerar lo social; 5. Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa”.

La “revolución molecular disipada” mencionada por Uribe es un pseudo-concepto atribuido erróneamente al filósofo francés Félix Guattari, quien desarrolló una idea de desalienación del individuo como parte de un proceso de autoconciencia al que llamó “revolución molecular”, y que dio título a uno de sus libros. El calificativo “disipada” es un desarrollo posterior, y ajeno al concepto original, inventado por el publicista y entomólogo chileno Alexis López Tapia, un personaje vinculado a organizaciones nazis y defensor a ultranza del general Pinochet. A raíz del mensaje de Uribe, muchos medios pusieron el foco tanto en el concepto aparentemente oscurantista como, de forma prioritaria, en la trayectoria del personaje que lo había divulgado. Tirando un poco más del ovillo se supo que este ultraderechista chileno imparte cursos al Ejército colombiano en los que expone sus teorías políticas. 

Según el enfoque maniqueo de López Tapia, adoptado por Uribe, la institucionalidad estaría enfrentando una guerra sistemática contra delincuentes que intentan tomar el poder y acabar con la democracia. En el marco de esa guerra se inscribiría la protesta social, que por tanto debe ser reprimida. Así, Uribe se dirige en su tuit a sus seguidores y apunta a levantar la moral de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se resiste a esa potencial revolución que estaría en marcha y de la que el Paro Nacional formaría parte? Impidiendo que se realicen las manifestaciones sin reparar en medios. La fuerza pública tiene derecho a usar sus armas y, si resulta insuficiente el toque de queda, se sugiere disolverlas disparando directamente contra los manifestantes.

Un ex-asesor del presidente Duque, Carlos Enrique Moreno, influyente en círculos empresariales, forma parte del círculo de exégetas que “resisten” a esta revolución posmoderna: “El modus operandi se basa en acciones revolucionarias horizontales para generar de forma gradual y cotidiana conductas que alteren el estado de la normalidad social del sistema dominante, y así derogarlo. El objetivo es generar caos y el cese de la normalidad diaria, para crear un estado de crispación y crisis permanente”, advierte en una tribuna publicada en El Espectador.

Para el investigador Richard Tamayo Nieto, que indica que el exmandatario se ha referido en varias ocasiones a este concepto, “Uribe utiliza su plataforma en esa red social para adoctrinar en los lineamientos de este constructo y lo que supone es que los grandes movimientos que desestabilizan al Estado, y que darían inicio a lo que ellos llaman una guerra civil permanente, comienzan de manera molecular”.

El partido de gobierno, el Centro Democrático, emitió a su vez un comunicado en el que afirma que el Paro Nacional es “un macabro plan de la izquierda radical y criminal financiado por el narcotráfico para desestabilizar la democracia”. Desde este punto de vista quedaría legitimado el terrorismo estatal, el ejercicio sistemático de la violencia policial contra los manifestantes. Así pues, la retórica uribo-pinochetista de la revolución molecular disipada no sería más que un envoltorio posmoderno para un viejo remedio contra la rebelión del pueblo: reprimir a mansalva. Sin embargo, las declaraciones de Uribe comulgando con esta forma de neonazismo posmoderno ponen sobre la pista de un hecho aún más preocupante: la influencia del ideólogo neonazi en la definición del modus operandi de las fuerzas de seguridad colombianas.

López Tapia ha sido invitado en dos ocasiones este año  a exponer su teoría en cursos de formación académica de la Universidad Militar Nueva Granada. En sus disertaciones expresa así sus ideas sobre las protestas sociales: “No existe estructura jerárquica. Hay anarquía funcional. Como ya mencionamos, los mandos y tropa son irregulares, no identificables. Los objetivos tácticos estáticos son dinámicos. Las unidades móviles son estratégicas. ¿Por qué? Porque capturan área de influencia. Hay guerra de guerrillas con emboscadas, asedio, incursión y sabotaje. Hay batallas”.

Una mirada apocalíptica, basada en su interpretación de estos años de revuelta en Chile. Contra esa “anarquía funcional” y “guerra de guerrillas” que representa la población movilizada, todo militar que se precie empuñará sus armas para restaurar el orden. No hace falta ni siquiera decirlo, el mensaje de reprimir la disidencia está implícito en la misma forma de describir los hechos.

El instructor neonazi de los militares colombianos justifica implícitamente la violencia criminal de la fuerza pública porque la protesta acumulada y fuera de control podría derribar el orden constitucional establecido: “Se produce un estado de guerra civil horizontal, molecular y disipado”, afirma Alexis López en sus exposiciones ‘académicas’. Su teoría nada tiene de innovadora, solo reviste con un look posmoderno los manuales de la vieja Escuela de las Américas, esa institución que velaba por la formación de represores bajo el ala de EE.UU. y que veía en todas partes al “enemigo interno”.

Esmad: los escuadrones de la muerte

El principal cuerpo represivo en Colombia es el temido Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la fuerza de choque que convierte las marchas pacíficas en campos de batalla disparando ráfagas de gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes. Esta dependencia de la Policía Nacional cuenta con 3.500 policías y está adscrita al Ministerio de Defensa. 

Después de la masacre de 2020 en Bogotá, uno de los principales reclamos de los organismos de derechos humanos fue el de regenerar la Policía, empezando por desmantelar el Esmad. La Corte Suprema de Justicia ordenó en 2020 al Esmad suspender el uso de escopetas, como consecuencia de la muerte del estudiante Dylan Cruz en las protestas del año anterior, en Bogotá. Desde su creación en 1999 y hasta 2019, se han registrado 43 casos de “ejecuciones extrajudiciales” por parte de esta fuerza policial, según una investigación del Centro de Investigación y Educación Popular. Entre 1999 y 2018, las intervenciones del Esmad produjeron la muerte de 18 personas solo en Bogotá, según la ONG Paz y Reconciliación. 

Aunque tenga mayor resonancia su represión de las protestas urbanas, la mayoría de sus intervenciones se han producido en el departamento del Cauca, zona de presencia guerrillera e indígena, una de las regiones más mortíferas del país, donde se produce el mayor número de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales y de dirigentes indígenas. Y donde las intervenciones del Esmad son tan temidas como las de los grupos paramilitares a los que nunca dan caza.

En medio de la brutal represión del Paro Nacional, el director de la Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, definió a los agentes del Esmad como “los héroes de la patria”, y el presidente Iván Duque rechazó desmantelar los escuadrones represivos a pesar de su gran desprestigio social e internacional. 

Entre los, al menos, 40 fallecidos durante los primeros 10 días del Paro Nacional, en 15 casos se sabe que los autores fueron agentes del Esmad. En otros cinco, fueron policías. Por distribución geográfica, 29 asesinatos de manifestantes se produjeron en el Valle del Cauca, la mayor parte en la ciudad de Cali. Hay también varias víctimas asesinadas por civiles motorizados (paramilitares o policías de civil) que atentan contra la población en los puntos de encuentro de los manifestantes.

Otra vuelta de tuerca

Tras dos semanas de paro y situaciones fuera de control en algunas ciudades, en particular en Cali y su departamento, el gobierno colombiano incrementa la militarización en su respuesta a las manifestaciones. Presionado por las autoridades locales, Duque visitó Cali en un viaje relámpago durante la madrugada del 10 de mayo, entre las 12:30 de la noche y las tres de la mañana. El presidente celebró un consejo de seguridad acompañado de sus ministros del Interior y Defensa, la gobernadora del departamento y el alcalde de Cali, entre otras autoridades. Un usuario de Twitter describió así este viaje: “Tenemos un presidente cobarde, que entra a Cali a hurtadillas, agazapado, sin que nadie lo vea, solo para tomarse la foto. Usa palabras duras cuando graba desde el estudio de Palacio, pero tiene el temple blando a la hora de darle la cara a su pueblo y hablar con él”. Esta es la imagen actual más generalizada entre los colombianos sobre su presidente.

Además de militarizar las calles y convocar a las autoridades locales a restringir los movimientos de los manifestantes, el gobierno consiguió cohesionar el liderazgo político con las clases medias urbanas caleñas, dando otra vuelta de tuerca en su política de seguridad. El presidente prohibió la movilidad en todo el departamento y reforzó el despliegue de la fuerza pública con el máximo potencial disponible: otros 10.000 policías y 2.100 militares. 

La exigencia presidencial de interrumpir los bloqueos fue secundada esa misma mañana por una transmisión conjunta de las emisoras de radio, tanto públicas como privadas, cuyos periodistas interpelaron a los manifestantes para que continuaran ejerciendo su derecho a manifestarse en paz, pero depusieran su actitud de interrumpir la circulación con bloqueos.

El mensaje es unidireccional porque ignora que el Estado no respeta ese derecho a manifestarse en paz; la advertencia se dirige por supuesto a la juventud urbana que sigue en la calle a pesar de las balas, pero también y sobre todo a la minga indígena, un colectivo que agrupa a diversas organizaciones de pueblos originarios, desplegada en Cali. 

En un tono similar se pronunciaron las iglesias tras una reunión con el presidente, en el marco del llamado “diálogo” con los sectores sociales. Arropado por altos dignatarios católicos y evangélicos, Duque consiguió legitimar su política de seguridad ante los fieles de esas confesiones. Con la honrosa excepción de la iglesia menonita, que denunció el montaje presidencial. Su presidenta declaró que “al final de la reunión, después de que el presidente justificó muchas de las políticas que ha implementado, se leyó un comunicado en donde supuestamente el sector religioso se pone de acuerdo con él en que vamos a trabajar juntos; pero es un comunicado que no fue construido desde nosotros, ya llegó el comunicado hecho, y se leyó como si fuera parte realmente de un trabajo conjunto que se hubiera hecho en ese espacio”.

En el comunicado impuesto por el gobierno no hay exigencias de respeto a los derechos humanos ni un análisis de las causas del conflicto, solo se reclama que cesen los bloqueos y retenes.

El primer intento de diálogo real de Duque con el Comité Nacional del Paro, el 9 de mayo, acabó sin acuerdo porque el presidente “no rechazó la brutalidad policial ni se atrevió a hablar de los 47 manifestantes asesinados”, según los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Para el presidente de la CUT, Francisco Maltés, “esta ausencia de compromiso no nos deja otro camino que continuar con el paro nacional, vamos a repotenciar el paro con muchas movilizaciones el día miércoles 12 de mayo”. 

Mientras tanto, se genera un clima de enfrentamiento entre los integrantes de la minga indígena, acribillados por disparos de civiles, y las élites caleñas que los acusan de hostigar a la población urbana que vive en condominios privados. El desgaste de la convivencia causado por dos semanas de paro y disturbios generalizados lleva a sectores de la clase media a reclamar más mano dura. En medios de comunicación hegemónicos como Noticias Caracol se alienta la confrontación cuando se informa, por ejemplo, de que “Ciudadanos e indígenas se enfrentaron” en Cali, como si los indígenas fueran ajenos a la noción de ciudadanía.

El conflicto social sigue escalando y, a modo de profecía autocumplida, sería una expresión cabal de lo que el propagandista nazi inspirador de los trinos de Uribe llama la “guerra civil” permanente. El gobierno del Centro Democrático prefiere preparar la guerra antes que atender unos reclamos sociales que cuestionan de raíz el modelo neoliberal y represivo al que se aferra ciegamente el presidente Duque.

* Publicada originalmente en “CTXT: Contexto y Acción”

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini / Foto de Lisbeth Montaña

Escuchá la entrevista completa:

Desde hace varios días que circula en las redes sociales y en algunos medios, principalmente alternativos y autogestivos, imágenes y videos de lo que está sucediendo en Colombia. Las escenas de violencia se replicaron rápidamente, así como también las muestras de resistencia y de solidaridad internacional con el pueblo colombiano. Colombia es un bastión del neoliberalismo, uno de los principales aliados de Estados Unidos para las políticas del imperio del norte para América Latina.

La semana pasada, el presidente de Colombia, Iván Duque, intentó imponer una reforma tributaria totalmente regresiva que, por ejemplo, aumentaba el IVA en alimentos y combustibles, entre otras medidas que perjudicaban a las clases medias y populares. El 28 de abril se convocó a un paro nacional desde muchísimos sectores que, luego de varios días, lograron frenar la reforma e incluso comenzaron a exigir más y mejores derechos. Este panorama, que apenas cumple una semana, lleva miles de heridos por la represión, decenas de muertes, vejaciones, violaciones.

Para saber más sobre lo que estaba pasando, en Antes que se acabe el mundo, el programa de Marcha en Trilce Radio, dialogamos ayer con Lisbeth Montaña, integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia y colaboradora de este medio.

Los sucesos en Colombia son muy dinámicos, con un paro vigente desde la semana pasada, ¿cuál es la situación actual?

Hoy se cumplen 8 días de protestas masivas, se ha salido el 28 a la calle para hacer un reclamo masivo para que la reforma tributaria que venía en camino se frenara. Yo creo que no estaba en el cálculo de varias organizaciones, y pienso sobre todo en las sindicales, de que la movilización iba a seguir de esta forma tan grande y constante. Llevamos ocho días de expresiones de toda índole y sobre todo los jóvenes, las jóvenes, acuerpando la lucha en la calle permanentemente, día y noche.

Después del 28 nosotros creíamos que la movilización no iba a ser tan grande. Sin embargo, ante la forma de ignorar las voces de la protesta por parte del gobierno, pues la gente se dio cuenta que no sólo era la reforma lo que había que tumbar, sino que se venía un paquetazo de reformas y que además no sólo era solo este paquete de reformas sino también el régimen. Un régimen político que por más de 50 años, y sobre todo sus últimos 20 años, se ha venido endureciendo.

