• Por Alma Zamora

Edgar Ricardo es un joven de 19 años de edad que vive a 10 minutos de un pozo petrolero en la comunidad del Paso del Correo. Ha visto cómo los habitantes que residen a tan solo 5 minutos de estas perforaciones están siendo afectados por los malos olores, la escasez de agua y los problemas a la salud. Él agradece a Dios que en su pueblo todavía tengan acceso a agua potable, sin embargo, reconoce que existe un riesgo y que podrían quedarse sin ese líquido porque los pozos están contaminando las zonas cercanas al río Tecolutla, del cual también depende su comunidad.

El municipio de Papantla está ubicado al norte del estado de Veracruz. Los ríos Cazones y Tecolutla son parte de la identidad de sus habitantes, al igual que el cultivo de vainilla, la cual es nativa de la región. De hecho, Veracruz es el principal productor con un 70% de producción a nivel nacional. Además, posee abundante fauna y flora y también es rico en hidrocarburos, por eso es una de las principales zonas donde se extrae y explora gas y petróleo.

Los hidrocarburos forman parte de combustibles fósiles como el petróleo y gas natural, los cuales a nivel mundial son responsables de desencadenar la crisis climática. El 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero de México corresponden al dióxido de carbono (CO2) y, del total de ellas, el 64 % viene del consumo de combustibles fósiles.

Frente a todos los antecedentes, varios países – incluido México – adoptaron el Acuerdo de París en la COP 21, realizada en 2015, comprometiéndose a mantener la temperatura por debajo de los 2°C y a hacer el mayor esfuerzo para que no sobrepase los 1,5 °C. De esa forma, estas naciones deben generar estrategias para transitar desde las energías convencionales (carbón, gas, petróleo, entre otros) a las no convencionales (eólico, solar, geotermia, energía marina) en su matriz energética.

La maestra en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Graciela Rivera Camacho, comenta que para que eso sea una realidad en México se necesita de apoyos internacionales, del gobierno local o privados para impulsar la investigación y poder integrar las energías no convencionales a la red eléctrica nacional.

De esa forma se puede avanzar con paso firme en la transición energética, aunque muchos reiteran la importancia de considerar la justicia socioambiental. Así lo asegura la abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), Yoatzin Popoca Hernández: “Creo en la posibilidad de que se pueda hacer una transición energética justa, pero para poder alcanzar justicia social tenemos que escuchar a las personas. Tenemos que tomar en cuenta absolutamente a todos los sectores de la población qué necesitan ser tomadas y tomados en cuenta en estos procesos”, señala. 

Sin embargo, en algunos lugares se sigue fomentando más el uso de técnicas y fuentes de energía que generan elevados impactos en las comunidades locales, tal como ocurre en el municipio de Papantla. Allí se extrae gas de lutitas a través de una técnica llamada fracturación hidráulica o fracking, que permite obtener el gas y el petróleo que están atrapados en poros de rocas poco permeables que se encuentran en yacimientos de lutitas bituminosas, mejor conocidos como yacimientos no convencionales.

Estas formaciones de lutitas se encuentran en profundidades de entre uno y cinco kilómetros, por eso es necesario un tratamiento más complejo, a diferencia de los yacimientos convencionales, ya que en estos el hidrocarburo fluye de manera natural a los pozos.

Además, para el fracking se necesitan entre nueve y 29 millones de litros de agua, de acuerdo al libro “Agrietando el futuro. La amenaza de la fractura hidráulica”. La encargada de la cadena productiva de hidrocarburos es la empresa estatal Petróleos Mexicanos, la cual es la novena empresa a nivel mundial en producción de emisiones desde 1965, según un estudio realizado por el Climate Accountability Institute por Richard Heede.

Mientras tanto, en las zonas rurales viven cerca de 2.500 personas, de las cuales solo el 44, 37% cuenta con abastecimiento de agua potable, es decir, más de la mitad de los pobladores del estado de Veracruz no tiene acceso a este elemento en sus hogares, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua (CCA). No obstante, se siguen destinando grandes cantidades de agua a estos proyectos.

Papantla, entre las zonas más afectadas

El fracking podría estar afectando a 118 municipios en siete estados de México: Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Coahuila. No obstante, sería muy difícil saber con certeza cuántos pozos activos hay en México ya que, según ha denunciado la Alianza Mexicana contra el Fracking, se ha hecho fractura hidráulica en yacimientos convencionales y la información que presenta el gobierno sería contradictoria e incompleta.