A raíz también de la crisis de la pandemia, que afectó al mundo entero, la gente se dio cuenta que, en primer lugar, éramos ignorados y, segundo, que la crisis y estas reformas las tenían que pagar la clase trabajadora y los más pobres. Entonces eso ayudó a que la movilización siguiera constante en las calles aun después de que Duque frenara la reforma -él creía que con frenar la reforma, la movilización iba a parar- y la gente ahora va por todo y está aquí todavía en las calles haciéndose sentir a pesar de la brutalidad policial, aunque esto ha costado casi 37 vidas, 11 víctimas de violencia sexual, 264 víctimas de la violencia directa, 341 intervenciones violentas a las manifestaciones. Así y todo no han podido lograr frenar, la rabia, la indignación pero también las ganas de transformar definitivamente el estado en el que está hoy la situación política y social en Colombia.

En lo que va del año ya han sido asesinados más de 50 líderes y lideresas sociales, por lo que la violencia policial y militar en Colombia es muy anterior a lo que está sucediendo ahora, ¿verdad?

Exactamente. Y creo que por eso la gente está con toda la calle. Si ves los enfrentamientos que se dan cuerpo a cuerpo, la gente sabe o siente que al Estado no le importa las vidas de las personas. Con o sin la reforma, la violencia va a seguir y aquí una de las exigencias es pedir que la desmilitarización de la vida sea una de las consignas más importantes porque están matando a la gente. La están matando en el campo sobretodo, donde la lucha no es visible.

Yo creo que uno de los puntos más importantes es que esto que el paro sucedió en la ciudad y es más visible, pero en el campo todavía siguen intactos las condiciones del conflicto y todavía se siguen asesinando a dirigentes sociales. El conflicto está en su punto más visible ya que se trasladó a las ciudades y yo creo que causa mayor impacto. Las organizaciones denunciamos que nos está matando la policía, nos están matando los paramilitares, se hizo evidente a través de todos los videos, todo lo que ustedes están viendo a nivel internacional. Esa violencia se hace ya gráfica, se hace explícita. Es una cosa que estábamos viviendo antes y en la actualidad en forma mucho más exacerbada con la militarización.

Hoy, por ejemplo, vivimos una cosa terrible. La policía, ante la caída de su imagen, decidió salir a las calles pero con policías vestidos de civiles. Hay videos mostrando las evidencias de que la gente en plena movilización tuvo que detener a mucha gente vestida de civil pero además con municiones, con armas que la misma policía les había entregado a esas mismas personas vestidas de civil.

Se hace difícil no pensar en la situación vivida en Chile, con el aumento de los boletos, o en Ecuador, con el aumento de los combustibles, en ambos casos fueron detonantes de una historia previa, ¿qué perspectivas ves en Colombia después de este paro?

Hay muchos retos hacia adelante. Hoy la movilización que está en las calles es una inmensa mayoría de la población que decidió salir porque la ha pasado muy mal este último año y medio de pandemia. Antes la pasábamos mal pero con el incremento de la violencia policial, la gente en las calles pide que cese. Y con la pandemia, por ejemplo, se militarizaron más los barrios, el aumento de la pobreza creció a un 42% y además con la reforma tributaria lo que se proponía era que quienes tenían que asumir los costos de las crisis de la pandemia debían ser los pobres y la clase trabajadora. Entonces la gente al darse cuenta que, encima que el Estado estuvo ausente con toda la crisis, hoy los reclamos es que sean los ricos quienes paguen esa crisis. Ese es uno de los llamados más importantes. Que la salud no se termine de privatizar y además se convierta en una mercancía.

Además, nos pone un reto al campo popular y es la necesidad de la lucha y tratar de escuchar y leer muy bien lo que está pasando en la calle porque nosotros como organizaciones sociales tenemos el reto de seguir nutriendo la movilización pero, además, esta vez ayudar a proponer una forma de diálogo, de organización misma de la calle. Hoy mismo se están proponiendo una especie de aperturas de cabildos para que la gente misma pueda seguir con este paro.

Otra consigna que se agita mucho es que Iván Duque se vaya del gobierno. La segunda es que definitivamente se baje la reforma tributaria porque lo que ha hecho el gobierno es parar el proyecto pero no quitarla de forma definitiva. Otra es la reforma de la salud, que no terminen de privatizar ni de precarizar a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y las y los jóvenes son quienes están poniendo el cuerpo, sobre todo en la pelea porque la educación sea pública y que la financiación a la guerra pare. Porque se supone que firmamos unos acuerdos de paz y, sin embargo, el gobierno sigue nutriendo el presupuesto militar. Y finalmente, que se desmonte el aparato represivo que hoy es el que ejerce el mayor foco de violencia en las movilizaciones reprimiendo el derecho a la protesta.

Estas situaciones, similares quizás a Chile y a Ecuador, evidencian que hay paraísos del neoliberalismo que son más bien una cortina de humo. ¿Qué legitimidad es la que tiene hoy Duque y su gobierno? Uribe trata de despegarse un poco, ¿verdad?

Lo que sucedió con el paro es muy valioso porque la imagen del uribismo ha sido siempre fuerte, también en lo militar que, ideológicamente, está muy presente en la cabeza de las y los colombianos, hay una cultura de lo militar a raíz de estos valores que el uribismo ha instaurado en la población: el militarismo, el patriotismo. Pero es muy significante ver como, por ejemplo, el uribismo se había apropiado de la bandera amarillo, azul y rojo como uno de los símbolos patrióticos de esta derecha y hoy siento que las y los jóvenes y la gente movilizada ha resignificado hasta la misma bandera.

Y creo que con esto que ha sucedido también se desenmascaró el régimen violento en el que estamos y por quiénes está patrocinado. Pero además hay otra cosa muy importante y es que aquí los problemas antes de los acuerdos de paz se los echaban a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia): la corrupción era culpa de las FARC, la violencia era culpa de las FARC. Después de los diálogos y acuerdos de paz, hoy la gente se ha dado cuenta que los problemas de la corrupción, los problemas de los impuestos, los problemas de la reforma, los problemas que la sociedad colombiana ha tenido, son culpa de la derecha. Son culpa de este régimen que ha sostenido todas estas consignas ideológicas para dividir a la sociedad. Se le cayó la careta al uribismo.

Hace poco la Comisión de la Verdad entregó un informe donde mostraba el número de personas que fueron dadas como falsos positivos y el número escandalizó a la sociedad, fue 6402. Son jóvenes y jóvenas dadas como positivos o dados de baja y eran falsos. Es decir, los hacían pasar como guerrilleros y los hacían presentar como dados de baja en combate. Esa cifra y la viralización de lo que significa eso le ha hecho caer la careta a este régimen y la gente se ha dado cuenta que quien animaba la guerra era un grupo de la burguesía que está acomodado y que a la guerra la usaba para beneficiarse y para sus intereses políticos, que es mantener el régimen que ellos lideran.

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Por Eduardo Giordano | Fotos: Luis Carlos Ayala

La historia de las masacres de población civil en Colombia es de larga data y está muy bien documentada. Desde hace décadas se extermina de forma sistemática a quien se interponga a los grupos paramilitares en su estrategia de ocupación del territorio. También se llevó a cabo el genocidio de toda una fuerza política, la izquierdista Unión Patriótica, con más de 4.000 militantes asesinados por paramilitares. Hubo también masacres causadas por la guerrilla en su disputa con los grupos paramilitares por el control del territorio. Y el Ejército ha eliminado de forma aleatoria a una parte de la juventud rural, como se ha documentado en las masacres de los llamados “falsos positivos”, civiles sin ningún nexo político, fusilados por el ejército para abultar la cifra de “guerrilleros” exterminados en supuestos enfrentamientos.

Otras masacres y asesinatos son más recientes, posteriores al proceso de paz con las FARC. En estos casos, la desmovilización de la guerrilla no fue acompañada por la presencia del estado en el territorio, lo que permitió el avance de las llamadas autodefensas (grupos paramilitares financiados por terratenientes y narcotraficantes) que están asesinando de forma sistemática a los ex miembros de la guerrilla que dejaron las armas y se integraron a la vida política. Estos asesinatos selectivos ya alcanzaron a 200 ex miembros de las FARC desde 2016, la mayor parte durante el actual gobierno de Iván Duque. A los que se suman más de 500 dirigentes sociales asesinados. Los grupos paramilitares siguen avanzando en la ocupación del territorio y ya tienen presencia en el 90 % del país.

El plan Colombia y la militarización

Han transcurrido más de dos décadas desde que se lanzó el llamado Plan Colombia (2000), que dio impulso a un terrorismo de estado preexistente, pero que pasó a ser instigado, armado y arropado políticamente por Estados Unidos. Este plan, diseñado supuestamente para acabar con el narcotráfico, supuso una enorme inversión de 11.000 millones de dólares del gobierno estadounidense en equipamiento y entrenamiento de las fuerzas armadas colombianas, con el fin real de capacitarlas en contrainsurgencia para acabar con la guerrilla. Colombia se ha convertido desde entonces en el tercer receptor mundial de ayuda militar de Estados Unidos, después de Israel y Egipto, y en su territorio se instalaron nueve bases militares estadounidenses. Colombia también fue el primer país latinoamericano que estableció una relación oficial con la OTAN, en 2008, con acuerdos de colaboración en cuestiones de seguridad marítima, narcotráfico y -paradójicamente- sus vínculos con organizaciones criminales.

El ex presidente Álvaro Uribe, que llegó al gobierno en 2002, fue el principal artífice de la estrategia antisubversiva alentada desde Washington por el no menos belicista presidente George W. Bush, que sumó así un frente americano a su guerra contra el terror. Pero a pesar de tanto apoyo exterior, el plan Colombia no consiguió la derrota de la insurgencia, que recién abandonó las armas tras el proceso de paz negociado en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Uribe.

En el transcurso de las conversaciones de paz con la guerrilla, Uribe quiso imponer sus condiciones al gobierno de Santos, que equivalían a exigir el reconocimiento de una derrota de las fuerzas insurgentes. Santos se mantuvo firme en defender los acuerdos ya firmados con los dirigentes de las FARC, y Uribe forzó la convocatoria de un plebiscito en 2016, lideró la campaña por el “NO” y consiguió ganarlo por estrecho margen de votos. Un amplio sector de la sociedad colombiana decidió votar entonces por la opción política que representaba continuar la guerra bajo el disfraz de la Seguridad.

La aceleración de las masacres

Iván Duque, el candidato del Centro Democrático impulsado por Uribe para reagrupar a las derechas tradicionales, ganó las elecciones presidenciales de 2018. Estas elecciones fueron muy disputadas por el empuje del principal candidato de la izquierda, Gustavo Petro, de Colombia Humana. Petro ganó en primera vuelta, pero perdió frente a la coalición de la derecha en la elección final. Aun así, el ascenso electoral de la izquierda incentivó el accionar de los escuadrones de la muerte, que tras el ascenso de Duque reanudaron las masacres y se reactivó la disputa por el control del territorio.

Las masacres fueron habituales en Colombia durante la década de 2000. En 2010 se notificaron 38 masacres. En años posteriores este número fue decreciendo, hasta llegar por única vez a cero en 2016, año de la firma de los acuerdos de paz y del plebiscito que los impugnó. A partir de entonces los asesinatos en masa vuelven a remontar año tras año, con un gran incremento durante los dos años de gobierno de Iván Duque.

El escritor y actual senador Gustavo Bolívar, aliado político de Colombia Humana (sin pasado en ninguna guerrilla), resume así la escalada del terrorismo de estado durante lo que va del gobierno de Iván Duque. En los primeros seis meses “fueron asesinados 46 indígenas, 106 líderes sociales y más de 50 excombatientes de las FARC y se perpetraron 29 masacres […] En 2019 hubo 29 masacres […] También fueron asesinados 66 indígenas. En 2020 han asesinado 128 líderes sociales y se han cometido 43 masacres. A hoy, 22 de agosto de 2020, desde la posesión de Iván Duque, han sido asesinados 435 líderes sociales, 197 indígenas y 197 excombatientes de las FARC”. Se han perpetrado 105 masacres, tres en las últimas 24 horas”.¹

Escalofriante. No hay que perder esta perspectiva para entender lo que ocurre ahora, en medio de la pandemia, donde todas las poblaciones rurales están confinadas por razones de salud y los únicos que campan a sus anchas son los grupos irregulares armados.

La comunicación gubernamental sobre supuestos causantes de las masacres se refiere siempre a “disidencias de las FARC”, “miembros del ELN” o “narcos”. En el caso de una reciente masacre en Samaniego, una localidad de valor estratégico para las fuerzas irregulares, se intentó burdamente simular la autoría del ELN mediante pintadas en su nombre que amenazaban con matar a la gente por no respetar la cuarentena. Algunos medios alegaron que, a falta de autoridad del estado en el territorio, los grupos rebeldes se tomaban estas prerrogativas. La organización guerrillera desmintió su autoría de la matanza.