Basándonos en la solicitud de información con número de folio 1857500000714, gestionada por CartoCrítica, hay 924 pozos perforados desde 2003 en México, pero hay que considerar que está técnica se comenzó a realizar desde el 26 de enero de 1996 en el país. Aun así, de las 924 perforaciones, 349  están en Veracruz y 172 en el municipio de Papantla que cuenta con 73 comunidades.

En esta región se desarrolló la cultura totonaca, la misma que en tiempos prehispánicos construyó el Tajín, que significa “ciudad del trueno”, un lugar inscrito como Bien Cultural en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en 1992. Por ello la región de Papantla es reconocida como Totonacapan – zona en la que se desarrolló la civilización totonaca – , siendo incorporada también al programa Pueblos Mágicos en el año 2012 por su gran diversidad cultural y natural. 

Edgar Ricardo, quien es campesino, mecánico y promotor de la Tosepantomín (Cooperativa de ahorro y crédito), señala que “nosotros los jóvenes nos enfrentaremos a las consecuencias del cambio climático. Además, se vienen tiempos en los que se va a poner más dura la situación. Si es que no se para ahorita se va a poner más grave en un futuro”.

Los impactos ambientales que han denunciado los mismos habitantes corresponden a la contaminación del aire, los constantes incendios provocados por los derrames petroleros, la contaminación de los mantos acuíferos, así como la pérdida de biodiversidad y paisajes naturales. También se han registrado impactos en la salud, donde serían las mujeres las más afectadas por las altas cantidades de sustancias químicas tóxicas que se utilizan en las perforaciones.

Algunos de los químicos que usan, como el bisfenol A, son disruptores endocrinos (contaminantes ambientales que modifican el comportamiento de las hormonas). En efecto, la exposición a estas sustancias se relaciona con el cáncer de mama. También los efectos del fracking se asocian a problemas en la salud mental, inmunidad y en el sistema cardiovascular.

Por otro lado, las mujeres están propensas a tener partos prematuros; los bebés nacen con bajo peso (al estar expuestos al arsénico) y podría generar anomalías congénitas.

Otro ejemplo claro de los impactos ambientales de la fractura hidráulica fue los sucedido el 4 de junio de 2022 en Papantla, donde un ducto de Pemex explotó y provocó un incendio que duró cuatro días.

Sin embargo, ese no ha sido el único caso porque La Vanguardia Veracruz registró en 2017 el caso de un ejidatario (una persona que tiene una tierra comunal, es decir, que la comparte con más personas) de la localidad El Remolino, en la que su parcela fue afectada por un derrame de miles de litros de petróleo. El campesino denunció lo sucedido, por lo que Pemex se llevó la tierra inservible y le prometió llevarle suelo fértil, cosa que hasta la fecha sigue sin cumplir.

De acuerdo con el Centro de Coordinación y Apoyo de Emergencias (CCAE) de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró 176 reportes de  derrames y fugas entre 2018 y 2021. De ellos, 156 fueron derrames y 20 fugas. El estado de Tabasco y Veracruz han sido los más afectados, pues se llevan el 63% de las devastaciones. Los suelos, los ríos y los mares son los principales dañados porque se esparcen sustancias como crudo, aceite y gasolina. Además, encontraron que la mayoría de los incidentes estuvieron a cargo de Pemex Exploración y Producción con 112; seguida de Pemex Logística (PLOG) con 27; y Pemex Transformación Industrial (TRI) con 37.

Para conocer a fondo los impactos ambientales, mediante una solicitud de información con el folio 330023022000399, se le pidió a Pemex Exploración y Producción (PEP) las evaluaciones de los últimos diez años, sin embargo, no hemos recibido respuesta al cierre de esta edición.

Y aunque estos impactos ambientales sean evidentes, los pueblos ejidales, campesinos o indígenas (según el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 57.921 pobladores indígenas en Papantla) no pueden oponerse a la instalación de estos proyectos y solo podrían negociar los términos en los que se llevaría a cabo.

Yoatzin explica que las empresas se respalda en el capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos, qué se llama Uso y Ocupación superficial, en el Artículo 100 que dice: “Si estás en tierras o territorios indígenas o comunidades equiparables o en territorios ejidales, tú como empresa tienes que ir a negociar con las personas”, indica la abogada.