Ni siquiera el Ejército colombiano atribuye estas matanzas a las guerrillas izquierdistas. El ministro de Defensa, general Carlos Holmes, afirma que el principal enemigo de la paz es el narcotráfico, al que señala como culpable de las recientes masacres. Lo dijo como si no hubiera ninguna relación entre las bandas paramilitares y los narcos. Después de culpar genéricamente al narcotráfico el general Holmes anunció que como respuesta a las masacres el ejército está listo para retomar la fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca. Esta es una práctica devastadora que empezó en 2001, con el Plan Colombia, y que en 2015 fue interrumpida durante el gobierno de Santos, ante informes contrarios de la OMS que pidió su suspensión; la veda se mantuvo tras un dictamen de la Corte Constitucional de 2017. Además, la fumigación aérea está contraindicada en los acuerdos de paz. Pero la amenaza de las fumigaciones volvió con el gobierno de Duque. Su ministro de Defensa asegura que ante la multiplicación de las masacres “hay que considerar la aspersión como un asunto de seguridad nacional”. Y aclara: “En las condiciones de hoy, reiniciar la aspersión aérea es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un resultado positivo en este asunto de los homicidios colectivos que tienen indignado al país”.²

Mientras tanto las comunidades indígenas, que ya sufren desplazamientos y el despojo de sus tierras por efecto de la violencia, consideran que con el glifosato se abren las puertas a la guerra y a la muerte. Miladi Morales, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), asegura: “La política antidrogas en Colombia ha fracasado, y muestra de ello son las falencias en la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz. Las fumigaciones lo que hacen es profundizar las problemáticas ya existentes en los territorios”.

Así pues, la población pide auxilio al gobierno ante las masacres que cometen criminales con ramificaciones en las fuerzas armadas, y la solución que brinda el ejército consiste en sofocar desde el aire con glifosato a esa población campesina, envenenando sus tierras y sus fuentes de agua, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.

El trasfondo actual de la violencia

El ahora ex senador Álvaro Uribe está en el foco de todas las miradas por la ola de masacres que sacude al país. No en vano se fueron acrecentando las sospechas de su implicación en el desarrollo de esas bandas criminales. Las desgracias de Uribe empezaron en 2014, durante un debate en el Congreso, cuando el senador Iván Cepeda (del Polo Democrático Alternativo) lo acusó de haber fundado, junto a su hermano Santiago Uribe, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más temibles. Uribe inició un juicio contra el senador opositor, acusándolo de haber comprado el testimonio de miembros de grupos paramilitares que estaban en la cárcel. Pero en 2018 Cepeda fue absuelto y el acusador pasó a ser investigado por el mismo tribunal, tras comprobarse que su abogado sí había comprado la retractación de algunos paramilitares detenidos. La Corte Suprema abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. El 4 de agosto quedó en prisión domiciliaria, si bien confortablemente alojado en una finca de su propiedad de 1.500 hectáreas en Antioquia. El mensaje de Uribe para sus seguidores consistió en proclamar que la Corte Suprema de Justicia es ahora una “aliada de las FARC”. A raíz de este episodio, los uribistas iniciaron una campaña para reformar la Constitución colombiana con el fin de controlar mejor el poder judicial.

La situación judicial de Álvaro Uribe se agravó dos semanas más tarde. El 23 de agosto la Corte Suprema retomó otra causa iniciada en su contra en 2000 y que permanecía congelada. En esta segunda causa se lo acusa entre otros cargos de inacción ante las matanzas cometidas por paramilitares en 1997, cuando era gobernador de Antioquia.³ El jefe político de la extrema derecha colombiana deberá responder aquí “por hechos relacionados con los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos, declarados como Crímenes de Lesa Humanidad por la Sala de Casación Penal”. Este caso corresponde a una masacre perpetrada por un grupo paramilitar en el municipio de Ituango, pero la Corte anticipa que tiene competencias para tramitar la investigación sobre otras masacres de esa época, cuyos emplazamientos precisa.

Al mismo tiempo, la situación política, sanitaria y de seguridad se complica día a día en Colombia. Aprovechando el momento en que las comunidades están a la defensiva por la covid19 y que la ausencia del estado es mayor de la habitual, los grupos paramilitares e irregulares están perpetrando una escalada de masacres devastadora. El lunes 10 de agosto, dos niños fueron asesinados por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas cuando se desplazaban por zonas rurales de Nariño para ir a la escuela. El martes 11 de agosto cinco niños afrodescendientes aparecieron degollados en las afueras de Cali, en el Valle del Cauca, una de las regiones más castigadas por las bandas criminales. Según el testimonio directo de algunos familiares los asesinos contaron con complicidad policial. Pocos días después, el 15 de agosto, se produjo la matanza de nueve jóvenes universitarios en Nariño, fusilados en el transcurso de una reunión en el exterior de una casa, después de identificarlos. Dos días más tarde fue el asesinato de tres jóvenes de la etnia Awá en Ricaurte (Nariño). Y a los pocos días, el 22 de agosto, se conocieron tres nuevas masacres perpetradas el mismo día: seis jóvenes torturados y asesinados en Tambo (Cauca), cinco muertes más en la zona rural de Arauca y otros seis jóvenes asesinados en Tumaco (Nariño). Más de 30 personas masacradas en menos de dos semanas, y estos son los casos reportados fehacientemente, a los que cabe añadir muchas otras denuncias por desapariciones.

En los días siguientes se notifican nuevas masacres, asesinatos y secuestros: el 23 de agosto tres jóvenes fueron masacrados en Venecia, Antioquia. El 24 de agosto el gobernador de Arauca denunció el secuestro de dos jóvenes abogados, interceptados por varios individuos fuertemente armados. El 25 de agosto aparecen tres hombres masacrados en una zona rural Ábrego, Norte de Santander. El 26 de agosto asesinan a la lideresa social Rita Bayona, de Santa Marta. Y así día a día, metódicamente, la maquinaria siniestra del terror paramilitar va devastando a la población colombiana.

El gobierno de Iván Duque culpa genéricamente de estos hechos al narcotráfico y asegura que llamarlos masacres es inapropiado, se trataría de ‘homicidios colectivos’. Hasta ese punto llega su cinismo. Esta expresión es la que se utiliza en los comunicados oficiales.

A muchos colombianos les parece sospechoso que esta terrible sucesión de masacres se produzca inmediatamente después de decretarse la prisión domiciliaria para el ex presidente Álvaro Uribe por una de las muchas causas en las que está procesado, por sus vínculos con grupos paramilitares, delitos de lesa humanidad y narcotráfico, entre otras imputaciones.

Uribe fue elegido presidente de Colombia en 2002 con gran respaldo popular y ejerció el cargo por dos mandatos consecutivos. Al concluir el segundo mandato siguió liderando su partido y controlando la política colombiana entre bastidores, digitando las candidaturas de sus sucesores a la presidencia, primero de su ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y luego del actual presidente Iván Duque.

El regreso del uribismo en la persona de Duque supuso la cooptación de los organismos del estado y en particular de las fuerzas armadas para un proyecto político opuesto a construir la paz. Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, lo explica en estos términos: “Lo peor que le pudo pasar a las Fuerzas Militares fue haber sido cooptadas por el uribismo […] No podemos esperar que un Gobierno que está comprometido con la reactivación de la guerra y con impedir la implementación del Acuerdo de Paz, le vaya a pedir a las Fuerzas Militares que actúen en contra de sus propios propósitos”. Yepes considera que en las últimas semanas se ha visto “una estrategia por llevar el caos y la violencia a todo el país, para generar una sensación de incertidumbre y de inseguridad” dirigida a “justificar una constituyente, una reforma de la justicia y replantear completamente el orden jurídico establecido”.⁴

Iván Duque se mostró siempre complaciente con su mentor y ahora se muestra indignado con la decisión de la Corte Suprema de dejarlo en prisión domiciliaria. También se sumó a la defensa de Uribe el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien reclamó su puesta en libertad defendiéndolo como un “héroe”. Al mismo tiempo, el senador Iván Cepeda denunció haber recibido amenazas de muerte. Así consta en una carta que cuatro parlamentarios alemanes dirigieron al presidente Duque el 25 de agosto: “Las amenazas de muerte contra el senador Cepeda parecen estar directamente relacionadas con la detención y el proceso penal contra el ex presidente Alvaro Uribe”.

Entre tanto, el gobierno colombiano mantiene su negativa a cualquier pacto que favorezca la paz. En respuesta al pedido de Naciones Unidas de cesar todas las hostilidades durante la pandemia, el ELN emitió un comunicado el 7 de julio proponiendo un cese del fuego bilateral durante 90 días. El gobierno de Iván Duque rechazó esta propuesta mediante un mensaje publicado en Twitter.

La naturalización del exterminio social

Durante este mes de agosto y en lo peor de la pandemia, en menos de dos semanas se produjeron en Colombia siete masacres, una cada dos días, en su mayor parte contra población afrodescendiente, indígena y campesina. Alberto Yepes asegura que no hay voluntad del gobierno de desmontar las estructuras paramilitares. Por el contrario, constata que “a lo largo y ancho del país se denuncia por parte de las organizaciones sociales y las comunidades la connivencia que existe entre agentes del Estado y paramilitares”.

Las masacres tienen especial impacto en la población indígena. Entre los más afectados por la violencia están los integrantes de la comunidad Awá, en Nariño. El diariodelsur.com.co indica (en su edición del 20 de agosto) que 14 miembros de esta etnia fueron asesinados en el marco de la pandemia de Covid-19. El diario documenta los asesinatos e informa de atentados contra la vida de otros líderes Awá, incluido un ex gobernador.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lleva registradas hasta 1.200 violaciones de los derechos humanos contra el pueblo Awá en Nariño: “En los dos años de mandato del presidente Duque constatamos con extrema preocupación cómo los grupos armados ilegales han exacerbado la barbarie en contra de las comunidades y en especial contra los pueblos indígenas”. La ONIC ha advertido que estos sucesos ocurren en medio de un conflicto en el que intervienen “quince grupos al margen de la ley”, incluidas las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el E-30 Franco Benavides, Los Nuevos Delincuentes, La Gente del Nuevo Orden, Los Contadores, el Clan del Golfo, los Cuyes, los de Sabalo y La Empresa, además de las disidencias de las FARC y el ELN. Todos estos grupos se disputan el territorio y el control sobre los cultivos en las zonas rurales.

Darío Monsalve, arzobispo de Cali, hizo a comienzos de julio una valoración política que produjo una reacción airada en su contra de la jerarquía eclesial. Dijo, entre otras cosas: “Desde los comienzos de la campaña electoral, se sentía un espíritu de venganza contra el Gobierno Santos que vislumbró estos procesos [de paz], un espíritu de venganza contra el pueblo que los acompañaba y, lo más grave, una venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso. Una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenían o tienen influencia las organizaciones subversivas”.⁵

Darío Monsalve conoce a fondo la sociedad y la política colombianas. Su mirada va más allá de los partidos y diseca las formas de segregación social que adquieren tintes patológicos: “En Colombia persiste una mentalidad -desde los tiempos de Pablo Escobar- de ‘limpieza social’ o de lo que yo he llamado ‘genocidio generacional’ entre los más pobres”. “A los jóvenes que adoptan esa forma de tribus o de pandillas urbanas, la sociedad piensa que no hay salida con ellos y que hay que echarles los ‘escuadrones de la muerte’, porque lo único que queda es matarlos o convertirlos en asesinatos ecológicos o en muertes con sentido social”.

Monsalve sacude la conciencia de los colombianos al insinuar que detrás del respaldo en las urnas brindado a Uribe y a Duque anida el huevo de la serpiente de la complacencia con las masacres: “El país tiene metida una conciencia de asesinatos que en realidad es genocidio”, asegura.

Visibilizar el genocidio

Cuando (una parte de) la sociedad colombiana consiente y a veces alienta los “asesinatos ecológicos”, pocos cambios cabe esperar a corto plazo en la construcción de la paz. Pero el mundo no puede quedarse impávido ante estas atrocidades. Es preciso poner freno a las masacres a través de la presión exterior.

En toda Europa, pero principalmente en España, hubo estos días un penoso apagón informativo sobre las masacres en Colombia, algo que, por otra parte, no es nuevo. Los medios de comunicación parecen estar desinformados al respecto. No debería ser así, porque importantes grupos de comunicación españoles controlan grandes medios de comunicación en Colombia y por tanto tienen acceso directo a estas noticias. La influencia de empresas españolas en los medios de comunicación colombianos de mayor audiencia, como es el caso del grupo PRISA en la cadena Caracol, o del grupo Planeta en el diario El Tiempo, sugiere que la información / desinformación que ofrecen esos medios pasa siempre por el tamiz de los intereses de las grandes empresas españolas que los controlan. Hay sin embargo una indiferencia absoluta por lo que ocurre en Colombia en la prensa, la radio y la televisión españolas, cuyas únicas coberturas del exterior fueron en estos días las marchas opositoras en Bielorrusia y el supuesto envenenamiento de un político ruso. El mundo circunscrito al ombligo de Europa, que por razones de conveniencia política ahora se extiende hasta su frontera oriental.

Las masacres también son invisibles para las autoridades europeas de política exterior, siempre tan beligerantes por los derechos humanos en la fronteriza Venezuela y tan insistentes en presentar a Colombia como modelo de democracia.

El pasado 25 de junio más de 40 organizaciones sociales -líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y excombatientes- iniciaron una Marcha por la Dignidad desde Popayán, capital del Cauca, y otras regiones muy castigadas por las masacres y los asesinatos selectivos, que confluyó en Bogotá el 10 de julio. Los manifestantes retomaron las demandas del paro Cívico Nacional de noviembre de 2019 y clamaron por justicia, al grito de “Nos están matando”. En su recorrido fueron acosados por la fuerza pública y pidieron “acompañamiento, apoyo y respaldo a organismos y organizaciones internacionales” en sus reclamaciones al Estado colombiano para “visibilizar y alzar la voz frente a las violaciones de derechos humanos”.⁶

En Colombia los grupos paramilitares y sus aliados en la política y en las fuerzas de seguridad están perpetrando un nuevo genocidio. #SOSColombia es una de las tantas etiquetas que convocan en redes sociales a repudiar las masacres y exigir justicia. No se trata de las ‘compensaciones’ que ofrece el gobierno para esconder los cadáveres bajo la alfombra. Las comunidades agredidas exigen justicia y reparación, recuperación del territorio y una nueva cultura de la paz. Es vital alzar la voz para defender estos derechos universales también desde el exterior.

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Por Colombia Informa

Este martes en la mañana la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reunió por tercera vez, de forma virtual, para definir el futuro del expresidente y actual senador de la república por el partido Centro Democrático.

El proceso por el que es investigado comenzó en el 23 de febrero de 2012 cuando Uribe Vélez denunció al congresista Iván Cepeda porque, según él, Cepeda pedía a ex integrantes de grupos paramilitares que testificaran en su contra a cambio de beneficios.

Esto sucede luego de que en febrero del mismo año Cepeda realizó un debate de control político contra el expresidente y su hermano Santiago Uribe, acusándolos de promover el paramilitarismo a través de la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Siete años después, la Corte Suprema determinó que Iván Cepeda no abusó de sus funciones ni lideró un “cartel de falsos testigos”, impulsando la investigación de Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal.

En el 2018, el entonces magistrado José Luis Barceló decidió llamarlo a indagatoria al encontrar que, presuntamente, Uribe había intentado cambiar el testimonio de varios testigos para que se retractaran de sus afirmaciones en las que lo señalaban de promover el paramilitarismo en Antioquia, y para que inculparan a Iván Cepeda de estar fabricando testimonios en su contra.

La decisión de la corte daría paso a la posibilidad para que se reabriera un proceso por paramilitarismo contra Uribe, pues los testigos que lo sindican por sobornos coinciden en que participó y favoreció a grupos paramilitares.

Asimismo, Diego Cadena, abogado que trabajó para Uribe Vélez, fue señalado en días anteriores por la Fiscalía de dar dinero a testigos para que declararan en contra de Iván Cepeda. Ente esta acusación el abogado aseguró que el dinero entregado a los exparamilitares tenía “fines humanitarios” y que no se trató de un soborno para comprar testimonios.

La Corte Suprema ha analizado 27 mil horas de grabación y escuchado a 43 testigos, entre ellos a varios exjefes paramilitares. Uno de ellos fue Carlos Enrique Vélez, alias Victor, quien afirmó que el abogado Cadena lo visitó en la cárcel de Riosucio, Caldas, para ofrecerle dinero a cambio de dar versiones favorables sobre el expresidente.Según la Fiscalía General, Cadena ofreció $200 millones para conseguir declaraciones falsas. De estos, $48 millones llegaron a manos de Carlos Enrique Vélez.

El expresidente negó estas acusaciones, afirmando que no tuvo conocimiento de lo imputado a Cadena y que tampoco autorizó hacerlo.

Hoy, antes de que la Corte dictara la medida, Uribe fue el primero que habló acerca de una orden de aseguramiento en su contra a través de su cuenta de Twitter.

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Por Sasha Yumbila Paz | Fotos: Tomás García Laviana (*)

El ELN, se alzó en armas en 1964. Desde 1989 ha adelantado Conversaciones de paz con 5 gobiernos. El gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN avanzaron en una Agenda para poner fin al conflicto. La última ronda de negociaciones la realizaron en la Habana Cuba, donde actualmente la Delegación de Diálogos del ELN continúa trabajando por la solución política del conflicto armado de Colombia.

El gobierno de Iván Duque Márquez, desde su posesión en agosto de 2018, desconoció la Agenda de Conversaciones, incluidos los protocolos de seguridad y retorno del ELN a Colombia; y desde enero de 2019 rompió los diálogos con el ELN.

El conflicto armado en 56 años ha dejado más de 8 millones de víctimas civiles, (Registro Único de Víctimas -RUV, 2017) entre asesinados, desterrados y despojados de tierras. En el año 2016 el gobierno de Juan Manuel santos firmó un Acuerdo de paz con las FARC, que el actual gobierno ha hecho trizas. En abril el gobierno Duque expidió el Decreto 601 del 2020 que reduce la solución del conflicto con el ELN a que este se someta a la justicia, por su parte la organización rebelde, en voz de Pablo Beltrán, manifestó su rechazo al Decreto afirmando que el ELN busca poner fin al conflicto armado acordando transformaciones “esta es una salida de solución política, no de sometimiento a la justicia”

Es común de periodistas y opinadores clasificar al ELN como una organización confederada, y dividida para llevar Conversaciones con el Gobierno, ¿qué nos dice al respecto?

El ELN es una organización político-militar, por tanto tiene más democracia que un ejército, pero tiene más centralización que un partido. Cada 10 años realiza un Congreso Nacional que traza líneas gruesas de actuación, de cuya ejecución encarga a la Dirección Nacional. La decisión de buscar una solución política del conflicto la tomó el Congreso de 1989 y en estos 30 años de búsqueda hemos hecho conversaciones de paz con 5 Gobiernos y lo que hemos acordado con ellos, todos nuestros Frentes lo han cumplido. Este Gobierno es el tercero de Álvaro Uribe, así el que aparece como presidente sea Iván Duque, a ambos les hemos dicho que tenemos la disposición de reabrir una Mesa de conversaciones para que termine el conflicto armado y se acuerden transformaciones que necesita Colombia.

Integrantes del Comando Central COCE-ELN, Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Marín. Montañas de Colombia. 

Se rumorea que algunos Frentes de Guerra del ELN discrepan de las Conversaciones, y con las acciones humanitarias que han realizado; ¿Los que están en la Habana representan al conjunto de la Organización, y el ELN seguirá haciendo gestos humanitarios?

Esta Delegación la nombró el Congreso hace 5 años y los cambios en su composición los define la Dirección Nacional. Una parte de los Frentes considera poco posible que se pueda llegar a acuerdos con una coalición de Gobierno que en los últimos 5 años persigue “hacer trizas la paz”, que lo ha logrado al volver añicos lo que el Gobierno anterior firmó con las FARC. Pese a esto, el ELN sostiene que no se va a levantar de la Mesa y periódicamente realiza liberaciones de personas privadas de libertad por nosotros y hacemos ceses al fuego, como el que decretamos durante abril, como gestos humanitarios para rebajar la intensidad del conflicto, que los hacemos independientemente que el Gobierno haga o no gestos de humanización de la guerra.

¿Quién está detrás de los asesinatos de líderes sociales en zonas donde hay influencia del ELN?

En todas las regiones de Colombia están desarrollando grandes proyectos mineros, petroleros, de infraestructura y agronegocios, que cuentan con una fuerte oposición de las comunidades organizadas de esos territorios; de este choque es que nace la persecución que sufren los líderes sociales, que va desde amenazas, difamación, destierro, atentados, hasta el asesinato.

El Alto Comisionado para La Paz dice que actualmente hay en ELN 2.500 niños reclutados, ¿cómo explica la presencia de menores en esa guerrilla?

El Gobierno una veces dicen que somos “cuatro gatos” y otras veces le conviene mostrarnos más grandes de lo que somos en realidad; por esto ahora resultan con esa ficción de los “miles y miles de menores” en nuestras filas, cifra que es absolutamente falsa, porque el ELN no lleva ni mantiene forzado en la lucha a nadie, y además cumple con la norma internacional de no incorporar menores de 15 años.

Organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, denuncian la utilización de minas anti personas en territorios de influencia del ELN, ¿Cuál es el intencionalidad de minar donde hay población civil? ¿Tienen criterios o normas para hacerlo?

El minado como sistema de defensa también lo usan las Fuerzas Militares estatales, nosotros lo usamos para defender nuestras instalaciones, a las cuales la población no se acerca. Otro tipo de minado de carácter ofensivo lo usamos para contener fuerzas que avanzan en nuestra contra, arma que es muy temida tanto por militares como por paramilitares.

El Centro de Investigación y Estudios Sobre Conflicto Armado-CERAC, hizo monitoreo del cese al fuego unilateral que el ELN hizo en abril, ustedes en su comunicado “Sobre el cumplimiento del cese”, citan un informe de CERAC, como referencia de verificación de que el ELN cumplió, también ese informe asegura que, “han transcurrido 39 días desde que CERAC registró la última operación militar ofensiva contra el ELN”, siendo así, ¿por qué el ELN afirma que el Gobierno estuvo interesado en sacar ventaja militar, razón por la cual no prologaron el Cese al fuego Unilateral?

Las Fuerzas Armadas estatales prosiguieron sus operaciones ofensivas en contra nuestra sin atender el llamado al Alto al Fuego que les hizo la comunidad internacional, siguieron en su plan de guerra y se aprovecharon que decretamos el cese al fuego durante abril. Nuestros frentes esquivaron el combate hasta donde pudieron, pero el régimen aprovechó esta actitud nuestra para intensificar la matanza de líderes sociales por medio de bandas narco paramilitares, y para ampliar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en 7 departamentos, pisoteando los acuerdos de sustitución voluntaria que venían firmados desde años atrás. Por todos estos motivos, era insostenible alargar el cese unilateral nuestro.

Sobre el cumplimiento del cese

Ante la negativa de una negociación por parte del Gobierno Duque, el Comando Central, en el mismo comunicado, da a conocer al país que es el momento que la Delegación de Diálogos del ELN, que se encuentra en la Habana, retorne a los campamentos en Colombia, ¿Están cerrando definitivamente el diálogo con el Gobierno?

Lo que observamos es un nulo interés del Gobierno por reabrir conversaciones de paz, por esto nuestra Dirección le exige al Gobierno que cumpla el Protocolo de retorno de esta Delegación, y el día que decida abrirlas, el ELN nombraría sus delegados para atender un reinicio de la Mesa de diálogos.

Delegación de Diálogos – ELN, dispuesto y listo para continuar negociaciones. Habana/Cuba. 

Si el ELN dice que no es una organización narcotraficante, ¿De quién son los laboratorios que el ejército de Colombia asegura desmantelarles?

El 80 por ciento de la cocaína que llega a los EEUU sale por el Pacífico y funciona así porque sobornan a las FFAA; igual si hay grandes laboratorios, estos funcionan cerca de las grandes ciudades, como el decomisado en una hacienda del embajador Sanclemente, en las goteras de Bogotá. En las zonas rurales apartadas están los cultivos, que son zonas donde sí está el ELN, porque son comunidades campesinas empobrecidas y excluidas a las que no les han dejado otra opción económica que cultivar la coca.

¿Cómo se realiza las alianzas del Estado colombiano con bandas paramilitares para negocios de narcotráfico, narco parapolítica y operaciones conjuntas contra el ELN?

El Clan del Golfo siempre estuvo en la costa Caribe, pero a partir de este año el Ejército los llevó al suroccidente, para usarlos como su brazo de contrainsurgencia contra el ELN. Igual ocurre con los denominados Pelusos, que el Ejército estatal los usa como sicarios contra nosotros, en una operación de guerra sucia que reconoció el mismo General Villegas, comandante de tropas del régimen en la frontera del Catatumbo. Otros caso es el de los Carteles de la Guajira que se camuflan como brazos del Partido Conservador, del Centro Democrático y de Cambio Radical, los que durante las elecciones presionan y compran votos, como pasó en 2018, que con esos votos Duque ganó la presidencia.

¿Qué medidas y propuestas implementa el ELN, en sus zonas de control y especialmente para enfrentar la actual crisis, social y económica que ocasionó la pandemia?

En Comunicados públicos nuestra Dirección ha exigido al Gobierno que cuide la vida de la gente, en vez de priorizar los negocios de los grandes capitalistas; que con impuestos a los ricos se financie medidas para los damnificados por el COVID-19, como una renta básica, alivio a los deudores y pequeñas empresas, mejorar la dotación del sistema de salud pública y atender la grave crisis sanitaria de las cárceles. En las zonas donde nos encontramos nuestros Frentes ayudan a enfrentar la pandemia con medidas preventivas, control de aglomeraciones y del orden público, atención de infectados y apoyar el comercio de alimentos y bienes esenciales.

El ELN frente a la pandemia por el coronavirus covid-19

Ustedes critican la contaminación que ocasiona la industria minero energética en el país, ¿cómo explican la contaminación que ocasionan con la voladura de los oleoductos; y qué proponen para el país como alterativa a la actual industria minero energética?

Hacemos sabotaje a las empresas de extracción intensiva de bienes naturales para exigir un manejo soberano de esos recursos, que deje bienestar a las regiones y no solo ganancias a las empresas transnacionales; tales ataques los hacemos tratando de causar el menor daño al ambiente y a la población. La era de los combustibles fósiles está expirando y el país debe preparar una transición energética, que cuente con fuentes de energía limpias.

Ustedes en varias comunicaciones han manifestado que uno de los agravantes a la crisis social es la corrupción, ¿qué han hecho en acciones concretas que frenen ese flagelo?

Aún en medio de esta pandemia, el sistema político colombiano carcomido por la corrupción, sigue robando bienes públicos que debían destinarse a atender al conjunto de la población; este es un virus difícil de erradicar, que requiere de mucha presión social y también de acciones de expropiación y privación de la libertad para los corruptos, como las que hemos hechos en varias regiones.

Ejército de Liberación Nacional. Montañas de Colombia. 

(*) Delegación de Diálogos ELN

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Por Redacción Sentiido* / Foto: Archivo 

1.108.541 votos llevaron a que Claudia López se convirtiera en la primera alcaldesa en la historia de Bogotá (2020 – 2024). López obtuvo el 35,2% de los votos, mientras que Carlos Fernando Galán el 32,4%, Hollman Morris el 13,9% y Miguel Uribe el 13,5%. Fue además una votación histórica: en 2015, Enrique Peñalosa fue elegido alcalde de Bogotá con 903.764 votos y, en 2011, Gustavo Petro con 723.157.