A todo esto se suma un escenario mundial complejo: la crisis climática. Este fenómeno no solo viene con afectaciones al ambiente y a la salud, sino con una serie de impactos socioeconómicos como la pérdida de las prácticas culturales y de sus medios de subsistencia porque, como se cuestiona el joven Edgard, “nosotros como campesinos vivimos de esos terrenos, si no tenemos agua y un terreno fértil, ¿qué vamos a producir? ¿Dónde vamos a  agarrar para vivir?”.

El Gobierno mexicano apuesta a estos proyectos

Aunque la técnica ha sido prohibida en algunos países como Francia, Bulgaria y España, siendo mundialmente rechazada, en México se sigue realizando. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en 2019 que en territorio mexicano no habrá fracking y que su compromiso número 75 que hizo al inicio de su administración, de “no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”, está “cumplido”. Esto de acuerdo a la página oficial de Presidencia.

El compromiso está muy lejos de ser verdad, pues en 2021 el presupuesto que se asignaría para fracking en México en 2022 estaría en aumento, según información recabada por la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Se estima la asignación de 15 mil 212.6 millones de pesos al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, el cual contempla la extracción de hidrocarburos con el uso de la fractura hidráulica.

En esa línea, también solicitamos la entrevista a Pemex para conocer la situación actual de la explotación de pozos con la técnica de fracking, sin obtener respuesta, como se precisó previamente.

Asimismo, en el Congreso Méxicano del Petróleo (CMP) 2022, Ángel Cid, director de la división Exploración y Producción de Pemex anunció que se explorarán pozos para extraer gas en el norte de Veracruz en la plataforma de Tuxpan y en las cercanías de Ixachi.

Las fracturas de la actual Reforma Energética

Edgar lamenta que esos megaproyectos hayan llegado sin el permiso o la autorización de las comunidades porque es “como quitarle el patrimonio a la gente, prácticamente, porque si le quitan la tierra a un señor, a una señora ¿qué le van a dejar a sus hijos? Esos hijos somos mi generación”.

La abogada Yoatzin explica que, debido a la Reforma Energética de 2013, si una empresa quiere realizar un proyecto para perforar pozos de yacimientos no convencionales, tiene que hacer un contrato a través de las rondas de licitaciones, una evaluación de impacto ambiental, la presenta ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y se sube a una gaceta en Internet con acceso al público. Sin embargo, pocas personas saben de la existencia de dicha documentación.

A partir de la publicación de la mencionada gaceta, un ciudadano tiene 10 días hábiles para solicitar una consulta pública ante el ASEA, la cual se encuentra en la capital de México, lo que implicaría cuatro horas de viaje desde Papantla. La solicitud se debe hacer presencialmente, lo cual constituye un reto para las comunidades más alejadas.

Una vez que se logra abrir una consulta pública, los solicitantes tienen que hacer comentarios sobre la manifestación de impacto ambiental, pero ese documento solo se puede consultar en físico y se cuenta con un plazo de 20 días para realizar comentarios al respecto. Ante todo este procedimiento, la abogada Yoatzin señala que “yo pensaría que es muy poco común que llegue a las comunidades” la información previa, libre y adecuada del proyecto, además de la complejidad al leer el documento.

Como explica la ingeniera Graciela, de partida, el contenido es enrevesado y hay muchas consideraciones a la hora de evaluar la totalidad del proyecto, partiendo por el área en la que se instalará “porque no es solo hacer un pozo y ya”, se tiene que medir el impacto de las construcciones, del transporte, cómo afectará la ruta, observar si el área ya estaba afectada o no, si se quitara la cobertura vegetal, entre otros detalles.

Esto hace visible la urgencia de cambiar la actual Reforma Energética, la cual modificó varios artículos de la Constitución Mexicana en la que indican que el petróleo sigue siendo de la nación, pero empresas privadas y públicas, internacionales o nacionales podrán hacer exploraciones.

En este sentido, Yoatzin señala que “la reforma energética del 2013, para mí y para otros autores, fue la legitimación del despojo. Se habla de soberanía nacional, de que los hidrocarburos siguen siendo de la nación”, un discurso que “han mantenido desde la expropiación, hace 80 años, de que el petróleo es igual a nacionalismo, a unidad. Además, el petróleo es símbolo de modernidad, abundancia, desarrollo y evolución”.