Claudia López ganó después de superar una campaña difícil. Más de una persona expresó que no votaría por ella porque le parecía “gritona”, a manera de eufemismo para rechazar que López se salga de la delicadeza y suavidad esperada socialmente de las mujeres. De hecho, ser “gritón” nunca ha sido un argumento para no votar por Álvaro Uribe y hay que verlo en el Congreso:

El hecho de que López hable con un tono que socialmente no es el esperado para las mujeres, se convirtió para muchos en una razón para descartarla. En el fondo, la incomodad radicaba en que Claudia López se aleja del parámetro tradicional de feminidad. (Ver: Hay muchas formas de ser mujer)

De ahí que de manera despectiva acudieran a palabras como “Claudio” o a frases como “esa que ni es mujer”, pasando por alto su hoja de vida e ignorando que identificarse como mujer no es sinónimo de tener el pelo largo o hablar en voz baja y que hay muchas formas de ser mujer. (Ver: A mí no se me nota).

De igual manera, al menos dos de los competidores de López hicieron especial énfasis en sus campañas en un aspecto que en una sociedad como la colombiana es casi un valor agregado: tener una pareja (bajo matrimonio) del sexo opuesto y unos hijos que mostrar. Claudia, por su parte, resaltó su familia (hermanos y sobrinos) y la figura materna, también muy relevante en el contexto colombiano.

A todo esto se sumó el clasismo latente en algunos sectores que apoyaban a otro candidato, quienes se referían a López por su segundo nombre, “la Nayibe” en tono burlón y despectivo. A manera de respuesta, López convocó a varias Nayibe para decir en grupo que se sienten orgullosas de su nombre.

Después de una larga campaña, Claudia López ganó y eso, se supone, es lo único que ahora debería importar. Pero una vez fue confirmada la noticia, ella abrazó y besó a su pareja, la senadora Angélica Lozano, tal cual como lo hacen muchas parejas en un momento de celebración. Desde entonces, no han faltado las críticas de algunos sectores conservadores que señalaron este gesto como “un acto desafiante” con las personas que se oponen a las parejas del mismo sexo. También hubo quienes dijeron que estas muestras de afecto deben ser privadas y no públicas.

Lo raro es que consideren los gestos de afecto entre personas del mismo sexo como un asunto privado mientras que los besos entre hombre y mujer sí son  públicos como se ve a diario. El tema llegó a ser “tema del día” en la W Radio, cuando las muestra de afecto entre personas heterosexuales no son tema de discusión radial.

La pregunta es: ¿la orientación sexual y la vida afectiva de los aspirantes y gobernantes heterosexuales sí es pública y las de las mujeres lesbianas como Claudia López debe ser privada?

Además, ya algunos líderes de sectores conservadores-religiosos, inconformes con el hecho de que la ciudadanía no eligió a su candidato, están apelando a sus estrategias de siempre: despertar el miedo, decir mentiras de frente y difundir rumores infundados sobre lo que será la alcaldía de López. Desde ya están acudiendo a su viejo truco de crear pánico.

Para completar, a López también se le avecina otro reto: aunque todos los alcaldes han tenido aciertos y desaciertos en su gestión, a ella muy seguramente la oposición le cobrará más duro un posible incumplimiento en algunas de sus propuestas de campaña, teniendo en cuenta, además, los contratos amarrados que le deja su antecesor Enrique Peñalosa.

Es más, hasta el simple hecho de continuar con los programas de inclusión LGBTI y diversidad de las administraciones pasadas, puede ser utilizado en su contra por cuenta de su orientación sexual. Es decir, cualquier iniciativa que la alcaldía de López decida continuar o implementar al respecto, podrá ser usada por estos sectores conservadores–religiosos para hablar de “tiranía de las minorías”.

Algo así fue lo que le pasó en 2016 a la entonces ministra de educación Gina Parody cuando por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional que le correspondió cumplir, sectores conservadores-religiosos dijeron que ella estaba “imponiendo la ideología de género”, utilizando entre sus argumentos que Parody es lesbiana. (Ver: 5 claves para entender el enredo de los manuales de convivencia).

En todo caso y aunque es un hecho que aún falta mucho camino por avanzar en materia igualdad e inclusión, no se puede desconocer que fue un gran paso elegir a una alcaldesa con una destacada hoja de vida, lesbiana. Pero los retos que se avecinan son enormes, teniendo en cuenta que hechos como este implican intentos de retroceso por parte de quienes se niegan a reconocer que la diversidad propia de la realidad debe estar presente en todos los espacios, incluida la Alcaldía de Bogotá.

*originalmente publicada en Sentiido

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2.50 p.m marcaba la hora oficial de Colombia. 92 minutos señalaba el reloj oficial del partido. Yerri Mina, hijo pródigo de la zona del Cauca, le daba el gol más soñado a la selección nacional. Un grito de gol que ahogó los gritos de dolor de 6 líderes y liderasas sociales ejecutados en la misma zona. La arremetida paramilitar suma una centena de ejecuciones en este año.

Solo restaba un minuto oficial para que la selección Colombia cayera ante su par inglés por la copa mundial de fútbol masculino. 92 minutos marcó el reloj del juez Mark Geiger cuando Yerri Mina se elevó por los aires como alzado por pueblo entero, para dar el testazo más importante de las últimas décadas. El pueblo colombiano se unió en gritos y alabanzas ante el gol más importante de los últimos tiempos. Se hizo gigante la figura de Yerri Mina y se enaltecieron monumentos a la región del cauca por haber parido al hijo le estaba dando gloria y un nuevo respiro a la selección.

92 minutos. En ese mismo instante y en esa misma región, 6 líderes y lideresas estaban siendo ejecutados por las fuerzas paraestatales denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -o Clan Del Golfo (CDG)-. El grito de gol ahogó el grito de auxilio de estos defensores y defensoras de los Derechos Humanos y de la vida. La razón por cual fueron asesinados es la misma por la que le fue arrebatada la vida en menos de dos años a 311 líderes y lideresas sociales: defender los Derechos Humanos, defender el territorio y  defender de la vida.

En estos últimos 6 años el escenario político en Colombia giró alrededor de las negociaciones de paz y la firma de los acuerdos por parte de la FARC con el gobierno nacional. De este escenario se esperaba abrir nuevos horizontes para Colombia en relación a la paz, la búsqueda de justicia y de verdad para las víctimas que por más de 50 años han sufrido los estragos del conflicto social y armado. Sin embargo, ese esfuerzo se vio empañado, en primer lugar porque los sectores de la oligarquía más conservadora encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez se opusieron al acuerdo desde el inicio de los diálogos de  Habana. En segundo lugar porque se avizoraba nuevos rumbos para concebir una nueva forma de oposición alejada de las armas por parte de las FARC, los líderes/as sociales y diversos sectores de los movimientos sociales.

Todas estas propuestas hoy penden de una delgada línea, ya que el gobierno nacional no tuvo la suficiente fuerza para garantizar que la aprobación de cada una de las propuestas firmadas en el acuerdo final, fueran aprobadas por el senado de la República. Las consecuencias han sido letales. El acuerdo final firmado entre insurgencia y gobierno fue modificado en profundidad botando a la basura más de seis años de discusiones y rondas entre insurgencia, sociedad civil y gobierno.

Todo lo anterior fue una muestra de la poca voluntad política por una parte de la sociedad al a que no le interesa la paz, simplemente porque ellos han sido los artífices de la violencia social y económica del país. Después del proceso de dejación de las armas por parte de una de las insurgencias más grandes de Colombia, distintos ejércitos paraestatales han surgido para tratar de ocupar y controlar de forma violenta aquellas zonas que eran de ocupación de las FARC, regiones como la del Nariño, Cauca, Norte de Santander, el pacífico colombiano, el nororiente antioqueño, entre otros. Territorios que se caracterizan principalmente por ser ricos en bienes de la naturaleza tales como el oro, carbón, agua, petróleo y por poseer enormes cultivos de planta de coca y todas las rutas de salida del narcotráfico.

El papel de los líderes y lideresas sociales ha sido crucial para tratar generar procesos de defensa del territorio ante la arremetida de la transnacionales, el desmantelamiento de las redes narcotráfico y microtráfico, la puesta en evidencia de la estructuras paramilitares, la denuncia permanente de la corrupción estatal y, sobre todo, la defensa de cualquier salida negociada y consensuada con la sociedad civil de los acuerdos de paz.

Sin embargo, a raíz de la ausencia de las insurgencias, el foco de la violencia ha cambiado y apunta a quienes ejercen el derecho a la protesta, los derechos humanos, la defensa del territorio y de la vida. Las cifras son escandalosas, entendiendo que desde hace dos años  se firmó un acuerdo que trataría de garantizar la búsqueda de una paz estable y duradera.

• A la fecha (5 de julio de 2018) 123 líderes y/o defensores de DDHH han sido asesinados durante el año 2018.
• En el 80,48 % de las víctimas de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal y/o étnicas.
• Si se considera el tipo de conflictos se constata que los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 13 % del total.
• Los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los homicidios en el 2018.
• El 14,63% de los homicidios fueron mujeres.
• Desde la elección presidencial el 17 de junio de 2018 se han asesinado a 22 líderes/as y defensores/as de DDHH (uno diario)
• En 2016 asesinaron a 57 líderes/as y/o defensores/as de DDHH, en el 2017 asesinaron a 93 líderes/as y/o defensores/as de DDHH y en lo corrido del 2018 han asesinado a 123 líderes/as y/o defensores/as de DDHH.
• El 34,14 % de los homicidios fueron cometidos en contra de integrantes de las organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (ONIC 18, Marcha Patriótica 16, PCN 3, Congreso de los Pueblos 2 y Ríos Vivos 2) y de Confederación Comunal de Colombia 16.
• En él años 2018, frente a homicidas de ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación se registraron 33 homicidios, igualmente 5 familiares de ex combatientes fueron asesinados.
• Cabe destacar que en los departamentos donde más se presentaron homicidios fueron en Cauca (19), Antioquia (18) y Norte de Santander (11), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8). Manteniendo la tendencia de los años 2016 y 2017 de ser los Departamentos más afectados por este tipo de violencia.
• Los homicidios se presentaron en 73 municipios ubicados en 24 departamentos del país. El 67,47 % de los homicidios se concentra en 7 Departamentos.^[1]

El día 6 de julio fue convocada una serie de acciones a nivel mundial para exigirle al Estado colombiano que ponga fin a esta masacre y que generen mecanismos de protección a los líderes y las lideresas sociales para garantizar sus vidas y obligar al gobierno nacional a que avance con los procesos de investigación y desmantelamiento a las estructura paramilitares.

^[1] Cifras tomadas del INFORME ESPECIAL. Todos los nombres, todos los rostros: Informe de Derechos Humanos sobre la situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de Derechos Humanos y de ex combatientes de las FARC – EP y sus familiares en los territorios.

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En las últimas horas he leído que el “pueblo” es “el responsable” de la victoria uribista, que “tendrá el gobierno que se merece” y “vivirá la dictadura como quería”. Ciertamente, el uribista Iván Duque ganó las elecciones con el 53,98% contra el 41,81% obtenido por Gustavo Petro. Sin embargo, quiero adelantar unas rápidas reflexiones, en contravía del consenso pesimista.

Luces y sombras

1. El “pueblo” es el gran ganador de las elecciones y el gran responsable de los históricos resultados obtenidos por la propuesta alternativa, pero no alterativa aún –en el sentido de “alterar” el modelo político-económico dominante–. 20 años después, la abstención fue inferior al 50%.

La alternativa política por primera vez en la historia sobrevivió (vital y electoralmente) a la primera vuelta, alcanzando su mayor acumulado electoral pues superó el 22,02% de Carlos Gaviria (en 2006) y el 27,47% de Antanas Mockus (en 2010). Y Petro superó su piso de 9,13% (en 2010). Entonces, será inédito el enfrentamiento entre el gobierno derechista (tradición colombiana) y una potencial oposición de la casi mitad de los electores y electoras, con posibilidad de articular movilización callejera y debate parlamentario, y con un despertar juvenil que quiere una política renovada.

Otro elemento importante es el alza del nivel de la discusión política, más allá de la estrechez mediática del “castro-chavismo” y del “sentimiento anti-uribista” que algunas personas subrayan. En esta contienda electoral se discutió –visiblemente y con amplio interés– sobre política (orientación) y economía (matriz productiva y modelo económico). Producto de esto son las famosas “peinadas” de Petro a los demás candidatos en los debates y a los periodistas del stablishment en las entrevistas y las multitudinarias concentraciones populares en las plazas, cosa que parecía jurásica en el panorama nacional. Producto de esto también es este artículo, así como la auto-convocatoria de votantes de Petro, Fajardo y De la Calle buscando consensos de cara a la segunda vuelta. El proceso electoral permitió que el “pueblo” se visibilizara como protagonista, y esta es otra señal de victoria.

2. Las regiones del país nuevamente aleccionaron con sus victorias, siendo ejemplarizantes los resultados obtenidos en el Pacífico colombiano. Petro arrasó en departamentos como Putumayo, Cauca y Nariño. También ganó en 33 capitales departamentales (39,39%), en ciudades grandes como Bogotá, Cali y Barranquilla, en ciudades intermedias como Cartagena, Santa Marta, Pasto, Tunja y Popayán, y en ciudades pequeñas como Quibdó, Riohacha, Mocoa, Sincelejo y Mitú. El Pacífico y el Sur (geográfico y simbólico) apostaron por el cambio.