Defender el territorio para vivir

Así como Edgar, hay muchos jóvenes que están interesados en defender su territorio e impedir que la contaminación tenga un impacto mayor en sus comunidades. En mayo de 2016 se reunieron 80 juventudes de diferentes zonas con la finalidad de adquirir conocimientos y herramientas teóricas y prácticas de lo que es el fracking. Al finalizar el campamento, las juventudes se pronunciaron a favor de la vida y a la protección de la memoria y el legado de sus abuelos.

Desde 2009, abuelos, abuelas, madres y padres han tomado acciones contra los proyectos, como el bloqueo de los accesos a las instalaciones de distintos pozos petroleros para exigir el pago de los daños a sus cultivos y la introducción de sistemas de agua potable a los hogares, promesas que la empresa Pemex les había hecho en 2008. Siguiendo la ruta de su lucha, en 2015 miembros de 50 organizaciones sociales, reunidos en el ejido Emiliano Zapata, construyeron la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON) como pronunciación en contra de la fractura hidráulica.

Después de dos años de pandemia, el pasado mes de mayo en la comunidad de El Remolino, se realizó el taller “Cuidado y defensa del territorio: Fracking en Papantla”, con el objetivo de reconocer la situación actual de esta técnica en el territorio, además de identificar los lugares y acciones para la resistencia comunitaria. En este encuentro asistieron aproximadamente 50 personas de distintos puntos del municipio de Papantla.

En ese taller acordaron comenzar un proceso de juicio de amparo, el cual es el último recurso que se utiliza cuando no se pudo apelar a una consulta previa, libre e informada, porque de acuerdo con Yoatzin “no hay manera jurídicamente válida para combatir estos proyectos (…) No hay más desde el punto de vista nacional y se tiene que ir a juicio de amparo”.

Pero antes de eso, aseguran, hay otros instrumentos que podrían ayudar, como el Acuerdo Escazú, tratado que busca fomentar el acceso a la información, la participación pública y la justicia socioambiental en América Latina y el Caribe. La misma región que ha sido calificada como la más peligrosa para defender el medioambiente.

“Por eso el Acuerdo Escazú es tan importante, porque tendría que elevar los estándares de derecho a la información, tendría que hacer una transparencia activa, no de solo publicarlo en la gaceta”, indica la abogada, quien al mismo tiempo lamenta que el tratado no se está implementando realmente, pese a que tiene un año de ratificación en México.

Aunque a los habitantes les queda un camino largo que recorrer, al enfrentarse a las múltiples violaciones de derechos humanos en su territorio, hay un sentimiento de lucha al organizarse para ejercer sus derechos, pese a todas las dificultades que han experimentado.

Así lo refleja el señor José Antonio Santiago Osorio, de la comunidad del Paso del Correo, quien participó en el taller para manifestarse en contra del fracking y velar por los preciados mantos acuíferos. “No estamos de acuerdo en eso y estamos defendiendo el territorio”, sentenció.

*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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Por Alma Zamora

Entre los árboles, cascadas, ríos y espesa neblina, se encuentra Cuetzalan del Progreso, una localidad denominada “Pueblo Mágico” en 2002 y reconocida como una de las “Mejores Villas Turísticas” en 2021 por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Su mística y recursos naturales atraen a cientos de turistas cada año y a empresas que buscan instalar minas, pozos de fracking e hidroeléctricas en la zona.

Ofelio Julián Hernandez, integrante de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Tosepantomin de la Unión de las Cooperativas Tosepan y miembro del Consejo Maseual Altepetl Tajpianij, cuenta que desde el 2010 se han organizado para impedir el establecimiento de los “proyectos de muerte”, como los han denominado, porque amenazan sus ecosistemas y la vida de las comunidades. Esto incluye desde acciones legales en contra de la minería a cielo abierto hasta concentraciones de más de 5 mil habitantes en asambleas.

El pueblo de Cuetzalan se ubica en la Sierra Norte de Puebla, y de acuerdo con un artículo publicado en la revista Journal de la Société des Américanistes, en la región hay 600 mil habitantes, de los cuales la gran mayoría son indígenas, incluyendo 400 mil nahuas y 100 mil totonakús.