Fuente: Registraduría

3. La “oligarquía”, es decir, la “maquinaria”, es la perdedora. Reconociendo que hay una masa poblacional que vota conscientemente a la derecha (disfrazada de diferentes partidos), considero que Iván Duque ganó por “inflación” de los medios de comunicación: entre la primera vuelta (27 de mayo) y la segunda vuelta (17 de junio), sólo creció el 37, 03% mientras que Petro creció un 65,61%.

Esto es significativo teniendo en cuenta que Duque coalicionó las “maquinarias” de los partidos tradicionales (Conservador y Liberal) y sus mutaciones recientes (Cambio Radical, Partido de la U); trabajaron en torno suyo los medios de comunicación (nacionales y extranjeros), los mafiosos locales y regionales, los terratenientes, el paramilitarismo (que sigue activo en las regiones), los mercenarios extranjeros y la propaganda negra y la guerra psicológica (encabezadas por J.J. Rendón); y se traccionó el aparato estatal en función de la legitimación del fraude que le diera la victoria, como resulta evidente en las actuaciones de la Registraduría Nacional y la Fiscalía General (en el caso de las denuncias de fraude) y de sectores policiales y militares, que boicotearon la campaña de Petro como se denunció por activistas en las redes sociales.

También perdieron el centrismo de Sergio Fajardo (que funcionó como un uribista solapado) y el mohoso y herradumbrado MOIR de Jorge Robledo (incluido el senador santandereano Leonidas Gómez) quienes apostaron por el voto en blanco. En términos políticos jugó más su anti-izquierdismo y su comodidad con el statu quo (prisioneros de su ideología y voceros de la propaganda “castro-chavista”). En términos de “opinión”, su opción resultó pírrica, pues sólo alcanzó el 4,20%. En términos prácticos, favorecieron los intereses del poder instituido.

El fenómeno endémico y multifactorial del abtencionismo va cediendo terreno y también perdió. Al igual que el voto en blanco, el abstencionismo es muy respetable políticamente, pero no puede convertirse en un axioma, sino considerarse una táctica dentro de un proceso histórico. Nadie pide entregar las banderas a un candidato o candidata, sino impulsar proyectos por donde se puede. No votar en estas elecciones era menos complejo que en 2014 (Santos-Zuluaga) y exigía un poquito más de creatividad. Ciertamente “el que escruta elige”, como decía Camilo Torres, y “después de las 4 vota la registraduría” como advertía Gaitán, pero endosar la esperanza por la fe total o la negación absoluta, no ayuda mucho en el panorama político (y esto no sólo tiene que ver con un “sentimiento antiuribista”).

4. Así, como advertimos en las elecciones de 2010, volvió a perder (al menos en el discurso público) la política alternativa-alterativa, que comúnmente se conoce como “la izquierda”. Esto no significó, obviamente, la desaparición de la izquierda sino de su inclusión en un proyecto más amplio que su propio discurso, tan golpeado mediáticamente como bastardeado por la extrema derecha recalcitrante que gobierna Colombia, por lo menos desde la derrota de José María Melo en 1854. Que Petro se haya ‘corrido’ al centro, no quiere decir que las personas que peinamos la historia a contrapelo hayamos renunciado a nuestro proyecto y nuestros sueños.

Petro explicitó su distancia del “marxismo” y su adopción teórica del liberalismo económico, incluso planteó la necesidad de crear un capitalismo nacional, pues en su consideración no había en Colombia más que un feudalismo rampante y feroz. Y planteó que su modelo de gobernabilidad de “acuerdos sobre lo fundamental” era el de la concertación chilena. En esto no se separó ni un ápice del diseño político desarrollado por la derecha colombiana y explicitado en su programa “Visión de Colombia II Centenario: 2019” editado en 2005 por el Departamento Nacional de Planeación. Petro se siente cómodo en ese discurso conciliador del “centro” de los partidos tradicionales y en el rol de socialdemócrata con pasado guerrillero, como José “Pepe” Mujica, que en últimas pretende administrar el capital.

El programa de la “Colombia Humana” se mostró como un programa que apelaba al imaginario liberal nacional y rescataba nombres de esa tradición: Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. También apeló al célebre conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien supo apartarse de la corrupción narcotraficante, pero no de la criminalidad estatal de la que su padre, el expresidente Laureano Gómez, fuera exponente.

El “centrismo” de Petro se evidenció en las “tablas” de los acuerdos con Antanas Mockus y Claudia López donde se comprometía a defender el statu quo: no “expropiando”, impulsando la “iniciativa privada”, no convocando a una Constituyente y respetando “el Estado Social de Derecho”.  Así pues, su programa político no buscaba alterar ni el modelo político-económico ni el modelo de propiedad, de la misma manera que se estableció en la negociación de paz con las FARC-EP y la sacrosanta trinidad inexpugnable: modelo de propiedad, modelo económico y doctrina militar. Otras muestras parecen ser su posición anti-soberanista en el tema de la extradición, su consideración de Venezuela como “dictadura” y su promoción de un “capitalismo verde”, al mejor estilo de Al Gore, considerando que hay un cierto capitalismo que puede proteger la naturaleza. Algunas de estas ideas son expuestas por Renán Vega Cantor, Sergio Segura y Felipe Polanía.

5. Las encuestas se desnudaron como armas ideológicas e instrumentos de manipulación y control social. Como se aprecia en las cuatro consultas realizadas de cara a la segunda vuelta, mientras la tendencia de Duque era a la baja (en 8 días perdió 10 puntos) la de Petro era al alza (subió 5 puntos) y la diferencia entre ambos se redujo en 14 puntos. (Recuérdese que no hubo encuesta después de la adhesión pública de Claudia López y Antanas Mockus a la campaña de Petro).

Entonces se abren tres interrogantes: ¿Cómo explicar estadísticamente que un candidato que va bajando venza a uno que va subiendo y que la diferencia final duplique el estimativo de la diferencia en la última encuesta?; ¿es posible que se haya planteado una medición alta desde el principio para Duque (55%) calculando que se desinflaría y previendo un estimado del fraude para decir que “acertaron las encuestas” teniendo en cuenta que obtuvo el 53,98%?; ¿a qué candidato apoyaron los dueños de los medios de comunicación que contratan las encuestas? Por otra parte, si pudiera estimarse que el fraude estuviera cercano a los dos millones y medio de votos, como algunas personas me han manifestado, la victoria de Duque se convierte en derrota (“empate técnico”, llamarían algunos) pues sólo obtuvo 2.338.891 votos más que Petro.

Retos y tareas (para un “petrismo” más allá de Petro)

1. Se requiere de una organización popular que participe activamente en la fiscalización del escrutinio de la segunda vuelta, a fin de desnudar el fraude electoral y, a la vez, exigir a la Fiscalía General de la Nación que revele la investigación sobre el fraude de la primera vuelta, el mismo fraude que el registrador invitó a “dejar en el pasado”.

2. Esta misma organización debe impulsar estrategias y acciones concretas que defiendan los maltrechos acuerdos firmados con las FARC y la mesa de negociaciones instalada con el ELN. Defender la paz como derecho y no como consigna vacía debe incluir en la ecuación el “factor Venezuela” que entrará en juega a través de la incorporación de Colombia a la OTAN y el cuasi consenso que allí se vive una “dictadura”.

3. La derecha colombiana comprende rápidamente que si deja respirar al pueblo de la represión, la espuma del chocolate vuelve a subir. Después de 200 años de dominación, aún no ha podido alcanzar la hegemonía y el consenso de las mayorías y eso la conducirá a armar causas alrededor del ELN (en ausencia de las FARC) en las regiones del país y en el exterior.
Urge activar las alarmas y las redes de solidaridad, visibilidad y denuncia nacionales e internacionales frente a la obvia arremetida mediática, jurídica, política, militar y paramilitar sobre las personas que dinamizaron la campaña de Petro en las regiones, sobre el pensamiento crítico y sobre los movimientos sociales, es decir, frente al asesinato, la estigmatización y criminalización de la pobreza y la protesta social organizada. Todas estas acciones ya se vienen desarrollando en contra de los reclamantes de tierras, los defensores y defensoras de Derechos Humanos, integrantes del Congreso de los Pueblos y parlamentarios del Polo Democrático Alternativo.

4. Deben fortalecerse los procesos formativos de pensamiento crítico, de recuperación crítica y activa de la historia y de fortalecimiento político-ideológico. Hay que alimentar las luchas del presente y del futuro con tradiciones, memoria e ideas. Contra el discurso de “liquidar el pasado” y “pasar la página”, se exige avivar la llama rebelde de la resistencia y los sueños ancestrales con las herramientas teóricas disponibles.

5. Hay que consolidar los resultados regionales donde se ganó y fortalecer donde se perdió, no sólo de cara a las elecciones de 2019, sino a la consolidación de procesos locales de organización popular, participación política y poder instituyente. No se trata sólo de “captar votos” sino de construir otro horizonte político: desde abajo, de la periferia al centro y con protagonismo local, combinando las ansias de gobierno con la construcción de poder, pues alcanzar lo primero sin lo segundo es una tentación y desarrollar lo segundo sin lo primero es ilusión.

La “izquierda” y los movimientos sociales deben jugar un papel protagónico, articulando el movimiento social y el movimiento político, y atrayendo a los no alineados y no alineadas en ninguna expresión política. Se necesita replantear las prácticas y formas de hacer política y aventurarse en la construcción de una gran colación de movimientos sociales, Coalición Colombia y la lista Decentes: un gran frente social y político desde abajo, de oposición y proposición, en acuerdos básicos prácticos. La utopía pluralista de Camilo Torres Restrepo sigue estando a la orden del día.

6. Los hechos exigen la construcción de instrumentos académicos de opinión pública que ayuden a desideologizar el control de los medios masivos de comunicación y permitan establecer vinculaciones concretas de la academia colombiana con los problemas reales del país. Los científicos y científicas sociales tenemos mucho que aportar en esta batalla cultural. Un buen ejemplo podría ser la estrategia desarrollada por el Instituto Universitario De Opinión Pública (IUDOP) que desde la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” impulsara el psicólogo jesuita Ignacio Martín-Baró.

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*Nicolás Armando Herrera Farfán es psicólogo colombiano, investigador del Colectivo Frente Unido – Investigación Independiente.

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Conversamos con Omar Eduardo Rojas Bolaños, coautor del libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010”, quien nos reveló detalles de su investigación, la más rigurosa y completa que aborda el tema de los “falsos positivos” en Colombia.

El Artículo 11 de la Constitución colombiana de 1991 establece tajantemente: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. De allí que las “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos” sean realmente asesinatos de civiles por parte de las Fuerzas Armadas. Aunque las investigaciones registran los primeros casos a mediados de la década de 1980, la práctica sistemática de estos crímenes se desarrolló con la llamada “Política de Seguridad Democrática”, estrategia contrainsurgente desplegada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con el propósito de mostrar “guerrilleros abatidos” y “éxitos militares”.

Así lo demuestran Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva, autores del libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, salido hace escasos meses. El libro es el resultado de un trabajo mancomunado de profesionales de la psicología, la historia, la economía y la sociología, y recurre a varias fuentes, convirtiéndolo en la más completa investigación sobre el tema hasta la fecha.

Cifras confusas

Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en 2002, las Fuerzas Armadas afirmaban que las insurgencias estaban conformadas por cerca de 30.000 personas en armas. Al terminar su segundo periodo, en 2010, los mismos militares presentaron las siguientes cifras: 19.405 muertos en combate, 63.747 capturas y 44.954 desmovilizaciones. Esto arroja un total de 128.106 insurgentes. ¿De dónde salieron tantas muertes, capturas y desmovilizaciones?

Las cifras sobre los mal llamados “falsos positivos” son confusas. La Política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez llegó a decir que se trataba “solo” de 42 casos, mientras que en 2015, la Fiscalía General de la Nación documentaba 4.500, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) reportaba 5.700 y otras ONG hablaban de 6.200. En 2010, el Ministerio de Defensa afirmó que los muertos en combate habían sido 19.405 y en 2014 presentaron un cuadro donde afirmaban que los muertos eran de 15.925, ¿qué pasó con los más de 4.000 casos que desaparecían de las cifras oficiales?

Para Omar Rojas se trata de “falsos positivos”: “los cerca de 4.000 que se escondían se sumaban a los más de 6.000 que denunciaban las ONG. La cifra supera los 10.000 casos. Lo dicen los mismos victimarios”, y señala que en las páginas 64, 65, 66 y 191 de su estudio están explicitadas las fuentes oficiales. Incluso va más allá y señala que “uno de los victimarios que entrevistamos nos aseguró que, aunque tenían pruebas de 48 falsos positivos en su contra, en realidad había asesinado a más de 100 personas”.

Antioquia fue el departamento más victimizado por esta modalidad criminal, fortín político de Álvaro Uribe Vélez. Esto no sorprende a Rojas quien recuerda que “Antioquia es uno de los departamentos donde hay mayor relación entre paramilitarismo, narcotráfico y autoridades, llámese Ejército o Policía”. Las cifras no lo desmienten. Los informes del Grupo de Memoria Histórica (GMH) revelan que de las 1.982 masacres perpetradas por grupos armados entre 1980 y 2012, Antioquia padeció 598 (el 30%). A estas masacres deben sumarse los planes de exterminio en contra de la Unión Patriótica y el movimiento social, como fue denunciado en 2007 por el entonces senador Gustavo Petro y en 2014 por el senador Iván Cepeda Castro. Para no ir más lejos, desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, en Antioquia han sido asesinados 32 líderes sociales.