Por ello, la comunidad está respaldada por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que salvaguarda – entre otras cosas – sus derechos a las tierras y a la autonomía. Con este convenio y haciendo uso de la Constitución mexicana, se logró generar un Ordenamiento Ecológico Territorial, que ha resultado ser una herramienta de defensa comunitaria y ayuda legal para que dicho municipio gestione el área sin afectar sus formas de vida, incluyendo medidas como la restricción y/o prohibición de megaproyectos dentro de su territorio. Sin embargo, empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que provee energía eléctrica a todo México, lo han pasado por alto, despertando la oposición de las comunidades locales.400,000habitantes son nahuas100,000habitantes son totonakus

Las luchas para el buen vivir (yeknemilis)

Los pueblos indígenas de México han sido saqueados desde la colonización europea y hoy se enfrentan al despojo de empresas extractivas que, con el apoyo del gobierno mexicano, pretenden instalarse en sus territorios para generar energía, pero ¿para quién?

Fue en 2016 cuando los pobladores nahuas, totnakús y mestizos se vieron enfrentados a la iniciativa Cuetzalan entronque Teziutlán II- Tajín, de la CFE, que buscaba suministrar energía con una subestación eléctrica y una línea de alta tensión a otros proyectos de minería, fracking e hidroeléctricas que están concesionados en la zona. El proyecto ya se había presentado tiempo atrás, y estaba dentro del presupuesto 2010- 2014 de la empresa estatal.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la línea de alta tensión tendría una longitud de 20 kilómetros, pasando en su trayectoria por terrenos de las comunidades de Xaltsinta, Colonia Cuauhtémoc, Alahuacapan, Xiloxochico, Chikueyajko, Acaxiloco y Nahuiogpan. Además, su camino atravesaba la localidad de Cuamono en la que corre el río Apulco, que ya tenía cuatro concesiones de centrales hidroeléctricas llamadas Ana, Boca, Conde y Diego.

Además, en Cuetzalan había tres concesiones de minería denominadas “Atexcaco I”, “Atexcaco II” y “Macuilquila” que estaban otorgadas por la Secretaría de Economía. Para este caso se presentó una demanda de amparo contra los proyectos y hacia la Ley Minera, ya que – como insiste Ofelio – es inconstitucional.

La población investigó las afectaciones que las líneas de alta tensión traerían a la comunidad, en la que resaltan la radiación y el hecho de que las líneas “estarían pasando y atravesando comunidades enteras, por ejemplo en el caso de Xiloxochico estarían pasando sobre una escuela preescolar”, denuncia Ofelio, quien recuerda que al finalizar una manifestación en 2016, con el fin de exigir a las autoridades municipales mayor seguridad en la región ante la delincuencia que- asegura – llegó junto con todas las concesiones, fueron al terreno en el que se proyectaba  la subestación y realizaron una cancelación simbólica al montar un campamento que duró diez meses.

En esos diez meses se apropiaron del campamento haciendo talleres. De paso, construyeron sueños, plantaron milpas como un símbolo de lucha y analizaron las actuales formas de hacer energía. Así empezaron a poner sobre la mesa la viabilidad de apostar por la autonomía energética y las energías renovables.

Aunque retiraron el campamento y la CFE no continuó con la obra, la institución pública demandó en 2017 a ocho líderes indígenas por oponerse al proyecto. Ofelio narró que, hasta el 2018, hubo hostigamientos y campañas de desprestigio en contra de las y los opositores de la subestación. Fue en 2019, en una asamblea general en la cabecera municipal de Cuetzalan, que anunciaron que la CFE había retirado los cargos hacia las y los defensores y en este año la Semarnat informó la cancelación definitiva del proyecto. Sin embargo, los habitantes no descartan que la empresa lo intente nuevamente en un futuro.

Transición energética y justicia ambiental en México

Una de las vías para mitigar los efectos de la crisis climática actual es la transición energética, cuyo objetivo es pasar de un sistema basado en los combustibles fósiles a energías renovables como la solar, eólica, fotovoltaica, entre otras. Esto cobra especial relevancia en México, que sería el 12º país que más contribuye en emisiones en el mundo.

De hecho, los hidrocarburos representan el 83,93% en la matriz de la producción de energía primaria en el país, destacando el petróleo crudo con 59,83 % y el gas natural con 23,15 %, según el Balance Nacional de Energía 2019 publicado en 2021.

Sin embargo, no basta solo con hacer un mero recambio en las fuentes de energía, ya que es fundamental considerar aspectos sociales. Por ello las iniciativas que están implementando las comunidades de la Sierra Norte de Puebla buscan lograr una transición energética justa, que involucre la justicia social y ambiental, considerando las particularidades territoriales, socioeconómicas, de género, entre otras, como recoge un informe de la ONG FIMA, CEUS Chile y CERES.

Si bien el concepto nace en Norteamérica y Europa, se ha adoptado de diferentes formas en diversos contextos. Por ejemplo, en las comunidades indígenas masehual y totonaku de Cuetzalan se contempla la creación de nuevas condiciones sociopolíticas enfocadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la justicia climática.

La energía de y para los pueblos indígenas

Cuetzalan es un ejemplo para impulsar alternativas energéticas comunitarias para avanzar hacia la justicia climática y la transición justa, de la mano de la soberanía energética. 

De acuerdo con la ingeniera Sofía García Pacheco, una de las fundadoras de la Cooperativa Onergía, existen dos narrativas de la soberanía energética. Hay una que siempre ha sido impulsada por los Estados, que tiene que ver con la nacionalización de los recursos para la nación. Aunque hablemos de soberanía en esos términos, eso no nos va asegurar que la energía se trabaje desde los derechos humanos para el acceso a la vida digna”.

Por ello, en las asambleas comunitarias locales decidieron caminar hacia dicha soberanía a través de varios proyectos, entre ellos la instalación de sistemas fotovoltaicos, es decir, dispositivos conectados entre sí para transformar la energía solar a eléctrica, y que funcionan con paneles o celdas.

En Cuetzalan han trabajado con dos tipos de sistemas: interconectados e híbridos y sistemas autónomos. Los primeros transforman la luz del sol en energía eléctrica y están interconectados a la red pública (en este caso, las redes de la CFE). El beneficio se ve reflejado al momento de pagar porque es más económico. El autónomo, como el mismo nombre indica, funciona sin estar conectado a la red pública de electricidad, generando su propia electricidad. “Las ventajas de la energía solar fotovoltaica es qué es adaptativa y flexible a los lugares donde se va a aprovechar, entonces siempre se tiene que evaluar la necesidad energética”, indica Sofia.

La ingeniera detalla que en México existe un sistema energético nacional a gran escala “que va de sur al norte y que incluso está interconectado en el sur con el sistema electrónico de Centroamérica y en el norte con el sistema eléctrico de Estados Unidos”, y que el gobierno puede elegir mayor  distribución de energía al sector industrial porque es el que “soporta la economía”, mientras que un porcentaje menor lo destinaría a los usuarios domésticos o a las economías locales.

Frente a esto, Sofía asegura que la soberanía energética  “es la apropiación de los flujos energéticos desde lo local y esto significa que nos tenemos que apropiar de las distintas formas en la que transformamos, producimos y consumimos la energía para que pueda ser de manera comunitaria y aterrizada en economías locales”.

Así lo han entendido otras personas, como Leticia Vazquez Esteban, coordinadora del proyecto de revitalización lingüística de la Unión Cooperativas Tosepan. Ella resalta la iniciativa de investigación de energía comunitaria llamada “Democratización de la Energía en la Sierra Nor-Oriental de Puebla”,  que están realizando con el objetivo de pensar sobre las formas de gestionar la energía  para el buen vivir (yenemiliks en náhuatl).

En sus inicios, se percataron que los conceptos de “energías renovables”, “pobreza energética”, “soberanía energética”, entre otros, les eran totalmente ajenos, por lo que decidieron generar un nuevo razonamiento de lo que es energía.

En estas reflexiones, Leticia y sus compañeros se dieron cuenta que “la energía está pensada simplemente en la electricidad o en todas estas energías que produce la hidroeléctrica o como en el gas con los hidrocarburos. Pero en las comunidades la energía principal y esencial es la biomasa (por medio de la leña) y luego están otros tipos de energías, como la del sol por medio la iluminación, el agua y también la energía que necesita nuestro cuerpo para moverse. Además, empezamos a hablar de energía espiritual”, indicó.

“La soberanía energética es la apropiación de los flujos energéticos desde lo local y esto significa que nos tenemos que apropiar de las distintas formas en la que transformamos, producimos y consumimos la energía”.Sofía GarcíaTuit

Después de la fase semilla, nace la Cooperativa Tonaltsin a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. De ahí comenzaron a instalar sistemas fotovoltaicos como un primer acercamiento a las energías renovables.