Modalidades y actores

En estos crímenes de Estado, mal llamados “ejecuciones extrajudiciales”, estuvieron involucradas todas las fuerzas armadas: Ejército, Policía, Armada Nacional y Fuerza Aérea. Según lo relatado en el libro, se hacían retenes militares y de policía, subían a los buses a pedir documentos y bajaban a jóvenes que después aparecían muertos. Rojas explica que “el 90% fueron cometidas por el Ejército, pero nosotros mostramos eventos donde las Fuerzas Armadas en su conjunto transportaban a las víctimas en helicópteros de la Fuerza Aérea. Ellos se ponían de acuerdo. Incluso el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) también hizo falsos positivos, ya que ellos entregaban presos para que fueran ejecutados”.

Por su parte, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta colombiana, aunque no participó directamente en los falsos positivos, sí realizó numerosos seguimientos, interceptaciones ilegales y un trabajo de inteligencia que proporcionó al Estado ( y al paramilitarismo) los datos necesarios de líderes sociales, sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos y militantes de izquierda para que fueran asesinados.

El libro cuenta, además, cómo los grupos paramilitares entregaban al Ejército los “hombres indisciplinados” de sus filas para que se les “ajusticiara” con el propósito de generar obediencia. Así mismo, se dieron infiltraciones en las “Bacrim” (Bandas criminales): “los militares les decían que sabían dónde habían caletas con armas y dinero de la guerrilla y que si lo hacían se llevaban la mitad del botín; entonces, cuando llegaban, se encontraban con un operativo y los mataban”.

Así mismo, Rojas asocia que la información existente sobre los desmovilizados también fue usada para ofrecer negocios que concluían en crímenes selectivos. “Fue una alianza entre la fuerza pública y los paramilitares donde se detenía arbitrariamente, se desaparecía a las víctimas y luego eran asesinadas”.

Incluso, muchas de las masacres perpetuadas por paramilitares fueron posteriormente presentadas en los medios masivos de comunicación como combates con la guerrilla: “iban a un pueblo, mataban dos o tres campesinos, llamaban al Ejército y ellos asumían la autoría del operativo. Entonces ni falsos positivos ni ejecuciones extrajudiciales, lo que arroja este estudio es que son asesinatos de Estado. Lo comprobamos con evidencias”.

“Ayuda” norteamericana

El alcance de este estudio demuestra que, a través de las conocidas prebendas económicas, el reconocimiento honorífico, los ascensos, las vacaciones y demás incentivos para los militares autores de los crímenes, se cumplía el objetivo político de la Política de Seguridad Democrática: demostrar a la opinión pública que era efectiva y que se estaba ganando la guerra, financiada por los Estados Unidos.

“Un general del Ejército que logramos entrevistar en la investigación me dijo que todo era posible porque había bonanza de dinero, dineros de todas partes, se tenía que aprovechar porque todo el mundo quería echarle mano a ese dinero. Los gringos estaban pidiendo resultados por la financiación del Plan Colombia. Ese dinero también fue utilizado para ejecuciones extrajudiciales y darles resultados a los norteamericanos. Otro presupuesto usado fue el de los gastos reservados, un presupuesto especial que adjudicó Uribe únicamente para las recompensas. Sin plata no se puede hacer un falso positivo. Por ejemplo, con los falsos positivos de Soacha, se necesitaba dinero para pagarle a los reclutadores, que muchas veces eran exintegrantes paramilitares o exintegrantes de las Fuerzas Armadas, luego tenían que pagar el transporte de los muchachos desde Soacha hasta Bucaramanga, a algunos les pagaban pasajes terrestres y les adelantaban dinero para que creyeran que las promesas de trabajo eran en serio. Compraron uniformes y botas, computadores para montar las pruebas, mandaron hacer publicidad de los grupos subversivos, compraban armas a los paramilitares, se les pagaba a los comandantes, a los soldados, aunque también se les pedía cuotas de 10.000 pesos a los soldados para comprar esos insumos. Los oficiales no solo se apropiaban de esa plata si no que se quedaban con la recompensa, fue una empresa criminal. Las evidencias sobre el origen de esos dineros están referenciados en el libro”.

En un estudio realizado por el Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), donde se entabla la relación del Plan Colombia con los falsos positivos, se llegó a la conclusión de que un buen porcentaje de los oficiales que se prestaron para estos crímenes fueron formados en la antigua Escuela de las Américas; además, se muestra la relación directa de los falsos positivos con la doctrina imperialista y la formación que recibieron integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas por parte de Estados Unidos.

Administración de la muerte

En ninguna otra investigación se ha logrado determinar que hubo un antes, un durante y un después, esas tres etapas de planeación se llevaron a cabo en mesas de trabajo de comandantes de brigada, de batallón, de logística e inteligencia. Esas mesas coordinaron los lugares donde se harían falsos combates, acordaron de dónde sacarían las víctimas, cómo se trasladarían y asesinarían, es decir, “ningún falso positivo se dio al azar”. Según Rojas, todo fue premeditado.

En el antes, jugaba un papel muy importante el factor psicológico, tanto a nivel externo como interno, pues: “los encargados de operaciones psicológicas y de inteligencia se acercaban a las comunidades donde se iban a dar los eventos, generaban ausencia de seguridad en el sector con el propósito de que la comunidad no se alertara. A nivel interno se encargaban de adoctrinar a los soldados para que creyeran que ellos eran la moral de la sociedad colombiana, que tenían la obligación de eliminar a los enemigos comunistas, castro-chavistas, les decían que el enemigo interno eran los defensores de derechos humanos y líderes sociales, los convencían de que el comunismo se estaba apoderando de Colombia. Ese grupo se encargaba de llevar por dos o tres días a periodistas a las unidades militares y de policía; dormían en la selva con ellos, los veían entrenando para que sintieran orgullo. En el momento en que se presentaban las ejecuciones ya tenían la lealtad comprada”. Luego sucedía el durante, es decir, los asesinatos propiamente dichos (que aún siguen ocurriendo) y su posterior montaje para ser presentados.

El después se caracteriza por la estrategia de desinformar y no investigar. Entonces, aparecía un actor: la Justicia Penal Militar. “Los jueces militares llegaban a los sitios del evento, pero no llegaban a hacer la investigación sino a dar instrucciones a los soldados comprometidos para orientar cómo debían dar las declaraciones. En uno de los casos llegó una juez penal militar a un escenario donde mataron cuatro muchachos, había uno que aún no estaba muerto, cuando vio a la juez gritó “estoy vivo”, la juez dio media vuelta y dijo “yo no he visto nada”, luego un soldado lo fusiló”. A los medios de comunicación se les daba el parte de guerra.

A todo esto se suma la falsa desmovilización del paramilitarismo que solo transformó su nombre para llamarse “Bandas Criminales” o “Clan del Golfo”. Rojas señala que no se ha hecho nada por acabar con el paramilitarismo. “Lo digo con conocimiento de causa porque estuve dentro de las Fuerzas Militares. Si hiciéramos una relación de los combates reales que las Fuerzas Armadas han tenido con los paramilitares y los que han tenido con la subversión, es ridículo, porque las Fuerzas Armadas le sonríen al paramilitarismo. Hay evidencias que tocamos en el libro donde los paramilitares salían a patrullar de la mano del Ejército y la Policía. Yo viví en un pueblo de Antioquia y allí el paramilitarismo gobierna”.

Responsables políticos

Algunas personas han manifestado su inconformidad frente a las opiniones de Omar Rojas en torno a la responsabilidad de los falsos positivos, pues en ocasiones ha señalado a la sociedad colombiana en su conjunto. Él se defiende: “cuando los militares salían a dar su parte de guerra todos los sectores de la sociedad los aplaudían, y los que no, guardaban silencio. Desde la Presidencia para abajo salían a festejarlos; la Iglesia, sabiendo lo que estaba pasando, seguía bendiciendo las armas con las que eran asesinados los muchachos; también tienen responsabilidad los industriales y comerciantes que aplaudían estos hechos y los medios que le daban una relevancia enorme a esos acontecimientos a pesar de que ya existía la voz de defensores de derechos humanos, diferentes ONG e incluso la voz de los mismos militares que estaban denunciando”.

Y continúa señalando que “la sociedad colombiana es insensible, una sociedad que no le duelen los muertos, que los aplaude, una sociedad que aclama por muertos. Yo asistí a un evento en la Plaza de Bolívar en Bogotá en homenaje a las víctimas de los falsos positivos, pero no había más de 150 personas. No hemos acompañado a las víctimas, nos volvimos insensibles”. Sin duda, esta insensibilidad es producto de la guerra que ha calado hondamente en la espiritualidad del pueblo colombiano: “Hoy vi en Internet que alguien dijo que prefería los falsos positivos de Uribe que no tener con qué comprar papel higiénico, ahí está la filosofía de buena parte de la población colombiana”, concluyó.

Sin embargo, el investigador es muy enfático al señalar que, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la república y, en tanto jefe, debe responder por las actuaciones de sus tropas. ¿Quién fue el comandante de las Fuerzas Militares en Colombia del 2002 al 2010?: “El comandante supremo, el que debe responder por los 10.000 falsos positivos, porque no fueron ningunos errores militares, es el expresidente Uribe”.

Su ministra de Defensa era Marta Lucía Ramírez, hoy fórmula vice-presidencial del candidato uribista Iván Duque. Lo primero que ella hizo en el cargo fue imponer a los altos mandos militares una medición de su desempeño a partir de resultados tangibles y comenzó “a exigir y evaluar a los comandantes por el número de bajas de terroristas”, señala Rojas. El último civil que ejerció como ministro de defensa del gobierno de Uribe fue el actual presidente Juan Manuel Santos.

Impunidad a la vista

El investigador reafirma que muchas de las investigaciones sobre los falsos positivos, donde están involucrados cerca de 4.500 militares, están durmiendo en los despachos de la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar. Por eso advierte con alarma que puede ser posible que tanto los responsables políticos como la cúpula militar no reciban ni una sola condena, no paguen ni un día de cárcel y terminen saliendo “limpios”. Cabe señalar que el Estado ha proporcionado presupuesto de los colombianos para que los militares se defiendan de las acusaciones, sin embargo, no han hecho lo mismo para que las víctimas se sientan representadas.

“Para las ejecuciones extrajudiciales no hay autores intelectuales, solo autores materiales, lo cual es bastante irrisorio. Un oficial condenado por 48 falsos positivos dice que no se arrepiente; las madres y familias de las víctimas apenas están vislumbrando el nivel de impunidad. Así estén condenados a 30, 40 o 50 años, esas personas van a salir pronto y los ejecutores no van a pagar ni cinco años de cárcel, lo peor es que esos cinco años les va a servir para la pensión, pues el Estado les sigue pagando su sueldo. ¡Es una desgracia que no haya justicia! El Congreso colombiano es responsable porque negó la verdad, la verdad es lo que menos le importa al Estado. Siento vergüenza”, sentencia.

Sin embargo, insiste en aclarar que no todos los militares y policías se arrodillaron ante los “falsos positivos” y que algunos de ellos fueron los primeros en denunciar los hechos, mucho antes que las ONG defensoras de derechos humanos; sin embargo, esos soldados y suboficiales fueron silenciados.

Partiendo de los sucesos relatados en la investigación, el investigador sospecha que estamos ad portas de un liquidación del pasado. El Ministerio de Defensa se ha metido en el Centro Nacional de Memoria Histórica y se ha posicionado como actor fundamental en la construcción del Museo de la Memoria. En estas dos instituciones, donde pueden interpretarse los días amargos de la violencia del último medio siglo, se podría borrar del relato histórico los crímenes de Estado y los falsos positivos. Las Fuerzas Armadas reescribirían la historia y mostrarían a los victimarios como “héroes”.

La paz y el porvenir

Omar Rojas estuvo vinculado a la Policía Nacional durante 31 años, hasta el año 2011, es sociólogo y experto en seguridad pública. Tras su retiro, se dedicó a la docencia universitaria en Bogotá y Medellín, a la investigación académica en el Instituto de Estudios Sociohistóricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, y a la asesoría en asuntos de seguridad pública, principalmente en la Unidad Nacional de Protección (UNP), específicamente en la subdirección especializada de seguridad y protección, organismo creado para acompañar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP.

Justamente, en la UNP, se llevó la sorpresa de una conspiración que se orquestaba para que la FARC (nuevo partido tras la dejación de armas) asumiera su propia seguridad, en contravía de lo pactado en La Habana. “La idea era quitarles la asesoría y el acompañamiento a la implementación, entonces, yo me levanté de la mesa porque no estaba de acuerdo con la decisión, porque eso era abrir la puerta para que los asesinen como sucedió con el genocidio del partido de izquierda Unión Patriótica entre las décadas de 1980 y 1990. Mi lealtad es con el proceso de paz, para eso me habían convocado”. Y señala que los militares querían apoderarse de las bases de datos de los excombatientes: “Allí tuve que decirle a la FARC que no fueran pendejos porque no se estaban dando cuenta”.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, Rojas advierte del peligro de la perpetuación de un Estado mafioso que blindaría jurídicamente a los autores materiales e intelectuales de los falsos positivos y beneficiaría económicamente a ciertos sectores sociales. “Uribe Vélez hoy intenta retornar al poder con candidato propio: Iván Duque”, y advierte que “si Duque llega a ser Presidente, no va acatar ningún fallo nacional o internacional cuando Uribe sea juzgado por los falsos positivos, no va a pasar nada”.

El retorno de Uribe al poder no solo trunca el sueño de la paz sino el anhelo de justicia de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Por eso comprende la animadversión que genera la candidatura de Gustavo Petro en la extrema derecha y en ciertos sectores del personal de reserva de las Fuerzas Militares, quienes abiertamente abogan por el asesinato del candidato progresista, acusándolo de comunista y “castro-chavista”.