Pero las iniciativas suman y siguen. De acuerdo con el documental “La energía de los pueblos” (2020), en el municipio de Cuetzalan, se instalaron varios sistemas fotovoltaicos con el asesoramiento de la Cooperativa Onergía. Por ejemplo, en el hotel Tosepan Kali se colocaron 20 paneles solares con un sistema híbrido; en Tosepantomin se instaló un sistema interconectado de 30 paneles; en el centro de formación Tosepan Kaltaixpetaniloyan se estableció un sistema autónomo de nueve paneles solares, y también en la comunidad de Xocoyolo se colocaron dos sistemas autónomos en dos hogares.

Esta energía solar es utilizada principalmente en sus actividades diarias, ya sea para la iluminación a través de los focos, la conexión de sus electrodomésticos y la carga de las baterías de sus celulares. Además, ahorran el dinero que tenían destinado para pagar la luz y, al tener un sistema autónomo, cuando hay apagones por fallas eléctricas de la red, estás familias  aprovechan su banco de batería donde guardan energía. Así, no se quedan sin luz.

El cooperativista Albano Adrián Chávez indica que los ingenieros de la Cooperativa Orgenia les recomendaron que para que los sistemas fotovoltaicos funcionen bien, se deben limpiar los panales solares cada dos meses para evitar que el polvo, la tierra, los insectos o cualquier elemento impida su funcionamiento adecuado.

Pese a que uno de los argumentos más frecuentes de la CFE era que los paneles solares no iban a funcionar en esta zona por ser lluviosa y con mucha nubosidad, la ingeniera Sofia explica que la neblina opera como un filtro, entonces, algunos fotones lograrán pasar y otros no. Aunque el municipio tenga días continuos de neblina, los paneles solares funcionan, claro que van almacenando menor cantidad de energía, pero la poca cantidad de luz que pasa ayuda a llenar los bancos de las baterías de luz. 

Los retos para seguir caminando hacía la soberanía energética

Al iniciar su administración en 2018, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo 100 compromisos, de los cuales el número 73 indica: “Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz”. Este compromiso se  encuentra “en proceso”, según la página oficial de Presidencia, sin embargo, es una propuesta que no incluye las voces de los pueblos originarios del país.

Leticia asegura que los pueblos originarios no han sido tomados en cuenta al momento de presentar la Reforma Energética, la cual no fue aprobada en el Congreso, porque presentaron una iniciativa en la que distintas organizaciones  sugirieron darle más autonomía a la sociedad civil y a los usuarios en torno a la energía. Sin embargo, éstos no figuran en dicha reforma como tomadores de decisiones.

Otro reto es el mismo concepto de transición energética. Aunque es un término que se empieza a escuchar cada vez más en México, no se llega a comprender en las comunidades indígenas porque no hay traducciones de estos criterios, lo que complica la inclusión de las personas hablantes de las lenguas indígenas. En este sentido, Leticia explica que estos términos han sido construidos desde la academia y no desde las comunidades, lo que implica “estar creando conceptos desde la lengua náhuatl y totonaku, los cuales también son otros aportes porque aparte de nombrar el concepto como tal, es el significado que le da la gente a lo que se concibe”, resalta.

El estado de Puebla es uno de los cinco estados que concentran mayor población de habla indígena junto con Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Veracruz con un 61.09 %, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pese a ello, la información que distribuye el gobierno de estos temas es en español. 

La transición energética enfrenta otro reto: los precios en las materias primas porque “sigue siendo una tecnología que no es tan accesible a cualquier tipo de persona, económicamente”, indica Sofia. También mencionó que desde la pandemia por la Covid-19 empezó a existir una escasez de muchos microcomponentes y de materias primas que sustentan la tecnología porque, finalmente, las energías renovables dependen del mercado global, y hoy, “mes con mes están cambiando los precios”.

“Algo que nosotros siempre decimos que no es un tema de dinero, que nuestra lucha no es un tema económico, al final se trata de un tema de organización social”, apunta Sofía, porque, como lo menciona, no es lo mismo que una persona compre un panel solar a que lo hagan entre varias personas  porque así existiría  un apoyo económico desde la colectividad.

Finalmente, aunque aún sea un camino largo por recorrer y los retos están presentes en el proceso, las y los impulsores de estas iniciativas reconocen los aportes que están dejando en esta región para avanzar hacia la autonomía energética e ir desechando – en lo posible – las actuales formas en las que se genera electricidad.

En palabras de Ofelio, “desde la cooperativa y desde las comunidades se ha vuelto una necesidad pensar y soñar otras formas de generar energía”.

• Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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