Cuando le preguntamos sobre los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostuvo que ellos y ellas tienen que analizar la experiencia con las FARC para no cometer los mis errores y no dejar los mismos vacíos: “No dejarse meter los dedos a la boca frente a la forma de contratación, por ejemplo. La FARC ahora está contenta porque están comiendo dulces, en el sentido que tienen vehículos, les están dando cosas para su seguridad, pero eso se les va a acabar. Cuando Iván Duque sea Presidente lo primero que va acabar son los puestos para la FARC en la UNP, y se las van a dar a todos los devotos de Álvaro Uribe Vélez”.

El costo de investigar

Su investigación sobre los falsos positivos y sus posiciones críticas en la UNP no calaron bien en las Fuerzas Armadas. Entonces, comenzaron los seguimientos, la toma de fotografías en las calles y las amenazas por parte de los mismos integrantes de la fuerza pública. Incluso, un coordinador de la Justicia Penal Militar publicó una fotografía suya en las redes sociales llamándolo “traidor” y bautizándolo “el coronel de las FARC”. Ante estas presiones tuvo que salir corriendo: “Un viejo amigo militar se acercó a la UNP y me dijo que me fuera, que me iban a matar, le dije que si estaba en peligro me iba en un mes, pero me respondió que debía irme de inmediato. Esa misma noche abandoné el país”.

A Omar Rojas, quien ahora bebe el amargo vino del exilio, no le cabe la menor duda que la persecución es por su investigación: “Cuando hice una investigación sobre el asesinato de policías en los años noventa nadie puso objeción, ahora que lo hago sobre los falsos positivos, muchos policías, militares y políticos del Centro Democrático sí objetan, están ardidos. Como investigador, mi obligación es hacer estudios sobre los fenómenos que afectan la sociedad en determinado momento”.

“El problema de los policías y militares en Colombia es que se olvidaron que la lealtad es hacia la Constitución Política y la población colombiana, pero ellos le están jurando lealtad a los criminales de cuello blanco. Desleales todos los que me están amenazando porque saben desde qué oficina se estructuró la estrategia de los falsos positivos; algunos exintegrantes de las Fuerzas Armadas nos quitamos la mordaza, somos honestos y estamos comprometidos con los derechos humanos”, afirmó.

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Mientras la coyuntura económica parece empoderar la protesta social como solución al conflicto de intereses que impone el actual gobierno, el avance del modelo represivo se va imponiendo.

La noticias se agolpan y los análisis se disparan entre la densa nube de humo donde el ritmo de la coyuntura se impone tangencialmente desde una agenda mediática y política signada por el estado de shock y lejos de la pendiente de una estrategia que puede entenderse en el tiempo mucho más allá de esa famosa “grieta” que parecería condensar y desvelar la información de los tiempos que corren, aun desde los medios alternativos y comunitarios. No se trata de vivir en Corea del centro. Se trata de que Corea es inviable como modelo de humanidad.

La “Teoría del Shock”, descripta por la periodista canadiense Naomi Klein en un libro y una película, fue diseñada en la Escuela de Chicago por el economista Milton Friedman, quien se basó en los experimentos mediante tortura de la CIA. Básicamente, dice lo que dicen hace siglos los chinos: crisis es oportunidad. Pa chorear. Según la Teoría del Shock, dictaduras, crisis económicas, desastres naturales y otras calamidades humanas de confusión, miedo y caos, son el caldo de cultivo propicio para reformas capitalistas que favorezcan a empresas y mercados.

Las dos grandes referencias con las que se intenta comprar la política económica de Cambiemos, dictadura y menemismo, fueron un calco de las primeras experimentaciones de esta teoría por los Chicago Boys en América Latina. Primero en la dictadura de Pinochet en Chile en los años setenta y luego en el gobierno democrático de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia a principios de los ochenta. Modelo exportado, según Klein, a lugares tan disímiles como la Polonia de Lech Walessa o la Rusia de Boris Yelstin.

Una estrategia a largo plazo

En este marco, el gradualismo esbozado por el gobierno de Cambiemos no es parte de una estrategia para aminorar los costos sociales de sus políticas, sino una consecuencia del límite que imponen las condiciones de vida alcanzadas por la población durante el kircherismo y la resistencia de las organizaciones sociales y otros numerosos grupos que, afianzados en la experiencia del –llamémoslo– 2001, siguen una línea histórica más ancha y larga que la actual coyuntura donde se califica de crisis la eventual disconformidad con la baja de calidad de vida de la población dentro del modelo que iguala consumo con extractivismo y eso que las cumpas zapatistas llaman cuarta guerra mundial. Una guerra contra los pueblos.

No es casual ni un deseo de “pobreza cero” que la tijereta del ajuste fiscal todavía no haya afectado los planes sociales, particularmente aquellos ligados a los movimientos y organizaciones sociales propensos a la protesta. En un frágil equilibrio entre la construcción de ese “otro mundo posible” de cooperativas autogestivas, aprendizajes antripatriarcales y de organización humana o consumo, nuevas formas de vida neorural o empoderamiento comunitario en las cada vez más castigadas periferias urbanas, reclamos de todo tipo al Estado y la sociedad, y esa tensa relación con la “política” partidaria o institucional, entre otras cosas; las organizaciones sociales han visto irrumpir en su agenda palabras como “autodefensa” o “abogado” en una clima de creciente represión estatal y estigmatización de una sociedad “engorrada”, al decir de los cumpas del colectivo Juguetes Perdidos.

Con el marco referencial ya desgastado en la marabunta de informaciones, tanto a nivel nacional como continental, de casos como el de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, las represiones se suceden desde los subtes porteños a los comunicadores villeros, y por supuesto: los pueblos originarios, campesinos, movimientos antriextractivistas y sindicales del interior. Amén de sus aliados anarco o eco terroristas, o el “verso” de los derechos humanos. Otro gradualismo que se impone desde ya comprobados experimentos gringos donde la referencia a la última dictadura militar en la Argentina queda corta frente a la referencia real del actual gobierno de Cambiemos en la experiencia colombiana que la semana pasada pareció confirmar su éxito los numerosos votos en las elecciones del partido del ex presidente Álvaro Uribe Velez, referencia a nivel latinoamericano e internacional de “Seguridad Democrática”. Todo en un marco donde el supuesto “Acuerdo de Paz” con los grupos armados colombianos, o la buena elección de “la izquierda”, no ha podido frenar la escalada de asesinato de líderes sociales en todo el país.

Despejando la nube de los rutilantes casos que día a día pueblan los medios alternativos y que son la contracara de la “inseguridad” creada por los medios hegemónicos, la estrategia represiva del Estado enmarcada en un plan global capitalista no es novedad, sino un devenir lógico del plan de los de arriba. Ese 1% que de alguna manera parece imponer su bienestar sobre el resto de la población.

Al igual que el consumo y el extractivismo, su contraparte, la represión estatal, no muestra una “grieta” en los gobiernos de la última democracia argentina, sino apenas una ajuste de “sintonía fina” con el límite que marca, aunque parezca mentira, la resistencia popular de ese 10 o 15, quizás 30% de la población que se niega a que su destino sea marcado por el plan de ese 1%.

El destino es truculento, por cierto. Solo que cuesta visibilizar sus causas y consecuencias para gran parte de la sociedad. En medio de loables reivindicaciones sociales y culturales, el kircherismo no supo o no quiso ver y mostrar esa pendiente de largo plazo. Se fomentaron el consumo, la megaminería, la soja y la sofisticación de las herramientas legales y técnicas de represión. La Ley Antiterrorista y la salida de la Gendarmería a las calles son apenas un par de ejemplos.

Solo que Cristina nunca se hubiera sacado la foto con Álvaro Uribe Vélez hablando de “Seguridad Democrática”. Macri, sí.

Plan Argentina

Son muchas las relaciones del gobierno de Cambiemos con este terrateniente colombiano que en los ochenta era sindicado como uno de los más buscados narcotraficantes por la DEA y a principios de siglo, a contracorriente del inicio de los llamados “gobiernos progresistas” en América Latina, imponía en Colombia el desgastado Consenso de Washington con una estructura narcoparamilitar que provocó uno de los mayores genocidios y desplazamientos territoriales contemporáneos.

En ocho años, logró superar la marca de Pinochet en cuanto a desapariciones y asesinatos políticos, instaurando modalidades como los “falsos positivos” y logrando un certero cerco mediático y militar sobre las ciudades para avanzar en los territorios sobre poblaciones y recursos naturales. Y todo en democracia. Y sin mosquearse. Hoy, a pesar de la comprobadas denuncias en la justicia colombiana de esta complicidad entre terror paramilitar, gobierno y estrategia empresaria multinacional (de las cuales el candidato Gustavo Petro fue un impulsor), Uribe es uno de los máximos referentes de la política colombiana y también latinoamericana.

El modelo de represión y despojo colombiano se ha exportado con variantes locales, por ejemplo, a México, donde las cifras de desparecidos, masacres, judicializados y otros “errores” del sistema capitalista dejan pasmados a cualquier estadista de la última dictadura militar en Argentina.

Las organizaciones criminales con las que lidiamos van más allá del narcotráfico o el terrorismo, sino que tejen una densa red que incluye negocios lícitos e ilícitos cuyos dueños son ese 1% de la población a donde apuntan las políticas de Cambiemos.

Desde las abiertas alusiones de Macri al modelo de “Seguridad Democrática” de Uribe, la declaración del ex presidente colombiano como ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el poco divulgado escándalo de la vinculación de grupos paramilitares con el entrenamiento de la Policía Metropolitana poco antes de la represión del Borda a través de cuentas offshore de los Panama Papers, o la formación de funcionarios del ministerios de Seguridad en las Cooperativas Convivir que desde el gobierno de Uribe en Medellín sirvieron como entrenamiento y financiamiento de grupos paramilitares acusados por la Justicia colombiana de las peores masacres en el norte del país.

Parte de esta estrategia es la creación de ese famoso “enemigo interno” que todavía por estos sures suena a chiste a pesar del esfuerzo mediático. La poca clara visibilización de carteles del narcotráfico que no sean estrictamente el de las fuerzas policiales volcadas al gatillo fácil, o grupos guerrilleros que tengan más consistencia que el poco feliz invento de ese mito llamado RAM, atenta contra ese sustento social a la represión a lo Plan Colombia. Mientras tanto se siguen imponiendo bases militares norteamericanas, se empoderan los servicios de inteligencia, la estigmatización mediática de ciertos actores (chorros, piqueteros, extremistas ecológicos, jipis anarquistas, los ladrones o las “locas” de los derechos humanos…) Y la sociedad se va engorrando acorde con el Plan Colombia para Argentina.

Una estrategia que duele en el barrio

Para aquellos pocos y pocas que tienen claro el esquema de terror narcoparamilitar de Colombia o México (Paraguay u Honduras) cuesta imaginar que la estrategia paramilitar de Uribe y los Estados Unidos no solo contó con la complicidad de fuerzas de seguridad, funcionarios, empresarios, jueces y periodistas, sino también de muchos “ciudadanos” y “ciudadanas” de todo tipo. Más allá de la posibilidad de ganar dos salarios mínimos en una país hambreado, muchos de los “soldaditos” o paramilitares colombianos que se desmovilizaron con el acuerdo de Justicia y Paz impuesto por Uribe mucho antes y con mejores condiciones que las FARC o el ELN, veían en la masacre de los pueblos y pueblas supuestamente ligados a “la guerrilla” o el “atraso económico” una justificación social y ética.

El cuento es más viejo que las guerras por religiones. Ese 1% nunca se mancha de sangre. Enfrentan pueblos y pueblas. No solo los líderes paramilitares colombianos se cansaron de desplegar justificaciones éticas y patrióticas a su vandalismo poco antes de ser extraditados como narcotraficantes y no por crímenes de lesa humanidad al principal país consumidor de cocaína. Muchos de los “soldaditos” explicaron cómo la suya era una afronta “patriótica” contra la guerrilla y sus cómplices que impedían el desarrollo del país. Un esfuerzo que nadie iba a reconocer más allá de la catarata de subsidios y planes que el gobierno les dio por encima de las víctimas (desplazados o madres del dolor)

Esa visión de “desarrollo” que justifica la “represión” a quienes quieran impedirlo (“terroristas antidemocráticos”) no es exclusividad del gobierno de Cambiemos, ni el aparato empresario y financiero que lo sustenta, ni de los medios hegemónicos. Está en los barrios, en la familia, que poco a poco empieza a justificar los linchamientos, el gatillo fácil, el renacer del “algo habrán hecho” y otras variantes del “engorramiento social”. Entre ellas, el importante aumento de la población involucrada en tareas se “seguridad”, ya sea con un arma o en las crecientes estructuras de servicios de inteligencia (mal no sea en el papel de vecina indignada llamando al 911). Eso sin contar la complicidad por omisión, desinterés o falta de conciencia del estrecho margen de los muros donde solo van a caber los elegidos de ese 1% beneficiario de las políticas del gobierno.

Frente al forzado gradualismo económico, surge un gradualismo represivo que servirá como “cláusula gatillo” o solución última para impedir que la protesta social se imponga como única solución democrática, o no, a la agenda económica del actual gobierno.

Mientras tanto las doñas siguen manteniendo los comedores y copas de leche, creando cooperativas textiles que compiten con la producción esclavista de la primera dama, yendo a buscar a los pibes a las comisarías o las morgues, sacándolos de la droga o el empleo militar, aguantando la violencia machista, sosteniendo manifestaciones y organizaciones, haciendo trámites en el Anses, y viendo una tele que definitivamente es de otro planeta.

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